Sentencia CP-306-10 — Registro 3697
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Falsificación De Documentos Públicos Y Colaboración En La Evasión, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Conforme a estos lineamientos, es pertinente que este Tribunal de Casación, proceda a constatar si el Tribunal de instancia observó o no las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de las pruebas. En el apartado segundo de la Valoración de la prueba el Juzgador no concede credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos M. L. L. T., G. A. S. M. y N. E. L. J. ya que habría observado en ellos “una anuencia a colaborar más allá de lo normal con el Ministerio Público” y por parte en el ente acusador un trato de favor en virtud del cual permitió la comunicación y el ingreso de comida por parte de los familiares a la cliente del procesado, la señora N. L.; advirtiendo que al mantenerse un proceso pendiente contra esta última y dictarse un Sobreseimiento Provisional en su favor, existe la posibilidad que Ministerio Público recabe más pruebas en su contra, lo que lleva a considerar que los testigos M. L. L. y G. A. S., al momento de declarar han tenido interés en evitar las condiciones que agraven la situación jurídica de su familiar, es decir de la señora N. L., lo que explicaría la hostilidad con la que habría reaccionado la testigo M. L. L. T. ante las preguntas formuladas por la Defensa. Esta Sala constata que el Tribunal de instancia ha obviado plasmar la Fundamentación Descriptiva de la prueba que manifiesta haber valorado, al no consignar en la sentencia el contenido de las declaraciones rendidas por varios testigos a los que no concedió credibilidad. Por otro lado, no resultan convincentes las razones que esgrime para estimar que tales declaraciones no son creíbles ni confiables. En el numeral Tercero de la Valoración Probatoria, el Tribunal alude a las declaraciones rendidas por los señores D. A. F., L. M. R. Z. y N. L. S. L.; así como también a la Inspección realizada en los Libros de Ingreso del CEFAS, concluyendo que la señora D. A. F. C. no se encontraba en el Centro Femenino de Adaptación Social por lo que es un testigo de referencia; y que los testimonios rendidos por las señoras L. M. R. Z. y N. L. S. L., no concuerdan con los datos consignados en los libros de ingreso; por otro lado señala que con la inspección se corroboró que los Libros de Ingresos resultan confusos, pues en uno de ellos únicamente se consigna el ingreso de un sujeto identificado como J. B. A. mientras que en el otro lo que se recoge es el ingreso del imputado J. A. M. R. y un señor de Apellido I., concluyendo que por tales razones, la prueba testimonial y los datos recogidos en virtud de la inspección judicial practicada en los libros de ingreso no resultan confiables. Esta Sala es del criterio, que al igual que sucede con la valoración efectuada por el Tribunal de instancia en el acápite segundo, en el acápite tercero vuelve a infringir la Regla Lógica de la Derivación, pues no expresa las razones que ha tenido en cuenta para considerar que las declaraciones de los testigos L. M. R. Z. y N. L. S. L. no concuerdan con las anotaciones de los Libros inspeccionados, y de ello extraer que no son dignas de crédito, y por el otro no ha externado razones convincentes para descartar que de los libros examinados se desprendan elementos probatorios en contra del encartado J. A. M. R., de ahí que sin prejuzgar en modo alguno en torno a la culpabilidad del encausado antes referido, esta Sala considera que si el Tribunal de instancia hubiere observado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, el resultado podría haber sido distinto. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo debe ser estimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1°. ABSOLVIENDO al señor J. A. M. R., por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y COLABORACIÓN EN LA EVASIÓN, en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- 2°. NO DECLARÓ la Responsabilidad Civil de dicho procesado.- 3°. NO CONDENÓ en Costas Procesales, Personales, ni Gastos ocasionados por dicho Juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. INTERVIENEN: La Abogada R. L. C. en su calidad de Representante del Ministerio Público, como recurrente y el Abogado J. A. M. quien actúa en causa propia, como recurrido. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS 1.- El Señor J. A. M. RODRÍGUEZ, prestó sus servicios profesionales como Abogado a la Señora N. E. L. J., en una causa penal que se instó en su contra y por la que le fue decretado auto de prisión en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, mismo que fue apelado por el Abogado J. A. M. R. y ante cuya denegatoria, planteó un recurso de reposición ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán que le fue notificado el dos de junio del año dos mil ocho. 2.- En fecha treinta de mayo del año dos mil ocho, en respuesta a una llamada telefónica que le realizara la Señora M. L. L. T., hermana de la Señora N. E. L. J., el Señor J. A. M. R., se hizo presente al Centro Femenino de Adaptación Social, donde su representada se encontraba detenida provisionalmente y esperó a que saliera en libertad sin tener conocimiento de las razones de la excarcelación.—3— El trece de junio del año dos mil ocho, se decretó sobreseimiento provisional en la causa instruida contra N. E. L. J. por el delito de EVASION en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, expediente 442-2008 del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.” CONSIDERANDO I.— El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LA ABOGADA, T. J. F., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBBANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: “Falta de congruencia entre la sentencia y las Pretensiones de las Partes”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.— La acusación ha de ser precisa respecto del hecho delictivo por el que se formula la pretensión punitiva, por ende la sentencia tiene que ser congruente con tal calificación, de ahí que la eficacia delimitadora del proceso resulta de la correlación acusación-condena y en definitiva de la congruencia de la Sentencia Penal.— El Sentenciador, tras la valoración de la prueba, establece la subsunción del Hecho Probado en las normas penales que correspondan, asimismo debe de dar respuesta judicial a las pretensiones de las partes oportunamente planteadas, es decir, la sentencia penal debe dictarse en correlación con los hechos y circunstancias descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio. El artículo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal que recoge la congruencia de la sentencia con la acusación estipula lo siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”.— El Ministerio Público tanto en las etapas previas al debate como al momento de formalizar acusación en el juicio oral y público, estimó que los hechos traídos a conocimiento del Tribunal se subsumían en el delito de Uso de Documentos Falsos y Colaboración en la Evasión.-En el caso que nos ocupa el Juzgador, al momento de emitir sentencia definitiva, Absolvió al imputado J. A. M. R. por el delito de Falsificación de Documentos Públicos y Colaboración en la Evasión, al establecer que no fue probado en juicio que el imputado haya elaborado el documento del cual se acreditó su falsedad; circunstancia (falsificación de Documento Público) que en ningún momento pretendió acreditar el ente acusador, sino que su tesis acusatoria consistió en acreditar que el imputado fue la persona que llevó la carta de libertad y orden de excarcelación al Centro Femenino de Adaptación Social con conocimiento de falta de autenticidad, elementos estos que se configuran en el delito de Uso de Documentos Falsos.-Resulta de relevancia indicar que el delito de Falsificación de documentos Públicos tipificado en el artículo 284 del Código Penal y el delito de Uso de Documento Falso (art.289) se excluye recíprocamente en cuanto a la participación del agente, habida cuenta que el Uso no puede ser cometido por quien participó de la confección o adulteración del documento que utilizó posteriormente; es decir, únicamente constituirá un delito independiente si el que Usó el documento no fue quien estuvo imputado de su falsificación; como sucede en el presente caso, donde la prueba no es suficiente para generar certeza sobre la autoría de la Falsificación, pero sí para el corroborar el Uso de Documento Falso, razón por la que el Ministerio Público presentó acusación por el delito contenido en el artículo 289 del Código Penal.—Los elementos de configuración de ambos delitos resultan por lo tanto distintos por cuanto la acción en el delito de Falsificación de Documentos consiste en crear un documento falso proporcionando características externas al documento con apariencia de autenticidad, cuando en realidad en falso; en cambio la acción que se realiza en el delito de Uso de Documentos Falsos requiere el empleo del mismo según su destino específico, esto es, hacerlo valer invocando, en éste caso su eficacia jurídica[1].