Sentencia CP-270-12 — Registro 4176
Resumen
Se condena a los imputados por los delitos de fraude y malversación, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurrente alega que los sentenciadores incurrieron en infracción del precepto constitucional contenido en el Articulo 82, (derecho de defensa), en relación a los principios: “in dubio pro reo” como parte integrante de la “presunción de inocencia”; relacionados con el precepto legal contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal; de tal manera que el error en la apreciación de la prueba queda evidenciado no por documentos que obran en poder del Juzgador y que ponen de manifiesto el error, sino por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para enervar la libertad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta la vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental; incluso da la apariencia que el Ad quem, falsea hechos que no constan en ningún momento como hechos probados, y los toma como probados, llegando incluso a la contradicción de si mismo al tratar de buscar una culpabilidad que no existe. También es conocido, que el periodo trascendental y crucial del juicio es el plenario y que es precisamente, durante esta fase donde deben preferentemente practicarse las pruebas, este hecho que el Ad-quem toma como probado, corresponde a la primera declaración del imputado, fue tomada el mismo día que la superioridad militar lo remitió al Juzgado después de seis horas en que lo mantuvieron en un acoso interrogatorio. Además no se acredito que la granada encontrada en Colombia, fuese parte del lote de granadas que le fue entregado al acusado. El Tribunal Ad-quem resume su resolución en cuanto a los Low, en hechos probados que solo indican que posiblemente existió la pérdida de armas tipo lanzacohetes, pero en ningún momento prueba quien o quienes las enajenaron, transaron, robaron o hurtaron, quienes recibieron beneficio alguno, o ajeno producto de los actos descritos; no se determinó donde se desarrolló el ilícito, ni el momento de su accionar, tampoco especifica o que diga el como se realizó el ilícito, la determinación del autor. II. Esta Sala recuerda que el articulo 552 del código Militar, establece “El recurso de casación podrá interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma”; y el 553 del mismo código “En todo lo demás, la casación se interpondrá, tramitara y resolverá conforme a los dispuesto para la casación en materia civil”; y el Código de Procedimientos Comunes en su articulo 902, establece, que el recurso de casación habrá de fundarse en infracción de ley doctrina legal o por haberse quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio. Así las cosas en ninguna de dichas normativas, está expresamente previsto el motivo de casación por infracción de precepto Constitucional alegado por el recurrente, de ahí que el Censor incurre en un error en cuanto a la técnica recursiva, al cuestionar la prueba evacuada, y refutar las valoraciones hechas por los juzgadores, lo que imposibilita el control por la víacasacional, toda vez que los alegatos esgrimidos no han sido encauzados en algunos de los motivos consignados expresamente en el articulo 554 del Código Militar, razón por la cual se declara Sin Lugar por improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa del acusado S. J. C. Z., en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Militar, art. 554 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se declara Con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo de dos mil once dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, de Tegucigalpa M.D.C., en la que se condena a los acusados S. J. C. Z. y R. A. R. P., a la pena de DIEZ AÑOS SEIS MESES, de Reclusión Militar Mayor en su grado máximo, por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION, en perjuicio de LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, el Abogado R. E. E. G., en su condición de Defensor Privado del acusado S. J. C. Z., y el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el abogado R. C. E. S., en su condición de Defensor Privado, del señor R. A. R. P.. SON PARTES: El Abogado R. E. E. G., en su condición de Defensor Privado del acusado S. J. C. Z., y el abogado R. C. E. S., en su condición de Defensor Privado, del señor R. A. R. P. como parte recurrente; y la Abogada L. M. S., en su condición de Agente de Tribunales de Ministerio Publico, como parte recurrida. CONSIDERANDO Que la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, rechazó los hechos estimados y declarados probados por el Juzgador de Primera Instancia, procediendo a redactarlos de la siguiente manera: HECHOS PROBADOS. PRIMERO: Que el señor S. A. C. Z., retira en fecha 27 de enero de dos mil ocho, once granadas de 4Omm de la Base Naval de Puerto Cortés, que iban a ser usadas para fines de adiestramiento en el Batallón de Mantenimiento de Paz, asimismo retiró de la Base Naval de Puerto Castilla 10 granadas de 40 mm, que serían utilizadas para adiestramiento, no haciéndolo ni devolviéndolas, sin justificar su destino; además se le entregó en el CALFFAA, en fecha 25 de octubre de 2007 50 LOW del lote número RAN91B001-019, distribuidos en tres cajas selladas de LOW cada y una y una bolsa de 5 LOW para adiestramiento del curso TESON XIX. SEGUNDO: Que en México fueron incautados por la Policía tres LOW, serie 429183, 429153 y 429156 y en Colombia fueron incautados por la Policía seis LOW, series 429191, 429002, 429005, 429008, 429009 y 429010, todos eran parte del lote entregado al Teniente de Navío S. J. C. Z.. TERCERO: Que R. A. R. P., en su condición de Instructor de Armas del curso TESON XIX con facultades de manejar el equipo y el armamento destinado para el desarrollo del mencionado curso regaló dos LOW, al oficial G. A. A. R., series: 429188 429190 y un LOW serie: 429152 al oficial N. E. S. B., los que también formaban parte del lote entregado a S. J. C. Z. CONSIDERANDO. I. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO: “Infracción del precepto constitucional contenido en el Articulo 82, (derecho de defensa), en relación a los principios: “in dubio pro reo” como parte integrante de la “presunción de inocencia”; relacionados con el precepto legal contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”. Si bien es cierto que el Código Militar no incluye como motivo de Casación la infracción a los Preceptos Constitucionales, no es menos cierto, que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, Articulo 60: “Todos los hondureños nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los Hondureños son iguales ante la ley”.- Si un ciudadano civil tiene derecho a invocar un precepto constitucional como motivo de casación, por ende, un militar, que también es un ciudadano hondureño, también tiene ese derecho constitucional.- La no inclusión de la Casación por Infracción de Preceptos Constitucionales en el Código Militar, constituye un pasaje oscuro de dicha ley, nuestro Código Civil en su artículo 19 expresa: “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.- debiéndonos obligados en el presente caso a ilustrarnos a través del Código Procesal Penal, específicamente avocándonos al articulo 361 de dicho Código. La Honorable Corte suprema Justicia, debe tomar en cuenta que estamos ante un Código Militar desfasado, anticonstitucional, va contra el derecho a la vida (incluye pena de muerte por fusilamiento), contra el derecho defensa (un simple ejemplo, no incluye en casación la infracción de precepto constitucional), sin incluir estos y otros derechos constitucionales que se lesionan, es un código que no esta acorde al derecho moderno ni a sus procedimientos.- por lo anterior, por el derecho constitucional de defensa que tienen los imputados y toda la justificación presentada, solicito a vos Honorable corte Suprema de Justicia, se admita el presente motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto constitucional infringido es el articulo 82 de nuestra constitución de la República que establece que el derecho de defensa es inviolable; el artículo 14 (Inviolabilidad del derecho de defensa) del mismo código Procesal, que dicta: El derecho de defensa es inviolable; Los órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que lo eximan de ella, la extingan o atenúen. Se alega la vulneración del derecho fundamental del principio “in dubio pro reo” como parte integrante de la presunción de inocencia, en virtud de que estamos ante un supuesto de falta de valoración de la prueba “stricto sensu” necesaria para enervar el principio “in dubio pro reo”, como también ante un supuesto de inexistencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, de tal manera que el error en la apreciación de la prueba queda evidenciado no por documentos que obran en poder del Juzgador y que ponen de manifiesto el error, sino por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para enervar la libertad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta la vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental. Honorables Magistrados, en el presente caso el Juzgador infringe estos mandatos constitucionales y legales en perjuicio del señor S. J. C. Z., lo cual explico de esta manera: El derecho de defensa es una garantía constitucional que supone también la presunción de inocencia en que se incluye el principio “in dubio pro reo”.- Del derecho de defensa se derivan dos sub principios: el de contradicción o audiencia y el de igualdad de armas procesales; por el derecho de igualdad de armas procesales se entiende que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad para los sujetos del proceso, en el que ninguno de ellos, en especial el acusado, se encuentre en una situación de desventaja procesal frente al poder punitivo del estado; La redacción de la Sentencia es un acto del proceso, en consecuencia, los juzgadores en el momento de redactar la sentencia deben colocarse pensando en función del derecho de defensa, “haciendo valer con igual celo, no solo los hechos que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que lo eximan de ella, la extingan o atenúen” utilizando con conciencia las reglas de la sana crítica, en ningún momento podrán parcializarse so pena de violentar el derecho de defensa del imputado, lo que causaría obviamente, graves prejuicios a la libertad del imputado como derecho constitucional; La Sentencia es parte del proceso, constituyéndose en la parte medular del mismo, es la que determina el momento definitivo sobre la culpabilidad o absolución del procesado; de manera que, el sentenciador al momento de redactar su resolución debe tomar en cuenta de forma responsable la valoración de la prueba “stricto sensu”, considerando todos los hechos probados por ambas partes, admitiendo la prueba en contrarío y no solo aquellas que tengan valor a la intención o propósito del Juzgador; el Juzgador en el acto de redacción de la sentencia es el representante de ambas partes procesales, aunque físicamente no estén presentes; por consiguiente, Los hechos que escoja el Juzgador como premisa-indicadores, deben ir orientados a lograr un control racional sobre las tareas de valoración de las pruebas y evitar así evidenciar una intención de orientarlas al propósito de lo que ya tiene en mente. EXPLICACION EN CUANTO A LAS GRANADAS: El Ad-quem, en el séptimo Considerando de su Sentencia, referente a las Granadas, hace un resumen de los considerándoos anteriores apoyándose en hechos vagos, imprecisos y no probados para dictar su sentencia acusatoria, incluso da la apariencia que falsea hechos que no constan en ningún momento como hechos probados, y los toma como probados, llegando incluso a la contradicción de si mismo al tratar de buscar una culpabilidad que no existe; esta falta de lealtad a la justicia, perjudica el derecho de defensa de mi representado en el momento de la redacción de la sentencia de apelación, específicamente en el caso de la supuesta sustracción y venta de unas granadas.- El Ad-quem declaró como probados los siguientes hechos: PRIMERO: “Que de la información testifical e inspecciones judiciales referidas en los dos considerandos anteriores y de la misma declaración del imputado S. J. C. Z. se ha podido establecer que: S. J. C. Z. retiró en fecha 27 de enero de dos mil ocho, once granadas de 4Omm de la base naval de Puerto Cortes, mismas que le fueron entregadas por el encargado de armas y municiones R. N. G. C. por ordenes del Teniente de Navío E. A. K., que dichas granadas iban a ser usadas para fines de adestramiento en el batallón de Mantenimiento de Paz; Asimismo el imputado S. J. C. Z. solicité a la base Naval de Puerto Castilla para los mismos fines, 10 granadas de 4Omm, su entrega fue autorizada por el comandante de la Base S. R. S., y le fueron entregadas al imputado por H. G. M.…”. Esta no es una prueba de cargo como mas adelante lo enuncia, todo lo contrario, porque de lo anterior se desprende que el imputado S. J. C. Z., no sustrajo las granadas, por el contrario, este hecho demuestra que le fueron entregadas en legal y debida forma y autorizadas por las autoridades correspondientes. SEGUNDO: “…Estas granadas no fueron utilizadas por el imputado C. Z., para los fines descritos, tampoco fueron devueltas por él, quien argumenta situaciones de tipo familiar para justificar que ya no las tiene consigo, si bien es cierto no las sustrajo, si las obtuvo por razón de su cargo para un objetivo especifico, mismo que no fue cumplido…” El Ad-quem basa esta aseveración en una declaración tomada en la etapa de sumario, la que fue desvirtuada en el plenario, es del conocimiento de los Juzgadores que las diligencias practicadas en el sumario para la averiguación del delito y sus circunstancias no tienen el carácter y rango de verdaderas pruebas a menos que puedan reproducirse en el plenario y hayan sido llevadas con intervención y presencia de las partes.