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Sentencia CP-342-11 — Registro 4181

Resumen

En primer instancia se absuelve a los imputados por los delitos de asociación ilícita, facilitación de medio de transporte para el trafico de drogas y los condena por el delito de de portacion ilegal de armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Considera esta Sala de lo Penal, que el Tribunal de Sentencia indebidamente calificó como ilícita la Inspección Ocular realizada en fecha 12 de enero del 2009, al Vehículo Kia Sportage (F. 13) e igualmente y por derivación al Dictamen Toxicológico de fecha 15 de enero del mismo año (F. 12), calificación indebida que generó su exclusión del proceso valorativo, más sin embargo, la Sala de lo Penal, en ponderación con el resto de la actividad probatoria establece que el medio de Prueba Inspección Ocular a un Vehículo no tiene la eficacia que pudiese de manera decisiva influir en alguno de los pronunciamientos hechos por los Juzgadores en la Parte Dispositiva en la Sentencia, al igual que el Dictamen Toxicológico referido. PRIMERO.- (EXCLUSIÓN INDEBIDA): Los Jueces de Sentencia excluyeron del proceso valorativo el acta de inspección ocular de un vehículo de fecha 12 de enero del 2009, por considerar que en su práctica no estuvieron presentes las personas acusadas y sus representantes legales, olvidando que este tipo de medios de prueba se realizan de manera anterior al proceso penal como parte de las facultades que se otorgan a la Policía Nacional y al Ministerio Público en la investigación preliminar (Art. 273 del Código Procesal Penal) y cuyo resultado determinan si existe un hecho delictivo y su posible responsable que motiven la posterior presentación de un requerimiento fiscal. Estas diligencias se le conocen como Prueba Pre Constituida, realizadas, como ya se dijo, previo a la presentación del requerimiento fiscal y por tanto, sin que hasta ese momento exista ninguna persona que tenga la calidad de imputada en los términos del artículo 101 del Código Procesal Penal, por lo que es un criterio erróneo de los Jueces de Sentencia indicar que ha existido violación de los artículos 101.10 del Código Procesal Penal al no haber estado los imputados presentes junto con sus defensores al momento de realizar la inspección al vehículo cuando en ese momento no existía persona imputada por tratarse de un acto dentro de la investigación preliminar realizado al amparo del artículo 208 del Código Procesal Penal; el desatinado criterio de ilicitud también fue extendido al Dictamen Médico Toxicológico de fecha 15 de enero del 2009, por considerar el Tribunal de Sentencia que la hierba analizada había sido obtenida de la inspección realizada al vehículo (F. 397).- La Sala de lo Penal declara, que el acta de inspección ocular y el Dictamen Toxicológico individualizados anteriormente son lícitos, restando determinar si estos tienen incidencia decisiva en los pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia.-SEGUNDO.- (LA PRUEBA NO ES DE VALOR DECISIVO): Conforme a la Técnica de Inclusión Hipotética, la Sala de lo Penal prevé, que el Acta de Inspección Ocular de un Vehículo y el Dictamen Toxicológico no son de valor decisivo en este caso y por lo tanto no inciden en ninguno de los pronunciamientos hechos en la parte dispositiva de la sentencia que se impugna.- Conforme el Acta que corre agregada a folio 13 del Expediente Judicial, en fecha doce de enero del dos mil nueve, en horas del medio día, los Agentes de la Dirección General de Investigación Criminal X. P., M. A. y G. C., procedieron a realizar inspección ocular en el vehículo Kia Sportage, color blanco, tipo camioneta de lujo, sin placas, el cual se encontraba en el estacionamiento de la DNIC, encontrando como evidencia: 1) Calcetín color blanco conteniendo L. 23,000.00; 2) Bolsa color anaranjada con rayas color blanco conteniendo hierba seca posible marihuana; 3) Bolsa Color Negro de plástico, la cual contiene hierba seca posible marihuana; y 4) Bolsa color negra de plástico la cual contiene hierba seca supuesta marihuana. Los agentes de Investigación que se presentaron como testigos en la audiencia de debate no son contundentes en cuanto a la evidencia: C. H. I. S. menciona que se encontró en el vehículo hierba y dinero y que el registro lo realizó el testigo F. N., entretanto el testigo F. A. N. señala