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Sentencia CP-339-13 — Registro 3699

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Usurpación, resolviendo en segunda instancia Parcialmente Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ENCARTADOS Y. C. G.Y A. R. L. G., ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor reprocha que el A Quo ha inobservado las reglas de la sana crítica cuando ha otorgado plena credibilidad a las declaraciones de los testigos de cargo G. B. y M. O. C. R., y en cambio no ha concedido crédito a las que rindieran los testigos de descargo E. C. M., F. J. L.E Y J. H. R. M.. Asimismo, reprocha el valor probatorio otorgado por el Juzgador a la Prueba Documental aportada por el Ministerio Público, consistente en: 1) INSTRUMENTO PÚBLICO N0. 169, DE FECHA 18 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, autorizado ante los oficios del Notario G. A. S. G., por considerar que el Juzgador ha confundido los presupuestos de la sana crítica, con los requisitos de admisibilidad, consistentes en la utilidad, pertinencia y proporcionalidad de la prueba; 2) La CERTIFICACIÓN DEL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS SECCIONAL DE DANLI CON NÚMERO 0703-210-0021, de fecha 30 de noviembre de 2010, por estimar que el Juzgador tampoco ha observado los presupuestos de la sana crítica y vuelve a confundir ésta última con los requisitos de admisión de la prueba; 3) ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR, CON SU RESPECTIVO ÁLBUM FOTOGRÁFICO, elaborada por el Agente de Investigación Nelson Pavón, en fecha 25 de junio de dos mil once. Con tales fotografías el Tribunal tiene por acreditado que el inmueble es propiedad y por ende pertenece al señor G. B., lo que juicio del Censor es erróneo en tanto que con un álbum fotográfico no se es posible acreditar la propiedad. 4) TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 182, DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1979, de contrato de compra venta entre los señores J. A. Á. (vendedor) y M. D. G. (compradora) documento que fue autorizado por el Notario A. B. T., registrado bajo el número 77, tomo 42 del Registro de la Propiedad. A juicio del recurrente, el Tribunal de instancia no expone los razonamientos lógicos en los que se funda para valorar dicha prueba, limitándose a concederle el mismo valor probatorio, esgrimiendo que cumple con los estándares legales de nuestro país, sin indicar a qué estándares se refiere; 5) CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACTA: A) NUMERO 21, CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLÍ en fecha primero de noviembre de dos mil once (en los cuales se aprueba el Dominio Pleno a favor de los señores Y. C. G. Y A. R. L. G., Dominio que fue extendido el 9 de noviembre del año dos mil once, e inscrito en fecha 10 de Noviembre de dos mil once, agregado bajo el número 76, tomo 913 de Registro de la Propiedad; y B) PUNTO DE ACTA NÚMERO 22, SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, en fecha 21 de noviembre del año 2011, en el que se DEJA EN SUSPENSO LA ADJUDICACIÓN del dominio Pleno otorgado a favor de los señores Y. C. G. Y A. R. L. G.. Reprocha que al valorar dicha prueba el Tribunal de instancia haya expresado sin más que no le concede ningún valor; 6) FOTOCOPIA DE LA CERTIFICACIÓN ÍNTEGRA DEL ASIENTO NO. 36, TOMO 980, de fecha del 8 de febrero del año 2013, en el cual el Registrador de la propiedad certifica que en cumplimiento de la resolución administrativa número 113-2012, del 6 de agosto del año dos mil doce, resolvió emitir TÍTULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO a favor de los señores E. E. C. E. Y G. B. M., por considerar que la valoración de dicha prueba no es conforme a la sana crítica, y limitarse el A Quo a manifestar que este medio de prueba ya fue valorado, en el inciso G; 7) TÍTULO DE DOMINIO PLENO OTORGADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LOS SEÑORES G. B. M. Y E. E. C. E., del 15 de noviembre de dos mil doce. El casacionista estima que en la valoración de tal documento el Juzgador ha infringido las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación. Concluye que los razonamientos del Juzgador de instancia violentan a todas luces, el postulado de derivación, en tanto que la versión de la acusada Y. C. G. es congruente con los testimonios rendidos por los testigos de descargo y que por otro lado los procesados Y. C. G. Y A. R. L. poseen un título definitivo en dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de Danlí, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo el número 76, tomo 913 del Registro de la Propiedad, mismo que no fue valorado por el Juzgador. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El delito que el Tribunal de instancia atribuye a los imputados Y. C. G. y A. R. L. G., se describe en el artículo 227 del Código Penal como la acción de quien usurpa un bien inmueble o un derecho real. Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo, la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes ... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. FONTÁN BALESTRA (CARLOS), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). Cabe añadir a lo anteriormente expuesto que el delito de usurpación es de naturaleza dolosa, tomando en cuenta que con el sistema de numerus clausus previsto en nuestro Código Penal, no se ha previsto su incriminación imprudente o culposa. El dolo exige el conocimiento de todos los elementos del tipo, en particular el conocimiento del carácter ajeno de los bienes inmuebles y la oposición del titular. El sujeto activo pretende que la situación por él provocada tenga cierta continuidad, es decir, subrogarse en la posición del titular del inmueble por un tiempo más o menos prolongado[1]. En el relato de hechos declarados probados por el Tribunal de instancia, éste afirma que los señores G. B. M. y E. E. C. adquirieron un bien inmueble ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Danlí con una extensión superficial de 22.74 varas cuadradas, en virtud de compraventa que hiciera en su favor la señora M. O. C. en fecha 18 de marzo de 2011 y que posteriormente, es decir, el día sábado 25 de junio de 2011, los ahora imputados Y. C. G. y su esposo el señor A. R. L. ingresaron y ocuparon el mismo, para lo cual procedieron al rompimiento de candados y llavines. Un detenido examen de los antecedentes revela que en fecha 25 de agosto de 2004, la ahora encartada Y. C. G. y otras personas vendieron en escritura pública un lote de terreno en una extensión superficial de 22.74 varas cuadradas ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Danlí, a favor del señor E. A. B. (vid. Folios 84-86 del Tomo I). Posteriormente, consta también en el expediente bajo estudio que en fecha 23 de noviembre de 2007 el señor E. A. B., vende el mismo inmueble al señor A. R. B. S. (vid. Folios 79-80 del Tomo I). Siguiendo el tracto sucesivo se establece que en escritura pública del 13 de mayo de 2010, el señor E. A. B., actuando como Representante del señor A. R. B. vendió el inmueble de mérito a la señora M. O. C. R., esta última actuando en representación de sus menores hijos (vid. Folios No. 74-76) y que finalmente en instrumento público del 18 de marzo de 2011 la señora M. O. C. R. hizo tradición del dominio del referido terreno a los señores E. E. C. E., por sí y como gestora oficiosa del señor G. B. M.. Si se toma en cuenta que hasta este momento procesal ninguno de los instrumentos públicos antes referidos ha sido declarado nulo[2], y que por otro lado, la Defensa presentó en el transcurso del proceso un documento privado del 24 de mayo de 2008 en donde el señor E. A. B. había cedido las mejoras construidas en el lote de terreno antes mencionado a favor de la imputada Y. G. como “pago” del “arrendamiento” del solar donde se habían construido (vid. Folios No. 40 y 102 del Tomo I), nos permite afirmar más allá de toda duda razonable que la ocupación efectuada por la encartada