- también es conocido, que el periodo trascendental y crucial del juicio es el plenario y que es precisamente, durante esta fase donde deben preferentemente practicarse las pruebas.- este hecho que el Ad-quem toma como probado, corresponde a la primera declaración del imputado, fue tomada el mismo día que la superioridad militar lo remitió al Juzgado después de seis horas en que lo mantuvieron en un acoso interrogatorio.- esta declaración fue desvirtuada en la etapa del plenario a través de una ampliación de declaración, donde el imputado declaró que lo dicho anteriormente había sido por la presión durante seis horas de interrogatorio, donde incluso hubo amenazas contra su persona y su familia (folios 415-416 expediente A-Quo).El hecho del sumario utilizado para inculpar al imputado, no fue ratificado en el plenario, por consiguiente no tiene el carácter y rango de verdadera prueba, su aplicación para sustentar la sentencia contradice el derecho de defensa del imputado, porque en la búsqueda de su culpabilidad, hipervalora medios de prueba del sumario, desvalorando y ocultando los hechos probados en el plenario. La Honorable Corte de Apelaciones infringe el precepto Constitucional recurrido, violentando el principio fundamental “in dubio pro reo” al no aplicar la valoración de la prueba “stricto sensu”, basándose incluso en un hecho no probado y desvirtuado, no considerando para este efecto probatorio, la prueba contradictoria ya relacionada, como lo es la ampliación de declaración que consta a folios 415-416 del expediente A-quo. El Ad-quem argumenta: “…Estas granadas no fueron utilizadas por el imputado C. Z., para los fines descritos, tampoco fueron devueltas por él” Si bien es cierto que las granadas no se llegaron a utilizar, fue por causas no imputables al encausado, sin embargo el Adquem, sin probar este hecho y sin pruebas suficientes, basándose en una simple suposición, le da el tono de ser un hecho delictivo que le permita inculpar a mi representado, para ello, maliciosamente, y se lo digo con todo respeto, oculta hechos relevantes que liberan de culpa a mi representado y que hubiesen permitido refutar los hechos que expone.- Lo que explico de la siguiente manera: El señor S. C., después del Curso de Tesón que finalizó el 07 de diciembre de 2007 (folio 24 —Quo) y por su calidad como oficial, en enero de 2008 es nombrado para comandar un pelotón de marines en representación de la Fuerza Naval para que forme parte de la Fuerza de Mantenimiento de Paz, Unidad que se preparaba para operar posiblemente en el Sahara o en Haití.- A finales de enero y de común acuerdo con su Comandante de Base Naval, deciden adiestrar al personal que esta asignado a la Unidad de Mantenimiento de Paz (marinos), en el manejo de Granadas de 4Omm, es así que el Comandante le autoriza las Granadas al imputado; sin embargo, dichas granadas las mantiene en la Unidad de mantenimiento de Paz mientras llega la oportunidad de adestramiento, momento que no llegó por el problema de la perdida de unos Low; bajo esta circunstancia recibe la orden de presentarse al C-2 en el Estado Mayor Conjunto, junto a todos los Instructores del curso de Tesón, con el propósito de investigar sobre la aparición de unos Low en México (folio 24, A-quo), allí los Recibe el Jefe de Estado Mayor Conjunto y les informa de la situación y comienzan las investigaciones, el señor S. C., aprovecha la oportunidad que en la reunión se encuentra el Comandante General de la Fuerza Naval para informarle que él tiene unas granadas de 4Omm, para adiestrar al personal de marines, El señor Comandante General de la Fuerza Naval le ordena que devuelva esas Granadas a la Base Naval de Puerto Cortes; como el señor S. C., se encontraba en Tegucigalpa y esa semana debía permanecer en la Fuerza de Mantenimiento de Paz ubicadas precisamente en Tamara, espera el fin de semana para cuando ya esté en su casa viajar a Puerto Cortes y entregar las Granadas, y así lo hizo, dicho fin de semana viaja el viernes por la tarde a su casa y el domingo junto a su familia viaja a Puerto Cortes y, obedeciendo las ordenes del señor Comandante General de la Fuerza Naval, devuelve las granadas a la bodega de la base naval de Puerto cortes, están van dentro de una bolsa negra plástica que contenía otra bolsa de supermercado y así se las entrega al bodeguero de la Base Naval, hecho probado mediante una Inspección personal que consta a folio 572 del expediente A-Quo; sin embargo, como veremos mas adelante, el Ad-quem ya conocía de este hecho probado que para la defensa es relevante pero que para el Ad-quem extrañamente la desvalora cuando dice: “esta corte no le da valor a la misma”. El Ad-Quem, en la supuesta prueba de cargo antes relacionada afirma que “las granadas no fueron devueltas”, esto es falsear los hechos, en contraposición al derecho de defensa, porque este hecho acusatorio se desvirtuó con la Inspección Personal del Juez, y, como ya se deja dicho, basa su hipótesis por decirlo así, en una prueba del sumario que no fue ratificada; en este mismo considerando, reconoce la inspección personal en la que consta que las granadas fueron devueltas, pero se limita a desvalorar la inspección “esta corte no le da valor a la misma”.- El Abogado Aldo F. Cosenza Bungener, en su Tesis “La Casación Penal en Honduras” dice: “La gran mayoría de los tratadistas consideran como el acto auténtico por excelencia, la inspección personal del Juez. Sin embargo, esta diligencia tendrá autenticidad, en lo que se limita a recoger la apreciación objetiva de lo visto por el Juez; por cuanto la autenticidad no se extiende a aquellas opiniones meramente subjetivas utilizadas por el juzgador, o cuando se recogen las declaraciones de los peritos, o inclusive de terceros. Por todo lo anterior, vemos que la gran mayoría de nuestros medios probatorios clásicos, escapan a la posibilidad de que por los Tribunales de Instancia, se haya podido incidir en error de hecho al apreciar su resultado, lo cual nos hace meditar siempre sobre el verdadero alcance y utilidad del Recurso de Casación”. Lo visto por la Juez en la Inspección desvalorada por el Ad-quem, resumiendo, fue lo siguiente: “…Se les dio las indicaciones, sobre lo que buscábamos, que era una bolsa plástica color negra, y que adentro de la misma había otra bolsa de supermercado rayada, conteniendo esta veintiún granadas de 4Omm; a escasos quince minutos de haber iniciado la búsqueda, el marino de nombre N. G. y el Abogado R. E. ya habían encontrado la bolsa entre una pared y unas cajas, conteniendo estas, las veintiún granadas de 4Omm…” Aplicando el principio de las premisas, concluimos:
Si las 21 granadas que le proporcionaron al señor S. C., fueron devueltas y encontradas en la bodega de municiones de la base Naval de Puerto Cortes, en consecuencia, las granadas entregadas al señor S. C., no son de la que se encontró en Colombia. La Honorable Corte de Apelaciones Penal vuelve a infringir el precepto constitucional recurrido, al desdeñar hechos probados como lo es la inspección personal a las bodegas de la base naval en donde fueron encontradas las granadas devueltas, con el solo propósito de evitar la contradicción, violando el principio fundamental “in dubio pro reo”, porque no aplico la valoración de la prueba “stricto sensu”; de igual manera viola el derecho fundamental de presunción de inocencia al no contar con pruebas suficientes que le permitan sustentar su pretensión, la que la fundamenta en simples suposiciones. Tercero: Es de nuestro conocimiento, que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero, dicha prueba presuntiva, indiciaria o indirecta, debe estar basada en hechos indiscutiblemente ciertos y debe sustentarse en un razonable proceso deductivo que le permita tomar los hechos como ciertos, el juzgador no solo deberá expresar clara y terminantemente los hechos que estime probados, sino que deberá dar cuenta de las pruebas que le han conducido a su convicción, refiriéndose no solo a pruebas que le sirvan para mostrar la culpabilidad, sino también las pruebas que prueban la inocencia, por lo que el indicio no debe ser único, sino plural y que tengan relación directa con el hecho criminal y que se encuentren absolutamente demostrados; el Ad-quem: hace una relación vaga, basándose en un indicio único que pueda llevarlo a buscar la culpabilidad del imputado, obviando la pluralidad que exige el principio de presunción de inocencia, que le permita comparar su indicio con otras posibilidades, el Ad-Quem arbitrariamente y temerariamente afirma “estas veintiún granadas en su conjunto pertenecen AL LOTE MÁ83H164-013, pues como se ha relacionado es un lote único perteneciente a la Fuerza Naval; la granada incautada por la policía de Colombia también pertenece a este lote, existiendo un fuerte indicio de que pudiera ser de las mismas manejadas por el imputado”. Al respecto, refuto esta aseveración de la siguiente manera: Solo fue una granada la que se encontró con esa serie en Colombia, y así lo afirma el mismo Tribunal Ad-Quem cuando dice: “la granada incautada por la policía de Colombia…” sin embargo el Ad-Quem afirma que las veintiún granadas entregadas por el imputado a la base naval de Puerto Cortes, pertenecen al lote que menciona; los hechos probados demuestran que las granadas fueron entregadas al encausado sin serie y sin numero de lote (folios 3, 4, 395 y 398 del expediente A-Quo), por consiguiente, como puede afirmar el Ad-quem, que las granadas son de la serie que relaciona, si no hay prueba que las 21 granadas eran de ese lote, como se deja dicho, el Juzgador debe dar cuenta de las pruebas que le hayan conducido a esa convicción, el Ad-Quem no tiene prueba alguna para tal aseveración. Sin embargo, del informe de la granada relacionada encontrada en Colombia, el Fiscal 02 Especializado Isla de San Andrés, Colombia, envía informe al Doctor Francisco Echeverry Lara, Director de la Oficina Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá Colombia, documento que obra a folio 784-786, en conclusión de informa: “A la fecha y pese a los esfuerzos de la Policía Judicial ha sido imposible establecer la identidad de los sujetos activos del ilícito, el informe ejecutivo refiere que no ha sido posible establecer el nombre de las personas relacionadas con los hechos por la forma como ocurrieron y las características del lugar del hallazgo, razón por la cual el 19 de mayo de 2008 la fiscalía dio aplicación al articulo 79 de la ley 904 de 2004, en armonía con el auto del 05 de julio de 2007, sala de Casación Honorable Corte Suprema de Justicia.” En otro aparte, en relación al hecho imputado existen otras hipótesis que dan otros indicios fácticos que nos lleven a buscar la pluralidad requerida para una prueba indiciaria y que debieron tomarse en cuenta, como por ejemplo: Cada unidad Militar adiestra a su personal en manejo de granadas M203 dos o tres veces al año, ¿porque no se investigó sobre las granadas entregadas para instrucción a otros oficiales de la unidad donde estaba el lote de la granada encontrada en Colombia? Esto nos da un fuerte indicio que la granada encontrada pudo haber sido enajenada por algún otro oficial de la base Naval; desgraciadamente ese hecho no se investigó, lo que demuestra que no hubo una verdadera actividad probatoria, y se oriento la investigación solo a buscar la culpabilidad del encausado olvidando la posibilidad de su inocencia. Otro fuerte indicio pudo ser, que al imputado no le entregaron las granadas de dicho lote sino otras granadas de otra serie y que fueron borradas, indicio que es el mas probable, porque como ya se deja dicho, se probó que los recibos de las granadas entregadas legalmente al imputado S. C. Z., no incluían serie ni numero de lote.- además, Como lo acredito con informe que consta a folio 215 del expediente A- Quo, del señor H. G. M., dirigido al señor director de Inteligencia Militar, de fecha 07 de marzo de 2008, Las granadas relacionadas en el numeral anterior, no fueron entregadas al imputado S. C. Z. en las bodegas de la base naval, sino que el propio oficial Logístico se las llevo a San Pedro Sula, con lo que se desprende, que posiblemente las granadas entregadas al imputado no fuesen específicamente del lote de la Base Naval, lo que se demuestra con la siguiente declaración del señor H. M.: “…me dirigí al bodeguero M. O. Z. que me diera 10 granadas de 4Omm haciendo el respetivo recibo de entrega, por lo que procedí a llevarlas en una canana vacía de las pequeñas y le hice entrega en San Pedro Sula, ya que tenía viaje ese día para ese lugar…” En consecuencia, en base al principio de presunción de inocencia que exige, que además de haberse practicado prueba, esta debe ser suficiente, por consiguiente, se resume que el Ad-Quem no puede condenar en conciencia, si existe una situación de duda al respecto a la culpabilidad del encausado; la Honorable Corte de Apelaciones Penal, ya de manera reiterada vuelve a caer en Infracción del Precepto Constitucional del Derecho de Defensa, al no considerar la inexistencia actividad probatoria para enervar este principio fundamental e internacional de la presunción de inocencia, basándose en un indicio único, a sabiendas que el principio de presunción de inocencia exige la pluralidad de los indicios. CUARTO: Para finalizar con el considerando séptimo del Ad-quem, respecto a las granadas, ese Tribunal concluye: “Así mismo, el imputado rindió diferentes versiones sobre el paradero de las granadas y luego también por el indicio racional de la granada encontrada en la Nave Capitán Colly en la Republica de Colombia que es de la numeración MMLOTMA83HI64- 013, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, todo lo cual constituye una administración infiel, elemento típico que junto con los demás descritos como ser el tener en su poder el imputado siendo militar como sujeto activo del delito, efectos pertenecientes al Estado y a las Fuerzas Armadas de Honduras, por lo que concurren en el presente caso, el delito de FRAUDE Y MALVERSACION; siendo probada la participación del imputado S. J. C. Z. como autor del mismo.” Sería redundante volver a hacer mención de los hechos que demostraron los actos injustos en la redacción de la Sentencia por parte del Tribunal Ad-quem, sumada la falta de lealtad con la justicia y al irrespeto al derecho constitucional de defensa del imputado, incluso falseando hechos inexistentes y relacionando hechos no probados, llegando al extremo de acusar sin pruebas e inculpando al imputado como autor de un delito que no cometió.