que se encontró en el vehículo marihuana pero que no la tuvo a la vista y que no recuerda que se haya encontrado dinero, además en el Acta de Inspección del Vehículo no aparece el testigo F. N. como una de las personas que realizó la diligencia, por su parte el testigo W. R. R., solo menciona que los técnicos de investigación levantaron droga del vehículo. De la evidencia encontrada en el vehículo no se tomaron fotografías, además, no se levantó acta de decomiso, ni se presentó acta de cadena de custodia, por lo que no existe garantía que la supuesta hierba encontrada sea la misma que más tarde el Departamento de Toxicología de Medicina Forense determinara se traba de marihuana, cuestionamiento que no solo es por aspecto formal, sino que material dado que al mismo tiempo que se encontró la supuesta droga también se encontró dinero y de éste no se tiene conocimiento alguno de su destino, entonces si existió un mal manejo de evidencia, aspectos que no fue posible consultar con las personas que estuvieron a cargo de la inspección ocular del vehículo y del examen toxicológico de la hierba debido a que no comparecieron a la audiencia de debate. Así las cosas, los medios de prueba indebidamente excluidos por el Tribunal de Sentencia, acta de inspección ocular de un vehículo y Dictamen Toxicológico, no tienen valor decisivo y por tanto no concurre la causal de casación invocada por el Ministerio Público en su Recurso por Quebrantamiento de Forma, debiendo éste ser declarado Sin Lugar.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero de dos mil once, mediante la cual ABSOLVIO al señor M. B. M. D. por los delitos de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONDENA al acusado M. B. M. por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a sufrir la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION.- Asimismo, ABSUELVE al señor D. E. S. R. por los delitos de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DE HONDURAS.- CONDENA al acusado D. E. S. R. por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION.- De igual forma, declara responsables civilmente a los acusados M. B. M. D. Y D. E. S. R., como consecuencia de su responsabilidad penal en el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS por el cual se le condena, por lo que deberán indemnizar al Estado de Honduras de eventuales perjuicios ocasionados mediante la comisión de los hechos por los cuales se les condena. Asimismo, CONDENA a los señores M. B. M. D. y D. E. S. R., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada K. M. A. M., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El doce de enero de dos mil nueve, entre la nueve y diez de la mañana los señores M. B. M. D. Y D. E. S. R. se conducían en un vehículo camioneta marca KIA SPORTAGE, color blanco el cual se encontraba en dicho momento sin su respectiva placa de identificación. A la altura del barrio La Granja de Comayaguela, M.D.C., frente a un centro comercial y a inmediaciones de un semáforo ubicado frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social del boulevard “Comunidad Económica Europea”, fueron requeridos por agentes de la DNIC quienes en ese momento se transportaban en un vehículo Nissan Frontier de características no establecidas en juicio, los cuales se estacionaron a un lado de la calle para requerir a ambas personas, procediéndose a realizar un registro personal en el cual se encontró al señor M.N B. M. D. en posesión de una pistola marca Smith and Wesson modelo 5904, calibre 9mm serie TDD2012 la cual presentaba reporte de robo desde el 25 de septiembre de 2007 realizado por la señora L. J. Z. S., compañera de hogar del acusado. SEGUNDO: Así mismo en el mismo lugar y hora fue registrado D. E. S. quien fue encontrado en posesión de un revólver Smith and Wesson pavón negro serie J702036 con empuñadura de madera, el cual también tenía reporte de robo desde el once de julio del 2008 por parte del señor J. A. C. R..” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- La recurrente Abogada K. M. A. M., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de la siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION ÚNICO MOTIVO: Por haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del Artículo 362 del CPP. Al examinar tanto el apartado de valoración probatoria como la fundamentación jurídica, bases de la sentencia censurada, nos encontramos con que el Juzgador efectúa las siguientes afirmaciones: En el numeral tercero de la valoración probatoria señala que el acta de inspección ocular, practicada al vehículo marca KIA, modelo SPORTAGE, camioneta de lujo, sin placas, color blanco, carece de valor validez, ya que se practicó sin cumplir con los requisitos señalados en los artículos 207 y 208 en relación con el 101 numeral 10, todos del Código Procesal Penal, ya que no hay constancia documental de que los imputados participaran en dicha diligencia, por lo que se violenta el debido proceso y el derecho de defensa; además, cuestiona el ente juridisccional, que la misma fue realizada horas después de la captura en el parqueo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, sin haberse acreditado la forma en que llegó dicho vehículo al parqueo; asimismo refiere, que en el acta de registro se establece el hallazgo de veintitrés mil lempiras, dinero que no fue consignado en el acta de cadena de custodia, desconociéndose el paradero del mismo por lo que surge la duda en relación al contenido del acta. Que como producto de este decomiso, que a juicio del sentenciador es ilegal, tampoco se tomó en consideración el dictamen toxicológico emitido por el médico forense C. I. R., del cual se desprende que la cantidad de droga (marihuana) encontrada en el vehículo que era conducido por los imputados, excede de la cantidad considerada para el consumo personal inmediato. (Numeral cuarto de la valoración probatoria) Sobre la exclusión de la valoración de estos medios de prueba es que recae nuestro reproche, por las razones que se explican a continuación: De conformidad al artículo 272 del Código Procesal Penal, durante la investigación, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicara todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. De igual forma el artículo 273 del cuerpo legal supra referido, establece que el Ministerio Público, la Policía Nacional al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito adoptará las medidas necesarias e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrá practicar inspecciones oculares, realizar pericias en todos los campos de la criminalística, añadiendo además, que estas actividades no necesitan autorización judicial. En este sentido el jurista José Caiferata Nores en su obra “La Prueba en el Proceso Penal” señala en lo que en lo que respecta a las inspecciones “si hubiere peligro de que cualquier demora comprometiese el éxito de la investigación, la policía judicial podrá practicar inspecciones tendientes a hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares. De todo lo actuado en la inspección se elaborará un acta detallada, a la cual serán agregados los resultados de los auxilios técnicos referidos” Que en el caso de autos, es más que evidente que los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal se encontraban legitimados para poder realizar la inspección del vehículo decomisado a los imputados, de igual forma resulta lógico que la práctica de esta diligencia se hubiere realizado en la instalaciones de la DNIC, esto en virtud que el lugar donde se produce la captura (boulevard Económica Europea), no es el lugar idóneo ni apropiado para realizar un registro al automotor, y que tal como lo exige la norma, se ha levantado un acta de todo lo actuado, consignando minuciosamente los hallazgos en él encontrados. Además de lo antes referido el artículo 283 del Código Procesal Penal establece cual es el procedimiento que la Dirección Nacional de Investigación Criminal debe darle a los elementos de prueba obtenidos, requisitos que en el caso sub judice se cumplen a cabalidad, ya que la autoridad policial levantó las actas correspondientes junto con su respectiva cadena de custodia, las cuales fueron ratificadas durante el desarrollo del debate, de lo que se desprende que no existe motivo alguno por el cual estas actas y el decomiso de las droga encontrada deban ser declaradas ilegales, ya que como se ha dicho la policía se encontraba facultada para practicar dicho registro, sin que ello violente el debido proceso ni el derecho de defensa con que cuentan los encausados, en virtud que esta diligencia se produce dentro del ámbito de las facultades investigativas con que cuenta la policía. Por tanto al estar legitimada esta actuación policial (registro del