Y. G. del local comercial adquirido por el señor G. B. sin la aquiescencia o consentimiento de éste último y con pretensiones de dominio, constituye un comportamiento doloso que se subsume en el tipo penal de usurpación descrito en el artículo 227 del Código Penal, habida cuenta que desde el 25 de agosto de 2004, la misma imputada junto con otras personas ya había transferido en escritura pública el dominio sobre dicho lote de terreno, a favor del señor E. A. B., de tal manera que no es razonable concederle credibilidad al referido documento privado de entrega de mejoras que habría realizado este último a favor de la señora Y. G. como “pago” por el arrendamiento del solar, en tanto que por otro lado a la fecha en que el tal documento privado habría sido otorgado (24 de mayo de 2008: vid. Folios 40 y 102 del Tomo I) el señor E. A. B., había transferido en escritura pública del 22 de noviembre de 2007 (es decir con anterioridad) el dominio sobre dicho lote a favor del señor A. R. B. S., y por ende ya no era dueño del lote tantas veces referido. En lo que concierne al encausado A. R. L. G., si bien no se discute en juicio que en la ocupación del local comercial, propiedad de los ofendidos acompañaba a su esposa y coimputada J. C. G., no es menos cierto que tal y como lo explicamos anteriormente, no basta con dicha ocupación sino que resulta necesaria la presencia del elemento subjetivo del dolo para considerar que se ha cometido el delito de usurpación. En este sentido, la Sala estima que la mera relación conyugal entre el imputado A. L. G. y la acusada Y. G., no basta para concluir más allá de toda duda razonable que igualmente ha actuado con dolo, habida cuenta que la persona que participó directamente en la transferencia del dominio a favor del señor E. A. B. y luego en la suscripción de un documento donde éste le habría transferido las mejoras consistentes en la construcción del local referido como “pago” por arrendamiento del solar, es la señora Y. C. G.. De ahí que a criterio de este Tribunal de Casación, el Juzgado de instancia ha inobervado el postulado de la derivación, al no señalar puntual y concretamente cuales son los datos o circunstancias que extraídos de los elementos probatorios en juicio le han llevado a la conclusión de que el comportamiento del señor A. L. ha sido doloso y por ende constitutivo de un delito de usurpación de un inmueble, de tal manera que de haberse observado las reglas de la sana crítica el resultado podría haber sido distinto. Finalmente, esta Sala no puede soslayar que entre las partes, es decir, entre los imputados Y. C. G. y A. R. L. G. por un lado y los señores E. E. C. E. y G. B. M., por el otro, queda subsistente un conflicto intersubjetivo de intereses en torno a la titularidad de la propiedad o dominio sobre un área de terreno fuera de los límites del lote donde está construido el local comercial que resultara ocupado. Siendo que ambas partes posteriormente a la fecha en que se incoara la acción penal por el delito de usurpación que ahora conocemos, han obtenido sendos títulos de propiedad en instrumentos públicos, otorgados por la Corporación Municipal de Danlí (vid. Folios No. 157-158) y el Instituto de la Propiedad (vid. Folios No. 93 al 97), mismos que igualmente han resultado inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, dicho conflicto ha de ser resuelto de manera concluyente y definitiva por la jurisdicción civil. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara parcialmente con lugar el presente motivo formulado por la Defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de Mayo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los señores R. G. L. Y W. A. G. L., del delito de USURPACION, en perjuicio de G. B. M.; 2) CONDENANDO a los Señores Y. C. G. Y A. R. L. G., a la pena de DOS (02) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de USURPACION, en perjuicio de G. B. MARTINEZ; mas las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL.- 3)NO CONDENO a los encausados en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado F. O. S. M., actuando en su condición de Defensor Privado de los señores Y. C. G. Y A. R. L. G..-INTERVIENEN: El Abogado F. O. S. M., Apoderado Defensor de los acusados Y. C. G. y A. R. L. G., como parte recurrente; el Abogado J. F. Z. C., Acusador privado en representación del señor G. B. M., como parte recurrida; y el Abogado P. F. A., Agente de Tribunales del Ministerio Público, también como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Los integrantes de este Tribunal de Sentencia, como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica razonada y en congruencia con circunstancias descritas en la formalización de acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio, dan por acreditados los siguientes hechos: PRIMERO: que en fecha 18 de marzo del año 2011, los señores G. B. M. y E. E. C., adquirieron en compra y venta realizada a la señora M. O. C., un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo de esta ciudad de Danlí el que consta de 22.74 varas y en que se encuentra construido un local con características propias para realizar actos de comercio. SEGUNDO: que el día sábado 25 de junio del año 2011, aproximadamente a las nueve de la mañana la señora M. O. C., se dirigía a su negocio ubicado en el barrio Abajo, cuando observó que dentro de la propiedad que ella le vendió a don G. B. y E. E. C., se encontraban varias personas entre ellas Y. C. G. y su esposo A. R. L., y otras personas en vista de lo cual llamó al señor G. B. M., quien se presentó al lugar e inmediatamente se fue a interponer su denuncia, a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y posteriormente regresó a su propiedad en compañía de varios Agentes de Policía con los cuales constató los daños causados por los imputados a los candados y llavines con los cuales aseguraba el ingreso a su propiedad.” C O N S I D E R A N D O

I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado F. O. S. M., en su condición de Defensor Privado de los encausados Y. C. G. Y A. R. L. G. es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL RECURRENTE ABOGADO F. O. S. M., EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO, DE LOS ENCAUSADOS Y. C. G. Y A. R. L. G., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO UNICO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Código Procesal Penal “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1.-…; 2.-…; 3.-Si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” EXPLICACION DEL CONCEPTO DE LA VIOLACION QUE CONSTITUYE MOTIVO DE CASACION. La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 deL Código Procesal Penal que expresa: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Por su parte el artículo. 336 de mismo cuerpo legal señala:” El Tribunal, para resolver sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las pruebas de la sana crítica”.