Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-314-10 — Registro 4180

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que condena a los imputados por el delito de secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Volviendo al caso que ahora nos ocupa y atendiendo a las consideraciones dogmáticas antes expuestas, podemos afirmar que del relato fáctico se desprende que los imputados J. F. C. F. y M. O. P. J., realizaron acciones relevantes y esenciales para la consumación del plan delictivo, ya que el primero al interceptar con el automotor que conducía e impedir el paso del vehículo en que se transportaba la víctima junto con su madre, transportando al mismo tiempo al coimputado M. O. P. J. y el segundo al ejercer actos manifiestamente intimidatorios para lograR tal propósito, cntribuyeron decisiva y conjuntamente con otras personas para lograr la retención y desplazamiento de la menor D. C. F. B. de la guarda y cuidado que sobre ella ejercía su progenitora, privándole de su libertad ambulatoria con el evidente propósito de obtener un beneficio económico, en tanto que a cambio de su liberación se exigía una determinada cantidad de dinero. Si a esto añadimos que del fáctum no se desprende que los procesados J. F. C. F. y M. O. P. J. hayan realizado acción alguna para liberar a la víctima, podemos afirmar que no cabe aplicar en su favor la pena prevista para el tipo privilegiado de secuestro del artículo 192 párrafo tercero del Código Penal, sino que la del secuestro en su modalidad básica, sancionado con una pena de veinte años de reclusión a la privación de la libertad de por vida. Por todas las razones anteriormente expuestas, debe estimarse el presente motivo formulado por el ente acusador..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Censor considera que si bien en los Hechos Probados, se describen los elementos objetivos del tipo penal de secuestro, no se desprende de ellos la existencia de un elemento subjetivo, tendencial o intencional, como es la obtención de un provecho o utilidad, es decir la recompensa en metálico que se requería para la liberación de la menor; ya que en el hecho probado tercero se establece claramente que el Padre de la ofendida, recibió una llamada por un sujeto que se identificó como M., supuestamente realizada desde el teléfono celular que portaba su esposa, la señora G. B., pidiéndole la cantidad de siete millones de lempiras a cambio de la libertad de la víctima; circunstancia que considera totalmente subjetiva y sin fundamento valorativo pues nunca se acreditó que la madre de la ofendida haya perdido su teléfono celular, ni tampoco el establecimiento de dicha conexión telefónica mediante el vaciado de llamadas; de ahí que el Tribunal con esas inconsistencias no pudo arribar al grado de certeza necesario para emitir un fallo condenatorio. El Censor añade que al existir dudas en torno a la participación del imputado J. F. C., el ente Acusador no logró quebrantar su estado de inocencia, puesto que afirmó que la menor portaba un celular aun y cuando era de su madre, pero nunca confirmó cómo, cuándo ni cómo llego a obtenerlo la niña secuestrada; concluyendo que si bien el Sentenciador no está sujeto a normas legales que establezcan concreta y puntualmente el valor que debe darse a cada prueba, esa libertad tiene límites que son los que imponen las reglas del correcto entendimiento humano, mismas que no han resultado observadas en la redacción del cuadro fáctico. 2) Esta Sala considerar pertinente recordar que el relato de hechos probados es una atribución que le corresponde al Tribunal de Sentencia, ya que éste órgano jurisdiccional es el que ha estado en la inmejorable posición de percibir directamente y en virtud de la inmediación, las pruebas practicadas en el debate. Por tal razón cuando el Censor elige el cauce recursivo de la infracción de ley ha debido observar el principio de intangibilidad de los hechos probados (vid. artículos 360 párrafo primero y 369 párrafo segundo del Código Procesal Penal). En el relato fáctico se establece que los acusados F. C. F. y M. O. P. J. realizaron acciones esenciales y decisivas para privar de su libertad ambulatoria a la menor D. C. F. B., por cuya liberación se exigió a su progenitor una importante suma de dinero, si a esto se añade que el recurrente no expresa puntualmente donde radicaría la aplicación errónea del artículo 192 del Código Penal en perjuicio de su cliente y que por otro lado cuestiona el principio de intangibilidad de los hechos probados alegando la inobservancia de las reglas del correcto entendimiento humano en la valoración de la prueba, alegato último que ha debido formularse por el cauce que ofrece el recurso de casación por quebrantamiento de forma, esta Sala concluye que el presente motivo, formulado por la Defensa del encausado J. F. C. F., debe ser desestimado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo los RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, interpuestos contra la Sentencia de fecha veinte de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Condenó a J. F. C. F. y M. O. P. J., como autores Responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de D. C. F. B., a la pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo Absolvió al señor M. O. P. M., del delito de SECUESTRO Y USO INDEBIDO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de D. C. F. B. y de LA FE PÚBLICA RESPECTIVAMENTE.- Interpusieron los Recursos de Casación los Abogados R. R. M., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público, y la Abogada N. E. F. Q., actuando en su condición de Apoderada Defensora del señor J. F. C. F..- SON PARTES: La Abogada K. M. A. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público como Recurrente/Recurrida y la Abogada N. E. F. Q. en su condición de Apoderada Defensora del señor J. F. C. F. como Recurrente/ Recurrida. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día sábado veintinueve de noviembre del año dos mil ocho, entre ocho y nueve de la noche la señora G. B. M., conducía su vehículo tipo camioneta, marca Isuzu, modelo Trooper, color negro de cuatro puertas, acompañada de sus menores hijas, D. C. de diez años de edad, quien ocupaba el asiento delantero del pasajero y S. M. de siete años de edad, en el asiento trasero, con rumbo a su casa de habitación, cuando a la altura de la gasolinera Shell, boulevard del norte, frente al supermercado La Antorcha de esta ciudad, fue interceptada por dos vehículos, uno tipo pick up, color blanco, cabina sencilla, marca Dodge, modelo Dakota Sport, conducido por J. F. C. F., del que se bajaron de su paila, dos individuos que portaban armas de fuego, uno de ellos M. O. P. J., y otro vehículo turismo, color verde, vidrios polarizados, del que se bajó

una persona del sexo masculino que también andaba con arma de fuego, colocándose el primer vehículo en la parte frontal del vehículo de doña G. impidiéndole continuar la marcha y el turismo verde en la parte trasera del vehículo de la señora de

nombre ya mencionado, mientras eran amedrentadas con armas de fuego por los sujetos que se habían bajado de dichos vehículos para obligar a la señora G. para que les abriera los seguros de las puertas del vehículo, propósito que una vez logrado, procedieron a sacar del asiento delantero en que se conducía, a la

menor D. C. F., y la introdujeron en el

vehículo turismo verde que estaba atrás del vehículo de su madre, tapándole los ojos para que no los viera, subiéndose luego M. O. P. J. nuevamente al vehículo Dodge Blanco del que momentos antes se había bajado. SEGUNDO: Mientras esta escena sucedía el testigo X27 quien iba pasando por el lugar, conduciendo por el carril izquierdo, detuvo la marcha de su vehículo, quedándose a la par del vehículo de doña G., observando lo que acontecía y decidió dar persecución