vehículo), no existen motivos para no considerar, tampoco, el dictamen toxicológico emitido por el médico forense, elemento probatorio que demuestra que la hierba encontrada así como las cantidades encontradas en el vehículo decomisado a los imputados no son compatibles para el consumo personal inmediato y que efectivamente la misma es marihuana. Por lo antes expresado queda demostrado que las razones por las cuales el sentenciador ha dejado de considerar estos medios de prueba (acta de registros, decomiso y dictamen toxicológico) carecen de sustento legal, ya que la autoridad policial podía practicar este registro sin la presencia de los imputados como parte de las facultades que este ente tiene en la etapa de investigación. Con sobradas razones como las expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencia recurrido ha dejado de considerar prueba de valor decisivo, y como consecuencia de ello, ha absuelto al procesado M. B. M. D. del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras y al imputado D. E. S. R. del delito de Encubrimiento del indicado ilícito penal en perjuicio de La Administración Pública, en la parte dispositiva de la sentencia, cuando de la prueba antes indicada claramente se desprende su participación en estos hechos delictivos”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2; NORMAS INFRINGIDAS: 272, 283 Y 273, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: EXCLUSIÓN INDEBIDA DE DOS MEDIOS DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella, y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia, se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II.- El Ministerio Público, afirma que el medio de Prueba Documental consistente en el Acta de Inspección Ocular practicada en fecha 12 de Enero al vehículo Kia Sportage y el Dictamen Toxicológico de fecha quince de enero, ambos del año dos mil nueve, fueron excluidos indebidamente de valoración por el Tribunal de Sentencia; indicaron los Juzgadores que la Inspección Ocular fue Ilícita debido a que transgredió los artículos 207 y 208 en relación al artículo 101.10 del Código Procesal Penal, dado que la diligencia de inspección fue realizada sin la presencia de los acusados y sus respectivos apoderados legales, señalando el Ministerio Público que tal criterio pasó por alto las facultades que los artículos 272 y 273 del mismo cuerpo legal otorga a la Policía Nacional y al Ministerio Público durante la investigación del delito, lo que legitima la práctica de la inspección en el vehículo referido; los Juzgadores además, determinaron que el Dictamen Toxicológico, por ser resultado de la ilícita Inspección Ocular practicada al vehículo, era igualmente ilícita y por tanto carente de valor, siendo de la consideración del Ministerio Público que ello es incorrecto al ser el acto de Inspección Ocular un acto amparado en la ley y por tanto el dictamen de Toxicología un acto igualmente legítimo. Concluye el Ministerio Público, que lo presente en el presente caso es condenar al acusado M. B. M. D., como autor del delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS y al acusado D. E. S. R. como responsable del delito de ENCUBRIMIENTO. III. El Proceso Penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del Principio de Legalidad y del Debido Proceso. Entre esos actos esta el proceso probatorio que inicia con la proposición, pasa por la reproducción y finaliza con la valoración de los distintos medios de prueba; incluye la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), en la cual las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio, en la cual sólo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal); o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal); y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en la cual la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye Actividad Procesal Defectuosa toda acción mediante la cual el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que reprocha cuando la sentencia “excluya (…) alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba se presenta cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador, en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito, o por el contrario, carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia, haciendo una incorrecta aplicación de la Ley, refuta un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige, para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aún cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al Vicio In Procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. IV.