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Sentencia CP-290-12 — Registro 4343

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delitos de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Reclamó el recurrente, el yerro en el que incurrió el sentenciador al inobservar las Reglas de la Sana Crítica al momento de ejercer su Juicio de Valor sobre los medios probatorios evacuados en el debate, estableciendo como precepto legal que le autoriza su impugnación, el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Al desarrollar su recurso expresó, que la prueba sobre la cual el A-quo realizó una inadecuada valoración fue la consistente en: Prueba Testifical de la señora D. D. E. P. (abuela de la ofendida) G. G. D. P. (menor ofendida), D. D. D. (Madre de la Ofendida) y G. A. D. P. (Tía de la ofendida), Prueba Documental: Acta de Nacimiento de la ofendida; Prueba Pericial: Dictamen Médico, Dictamen Psicológico y Dictamen Psiquiátrico todos practicados a la ofendida. Estableció que la menor ofendida fue objeto de constante manipulación y malos tratos de parte de su tía para que no declarara que el compañero de hogar de ésta había abusado sexualmente de ella, lo que se comprobó en el acto del Juicio Oral ya que la menor estableció que todo había ocurrido con su voluntad, al respecto consideró el recurrente que la menor no tiene la capacidad ni la madurez para saber cuando existe violación y cuando no. Aduce, del conjunto probatorio no se logra extraer la información necesaria para condenar al imputado, a pesar de ello, el Tribunal le responsabilizó de los hechos pero sus razonamientos carecen del requisito de Suficiencia que integra el postulado de Razón Suficiente de la Lógica. II.- Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal en otras sentencias, la Casación por Quebrantamiento de Forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales. Dentro de ellos se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. La inobservancia de esas reglas es controlable en casación. El Tribunal de Casación no tendrá ante este tipo de vicios que determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el derecho a los hechos, sino comprobar si cumplió los preceptos jurídicos reguladores de su actividad. Cada uno de los motivos de Casación en la Forma regulados en el Artículo 362 del Código Procesal Penal hondureño, implica una afectación a disposiciones procesales concretas, lo que confirma que involucra una infracción de ley, especialmente de aquellas que regulan la forma de estructurar la sentencia, puesto que la mayor parte de los motivos, se dirigen a controlar ese acto procesal a través del ataque de los defectos trascendentales que pudiera contener. Siendo la Casación por Quebrantamiento de Forma una vulneración de reglas del proceso, el recurrente deberá tener presente indicar que regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización deberá señalar la norma que rige el acto particular, y señalar por supuesto la forma en que la violación o vicio le ocasiona el perjuicio. III.- Este Tribunal de Casación, observa que la presente impugnación es carente de una Adecuada Técnica Recursiva, pues el impetrante no cumplió con lo que estipula el Artículo 363 del Código Procesal Penal que dice: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo. Con posterioridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto. En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considera infringidos, el sentido en que lo hubieren sido y expresará también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos, y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos.” El impetrante interpone un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, denunciado la violación a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Lógica en su Principio de Razón Suficiente en su Postulado de Derivación; sin embargo, no fue capaz de identificar concretamente en cuales razonamientos del Sentenciador se infringieron esas Reglas y cómo afectó esto en la defensa del acusado. Hace referencia a que la menor ofendida cambió su declaración anterior y afirmó que ella tuvo relaciones sexuales con el imputado por su propia voluntad, lo que exime de responsabilidad al imputado. El recurrente hace sus propios Juicios de Valor respecto a la prueba evacuada, efectuado razonamientos subjetivos sobre el conjunto probatorio, práctica que no es permitida en esta etapa casacional. A pesar de la falencia del recurrente, es importante aclarar que aún y cuando la menor G. G. D. P. haya