a los automotores que habían intervenido en la sustracción de la menor D. C., sin embargo el vehículo verde se adelantó en la luz de un semáforo que se encuentra ubicado en la intercepción de la calle que conduce al Centro Universitario del Norte, y Expo-centro, perdiéndole de vista, pero continuó la persecución con respecto al carro DODGE BLANCO, hasta la altura del centro de llantas Auseva ubicado sobre la avenida junior, donde el testigo X27 observa una patrulla motorizada integrada por los policías W. A. M. y J. A. B., a quienes alertó de lo sucedido, por lo cual estos, dieron persecución al vehículo dodge blanco modelo dakota logrando darle alcance frente a Baterías Yojoa, de la primera calle, siendo capturados los ocupantes del vehículo que respondían a los nombres de M. O. P. J. y J. F. C. F., y trasladados a la Posta de la Colonia Suncery, donde en horas de la madrugada se presentó el señor M. E. P. M., junto con un abogado para liberar a los arriba mencionados, pero fue capturado y remitido a los tribunales por los delitos de SECUESTRO Y USO INDEBIDO DE NOMBRE. TERCERO: Posteriormente siendo las once de la noche del mismo día 29 de noviembre, el señor M. A. F. B. padre de la menor D. F. recibió una llamada telefónica a su móvil proveniente del número de teléfono de su esposa, que portaba la menor al momento de ser arrebatada a su madre, en dicha comunicación una persona que se identifico como M., le exigió la cantidad de siete millones de lempiras a cambio de la liberación de su hija, diciéndole que recordara bien ese nombre para efecto de las negociaciones. CUARTO: Trascurridas aproximadamente veinte horas y siendo el día treinta de noviembre del año dos mil ocho, entre las cuatro y cuatro y media de la tarde, por decisión de sus captores la menor D. C. F. fue liberada en el sector de Trinidad Copan, desde donde llamó a sus familiares, siendo asistida por la policía nacional quien la traslado de nuevo a la casa de sus padres. C O N S I D E R A N D O I.- Los Recursos de Casación Por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- EL RECURRENTE ABOGADO R. R. M. G, EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DESARROLLÓ SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. Por Infracción de Ley. Es menester aclarar que los dos motivos que se exponen a continuación se interpone en relación con el delito de Secuestro realizado por los señores J. F. C. F. y M. O. P. J., por lo que con respecto a ellos se solicita se resuelva dictando la correspondiente resolución. PRIMER MOTIVO: Infracción por Aplicación Indebida del artículo 192 párrafo tercero del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador al emitir el fallo que resolvió el presente asunto decreto como Hechos Probados los siguientes: "PRIMERO: El día Sábado veintinueve de Noviembre del año dos mil ocho, entre ocho y nueve de la noche, la señora G. B. M., conducía su vehículo tipo camioneta, marca Isuzu, modelo Trooper, color negro, de cuatro puertas, acompañada de sus menores hijas, D. C. de Diez años de edad, quien ocupaba el asiento delantero del pasajero y S.

M. de siete años de edad, en el asiento trasero, con rumbo a su casa de habitación, cuando a la altura de la Gasolinera Shell, bulevar del norte frente al supermercado La Antorcha de esta ciudad, fue interceptada por dos vehículos, uno tipo Pick Up, color blanco, cabina sencilla, marca Dodge, modelo Dakota Sport, conducido por J. F. C. F., del que se bajaron de su paila dos individuos que portaban armas de fuego, uno de ellos M. O. P. J., y otro vehículo Turismo, color verde, vidrios polarizados, del que se bajo una persona del sexo masculino que también andaba con arma de fuego, colocándose el primer vehículo en la parte frontal del vehículo de doña G., impidiéndole continuar la marcha, y el Turismo verde en la parte trasera del vehículo de la señora de nombre ya mencionado, mientras eran amedrentadas con armas de fuego por los sujetos que se habían bajado de dichos vehículos para obligar a la señora G. para que les abriera los seguros de las puertas del vehículo, propósito que una vez logrado, procedieron a sacar del asiento delantero en que se conducía, a la menor D. C. F., y la introdujeron en el vehículo Turismo verde que estaba a tras del vehículo de su madre, tapándole los ojos para que no los viera, subiéndose luego M. O. P. J. nuevamente al vehículo Dodge blanco del que momentos antes se había bajado.- SEGUNDO: Mientras esta escena sucedía, el testigo X27 quien iba pasando por el lugar, condiciendo por el carril izquierdo, detuvo la marcha de su vehículo, quedándose a la par del vehículo de doña G., observando lo que acontecía y decidió dar persecución a los automotores que habían intervenido en la sustracción de la menor D. C., sin embargo el vehículo verde se adelantó en la luz de un semáforo que se encuentra ubicado en la intercepción de la calle que conduce al Centro Universitario del Norte y Expocentro perdiéndolo de vista, pero continuó la persecución con respecto al carro DODGE BLANCO, hasta la altura del centro de llantas Auseva ubicado sobre la avenida Júnior, donde el testigo X27 observa una patrulla motorizada integrada por los policías W. A. M. y J. A. B., a quienes alerto de lo sucedido, por lo cual éstos, dieron persecución al vehículo Dodge blanco, modelo Dakota logrando darle alcance frente a Baterías Yojoa, de la primera calle, siendo capturados los ocupantes del vehículo que respondían a los nombres de M. O. P. J. y J. F. C. F., y trasladados a la Posta de la Colonia Suncery, donde en horas de la madrugada se presentó el señor M. E. P. M., junto con un Abogado para liberar a los arriba mencionados, pero fue capturado y remitido a los tribunales por los delitos de SECUESTRO y USO INDEBIDO DE NOMBRE.- TERCERO: Posteriormente siendo las once de la noche del mismo día 29 de Noviembre, el señor M. A. F. B., padre de la menor D. F. recibió una llamada telefónica a su móvil proveniente del número de teléfono de su esposa, que portaba la menor al momento de ser arrebatada a su madre, en dicha comunicación una persona que se identificó como M., le exigió la cantidad de siete millones de Lempiras a cambio de la liberación de su hija, diciéndole que recordara bien ese nombre para efecto de las negociaciones.- CUARTO: Transcurridas aproximadamente veinte horas y siendo el día treinta de Noviembre del año dos mil ocho, entre las cuatro y cuatro y media de la tarde, por decisión de sus captores, la menor D. C. F. fue liberada en el sector de Trinidad Copán, desde donde llamó a sus familiares, siendo asistida por la Policía Nacional quien la traslado de nuevo a la casa de sus padres." El precepto penal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: “Artículo 192: [...] Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión [...]”. Al examen del cuadro fáctico se puede apreciar que en el mismo no concurren los elementos del tipo penal contenidos en el párrafo tercero del artículo 192 del Código Penal, en tanto que el factum en ningún momento precisa acción de desistimiento alguna por parte de ninguno de los dos procesados, en consecuencia es improcedente sancionar a los sindicados como autores de un Secuestro Desistido. Obsérvese que los eventos que narra el Hecho Probado indican que los señores J. F. C. F. y M. O. P. J. formaron parte de la ejecución de la sustracción de la menor ofendida, que una vez que se realizó el secuestro se desplazaban para algún sitio cuando fueron detenidos por la Policía, que eso acaeció entre las ocho y nueve de la noche. El factum continúa señalando que como a las cuatro de la tarde del día siguiente, la menor ofendida fue dejada en libertad. Evidentemente, en la organización criminal existe un conjunto de personas que se distribuyen la totalidad de tareas que permitirán que la empresa delictiva alcance su éxito, y si bien los dos procesados referidos, C. F. y P. J., habían sido detenidos, en el presente asunto ese evento no significaba la frustración de la acción de sustracción, siendo que la sustracción ya había sido evacuada para el momento de la detención de los dos encausados, es decir, la sustracción era una de las etapas del secuestro que ya se había consumado al momento de la detención de los encartados. Sucede que en el presente caso concurre una variante especifica, en lo que respecta a liberación de la ofendida, por parte de sus captores, antes de

cobrar el rescate; dicha liberación se presenta, o por lo menos se presume, como una decisión del grupo criminal, pero sucede que en la toma de esa

resolución (liberada) no participaron los procesados C. F. y P. J., y es así sencillamente por la imposibilidad material que se

conforma al estar ellos detenidos al momento de la decisión, máxime cuando no existe nada que indique que la decisión haya sido tomada por ellos, es claro que los motivos de esa decisión no los conoceremos, pero podemos establecer que, indiscutiblemente, no fue la detención, ya que después de la aprehensión de los sindicados se continuaron con las negociaciones para conseguir el objetivo monetario, al solicitarle el dinero del rescate al padre de la víctima. Se plantea entonces, por la forma en que se desarrollaron los eventos contenidos en los Hechos Probados, que los procesados nunca realizaron una acción destinada a poner en libertad a la ofendida, de tal suerte que no es posible sostener que las acciones cometidas por los señores J. F. C. F. y M. O. P. J. pueden subsumirse en el párrafo tercero del artículo 192 del Código Penal. Esto es así en virtud de que el Derecho Penal es personalísimo y cada agente es responsable en el grado de su participación, de suerte que si los procesados no participaron en la decisión de liberar a la menor ofendida, no puede estimarse este aspecto como concurrente en lo que respecta a la determinación de la responsabilidad penal de los referidos procesados. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal denunciado, está orientada a que se establezca que el mismo no es aplicable a los procesados, J. F. C. F. y M. a. P. J., ya que sí bien participaron en la sustracción de la ofendida, nunca

intervinieron en la liberación de la misma. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por "Secuestro Desistido" y no por "Secuestro sin alcanzar objetivo", ha producido en consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el párrafo tercero del artículo 192 del Código Penal. III.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 192 PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE SECUESTRO PRIVILEGIADO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-