- Estas acciones arbitrarias son las que hacen desmerecer los órganos judiciales, fundamentando sus resoluciones, en lo que ellos piensan, apartando las pruebas del proceso.- Es obvio que aquí no hay sana crítica, aquí hay mala fe. El método ilegal que se ha empleado para resolver la presente sentencia ha sido el de la íntima convicción, fallando sobre su convicción personal, desconociendo las razones de derecho, violando con ello nuestro ordenamiento jurídico. En ningún momento el Tribunal Ad-quem, consideró en la redacción de su sentencia, la aplicación del principio “in dubio pro reo” que aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción de la sentencia es una de las consecuencias directas y mas importantes del principio de inocencia.- De igual manera, esta parte estima que el Tribunal Ad-quem, careció de la mínima actividad probatoria de cargo, suficiente para determinar la culpabilidad de mi representado. EXPLICACION EN CUANTO A LOS LOW; El jurista Joan Pico, dice: “Por una parte el derecho a la presunción de inocencia incide en situaciones extra procesales constituyendo el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, determinando el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos aunados a hechos de tal naturaleza y en el campo procesal toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiendo una condena sin pruebas”. El Tribunal Ad-Quem resume su resolución en cuanto a los Low, en hechos probados que solo indican que posiblemente existió la perdida de armas tipo lanzacohetes, pero en ningún momento prueba quien o quienes las enajenaron, transaron, robaron o hurtaron, quienes recibieron beneficio alguno, o ajeno producto de los actos descritos; no se determino donde se desarrolló el ilícito, ni el momento de su accionar, tampoco especifica o que diga el como se realizó el ilícito, la determinación del autor, por lo menos en lo que respecta a mi representado no esta señalada en base a la calificación de autor que la ley determina, en definitiva, la Resolución del Ad-Quem, condenando a mi representado señor S. C., es en definitiva una condena sin pruebas, limitándose a inculpar al señor S. C. por el solo hecho que en algún momento fungió como Logístico, Véase que aclaro que fungió en algún momento, porque como se demostró con hechos probados, mi representado solo fungió como logístico en la primera mitad del curso; Sin embargo el Ad-Quo concluye: “igualmente este es un hecho típico contenido en el articulo 204 del Código Militar, reuniéndose todos los elementos constitutivos del mismo, ya que al imputado S. J. C. Z., se le entregaron los Low, propiedad del estado, específicamente de las Fuerzas Armadas, con el propósito de servir para el adiestramiento del curso Tesón XIX, no utilizándose en su totalidad para este propósito, encontrándose nueve de ellos en un destino distinto como ser su utilización en hechos reñidos con la ley fuera del país como ser en México y Colombia; pero lo cierto es que al no poder el imputado dar una justificación cierta del uso de los LOW que no devolvió al CALFFAA, a pesar de no haberse utilizado en el curso, se hace obvia la administración infiel de las armas, independientemente de que haya obtenido provecho propio él o terceros, en este sentido si se ve que terceras personas estaban aprovechando el uso de por lo menos nueve de las armas; con lo que concurre los elementos típicos del FRAUDE Y MALVERSACION, como concluyó A-Quo al dictar AUTO DE PRISION y como consecuencia se siguió este proceso desprendiéndose de la prueba practicada en el proceso que tanto S. J. C. Z., como R. A. R. P., eran los encargados del manejo de las mismas en el curso” Una de las exigencias a la hora de fundamentar el fallo, es que la verdad de la premisa fáctica (aquella en la que se describen hechos relevantes) utilizada en la sentencia se justifique racionalmente a través de los hechos probados durante el proceso, la Honorable Corte de Apelaciones Penal utiliza como premisas fácticas: en primer lugar: “que al imputado S. J. C. Z., se le entregaron los Low”, esto no es un hecho que determine culpabilidad ni inocencia, por consiguiente irrelevante; talvez sirva como el conjunto de narración de hechos o como antecedente, porque esto no constituye mas que una responsabilidad que tiene que cumplir un oficial logístico antes de iniciar un curso de naturaleza militar y donde tenga que emplearse este tipo de armamento; Aquí lo que encontramos es una verdadera falta de actividad probatoria suficiente; los únicos medios de prueba que relaciona el Ad-Quem, son aquellos que aparentemente le ayudan a encontrar un razonamiento lógico que lo lleve a enunciar una culpabilidad deseada.- Por ello el Ad-quem, solo hace mención de que se dispararon tantos LOW y que sobraron tantos, por consiguiente faltan tantos, que en México como en Colombia se encontraron tantos LOW, siendo un total de 9 LOW faltantes y que los imputados eran los logísticos y que por tanto son los responsables de la administración infiel; en ningún momento hace referencia a las pruebas contradictorias de su pretensión, lo que constituye un grave perjuicio al derecho de defensa de los imputados, violando los principios de “in dubio pro reo” y la presunción de inocencia. La Honorable Corte de Apelaciones Penal de F. M., como ya se deja dicho, de manera reiterativa infringe el precepto constitucional recurrido, esta vez contra el principio “in dubio pro reo” y al principio también fundamental de la presunción de inocencia, no valoriza la prueba “stricto sensu”, simplemente concluye sustentándose en suposiciones, la única prueba que argumenta es que el señor S. C. era el logístico y que a él le entregaron los Low y por ende al no devolverlas es el culpable; esto es increíble viniendo de tan alta investidura judicial, como ya se deja dicho, el desdeño a las pruebas contradictorias lo hacen caer en error, porque al no considerar los hechos probados de la defensa no puede ejercer una valoración “stricto sensu”en base a la contradicción. Cabe recalcar que en la Presunción de inocencia es constitutivo, “que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia de no participación en los hechos”, La Honorable Corte de Apelaciones Penal no presenta ningún hecho probado que lo lleve a una conclusión de tal naturaleza, llegando incluso a la arbitrariedad, a la mala fe y al abuso de autoridad, incluso a ocultar los hechos refutatorios de la defensa y de los que ya tiene conocimiento, posiblemente para evitar la contradicción que lo pueda llevar a la duda y a la aplicación del principio “in dubio pro reo” que lo desviaría de su propósito desleal de inculpar al imputado, ostenta su falsa acusación en el hecho que el señor S. C. era durante el curso el oficial logístico, lo cual es cierto pero a medias, en el buen sentido de la palabra. A pesar de lo anterior, la defensa a refutado el cargo hecho a su representado, con pruebas contundentes, que acreditan que el señor C. Z. fungió como Logístico del curso Tesón solamente durante la primera parte del curso, siendo relevado de su responsabilidad logística al inicio de la segunda mitad del curso, en consecuencia, no le correspondía al señor S. C., devolver los LOW no utilizados, ya que esta responsabilidad obviamente recaía en el nuevo oficial logístico del curso Tesón. A continuación los hechos que oculta la Honorable Corte de Apelaciones Penal, con lo que se prueba con hechos contundentes y fácticos lo aseverado por la defensa: Consta a folio 14 vuelto del expediente A-Quo, declaración del imputado S. C. que dice: “…para ese entonces yo ya no era el oficial logístico del curso, porque le había entregado al Capitán de Caballería O. G. Ç., yo me reintegre en la fase de buceo… ”Consta a folio 24 del expediente A-Quo, declaración del Capitán O. G. C., que dice: “. aproximadamente en la segunda semana de noviembre encontrándonos en la represa del Coyolar recibí la orden de parte del Mayor R. V. A., de hacerme cargo de los aspectos logísticos… por lo que tome el control específicamente de la clase uno y clase tres, no recibiendo nada de lo referente a clase cinco y siete A, ya que eso era controlado por el entonces Tte. R. P. el cual era el que tenía el control de estas clases.” Consta a folio 719 del expediente A-Quo, declaración del Tte. R. P. penúltima pregunta del folio referido, y dice: “…CONTESTA: El Capitán C. Z. durante el desarrollo del curso solicitó un permiso, quedando en el puesto el capitán G. C. por instrucciones del Mayor R. V. A.” Consta a folio 156 del expediente A-Quo, declaración del Cap. G. A. A. R., que dice: “el Tte. De Navío C. Z. tuvo mayor contacto con los low ya que era el oficial logístico hasta la mitad del curso y luego lo reemplazó un capitán mas antiguo y era el Capitán de infantería O. G. C.” Consta a folio 748 del expediente de merito, preguntado nuevamente el Tte. R. p.: CONTESTA: se trasladaron 10 low, dichos low fueron trasladados bajo supervisión de mi persona con el capitán D. C. y el Capitán S. B., el oficial logístico para ese entonces era el mayor G. C. ya que mi Teniente C. Z. le entregó la parte logística.” Consta a folio 433 del expediente A-Quo, declaración del A- de F- O. A. V. M., que dice: “…PREGUNTADO: para que diga quien fue la persona que se encargo de recibir el material que entró a la bodega de regreso de la clase cinco que es armas y municiones, CONTESTA: cuando finalizó el curso en el segundo Batallón de infantería, fue el Capitán R. P. fue el que nos dio la orden de bajar y almacenar todo el equipo de la clase cinco que sobró del curso, y el Tte. C. Z. nos dio la orden de bajar el equipo anfibio que son: balsas, chalecos salvavidas y etcétera, porque el se conducía en ese camión, supervisó que bajaran el equipo y se retiró a dormir ya que venía enfermo.” Consta a folio 31 del expediente A-Quo, declaración del Sub-oficial M. A. F., que dice: “…al siguiente día partimos al quince batallón efectuando la ultima patrulla al cerro Capiro Calentura, próximamente nos trasladamos a Tamara, en dicha unidad tomó el mando el Teniente R. P. del vehículo donde venían las armas y las municiones con un grupo de Tesones, tomando el mando mi capitán C. del otro vehículo, mi persona y otro grupo de Tesones de los cuales bajamos equipo mas que todo anfibio, como ser botas, chalecos salvavidas, remos y escarpines.” Todas estas declaraciones corresponden a oficiales que por su envestidura dentro del curso son los que si podrían tener conocimiento de la sustitución en el cargo de logístico, dentro del curso de Tesón, donde el señor S. C. le entregó la responsabilidad logística después de la primera mitad del curso al señor Capitán G. C., quien devenía a ser el responsable de devolver el equipo entregado al señor S. C. Z. La Honorable Corte de Apelaciones Penal, trata de torcer la Justicia con suposiciones que la llevan a concluir con una hipótesis falsa, irreal e ilegítima, por lo que tal acusación no tiene sentido, pareciera que la Honorable Corte de Apelaciones Penal tuviera interés en no demostrar la verdad, sino en probar el delito, como si no hubiera peligro mayor de condenar a un inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera la del delito.- Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba, derivada esta exigencia del derecho de presunción de inocencia. Y en tercer lugar, para finalizar, expongo la ultima premisa en la que la Honorable Corte de Apelaciones sustenta su falsa acusación: y como consecuencia se siguió este proceso desprendiéndose de la prueba practicada en el proceso que tanto S. J. C. Z., como R. A. R. P., eran los encargados del manejo de las mismas en el curso” Se probó hasta la saciedad, que la única participación que tuvo mi representado en la administración de los LOW, fue únicamente en el momento de Recibir los pertrechos militares que se utilizarían durante el curso, de allí en adelante, consta con hechos probados relacionados en el numeral anterior, que dicha responsabilidad administrativa le fue traspasada al Capitán G. C..- Sin embargo, a mi juicio, no considero que por el hecho de que alguien sea logístico sea objeto de culpabilidad, sin haberle demostrado que los haya enajenado, traspasado, que los hayan sacado de la unidad, que los transaron, no se determinó el quien, como, cuando ni el donde cometieron el ilícito. Para ver hasta donde llega la arbitrariedad de este proceso por parte del Ad-Quem, solo basta remitimos Considerando 13, donde de forma irresponsablemente se tasa el valor de los LOW, para determinar la pena a aplicar, cuando a la letra dice: “…si bien no existe dentro del proceso una valoración de los mismos, ciertamente superan el valor antes indicado, no siendo esta estimación arbitraria, pues hasta el mismo imputado R. A. R. P., manifestó que les ofrecían aproximadamente (U$1,500.00) UN MIL QUINIENTOS DOLARES por cada LOW, con lo que la pena aplicable es la antes señalada…” Esto sobrepasa la irresponsabilidad y el respeto a las leyes, esta hablando de aplicar una pena, no a unas vacas o a unos burros, es a seres humanos, que tienen derechos y garantías amparados en una Carta Magna, La fiscalía debió en su oportunidad solicitar un peritaje para determinar el valor de los LOW, sino se hizo, fue precisamente por la falta de actividad probatoria que fortalece mas bien la presunción de inocencia.