declarado que a los 13 años tuvo relaciones sexuales de forma voluntaria o consentida con el acusado D. I. V. E., no modifica o exime de responsabilidad al acusado, pues ella carecía al momento de suscitarse los hechos, de la madurez necesaria para tomar esa decisión, pues no poseía esa libertad para decidirlo, ya que en los delitos sexuales cuyas víctimas son menores, no es la Libertad Sexual el Bien Jurídico que se protege sino que su Indemnidad Sexual, que es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: a) Los(as) menores de catorce (14) años de edad, aún cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad. En consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico de indemnidad sexual..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de enero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor D. I. V. E. por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor G. G. D. P.; a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL.- 2) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado A. A. P., actuando en su condición de Defensor Privado del señor D. I. V. E..- ES PARTE: El Abogado A. A. P., en su condición de Apoderado Defensor del señor D. I. V. E., como parte recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil ocho, alrededor de las ocho de la noche, la menor de trece años G. G. D. P., quien residía con su abuela D. E. P., en la aldea El Coco, jurisdicción de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, se fue a convivir en pareja con el acusado D. I. V. E. a la casa de sus padres, situada en la misma Aldea El Coco, y esa misma noche sostuvieron relaciones sexuales y después de un espacio de tiempo de tres meses de estar unidos como pareja, se separaron y la menor G. D. retornó a casa de su abuela D. P. SEGUNDO: Una vez que la menor G. G. se separó del acusado D. V., su tía de nombre G. A. Pagoada se la llevó a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, quien después fue ingresada al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, donde ha continuado con sus estudios y el acusado D. I. V. fue denunciado por la tía de la ofendida, a quien aprehendieron posteriormente en la misma casa de su padre F. V. por la autoridad Policial y finalmente fue puesto a la orden de los Órganos competentes. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado A. A. P., en su condición de Defensor Privado del encausado D. I. V. E.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente Abogado A. A. P., en su condición de Defensor Privado del imputado D. I. V. E., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- PRIMER MOTIVO: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al Juicio. SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el Sentenciador, en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO JURIDICO AUTORIZANTE: Los presentes motivos de Casación se encuentran comprendidos en el Artículo 362 numeral 2 y 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO: El Ente Acusador, propuso y se Evacuó como Medio de Prueba Denominado Pericial lo siguiente: a) Dictamen Médico acerca del Tipo y Cantidad de Lesiones de la Ofendida, realizado por el Doctor O. R. U. (realizado en fecha 25 de Abril del 2008); b) Dictamen Psicológico a efecto de determinar el trauma mental que sufrió la Ofendida, realizado por la Licenciada C. M. P.(realizado en fecha 22 de Octubre del 2008); c) Dictamen de Evaluación Psiquiátrica para determinar el daño mental, realizado por el Doctor G. A. (realizado en fecha 22 de Octubre del 2008). Nuestro Código Procesal Penal, en su Artículo 242 y sub-siguientes, establece la forma, procedimiento y momento Procesal en que han de practicarse y presentarse las Pericias en los diversos momentos Procesales, los cuales están enmarcados en los Artículos 263 y 264 del mismo cuerpo legal. Referente al Dictamen Medico acerca del Tipo y Cantidad de Lesiones de la Ofendida, realizado por el Doctor O. R. U., realizado en fecha 25 de Abril del 2008 , es decir que el mismo fue Practicado o realizado durante la Investigación Preliminar (Art. 264 numeral 2), sobre lo cual, nuestro Código Procesal Penal en su Artículo 246 establece: Que las Pericias efectuadas Durante la Investigación Preliminar, solo podrán incorporarse por Lectura al Debate si se hubiese seguido las Reglas sobre el Anticipo de Prueba (Art. 277 C.P.P.), bajo control Jurisdiccional.