- Para una completa motivación es importante definir en este caso que es la Prueba Pre Constituida y su regulación en el Código Procesal Penal. Los Medios de Prueba en el proceso penal tienen por finalidad comprobar la existencia o inexistencia del hecho delictivo y la participación que en el puedan tener las personas acusadas. En general, las pruebas se producen en la audiencia de debate en la etapa de juicio del proceso penal; sin embargo, en muchas ocasiones la prueba que produce un hecho antijurídico no puede ser preservada en su estado natural y original en espera del debate, por lo que, primando el interés público, el legislador autoriza su fijación, aseguramiento y producción de manera previa a efectos de poder contar con ésta en la etapa de juicio solo para efectos de su validación y/o valoración; es el caso de los medios de Prueba Pre Constituidos y la Prueba Anticipada.- La Prueba Pre Constituida, se origina previo al proceso penal, por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; este tipo de prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional y es de manera ulterior, hasta la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella sobre su legitimidad y veracidad.- La Prueba Pre Constituida, puede ser diversa, pero todas ellas se documentan (Video, Audio y más comúnmente Actas), para hacerla llegar al proceso y ponerla a disposición del juzgador. Esta prueba puede originarse en tres momentos previos al proceso penal: 1) Antes del acto que constituye delito. Ejemplo: Certificaciones de Actas de Nacimiento, Testimonios de Escrituras Públicas donde se Constituyan Sociedades, Contratos, etc.; 2) En el mismo momento en que se está cometiendo el delito. Ejemplo: Documento objeto de falsedad, video, audio o fotografía que registre un acto constitutivo de delito en vía pública, etc., o; 3) De manera posterior al hecho delictivo, en la fase de la investigación preliminar del proceso. Ejemplo: la inspección y custodia del lugar de los hechos (art. 203 del Código Procesal Penal), custodia y recolección de indicios (art. 278 párrafo segundo del Código Procesal Penal), levantamiento de cadáver (art. 204 del Código Procesal Penal), autopsia (art. 205 del Código Procesal Penal), registros personales en zonas anatómicas que no comprometan el pudor (art. 206 del Código Procesal Penal), registro de sitios públicos (art. 209 del Código Procesal Penal), registros autorizados por las personas que habitan un bien inmueble que constituya morada (art. 212), inspección de vehículos (art. 208 del Código Procesal Penal), secuestro de objetos y documentos (art. 217 del Código Procesal Penal) clausura de sitios o establecimientos (art. 224 del Código Procesal Penal), etc.- Son CARACTERÍSTICAS de la prueba pre constituida: 1) Se origina previo al proceso judicial, por lo que su documentación es lo que se reproduce en la audiencia de debate; 2) Debe de ser impredecible su producción; 3) Resulta imposible o extraordinariamente difícil su producción en el acto del juicio; 4) Debe de ser impostergable su documentación so pena de pérdida o alteración, nos referimos a aquellos actos cuya documentación inmediata condicionara la fidelidad del estado de las cosas y/o de las personas; 5) No existe intervención del órgano jurisdiccional por tratarse de actuaciones que no comprometen derechos constitucionales.- Como se ha dicho ya, la Prueba Pre Constituida es objeto de evaluación ulterior por parte del Órgano Jurisdiccional, el que tendrá la tarea de verificar su licitud (Respeto a Garantías Constitucionales), legalidad (Respeto a las Normas de Procedimiento de su Producción y Registro) y confiabilidad (Valoración conforme a las reglas de la Sana Crítica respecto al Thema Probandum), por ello, este tipo de prueba deberá de reunir los siguientes REQUISITOS de legalidad: 1) Su elaboración deberá de ser con apego a lo que establezca el Código Procesal Penal y, en caso de no estar expresamente reglado, conforme a las normas que le sean más análogas (Art. 199 segundo párrafo del Código Procesal Penal); y 2) Cuando su registro sea en un documento que no tenga el carácter de público, como regla general y para efectos de garantizar el derecho de defensa y debida contradicción, la persona que lo elaboró deberá de comparecer a la audiencia de debate para su ratificación y posterior interrogatorio (Art. 311.4 del Código Procesal Penal), salvo debida justificación.