- no puede el Ad-Quem basarse en un hecho NO probado, para determinar algo tan relevante en la sentencia, como lo es la aplicación de la pena. OBSERVACION; El Recurso de Casación que se formaliza no es por una violación de mera legalidad, es por un atentado a la ley, por una violación flagrante a la constitución y las leyes, arbitraria, parcializada y contraría al derecho de legitima defensa que algunos funcionarios judiciales dicen respetar. Lo reclamado es un acto criminal, falso e inconstitucional, constituyente de abuso de autoridad. La Resolución contra la cual se reclama atenta contra el Estado de Inocencia, la dignidad y la libertad constitucional del señor S. C. Z., a quien no se le ha demostrado con argumentos sólidos la comisión de delito alguno, mas sin embargo lo sentencian como culpable. La resolución reclamada tuerce la justicia inclinando la balanza a favor del imperio militar, representado por sus altos mandos, que por buscar ocultar su negligencia en el cuidado de sus pertrechos, buscan redimirse internacionalmente ante aquellos países que se sienten afectados por dicha negligencia, presentándoles chivos expiatorios, ocultando o ignorando a los verdaderos responsables sin importar cuales sean los daños que se le pueda causar a un inocente. II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: “Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 190 del Código de Procedimientos comunes de 1906”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 554 #5 del Código Militar, en relación al artículo903 Numeral 2° del Código de Procedimientos Comunes Antecedentes Consta a folio 50 del expediente A-Quo, que en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, se le dicto Auto de Prisión al señor S. C. decretado por el Juzgado de Primera Instancia Militar que resuelve: “CON EL MERITO: que arrojan las presentes diligencias… art. 204, 205, #l, 11, del código Penal Militar: Este Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, en nombre de la República de Honduras decreta: Auto de Prisión contra: S. J. C. Z., mayor de edad, casado, militar, con residencia en San Pedro Sula por el delito de Fraude y Malversación en perjuicio de las FF. AA. De Honduras.- Hechos que tuvieron verificativos en el mes de octubre del año dos mil siete y en el mes de enero del año dos mil ocho.- Y Manda…” (El subrayado es mío). Consta a folio 816 de expediente A-Quo, el escrito de formalización de la Acusación por parte del señor fiscal, de fecha 13 de agosto de 2010, que en el acápite siguiente dice: “CALIFICACION DE LOS HECHOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL MILITAR: dice: “De acuerdo a los hechos anteriormente descritos la acción cometida por los encausados S. A. C. Z. Y R. A. R. P., se subsume en el tipo penal de FRAUDE Y MALVERSACION, tipificado en el artículo 204, 205 numerales 1, 6, 11 del Código Penal Militar” (El subrayado es mío). Como acredito con el Fallo de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, específicamente en sus considerándos, siete y doce, que le sirvieron al Tribunal A-Quo para formular sus conclusiones sobre los hechos relacionados con la granada, el primero y, con los hechos relacionados con los Lanzacohetes LOW la segunda.- En las que consta la fundamentación legal que le ayuda a sustentar su acusación, que en su parte medular se lee:(observación: dichos considerándoos no están numerados, pero siguiendo el orden correlativo se encontrarán ubicados en el orden 7 y 12 respectivamente). CONSIDERANDO (7): “… existiendo un fuerte indicio de que pudiera ser de las mismas manejadas por el imputado, aún cuando no se haya establecido una relación entre éste con los miembros de la embarcación con bandera hondureña, lo cierto es que el tipo penal descrito en el articulo 204 del Código militar concurre en este caso… luego también por el indicio racional de la granada encontrada en la nave Capitán Colly en la República de Colombia que es de la numeración MMLOTMA83HI64-013, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, todo lo cual constituye una administración infiel típico que junto con…” CONSIDERANDO (12): línea 22, “…Igualmente este hecho típico contenido en el artículo 204 del Código militar, reuniéndose todos los elementos constitutivos del mismo, ya que al imputado S. C. Z., se le entregaron los LOW,…(ultima línea)… ;pero lo cierto es que al no poder el imputado dar una justificación cierta del uso de los LOW que no devolvió al CALFFAA, a pesar de no haberse utilizado en el curso, se hace obvia la administración infiel de las armas, independientemente de que se haya obtenido provecho propio él o terceros…” Como que independientemente?, si eso era precisamente lo que tenía que probarse, de si obtuvo provecho propio o ajeno eso es lo que tenían que probar. Obsérvese los Conspirándoos que sirvieron de conclusión al Ad-Quem, que se fundamenta en el artículo 204 del código Militar, tratando de probar hechos penados como delitos que no fueron objeto del debate en el juicio, causando con ello un Estado de indefensión, la Sentencia del A-Quo, precisamente se vertió sobre los hechos imputados por el señor Fiscal y los hechos señalados en el Auto de prisión, como es que ahora, La Honorable Corte de Apelaciones viene a cambiar las pretensiones deducidas en juicio. Como lo acredito con el Fallo de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, específicamente con el POR TANTO.- La Honorable Corte de Apelaciones Penal, aparentemente de manera intencional, específicamente en los fundamentos del mismo, fundamenta su fallo al momento de determinar el delito, solo en el articulo 204, que no es mas que una descripción o definición genérica de lo que es un delito de Fraude y Malversación, cayendo por consiguiente el cargo del delito en las especificaciones numeradas en el artículo 205, la que numera los casos especialmente en los que se considerará reos a los infractores del delito de Fraude y Malversación, sin embargo, el Tribunal Ad-Quem, maliciosamente excluye el artículo 205 #1, 6 y 11, los que fueron precisamente objeto de debate; obsérvese: “POR TANTO: La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, de acuerdo con el parecer del fiscal y en aplicación de los artículos 65, 303 y 304 reformados del a Constitución de la República, artículo 1° numeral 1, 25,41,42,62,78,182,204,206 numeral 1 y 551 del Código Militar…” (El subrayado es mío). Esto es un atentado contra la justicia, es obvia la mala fe y la intención única de perjudicar a los imputados por delitos no cometidos. EXPOSICION DE MOTIVO: la norma sustantiva infringida es el artículo 190 del Código de Procedimientos de 1906 que establece: “las sentencias deben de ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado; y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Honorable Corte Suprema de Justicia, me aboco en este momento a su experiencia y buen juicio, esperanzado en un fallo justo e imparcial, me aboco en este momento a su experiencia y buen juicio, esperanzado en un fallo justo e imparcial, porque acreditaré lo que a mi juicio es un acto desleal con la justicia. Se formaliza este Recurso Casación por Infracción de Ley, en virtud que la sentencia del Ad-Quem no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La sentencia del Ad-Quem es incongruente con el Auto de Prisión y con la formalización de la acusación, en virtud que el juicio se debatió en base a las acusaciones imputadas en estos dos actos ya relacionados, acusaciones tipificadas en el artículo 205 numerales 1,6 y 11 del Código Militar, pese a ello, la Honorable Corte de Apelaciones Penal falla amparado únicamente en el artículo 204 del Código Militar, exponiendo al imputado a una situación de indefensión, porque, en ningún estado del juicio, se debatió dicho articulado. El artículo 204 del Código Militar es una definición genérica del delito de Fraude Y Malversación, siendo el artículo 205 la expresión especifica del delito cometido, cuando al tenor del mismo dice: Artículo 205: “Se hace especialmente reo de esos delitos: (Fraude y Malversación), 1°- El que enajena o emplea, en su propia utilidad, los sueldos, víveres, forrajes, municiones o utensilios de guerra, cuya guarda o distribución le este confiada; 6°- El militar encargado de suministro de cualquiera o cualquier otra cosa destinada al servicio militar, que dolosamente hubiere faltado a su debida entrega; 11°- El militar que fraudulentamente, ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones pertrechos u otros efectos destinados al servicio; Por consiguiente, no se les puede acusar por otros delitos que no estén comprendidos en los numerales 1, 6 y 11 del artículo 205 del código Militar El Juzgador Ad-quem en su sentencia trastoca los fundamentos que sirven para sustentar la acusación formalizada por el señor fiscal, suprimiendo en la sentencia acusatoria el articulo 205 que es el que contiene los ítems que fueron objeto de contradicción por las partes en todo el proceso, estos ítems son los que especifican el delito supuestamente cometido por el señor S. C. Z., especialmente los numerales 1, 6 y 11 y que fueron formalizados en la acusación del señor fiscal. El Ad-Quem comete error de derecho en la calificación de los hechos de la sentencia, ya que en ninguno de sus considerándoos, ni en la Resolución de la Sentencia relaciona las supuestas pruebas de cargo con las acusaciones formalizadas por el señor fiscal, sino que cambia la acusación especifica a una acusación genérica; por consiguiente, la Sentencia es incongruente con el Auto de Prisión, con la denuncia, con la acusación formalizada por el señor fiscal y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, lo que en derecho constituye una infracción de ley, actualmente recurrida con la presente Casación. La Honorable Corte de Apelaciones Penal, ha infringido la norma estipulada en el artículo 190 del código de Procedimientos Penales, código aplicable a razón de ser contemporánea con el código Militar, el Ad-quem infringe este articulado porque su sentencia es incongruente con la acusación y con las demás pretensiones deducidas en el pleito, en virtud que durante todo el proceso del juicio, se debatió en razón de acusaciones estipuladas en el articulo 205 del código Militar numerales 1, 6 y 11, sin embargo la sentencia se sustento en una definición genérica del delito de Fraude y Malversación, al extremo que la Sentencia excluye de sus fundamentos el artículo 205 del Código Militar, artículo que era la base sustantiva de la acusación. El Tribunal Ad-Quem, se limitó a generalizar la acusación en un termino que abarca todos los 13 ítems del artículo 205 que especializan el delito de Fraude y Malversación, limitándose a decir que el imputado administró los bienes de una manera infiel hecho aplicable a todos los Ítems del artículo 205, no determinando en ningún momento de la sentencia, que haya habido administración infiel de acuerdo a algún ítem determinado del artículo 205. No es posible que después de estar debatiendo las acusaciones formuladas en base a los ítems, 1, 6 y 11, del artículo 205 del Código Militar, la Honorable Corte de Apelaciones Penal venga a cambiar la acusación, en la sentencia, siendo así, no tendría sentido debatir hechos para defender una acusación si después cualquier Tribunal Superior lo va a trastocar para buscar lo que pretende el Juzgador. III. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO. Interpuesto por el abogado R. C. E. S., en representación del acusado R. A. R. P. PRECEPTO AUTORIZANTE. “Artículo 554. Preámbulo y No.4.- del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar”. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por aplicación indebida, del Artículo 204 del Código Militar en relación con el Artículo 533 del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar. CONCEPTO DE LA INFRACCION. 1.- La sentencia recurrida que revoca la sentencia definitiva dictada en primera Instancia, contiene en su considerando catorce, la declaración de hechos probados, expresando literalmente lo siguiente:” 2.- La sentencia recurrida, al revocar el fallo de primera instancia, lo rechaza y falla, declarando con lugar el Recurso de Apelación Interpuesto 3.- El Artículo que se cita como infringido, por aplicación indebida, literalmente dice: “Comete el delito de defraudación y malversación, el militar que, a sabiendas, reclame haberes o efectos para plazas supuestas, o que teniendo en su poder, por razón de su empleo, dinero, títulos de crédito o cualquier efecto perteneciente al estado o a militares, los distrajere de sus legales aplicaciones o en provecho propio o en el ajeno, o los administrare de una manera infiel. “.- Artículo 204 del Código Militar. 4.- El artículo que se cita en relación con el precepto legal infringido, dice: “Las sentencias definitivas contendrán con la claridad y precisión posible: 1°. En el preámbulo, los nombres y apellidos del denunciante y del reo, su edad, estado, nacionalidad, domicilio, oficio o profesión y los hechos que hubieren dado lugar al proceso; 2°.Se consignarán en los resultados los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados; 3°. Se consignará en considerándos la apreciación de los hechos que se hubieren estimado, la participación que en ellos hubiere tenido cada uno de los procesados y la apreciación de las circunstancias agravantes atenuantes o eximentes, y 4°. En la parte final se citarán las disposiciones legales que se estimen aplicables, pronunciándose el fallo, en el que se condenará o absolverá definitivamente por el delito principal y sus conexos, declarándose en su caso, la responsabilidad por daños y perjuicios.” Artículo 533 del Tratado Tercero del Libro Segundo delios Procedimientos Militares del Código Militar. 