- De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia ordena al juez sentenciador: Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, Justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se hará dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos probados fueron consignados en la sentencia recurrida de la siguiente forma: PRIMERO: Que en fecha veintiocho de marzo del año 2011, los señores G. B. M. y E. E. C., adquirieron en compra y venta realizada a la señora M. O. C., un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo de esta ciudad de Danlí, el que consta de 22.74 varas y en el que se encuentra construido un local con características propias para realizar actos de comercio. SEGUNDO: Que el día sábado 28 de junio del año dos mil once, aproximadamente a las nueve de la mañana la señora M. O. Cisneros, se dirigía a su negocio ubicado en el barrio Abajo, cuando observó que dentro de la propiedad que ella le vendió a don G. B. y E. E. C., se encontraban varias personas entre ellas Y. C. G. y su esposo A. R. L., y otras personas en vista de lo cual llamó al señor G. B. M., quien se presentó al lugar e inmediatamente se fue a interponer su denuncie, a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y posteriormente regresó a su propiedad en compañía de varios Agentes de Policía con los cuales constató los daños causados por los imputados a los candados y llavines con los cuales aseguraba el ingreso a su propiedad. “Estos hechos, por ser considerados probados por el sentenciador, deben, de forma imperativa, tener un sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez y necesariamente deben quedar así plasmados en la valoración de la prueba en la sentencia; al analizar la prueba evacuada en el caso sub judice, podremos descubrir Honorable Corte, que de La valoración de la Prueba que hace el Juez, no puede derivarse el relato de los hechos probados, en tal sentido se transcribe a continuación las declaraciones y valoraciones realizadas por el tribunal para arribar a la conclusión condenatoria en la sentencia, en la valoración de las pruebas propuestas a instancia del Ministerio Público esta la declaración del señor G. B. M. que refiere el 18 de marzo del año 2Oll, con mi esposa compramos un local ubicado en el barrio Abajo y para ello acudimos a los servicios del Abogado y Notario G. S., al cual le hice todo el planteamiento que si la documentación estaba en regla y el me dijo que todo estaba correcto y el autorizó la compraventa de dicho inmueble, y desde ese día tomamos posesión del local y debido a que habían unas paredes dañadas porque eran de madera hice algunas reparaciones con unas estructuras metálicas hasta ahí, no había ningún problema se mantuvo el local bien, fue hasta un sábado 25 de de junio recibí una llamada por parte de la señora que me vendió el local y me preguntó que si tenía personas trabajando ahí, yo le respondí que a nadie, tome mi vehículo pase frente al local y efectivamente estaban estas personas, y me fui a interponer la denuncia a la DNIC fue así como un grupo de Agentes se personaron a dicho lugar donde ellos de forma infraganti capturaron a estas personas, por lo cual los Agentes les preguntaron si portaban algún documento y ellos en es momento no andaban nada y después aparecieron con uno, que yo considero que no tiene ninguna legalidad jurídica. La persona que dio ese documento a dado una declaración jurada que a el lo engañaron, y es así que ellos presentaron una solicitud a la Alcaldía, misma que yo ya había realizado, ya que en la escritura solo aparece reflejada una área, pero la señora me vendió la otra parte con un documento privado. No entendiendo porque en la Alcaldía avalaron un documento en el cual difiere con las fechas de la auténtica. Todo iba bien hasta que se presentaron estos señores a tal grado que las autoridades de la Alcaldía se parcializaron de un solo lado tanto así que el jefe de catastro dio fe de que había entrado al predio que había inspeccionado y que no existían daños a terceros, y eso es falso ya que ahí esta totalmente con llave y nos e como pudo hacer una inspección, es mas ellos presentaron un dominio pleno que esta lleno de ilegalidades ya que fue presentado en fecha diez de septiembre en el Registro de la Propiedad y dice que ha sido extendido por la Municipalidad es decir que fue presentado sin existir es por todas esas situaciones que considero que la ilegalidad a imperado. «Acto seguido las consideraciones de la sala que se limitan a lo siguiente: Consideraciones de la Sala: con la declaración del señor B. M., tiene por acreditado este tribunal de Sentencia que en fecha 18 de marzo del año 2011, el ofendido junto a su esposa la señora E. E. C., adquirieron mediante compraventa una propiedad hecha a la señora M. O. C. R., ubicada en el barrio Abajo de la ciudad de Danlí. Así mismo con la declaración del ofendido se demuestra que el día veinticinco de junio del año dos mil once el señor B. fue notificado vía telefónica por parte de la señora M. C., antigua propietaria del bien inmueble objeto de este debate, de la presencia de los acusados Y. C. G., A. R. L., R. G. L. y W. A. G. L., en la propiedad que ahora pertenece al señor B., por lo cual este se desplazó confirmando lo dicho por la señora C., motivo que lo orilló a interponer una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, dando así inicio a la detención de los acusados. Estimamos que el relato del señor G. B., merece total credibilidad ya que es un testigo presencial de los hechos que el vivió como ofendido, es una declaración espontánea, lógica, coherente que se puede concatenar con otros medios de prueba: testifícales y documentales no observando este juzgador el deseo de querer afectar o beneficiar de alguna manera a los acusados. (El subrayado es nuestro); nótese que tal declaración carece de la valoración en base a las reglas de la sana crítica en el sentido de que se limita únicamente a decir que le merece total credibilidad… Es una declaración espontánea, lógica, coherente que se puede concatenar con otros medios de prueba… esta defensa considera que tal apreciación del tribunal en su valoración antes bien de haber sido realizada en base a la sana crítica nos coloca ante las siguientes incongruencias: en que consiste la total credibilidad?, cuales son los dichos que hacen arribar a esta conclusión al juzgador? De que hechos se desprende la espontaneidad, la lógica y coherencia de la misma? Se manifiesta que dicha declaración puede concatenarse con otros medios de prueba testifícales y documentales, esta defensa no observa se encuentre plasmado en dicha valoración cuales son esos medios de prueba testifícales ya que en el debate se evacuó las declaraciones de M. O. C. R., E. C. M., F. J. L. y J. H. R. M., siendo importante mencionar que los últimos tres fueron propuestos a instancia de la defensa de los imputados, acontecimiento valoracional este que se que se queda corto en la valoración de la prueba ya que en la valoración de la prueba el juzgador esta obligado a justificar según las reglas de la sana crítica el valor que ha dado a las practicadas en juicio y en su caso el razonamiento utilizado. Declara la señora M. O. C. R.… con mi esposo construimos un local en una propiedad que compramos en el barrio abajo en el año de 1997, con mi esposo nos separamos por muchas desavenencias, yo pude hipotecarle dos propiedades ya que me fui con mis hijos y el nunca me ayudo, entonces el puso sus bienes a nombre de sus primeros hijos que tenía con otro matrimonio. Por lo cual busque los servicios del abogado Z. y le pudimos embargar una propiedad en el Zamorano y la otra en el barrio abajo, pero esta última ya estaba a nombre de su hijo A. B., luego acordamos que yo lo desembargaría una propiedad para que el se quedara con una y yo con la otra, para la manutención de mis hijos, yo decidí vender la propiedad por muchos problemas familiares, y acudimos donde el abogado S. con el señor G. B., y ahí hicimos el traspaso de ese terreno solo habían veintidós varas escrituradas y por las otras varas se le dio un documento al señor B., y el Abogado nos dijo que no había ningún problema que eso se podía legalizar, entonces el Notario me hizo u documento para que la señora Y. C. me lo firmara y le dijo que fuéramos a buscar a los demás hermanos, entonces ella me pidió dinero yo le dije que no tenía porque darle, leyó el papel y me dijo que no firmaría, al día siguiente llegó con su suegra, y un cuñado y me pidieron de nuevo la documentación porque lo querían leer de nuevo, luego resulta que fuimos a la Alcaldía a solicitar la unión de los dos terrenos pero no nos dieron respuesta, yo les vendí a ellos el 18 de marzo el 25 de junio ellos fueron a romper candados, por lo cual yo llame a don G. para preguntarle si tenía gente trabajando en su negocio y me dijo que no, por lo cual el fue a la policía a poner la denuncia, vinieron los Agentes y ellos no tenían papeles, después aparecieron con ellos y nos de donde los sacaron. …“acto seguido las consideraciones de la sala que se limitan a lo siguiente: Consideraciones de la Sala: estima este juzgador que con la declaración de la señora C., se acredita que ella era propietaria de un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo de esta ciudad de Danlí el cual fue obtenido por ella, como un acuerdo de manutención de sus menores hijos, con su ex esposo y el cual se lo dio en un acuerdo de compra y venta el señor A. B., hijo de su ex cónyuge. Mismo que dio en venta mediante Escritura Pública a los señores G. B. M. y E. e. C., en fecha 18 de marzo del año dos mil once. Así mismo se establece de forma fehaciente que la señora C. en fecha veinticinco de junio del año dos mil once fue la persona que le aviso al señor B. M., de la presencia de los acusados en la propiedad que ahora es del señor G. B. y de su esposa E. C.. Por lo que le damos total valor probatorio a esta declaración, ya que es libre, espontánea, coherente, y se puede concatenar de forma armónica con otra prueba testifical y documental, además no observamos el deseo ni la intención de querer afectar o beneficiar a los acusados, ya que solo relata lo que ella observó el día de los hechos, y de cómo ella fue la que vendió el bien inmueble objeto de este caso, nótese que tal declaración carece de la valoración en base a las reglas de la sana crítica en el sentido de que se limita únicamente a transcribir nuevamente lo manifestado por la deponente Es una declaración espontánea, lógica, coherente que se puede concatenar con otros medios de prueba esta defensa considera que tal apreciación es un copiar y pegar de la yana valoración anterior, nuevamente el tribunal en su valoración antes bien de haber sido realizada en base a la sana crítica nos coloca ante las siguientes falencias: Cuales son los dichos que hacen arribar a esta conclusión al juzgador? De que hechos se desprende la espontaneidad, la lógica y coherencia de la misma? Se manifiesta que dicha declaración puede concatenarse con otros medios de prueba testifícales y documentales, esta defensa no observa se encuentre plasmado en dicha valoración cuales son esos medios de prueba testifícales ya que en el debate se evacuó las declaraciones de M. O. C. R., E. C. M., F. J. L. y J. H. R. M., siendo importante mencionar que los últimos tres fueron propuestos a instancia de la defensa de los imputados, acontecimiento valoracional este que se que se queda corto en la valoración de la prueba ya que como antes mencioné en la valoración de la prueba el juzgador está obligado a justificar según las reglas de la sana crítica el valor que ha dado a las practicadas en juicio y en su caso el razonamiento utilizado. De la prueba documental evacuada en el debate es importante mencionar que el Juzgador al valorar estos documentos refiere: 2.- Prueba Documental por parte del Ministerio Público: A.-INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 169: de fecha 18 de marzo del año dos mil once, inscrita en el asiento numero 55 del tomo 884 Concerniente al Testimonio de Escritura Pública Compra y Venta, otorgada por la señora M. O. C. R., quien actúa por si y en representación de los menores A. C. y C. E. ambos de apellido B. C., y E. E. C. E., accionando en su propio nombre y como gestora oficiosa del señor G. B. M., ante los oficios del Notario Público G. A. S. G., han convenido celebrar un contrato de compraventa de una lote urbano en la Ciudad de Danlí ubicada en el barrio Abajo con una extensión 22.74 varas el cual forma parte de un todo, y que tiene las siguientes colindancias al norte ocho varas (8vs) con propiedad de L. Z., al sur tres punto diecisiete varas (3.17vs) con propiedad de F. M. S., al sureste diez punto cincuenta varas (10.5Ovs) con propiedad de F. L., calle de por medio y al suroeste diez punto cincuenta varas (10.50) con propiedad de F. M. S., dentro de este terreno se encuentra las mejoras siguientes construcción de un local comercial, paredes de bloque de concreto, reforzado con cimentación antisísmica y columnas de hierro acerado y concreto, consta de una pieza grande un porche y un garaje, techo con fundición con varillas de hierro acerado y concreto, con una puerta y ventana cortina de hierro que cubren y una puerta y ventana de vidrio con marco de aluminio, piso de ladrillo mosaico, una grada fundición de hierro acerado y concreto que da acceso a la terraza en el interior está construido un apartamento construcción de ladrillo rafón, cuenta con baño completo privado, sala, un cuarto y una cocina con todos sus accesorios, pila y lavandero, piso de ladrillo mosaico, techo de lamina de asbesto cemento, encielado con machimbre, tres (3) puertas de hierro, y tres (3) ventanas de celosías protegidas con balcones de hierro, en la parte exterior del terreno tiene un pasillo que conduce al garaje ubicado en el local comercial, toda la construcción repellada y pulida pintada por dentro y por fuera contando toda la edificación eléctrica protegida con caja de seguridad y aguas negras”. Consideraciones de la Sala: este medio de prueba también es en común con la acusación privada, por lo cual haremos una sola valoración del mismo, estimamos que es un documento público autorizado por un Notario con todas las facultades que la ley le confiere para poder emitir este tipo de instrumentos. En el cual se establece que en fecha 18 de marzo del año das mil once la señora M. O. C. en representación de sus menores hijos, y con la autorización del juzgado competente, dio en venta un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo de esta ciudad de Danlí, a los señores G. B. M. y su esposa la señora E. E. C., el cual tiene una medida de 22.74 varas cuadradas y que forma parte de un todo con las mejoras ya antes descritas en esta sentencia. Este título fue debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que le damos total valor probatorio, ya que reúne los requisitos de utilidad, pertinencia, proporcionalidad y no se observa en la admisión y valoración del mismo algún vicio, que ponga en duda su legitimidad, por lo cual se acredita fehacientemente que esta propiedad pertenece al ofendido. Así mismo no se ofertó otro medio de prueba que ponga en precario la legitimidad de esta Escritura Pública. Esta defensa considera que el Juzgador no se acerca ni en lo mas mínimo a los presupuestos de valoración en base a la sana crítica en virtud de que la valoración de la sala estriba en “por lo que le damos total valor probatorio, ya que reúne los requisitos de utilidad, pertinencia, proporcionalidad y no se observa en la admisión y valoración del mismo algún vicio”, lo que no es correcto en la valoración ya que los requisitos de utilidad, pertinencia, proporcionalidad son REQUISITOS PARA LA ADMISION DE LA PRUEBA y no de valoración que es el momento de la sentencia esa valoración que hace el tribunal fue la que realizó en la audiencia de proposición de prueba previo al debate y darle valor probatorio en ese sentido es erróneo y aunado a ello no puede referirse que la valoración probatoria es además porque no se observa en la admisión y valoración del mismo vicio alguno, la sentencia no puede dar por acreditados y establecer como hecho probado en la valoración que en la admisión no se observa vicio alguno, reitero la utilidad, pertinencia y proporcionalidad son requisitos de admisibilidad de la prueba, en la sentencia la valoración es conforme a las reglas de la sana crítica y no confundir requisitos de admisibilidad con valoración como erróneamente hace el tribunal. Nótese nuevamente el yerro de valoración por parte del tribunal en el medio de prueba documental B.- Certificación del Juzgado Primero de Letras con número 0703-210-0021 de fecha treinta de noviembre del año 2010: en la cual se autoriza a la señora M. O. C. R., por parte de juez competente para poder vender en representación de sus menores hijos A. C. y C. E. ambos de apellidos B. C., un bien inmueble consistente en un terreno de 22.74 varas cuadradas el cual forma parte de un todo y cuyas colindancias, medidas y mejoras ya han sido descritas en el numeral “A” que antecede de esta sentencia, ubicado en él barrio Abajo de esta ciudad de Danlí, inscrito bajo el asiento numero 61 del tomo 849 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Ciudad. Consideraciones de la Sala: este documento fue emitido por un juez competente, y claramente se establece, que la señora M. O. C., podía dar en venta un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo en representación de sus menores hijos, por lo cual le damos total valor probatorio, siendo que es una resolución firme, pronunciada por un juez dentro de sus facultades, y cumple con los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad, como requisitos indispensables en la admisión de un medio de prueba, según lo que establece la norma procesal penal. Esta defensa considera que el Juzgador nuevamente se aleja de los presupuestos de valoración en base a la sana crítica en virtud de que la valoración de la sala estriba en “cumple con los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad, como requisitos indispensables en la admisión de un medio de prueba,” lo que no es correcto en la valoración ya que los requisitos de utilidad, pertinencia, proporcionalidad como antes mencioné son REQUISITOS PARA LA ADMISION DE LA PRUEBA y no de valoración que es el momento de la sentencia esa valoración que hace el tribunal fue la que realizó en la audiencia de proposición de prueba previo al debate y darle valor probatorio en ese sentido es erróneo, la sentencia no puede dar por acreditados y establecer como hecho probado en la valoración que cumple con los requisitos de admisión, reitero la utilidad, pertinencia y proporcionalidad son requisitos de admisibilidad de la prueba (audiencia de proposición de pruebas), en la sentencia la valoración es conforme a las reglas de la sana crítica y no confundir requisitos de admisibilidad con valoración como erróneamente hace el tribunal. Además de los documentos citados se evacuó como prueba documental: F.- Acta de inspección Ocular con su respectivo álbum fotográfico, elaborada por el Agente de Investigación Nelson Pavón de 25 de junio del año dos mil once. Consideraciones de la sala: Con respecto al álbum fotográfico este medio de prueba es en común con la acusación privada y se hace una valoración conjunta del mismo. Debemos señalar que este registro de fotos es parte del acta de inspecciones oculares, y para una valoración adecuada este tribunal decide en base a las reglas de la sana crítica, y tiene por acreditado que con estas fotos se determina la propiedad inmueble que pertenece al señor G. B., muestra cuales fueron las daños causados a los candados y portones que el como legítimo dueño ha instalado, para la seguridad y resguardo. Es así entonces que este Tribunal le concede total valor probatorio, ya que no se aprecia ni observa la vulneración a las garantías constitucionales ni procesales en su recolección. De la valoración que el juzgador hace de este medio de prueba nótese que se establece en base a las reglas de la sana crítica, y tiene por acreditado que con estas fotos se determina la propiedad inmueble que pertenece al señor G. B., esta defensa difiere con el Juzgador en la valoración ya que un álbum fotográfico no determina la propiedad las fotografías lo que refieren son lugares determinados ya que las máximas de la experiencia nos indican que la propiedad de los inmuebles lo prueban las correspondientes Escrituras Públicas bastaría entonces con tomar una fotografía de la Torre Eiffel en Francia para considerar dueño a quien la posea, la valoración que se da a esta prueba es errónea y viola los postulados de valoración de la sana critica, nótese que la valoración que se hace a los demás documentos es porque cumple con los “requisitos de Ley” y estos requisitos son mera referencia a los requisitos extrínsecos de los documentos. Al analizar de manera detallada la prueba ofertada por el acusador privado se desprende lo siguiente: A.- testimonio de Escritura Pública número 182 del doce de noviembre del año 1979. En la cual se determina un contrato de compra y venta entre los señores J. A. A. (vendedor) y M. D. G. (compradora) documento que fue autorizado por el Notario A. B. T., por un monto de trescientos lempiras, y el cual coincide plenamente con el terreno de 22.74 varas y sus colindancias, así como de sus colindantes, ubicado en el barrio Abajo, del cual se a derivado este caso, y que fue registrado bajo el número 77 del tomo 42 del Registro de la Propiedad. Consideraciones de la Sala: estimamos que este testimonio de Escritura Pública reúne los requisitos de utilidad, pertinencia, utilidad, proporcionalidad como requisitos de admisión de nuestra normativa procesal penal (el subrayado es nuestro), y en él se acredita la compra que hiciera M. D. G., al señor A. A., en fecha doce de noviembre del año 1979 de un bien inmueble ubicado en el barrio Abajo de esta ciudad de Danlí, por lo cual le damos total valor probatorio ya que cumple con los estándares legales vigentes en nuestro y no se observa vestigio alguno de vicios o de nulidades que le hagan perder ese valor indubitado que tiene. De esta valoración y siendo que la valoración de la prueba requiere justificar según las reglas de la sana crítica el valor que se ha dado a las practicadas en juicio y el razonamiento utilizado para obtener esa conclusión, de esta apreciación del tribunal no se desprende esos razonamientos ya que se limita a manifestar que el da valor probatorio porque cumple con los estándares legales vigentes en nuestro país sin especificar a que estándares se refiere y que nos hagan asimilar de manera coherente y lógica a la conclusión arribada y reitero que los requisitos de utilidad, pertinencia, proporcionalidad son REQUISITOS PARA LA ADMISION DE LA PRUEBA y no de valoración que es el momento de la sentencia esa valoración que hace el tribunal fue la que realizó en la audiencia de proposición de prueba previo al debate y darle valor probatorio en ese sentido es erróneo; Se evacuo además: C.- La certificación de los puntos de acta numero 21, celebrada por la corporación Municipal de Danlí en fecha primero de noviembre del año dos mil once (conceden el dominio pleno, la negrita y subrayado es nuestro). En la cual se aprueba el parecer presentado por la abogada S. C. A., Asesora Legal Municipal aprobar el dominio Pleno a favor de los señores Y. C. G. y A. R. L. G. (la negrita y subrayado es nuestro), y el cual se encuentra ubicado en el barrio Debajo de esta ciudad de Danlí, con clave catastral 0410-46-03, el que colinda y mide de la siguiente manera al Norte con B. M. C. e I. L. Z. 29.90 metros igual a 31.04 varas cuadradas, al Sur con F. M. y G. Bonilla 25.92 metros equivalentes a 31.04 varas cuadradas y 3.98 metros que son iguales a 4.77 varas al Este con G. b. calle de por medio y Francisco Luque 3.98 metros igual a 4.77 varas y 5.47 metros igual a 6.55 varas al Oeste con F. M. 9.80 metros equivalentes a 11.74 varas área total de 275 metros cuadrados que hacen un total de 395.65 varas cuadradas. Dominio que fue extendido a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil once (la negrita y subrayado es nuestro). Mismo que fue inscrito en fecha diez de Noviembre del año dos mil once y que corre agregado bajo el número 76 del tomo 913 de Registro de la Propiedad. Así mismo se admitió el punto de acta número 22 de la sesión ordinaria celebrada en Corporación Municipal de fecha 21 de noviembre del año 2011 en la cual se deja en suspenso la adjudicación del dominio Pleno otorgado a favor de los señores Y. C. G. y A. R. G., misma que fue extendida a los treinta y un días del mes de enero del año 2011 (la negrita y subrayado es nuestro). Consideraciones de la Sala: estima este juzgador que ambos documentos fueron emitidos por la Corporación Municipal de Danlí departamento del Paraíso, con todas las facultades que les otorga la ley, pero que no hacen ningún aporte al esclarecimiento de los hechos sucedidos el 22 de junio del año dos mil once, y este juzgador