  1. El Censor denuncia la aplicación incorrecta del Artículo 192 párrafo Tercero del Código Penal que reza así: “Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión…” ,en tanto en cuanto que del relato fáctico no se desprende que los imputados J. F. C. F. y M. O. P. J., hayan efectuado acciones que trajesen como resultado la liberación de la víctima, pues desde el momento en que participaron en la sustracción de la menor ofendida, por pertenecer a una organización delictiva donde evidentemente existe una distribución de tareas, sin que se hubiere alcanzado el propósito perseguido como era la obtención de una suma de dinero, son responsables del secuestro de la menor D. C. F. B. en su modalidad básica, tipificada en el artículo 192 párrafo primero del Código Penal. El Censor señala que al tenor de lo relatado en el factum no se desprende que la liberación de la víctima fuese producto de una decisión de los acusados, puesto que por su condición de detenidos estaban imposibilitados para mantener comunicación con los demás miembros de la organización que retenían en su poder a la menor ofendida, lo cual se pone de manifiesto cuando tras la detención de los encartados F. C. F. y M. O. P. J., a eso de las once de la noche, el padre de la víctima recibió una comunicación exigiéndole el pago de una importante suma de dinero a cambio de la libertad de aquella. De este modo la Representación del Ministerio Público concluye que en el factum no se describe que los imputados hayan realizado acción alguna para poner en libertad a la menor ofendida, a la vez que recuerda que el Derecho Penal es personalísimo y cada agente es responsable atendiendo al grado de su participación, de tal manera que si los encartados F. C. F. y M. O. P.. J. no participaron en la acción de liberar a la menor D. C. F. B., no cabe aplicar en su favor la pena señalada para el tipo privilegiado de secuestro. 2) Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) También es oportuno recordar que para la consumación del delito de secuestro, , basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. 4)En lo que concierne a los grados de intervención el delito resulta ilustrativo lo expuesto por el jurista colombiano Velásquez Velásquez cuando explica que el Concurso de Personas en el Hecho Punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio en el tema de los Participes se estudia al Cómplice, al Cómplice Necesario y al inductor.- El legislador hondureño establece que son participantes del delito los autores y los cómplices: i) Se consideran autores (para efectos de pena), según indica el artículo 32 del Código Penal: El Autor Inmediato o Material, el coautor, el autor mediato por el ejercicio de fuerza en el Instrumento, el Inductor y el Cooperador Necesario y; ii) Son Cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior o simultaneo a éste; de esta manera, el legislador para efectos de pena considera autores los enumerados en el artículo 32 de nuestro texto punitivo, aunque que atendiendo a los parámetros establecidos por la dogmática científica penal, el inductor, el cooperador necesario y el mero cómplice no son autores sino que partícipes.- 2).- La Coautoría: La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores.- En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de ellos deberá reunir las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común, de ahí que existan dos clases de coautoría: i).- Coautoría por codominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza la misma acción en una ejecución conjunta del hecho; ii).- Coautoría por Codominio Funcional del Hecho o división de Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución.- Son Requisitos para que se presente la coautoría: A) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete en igualdad de condiciones con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, de esta manera, el acuerdo común es el nexo que les une; el acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación para participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para lograr la empresa delictiva.- B) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica (como en los casos de codominio funcional), pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito; B) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del delito, es decir al momento de la realización del tipo penal.- 3).- Diferencias entre el Coautor y el Cómplice: Tanto el coautor y el cómplice (simple o necesario), contribuyen a la realización de un delito siendo las diferencias entre éstos: a).- El coautor realiza la tarea de común acuerdo, con dominio del hecho (material o funcional), haciendo propio el delito, mientras que el cómplice contribuye con una acción para la ejecución del delito de otro, sin que posea el dominio del hecho; b).- El coautor solo puede realizar su aportación durante la ejecución del mismo, mientras que el cómplice puede además aportar su contribución en la fase de preparación del delito, mismo que le será imputable solamente si éste se ejecuta posteriormente[1].-
  2. El delito de secuestro normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto M. C., en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona JIMENEZ ORNELAS, R.A. (citado por MARTIÑON CANO), en el Secuestro: uno de los males sociales del mexicano. En el secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25): “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” En otra clasificación similar proporcionada por RAUL A. NIETO y PATRICIO F. FRAIRE CARTAGENA (citados por MARTIÑON CANO), se añaden los “Informantes”: son personas externas a la banda pero que les dan información para evitar ser detenidos, como son los miembros de la policía, los juzgados y la fiscalía- “Encubridores”: son aquellos que no participaron en el secuestro pero ayudan con posterioridad al mismo juntando datos a fin de encubrir a los secuestradores…[2],6) Un estudio ilustrativo de Derecho Comparado nos revela que en el artículo 163 No. 2), relacionado con el 164