5.- La declaración de hechos probados de toda sentencia definitiva dictada en materia penal contiene los hechos que, a criterio del juzgador, han sido debidamente acreditados de conformidad con el contenido de los autos constituyendo la base toral del fallo sea absolutorio o condenatorio y, revisten tanta importancia, que la parte perjudicada que recurre en casación ‘por infracción de ley, tiene que aceptar tal declaración de hechos probados ceñida a esa aceptación debe demostrar la infracción de ley, ya que de lo contrario no ha lugar a la admisión del recurso. En el caso de autos la única circunstancia que vincula a mi representado R. A. R. P., es haber entregado tres low para efectos de adiestramiento, a dos oficiales, que consta que fueron devueltos y que se encuentran en depósito por instrucciones del Juzgado de Primera Instancia en el Almacén General de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras. A este respecto me permito transcribir una cita de la obra “EL ABOGADO ANTE EL RECURSO DE CASACION PENAL”, de Narciso Fernández Boixader, Paginas 53 y 54, que dice: “LOS HECHOS PROBADOS. Esta forma absolutamente condicionada a los hechos probados en que tiene que producirse la infracción, nos lleva a hacer unas ligeras reflexiones sobre el obligado acatamiento que en casación hay que rendir a esta extraordinaria facultad concedida por ley a la sala sentenciadora. Todo el contenido de la casación descansa sobre el principio de la intangibilidad de los hechos probados, consecuencia natural y lógica que establece en materia criminal el juicio de conciencia, basado en la libre apreciación de la prueba por los Tribunales de Instancia. Así, pues, el recurso de casación por infracción de ley, autorizado por el numeral 40 del artículo 554 de la ley, tiene forzosamente que discurrir en torno a la declaración de los hechos probados reconocidos en el fallo, por constituir ellos en casación verdad indiscutible, incontrovertible. Por consecuencia cuando lejos de guardar este debido respeto a la santidad de esta norma fundamental del recurso, se rebasan sus límites, se niega, se altera, en fin, lo que la sala sentenciadora afirma se pretende traer a colación hechos nuevos que no se deducen de la declaración de los hechos probados, o se hacen alegaciones que de modo notorio contradigan lo que en la resolución impugnada se establece como probado de facto, o se sustituye por el criterio personal del recurrente el mantenido por el tribunal sentenciador, la impugnación carece de virtualidad para que se abra francamente el cauce de la casación. Por tanto, la infracción productora del posible recurso, tiene que derivarse precisamente de esa relación de hechos probados que en la resolución impugnada se establece por la sala sentenciadora, no siendo lícita argumentación alguna basada en otros hechos que no sean aquellos que como probados se declaran, ya que su determinación es de interpretación estricta, pues si así lo fuera, se atacaría la independencia que la ley otorga al tribunal sentenciador para ser juez soberano de las pruebas. - (Sentencia del 28 de octubre de 1949). En consecuencia, toda falta de respeto a la intangibilidad, a la santidad de los hechos declarados probados en la sentencia que se recurre, tiene en casación su sanción específica, que estudiaremos con el debido cuidado al tratar de la inadmisión del recurso. Pero aparte de esta sanción es preciso, tener en cuenta que el ir abiertamente contra la declaración de hechos probados constituye no solo una causa de inadmisión, sino que así mismo es motivo suficiente para desestimar las cuestiones de fondo planteadas. Así se establece, entre otras sentencias del Tribunal Supremo, en la de 28 de mayo de 1951.” Explicación de la infracción. 1.- La sentencia absolutoria de primera instancia que revoca la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, contiene en su último considerando, los hechos que se estiman probados y, en ninguno de ellos, aparece que R. A. R. P., haya tenido participación alguna en los delitos de Fraude y Malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras. 2.- Tenemos pues que, la corte sentenciadora ha infringido en la sentencia recurrida por aplicación indebida, el artículo 204 del Código Militar, en el concepto de que en ella se condena a mi representado R. A. R. P., como autor de los delitos de Fraude y Malversación, sin que dados los hechos estimados probados, se haya acreditado en los mismo su participación; debiéndose haberse aplicado el artículo 544 en su última frase del Código Militar, confirmándose la sentencia de primera instancia. IV. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. SEGUNDO MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE. “Artículo 554, Preámbulo y No.4, del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar”. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. “Infracción por violación o sea falta de aplicación del Artículo 390 del Código Militar”. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El Precepto legal, infringido por violación o sea falta de aplicación que a la letra dice: “A fin de valorar los daños causados por el delito, el Juez interrogará al dueño o persona perjudicada, y ordenará siempre el reconocimiento pericial, en la forma que juzgue necesaria.” Artículo 390 del Código Militar. EXPLICACION DE LA INFRACCION. 1.- Al condenarse en la parte dispositiva de la sentencia recurrida al encausado R. A. R. P., en la causa que se le sigue por suponerlo responsable de los delitos de fraude y malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras, por rechazar la honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán. Se da por sentado que R. A. R. P., cometió los delitos de fraude y malversación. 2.- Ahora bien, para apreciar en un hecho delictivo la concurrencia de circunstancias agravantes de responsabilidad criminal, es indispensable que en la sentencia se puntualice la manera como ocurrió el hecho delictivo a que dicha sentencia se contrae, lo cual no consta en el presente caso en aparte alguno de la sentencia recurrida; lo que se consta es que en la motivación de la misma se sustituye el dictamen pericial así: “CONSIDERANDO: Que los delitos de DEFRAUDACION Y MALVERSACION, se castigarán con PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, cuando la sustracción excediere de CUATROCIENTOS LEMPIRAS, asimismo las penas señaladas llevarán siempre consigo la pena de suspensión para los oficiales; en el presente caso, se ha acreditado que los imputados son oficiales y en cuanto al valor de los LOW si bien no existe dentro del proceso una valoración de los mismos, ciertamente superan el valor antes indicado, no siendo esta estimación arbitraria, pues hasta el mismo imputado R. A. R. P., manifestó que les ofrecían aproximadamente (U$1,500. 00,) UN MIL QUINIENTOS DOLARES por cada LOW con lo que la pena aplicable es la antes señalada en su grado medio por no encontrarse acreditadas dentro del proceso ni circunstancias atenuantes ni agravantes, esto al tenor del artículo 62 del Código Militar.- En tal virtud y siendo que la pena de presidio mayor en su grado máximo es de 9 años 1 día a 12 años de reclusión, consecuentemente la misma en su grado medio resulta ser de 10 años 6 meses que es la pena concreta aplicable al presente caso y que resulta de sumar el mínimo y el máximo de la pena abstracta y dividirla entre dos.” 3.- De donde resulta que al no hacerse dicho reconocimiento, más aún cuando consta en autos que los LOW con serie: 429188, 429190 y 429152, fueron devueltos, no se pudo determinar su descripción, estado y forma en que se hallaban, relación detallada de todas las operaciones practicadas y del reconocimiento de los LOW, que condujera a los magistrados que dictaron la sentencia recurrida, a formarse una opinión para poder apreciar la naturaleza y gravedad de los delitos. 4.- Es inviolable la disposición relativa al juicio sobre el dictamen de peritos, según precedentes, tomados de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.- Repertorio Alfabético de los doctores Membreño y Quezada. 5.- En ninguna parte de los hechos probados del Tribunal Ad-Quem, aparece hecho el reconocimiento pericial que ordena el artículo 390 del Código Militar, que alego como infringido en el presente motivo, ya que no fue aplicado, pues de haberlo sido la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán debió haber confirmado la sentencia recurrida en lugar de revocarla. 6.- De lo anterior resulta que la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha infringido en la sentencia recurrida, por violación o falta de aplicación, el Artículo 390 de Código Militar, en el concepto de que al no aplicarlo condena al encausado R. A. R. P., como autor de los delitos de fraude y malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras, apreciando la concurrencia de circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, sin constar en aparte alguno de la sentencia recurrida, la forma circunstanciada en que los delitos fueron perpetrados. V. NULIDAD SUBSIDIARIA. PRIMERA PARTE. 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados, toda sentencia dictada en materia penal debe expresar clara y terminantemente cuales son los hechos que se estiman probados, ya que de lo contrario la sentencia es susceptible del recurso de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese tribunal supremo conociendo de ella en casación por infracción de ley. 2.- Cualquier hecho que se considere probado en un aparte distinto de la declaración de hechos probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados. 3.- En el presente caso es hasta en el último Considerando, literal tercero de la sentencia recurrida que se menciona a R. A. R. P., en su condición de instructor de armas del curso de TESON XIX, con facultades de manejar el equipo y el armamento destinado para el desarrollo del mencionado curso, que regaló dos low, al oficial G. A. Á. R., series 429188 y 429190 y un low serie 429152 al oficial N. E. S. B., que formaban parte del lote entregado a S. J. C. Z., omitiendo la consideración que era para propósitos también de instrucción, que dichos low fueron devueltos y se encuentran en depósito en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras y así consta en autos, ver primera pieza folios doscientos treinta y cuatro (234) y doscientos treinta y seis (236). 4.- Consignados en la sentencia los hechos que se estiman probados, en los demás considerandos no se hace ninguna apreciación jurídica, calificando la participación que en los delitos de fraude y malversación haya tenido R. A. R. P., en consecuencia dado los hechos probados no se le puede imputar la comisión de dichos delitos y hacerlo agregando otros jurídicamente no es posible, porque con ello además de viciar procesalmente la sentencia, se le impide a la parte perjudicada y que recurre en casación por infracción de ley, conocer cuáles son los hechos probados, base esencial para la formalización del recurso. 5.- No expresando la sentencia recurrida en forma clara y terminante cuales son los hechos que se estiman probados, procede invalidarla de oficio conforme a la prescrito 560 del Código Militar. SEGUNDA PARTE: También puede ese Alto Tribunal de Justicia invalidar de oficio la sentencia recurrida por la siguiente irregularidad: 1.- No existe dentro del proceso una valoración por lo menos de los tres low entregados por los oficiales G. A. Á. R. y N. E. S. B., en consecuencia no existe la descripción de la cosa objeto del reconocimiento, estado y forma en que se hallaban, relación detallada de todas las operaciones practicadas y del reconocimientos de ellas, conclusiones formuladas como consecuencia del examen en consecuencia no se puede apreciar la naturaleza y gravedad de los supuestos delitos como para que la corte de apelaciones penal de Francisco Morazán dictara pena. III.- Que en fecha diecisiete de agosto del dos mil doce, se tuvieron por formalizado los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e infracción de Ley, interpuestos por las defensas privadas, de ambos acusados, y en su oportunidad se cito a las partes para resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación de que se ha hecho merito.- IV.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO S. J. C. Z. Y DE INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO R. E. E. G..- I.- Según el código de Procedimientos Penales, en su articulo 412 el recurso de Casación por Infracción de Ley, se analiza a partir de “ cuando dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones enumeradas en dicho articulo, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo, u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal.……”; esto significa que para la demostración de una infracción de un precepto penal sustantivo debe partirse de la base factica estimada por Tribunal de Instancia, por lo que no es permitido fundamentar el recurso en otros hechos que no sean los declarados probados en la sentencia. II.- El abogado defensor R. E. E. G., en representación del acusado S. J. C. Z., plantea Infracción del precepto constitucional contenido en el Articulo 82, (derecho de defensa), en relación a los principios: “in dubio pro reo” como parte integrante de la “presunción de inocencia”; relacionados con el precepto legal contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, y la infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 190 del Código de Procedimientos comunes de 1906; y el abogado defensor R. C. E. S., del señor R. A. R. P., interpuso la infracción de ley por aplicación indebida del articulo 204 del Código Militar, en relación con el articulo 533 del tratado tercero del libro segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar; así como infracción de ley por falta de aplicación del articulo 390 del Código Militar; formalizándose correctamente los recursos de casación interpuestos por las defensas, de los acusados reuniéndose todos los requisitos legales, y siendo procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia del Recurso en su único motivo.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1, 413, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 900, 901, 902, 903, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921 del Código de Procedimientos Civiles; 78, 204, 205, 552, 553, 554, 560 del Código Militar; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: I.- DECLARANDO HA LUGAR LA ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCION DE LEY, interpuestos por el Abogador R. E. E. G., en representación del acusado S. J. C. Z., y por el Abogado R. C. E. S., en representación del imputado R. A. R. P., por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION, en perjuicio de LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS. Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia de los Recursos interpuestos. Redactó el Magistrado CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.- “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se declara Con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo de dos mil once, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, de Tegucigalpa M.D.C., en la que se condena a los acusados S. J. C. Z. y R. A. R. P., a la pena de DIEZ AÑOS SEIS MESES, de Reclusión Militar Mayor en su grado máximo, por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION, en perjuicio de LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, el Abogado R. E. E. G., en su condición de Defensor Privado del acusado S. J. C. Z., y el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado R. C. E. S., en su condición de Defensor Privado, del imputado R. A. R. P. SON PARTES: El Abogado R. E. E. G., en su condición de Defensor Privado del acusado S. J. C. Z., y el Abogado R. C. E. S., en su condición de Defensor Privado, del encartado R. A. R. P. como parte recurrente; y la Abogada L. M. S., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- Que esta Sala de lo Penal en fecha doce de agosto de dos mil catorce dictó sentencia, admitiendo a trámite los recursos interpuestos, por reunir todos los requisitos legales, disponiéndose el oportuno pronunciamiento sobre su procedencia o improcedencia, lo que se hace a continuación. II.- Que en fecha diecisiete de agosto del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, los Abogados defensores de los acusados S. J. C. Z. y R. A. R. P., formalizando el Recurso de Casación por Infracción de Ley que en su oportunidad interpusieron, de la manera siguiente: I. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Interpuesto por el abogado R. E. E. G., actuando en su condición de defensor privado del acusado S. J. C. Z. PRIMER MOTIVO: “Infracción del precepto constitucional contenido en el Articulo 82, (derecho de defensa), en relación a los principios: “in dubio pro reo” como parte integrante de la “presunción de inocencia”; relacionados con el precepto legal contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”. Si bien es cierto que el Código Militar no incluye como motivo de Casación la infracción a los Preceptos Constitucionales, no es menos cierto, que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, Articulo 60: “Todos los hondureños nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los Hondureños son iguales ante la ley”.- Si un ciudadano civil tiene derecho a invocar un precepto constitucional como motivo de casación, por ende, un militar, que también es un ciudadano hondureño, también tiene ese derecho constitucional.- La no inclusión de la Casación por Infracción de Preceptos Constitucionales en el Código Militar, constituye un pasaje oscuro de dicha ley, nuestro Código Civil en su artículo 19 expresa: “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.- debiéndonos obligados en el presente caso a ilustrarnos a través del Código Procesal Penal, específicamente avocándonos al articulo 361 de dicho Código. La Honorable Corte suprema Justicia, debe tomar en cuenta que estamos ante un Código Militar desfasado, anticonstitucional, va contra el derecho a la vida (incluye pena de muerte por fusilamiento), contra el derecho defensa (un simple ejemplo, no incluye en casación la infracción de precepto constitucional), sin incluir estos y otros derechos constitucionales que se lesionan, es un código que no esta acorde al derecho moderno ni a sus procedimientos.- por lo anterior, por el derecho constitucional de defensa que tienen los imputados y toda la justificación presentada, solicito a vos Honorable corte Suprema de Justicia, se admita el presente motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto constitucional infringido es el articulo 82 de nuestra constitución de la República que establece que el derecho de defensa es inviolable; el artículo 14 (Inviolabilidad del derecho de defensa) del mismo código Procesal, que dicta: El derecho de defensa es inviolable; Los órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que lo eximan de ella, la extingan o atenúen. Se alega la vulneración del derecho fundamental del principio “in dubio pro reo” como parte integrante de la presunción de inocencia, en virtud de que estamos ante un supuesto de falta de valoración de la prueba “stricto sensu” necesaria para enervar el principio “in dubio pro reo”, como también ante un supuesto de inexistencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, de tal manera que el error en la apreciación de la prueba queda evidenciado no por documentos que obran en poder del Juzgador y que ponen de manifiesto el error, sino por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para enervar la libertad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta la vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental. Honorables Magistrados, en el presente caso el Juzgador infringe estos mandatos constitucionales y legales en perjuicio del señor S. J. C. Z.., lo cual explico de esta manera: El derecho de defensa es una garantía constitucional que supone también la presunción de inocencia en que se incluye el principio “in dubio pro reo”.- Del derecho de defensa se derivan dos sub principios: el de contradicción o audiencia y el de igualdad de armas procesales; por el derecho de igualdad de armas procesales se entiende que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad para los sujetos del proceso, en el que ninguno de ellos, en especial el acusado, se encuentre en una situación de desventaja procesal frente al poder punitivo del estado; La redacción de la Sentencia es un acto del proceso, en consecuencia, los juzgadores en el momento de redactar la sentencia deben colocarse pensando en función del derecho de defensa, “haciendo valer con igual celo, no solo los hechos que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que lo eximan de ella, la extingan o atenúen” utilizando con conciencia las reglas de la sana crítica, en ningún momento podrán parcializarse so pena de violentar el derecho de defensa del imputado, lo que causaría obviamente, graves prejuicios a la libertad del imputado como derecho constitucional; La Sentencia es parte del proceso, constituyéndose en la parte medular del mismo, es la que determina el momento definitivo sobre la culpabilidad o absolución del procesado; de manera que, el sentenciador al momento de redactar su resolución debe tomar en cuenta de forma responsable la valoración de la prueba “stricto sensu”, considerando todos los hechos probados por ambas partes, admitiendo la prueba en contrarío y no solo aquellas que tengan valor a la intención o propósito del Juzgador; el Juzgador en el acto de redacción de la sentencia es el representante de ambas partes procesales, aunque físicamente no estén presentes; por consiguiente, Los hechos que escoja el Juzgador como premisa-indicadores, deben ir orientados a lograr un control racional sobre las tareas de valoración de las pruebas y evitar así evidenciar una intención de orientarlas al propósito de lo que ya tiene en mente. EXPLICACION EN CUANTO A LAS GRANADAS: El Ad-quem, en el séptimo considerando de su Sentencia, referente a las Granadas, hace un resumen de los considerándoos anteriores apoyándose en hechos vagos, imprecisos y no probados para dictar su sentencia acusatoria, incluso da la apariencia que falsea hechos que no constan en ningún momento como hechos probados, y los toma como probados, llegando incluso a la contradicción de si mismo al tratar de buscar una culpabilidad que no existe; esta falta de lealtad a la justicia, perjudica el derecho de defensa de mi representado en el momento de la redacción de la sentencia de apelación, específicamente en el caso de la supuesta sustracción y venta de unas granadas.- El Ad-quem declaró como probados los siguientes hechos: PRIMERO: “Que de la información testifical e inspecciones judiciales referidas en los dos considerándos anteriores y de la misma declaración del imputado S. J. C. Z. se ha podido establecer que: S. J. C. Z. retiró en fecha 27 de enero de dos mil ocho, once granadas de 4Omm de la base naval de Puerto Cortes, mismas que le fueron entregadas por el encargado de armas y municiones R. N. G. C. por ordenes del Teniente de Navío E. A. K., que dichas granadas iban a ser usadas para fines de adestramiento en el batallón de Mantenimiento de Paz; Asimismo el imputado S. J. C. Z. solicité a la base Naval de Puerto Castilla para los mismos fines, 10 granadas de 4Omm, su entrega fue autorizada por el comandante de la Base S. R. S., y le fueron entregadas al imputado por H. G. M.…”. Esta no es una prueba de cargo como mas adelante lo enuncia, todo lo contrario, porque de lo anterior se desprende que el imputado S. J. C. Z., no sustrajo las granadas, por el contrario, este hecho demuestra que le fueron entregadas en legal y debida forma y autorizadas por las autoridades correspondientes. SEGUNDO: “…Estas granadas no fueron utilizadas por el imputado C. Z., para los fines descritos, tampoco fueron devueltas por él, quien argumenta situaciones de tipo familiar para justificar que ya no las tiene consigo, si bien es cierto no las sustrajo, si las obtuvo por razón de su cargo para un objetivo especifico, mismo que no fue cumplido…” El Ad-quem basa esta aseveración en una declaración tomada en la etapa de sumario, la que fue desvirtuada en el plenario, es del conocimiento de los Juzgadores que las diligencias practicadas en el sumario para la averiguación del delito y sus circunstancias no tienen el carácter y rango de verdaderas pruebas a menos que puedan reproducirse en el plenario y hayan sido llevadas con intervención y presencia de las partes. También es conocido, que el periodo trascendental y crucial del juicio es el plenario y que es precisamente, durante esta fase donde deben preferentemente practicarse las pruebas, este hecho que el Ad-quem toma como probado, corresponde a la primera declaración del imputado, fue tomada el mismo día que la superioridad militar lo remitió al Juzgado después de seis horas en que lo mantuvieron en un acoso interrogatorio. esta declaración fue desvirtuada en la etapa del plenario a través de una ampliación de declaración, donde el imputado declaró que lo dicho anteriormente había sido por la presión durante seis horas de interrogatorio, donde incluso hubo amenazas contra su persona y su familia (folios 415-416 expediente A-Quo).El hecho del sumario utilizado para inculpar al imputado, no fue ratificado en el plenario, por consiguiente no tiene el carácter y rango de verdadera prueba, su aplicación para sustentar la sentencia contradice el derecho de defensa del imputado, porque en la búsqueda de su culpabilidad, hipervalora medios de prueba del sumario, desvalorando y ocultando los hechos probados en el plenario. La Honorable Corte de Apelaciones infringe el precepto Constitucional recurrido, violentando el principio fundamental “in dubio pro reo” al no aplicar la valoración de la prueba “stricto sensu”, basándose incluso en un hecho no probado y desvirtuado, no considerando para este efecto probatorio, la prueba contradictoria ya relacionada, como lo es la ampliación de declaración que consta a folios 415-416 del expediente A-quo. El Ad-quem argumenta: “…Estas granadas no fueron utilizadas por el imputado C. Z., para los fines descritos, tampoco fueron devueltas por él” Si bien es cierto que las granadas no se llegaron a utilizar, fue por causas no imputables al encausado, sin embargo el Ad quem, sin probar este hecho y sin pruebas suficientes, basándose en una simple suposición, le da el tono de ser un hecho delictivo que le permita inculpar a mi representado, para ello, maliciosamente, y se lo digo con todo respeto, oculta hechos relevantes que liberan de culpa a mi representado y que hubiesen permitido refutar los hechos que expone.- Lo que explico de la siguiente manera: El señor S. C., después del Curso de Tesón que finalizó el 07 de diciembre de 2007 (folio 24 —Quo) y por su calidad como oficial, en enero de 2008 es nombrado para comandar un pelotón de marines en representación de la Fuerza Naval para que forme parte de la Fuerza de Mantenimiento de Paz, Unidad que se preparaba para operar posiblemente en el Sahara o en Haití.- A finales de enero y de común acuerdo con su Comandante de Base Naval, deciden adiestrar al personal que esta asignado a la Unidad de Mantenimiento de Paz (marinos), en el manejo de Granadas de 4Omm, es así que el Comandante le autoriza las Granadas al imputado; sin embargo, dichas granadas las mantiene en la Unidad de mantenimiento de Paz mientras llega la oportunidad de adestramiento, momento que no llegó por el problema de la perdida de unos Low; bajo esta circunstancia recibe la orden de presentarse al C-2 en el Estado Mayor Conjunto, junto a todos los Instructores del curso de Tesón, con el propósito de investigar sobre la aparición de unos Low en México (folio 24, A-quo), allí los Recibe el Jefe de Estado Mayor Conjunto y les informa de la situación y comienzan las investigaciones, el señor S. C., aprovecha la oportunidad que en la reunión se encuentra el Comandante General de la Fuerza Naval para informarle que él tiene unas granadas de 4Omm, para adiestrar al personal de marines, El señor Comandante General de la Fuerza Naval le ordena que devuelva esas Granadas a la Base Naval de Puerto Cortes; como el señor S. C., se encontraba en Tegucigalpa y esa semana debía permanecer en la Fuerza de Mantenimiento de Paz ubicadas precisamente en Tamara, espera el fin de semana para cuando ya esté en su casa viajar a Puerto Cortes y entregar las Granadas, y así lo hizo, dicho fin de semana viaja el viernes por la tarde a su casa y el domingo junto a su familia viaja a Puerto Cortes y, obedeciendo las ordenes del señor Comandante General de la Fuerza Naval, devuelve las granadas a la bodega de la base naval de Puerto cortes, están van dentro de una bolsa negra plástica que contenía otra bolsa de supermercado y así se las entrega al bodeguero de la Base Naval, hecho probado mediante una Inspección personal que consta a folio 572 del expediente A-Quo; sin embargo, como veremos mas adelante, el Ad-quem ya conocía de este hecho probado que para la defensa es relevante pero que para el Ad-quem extrañamente la desvalora cuando dice: “esta corte no le da valor a la misma”. El Ad-Quem, en la supuesta prueba de cargo antes relacionada afirma que “las granadas no fueron devueltas”, esto es falsear los hechos, en contraposición al derecho de defensa, porque este hecho acusatorio se desvirtuó con la Inspección Personal del Juez, y, como ya se deja dicho, basa su hipótesis por decirlo así, en una prueba del sumario que no fue ratificada; en este mismo considerando, reconoce la inspección personal en la que consta que las granadas fueron devueltas, pero se limita a desvalorar la inspección “esta corte no le da valor a la misma”.- El Abogado Aldo F. Cosenza Bungener, en su Tesis “La Casación Penal en Honduras” dice: “La gran mayoría de los tratadistas consideran como el acto auténtico por excelencia, la inspección personal del Juez. Sin embargo, esta diligencia tendrá autenticidad, en lo que se limita a recoger la apreciación objetiva de lo visto por el Juez; por cuanto la autenticidad no se extiende a aquellas opiniones meramente subjetivas utilizadas por el juzgador, o cuando se recogen las declaraciones de los peritos, o inclusive de terceros. Por todo lo anterior, vemos que la gran mayoría de nuestros medios probatorios clásicos, escapan a la posibilidad de que por los Tribunales de Instancia, se haya podido incidir en error de hecho al apreciar su resultado, lo cual nos hace meditar siempre sobre el verdadero alcance y utilidad del Recurso de Casación”. Lo visto por la Juez en la Inspección desvalorada por el Ad-quem, resumiendo, fue lo siguiente: “…Se les dio las indicaciones, sobre lo que buscábamos, que era una bolsa plástica color negra, y que adentro de la misma había otra bolsa de supermercado rayada, conteniendo esta veintiún granadas de 4Omm; a escasos quince minutos de haber iniciado la búsqueda, el marino de nombre Nahúm Godoy y el Abogado R. E. ya habían encontrado la bolsa entre una pared y unas cajas, conteniendo estas, las veintiún granadas de 4Omm…” Aplicando el principio de las premisas, concluimos: Si las 21 granadas que le proporcionaron al señor S. C., fueron devueltas y encontradas en la bodega de municiones de la base Naval de Puerto Cortes, en consecuencia, las granadas entregadas al señor S. C., no son de la que se encontró en Colombia. La Honorable Corte de Apelaciones Penal vuelve a infringir el precepto constitucional recurrido, al desdeñar hechos probados como lo es la inspección personal a las bodegas de la base naval en donde fueron encontradas las granadas devueltas, con el solo propósito de evitar la contradicción, violando el principio fundamental “in dubio pro reo”, porque no aplico la valoración de la prueba “stricto sensu”; de igual manera viola el derecho fundamental de presunción de inocencia al no contar con pruebas suficientes que le permitan sustentar su pretensión, la que la fundamenta en simples suposiciones. Tercero: Es de nuestro conocimiento, que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero, dicha prueba presuntiva, indiciaria o indirecta, debe estar basada en hechos indiscutiblemente ciertos y debe sustentarse en un razonable proceso deductivo que le permita tomar los hechos como ciertos, el juzgador no solo deberá expresar clara y terminantemente los hechos que estime probados, sino que deberá dar cuenta de las pruebas que le han conducido a su convicción, refiriéndose no solo a pruebas que le sirvan para mostrar la culpabilidad, sino también las pruebas que prueban la inocencia, por lo que el indicio no debe ser único, sino plural y que tengan relación directa con el hecho criminal y que se encuentren absolutamente demostrados; el Ad-quem: hace una relación vaga, basándose en un indicio único que pueda llevarlo a buscar la culpabilidad del imputado, obviando la pluralidad que exige el principio de presunción de inocencia, que le permita comparar su indicio con otras posibilidades, el Ad-Quem arbitrariamente y temerariamente afirma “estas veintiún granadas en su conjunto pertenecen AL LOTE MÁ83H164-013, pues como se ha relacionado es un lote único perteneciente a la Fuerza Naval; la granada incautada por la policía de Colombia también pertenece a este lote, existiendo un fuerte indicio de que pudiera ser de las mismas manejadas por el imputado”. Al respecto, refuto esta aseveración de la siguiente manera: Solo fue una granada la que se encontró con esa serie en Colombia, y así lo afirma el mismo Tribunal Ad-Quem cuando dice: “la granada incautada por la policía de Colombia…” sin embargo el Ad-Quem afirma que las veintiún granadas entregadas por el imputado a la base naval de Puerto Cortes, pertenecen al lote que menciona; los hechos probados demuestran que las granadas fueron entregadas al encausado sin serie y sin numero de lote (folios 3, 4, 395 y 398 del expediente A-Quo), por consiguiente, como puede afirmar el Ad-quem, que las granadas son de la serie que relaciona, si no hay prueba que las 21 granadas eran de ese lote, como se deja dicho, el Juzgador debe dar cuenta de las pruebas que le hayan conducido a esa convicción, el Ad-Quem no tiene prueba alguna para tal aseveración. Sin embargo, del informe de la granada relacionada encontrada en Colombia, el Fiscal 02 Especializado Isla de San Andrés, Colombia, envía informe al Doctor F. E. L., Director de la Oficina Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá Colombia, documento que obra a folio 784-786, en conclusión de informa: “A la fecha y pese a los esfuerzos de la Policía Judicial ha sido imposible establecer la identidad de los sujetos activos del ilícito, el informe ejecutivo refiere que no ha sido posible establecer el nombre de las personas relacionadas con los hechos por la forma como ocurrieron y las características del lugar del hallazgo, razón por la cual el 19 de mayo de 2008 la fiscalía dio aplicación al articulo 79 de la ley 904 de 2004, en armonía con el auto del 05 de julio de 2007, sala de Casación Honorable Corte Suprema de Justicia.” En otro aparte, en relación al hecho imputado existen otras hipótesis que dan otros indicios fácticos que nos lleven a buscar la pluralidad requerida para una prueba indiciaria y que debieron tomarse en cuenta, como por ejemplo: Cada unidad Militar adiestra a su personal en manejo de granadas M203 dos o tres veces al año, ¿porque no se investigó sobre las granadas entregadas para instrucción a otros oficiales de la unidad donde estaba el lote de la granada encontrada en Colombia? Esto nos da un fuerte indicio que la granada encontrada pudo haber sido enajenada por algún otro oficial de la base Naval; desgraciadamente ese hecho no se investigó, lo que demuestra que no hubo una verdadera actividad probatoria, y se oriento la investigación solo a buscar la culpabilidad del encausado olvidando la posibilidad de su inocencia. Otro fuerte indicio pudo ser, que al imputado no le entregaron las granadas de dicho lote sino otras granadas de otra serie y que fueron borradas, indicio que es el mas probable, porque como ya se deja dicho, se probó que los recibos de las granadas entregadas legalmente al imputado S. C. Z., no incluían serie ni numero de lote.- además, Como lo acredito con informe que consta a folio 215 del expediente A- Quo, del señor H. G. M., dirigido al señor director de Inteligencia Militar, de fecha 07 de marzo de 2008, Las granadas relacionadas en el numeral anterior, no fueron entregadas al imputado S. C. Z. en las bodegas de la base naval, sino que el propio oficial Logístico se las llevo a San Pedro Sula, con lo que se desprende, que posiblemente las granadas entregadas al imputado no fuesen específicamente del lote de la Base Naval, lo que se demuestra con la siguiente declaración del señor H. M.: “…me dirigí al bodeguero M. O. Z. que me diera 10 granadas de 4Omm haciendo el respetivo recibo de entrega, por lo que procedí a llevarlas en una canana vacía de las pequeñas y le hice entrega en San Pedro Sula, ya que tenía viaje ese día para ese lugar…” En consecuencia, en base al principio de presunción de inocencia que exige, que además de haberse practicado prueba, esta debe ser suficiente, por consiguiente, se resume que el Ad-Quem no puede condenar en conciencia, si existe una situación de duda al respecto a la culpabilidad del encausado; la Honorable Corte de Apelaciones Penal, ya de manera reiterada vuelve a caer en Infracción del Precepto Constitucional del Derecho de Defensa, al no considerar la inexistencia actividad probatoria para enervar este principio fundamental e internacional de la presunción de inocencia, basándose en un indicio único, a sabiendas que el principio de presunción de inocencia exige la pluralidad de los indicios. CUARTO: Para finalizar con el considerando séptimo del Ad-quem, respecto a las granadas, ese Tribunal concluye: “Así mismo, el imputado rindió diferentes versiones sobre el paradero de las granadas y luego también por el indicio racional de la granada encontrada en la Nave Capitán Colly en la Republica de Colombia que es de la numeración MMLOTMA83HI64- 013, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, todo lo cual constituye una administración infiel, elemento típico que junto con los demás descritos como ser el tener en su poder el imputado siendo militar como sujeto activo del delito, efectos pertenecientes al Estado y a las Fuerzas Armadas de Honduras, por lo que concurren en el presente caso, el delito de FRAUDE Y MALVERSACION; siendo probada la participación del imputado S. J. C. Z. como autor del mismo.” Sería redundante volver a hacer mención de los hechos que demostraron los actos injustos en la redacción de la Sentencia por parte del Tribunal Ad-quem, sumada la falta de lealtad con la justicia y al irrespeto al derecho constitucional de defensa del imputado, incluso falseando hechos inexistentes y relacionando hechos no probados, llegando al extremo de acusar sin pruebas e inculpando al imputado como autor de un delito que no cometió.- Estas acciones arbitrarias son las que hacen desmerecer los órganos judiciales, fundamentando sus resoluciones, en lo que ellos piensan, apartando las pruebas del proceso.- Es obvio que aquí no hay sana crítica, aquí hay mala fe. El método ilegal que se ha empleado para resolver la presente sentencia ha sido el de la íntima convicción, fallando sobre su convicción personal, desconociendo las razones de derecho, violando con ello nuestro ordenamiento jurídico. En ningún momento el Tribunal Ad-quem, consideró en la redacción de su sentencia, la aplicación del principio “in dubio pro reo” que aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción de la sentencia es una de las consecuencias directas y mas importantes del principio de inocencia.