- Es decir, bajo ningún termino debió incorporarse, evacuarse y mucho menos valorarse una Pericia elaborada al margen de lo establecido en nuestra normativa Procesal Penal: en tal sentido, nuestro Código Procesal Penal, es claro al establecer en su Artículo 200 que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías Procesales ( Art. 90 Constitucional ); en consecuencia dicho Medio de Prueba no fue Incorporado legalmente a juicio. Referente a los Dictámenes Psicológico y de Evaluación Psiquiátrica, realizados en fecha 22 de Octubre del 2008 (mismo día en que dio Inicio el Juicio Oral y Público), por la Licenciada C. M. P. y por el Doctor G. A., respectivamente; la normativa Procesal Penal en su Artículo 242 establece el Procedimiento Legal correspondiente para el nombramiento de Peritos y para la Práctica de la Pericia, siendo este: Que el Tribunal de Sentencia, con conocimiento de las partes, seleccionara los Peritos, asimismo se fijara con precisión los Temas de la Pericia y el Plazo para la presentación de los Dictámenes; una vez Investido Judicialmente (Juramentado) el Perito pondrá en conocimiento de quien lo designo, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones y la Autoridad que lo nombró (Tribunal) lo comunicará a las partes para que puedan presenciar su Práctica; procedimiento y formalidades estas que se omitieron en su Totalidad, ya que, nunca se Juramentó a ambos Peritos, no se puso en conocimiento del Tribunal la fecha en que se practicaría la Pericia y consecuentemente este no le comunicó absolutamente nada a las partes para que pudieren presenciar su Práctica. Lo anterior, fue efectuado en completo desapego a Derecho e inobservado las normas Procesales, ya que bajo ningún termino debió incorporarse, evacuarse y mucho menos valorarse las Pericias elaborada al margen de lo establecido en nuestra normativa Procesal Penal: en tal sentido, nuestro Código Procesal penal, es claro al establecer en su Artículo 200 que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren garantías Procesales (Art. 90 Constitucional); en consecuencia dicho Medio de Prueba no fue Incorporado legalmente a juicio. Nuevos amores se ventilan, como tórtolos andaban ciertas gentes, adivinen de quien se trata, que hasta la presentó el valiente. III.- El recurrente Abogado A. A. P. en su condición de Defensor Privado del imputado D. I. V. E., continúa manifestando en su SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Es de utilidad para la mayor comprensión del presente Recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la Valoración de la Prueba en un Proceso Penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el Sentenciador Formara su convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a las normas de la Sana Crítica obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la Regla Cuarta del Artículo 338 del mismo Cuerpo Legal. Resulta que la Sentencia Condenatoria que hoy se cuestiona por esta Vía Impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las Reglas de la Sana Crítica a observarse en la Valoración de la Prueba, y que se convierte en consecuencia, en la Violación de los Artículos antes mencionado: El Ministerio Público en su afán de acreditar la Culpabilidad de mi Defendido, oferto y se Evacuo la Prueba de cargo siguiente: Declaración Testifical de D. E. P. (Abuela de la Ofendida), G. G. D. P. (Ofendida), D. D. D. (Madre de la Ofendida)y G. A. D. P. (Tía de la Ofendida); como Prueba Documental el Certificado de Acta de Nacimiento de la ofendida; como Prueba Pericial: Dictamen Médico realizado por el Perito Forense O. U., Dictamen Psicológico realizado por la Licenciada C. M. P. y Dictamen Psiqu, iátrico realizado por el Doctor G. A. La Testigo D. E. D., manifestó: Que ella no sabe nada ni puede decir nada sobre los hechos, y que fue su hija G. D., quien le dijo lo que tenía que decir presionándola expresó que su nieta G. G. D. P., estuvo viviendo un periodo de tiempo en la casa de los Padres del Imputado pero que nunca tuvo relaciones la menor con él (refiriéndose al Imputado). La Testigo D. D. D., por su parte expreso: No saber nada del Problema. La Testigo G. G. D. P., expuso: Que había sido abusada sexualmente por el esposo M. B. de su tía la Testigo y Denunciante G. A. D. P., persona quien presiono a su madre la Testigo D. E. D., para que declarara en contra del Imputado, pretendiendo desde un inicio excluir la responsabilidad de su esposo la menor ofendida, declaró que su tía le dijo que ella era sinvergüenza y que la maltrataba y Que le dilo que si ella decía la verdad sobre su marido se iba a podrir ahí (en el IHNFA); asimismo, declaró ser objeto de manipulaciones