del Código Penal español, se prevé un tipo privilegiado de secuestro en virtud del cual se impondrá la pena inferior en grado cuando “el culpable diere libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el propósito que se había propuesto..”, de este modo puede apreciarse que el tipo privilegiado que recoge el artículo 192 párrafo tercero del Código Penal hondureño tiene el mismo sentido y guarda una gran similitud con su equivalente en aquel texto punitivo. En este sentido resulta de interés lo expuesto por PRATS CANUT, al señalar que para estimar la concurrencia del tipo privilegiado de secuestro “..se necesita un acto voluntario y directo del agente comisor del delito, sin que quepa que este elemento subjetivo y principal pueda ser sustituido por una decisión ajena a la persona o personas que cometieron el hecho delictivo, ni mucho menos cuando esa decisión corresponde a la propia víctima. Por ello, cuando en los supuestos de una detención ilegal la liberación del detenido sólo y únicamente tiene por causa directa, bien la astucia, bien la habilidad del retenido, no cae minimizar la pena del que privó de la facultad deambulatoria a aquél. Se trata, por tanto, de una acción voluntaria y personalísima (la de la puesta en libertad), que no cabe trasvasar a terceras personas, so pena de que se produzca el absurdo de entender beneficiaria de una acción a quien no la ha realizado, ni siquiera ha colaborado a su realización. Y es que en realidad, el referido subtipo hace privilegio a los que así actúan, por entenderse que en ellos existe una menor culpabilidad, y de todos es sabido que la culpabilidad es imputación puramente personal y de todo punto intransferible a otros sujetos ajenos a la acción o víctima de ella……añadiendo que “….el punto segundo del artículo 163 del Código Penal contiene una regla especial de desistimiento de la continuación de un delito cuya consumación ya se produjo. Mediante esta disposición el legislador procurará aplicar la llamada teoría del “puente de plata”, propia del desistimiento en el delito tentado, a un delito consumado, en el que el mantenimiento temporal de la acción aumenta la lesión del bien jurídico…”[3]. 7) Volviendo al caso que ahora nos ocupa y atendiendo a las consideraciones dogmáticas antes expuestas, podemos afirmar que del relato fáctico se desprende que los imputados J. F. C. F. y M. O. P. J., realizaron acciones relevantes y esenciales para la consumación del plan delictivo, ya que el primero al interceptar con el automotor que conducía e impedir el paso del vehículo en que se transportaba la víctima junto con su madre, transportando al mismo tiempo al coimputado M. O. P. J. y el segundo al ejercer actos manifiestamente intimidatorios para lograR tal propósito, cntribuyeron decisiva y conjuntamente con otras personas para lograr la retención y desplazamiento de la menor D. C. F. B. de la guarda y cuidado que sobre ella ejercía su progenitora, privándole de su libertad ambulatoria con el evidente propósito de obtener un beneficio económico, en tanto que a cambio de su liberación se exigía una determinada cantidad de dinero. Si a esto añadimos que del fáctum no se desprende que los procesados J. F. C. F. y M. O. P. J. hayan realizado acción alguna para liberar a la víctima, podemos afirmar que no cabe aplicar en su favor la pena prevista para el tipo privilegiado de secuestro del artículo 192 párrafo tercero del Código Penal, sino que la del secuestro en su modalidad básica, sancionado con una pena de veinte años de reclusión a la privación de la libertad de por vida. Por todas las razones anteriormente expuestas, debe estimarse el presente motivo formulado por el ente acusador. V.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Falta de Aplicación del párrafo primero inciso a) del artículo 192 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: "Artículo 192: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a. Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. [...]”. Como se puede apreciar en los Hechos Probados, el Tribunal Sentenciador deja establecido que los señores J. F. C. F. y M. O. P. J. fueron dos de las personas que sustrajeron a la menor D. C. F. B. del cuidado y custodia de su madre, que en momentos posteriores de ejecutada esta etapa del secuestro los referidos imputados fueron aprehendidos. Es así como el Hecho Probado contiene la narración, porque la prueba así lo precisa, de un acontecimiento que debe ser subsumido en el tipo penal de Secuestro, contenido en el párrafo primero inciso a) del artículo 192 del Código Penal, veamos: “...la señora G. B. M.... fue interceptada por dos vehículos, uno tipo Pick Up, ...conducido por J. F. C. F., del que se bajaron de su paila dos individuos que portaban armas de fuego, uno de ellos M. O. P. J., ...mientras eran amedrentadas con armas de fuego por los sujetos que se habían bajado de dichos vehículos para obligar a la señora G. para que les abriera los seguros de las puertas del vehículo, propósito que una vez logrado, procedieron a sacar del asiento delantero en que se conducía, a la menor D. C. F., y la introdujeron en el vehículo Turismo verde que estaba a tras del vehículo de su madre, tapándole los ojos para que no los viera subiéndose luego M. O. P. J. nuevamente al vehículo Dodge blanco del que momentos antes se había bajado.-[...]”. Se observa que con la acción se sustrajo una persona, privándole de libertad. También se aprecia, en el numeral tercero del factum, que aquella sustracción tenía como objeto la solicitud de un rescate por la libertad de la secuestrada, rescate consistente en una cantidad monetaria: “[...] TERCERO: Posteriormente siendo las once de la noche del mismo día 29 de Noviembre, el señor M. . F. BAIDE, padre de la menor D. F. recibió una llamada telefónica a su móvil proveniente del número de teléfono de su esposa, que portaba la menor al momento de ser arrebatada a su madre, en dicha comunicación una persona que se identificó como M., le exigió la cantidad de siete millones de Lempiras a cambio de la liberación de su hija, diciéndole que recordara bien ese nombre para efecto de las negociaciones. [...]”. Véase que la finalidad de aquella sustracción era la de pedir un rescate monetario por la secuestrada. Vale reseñar que el delito de Secuestro es un tipo penal que contiene sanciones a una serie de acciones que afectan a la libertad ambulatoria, es decir, que se reconocen que en la ejecución de un secuestro existen una serie de variantes que pueden concurrir en el hecho, dependiendo de la fase en la ue el delito se encuentre; nuestra legislación procura sancionar aquellas variantes y coloca los cimientos mínimos a partir de los cuales se generará la sanción punitiva de aquellas acciones. Los requerimientos mínimos se establecen en el párrafo primero del artículo 192 del Código Penal, en el se indican los presupuestos generales del tipo penal de secuestro y a partir de los cuales se van generando modalidades que se distinguen por los distintos momentos del secuestro. Además debe de recordarse que este tipo de delitos son cometidos por un grupo de personas, quienes se distribuyen funciones luego de la concepción de un plan de operación, en la cual cada miembro tendrá funciones especificas y reconoce que su labor está orientada a conseguir una finalidad con la cual se compromete. El párrafo primero, el cual denunciamos como infringido, establece que la sustracción con violencia de una persona con la finalidad de permutar su libertad por una cantidad de dinero, aun cuando no se consiguiere el propósito. En el presente caso, los procesados C. F. y P. J. realizaron una sustracción violenta, en tanto que hicieron uso de armas con las cuales conminaron a la madre de la ofendida y a la misma ofendida[4] y queda expuesto que aquella sustracción tenía el ánimo de obtener un monto dinerario, objetivo que al final no se consiguió, pero que no por ello se puede negar la existencia de dicho propósito; y será por estos hechos, realizados por ellos, que los mismos deben de responder y deducírseles la responsabilidad penal correspondiente. Respecto a lo anterior debemos de indicar que la organización criminal movilizó sus distinto elementos a fin de hacer la petición de rescate y obtener aquel dinero, eso queda demostrado con la acción del resto de los miembros de la banda, quienes se comunicaron con el padre de la ofendida a fin de solicitar una cantidad de dinero por la libertad de la menor. No podemos discutir que los sindicados no participaron en la petición del dinero, pero tampoco podemos obviar que el accionar efectuado por ellos (C. F. y P. J.), consistente en la sustracción de la menor, tiene ese fin, siendo que se constituye como la primera parte de la consumación del delito. Por otro lado se debe de estimar que el tipo penal se considera consumado aun en aquellos casos en los cuales los agente no hayan logrado el objetivo de recibir el rescate monetario solicitado, como sucede en el presente caso, de tal suerte que la acción se subsume en el artículo 192 párrafo primero inciso a) del Código Penal y no en un secuestro tentado. En conclusión, los Hechos Probados que examinamos contiene claramente la concurrencia de los elementos del tipo penal contenido en el párrafo primero inciso a) del artículo 192 del Código Penal, situación que demuestra que el Juzgador, al momento de emitir su fallo, ha incurrido en la violación que denunciamos. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados, J. F. C. F. y M. O. P. J., sean declarados responsable de la comisión del delito de Secuestro sin consunción de objetivo. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de Secuestro Desistido al imputado ha producido la infracción del precepto penal contenido en el artículo 192 primer párrafo, inciso a) del Código Penal. Aclaraciones Necesarias: Vale indicar que en el presente caso, al examen de las diligencias de la causa, se observa que en la audiencia de debate el Ministerio Fiscal señaló que la acción se subsumía en los presupuestos contenidos en el párrafo primero inciso a) del artículo 192 aludido, pero inexplicablemente, al momento de solicitar una pena concreta, peticionó que los procesados fuesen condenados a la pena de diecisiete años y seis meses de reclusión, lo que indiscutiblemente constituye una petición que se encuentra fuera de los parámetros que indica el