- La Prueba Pre Constituida se presenta al proceso como medio de prueba documental (Art. 252 y 302 del Código Procesal Penal) introducida por lectura autorizada (Art. 311 numerales 2 en lo que se refiere a las pericias realizadas en la investigación preliminar y numeral 4 del Código Procesal Penal). Es importante mencionar, que la prueba pre constituida y la prueba anticipada se asemejan en que ambas se producen previo a la audiencia de debate y que ambas se introducen por lectura en la audiencia de debate, más se diferencian en los siguientes puntos esenciales: 1) La prueba anticipada comprende aquellos actos de prueba de los cuales es previsible su irrepitibilidad, por el contrario, la prueba pre constituida resulta irreproducible por su naturaleza y, en consecuencia, su irrepetibilidad es sobrevenida; 2) La Prueba Anticipada puede realizarse antes o durante el proceso penal, previo a la audiencia de debate, entretanto la prueba Pre Constituida solo podrá realizarse previo a la presentación del requerimiento fiscal, ya que después de presentado éste, las diligencias que constituyan investigación complementaria deberá de ser bajo control jurisdiccional y dentro de la egida de los principios procesales (Art. 300 último párrafo del Código Procesal Penal); 3) La Prueba Anticipada puede comprometer garantías constitucionales y por ello es indispensable la intervención de una autoridad judicial que determine si es necesario ese compromiso y el grado de éste, en cambio la Prueba Pre Constituida no compromete garantías constitucionales y por tanto, su práctica es sin intervención judicial; 4) La Prueba Anticipada existe control jurisdiccional, de modo que su examen de licitud y legalidad no se posterga a la audiencia de debate, sino que se realiza al momento de ser solicitada por la parte interesada, restando su valoración lo que se realiza en la etapa de juicio; en cambio, la Prueba Pre Constituida su examen de licitud y legalidad se realiza de manera ulterior y al mismo tiempo se hace su valoración, todo al momento del debate; y 5) En la Prueba Anticipada es necesario la intervención activa del ente acusador y, cuando estuviesen identificadas, de la parte acusada y su representante legal, en cambio, en la Prueba Pre Constituida, al no haberse presentado requerimiento fiscal implica la ausencia de persona con calidad de imputada en los términos del artículo 101 del Código Procesal Penal, por tanto, no requiere la intervención de las partes en su producción, quienes podrán auditar su licitud, legalidad y credibilidad de manera diferida cuando ésta sea propuesta como medio de prueba en la etapa de juicio y presentada en la audiencia de debate. V.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Considera esta Sala de lo Penal, que el Tribunal de Sentencia indebidamente calificó como ilícita la Inspección Ocular realizada en fecha 12 de enero del 2009, al Vehículo Kia Sportage (F. 13) e igualmente y por derivación al Dictamen Toxicológico de fecha 15 de enero del mismo año (F. 12), calificación indebida que generó su exclusión del proceso valorativo, más sin embargo, la Sala de lo Penal, en ponderación con el resto de la actividad probatoria establece que el medio de Prueba Inspección Ocular a un Vehículo no tiene la eficacia que pudiese de manera decisiva influir en alguno de los pronunciamientos hechos por los Juzgadores en la Parte Dispositiva en la Sentencia, al igual que el Dictamen Toxicológico referido. PRIMERO.