no tiene mas facultades que La Constitución y La Ley le dan, y si la Alcaldía de este Municipio decide dar un Título de Dominio Pleno y luego lo deja en suspenso, es algo en la cual no podemos intervenir, es algo en lo que no le damos ningún valor probatorio a estos medios de prueba. (la negrita y subrayado es nuestro). Nótese que el juzgador al momento de hacer la valoración de ambos medios de prueba manifiesta este juzgador no tiene mas facultades que La Constitución y La Ley le dan, y si la Alcaldía de este Municipio decide dar un Título de Dominio Pleno y luego lo deja en suspenso, es algo en la cual no podemos intervenir, es por ello que no le damos ningún valor probatorio a estos medios de prueba. apreciación esta que es valorada de manera errónea por el juzgador en el sentido de que es conocido por todos que si una Corporación Municipal otorga un dominio pleno y la certificación le es entregada a los solicitantes, estos comparecen al Registro de la Propiedad correspondiente a su inscripción y estando este dominio pleno debidamente inscrito tal y como se menciona en la redacción de la sentencia como puede considerar el juzgador que no lo valorara por el hecho de que la Corporación emita un punto de acta diciendo que lo mantiene en suspenso ya que el juzgador en su errónea valoración antes bien manifestar que el no puede intervenir debió valorarlo ya que esta corporación no puede manifestar que se encuentra en suspenso si ya no es dueña del lote otorgado en dominio pleno lo que coloca a la Corporación en un claro abuso de autoridad por tal documento, nótese además que la certificación del punto de acta 22 que presenta el acusador privado no tiene siquiera relación lógica ya que de las fechas se desprende que la misma fue extendida en fecha treinta y uno de enero del año dos mil once, es decir diez meses antes de que otorgaran el dominio pleno que se relaciona en la certificación de punto de acta número 21 que se otorgare a favor de mis representados, esta defensa insiste en que el juzgador debió valorar la certificación de dominio pleno otorgada a favor de los procesados de igual forma que valoró el título de dominio pleno otorgado a favor de los supuestos ofendidos mediante la Regularización Predial del Instituto de la Propiedad. D.- Fotocopia de la certificación íntegra del asiento número 36 del tomo 980 de fecha de fecha 8 de febrero del año 2013, en el cual el infrascrito registrador de la propiedad certifica en cumplimiento a la resolución administrativa número 113-2012 de fecha seis de agosto del año dos mil doce mediante la cual se resolvió emitir título de propiedad en Dominio Pleno a favor de los señores E. E. C. E. y G. B. M., ubicado en el barrio Abajo de la ciudad de Danlí según la constancia catastral DGCG-174-2012 emitida por la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad dicho predio tiene una extensión de 274.16 metros cuadrados equivalente a trescientas noventa y tres varas cuadradas. Consideraciones de la Sala: este tribunal de sentencia ya valoró el medio de prueba del Título de Dominio Pleno otorgado por la Corporación Municipal, y siendo que esta certificación se deriva del documento original debidamente inscrito ante el Registro de la Propiedad se le da total valor probatorio. Esta defensa sostiene que la valoración de la prueba no es conforme a la sana crítica en el sentido de que la susodicha valoración se limita a manifestar que este medio de prueba ya fue valorado, es decir, este medio de prueba fue ofertado por el Ministerio Público y se detalla en el inciso G.- Título de Dominio Pleno otorgado por el Instituto de la Propiedad a favor de los señores G. B. M. y E. E. C. E., de fecha 15 de noviembre del año dos mil doce. Documento en el que se establece que se le ha dado cumplimiento a la resolución administrativa número 113-2012 de fecha seis de agosto del año dos mil doce, en la cual se emitió Título de Propiedad en Dominio Pleno, a favor de los señores antes citados y el cual se encuentra registrado bajo el número 55 del tomo 884 del Registro de la Propiedad de esta ciudad de Danlí. Consideraciones de la Sala: este medio de prueba es en común con la Defensa Privada por lo cual haremos una valoración conjunta del mismo, estima este tribunal que el dominio pleno fue otorgado por la Honorable Corporación Municipal (se rectificó mediante auto de fecha 22 de julio del año en curso) de la ciudad de Danlí en atribución de sus facultades, y constituye un documento público que merece total valor probatorio para este juzgador, sumado a que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro de la Propiedad de este Departamento del Paraíso, por lo cual no apreciamos algún vicio o causa de ilicitud en su confección y emisión. Nótese que el juzgador en esta valoración de la prueba se limita a manifestar merece total valor probatorio para este juzgador, sin establecer de manera clara porque le merece total valor o cuales son los razonamientos para arribar a esa conclusión, esta frase merece total valor probatorio para este juzgador, es una frase en abstracto justificando que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad. Si el Tribunal llegó a plasmar estos hechos probados, que son adecuados al tipo penal de usurpación, también debió razonar, en la valoración de la prueba, de donde se deriva esas conclusiones para consignarlo así en los hechos probados.- En el caso de mis representados Y. C. G. y su esposo A. R. L., no existe razonamiento alguno del Juez, que se deriva de las pruebas evacuadas en juicio, que lleven a establecer los hechos probados dictados en la sentencia, de forma tal, que el sentenciador al emitir un juicio de valor que no se deriven de las pruebas, así como al emitir unos hechos probados que no se desprenden de los resultadas de las pruebas, infringe gravemente las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en su postulado de la derivación.- El hecho segundo de los hechos probados literalmente establece: SEGUNDO: Que el día sábado 28 de junio del año dos mil once, aproximadamente a las nueve de la mañana la señora M. O. C., se dirigía a su negocio ubicado en el barrio Abajo, cuando observó que dentro de la propiedad que ella le vendió a don G. B. y E. E. C., se encontrabas varias personas entre ellas Y. C. G. y su esposo A. R. L., y otras personas en vista de lo cual llamó al señor G. B. M., quien se presentó al lugar e inmediatamente se fue a interponer su denuncia, a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y posteriormente regresó a su propiedad en compañía de varios Agentes de Policía con los cuales constató los daños causados por los imputados a los candados y llavines con los cuales aseguraba el ingreso a su propiedad. Se menciona en este hecho probado que mis representados se encontraban en la propiedad del señor G. B. M., la gran pregunta es ¿Qué se encontraban haciendo? No existe medio probatorio alguno que acredite este concepto que hacían? bailaban? oían música? o que? se encontraban dentro? afuera? Cerca? la conclusión arribada por el sentenciador en la sentencia no se deriva de manera lógica de medio de prueba alguno, es requisito fundamental referir la conducta típica de los procesados nótese que la recurrida sentencia se refiere que regresó en compañía de varios Agentes de Policía con los cuales constato los daños causados por los imputados, esta defensa se pregunta el tribunal manifiesta que se encuentran acreditados los daños en ninguno de los hechos probados de la sentencia se manifiesta que se usurpe un bien inmueble como se puede condenar por ello si no está probado? el sentenciador yerra en la valoración en el sentido de que no hay medio de prueba alguno del que a través de la valoración de las reglas de la sana crítica derive en que los procesados Y. C. G. y su esposo A. R.O L., sean autores de delito de usurpación, sin existir una valoración lógica derivada de las pruebas se les condena por usurpar un bien inmueble sin referirse de manera alguna a que área específica de terreno se refiere tal usurpación ya que de la prueba evacuada en el debate se deriva que el señor G. B. M., es dueño únicamente de veintidós punto setenta y cuatro varas (22.74 Vrs.) tal y como se menciona en el hecho primero de la declaración de hechos probados, lo que nos coloca por la falencia en la valoración en que no se determina de manera clara cuál es el área supuestamente usurpada, en la sentencia existe una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano ya que este entendimiento humano no puede concebir que si una persona mediante el trámite administrativo correspondiente obtiene que se le otorgue un Dominio Pleno a su favor por parte de la Corporación Municipal correspondiente pueda usurpar el bien que le pertenece. Los razonamiento del Juez violentan a todas luces, el principio de la derivación de la regla de la lógica, si lo razonáramos de la misma forma en que lo hacen los sentenciadores, las siguientes premisas fueran también válidas: Premisa Mayor; M. O. C. vendió a G. B. y E…… Esperanza Cisneros un lote de terreno; Premisa menor: Y. C. G. y su esposo . R. L. y otras personas se encontraban en la propiedad que M. O. C. vendió a G. B. y E. E. E. C..