por parte de su tía y que la obligaba a decir cosas que no eran. Expresó no saber que eran relaciones sexuales. La Testigo G. A. D. P., declaró haber interpuesto la Denuncia en la ciudad de San Pedro Sula, ya que la menor ofendida vivió una época con ella; sobre esta Declaración cabe recalcar que como se expuso anteriormente, la Testigo en referencia a sido quien desde el inicio manipuló a la menor ofendida para decir cosas que no son con el único fin de proteger a su esposo M. B., llegando incluso la testigo a pretender inducir a su madre a faltar a la verdad para declarar en contra del Imputado; extremos éstos que quedaron establecidos en juicio con las declaraciones de las otras Testigos de Cargo. Es de recalcar, que la menor ofendida G. G. D. P., como quedó evidenciado, desde el Inicio del Proceso (Denuncia) fue objeto de constante Manipulación y malos tratos por parte de su tía la también Testigo G. A. D. P.; en Primer Término en la Audiencia Inicial de fecha 29 de abril del 2008, declaró (Folio 31 vuelto), que el imputado la agarraba a la fuerza para hacer el amor y que la amenazaba, que mantuvo relaciones por sus dos partes, haciendo especial mención que en esa ocasión al rendir su declaración lo hizo en compañía de la persona quien ella manifestó en reiteradas ocasiones que la manipulaba (ver Folio 29 línea 3); posteriormente, ya en el Juicio Oral y Público, la menor ofendida con el afán de reparar la falsedad de lo aseverado en la Audiencia Inicial producto de las manipulaciones de las que había sido objeto, reoriento su declaración, según ella para exculpar al imputado, expresando que todo había sido por su voluntad.- Por lo tanto, nos vemos en la situación de que primeramente la menor, quien por edad y por su grado de inmadurez, no tiene los conocimientos ni capacidad para saber cuando existe violación y cuando no, según nuestra ley sustantiva penal, habiendo llegado ella a la conclusión de que reorientar su declaración en tal sentido, lo exculparía.- Es decir, que la menor estando consciente de lo Falso de su Declaración rendida en Audiencia Inicial ante Juez competente, quiso a su manera cambiar la misma, sin saber ni tener en cuenta que la forma en que lo hizo no era la ideal. El conjunto de esta prueba testifical, brinda una información que el Tribunal no logro extraer, incurriendo así en la violación del requisito de suficiencia que, a su vez, integra el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación que forma la lógica como regla de la Sana Crítica, que debe aplicar el Juzgador al momento de valorar la prueba. En tal sentido, el Órgano Sentenciador, brindó en su Valoración de la Prueba, Credibilidad a todo lo expresado por la menor ofendida, sustrayéndose en principio de lo que la referida menor expresó como lo es haber sido objeto de manipulación por parte de su propia tía y de malos tratos, tendientes a inculpar al imputado y exculpar a su esposo; asimismo el Tribunal, deja a un lado el hecho de que la menor ofendida por razón de su edad, su falta de comprensión y entendimiento, haya pretendido con su declaración salvar a mi defendido, dando a su manera la declaración que ella consideró favorable; entonces nos preguntamos, ¿ si la menor ofendida hubiere sido manipulada u orientada a rendir su declaración de una u otra manera en juicio, que habría expresado, que sentencia se hubiera obtenido? Ante tales circunstancias, no debió el Juzgador, darle credibilidad a la declaración en cuestión y mucho menos basar su sentencia condenatoria en una declaración que en inicio estaba viciada producto de manipulaciones y en segundo lugar por haber sido evidente que fue narrada de esa manera con el único fin (según una menor de 13 años) de acreditar la Inocencia del Imputado; declaración que resulto ser inconsistente e incongruente con la Prueba Pericial, donde los Peritos interrogaron a la Ofendida y esta les dio fechas distintas en las cuales supuestamente sucedieron los hechos. Es así que la Defensa aprecia que las pruebas no fueron valoradas con apego a las reglas de la sana crítica, ni mucho menos valoradas de forma armónica ni conjunta, tal como lo exigen los Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL ABOGADO PRIVADO A. A. P. A FAVOR DEL IMPUTADO D. I. V. E.. I.- Denunció el recurrente, que el Tribunal Sentenciador basó su fallo en Medios o Elementos Probatorios no Incorporados Legalmente al Juicio, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Expuso el denunciante, que el Ente acusador propuso y evacuó como Medio de Prueba Pericial los siguientes: a) Dictamen Médico practicado a la ofendida en fecha 25 de abril del 2008, b) Dictamen Psicológico de la perjudicada de fecha 22 de octubre del 2008 y c) Dictamen Psiquiátrico de la afectada realizado el 22 de octubre del 2008. Aduciendo, que la referida Prueba Pericial se llevó a cabo al margen de lo que establecen los artículos 242 y 246 del Código Procesal Penal, por tanto no debió valorarse, ya que la misma es ilícita al no realizarse bajo los procedimientos y formalidades que manda la Ley, pues nunca se juramentó al perito y consecuentemente no se le informa a las partes de su práctica para que estuvieran presentes. II.- El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal de Honduras, indica en el apartado “Valoración de la Prueba”, el Tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el Juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las Reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los Principios de Oralidad, Publicidad, Inmediación y Contradicción que rigen en el proceso penal en la actividad probatoria. Es aplicable el vicio, en consecuencia, al caso en que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la Garantía Judicial del Principio de Legalidad, según la cual el Juicio Penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido en estricto apego a las exigencias propias del debido proceso garantizado en la Constitución de la República Y desarrollado en la normativa procesal penal. III.- Al analizar los argumentos del recurrente, vemos que los Medios de Prueba Periciales que ahora cuestiona, consistentes en Dictamen Psicólogo (F 72), Dictamen Psiquiátrico (F 70) y Examen Médico Físico (F 76) practicados a la ofendida, fueron medios de pruebas presentados como tal en la Audiencia de Proposición de Pruebas (Folio 64), en donde el Tribunal los admitió con conocimiento de las partes, en cuya audiencia el Juez estableció que los mencionados expertos eran Peritos adscritos a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de esa localidad, por tanto, se constituyen en Peritos Oficiales, esto implica que están envestidos judicialmente para su encargo, de todo lo cual la defensa no puso ninguna objeción. Distinto ocurriría si fuesen peritos particulares en cuyos casos se requiere tanto su juramentación como su manifestación de voluntad para la aceptación del cargo, pero tal como ocurrió en el presente caso, los referidos expertos al laborar para el Ministerio Público se constituyen en Peritos Estatales. La Prueba Pericial ha sido definida como aquélla que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no posee o puede no poseer, para facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos objeto del debate. También se considera como el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona que no sea sujeto necesario del proceso acerca de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso y dirigida al fin de la prueba, para la que es necesario poseer determinados conocimientos científicos, artísticos y prácticos. El acto pericial comprende el reconocimiento o percepción del objeto a peritar, la realización de las operaciones necesarias de carácter técnico o de análisis, y la deliberación y redacción de conclusiones. Los dictámenes periciales son opiniones o pareceres de los técnicos en la materia, como reflejo de actos puramente personales. Mas como tales opiniones, han de estar sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba que demanda, prioritariamente, una conjunta valoración sin conceder “a priori” valor superior a un medio sobre otro[1]. IV.- Cuestiona también el recurrente, que no se le notificó a la Defensa la fecha en la que se realizaría la pericia para estar presente en la práctica de la misma; sin embargo, como bien lo apunta el recurrente, el Examen Médico practicado a la ofendida G. G. D. P. fue realizado en la Etapa Preparatoria del proceso, y los Dictámenes Psicológicos y Psiquiátricos fueron practicados el mismo día en que dio inicio el Juicio Oral, de lo que se deduce que, aunque se le hubiera notificado a la defensa la práctica de los exámenes, es evidente que no hubiese comparecido. Si bien, lo correcto es que estas pruebas se practiquen con antelación al debate, la no presencia de la Defensa tampoco invalida el acto, pues los peritos oficiales se hicieron presentes en el debate para sustentar sus conclusiones de forma oral. Ahora bien, debemos también determinar el valor jurídico de estos dictámenes y lo trascendental que hayan sido para lograr la condena del imputado; las conclusiones a las que arribó el Dictamen Psiquiátrico es que la joven G. G. D. P. no tiene alteraciones clínicas de importancia ni emocionales, ni mentales; el Psicológico concluye que la menor posee una depresión leve, personalidad con rasgos de rigidez, una relación disarmónica en el hogar, además de indicadores emocionales común con niños abusados. Por su parte, el Examen Físico establece himen en proceso de degeneración con pérdida de porciones del mismo, vagina estrecha con elasticidad normal, sin signos de enfermedad infectocontagiosa, no signos clínicos de embarazo, área paragenital se encontró pérdida de pliegues y ulceración del área perianal. V.