— En virtud de lo anterior resulta evidente el yerro cometido por el tribunal de Sentencia, pues a pesar que el Ministerio Público solicitó aclaración de sentencia, expresando que el delito por el cual se acusó al imputado fue por Uso de Documentos Públicos y no por el de Falsificación de Documentos, el Tribunal, ante tal petitoria, argumentó que ambos delitos se entienden como uno solo, vulnerándose por ende el principio de congruencia contenido en el artículo 337 del Código procesal Penal, al evadir dar una respuesta adecuada y concreta al planteamiento fiscal. Sobre el particular la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencia como ser la sentencia S.P. 275-07 en la cual refiere lo siguiente: “El Tribunal A-quo omite pronunciarse concretamente sobre todos y cada uno de los cargos contenidos en la formalización del Ministerio Público, en caso de haber prevalecido insuficiencia probatoria, duda razonable o subsunción de un tipo penal en otro, no era procedente al A quo omitir en parte dispositiva pronunciamiento alguno. Al no haber recaído pronunciamiento concreto en parte resolutiva de la sentencia recurrida, sobre extremos esenciales de la cuestión debatida, que formaron parte integral de la formalización de acusación del Ministerio Público, el A-quo inevitablemente ha incurrido en Infracción del Principio de Congruencia entre Sentencia y la Acusación dispuesto en el Artículo 337 del Código Procesal Penal”. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. III.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 6) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El Censor denuncia la incongruencia que se habría producido entre las pretensiones del ente acusador y las resoluciones contenidas en la sentencia impugnada, ya que tanto en el Auto de Apertura a Juicio, como en la Formalización de la Acusación, el Ministerio Público mantuvo su posición de Inculpar al señor J. A. M. R. por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos conforme el Artículo 284 del Código Penal, Uso de Documentos Falsos, regulado en el Artículo 289 del mismo cuerpo legal y Colaboración con la Evasión; pero al momento de resolver las cuestiones debatidas en el Juicio y dictar la Sentencia Absolutoria, el A Quo únicamente hizo referencia a los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Colaboración en la Evasión. 2) Esta Sala considera importante recordar, que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad del órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo[2]. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Un examen detenido de la sentencia impugnada revela que el imputado J. A. M. fue acusado por la elaboración y uso de documentos públicos falsos, tipos penales que se ubican sistemáticamente bajo el mismo epígrafe de falsificación de documentos en general (Libro II, Titulo IX, Capitulo III del Código Penal: artículos 284 y 289 respectivamente). El Tribunal de instancia señala que no se ha logrado acreditar que el encartado sea la persona que haya confeccionado los documentos falsos, ni tampoco que conociendo su falta de autenticidad haya utilizado los mismos para facilitar el egreso irregular y por ende la evasión de su cliente (vid. Folios No. 306 y 357 vuelto), de ahí que para esta Sala no existe incongruencia entre las pretensiones del Ministerio Público y lo resuelto en la sentencia recurrida, en tanto en cuanto que el Juzgador se ha ceñido en sus pronunciamientos a los hechos que han sido objeto de la acusación promovida contra el imputado J. A. M.. Por las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo formulado por la representación del Ministerio Público. IV.-CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU MOTIVO SEGUNDO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal.—Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.—Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de: M. L. L., D. M. R., N. L. S.; prueba documental consistente en libro de control de novedades en sus anexos uno y dos, carta de libertad provisional, orden de excarcelación, certificación de resolución del Juzgado de Letras Penal; así como la prueba pericial consistente en el dictamen de grafoscopia Forense o caligráfica. Probanzas de las cuales se desprende lo siguiente: La Testigo M. L. L. declaró lo siguiente: “….,que en mayo cuando ocurren las cosas, recibe una llamada diciéndole “doña M. L.”, ya está todo arreglado ya tiene la plata, diciéndole ella que si y que le entregaría el dinero pero él tenía que entregarle a su hermana, que llegó a su bufete y él (refiriéndose al imputado) le dijo que todo estaba listo y que él se iba a adelantar, entonces él se fue adelante y ella se fue junto a su esposo, una hermana y su hijo, cuando llegaron a CEFAS, ya estaba el Abogado M. y al lado su hermana con su bolsa y un maletín, dijeron “quienes son los familiares de N.” ella levantó su dedo y la esperaron para firmar en el libro de salida de su hermana, posteriormente el lunes le tocó a su hermana ir a CEFAS porque supuestamente iba por su carta de libertad y a los ocho días se encontraron con orden de captura, por lo que fueron al Ministerio Público y no sabe cómo pudo haber pasado que era carta de libertad falsa ya que le tenía confianza al abogado M.”..— La testigo D. M. R. Z., declaró lo siguiente: Que el día 30 de mayo eran como las 5:40 de la tarde, ella se encontraba encargada del Centro Penal de CEPAS en ausencia de la Comisaría Cárdenas, ese día se presentó el Abogado M. con otro señor de 40 años mostrándole una carta de libertad y una resolución de la Corte que le entregó en sus manos diciéndole que venía a dejar esa carta de libertad y que era de la interna N. L., por lo que ella le dijo que ya eran las 5:40 y porque venía tarde contestándole él que esa había sido la hora en que le habían entregado la carta, ella le refirió que no estaba la Directora y que iba a proceder a llamarla, y él le dijo “usted incurre en delito”, pero ella le refirió que iba a consultar, llamó a la Comisaría Cárdenas quien le manifestó que revisara los sellos y la firma, también llamó a la licenciada Soriano quien le dijo que la despachara y que le dijera que regresara el lunes por la carta firmada ya que solo ella podía firmarla. Ante el interrogatorio de las partes la testigo manifestó, que ella atendió al Abogado M. en la Asesoría Legal de la Dirección que está dentro del complejo, que hay una guardia que está en el exterior y de ahí llegan a la segunda guardia donde se encuentra ella, ella le dijo al Abogado M. que le entregara la carta de Libertad y le entregó una resolución, el andaba con otro señor que andaba un carné de la Corte, con él no platicó, sólo con el Abogado M., que la distancia que existe entre la primer y segunda guardia es como de tres cuadras, quien la puso en contacto con el señor M. fue la Clase 1 que lo trae desde la guardia exterior, cuando una persona va a dejar la carta de libertad o visitas se lleva un control también de un libro y se notifica al que está encargado, cuando le puso en conocimiento a la Directora esta le dijo que la carta era falsa, y que necesitaba ubicar a N. L., inmediatamente llegaron los de DIC y al día siguiente llevaron a N. L.. Ante el interrogatorio de la defensa la testigo manifestó que quien le entregó el documento, la carta de libertad fue el defensor (refiriéndose al imputado quien realizó su propia defensa técnica).- La testigo N. L. S., ante el interrogatorio de las partes y miembros del Tribunal declaró: Que llegó un señor diciendo que era de la Corte y seguidamente se presentó el Abogado M., diciendo que se iba libre la señora N. L., llevaban un fólder con los documentos, una carta de libertad y una de excarcelación, se presentó el señor de la Corte con el sobre y seguidamente se los entregó al abogado M. y éste hizo las gestiones, cuando llegaron a la guardia externa, se presentan con la documentación, se toman los datos de ellos en el libro de novedades, en este caso se consignaron los datos, después le devolvió los documentos nuevamente al abogado M. y éste se dirigió hasta la guardia interna, para hacer los trámites. Que el de la corte le entregó los documentos al Abogado M. y éste se los presentó a ella y fue cuando vio que ahí decía carta de Libertad de N. S. por lo que lo dirigió a la guardia interna. De igual manera el ente acusador allegó al universo probatorio; 1) Carta de libertad emitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.- 2) Orden emitida por el Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dirigida a la Directora de CEPAS, donde se ordena dejar en inmediata Libertad a la señora N. E. L..- 3) Certificación emitida por el Secretario del Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa dirigida a la Señora Directora de CEPAS, a través del cual se certificaba una resolución de dicho juzgado referente a un fallo de la Corte de Apelaciones en virtud de recurso de apelación, donde se establece que se declaró con lugar el recurso y se revocó el auto de prisión decretado contra la señora L..— 4) Libros de control de novedades, denominados anexo uno y anexo dos, que se llevan en las estaciones de guardia tanto externa como interna del Centro femenino de Adaptación Social CEPAS, a través de los cuales consta acreditado la fecha y hora de llegada del imputado, así como el motivo de su llegada.- 5) Dictamen de grafoscopio Forense o caligráfica, ratificada por el perito Julio César Alvarado Torres, a través del cual determinó que el resultado de la pericia en cuanto a la firma del Juez I. C. con la firma plasmada en la carta de Libertad, no fue posible asociar dichas firmas cuestionadas con una autoría por parte del señor I. C..— A través de las pruebas que anteceden, al ser contrastadas unas con otras nos conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas, la participación del imputado J. A. M. R., en el hecho acaecido, sin embargo, al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de tales probanzas que no ha sido posible establecer tal participación, dicho razonamiento lo consideramos como infracción a la lógica y dentro de la misma al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específicamente en el item, valga la redundancia de suficiencia, tal como se demuestra a continuación: 1) Con la declaración de la testigo M. L. L. (hermana de la señora N. L.), quedó acreditado que efectivamente ellos contrataron los servicios profesionales del ahora imputado J. A. M. R., de quien reciben una llamada manifestándoles que ya tenían todo arreglado, indicándoles que él se adelantaría para ir al centro Femenino de Adaptación Social CEPAS, que al momento que el Abogado M. y al lado de él se encontraba su hermana, firmando ella un libro de salida de su hermana a petición de las autoridades del centro.- 2) A través de los testimonios brindados por las testigos D. M. R. Z. y N. L. S., quedó plenamente acreditado que el imputado J. A. M. R., se presentó al centro Femenino de Adaptación Social, en compañía de otra persona, portando un fólder conteniendo una carta de libertad a favor de N. L., así como una orden de excarcelación, siendo claras las testigos en afirmar que la persona que realizó toda la gestión de excarcelación fue el imputado M. R. y que la otra persona que lo acompañaba solo estaba viendo lo que él hacía; asimismo con dichas declaraciones no queda margen de duda que el imputado efectivamente ingresó al Centro, púes una vez que se identificó en la guardia externa y manifestó la razón de su presencia, fue conducido por la Clase 1, hacía la guardia interna, la cual queda ubicada aproximadamente a tres cuadras, lugar en el que fue atendido por D. M. R., específicamente en la Asesoría Legal de la Dirección, oficina que está ubicada dentro del complejo. 3) De igual forma a través de las novedades consignadas tanto en los libros de la guardia externa como interna, que para tal efecto se lleva en dicho Centro quedó acreditada la presencia del imputado M. R., al desprenderse de las mismas lo siguiente: a) Libro de la Guardia Externa 18:20 entraron los Abogados J. A. M. y J. Bienvenido A. quienes vienen a dejar carta de libertad a la interna N. L. al centro de CEFAS, saliendo del Centro. 10:40 salió la señora M. L. L. quien se fue con carta de libertad por orden de los Juzgados de Tegucigalpa, quien vendrá a traer su carta de libertad el día lunes 2 de Junio del 2008. b) Libro de Guardia Interna, 18:26 entró el señor J. I. con el apoderado legal J. M. el cual trae una carta de libertad de la interna N. L. la cual está en el hogar número 5 y al mismo tiempo sale la interna N. L. con carta de libertad.— 4) Cabe señalar que el Juzgador al momento de valorar las declaraciones de las testigos M. L. R. Z., N. L. S. expresó de la primera que la misma no resultó creíble, al haber observado a lo largo de la audiencia de colaborar más allá de lo normal con el Ministerio Público, así como las peticiones del ente acusador para que fuera tomada su declaración con prelación a otros testigos, así como peticiones de que se permitiera a los familiares llevaran comida a N. E. L.; y en relación a las otras dos testigos arguye el Tribunal que sus deposiciones no concuerdan con las anotaciones de los libros de ingreso que fueron inspeccionados por el tribunal, pues resultan confusos, puesto que establecen el ingreso de J. B. A. y el otro libro ignora este ingreso y señala que J. A. M. y un señor de apellido I., por lo que no puede afirmar a niveles de certeza que ingreso efectivamente se realizó y cual no. -Tal como lo expresamos con anterioridad dicho razonamiento resulta infractor del Principio Lógico de Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de suficiencia, considerando que el tribunal a pesar que tales testimonios le informan sin lugar a dudas la presencia del imputado J. A. M. R. en el Centro Femenino de Adaptación Social CEPAS, demerita sus testimonios aduciendo circunstancias irrelevantes para efecto de valorar la credibilidad de un testimonio, es decir, tales argumentaciones carecen de los parámetros razonables para mermar la credibilidad de un testigo, no puede la amabilidad ser un parámetro para desvirtuar la declaración de una persona.— Sobre el particular la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.P. 198—2008, ha establecido jurisprudencia al referir lo siguiente:”Para determinar la credibilidad de un testigo es necesaria la credibilidad general como la especial en el asunto de que se trate. En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe o no alguna de las causas generales que la suprimen, la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especiales juez ha de basarse en las reglas generales de la sana critica, en los antecedentes del testigo y sobre todo en la correlación de los testimonios con las demás pruebas”. 5) En relación a la argumentación del Tribunal de Sentencia de dementar la validez de los testimonios de D. M. R. y N. L. S., por no ser congruentes supuestamente con los libros de novedades, por haberse consignado un nombre diferente de la persona que acompañó al Abogado J. A. M., lo cierto es, que tal circunstancia resulta irrelevante, pues la persona sometida a juzgamiento es el señor M. R., y sobre él no existe dato confuso, pues en ambos libros de novedades consta sin lugar a dudas su ingreso y que tenía consigo una carta de Libertad a favor de N. L.; las pruebas se complementan entre sí, luego aún la inconsistencia periférica, siempre que concuerde en la esencia, no puede desacreditar un testimonio.- 6) Con el Dictamen Grafoscópico forense practicado a las muestras de escritura obtenidas del señor I. C., así como de la firma que calza en la Carta de Libertad a favor de N. L., se determinó sin lugar a dudas que no fue posible asociar dichas firmas cuestionadas con una autoría por parte del señor I. C., probanza a través de la cual quedó acreditado que el imputado J. A. M. R., utilizó un documento como ser la Carta de Libertad, a sabiendas que no era auténtica, por lo que su actuar se considera doloso, por estar debidamente acreditado que efectivamente él llevó la carta de libertad y orden de excarcelación al Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS, y una vez allí hizo uso de la misma al proceder a realizar el procedimiento para lograr la excarcelación de la señora N. L., como finalmente aconteció.— 7) A través de la inspección realizada en el expediente 8—170—2009, quedó asimismo demostrado que el imputado J. A. M. R., usó un documento a sabiendas de que el mismo era falso, considerando que el imputado era el representante legal de la señora N. L., constatándose que éste gestionó una revocatoria del auto de prisión, por lo que resulta más que claro su conocimiento sobre el estado legal de su representada.- 8) De igual forma el Tribunal de Sentencia ha vulnerado las Máximas de la Experiencia, al establecer que por no haber sido notificado de la resolución de un recurso de reposición interpuesto, el imputado asumió que la libertad de su representada emanaba de una orden legitima, cuando dichas máximas nos permiten establecer que el hecho de interponer un recurso de reposición no asegura que la Corte se pronunciaría revocando el auto de prisión, lo que implica un lapso de tiempo para trasladar el expediente de la Corte a la sede del A—quo, tiempo en el que se hubiese enterado de los resultados, lo que vuelve inconsistente la tesis de la defensa adoptada por el sentenciador.—Por otro lado, la prueba desarrollada en el proceso, una vez conforme a las reglas de la Sana Crítica, no permite negar que el imputado fue la persona que llevó el documento falso; además el sentido común indica que el imputado no podrá negar la falsedad del documento, él lo portaba, ¿Cómo lo obtuvo?, su versión de defensa denota culpa, al negar lo innegable (que él lo portaba), se busca una versión que lo desligue del documento porque sabe que es falso, obviar estos extremos es vulnerar las reglas de la Sana Crítica.-De la probanza que antecede se concluye, que la conducta del imputado se enmarca en los delitos de Uso de Documentos Falso y Colaboración en la Evasión, acción que fue cometida por el imputado con dolo al configurarse sus dos elementos esenciales, como ser, el elemento cognoscitivo el cual consiste en saber que determinada acción constituye un acto ilícito o que ésta prohibido por la ley, y en el caso sub judice el imputado sabía que el documento que portaba era falso a pesar de ello invocó su eficacia jurídica, asimismo sabía que al hacerlo valer, incidiría para colaborar en la Evasión de la reclusa N. L. quien se encontraba formalmente detenida y quien recobró su libertad a través de ese acto ilegal, también es importante resaltar que de la propia declaración del imputado se deduce el conocimiento ilícito de su actuar al haber expresado lo siguiente: “yo no podría tener una brutal ignorancia estaba entre la espada y la pared porque por un lado el abogado tiene que ser respetuoso de las leyes no encubrir ciertas cuestiones y por otro lado estaba sujeto por lo personal y serle fiel a mi cliente” y el elemento volitivo consistente en el desear realizar una acción constitutiva de delito, y como se desprende de la declaración de la señora M. L. L., el imputado J. A. M. R. la llamó para decirle que todo estaba arreglado, para luego dirigirse al Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS.- Como podréis observar Honorables Magistrados, las pruebas supra indicadas las cuales fueron introducidas y evacuadas válidamente en el debate, merecen total credibilidad y al someterlas a una valoración bajo las reglas de la Sana Crítica no pueden ser descartadas por el sentenciador, sin embargo al no ser valoradas con apego a dichas reglas, ni mucho menos haber sido relacionadas entre sí, como lo exigen los Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, el Juzgador ha dejado de extraer la conclusión fáctica positiva que el imputado J. A. M. R. es el responsable de los delitos de Uso de Documento Falso y Colaboración en la Evasión tipificados en los artículos 289 y 391 del Código Penal.-En virtud de lo anterior la suscrita comparte el criterio esbozado en el voto disidente en el cual se establece lo siguiente: “Con base a las declaraciones de los testigos L. M. R. Z., N. Li. S. y demás testigos de cargo que estuvieron presentes en CEFAS a las seis de la tarde, del día en que N. L. salió fraudulentamente de dicho Centro Penitenciario, los que valorados en forma conjunta con el contenido de los libros de novedades de la guardia del Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS, se acredita sin lugar a dudas que el acusado J. A. M. R. ingresó al interior de dicho Centro para realizar los trámites de excarcelación de la imputada N. L. Dichos testimonios se consideran creíbles porque se trata de personal de dicha institución sin ninguna enemistad previa con el acusado y presénciales de los hechos, no hay evidencias de manipulación del contenido de los libros de novedades de las guardias de dicho centro por lo que el contenido de estos libros constituyen una corroboración periférica de dichos testimonios”.”. . ., ha quedado claro sin discusión que el acusado perfectamente sabía que dichos documentos utilizados para lograr el efecto de excarcelación de la señora N. L., eran falsos, tal como el propio acusado lo reconoce al rendir de viva voz su declaración al señalar que sus actuaciones consistentes en señalar días antes de los hechos, revisión de medida de prisión preventiva, así como la apelación contra la resolución que declaraba sin lugar su petición había fracasado” “... ., el actuar del acusado también se subsume en el tipo penal contenido en el artículo 391 del Código Penal (colaboración en la evasión), pues el acusado se presentó hasta el portón principal de CEFAS a las 6:15 de la tarde a sabiendas de que se trataba de algo ilícito porque le constaba el fracaso de sus diligencias para lograr la excarcelación de N. L..”—La tesis de la defensa en todo momento consistió en que no es responsable de los delitos a él reprochados, y a pesar de hacer uso de su defensa material pretendió hacer parecer que la señora M. L. L. había sido la persona que llevó al Centro Femenino de Adaptación Social CEPAS, los documentos de los cuales se acreditó su falsedad, aduciendo asimismo que permaneció afuera de dicho Centro, sin embargo su argumento no encontró sustento alguno con el resto de las pruebas evacuadas en el debate, sino más bien a través de la prueba de cargo se desvirtuó fehacientemente su versión sobre los hechos. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Conforme a estos lineamientos, es pertinente que este Tribunal de Casación, proceda a constatar si el Tribunal de instancia observó o no las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de las pruebas. En el apartado segundo de la Valoración de la prueba el Juzgador no concede credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos M. L. L. T., G. A. S. M. y N. E. L. J. ya que habría observado en ellos “una anuencia a colaborar más allá de lo normal con el Ministerio Público” y por parte en el ente acusador un trato de favor en virtud del cual permitió la comunicación y el ingreso de comida por parte de los familiares a la cliente del procesado, la señora N. L.; advirtiendo que al mantenerse un proceso pendiente contra esta última y dictarse un Sobreseimiento Provisional en su favor, existe la posibilidad que Ministerio Público recabe más pruebas en su contra, lo que lleva a considerar que los testigos M. L. L. y G. A. S., al momento de declarar han tenido interés en evitar las condiciones que agraven la situación jurídica de su familiar, es decir de la señora N. L., lo que explicaría la hostilidad con la que habría reaccionado la testigo M. L. L. T. ante las preguntas formuladas por la Defensa. Esta Sala constata que el Tribunal de instancia ha obviado plasmar la Fundamentación Descriptiva de la prueba que manifiesta haber valorado, al no consignar en la sentencia el contenido de las declaraciones rendidas por varios testigos a los que no concedió credibilidad. Por otro lado, no resultan convincentes las razones que esgrime para estimar que tales declaraciones no son creíbles ni confiables. En el numeral Tercero de la Valoración Probatoria, el Tribunal alude a las declaraciones rendidas por los señores D. A. F., L. M. R. Z. y N. L. S. L.; así como también a la Inspección realizada en los Libros de Ingreso del CEFAS, concluyendo que la señora D. A. F. C. no se encontraba en el Centro Femenino de Adaptación Social por lo que es un testigo de referencia; y que los testimonios rendidos por las señoras L. M. R. Z. y N. L. S. L., no concuerdan con los datos consignados en los libros de ingreso; por otro lado señala que con la inspección se corroboró que los Libros de Ingresos resultan confusos, pues en uno de ellos únicamente se consigna el ingreso de un sujeto identificado como J. B. A. mientras que en el otro lo que se recoge es el ingreso del imputado J. A. M. R. y un señor de Apellido I., concluyendo que por tales razones, la prueba testimonial y los datos recogidos en virtud de la inspección judicial practicada en los libros de ingreso no resultan confiables. Esta Sala es del criterio, que al igual que sucede con la valoración efectuada por el Tribunal de instancia en el acápite segundo, en el acápite tercero vuelve a infringir la Regla Lógica de la Derivación, pues no expresa las razones que ha tenido en cuenta para considerar que las declaraciones de los testigos L. M. R. Z. y N. L. S. L. no concuerdan con las anotaciones de los Libros inspeccionados, y de ello extraer que no son dignas de crédito, y por el otro no ha externado razones convincentes para descartar que de los libros examinados se desprendan elementos probatorios en contra del encartado J. A. M. R., de ahí que sin prejuzgar en modo alguno en torno a la culpabilidad del encausado antes referido, esta Sala considera que si el Tribunal de instancia hubiere observado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, el resultado podría haber sido distinto. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo debe ser estimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 337, 338, 359, 362 numerales 3 y 6 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de forma, formulado por la Representación del Ministerio Público, SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de forma, formulado por la Abogada T. J. F., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor J. A. M. R. por el delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de La Fe Pública y Colaboración en la Evasión en perjuicio de la Administración Pública. TERCERO: CASANDO la Sentencia Absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de junio del dos mil diez; y por tanto decretando su NULIDAD. CUARTO: Ordenando que se celebre un nuevo Juicio que deberá conocer un Tribunal integrado por jueces distintos a los que participaron en el debate anulado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-306-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Bacigalupo, Enrique, Delito de Falsedad Documental, Buenos Aires, Argentina, Pág.116 y 136
[2] Vid. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en Ensayos sobre Política Criminal, Derecho Penal y Proceso Penal, Tegucigalpa, AGM, 2004, pág. 31 y ss.
[3] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.