- Conclusión; “Y. C. G. y su esposo A. R. L. por el hecho de estar en ese lugar son responsables del delito de usurpación”.- Este mismo razonamiento utilizó el sentenciador en el caso de mis patrocinados, son totalmente erróneas y sobre todo no se derivan del desarrollo de las pruebas, las señora Y. C. G., fue clara en establecer, que… “El día que a nosotros nos capturaron don G. no tenía ninguna posesión, porque no es el propietario, el es dueño de 22.74 varas que si se le vendieron al señor E. A. B., el resto se le alquiló, después no se de que forma pasaron a manos de la esposa, las 22.74 varas las cuales se las vendió al señor G. B., en el momento nosotros estábamos en la propiedad que nos pertenece por herencia, de repente llegaron los Policías de la DNIC nos dijeron que los acompañáramos que una vez estando haya cada quien iba a presentar sus documentos, yo contaba con el documento privado de compra y venta de que mi madre dejó donde se acreditaba que éramos dueño de la parte donde nos encontrábamos… esta versión de nuestro representado también es confirmada por los Testigos E. C. M., F. J. L. y J. H. R. M. (ver acta de debate página 8) sin embargo esta circunstancia no es valorada por el sentenciador, no toma en consideración esta parte de la declaración de los testigos que es totalmente coincidente con la versión del imputado, aunado a ello los procesados Y. C. G. y su esposo A. R. L. poseen un título definitivo en dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de Danlí, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo el número 76 del tomo 913 del Registro de la Propiedad, el cual tampoco es valorado por el Juzgador. Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella, en tal sentido y por las razones expuestas debe casarse la sentencia por las razones fácticas y jurídicas en este recurso expuestas.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ENCARTADOS Y. C. G.Y A. R. L. G., ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor reprocha que el A Quo ha inobservado las reglas de la sana crítica cuando ha otorgado plena credibilidad a las declaraciones de los testigos de cargo G. B. y M. O. C. R., y en cambio no ha concedido crédito a las que rindieran los testigos de descargo E. C. M., F. J. L.E Y J. H. R. M.. Asimismo, reprocha el valor probatorio otorgado por el Juzgador a la Prueba Documental aportada por el Ministerio Público, consistente en: 1) INSTRUMENTO PÚBLICO N0. 169, DE FECHA 18 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, autorizado ante los oficios del Notario G. A. S. G., por considerar que el Juzgador ha confundido los presupuestos de la sana crítica, con los requisitos de admisibilidad, consistentes en la utilidad, pertinencia y proporcionalidad de la prueba; 2) La CERTIFICACIÓN DEL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS SECCIONAL DE DANLI CON NÚMERO 0703-210-0021, de fecha 30 de noviembre de 2010, por estimar que el Juzgador tampoco ha observado los presupuestos de la sana crítica y vuelve a confundir ésta última con los requisitos de admisión de la prueba; 3) ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR, CON SU RESPECTIVO ÁLBUM FOTOGRÁFICO, elaborada por el Agente de Investigación Nelson Pavón, en fecha 25 de junio de dos mil once. Con tales fotografías el Tribunal tiene por acreditado que el inmueble es propiedad y por ende pertenece al señor G. B., lo que juicio del Censor es erróneo en tanto que con un álbum fotográfico no se es posible acreditar la propiedad. 4) TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 182, DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1979, de contrato de compra venta entre los señores J. A. Á. (vendedor) y M. D. G. (compradora) documento que fue autorizado por el Notario A. B. T., registrado bajo el número 77, tomo 42 del Registro de la Propiedad. A juicio del recurrente, el Tribunal de instancia no expone los razonamientos lógicos en los que se funda para valorar dicha prueba, limitándose a concederle el mismo valor probatorio, esgrimiendo que cumple con los estándares legales de nuestro país, sin indicar a qué estándares se refiere; 5) CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACTA: A) NUMERO 21, CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLÍ en fecha primero de noviembre de dos mil once (en los cuales se aprueba el Dominio Pleno a favor de los señores Y. C. G. Y A. R. L. G., Dominio que fue extendido el 9 de noviembre del año dos mil once, e inscrito en fecha 10 de Noviembre de dos mil once, agregado bajo el número 76, tomo 913 de Registro de la Propiedad; y B) PUNTO DE ACTA NÚMERO 22, SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, en fecha 21 de noviembre del año 2011, en el que se DEJA EN SUSPENSO LA ADJUDICACIÓN del dominio Pleno otorgado a favor de los señores Y. C. G. Y A. R. L. G.. Reprocha que al valorar dicha prueba el Tribunal de instancia haya expresado sin más que no le concede ningún valor; 6) FOTOCOPIA DE LA CERTIFICACIÓN ÍNTEGRA DEL ASIENTO NO. 36, TOMO 980, de fecha del 8 de febrero del año 2013, en el cual el Registrador de la propiedad certifica que en cumplimiento de la resolución administrativa número 113-2012, del 6 de agosto del año dos mil doce, resolvió emitir TÍTULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO a favor de los señores E. E. C. E. Y G. B. M., por considerar que la valoración de dicha prueba no es conforme a la sana crítica, y limitarse el A Quo a manifestar que este medio de prueba ya fue valorado, en el inciso G; 7) TÍTULO DE DOMINIO PLENO OTORGADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LOS SEÑORES G. B. M. Y E. E. C. E., del 15 de noviembre de dos mil doce. El casacionista estima que en la valoración de tal documento el Juzgador ha infringido las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación. Concluye que los razonamientos del Juzgador de instancia violentan a todas luces, el postulado de derivación, en tanto que la versión de la acusada Y. C. G. es congruente con los testimonios rendidos por los testigos de descargo y que por otro lado los procesados Y. C. G. Y A. R. L. poseen un título definitivo en dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de Danlí, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo el número 76, tomo 913 del Registro de la Propiedad, mismo que no fue valorado por el Juzgador. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El delito que el Tribunal de instancia atribuye a los imputados Y. C. G. y A. R. L. G., se describe en el artículo 227 del Código Penal como la acción de quien usurpa un bien inmueble o un derecho real. Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo, la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes ... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. Fontán Balestra (Carlos), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). Cabe añadir a lo anteriormente expuesto que el delito de usurpación es de naturaleza dolosa, tomando en cuenta que con el sistema de numerus clausus previsto en nuestro Código Penal, no se ha previsto su incriminación imprudente o culposa. El dolo exige el conocimiento de todos los elementos del tipo, en particular el conocimiento del carácter ajeno de los bienes inmuebles y la oposición del titular. El sujeto activo pretende que la situación por él provocada tenga cierta continuidad, es decir, subrogarse en la posición del titular del inmueble por un tiempo más o menos prolongado[1]. En el relato de hechos declarados probados por el Tribunal de instancia, éste afirma que los señores G. B. M. y E. E. C. adquirieron un bien inmueble ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Danlí con una extensión superficial de 22.74 varas cuadradas, en virtud de compraventa que hiciera en su favor la señora M. O. C. en fecha 18 de marzo de 2011 y que posteriormente, es decir, el día sábado 25 de junio de 2011, los ahora imputados Y. C. G. y su esposo el señor A. R. L. ingresaron y ocuparon el mismo, para lo cual procedieron al rompimiento de candados y llavines. Un detenido examen de los antecedentes revela que en fecha 25 de agosto de 2004, la ahora encartada Y. C. G. y otras personas vendieron en escritura pública un lote de terreno en una extensión superficial de 22.74 varas cuadradas ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Danlí, a favor del señor E. A. B. (vid. Folios 84-86 del Tomo I). Posteriormente, consta también en el expediente bajo estudio que en fecha 23 de noviembre de 2007 el señor E. A. B., vende el mismo inmueble al señor A. R. B. S. (vid. Folios 79-80 del Tomo I). Siguiendo el tracto sucesivo se establece que en escritura pública del 13 de mayo de 2010, el señor E. A. B., actuando como Representante del señor A. R. B. vendió el inmueble de mérito a la señora M. O. C. R., esta última actuando en representación de sus menores hijos (vid. Folios No. 74-76) y que finalmente en instrumento público del 18 de marzo de 2011 la señora M. O. C. R. hizo tradición del dominio del referido terreno a los señores E. E. C. E., por sí y como gestora oficiosa del señor G. B. M.. Si se toma en cuenta que hasta este momento procesal ninguno de los instrumentos públicos antes referidos ha sido declarado nulo[2], y que por otro lado, la Defensa presentó en el transcurso del proceso un documento privado del 24 de mayo de 2008 en donde el señor E. A. B. había cedido las mejoras construidas en el lote de terreno antes mencionado a favor de la imputada Y. G. como “pago” del “arrendamiento” del solar donde se habían construido (vid. Folios No. 40 y 102 del Tomo I), nos permite afirmar más allá de toda duda razonable que la ocupación efectuada por la encartada Y. G. del local comercial adquirido por el señor G. B. sin la aquiescencia o consentimiento de éste último y con pretensiones de dominio, constituye un comportamiento doloso que se subsume en el tipo penal de usurpación descrito en el artículo 227 del Código Penal, habida cuenta que desde el 25 de agosto de 2004, la misma imputada junto con otras personas ya había transferido en escritura pública el dominio sobre dicho lote de terreno, a favor del señor E. A. B., de tal manera que no es razonable concederle credibilidad al referido documento privado de entrega de mejoras que habría realizado este último a favor de la señora Y. G. como “pago” por el arrendamiento del solar, en tanto que por otro lado a la fecha en que el tal documento privado habría sido otorgado (24 de mayo de 2008: vid. Folios 40 y 102 del Tomo I) el señor E. A. B., había transferido en escritura pública del 22 de noviembre de 2007 (es decir con anterioridad) el dominio sobre dicho lote a favor del señor A. R. B. S., y por ende ya no era dueño del lote tantas veces referido. En lo que concierne al encausado A. R. L. G., si bien no se discute en juicio que en la ocupación del local comercial, propiedad de los ofendidos acompañaba a su esposa y coimputada J. C. G., no es menos cierto que tal y como lo explicamos anteriormente, no basta con dicha ocupación sino que resulta necesaria la presencia del elemento subjetivo del dolo para considerar que se ha cometido el delito de usurpación. En este sentido, la Sala estima que la mera relación conyugal entre el imputado A. L. G. y la acusada Y. G., no basta para concluir más allá de toda duda razonable que igualmente ha actuado con dolo, habida cuenta que la persona que participó directamente en la transferencia del dominio a favor del señor E. A. B. y luego en la suscripción de un documento donde éste le habría transferido las mejoras consistentes en la construcción del local referido como “pago” por arrendamiento del solar, es la señora Y. C. G.. De ahí que a criterio de este Tribunal de Casación, el Juzgado de instancia ha inobervado el postulado de la derivación, al no señalar puntual y concretamente cuales son los datos o circunstancias que extraídos de los elementos probatorios en juicio le han llevado a la conclusión de que el comportamiento del señor A. L. ha sido doloso y por ende constitutivo de un delito de usurpación de un inmueble, de tal manera que de haberse observado las reglas de la sana crítica el resultado podría haber sido distinto. Finalmente, esta Sala no puede soslayar que entre las partes, es decir, entre los imputados Y. C. G. y A. R. L. G. por un lado y los señores E. E. C. E. y G. B. M., por el otro, queda subsistente un conflicto intersubjetivo de intereses en torno a la titularidad de la propiedad o dominio sobre un área de terreno fuera de los límites del lote donde está construido el local comercial que resultara ocupado. Siendo que ambas partes posteriormente a la fecha en que se incoara la acción penal por el delito de usurpación que ahora conocemos, han obtenido sendos títulos de propiedad en instrumentos públicos, otorgados por la Corporación Municipal de Danlí (vid. Folios No. 157-158) y el Instituto de la Propiedad (vid. Folios No. 93 al 97), mismos que igualmente han resultado inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, dicho conflicto ha de ser resuelto de manera concluyente y definitiva por la jurisdicción civil. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara parcialmente con lugar el presente motivo formulado por la Defensa. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 13, 227 del Código Penal y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando parcialmente con lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha treinta de mayo de dos mil trece.- II) Casando parcialmente la sentencia condenatoria, en lo que concierne al veredicto condenatorio dictado contra el imputado A. R. L. G., III.- Manteniendo incólume la sentencia condenatoria dictada contra la encausada Y. C. G. e igualmente en lo que concierne a la absolución de los coimputados R. G. L. y W. A. G. L. Y MANDA: I.- Que con jueces diferentes a los suscribieron la sentencia parcialmente anulada se celebre un nuevo debate para conocer de la acusación formulada contra el encartado A. R. L. G. por la presunta comisión del delito de USURPACION, en perjuicio de los señores E. E. C. E. y G. B. M.; II.- Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforma a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado J. F. Z. C., en su condición Acusador Privado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-339-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. en este sentido: ROCA AGAPITO, LUIS, en AAVV, Derecho Penal Español, Parte Especial (II), JAVER ALVAREZ GARCIA, Director; Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 202-203.

[2] Es de recordar que al tenor de lo previsto en el articulo 273 No. 1) y 2) del Código Procesal Civil, “los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y de más personas, que en su caso, intervengan en el….y que “…también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros..”