- Como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, los exámenes periciales no son vinculantes para el Sentenciador, es decir, el juez no esta vinculado al criterio del perito, las pericias se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en armonía con el resto de prueba evacuada los puede dar por buenos total o parcialmente o rechazarlos, siempre que sean razonables las consideraciones que llevan a dicha conclusión, no se trata de que el juez pueda apartarse del criterio del perito sin expresar fundamento para ello, sino más bien que cuando deba descalificar el peritaje será necesario expresar los motivos razonables, verbigracia, falta de claridad, contradicción con hechos notorios u otros medios probatorios. Ahora bien, para determinar su importancia y trascendencia ante un cuestionamiento se debe hacer uso del método conocido como “Supresión Hipotética”, con el cual se verifica si una vez suprimido mentalmente dichos medios de prueba, se podría cambiar o variar la decisión final tomada por el A-quo; en el caso examiné, después de un detenido análisis, la Sala aprecia, que aún suprimiendo o sacando de la esfera de valoración los dictámenes cuestionados, no variaría el resultado o decisión final tomada por el Sentenciador, ya que con otros medios de prueba que fueron debidamente evacuados en el proceso, se podría llegar a la misma conclusión, no siendo los aludidos peritajes determinantes para la sentencia emitida, pues eliminándolo “in mente” todavía existe prueba suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria. Además como ya se dijo, los Dictámenes Periciales que cuestiona el recurrente fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos establecidos en la ley procesal y si bien, no se notificó a la defensa de la fecha de su práctica, esto no es suficiente para establecer la nulidad del acto, pues al realizar la supresión hipotética las pruebas no son decisorias para decretar la culpabilidad del imputado, pues existe otra prueba directa como la declaración de la propia ofendida que confirma la tesis acusatoria. En conclusión, al recurrente no le asiste la razón a denunciar que el Juzgador basó la sentencia en Dictámenes Periciales no incorporados legalmente al juicio, pues los referidos medios probatorios fueron agregados al debate mediante el procedimiento que establece la ley; en consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar le presente motivo de casación. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL ABOGADO PRIVADO A. A. P. A FAVOR DEL IMPUTADO D. I. V. E.. I.- Reclamó el recurrente, el yerro en el que incurrió el sentenciador al inobservar las Reglas de la Sana Crítica al momento de ejercer su Juicio de Valor sobre los medios probatorios evacuados en el debate, estableciendo como precepto legal que le autoriza su impugnación, el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Al desarrollar su recurso expresó, que la prueba sobre la cual el A-quo realizó una inadecuada valoración fue la consistente en: Prueba Testifical de la señora D. D. E. P. (abuela de la ofendida) G. G. D. P. (menor ofendida), D. D. D. (Madre de la Ofendida) y G. A. D. P. (Tía de la ofendida), Prueba Documental: Acta de Nacimiento de la ofendida; Prueba Pericial: Dictamen Médico, Dictamen Psicológico y Dictamen Psiquiátrico todos practicados a la ofendida. Estableció que la menor ofendida fue objeto de constante manipulación y malos tratos de parte de su tía para que no declarara que el compañero de hogar de ésta había abusado sexualmente de ella, lo que se comprobó en el acto del Juicio Oral ya que la menor estableció que todo había ocurrido con su voluntad, al respecto consideró el recurrente que la menor no tiene la capacidad ni la madurez para saber cuando existe violación y cuando no. Aduce, del conjunto probatorio no se logra extraer la información necesaria para condenar al imputado, a pesar de ello, el Tribunal le responsabilizó de los hechos pero sus razonamientos carecen del requisito de Suficiencia que integra el postulado de Razón Suficiente de la Lógica. II.- Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal en otras sentencias, la Casación por Quebrantamiento de Forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales. Dentro de ellos se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. La inobservancia de esas reglas es controlable en casación. El Tribunal de Casación no tendrá ante este tipo de vicios que determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el derecho a los hechos, sino comprobar si cumplió los preceptos jurídicos reguladores de su actividad. Cada uno de los motivos de Casación en la Forma regulados en el Artículo 362 del Código Procesal Penal hondureño, implica una afectación a disposiciones procesales concretas, lo que confirma que involucra una infracción de ley, especialmente de aquellas que regulan la forma de estructurar la sentencia, puesto que la mayor parte de los motivos, se dirigen a controlar ese acto procesal a través del ataque de los defectos trascendentales que pudiera contener. Siendo la Casación por Quebrantamiento de Forma una vulneración de reglas del proceso, el recurrente deberá tener presente indicar que regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización deberá señalar la norma que rige el acto particular, y señalar por supuesto la forma en que la violación o vicio le ocasiona el perjuicio. III.- Este Tribunal de Casación, observa que la presente impugnación es carente de una Adecuada Técnica Recursiva, pues el impetrante no cumplió con lo que estipula el Artículo 363 del Código Procesal Penal que dice: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo. Con posterioridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto. En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considera infringidos, el sentido en que lo hubieren sido y expresará también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos, y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos.” El impetrante interpone un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, denunciado la violación a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Lógica en su Principio de Razón Suficiente en su Postulado de Derivación; sin embargo, no fue capaz de identificar concretamente en cuales razonamientos del Sentenciador se infringieron esas Reglas y cómo afectó esto en la defensa del acusado. Hace referencia a que la menor ofendida cambió su declaración anterior y afirmó que ella tuvo relaciones sexuales con el imputado por su propia voluntad, lo que exime de responsabilidad al imputado. El recurrente hace sus propios Juicios de Valor respecto a la prueba evacuada, efectuado razonamientos subjetivos sobre el conjunto probatorio, práctica que no es permitida en esta etapa casacional. A pesar de la falencia del recurrente, es importante aclarar que aún y cuando la menor G. G. D. P. haya declarado que a los 13 años tuvo relaciones sexuales de forma voluntaria o consentida con el acusado D. I. V. E., no modifica o exime de responsabilidad al acusado, pues ella carecía al momento de suscitarse los hechos, de la madurez necesaria para tomar esa decisión, pues no poseía esa libertad para decidirlo, ya que en los delitos sexuales cuyas víctimas son menores, no es la Libertad Sexual el Bien Jurídico que se protege sino que su Indemnidad Sexual, que es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: a) Los(as) menores de catorce (14) años de edad, aún cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad. En consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico de indemnidad sexual[2]. IV.- Al no presentar el recurrente una Adecuada Técnica Recursiva, no es posible hacer un estudio de los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador; por estas razones, es procedente Desestimar el segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362. 2 y 3, y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado A. A. P. en su condición de Apoderado Defensor del señor D. I. V. E. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-290-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. Sobre este tema con abundantes referencias jurisprudenciales: CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal, (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 564.

[2] Véase . Sentencia de Casación Penal SP 332-2009, de fecha diez de enero del 2013.