precepto legal que utilizó como fundamento para la calificación de los hechos enjuiciados. Respecto a la congruencia y siendo que nuestra normativa exige que la correlación de la sentencia sea con los hechos que se hayan expuesto por las partes, que en el presente caso no se pretende, con la impetración del recuso, variación alguna de los hechos con respecto a los alegados por el fiscal de instancia, es más, es en base a esos mismos hechos que se plantea el recurso por lo que nunca se genera con esto un irrespeto a la congruencia a la que deviene obligada la judicatura, ni tampoco se constituye un irrespeto al Principio Acusatorio. No entendemos que con el presente planteamiento recursiva se pueda provocar una crisis de principios procesales, en tanto que la posición Fiscal ha enmarcado unos hechos, evidentemente mal calificados, pero sobre esos hechos es que se han venido defendiendo los procesados, por lo que no existe una incidencia que pueda vulnerar derecho fundamentales de los procesados, ya que dichos hechos fueron enmarcados, por el Fiscal de Instancia, desde los primeros momentos del enjuiciamiento”. V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 192 LITERAL A) DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE SECUESTRO EN SU MODALIDAD BASICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor expone que del relato de hechos probados se desprende que los acusados J. F. C. F. y M. O. P. J. son autores del delito de secuestro en su modalidad básica, tipificado en el artículo 192 literal a) del Código Penal, sancionado con la pena de veinte (20) años de reclusión a la privación de la libertad de por vida, y no del secuestro privilegiado descrito en el artículo 192 párrafo tercero del mismo texto punitivo, que se castiga con una pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. El presente motivo debe ser estimado con fundamento en las mismas razones que permitieron prosperar el primero, por lo que nos remitimos a los argumentos expuestos con anterioridad. VI.- LA RECURRENTE ABOGADA N. E. F. Q., EN SU CONDICIÓN DE APODERADA DEFENSORA DEL SEÑOR J. F. C., DESARROLLÓ SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE RECURSO DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Por Infracción de Ley Sustantiva: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo en relación a los hechos probados establecidos en la Sentencia, PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por errónea aplicación del artículo 192 específicamente el párrafo cinco y en relación a los artículos 32 y 65 del Código Penal vigente (en adelante CP.) en consecuencia, la norma penal que se considera violentada por falta de aplicación es el Art. 193 del CP en relación con los artículos 33 y 66. La norma aplicada indebidamente literalmente dispone lo siguiente: Art. 192 CP. "Quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: 1. Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. 2. Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y 3. Publicitarios o políticos." Art. 192 CP., párrafo cinco "Si los secuestradores desistieren liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión." FORMA EN QUE SE PRODUJO LA INFRACCIÓN: A. Contenido de los hechos probados. La estructura de hechos probados en la sentencia que hoy se recurre, se divide en

CUATRO HECHOS.- El primero de ellos hace referencia a como el sábado veintinueve de noviembre del año dos mil ocho, entre ocho y nueve de la noche la señora G. B. M., conducía su vehículo tipo camioneta, marca Isuzu Trooper negra, con sus hijas D. C. de diez años de edad y S., con rumbo a su casa de habitación, cuando a la altura de la gasolinera Shell, boulevard del norte, frente al supermercado La Antorcha de esta ciudad, fue interceptada por dos vehículos, uno tipo pick up, color blanco, cabina sencilla, marca Dodge, modelo Dakota Sport, conducido por J. F. C. F., del que se bajaron de su paila, dos individuos que portaban armas de fuego, y del otro vehículo turismo, color verde, vidrios polarizados, se bajó una persona del sexo masculino que también andaba con arma de fuego, colocándose el primer vehículo en la parte frontal del vehículo de doña G. impidiéndole continuar la marcha y el turismo verde en la parte trasera del vehículo de la señora de nombre ya mencionado, mientras eran amedrentadas con armas de fuego por los sujetos que se habían bajado de dichos vehículos para obligar a la señora G. para que les abriera los seguros de las puertas del vehículo, propósito que una vez logrado, procedieron a sacar del asiento delantero en que se conducía, a la menor D. C. F., y la introdujeron en el vehículo turismo verde que estaba atrás del vehículo de su madre, tapándole los ojos para que no los viera subiéndose luego M. O. P. J. nuevamente al vehículo Dodge blanco del que momentos antes se había bajado. El segundo hecho probado relata que mientras aquello sucedía: el testigo X27 quien iba pasando por el lugar, conduciendo por el carril izquierdo, detuvo la marcha de su vehículo, quedándose a la par del vehículo de doña G., observando éste, lo que acontecía y fue que él decidió dar persecución a los automotores que habían intervenido en la sustracción de la menor D. C., sin embargo el vehículo verde se adelantó en la luz de un semáforo que se encuentra ubicado en la intercepción de la calle que conduce al Centro Universitario del Norte, y Expocentro, perdiéndole de vista, pero continuó la persecución con respecto al carro DODGE BLANCO, hasta la altura del centro de llantas AUSEVA ubicado sobre la avenida júnior, donde siempre el testigo X27 observa una patrulla motorizada integrada por los policías W. A. M. y J. A. B., a quienes alerto de lo sucedido, por lo cual estos, dieron persecución al vehículo Dodge blanco modelo Dakota logrando darle alcance frente a Baterías Y Yojoa, de la primera calle, siendo capturado mi representado J. F. C. F., junto a su acompañante quien respondía a los nombre de M. O. P. J. y luego los trasladaron a la Posta de la Colonia Suncery, donde en horas de la madrugada se presentó el señor M. E. P. M., junto con un abogado para liberar a los arriba mencionados, pero fue capturado y remitido a los tribunales por los delitos de SECUESTRO Y USO INDEBIDO DE NOMBRE. Así mismo continuo su relación de hechos probados y a capítulo Tercero el tribunal expresa que: posteriormente siendo las once de La noche del mismo día 29 de noviembre, el señor M. A. F. B., padre de la menor D. F. recibió una llamada telefónica a su móvil proveniente del número de teléfono de su esposa, que portaba la menor al momento de ser arrebatada a su madre, en dicha comunicación una persona que se identificó como M. le exigió la cantidad de siete millones de lempiras a cambio de la liberación de su hija, diciéndole que recordara bien ese nombre para efecto de las negociaciones. Al hecho Cuarto el sentenciador afirma que: trascurridas aproximadamente veinte horas y siendo el día treinta de noviembre del año dos mil ocho, entre las cuatro y cuatro y media de la tarde, por decisión de sus captores la menor D. C. F. fue liberada en el sector de Trinidad Copán, desde donde llamó a sus familiares, siendo asistida por la policía nacional quien la traslado de nuevo a la casa de sus padres. B. Descripción clara de la infracción partiendo de los hechos probados. Veamos, para tal efecto, manera equívoca en que se aplicó el Art. 192 del CP, que fundamenta el fallo condenatorio: dicha Infracción penal sustantiva, por el Tribunal sentenciador, sabemos que fue de forma ilícita, porque, éste afirma que los hechos declarados probados en los apartados correspondientes a la por ahora impugnada Sentencia, resultan ser típicamente constitutivos de un delito de SECUESTRO, en su circunstancia especial previsto y sancionado por el artículo 192, letra a) y párrafo 5 del Código penal vigente, y explica a capítulo primero de su fundamentación Jurídica tal motivación y que a su letra expresa: "...Los hechos declarados probados en los

apartados correspondientes de este fallo, resultan ser típicamente constitutivos de un delito DE SECUESTRO, previsto y sancionado por el artículo 192 sancionado en el numeral 3) del vigente Código penal, ya que de ellos resulta, sin lugar a dudas, que una persona fue privada de su libertad ambulatorio con el propósito de obtener de su familia como precio por su libertad, una suma determinada de dinero, cumpliéndose así uno de los requisitos exigidos por la ley penal en cuanto a su tipicidad. El hecho así apreciado

supone un típico delito de resultado o de lesión con él se sanciona el daño concreto e individualizado causado a la libertad ambulatorio de una persona también concreta e

individualizada. (Sic).- Al respecto es importante que analicemos cuáles son los elementos que configuran el tipo penal de Secuestro, precisamente en la hipótesis

prevista en párrafo primero del artículo 192 del Código Penal; veamos: "Quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga,

retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas con cualesquiera de los propósitos siguientes: 4. Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. 5. Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y 6. Publicitarios o políticos." Es indiscutible que el elemento núcleo es lo primero, o sea la acción expresada con los verbos sustraer, retener, desplazar, ocultar o privar de cualquier otra manera de su