- (EXCLUSIÓN INDEBIDA): Los Jueces de Sentencia excluyeron del proceso valorativo el acta de inspección ocular de un vehículo de fecha 12 de enero del 2009, por considerar que en su práctica no estuvieron presentes las personas acusadas y sus representantes legales, olvidando que este tipo de medios de prueba se realizan de manera anterior al proceso penal como parte de las facultades que se otorgan a la Policía Nacional y al Ministerio Público en la investigación preliminar (Art. 273 del Código Procesal Penal) y cuyo resultado determinan si existe un hecho delictivo y su posible responsable que motiven la posterior presentación de un requerimiento fiscal. Estas diligencias se le conocen como Prueba Pre Constituida, realizadas, como ya se dijo, previo a la presentación del requerimiento fiscal y por tanto, sin que hasta ese momento exista ninguna persona que tenga la calidad de imputada en los términos del artículo 101 del Código Procesal Penal, por lo que es un criterio erróneo de los Jueces de Sentencia indicar que ha existido violación de los artículos 101.10 del Código Procesal Penal al no haber estado los imputados presentes junto con sus defensores al momento de realizar la inspección al vehículo cuando en ese momento no existía persona imputada por tratarse de un acto dentro de la investigación preliminar realizado al amparo del artículo 208 del Código Procesal Penal; el desatinado criterio de ilicitud también fue extendido al Dictamen Médico Toxicológico de fecha 15 de enero del 2009, por considerar el Tribunal de Sentencia que la hierba analizada había sido obtenida de la inspección realizada al vehículo (F. 397).- La Sala de lo Penal declara, que el acta de inspección ocular y el Dictamen Toxicológico individualizados anteriormente son lícitos, restando determinar si estos tienen incidencia decisiva en los pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia.-SEGUNDO.- (LA PRUEBA NO ES DE VALOR DECISIVO): Conforme a la Técnica de Inclusión Hipotética, la Sala de lo Penal prevé, que el Acta de Inspección Ocular de un Vehículo y el Dictamen Toxicológico no son de valor decisivo en este caso y por lo tanto no inciden en ninguno de los pronunciamientos hechos en la parte dispositiva de la sentencia que se impugna.- Conforme el Acta que corre agregada a folio 13 del Expediente Judicial, en fecha doce de enero del dos mil nueve, en horas del medio día, los Agentes de la Dirección General de Investigación Criminal X. P., M. A. y G. C., procedieron a realizar inspección ocular en el vehículo Kia Sportage, color blanco, tipo camioneta de lujo, sin placas, el cual se encontraba en el estacionamiento de la DNIC, encontrando como evidencia: 1) Calcetín color blanco conteniendo L. 23,000.00; 2) Bolsa color anaranjada con rayas color blanco conteniendo hierba seca posible marihuana; 3) Bolsa Color Negro de plástico, la cual contiene hierba seca posible marihuana; y 4) Bolsa color negra de plástico la cual contiene hierba seca supuesta marihuana. Los agentes de Investigación que se presentaron como testigos en la audiencia de debate no son contundentes en cuanto a la evidencia: C. H. I. S. menciona que se encontró en el vehículo hierba y dinero y que el registro lo realizó el testigo F. N., entretanto el testigo F. A. N. señala que se encontró en el vehículo marihuana pero que no la tuvo a la vista y que no recuerda que se haya encontrado dinero, además en el Acta de Inspección del Vehículo no aparece el testigo F. N. como una de las personas que realizó la diligencia, por su parte el testigo W. R. R., solo menciona que los técnicos de investigación levantaron droga del vehículo. De la evidencia encontrada en el vehículo no se tomaron fotografías, además, no se levantó acta de decomiso, ni se presentó acta de cadena de custodia, por lo que no existe garantía que la supuesta hierba encontrada sea la misma que más tarde el Departamento de Toxicología de Medicina Forense determinara se traba de marihuana, cuestionamiento que no solo es por aspecto formal, sino que material dado que al mismo tiempo que se encontró la supuesta droga también se encontró dinero y de éste no se tiene conocimiento alguno de su destino, entonces si existió un mal manejo de evidencia, aspectos que no fue posible consultar con las personas que estuvieron a cargo de la inspección ocular del vehículo y del examen toxicológico de la hierba debido a que no comparecieron a la audiencia de debate. Así las cosas, los medios de prueba indebidamente excluidos por el Tribunal de Sentencia, acta de inspección ocular de un vehículo y Dictamen Toxicológico, no tienen valor decisivo y por tanto no concurre la causal de casación invocada por el Ministerio Público en su Recurso por Quebrantamiento de Forma, debiendo éste ser declarado Sin Lugar.- POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Se declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. M. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-418-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL