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Sentencia CP-278-11 — Registro 3694

Resumen

Se condenó en primer instancia al imputado por los delitos de tráfico de drogas y de portación ilegal de armas, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO H. M. R. S. DENUNCIANDO LA VULNERACION DE LOS ARTICULOS 82 Y 99 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA QUE CONSAGRAN RESPECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE DEFENSA E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que la sentencia impugnada infringe los preceptos constitucionales que tutelan los derechos de defensa e inviolabilidad del domicilio, ya que en su opinión, el Tribunal de instancia erróneamente ha concedido credibilidad a la prueba testifical de cargo aportada por el Ministerio Fiscal para tener por acreditado que los agentes de investigación policial, sí contaron con la autorización previa de la señora N. L. P., propietaria de la vivienda donde se habría producido el hallazgo de cierta cantidad de droga y un arma de fuego en posesión del imputado H. M. R. S. El Censor esgrime que el A Quo debió declarar nula la prueba recabada en el allanamiento ejecutado en la vivienda de la señora N. L. P., en virtud de que al momento de ingresar a la misma no se había concedido autorización previa por los habitantes de esta. Señala que la dueña de la vivienda declaró, que no fue sino hasta que fue trasladada a las oficinas de la DNIC, donde firmó bajo presión la autorización de ingreso, por lo que el allanamiento de morada y la prueba recabada en virtud del mismo es ilícita o espuria, de ahí que el Juzgador de instancia no debió utilizarla para condenar al imputado H. M. R. S. por los delitos de TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Esta Sala considera pertinente recordar que la Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El Derecho de Defensa es inviolable…”, mismo que mantiene una estrecha vinculación con la garantía genérica del Proceso, en virtud de la cual toda persona a quien se le sigue un proceso criminal ha de ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de los derechos y formalidades establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho que le asiste al acusado, por medio de su Abogado Defensor, para proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en sus derechos. Esta Sala no constata que se haya vulnerado el núcleo esencial del derecho de defensa en perjuicio del acusado H. M. R. S., pues durante el juicio seguido en su contra se han observado los principios de Contradicción o audiencia, por cuanto el imputado, por medio de su Abogado Defensor, ha tenido la oportunidad de proponer elementos probatorios, formular alegatos e interponer impugnaciones, en un plano de igualdad. En lo que concierne al consentimiento prestado por el morador de una vivienda para el ingreso de agentes de policía, resulta ilustrativo lo expuesto por el jurista español CLIMENT DURAN cuando explica que: “El consentimiento, entendido como la expresión de la libre voluntad de que otras personas puedan entrar en el propio domicilio y registrarlo, aparece jurisprudencialmente definido en la Sentencia del Tribunal Supremo 577/1998, de 27 de abril (Sr. Prego de Oliver y Tolivar) en que se acogen las orientaciones ya plasmadas en otras sentencias anteriores, diciendo que: “….El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias le presentan, accede al registro porque soporta, permite, tolera u otorga, inequívocamente que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental”.[1] Sobre los criterios de apreciación, el mismo autor indica que “es muy interesante lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo 42/1998, de 23 de enero (Sr. De Vega Ruiz): “Es cierto que el problema de si hubo o no consentimiento ha de ser interpretado de manera restrictiva, de la forma más favorable para el titular domiciliario. También es cierto que para llegar a conclusiones concretas, ha de analizarse racionalmente, el comportamiento del propio interesado, “antes, durante y después”, así como las manifestaciones de cuanto pudieran estar presentes cuando el registro se llevó a cabo…”. Del tenor de esta interesante sentencia se infiere lo siguiente: 1) Ante todo, para determinar si el morador prestó o no prestó consentimiento hay que analizar el comportamiento del mismo, anterior, coetáneo y posterior al registro, en función de las circunstancias concurrentes en cada momento; 2) Cuando el morador declara ante presencia del Juez de Instrucción ha de expresar en ese mismo momento que se opuso a la realización del registro, y no guardar silencio, ya si ulteriormente manifiesta que no estaba conforme con el registro, ya no gozará de credibilidad, a menos que concurra alguna razón suficientemente aceptable”; 3)En caso de duda sobre el consentimiento, lo procedente es inclinarse a favor de la tesis de que el morador no prestó autorización para el registro. De ahí que se haga conveniente que los policías actuantes se aseguren suficientemente acerca de la prestación del consentimiento, en evitación de ulteriores negaciones del morador, procurando que conste por escrito dicha autorización”.[2] Finalmente, en torno a los vicios del consentimiento, el citado jurista señala que: “El consentimiento del morador de la vivienda a registrar, como cualquier otra manifestación de voluntad, puede resultar viciado por la concurrencia de un error, de una coacción o de un acto de violencia. Como es el morador quien afirma la existencia de un vicio en su consentimiento, a éste incumbirá la carga de probar su realidad, cosa que de ordinario tendrá que hacer recurriendo a una prueba indiciaria”[3]. En el caso bajo examen, esta Sala considera que efectivamente, el Juzgador ha ignorado la vulneración del derecho fundamental establecido en el artículo 99 de la Constitución donde se establece que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”; lo anterior, por cuanto no fue debatido en el proceso, que el ingreso a la vivienda de la señora N. P. se haya producido en virtud de una situación de urgencia o de flagrancia, por lo que el ingreso de los Agentes de Policía a la vivienda en cuestión, a efecto de proceder a la captura del acusado H. M. R., solo podía ser llevada a cabo válidamente por mandato judicial o con el consentimiento de su morador. En el presente caso, los mencionados agentes de policía no portaban orden de allanamiento alguno, sino que procedieron al ingreso de la vivienda supuestamente amparados por una autorización escrita otorgada previamente por la señora N. L. P.. Sin embargo, al declarar la mencionada señora (folio 133 del proceso) expuso que “…se fue en taxi y llegó a las tres y media , que habían cuatro encapuchados , que uno le dijo que abriera, que están dentro de su propiedad, que no abría porque H. le había puesto los seguros, solo quedaba una puerta de metal, que ellos tiraban ráfagas de tiro por el lugar, se enfurecieron y tiraron dos tiros y derribaron la puerta y se metieron, que ella les dijo que debían tener orden de cateo, que el joven se entregó con las manos en la cabeza, y lo empezaron a golpear, que ella les dijo que porque lo golpeaban si se entregó, lo quedaron golpeando a ellas las sacaron”. Más adelante la declarante expresa que: “…Ellos la obligaron a firmar documentos en la Dig porque la atemorizaron con darle 10 años de cárcel, era la orden de cateo del joven la firmó en la DGIC…”. Sobre las contradicciones que existirían entre dicha deponente y la testigo E. L. R., esta Sala es del criterio que tales discordancias recaen sobre extremos superfluos o no esenciales, y más bien entiende que de la prueba evacuada en juicio, resultan indicios claros y suficientes en torno al comportamiento observado por la señora N. L. P., “antes, durante y después” del ingreso a su vivienda, particularmente en razón de sus manifestaciones persistentes realizadas en el transcurso del tiempo y en las diferentes etapas del juicio, en cuanto a que efectivamente, ni ésta, ni otro morador de la vivienda, otorgó autorización previa para el ingreso de los agentes de policía actuantes, que produjo como resultado la captura del acusado H. M. R. S., y la supuesta incautación de cierta cantidad de marihuana y un arma de fuego en posesión de éste último, y que no fue sino hasta que fue trasladada a las oficinas de la DGIC que bajo la amenaza de ser perseguida por la comisión de un delito es que procedió a firmar dicha autorización. Esta conclusión se presenta reforzada por los siguientes indicios: a) Uno de los agentes de policía y testigos de cargo realizó claras manifestaciones de animadversión en contra del imputado al declarar que tipos como este mataron a un compañero suyo de nombre Israel Castro Ramos, lo que pone en duda su objetividad (vid. Folio No. 120); b) los agentes policiales refieren que cuando la señora N. L. P. se aprestaba a abrir la puerta de su casa, el encausado H. R. S. hizo varios disparos con arma de fuego, sin embargo, no se desprende de los antecedentes que en el interior de la casa desde donde el encartado habría realizado tales disparos se hayan encontrado casquillos u otras evidencias que acrediten tal hecho, en cambio los mismos agentes reconocen que ellos hicieron varios disparos para “atemorizar” al ahora encartado; c) los agentes policiales indican que le dieron “protección” a la señora N. L. P. y a su hija, ante el peligro que representaban los disparos efectuados por el procesado, sin embargo, ninguna de éstas ha confirmado en juicio tal versión, al contrario, la señora N. L. P. lo ha negado reiteradamente sosteniendo que los agentes policiales ingresaron a su vivienda sin su consentimiento y que no fue sino hasta que posteriormente y habiéndose consumado el allanamiento que se le trasladó hasta las oficinas de la DGIC donde bajo intimidación se le obligó a firmar la autorización de ingreso y d)Se aprecian contradicciones sustanciales entre las declaraciones rendidas por los agentes de policía y a la vez testigos de cargo, identificados bajo claves No. 796 y 1249, respectivamente, el primero señala que le quitaron la llave de la puerta a la señora N. P. para ingresar a la casa, mientras que el segundo afirma que ésta última abrió la puerta para permitir el ingreso (vid. Folio No. 121). Así las cosas, esta Sala estima que en el caso bajo examen el ingreso a la vivienda de la señora N. P. por parte de agentes policiales, se hizo con infracción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que consagra el artículo 99 de la Constitución de la República, de ahí que la supuesta incautación de cierta cantidad de marihuana y un arma de fuego en el interior de dicha morada, carece de eficacia probatoria en razón de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal, donde se prevé que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos..”, de tal manera que al no existir otra fuente independiente de prueba de cargo en la que pueda sustentarse la hipótesis acusatoria, podemos afirmar que la presunción de inocencia de que goza el endilgado al tenor de lo previsto por el artículo 89 de la Constitución de la República, no ha resultado enervada, por lo que procede estimar el presente motivo y declarar la absolución del imputado H. M. R. S..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor H. M. R. S., a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; asimismo se le condena al acusado H. M. R. S., a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. L. A., actuando en su condición de Defensora Pública del señor H. M. R. SÁNCHEZ.- INTERVIENEN: Los Abogados A. A. G. y M. R. A., Defensores Públicos del acusado H. M. R. S., como parte recurrente; y la Abogada Y. M. M. A., Agente del Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminantemente, el siguiente hecho: UNO: El día 23 de marzo de dos mil nueve alrededor de las cuatro de la tarde el agente 1249 recibió una llamada anónima de un informante en la que le decían que el acusado H. M. R. S. se encontraba en ese momento en la Colonia Luis Andrés Zúñiga, en la casa de su novia quien es hija de la señora N. L. P.; ante tal situación los agentes se desplazaron al lugar observando que allí se encontraba una joven en compañía del acusado quién al ver a la policía se encerró en la casa de la señora N. Ante esto procedieron a rodear la casa y a pedirle a la joven que llamara a la mamá doña N. que se encontraba en su trabajo. DOS: Aproximadamente una hora después llegó al lugar la señora N., por lo que los agentes allí presentes le solicitan autorización de ingreso habiendo esta firmado la nota de autorización, luego procedió abrir la puerta con su llave, en ese momento el acusado que se encontraba dentro de la vivienda hizo disparos desde el interior de la misma, por lo que los agentes procedieron a retirar a la señora y llevarla al vehículo para protegerla, luego de ello los policías entraron a la vivienda donde el agente de nombre E. C. se le abalanzó al acusado produciéndose una riña por lo que los otros agentes intervinieron hasta someterlos a la impotencia saliendo herido el acusado, despojándolo de un arma que portaba tipo pistola calibre 762 modificada para munición 9mm, sin serie ni marca, y sin documentación alguna. TRES: Al practicarle el registro personal al acusado H. M. R., se le encontró en posesión de 32 envoltorios de papel, conteniendo marihuana en una cantidad de 29.48 gramos”. III.- La recurrente, Abogada I. L. A., formalizó sus Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 82 y 99 en relación con los artículos 303 y 307 de la constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 99, 303 y 307 de la constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”.- Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, por una parte al manifestar: Que con la prueba testifical aportada por el Ministerio Fiscal la mayoría de la Sala le da entera credibilidad, por cuanto resultan contestes en sus afirmaciones, porque se trata de agentes de la autoridad quienes dejaron establecido que en cumplimiento de su deber llegaron al lugar para ejecutar una orden de captura girada contra el acusado por varios delitos, quienes describen de manera clara, concisa y correcta la forma en que llegan al lugar, como el acusado al ver la policía se introduce a una casa donde se encontraba y que es con la autorización de la dueña de la casa que la policía ingresa a la misma, han dicho además que al registrar al acusado le encuentran en posesión de varios carrucos de marihuana, la cual decomisan y también una arma de fuego, aspectos que quedan corroborados por otros medios de prueba como ser las actas de decomiso y el dictamen toxicológico que establece que la droga decomisada es marihuana en cantidad mayor a la que se utiliza para consumo personal inmediato.