libertad a una o más personas y por supuesto con la agravante de que: sea con violencia, intimidación, engaño u otra, forma que vicie el propio consentimiento del desplazado; así es elocuente, de un simple vistazo a los dos primeros hechos probados, podría existir soporte probatorio de que sucedieran hechos que encuadrarían en el tipo penal descrito, y afirmar que en efecto por el hecho de que la joven D. C. F. hubiese sido sacada con violencia del asiento delantero en que se conducía, y que después la introdujeron en el vehículo turismo verde que estaba atrás del vehículo de su madre, le tapasen los ojos para que no viera nada de lo sucedido hasta ese momento; así como el Tribunal da por probado que estos actos sucedieron con esto bastaría para subsumirlo en la primera parte del tipo penal de Secuestro ya referido, amparado por supuesto, en la valoración de la prueba, vista en audiencia, y dada por creíble por los enjuiciadores, en su Sentencia Condenatoria, que esta defensa da por cierto, no obstante, analizando en todo su contexto legal, el tipo penal aplicable a los hechos, es necesario precisar los distintos elementos del delito de Secuestro, el cual además de aquellos elementos objetivos de privar al sujeto pasivo de su libertad ambulatoria, y que fue perfeccionada en cuanto la joven D. C. F. fue sacada con violencia del asiento delantero del carro de su mamá e introducida en el turismo verde; igualmente requiere de un elemento subjetivo, tendencial o intencional, consistente en que la exigencia a un tercero de una determinada cantidad de dinero u otro bien, como precio de la libertad, y que esto tiene como finalidad lucrarse, es decir recibir un provecho o utilidad a favor del secuestrador o de un tercero, y que el precepto legal que contiene el ilícito penal de Secuestro, establece como uno de sus elementos, indispensables para su encuadramiento, la exigencia de una recompensa ya sea ésta en forma de dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador, éste lo hace con la intención de hacerlos pasar a su patrimonio, y así poder disponer de los mismos. Es el caso que el A-quo da por probado en su HECHO TERCERO: que uno de los miembros del grupo al que pertenecía mi representado, y que se identifico como Martín, hiciera una llamada, a él padre de la menor, desde el teléfono de su esposa la señora G. B. M., exigiéndole siete millones de lempiras a cambio de la liberación de su hija; considerando el Sentenciador que esto afirma que la intención real y primaria de éstos, era obtener un lucro, provecho o utilidad a su favor, y que con ello se cumple el requisito subjetivo del delito en referencia. Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por infracción de ley sustantiva, crítica que va muy de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que no basta con que exista prueba indubitada, acreditando que la joven D. C. F., había sido sacada con violencia del asiento delantero del vehículo en que se conducía, y que la introdujeron en el turismo verde que estaba atrás del carro de su mamá, y que le taparan los ojos para que no viera nada; ¡no! Honorables magistrados, no basta con presumir que se recibió una llamada telefónica, y es el mismo Tercer Hecho Probado que establece: que la llamada, que se recibió, provenía del número de teléfono de la madre de la joven, siendo esta una apreciación subjetiva y sin fundamento

probatorio valorativo, y es que dar por probado: que desde el teléfono de la madre de la joven se había realizado la llamada exigiendo la cantidad de dinero ya referida, (y que

dicho sea de paso nunca se acreditó la pérdida de ese teléfono) ni tampoco se acreditó la conexión telefónica matriz mediante cruce de llamadas),y a las horas señaladas, y no existir razón alguna que desde el punto de vista probatorio el Tribunal debió haber arribado al nivel de conocimiento de CERTEZA, único grado que Constitucionalmente faculta a los Órganos de Justicia Penal para emitir un fallo de condena; de tal suerte que si del resultado de la prueba no alcanza a la obtención de ese nivel, sino cualquier otro (probabilidad, duda o constatación negativa, sobre la

participación), debe absolverse puesto que la prueba evacuada no habrá quebrantado el estado de inocencia del procesado, o en su defecto el autor deberá responder por aquellos delitos que ya hubieren sido consumados inter-criminosamente; el concepto del reproche es tan grande hacia el tercer hecho probado, que el A-quo solo se limitó a afirmar que dicho teléfono lo portaba la menor desplazada, aun y cuando era de su madre; pero no afirma cómo cuándo ni cómo lo hubo la presunta secuestrada, haciendo imposible el cotejamiento de dicha afirmación en la presente causa en virtud que la fiscalía nunca presentó vaciado de la matriz de llamadas de los teléfonos que se hace mención en el hecho tercero ni mucho menos comprobó que el individuo que llamase apodado como Martín, hubiese tenido algún vínculo con mí patrocinado; haciendo la violación al precepto legal sustantivo, por la incorrecta aplicación del artículo 192 CP que según él Tribunal encuadra a la perfección; circunstancia que para esta defensa es entendible, si se hace énfasis en el desvalor por la conmoción social que produce dicho delito pero de ahí castigar ilícitamente, una conducta delictiva, por el desvalor de otra acción que encuadra en diferente tipo penal; así las cosas Honorable tribunal casacionista, no se debe tolerar, aun y cuando, exista para el Estado el poder de policía y la exuberancia estatal, esto, no es suficiente para que se castigue erróneamente una conducta prohibida y que cause un resultado ex post diferente al del ámbito de protección de la norma, pero, que a la luz de vuestra experiencia, encontraréis que constituye un problema de fundamentación de la Sentencia impugnada, el aplicar el Art. 192 porque el legislador ubica dentro de ese delito de Secuestro, el requisito EXTORSIVO, COACTIVO o POLITICO, que una vez acreditado aquel, vuelve conducente a la determinación del dolo (tipo subjetivo); y que repito, el Tipo Penal en discusión exige el conocimiento y

voluntad de que dicho injusto penal sea por motivación de lucro de aquellos o de terceros, además, de realizar todas las circunstancias del tipo objetivo; Conclusión que el

sentenciador en la presente causa arribó, sin prevenir que en nuestro sistema el juzgador si bien es cierto, no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero, esa libertad tiene límites, entre ellas las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, aplicadas en la sana crítica racional, la eficacia conviccional, y ante la DUDA RAZONABLE cuando la valoración de la prueba no responde al cuadro fáctico descrito se debe resolver de modo que más favorezca al

enjuiciado. Dicho lo cual la sala "Cuarta" del tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula al afirmar que mi representado J. F. C. F. es autor del delito de SECUESTRO sin existir tal concreción que se subsuma en el tipo penal sancionado, con la consiguiente INFRACCION A LA NORMA PENAL SUSTANTIVA INDEBIDAMENTE APLICADO, pues se ha soslayado por completo apreciar objetivamente la prueba, no obstante, para que se de por cumplida parte de la acción con el tipo penal referido, como ya lo expresamos ese injusto penal especialmente requiere la existencia de los elementos objetivos y subjetivos que a través del cúmulo probatorio deben de hace llegar al Juzgador a tal razonamiento, volviéndose estos complementos imperativos e interpretativos. Y si no se despliega, esos actos de ejecución necesario para la consumación y agotamiento del delito de Secuestro, su sanción resulta arbitraria, por eso el legislador fue sabio y al no encajar dentro del ámbito de protección de la norma encriptada en el Art. 192 CP, todo hecho análogo que no encuadre dentro del mismo artículo, queda en el grado anterior y se subsume en lo establecido en el Art. 193 CP, "de la Privación injusta de libertad", por la falta exclusivamente de la consolidación probada de la exigencia de que a cambio de su libertad se obtengan activos pare lucro personal del que priva de la libertad, y es que el A-quo, dejó de apreciar de un solo tajo lo antes mencionado y castiga la conducta contraria a derecho como Delito de Secuestro de manera que de los hechos tenidos como probados por el Tribunal Sampedrano, lo que podría llegar a comprenderse como probado, es la materialización del delito PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD.- y no ese sentido equivocado que el sentenciador le ha atribuido a dichos hechos con fundamento e interpretación errónea en su fallo. VII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. F. C. F. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN ERRONEA DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El Censor considera que si bien en los Hechos Probados, se describen los elementos objetivos del tipo penal de secuestro, no se desprende de ellos la existencia de un elemento subjetivo, tendencial o intencional, como es la obtención de un provecho o utilidad, es decir la recompensa en metálico que se requería para la liberación de la menor; ya que en el hecho probado tercero se establece claramente que el Padre de la ofendida, recibió una llamada por un sujeto que se identificó como M., supuestamente realizada desde el teléfono celular que portaba su esposa, la señora G. B., pidiéndole la cantidad de siete millones de lempiras a cambio de la libertad de la víctima; circunstancia que considera totalmente subjetiva y sin fundamento valorativo pues nunca se acreditó que la madre de la ofendida haya perdido su teléfono celular, ni tampoco el establecimiento de dicha conexión telefónica mediante el vaciado de llamadas; de ahí que el Tribunal con esas inconsistencias no pudo arribar al grado de certeza necesario para emitir un fallo condenatorio. El Censor añade que al existir dudas en torno a la participación del imputado J. F. C., el ente Acusador no logró quebrantar su estado de inocencia, puesto que afirmó que la menor portaba un celular aun y cuando era de su madre, pero nunca confirmó cómo, cuándo ni cómo llego a obtenerlo la niña secuestrada; concluyendo que si bien el Sentenciador no está sujeto a normas legales que establezcan concreta y puntualmente el valor que debe darse a cada prueba, esa libertad tiene límites que son los que imponen las reglas del correcto entendimiento humano, mismas que no han resultado observadas en la redacción del cuadro fáctico. 2) Esta Sala considerar pertinente recordar que el relato de hechos probados es una atribución que le corresponde al Tribunal de Sentencia, ya que éste órgano jurisdiccional es el que ha estado en la inmejorable posición de percibir directamente y en virtud de la inmediación, las pruebas practicadas en el debate. Por tal razón cuando el Censor elige el cauce recursivo de la infracción de ley ha debido observar el principio de intangibilidad de los hechos probados (vid. artículos 360 párrafo primero y 369 párrafo segundo del Código Procesal Penal). En el relato fáctico se establece que los acusados F. C. F. y M. O. P. J. realizaron acciones esenciales y decisivas para privar de su libertad ambulatoria a la menor D. C. F. B., por cuya liberación se exigió a su progenitor una importante suma de dinero, si a esto se añade que el recurrente no expresa puntualmente donde radicaría la aplicación errónea del artículo 192 del Código Penal en perjuicio de su cliente y que por otro lado cuestiona el principio de intangibilidad de los hechos probados alegando la inobservancia de las reglas del correcto entendimiento humano en la valoración de la prueba, alegato último que ha debido formularse por el cauce que ofrece el recurso de casación por quebrantamiento de forma, esta Sala concluye que el presente motivo, formulado por la Defensa del encausado J. F. C. F., debe ser desestimado. VIII.- CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE N. E. F. QUESADA EN SU RECURSO DE CASACIÓN.- SEGUNDO MOTIVO: Por Infracción De Ley Sustantiva: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo en relación a los hechos probados establecidos en la Sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por errónea aplicación del artículo 32 específicamente con el artículos 192 párrafo cinco y en relación al 65 del Código Penal vigente (en adelante C.P.) en consecuencia, la norma penal que se considera violentada por falta de aplicación es él Art. 33 del C.P en relación con los artículos 193 y 66. Las normas aplicadas indebidamente literalmente disponen lo siguiente: Art. 32 "Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera ejecutado". Art. 65 "Siempre que la ley señalare generalmente la pena de un delito se entenderá que la impone al autor de delito consumado". ACLARACIÓN PREVIA. Previo a iniciar, el concepto de la segunda infracción, es obligatorio señalar que se impetra el presente motivo, partiendo del punto de que, se dejo de aplicar el artículo 193 de la Privación Injusta de Libertad, cómo explicación en el motivo anterior, infracción que tenemos la certeza de que adolece el fallo, contenido en la sentencia condenatoria de mi patrocinado por la comisión del delito de Secuestro en perjuicio de D. C. F. B., y desde esa óptica del art. 193 explicaremos el presente motivo de Casación que da origen a un problema adicional. FORMA EN QUE SE PRODUJO LA INFRACCIÓN: La sala "cuarta" del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, aplicó indebidamente el artículo 32 en relación con el artículos 192 párrafo cinco y el 65 CP., y CONDENO a J. F. C. F., como AUTOR responsable de un delito de Secuestro, en perjuicio de la libertad de D. C. F. B. imponiéndole una pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, entendiendo el Sentenciador que su apreciación es justificada al haber dado como primer hecho probado que: ...el vehículo pick up, color blanco, marca Dodge, Dakota Sport en que se conducta J. F. C. F., fue de donde se bajaron de su paila, dos individuos que portaban armas de fuego..., ...obligando a la señora G. para que les abriera los seguros de las puertas del vehículo, para después.... procedieron a sacar del asiento delantero en que se conduela, a la menor D. C. F., y la introducen en el otro vehículo turismo verde que estaba atrás del vehículo de su madre…, subiéndose luego M. O. P. J. nuevamente al vehículo Dodge Blanco del que momentos antes se había bajado". Considerando el A-quo en virtud de esta acción realizada por mi mandante, como participación directa en la ejecución, del hecho que tiene como probado: sin tomar en cuenta que de la lectura de esos hechos probados, nos enteramos que mi representado ni tan siquiera se bajo de su vehículo y que nunca tiene otro rol, más que el de conductor. Siendo tan notorio, que con solo revisar la realidad fáctica a que estima haber llegado el sentenciador de que: de la paila del vehículo Dodge solo se bajaron dos individuos armados nunca da por probado que el conductor se baje a realizar acto alguno. Para definir ese asunto, en primer término, debemos observar cuál fue el argumento jurídico establecido por el juzgador para llegar a la determinación que la participación de mí patrocinado fue a título de Autor, en el numeral QUINTO de la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA el Tribunal dice: en relación a J. F. C. F. Y M. O. P. J., éstos resultan ser responsable del delito de Secuestro en concepto de Autores al ser dentro de grupo ilegal al que pertenecen, los que realizaron una tarea específica dentro de las actividades a realizar para cumplir el objetivo, este Tribunal apreció que: la actividad específica que realizó en el hecho J. F. C. F., fue conducir el vehículo Marca Dodge modelo Dakota color blanco, tipo pick up, cabina sencilla, en que fuera capturado momentos después cuando se desplazaba por baterías Yojoa, rumbo a la carretera que conduce a La Lima, junto a su compañero M. O. P. J..- Por las anteriores consideraciones de de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 del Código penal tanto J. F. C. F. como M. O. P. J. deben responder en su calidad de Autor del hecho, y en aplicación de lo establecido en el artículo 192, párrafo cinco del Código Penal, en relación con el 65 del mismo texto, que señala: CUANDO LOS SECUESTRADORES DESISTIEREN LIBERANDO A LA VÍCTIMA y NO HUBIEREN OBTENIDO EL PRECIO RECLAMADO la pena será la que oscila entre DIEZ (lO a 20 años) a VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN.(sic) Obsérvese que el sentenciador motiva su parecer en cuanto que mí representado participó del hecho a título de Actor cuya misión fue la de conducir el vehículo Marca Dodge modelo Dakota color blanco tipo pick up, cabina sencilla, en que fuera capturado momentos después cuando se desplazaba por baterías Yojoa, afirmando así en sus dichos que únicamente, éste fue participe en tal conducta delictiva, exclusivamente como conductor de uno de los vehículos y no fue dueño del acontecer típico, a quien pudiese atribuir sin ninguna discusión como obra suya; y es que para que alguien sea considerado como Autor este debe de tener en todo momento, el control material o funcional de la transformación del mundo físico exterior. En sentido estricto, ontológico o real, el autor es aquel que realiza el hecho y del que se puede afirmar que es suyo. Sin embargo del hecho concreto podemos apreciar que mi representado nunca se baja del Dodge que el conducía, que no fue pieza fundamental para que se ejecutara el ilícito, y que bien pudo éste estar como no estar y siempre se hubiese realizado lo planificado, reafirmado con solo la razón se fue al otro vehículo que subieron a la menor y que al momento de su captura no le decomisan arma alguna, a pesar de haber sido capturado en persecución in fraganti. El tribunal llegó a la conclusión que debía castigar el solo hecho de haber conducido el vehículo por parte de mi representado y estimando su grado de participación a Título de Autor directo, tal vez por haber ejecutado algún acto sin el cual no se hubiera efectuado el delito y esto según mi propia deducción ya que nunca se pronuncia al respecto dicho Juzgador en su Sentencia. Y es que no basta con decir que se considera autor a alguien por haber conducido el vehículo, que participo en un ilícito, esta participación debe suponer acción, de la que rigen los verbos rectores, del tipo penal en juzgamiento tal como se establecen.- Sin embargo, por afirmar lo contrario caeríamos en el absurdo de: “Juzgar como autor al taxista que se contrato para realizar la carrera de alguien que va a cometer delito alguno" al respecto apreciamos en la doctrina según SANTIAGO MIR PUIG (Derecho Penal, parte general, 6ta Edición, Edil. Reppertor, Barcelona, 2002), "solo el autor realiza un tipo autónomo cuya concurrencia no depende de la presencia de un hecho principal; en cambio, los partícipes, están sometidos, al principio de accesoriedad de la participación, respecto del hecho del autor. A diferencia de quien realiza el tipo como autor en sentido estricto, que es punible autónomamente, el participe solo puede ser castigado si existe un hecho al menos antijurídico por parte del autor". De tal virtud que por haberse quedado en el vehículo al momento crítico del asunto y de que solo fue su actuar el conducir el medio de transporte, que facilito la realización del ilícito, contrapone a la Autoría, que su participación realmente fuese a Título de Cómplice y su complicidad afirmada por el "Anímus Socci" o participante socio, quien, sin ninguna tarea coactiva y ejecutiva en el injusto, por ello lo convierte en cómplice simple del acto, de tal suerte, que es buscado con el solo propósito de conducir a los Autores, a dicho lugar, y realizar un hecho que no es propio, sino ajeno, prueba de ello es que después de la encomienda, es capturado mientras se conduce por la salida de la Lima, rumbo hacia la colonia Rivera Hernández, donde este reside según la parte individualizante de dicha Sentencia. Por las anteriores consideraciones, esta defensa arriba a la conclusión, el A-quo, al haber fundamentado su fallo y condena en total despego a lo dispuesto en el Art. 33 del CP., que describe: "Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos"; y considerar que el Grado de Participación de mi representado fue a Título de Autor, viola la norma anteriormente señalada, como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a los hechos dados por probados y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal de que la participación fue a título de Autor directo, encontramos que esa conclusión no es inválida, pues no se ajusta a los presupuestos que establece el artículo 32 CP., conceptuando tal idea el sentenciador, según sus propias palabras "por el solo hecho de estar o pertenecer a un grupo ilegal y que este había realizado una actividad específica", sin apreciar en su juicio valorativo ninguna teoría que restringe la autoría ya sea de orden formal, material o funcional. Y el perjuicio que ha representado el vicio de infracción expuesto; se concretiza en que a nuestro representado no debió aumentársele el grado de su participación pena que debió más bien ser rebajada en una tercera parte (1/3) por lo inaplicable de la figura del concurso de delincuentes específicamente en la participación del delito a título de Autor, establecido en el tantas veces repetido art. 32. FORMA DE RESOLVER LOS DOS MOTIVOS DE CASACIÓN ANTERIORES. Así, relacionando las diversas e inexplicables infracciones a la ley sustantiva que se han relatado en los dos presentes motivos de Casación, resulta que el Tribunal de Sentencia debió haber condenado a J. F. C. F., según la realidad fáctica recogida en los hechos probados por ser COMPLICE un único delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de D. C. F. B. por no haber delito de SECUESTRO; por no haber delito consumado, por no haber AUTORÍA de su parte en la infracción y por no haber agravante del delito en referencia. De esa forma, al observarse la infracción a las siguientes normas sustantivas del Código Penal: Artículo 32, en relación a los Artículos 192, párrafo cinco y el artículo 65 del Código Penal Vigente.- Debe procederse, en observancia del Art. 369 del CPP, a casarse la sentencia, y modificar el fallo condenatorio en el sentido de considerar responsable penalmente a J. F. C. F., como CÓMPLICE un único delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de D. C. F. B.. Contenida en el artículo 193 en relación con los artículos 33 y 66 del Código Penal vigente”. IX.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. F. C. F. DENUNCIANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El Censor arguye que del relato de hechos probados no se desprende que el imputado J. F. C. F., haya ejecutado un papel protagónico en la ejecución del hecho delictivo objeto de juzgamiento, pues la acción que se le atribuye es la de haber conducido un vehículo del que nunca se bajó, de ahí que dicho encartado nunca tuvo un control material o funcional del hecho, y por ende su contribución no constituyó un aporte fundamental o relevante para que se ejecutara el delito, antes bien el comportamiento del encausado J. F. C. F. que se describe en el factum es constitutivo de un delito de privación injusta de la libertad en el grado de Complicidad, infracción penal que se tipifica en el artículo 193 del Código Penal. Esta Sala es del criterio que los delitos de secuestro y privación injusta de la libertad, tipificados en los artículos 192 y 193 del Código Penal, respectivamente, tienen como elemento típico en común la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, sin embargo, el tipo contenido en el artículo 193 es de carácter residual, de tal modo que solamente se aplicará “fuera de los casos previstos en el artículo anterior”. Esta Sala ya ha expuesto abundantemente cuales son las razones para concluir que del factum se desprende que los procesados J. F. C. F. y M. O. P. J. son responsables del delito de secuestro en su modalidad básica (art. 192 literal a) del C.P.) a título de coautores, y que por ende cabe la desestimación del presente motivo con fundamento en los argumentos expuestos para resolver el primer motivo que por infracción de ley formulara la Representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32, 192 literal a) del Código Penal; 338, 359, 360, 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su DOS MOTIVOS, interpuesto por el Abogado R. R. M. en su condición de Representante del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarado SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su DOS MOTIVOS, interpuesto por la Abogada N. E. F. Q. en su condición de Apoderada Defensora del imputado J. F. C. F.. TERCERO: Casa la sentencia impugnada y por ende declara responsables criminalmente a los imputados J. F. C. F. y M. O. P. J. como autores del delito de SECUESTRO EN SU MODALIDAD BASICA, en perjuicio de la menor D. C. F. B.. CUARTO: Impone a los acusados J. F. C. F. y M. O. P. J. la pena de veinte (20) años de reclusión, misma que deberán cumplir en el Centro Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, previo abono del tiempo que hubieren estado detenidos preventivamente; QUINTO: Impone a los acusados las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, estando obligados a realizar trabajos en obras públicas y dentro del establecimiento carcelario de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el sistema penitenciario nacional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADOR COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-314-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. VELASQUEZ VELASQUEZ, FERNANDO, en Derecho Penal Parte General, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, 1997. Pág 614.

[2] vid. MARTIÑON CANO, GILBERTO, en El Delito de Secuestro, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 43-44.

[3] Vid. PRATS CANUT, JOSE MIGUEL, en Comentarios al Nuevo Código Penal, en AAVV, QUINTERO OLIVARES, GONZALO, Director, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 800-801.

[4] Y dicha acción intimidatorio trascendió el campo de los ofendidos, siendo que aun aquellas personas que pudiesen generar alguna defensa a favor de las víctimas se vieron cohibidas a hacerlo al ver el despliegue de violencia del grupo criminal del que formaban parte los sindicados, ejemplo de ello es la presencia del testigo protegido, quien hizo manifiesto su ánimo de ayudar, pero ante el despliegue de violencia era más prudente hacerlo tal y como él lo hizo.