- Asimismo que no encuentra en estos testigos algún interés particular o espurio de querer afectar al acusado con sus declaraciones, tampoco observa el tribunal que estos testigos hayan faltado a la verdad.- Por tanto por tal virtud a la mayoría de la sala, le parecieron verosímiles, creíbles y aptos por tener por probada que efectivamente se contó con la autorización de la dueña de la casa para entrar así como el hallazgo de la droga y el arma en poder del acusado. La defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo que la mayoría del Tribunal Sentenciador debió declarar Nulo lo relacionado a la prueba recabada en el lugar del hecho con respecto al allanamiento de la vivienda de la señora N. L. P. y que erróneamente lo consideró como prueba de valor para condenar a mi representado, en vista que al momento de ingresar a la vivienda no existió autorización por los habitantes de esta, donde obtuvieron la evidencia supuestamente decomisada, invadiéndose de esta forma el domicilio de la señora N. L., lugar donde se encontraba el imputado por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado en este caso por la mayoría del tribunal sentenciador, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifestó antes el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado al Allanamiento de Morada propiedad de la señora N. L. P. y que erróneamente se consideró como prueba de valor por parte de la mayoría del Tribunal, lo cual no es cierto y nos deja la duda razonable si observamos detenidamente la declaración de dicha señora esta fue terminante al manifestar que cuando llegó a su casa ya los agentes estaban dentro de su propiedad y que le pidieron que le abriera la puerta y que luego de detener al acusado en el mismo vehículo en que lo condujeron hasta la DNIC la llevaron a ella y a su hija también detenidas y fue allí donde les firmó la autorización aludida. Considerando el hecho que los agentes se encontraban dentro de la propiedad privada de la señora N. L. la cual era su morada en ese momento, esta acción es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas del domicilio, la cual tutela cualquier espacio físico aislado del exterior cerrado o parcialmente abierto en el que despliega el ámbito de privacidad de las personas, con independencia de su carácter habitual, permanente o estable, la cual no es oficina estatal o salón de ventas que estén abiertos al publico y de libre acceso, sino que es constitutivo de una dependencia dentro del hogar, es decir una dependencia contigua al hogar, como ser el patio o jardín que esta rodeado por un muro perimetral, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa prueba se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de actuaciones para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la prueba recolectada por los agentes de investigación Criminal proveniente de una acción ilegal por parte de estos, y la cual fue vertida en juicio es prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vinculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal mas susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella profanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que la mayoría del Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por los Investigadores de la DNIC quienes allanaron propiedad privada sin previa autorización de su dueño, lo cual nos lleva a dudar de la veracidad de la declaración de los testigos de cargo que fueran valorados por la mayoría del Tribunal para condenar al imputado, por lo que consideramos que esta praxis también violento derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así seria pretender hacer justicia violando la ley, lo que seria una “paradoja jurídica”, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS y PORTACION ILEGAL DE ARMAS a mi representado H. M. R. S. manifestando la mayoría del Tribunal considerarla como prueba de valor, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Por otra parte la defensa del imputado avala el criterio esbozado en el Voto Particular Disidente formulado por la Juez E. G. M. R. en la sentencia definitiva de mérito, donde la Juez disidente discrepa con la mayoría del tribunal, considerando que debió declararse con Lugar el incidente de Nulidad del allanamiento practicado a la vivienda donde fue detenido el imputado y la ilicitud de la prueba obtenida en dicho allanamiento, pues el mismo fue realizado sin la autorización de las personas que se encontraban en dicha vivienda, vulnerándose así el derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en la Constitución de la República en su artículo 99, por lo que en el caso concreto para la Juez Disidente quedó probado que para el ingreso y posterior registro del cuarto en donde se encontraba el acusado H. M. R., no se obtuvo el respectivo mandamiento judicial, ni hubo consentimiento del titular de dicho derecho, es decir del imputado o de la dueña de la casa, concluyendo la Juez Disidente que existió una clara vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio que proclama el artículo 99 de la Constitución y el derecho a la intimidad personal del artículo 75 de la misma Carta Magna. Asimismo tomando en cuenta lo que establece el ordenamiento procesal penal en la doctrina denominada teoría de los frutos del árbol envenenado según la cual todo lo que sea resultado de un acto ilícito, será igualmente ilícito, y tratándose de actos de prueba no podrán ser valorados como tales para enervar el estado de inocencia del imputado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que la mayoría del Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento de considerarlo como prueba de valor, para así condenar a mi representado por TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y por PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución con la cual no esta de acuerdo la defensa del indiciado, por violentarse no solo garantías constitucionales como ser el artículo 99, procesales artículo 200; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 17 No.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO H. M. R. S. DENUNCIANDO LA VULNERACION DE LOS ARTICULOS 82 Y 99 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA QUE CONSAGRAN RESPECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE DEFENSA E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que la sentencia impugnada infringe los preceptos constitucionales que tutelan los derechos de defensa e inviolabilidad del domicilio, ya que en su opinión, el Tribunal de instancia erróneamente ha concedido credibilidad a la prueba testifical de cargo aportada por el Ministerio Fiscal para tener por acreditado que los agentes de investigación policial, sí contaron con la autorización previa de la señora N. L. P., propietaria de la vivienda donde se habría producido el hallazgo de cierta cantidad de droga y un arma de fuego en posesión del imputado H. M. R. S. El Censor esgrime que el A Quo debió declarar nula la prueba recabada en el allanamiento ejecutado en la vivienda de la señora N. L. P., en virtud de que al momento de ingresar a la misma no se había concedido autorización previa por los habitantes de esta. Señala que la dueña de la vivienda declaró, que no fue sino hasta que fue trasladada a las oficinas de la DNIC, donde firmó bajo presión la autorización de ingreso, por lo que el allanamiento de morada y la prueba recabada en virtud del mismo es ilícita o espuria, de ahí que el Juzgador de instancia no debió utilizarla para condenar al imputado H. M. R. S. por los delitos de TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Esta Sala considera pertinente recordar que la Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El Derecho de Defensa es inviolable…”, mismo que mantiene una estrecha vinculación con la garantía genérica del Proceso, en virtud de la cual toda persona a quien se le sigue un proceso criminal ha de ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de los derechos y formalidades establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho que le asiste al acusado, por medio de su Abogado Defensor, para proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en sus derechos. Esta Sala no constata que se haya vulnerado el núcleo esencial del derecho de defensa en perjuicio del acusado H. M. R. S., pues durante el juicio seguido en su contra se han observado los principios de Contradicción o audiencia, por cuanto el imputado, por medio de su Abogado Defensor, ha tenido la oportunidad de proponer elementos probatorios, formular alegatos e interponer impugnaciones, en un plano de igualdad. En lo que concierne al consentimiento prestado por el morador de una vivienda para el ingreso de agentes de policía, resulta ilustrativo lo expuesto por el jurista español CLIMENT DURAN cuando explica que: “El consentimiento, entendido como la expresión de la libre voluntad de que otras personas puedan entrar en el propio domicilio y registrarlo, aparece jurisprudencialmente definido en la Sentencia del Tribunal Supremo 577/1998, de 27 de abril (Sr. Prego de Oliver y Tolivar) en que se acogen las orientaciones ya plasmadas en otras sentencias anteriores, diciendo que: “….El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias le presentan, accede al registro porque soporta, permite, tolera u otorga, inequívocamente que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental”.[1] Sobre los criterios de apreciación, el mismo autor indica que “es muy interesante lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo 42/1998, de 23 de enero (Sr. De Vega Ruiz): “Es cierto que el problema de si hubo o no consentimiento ha de ser interpretado de manera restrictiva, de la forma más favorable para el titular domiciliario. También es cierto que para llegar a conclusiones concretas, ha de analizarse racionalmente, el comportamiento del propio interesado, “antes, durante y después”, así como las manifestaciones de cuanto pudieran estar presentes cuando el registro se llevó a cabo…”. Del tenor de esta interesante sentencia se infiere lo siguiente: 1) Ante todo, para determinar si el morador prestó o no prestó consentimiento hay que analizar el comportamiento del mismo, anterior, coetáneo y posterior al registro, en función de las circunstancias concurrentes en cada momento; 2) Cuando el morador declara ante presencia del Juez de Instrucción ha de expresar en ese mismo momento que se opuso a la realización del registro, y no guardar silencio, ya si ulteriormente manifiesta que no estaba conforme con el registro, ya no gozará de credibilidad, a menos que concurra alguna razón suficientemente aceptable”; 3)En caso de duda sobre el consentimiento, lo procedente es inclinarse a favor de la tesis de que el morador no prestó autorización para el registro. De ahí que se haga conveniente que los policías actuantes se aseguren suficientemente acerca de la prestación del consentimiento, en evitación de ulteriores negaciones del morador, procurando que conste por escrito dicha autorización”.[2] Finalmente, en torno a los vicios del consentimiento, el citado jurista señala que: “El consentimiento del morador de la vivienda a registrar, como cualquier otra manifestación de voluntad, puede resultar viciado por la concurrencia de un error, de una coacción o de un acto de violencia. Como es el morador quien afirma la existencia de un vicio en su consentimiento, a éste incumbirá la carga de probar su realidad, cosa que de ordinario tendrá que hacer recurriendo a una prueba indiciaria”[3]. En el caso bajo examen, esta Sala considera que efectivamente, el Juzgador ha ignorado la vulneración del derecho fundamental establecido en el artículo 99 de la Constitución donde se establece que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”; lo anterior, por cuanto no fue debatido en el proceso, que el ingreso a la vivienda de la señora N. P. se haya producido en virtud de una situación de urgencia o de flagrancia, por lo que el ingreso de los Agentes de Policía a la vivienda en cuestión, a efecto de proceder a la captura del acusado H. M. R., solo podía ser llevada a cabo válidamente por mandato judicial o con el consentimiento de su morador. En el presente caso, los mencionados agentes de policía no portaban orden de allanamiento alguno, sino que procedieron al ingreso de la vivienda supuestamente amparados por una autorización escrita otorgada previamente por la señora N. L. P.. Sin embargo, al declarar la mencionada señora (folio 133 del proceso) expuso que “…se fue en taxi y llegó a las tres y media , que habían cuatro encapuchados , que uno le dijo que abriera, que están dentro de su propiedad, que no abría porque H. le había puesto los seguros, solo quedaba una puerta de metal, que ellos tiraban ráfagas de tiro por el lugar, se enfurecieron y tiraron dos tiros y derribaron la puerta y se metieron, que ella les dijo que debían tener orden de cateo, que el joven se entregó con las manos en la cabeza, y lo empezaron a golpear, que ella les dijo que porque lo golpeaban si se entregó, lo quedaron golpeando a ellas las sacaron”. Más adelante la declarante expresa que: “…Ellos la obligaron a firmar documentos en la Dig porque la atemorizaron con darle 10 años de cárcel, era la orden de cateo del joven la firmó en la DGIC…”. Sobre las contradicciones que existirían entre dicha deponente y la testigo E. L. R., esta Sala es del criterio que tales discordancias recaen sobre extremos superfluos o no esenciales, y más bien entiende que de la prueba evacuada en juicio, resultan indicios claros y suficientes en torno al comportamiento observado por la señora N. L. P., “antes, durante y después” del ingreso a su vivienda, particularmente en razón de sus manifestaciones persistentes realizadas en el transcurso del tiempo y en las diferentes etapas del juicio, en cuanto a que efectivamente, ni ésta, ni otro morador de la vivienda, otorgó autorización previa para el ingreso de los agentes de policía actuantes, que produjo como resultado la captura del acusado H. M. R. S., y la supuesta incautación de cierta cantidad de marihuana y un arma de fuego en posesión de éste último, y que no fue sino hasta que fue trasladada a las oficinas de la DGIC que bajo la amenaza de ser perseguida por la comisión de un delito es que procedió a firmar dicha autorización. Esta conclusión se presenta reforzada por los siguientes indicios: a) Uno de los agentes de policía y testigos de cargo realizó claras manifestaciones de animadversión en contra del imputado al declarar que tipos como este mataron a un compañero suyo de nombre Israel Castro Ramos, lo que pone en duda su objetividad (vid. Folio No. 120); b) los agentes policiales refieren que cuando la señora N. L. P. se aprestaba a abrir la puerta de su casa, el encausado H. R. S. hizo varios disparos con arma de fuego, sin embargo, no se desprende de los antecedentes que en el interior de la casa desde donde el encartado habría realizado tales disparos se hayan encontrado casquillos u otras evidencias que acrediten tal hecho, en cambio los mismos agentes reconocen que ellos hicieron varios disparos para “atemorizar” al ahora encartado; c) los agentes policiales indican que le dieron “protección” a la señora N. L. P. y a su hija, ante el peligro que representaban los disparos efectuados por el procesado, sin embargo, ninguna de éstas ha confirmado en juicio tal versión, al contrario, la señora N. L. P. lo ha negado reiteradamente sosteniendo que los agentes policiales ingresaron a su vivienda sin su consentimiento y que no fue sino hasta que posteriormente y habiéndose consumado el allanamiento que se le trasladó hasta las oficinas de la DGIC donde bajo intimidación se le obligó a firmar la autorización de ingreso y d)Se aprecian contradicciones sustanciales entre las declaraciones rendidas por los agentes de policía y a la vez testigos de cargo, identificados bajo claves No. 796 y 1249, respectivamente, el primero señala que le quitaron la llave de la puerta a la señora N. P. para ingresar a la casa, mientras que el segundo afirma que ésta última abrió la puerta para permitir el ingreso (vid. Folio No. 121). Así las cosas, esta Sala estima que en el caso bajo examen el ingreso a la vivienda de la señora N. P. por parte de agentes policiales, se hizo con infracción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que consagra el artículo 99 de la Constitución de la República, de ahí que la supuesta incautación de cierta cantidad de marihuana y un arma de fuego en el interior de dicha morada, carece de eficacia probatoria en razón de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal, donde se prevé que “…carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos..”, de tal manera que al no existir otra fuente independiente de prueba de cargo en la que pueda sustentarse la hipótesis acusatoria, podemos afirmar que la presunción de inocencia de que goza el endilgado al tenor de lo previsto por el artículo 89 de la Constitución de la República, no ha resultado enervada, por lo que procede estimar el presente motivo y declarar la absolución del imputado H. M. R. S. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: No haber observado el juzgador en la valoración de las pruebas las reglas de la sana Crítica. Precepto Autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 No.3 del Código procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Se puede observar Honorables Magistrados existir un Voto Particular Disidente por parte de la Juez ENILDA GERALDINA MEJIA RIVERA quien esboza en su voto Particular que el Juzgador violenta la lógica de la derivación al no darle el valor probatorio correcto a las pruebas de cargo aportadas y evacuadas en juicio, es decir, que el Tribunal de Sentencias por una parte le dio valor probatorio a los testimonios recibidos como prueba de cargo que con los mismos solamente se pudo haber llegado a la conclusión de que los mismos han faltado a la verdad, primero le dio valor probatorio a la declaración rendida por el testigo protegido 796 quien manifestó que a su compañero agente 912 lo mataron tipos como este, refiriéndose al acusado, lo que solo puede conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de animadversión hacia el acusado, que priva su testimonio de la aptitud para generar certeza, lo que también se advierte en los testimonios de los otros testigos de cargo. Aunado a ello incurrieron en contradicciones entre sí y con otros medios de prueba practicados en juicio, ya que mientras el testigo 796 refiere que sabían que el imputado tenia ordenes de captura por homicidio y atentado contra agentes de investigación porque el sistema les dio la alerta pero que no avisaron a los de homicidios porque a estos no les gusta ejecutar ordenes con este tipo de personas, por el contrario los testigos 1249 y 003 afirman que andaban las órdenes de captura y se las mostraron a la dueña de la casa. Asimismo los testigos 796 y 1249 han dicho no reconocer las lesiones que sufrió el imputado en la detención, y el testigo 003 dice que solo recibió una herida en la frente, más sin embargo el Tribunal en la inspección realizada a la Fiscalía de Derechos Humanos en la denuncia interpuesta contra los agentes 192 y 1249 por las lesiones sufridas por el imputado el día de su detención, en el dictamen de la evacuación física que se le practicó se establece la magnitud de las mismas, por lo que las heridas no corresponden a la lucha que pudo tener con uno de los agentes que en el afán de impedir su detención como lo pretenden establecer los testigos, el dictamen medico determina tal como lo ha manifestado el imputado que fue fuertemente golpeado por los agentes que lo detuvieron, de tal manera que perdió uno de sus dientes violentando con ello su derecho a no ser sometido a malos tratos, violencia física o torturas consagrado en la constitución de la República, la convención Americana de Derechos Humanos y el Código Procesal penal, mostrando los agentes de investigación que comparecieron a juicio como testigos protegidos su evidente animadversión hacia la persona del imputado. La denuncia en si e s un elemento que destruye la ecuanimidad con que esta obligado a declarar un agente de investigación que ha intervenido en la investigación preliminar como lo fue el testigo 1249. Dicho lo anterior por la Juez Disidente concluye diciendo que todas esas incongruencias llevan a que los testimonios como prueba de cargo no sean creíbles para ella, especialmente respecto a la autorización que previo a realizar el allanamiento dicen haber pedido a la señora N. L. P. dueña de la casa donde se encontraba el imputado, quienes insistían en decir que dicha persona les firmó la autorización para ingresar a su vivienda previo a que ellos lo hicieran, por el contrario la señora P. al declarar en el Tribunal fue terminante al manifestar que cuando llegó a su casa ya los agentes estaban dentro de su propiedad y que le pidieron que les abriera la puerta, y luego de detener al acusado en el mismo vehiculo en que lo condujeron hasta la DNIC la llevaron a ella y a su hija también detenidas y fue allí donde les firmó la autorización. Es así que la defensa del imputado discrepa el criterio esbozado por la mayoría del Tribunal sentenciador al darle valor probatorio a los testigos protegidos de cargo como ser 796, 1249 y 003 quienes se contradicen y su evidente animadversión hacia el imputado, por tal motivo consideramos que con la prueba testifical aportada en juicio específicamente este medio probatorio en que se apoya la mayoría del Tribunal para condenar a mi representado, es decir a los testigos protegidos claves 796, 1249 y 003 quienes como se dijo antes incurrieron en una serie de contradicciones al momento de declarar, creándonos de esta manera la duda razonable que el Tribunal debió valorarla a favor del imputado, y el hecho de no haberlo hecho así, se estaría violentando la lógica de la derivación, pues deduce una conclusión distinta a la que de manera natural le indica la prueba aportada y evacuada en juicio, no siendo por ello un fundamento válido para sustentar un fallo de condena por Transporte Ilícito de Droga. Mas sin embargo a pesar de lo antes indicado, la mayoría del Tribunal al realizar la valoración intelectiva concluye dándole valor probatorio a la prueba testifical de cargo, no entendiendo porque la mayoría del Tribunal de sentencias baso su fallo condenatorio en dicho medio de prueba que se contradice, infringiéndose de esta manera el artículo 336 del Código Procesal Penal que dispone: El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana critica. Resulta que el Tribunal sentenciador estaba obligado a dictar un fallo Absolutorio, pues no se puede condenar a una persona cuando existe duda razonable, sospechas dudas o verdades a medias que no pueden revertirse en contra del imputado. Por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio, que al no haberse valorado correctamente las pruebas aportadas en juicio, y no haberse tomado en cuenta la duda razonable a favor del imputado, el sentenciador ha incurrido en violación al derecho de defensa, por lo que solicitamos se case el recurso y se dicte un fallo absolutorio a favor de mi representado H. M. R. S. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex – ante. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO H. M. R. S., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALROACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia concretamente con respecto al motivo de casación por Quebrantamiento de forma, en virtud de haber prosperado el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 90, 99, 303, 304 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 8,14, 198,199, 202, 212 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública del acusado H. M. R. S. 2) Declara la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de Agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, 3) Absuelve de responsabilidad criminal al encartado H. M. R. S., por los delitos de TRANSPORTE ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-278-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, La Prueba Penal. Pág. 850.

[2] Vid. CLIMENT DURAN, op. cit. pág. 853.

[3] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS,. op. cit. pág. 854.