- De igual manera, esta parte estima que el Tribunal Ad-quem, careció de la mínima actividad probatoria de cargo, suficiente para determinar la culpabilidad de mi representado. EXPLICACION EN CUANTO A LOS LOW; El jurista Joan Pico, dice: “Por una parte el derecho a la presunción de inocencia incide en situaciones extra procesales constituyendo el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, determinando el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos aunados a hechos de tal naturaleza y en el campo procesal toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiendo una condena sin pruebas”. El Tribunal Ad-Quem resume su resolución en cuanto a los Low, en hechos probados que solo indican que posiblemente existió la perdida de armas tipo lanzacohetes, pero en ningún momento prueba quien o quienes las enajenaron, transaron, robaron o hurtaron, quienes recibieron beneficio alguno, o ajeno producto de los actos descritos; no se determino donde se desarrolló el ilícito, ni el momento de su accionar, tampoco especifica o que diga el como se realizó el ilícito, la determinación del autor, por lo menos en lo que respecta a mi representado no esta señalada en base a la calificación de autor que la ley determina, en definitiva, la Resolución del Ad-Quem, condenando a mi representado señor S. C., es en definitiva una condena sin pruebas, limitándose a inculpar al señor S. C. por el solo hecho que en algún momento fungió como Logístico, Véase que aclaro que fungió en algún momento, porque como se demostró con hechos probados, mi representado solo fungió como logístico en la primera mitad del curso; Sin embargo el Ad-Quo concluye: “igualmente este es un hecho típico contenido en el articulo 204 del Código Militar, reuniéndose todos los elementos constitutivos del mismo, ya que al imputado S. J. C. Z., se le entregaron los Low, propiedad del estado, específicamente de las Fuerzas Armadas, con el propósito de servir para el adiestramiento del curso Tesón XIX, no utilizándose en su totalidad para este propósito, encontrándose nueve de ellos en un destino distinto como ser su utilización en hechos reñidos con la ley fuera del país como ser en México y Colombia; pero lo cierto es que al no poder el imputado dar una justificación cierta del uso de los LOW que no devolvió al CALFFAA, a pesar de no haberse utilizado en el curso, se hace obvia la administración infiel de las armas, independientemente de que haya obtenido provecho propio él o terceros, en este sentido si se ve que terceras personas estaban aprovechando el uso de por lo menos nueve de las armas; con lo que concurre los elementos típicos del FRAUDE Y MALVERSACION, como concluyó A-Quo al dictar AUTO DE PRISION y como consecuencia se siguió este proceso desprendiéndose de la prueba practicada en el proceso que tanto S. J. C. Z., como R. A. R. P., eran los encargados del manejo de las mismas en el curso” Una de las exigencias a la hora de fundamentar el fallo, es que la verdad de la premisa fáctica (aquella en la que se describen hechos relevantes) utilizada en la sentencia se justifique racionalmente a través de los hechos probados durante el proceso, la Honorable Corte de Apelaciones Penal utiliza como premisas fácticas: en primer lugar: “que al imputado S. J. C. Z., se le entregaron los Low”, esto no es un hecho que determine culpabilidad ni inocencia, por consiguiente irrelevante; talvez sirva como el conjunto de narración de hechos o como antecedente, porque esto no constituye mas que una responsabilidad que tiene que cumplir un oficial logístico antes de iniciar un curso de naturaleza militar y donde tenga que emplearse este tipo de armamento; Aquí lo que encontramos es una verdadera falta de actividad probatoria suficiente; los únicos medios de prueba que relaciona el Ad-Quem, son aquellos que aparentemente le ayudan a encontrar un razonamiento lógico que lo lleve a enunciar una culpabilidad deseada.- Por ello el Ad-quem, solo hace mención de que se dispararon tantos LOW y que sobraron tantos, por consiguiente faltan tantos, que en México como en Colombia se encontraron tantos LOW, siendo un total de 9 LOW faltantes y que los imputados eran los logísticos y que por tanto son los responsables de la administración infiel; en ningún momento hace referencia a las pruebas contradictorias de su pretensión, lo que constituye un grave perjuicio al derecho de defensa de los imputados, violando los principios de “in dubio pro reo” y la presunción de inocencia. La Honorable Corte de Apelaciones Penal de F. M., como ya se deja dicho, de manera reiterativa infringe el precepto constitucional recurrido, esta vez contra el principio “in dubio pro reo” y al principio también fundamental de la presunción de inocencia, no valoriza la prueba “stricto sensu”, simplemente concluye sustentándose en suposiciones, la única prueba que argumenta es que el señor S. C. era el logístico y que a él le entregaron los Low y por ende al no devolverlas es el culpable; esto es increíble viniendo de tan alta investidura judicial, como ya se deja dicho, el desdeño a las pruebas contradictorias lo hacen caer en error, porque al no considerar los hechos probados de la defensa no puede ejercer una valoración “stricto sensu”en base a la contradicción. Cabe recalcar que en la Presunción de inocencia es constitutivo, “que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia de no participación en los hechos”, La Honorable Corte de Apelaciones Penal no presenta ningún hecho probado que lo lleve a una conclusión de tal naturaleza, llegando incluso a la arbitrariedad, a la mala fe y al abuso de autoridad, incluso a ocultar los hechos refutatorios de la defensa y de los que ya tiene conocimiento, posiblemente para evitar la contradicción que lo pueda llevar a la duda y a la aplicación del principio “in dubio pro reo” que lo desviaría de su propósito desleal de inculpar al imputado, ostenta su falsa acusación en el hecho que el señor S. C. era durante el curso el oficial logístico, lo cual es cierto pero a medias, en el buen sentido de la palabra. A pesar de lo anterior, la defensa a refutado el cargo hecho a su representado, con pruebas contundentes, que acreditan que el señor C. Z. fungió como Logístico del curso Tesón solamente durante la primera parte del curso, siendo relevado de su responsabilidad logística al inicio de la segunda mitad del curso, en consecuencia, no le correspondía al señor S. C., devolver los LOW no utilizados, ya que esta responsabilidad obviamente recaía en el nuevo oficial logístico del curso Tesón. A continuación los hechos que oculta la Honorable Corte de Apelaciones Penal, con lo que se prueba con hechos contundentes y fácticos lo aseverado por la defensa: Consta a folio 14 vuelto del expediente A-Quo, declaración del imputado S. C. que dice: “…para ese entonces yo ya no era el oficial logístico del curso, porque le había entregado al Capitán de Caballería O. G. Ç., yo me reintegre en la fase de buceo… ”Consta a folio 24 del expediente A-Quo, declaración del Capitán O. G. C., que dice: “Aproximadamente en la segunda semana de noviembre encontrándonos en la represa del Coyolar recibí la orden de parte del Mayor R. V. A., de hacerme cargo de los aspectos logísticos… por lo que tome el control específicamente de la clase uno y clase tres, no recibiendo nada de lo referente a clase cinco y siete A, ya que eso era controlado por el entonces Tte. R. P. el cual era el que tenía el control de estas clases.” Consta a folio 719 del expediente A-Quo, declaración del Tte. R. P. penúltima pregunta del folio referido, y dice: “…CONTESTA: El Capitán C. Z. durante el desarrollo del curso solicitó un permiso, quedando en el puesto el capitán G. C. por instrucciones del Mayor R. V. A.” Consta a folio 156 del expediente A-Quo, declaración del Cap. G. A. A. R., que dice: “el Tte. De Navío C. Z. tuvo mayor contacto con los low ya que era el oficial logístico hasta la mitad del curso y luego lo reemplazó un capitán mas antiguo y era el Capitán de infantería O. G. C.” Consta a folio 748 del expediente de merito, preguntado nuevamente el Tte. R. p.: CONTESTA: se trasladaron 10 low, dichos low fueron trasladados bajo supervisión de mi persona con el capitán D. C. y el Capitán S. B., el oficial logístico para ese entonces era el mayor G. C. ya que mi Teniente C. Z. le entregó la parte logística.” Consta a folio 433 del expediente A-Quo, declaración del Alférez de Fragata O. A. V. M., que dice: “…PREGUNTADO: para que diga quien fue la persona que se encargo de recibir el material que entró a la bodega de regreso de la clase cinco que es armas y municiones, CONTESTA: cuando finalizó el curso en el segundo Batallón de infantería, fue el Capitán R. P. fue el que nos dio la orden de bajar y almacenar todo el equipo de la clase cinco que sobró del curso, y el Tte. C. Z. nos dio la orden de bajar el equipo anfibio que son: balsas, chalecos salvavidas y etcétera, porque el se conducía en ese camión, supervisó que bajaran el equipo y se retiró a dormir ya que venía enfermo.” Consta a folio 31 del expediente A-Quo, declaración del Sub-oficial M. A. F., que dice: “…al siguiente día partimos al quince batallón efectuando la ultima patrulla al cerro Capiro Calentura, próximamente nos trasladamos a Tamara, en dicha unidad tomó el mando el Teniente R. P. del vehículo donde venían las armas y las municiones con un grupo de Tesones, tomando el mando mi capitán C. del otro vehículo, mi persona y otro grupo de Tesones de los cuales bajamos equipo mas que todo anfibio, como ser botas, chalecos salvavidas, remos y escarpines.” Todas estas declaraciones corresponden a oficiales que por su envestidura dentro del curso son los que si podrían tener conocimiento de la sustitución en el cargo de logístico, dentro del curso de Tesón, donde el señor S. C. le entregó la responsabilidad logística después de la primera mitad del curso al señor Capitán G. C., quien devenía a ser el responsable de devolver el equipo entregado al señor S. C. Z. La Honorable Corte de Apelaciones Penal, trata de torcer la Justicia con suposiciones que la llevan a concluir con una hipótesis falsa, irreal e ilegítima, por lo que tal acusación no tiene sentido, pareciera que la Honorable Corte de Apelaciones Penal tuviera interés en no demostrar la verdad, sino en probar el delito, como si no hubiera peligro mayor de condenar a un inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera la del delito.- Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba, derivada esta exigencia del derecho de presunción de inocencia. Y en tercer lugar, para finalizar, expongo la ultima premisa en la que la Honorable Corte de Apelaciones sustenta su falsa acusación: y como consecuencia se siguió este proceso desprendiéndose de la prueba practicada en el proceso que tanto S. J. C. Z., como R. A. R. P., eran los encargados del manejo de las mismas en el curso”. Se probó hasta la saciedad, que la única participación que tuvo mi representado en la administración de los LOW, fue únicamente en el momento de Recibir los pertrechos militares que se utilizarían durante el curso, de allí en adelante, consta con hechos probados relacionados en el numeral anterior, que dicha responsabilidad administrativa le fue traspasada al Capitán G. C..- Sin embargo, a mi juicio, no considero que por el hecho de que alguien sea logístico sea objeto de culpabilidad, sin haberle demostrado que los haya enajenado, traspasado, que los hayan sacado de la unidad, que los transaron, no se determinó el quien, como, cuando ni el donde cometieron el ilícito. Para ver hasta donde llega la arbitrariedad de este proceso por parte del Ad-Quem, solo basta remitimos Considerando 13, donde de forma irresponsablemente se tasa el valor de los LOW, para determinar la pena a aplicar, cuando a la letra dice: “…si bien no existe dentro del proceso una valoración de los mismos, ciertamente superan el valor antes indicado, no siendo esta estimación arbitraria, pues hasta el mismo imputado R. A. R. P., manifestó que les ofrecían aproximadamente (U$1,500.00) UN MIL QUINIENTOS DOLARES por cada LOW, con lo que la pena aplicable es la antes señalada…” Esto sobrepasa la irresponsabilidad y el respeto a las leyes, esta hablando de aplicar una pena, no a unas vacas o a unos burros, es a seres humanos, que tienen derechos y garantías amparados en una Carta Magna, La fiscalía debió en su oportunidad solicitar un peritaje para determinar el valor de los LOW, sino se hizo, fue precisamente por la falta de actividad probatoria que fortalece mas bien la presunción de inocencia.- no puede el Ad-Quem basarse en un hecho NO probado, para determinar algo tan relevante en la sentencia, como lo es la aplicación de la pena. OBSERVACION; El Recurso de Casación que se formaliza no es por una violación de mera legalidad, es por un atentado a la ley, por una violación flagrante a la constitución y las leyes, arbitraria, parcializada y contraría al derecho de legitima defensa que algunos funcionarios judiciales dicen respetar. Lo reclamado es un acto criminal, falso e inconstitucional, constituyente de abuso de autoridad. La Resolución contra la cual se reclama atenta contra el Estado de Inocencia, la dignidad y la libertad constitucional del señor S. C. Z., a quien no se le ha demostrado con argumentos sólidos la comisión de delito alguno, mas sin embargo lo sentencian como culpable. La resolución reclamada tuerce la justicia inclinando la balanza a favor del imperio militar, representado por sus altos mandos, que por buscar ocultar su negligencia en el cuidado de sus pertrechos, buscan redimirse internacionalmente ante aquellos países que se sienten afectados por dicha negligencia, presentándoles chivos expiatorios, ocultando o ignorando a los verdaderos responsables sin importar cuales sean los daños que se le pueda causar a un inocente. II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. Interpuesto por el Abogado R. E. E. G., actuando en su condición de Apoderado Defensor del acusado S. J. C. Z. MOTIVO UNICO: “Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 190 del Código de Procedimientos comunes de 1906”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 554 #5 del Código Militar, en relación al artículo 903 Numeral 2° del Código de Procedimientos Comunes. Antecedentes: Consta a folio 50 del expediente A-Quo, que en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, se le dicto Auto de Prisión al señor S. C. decretado por el Juzgado de Primera Instancia Militar que resuelve: “CON EL MERITO: que arrojan las presentes diligencias… art. 204, 205, #l, 11, del código Penal Militar: Este Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, en nombre de la República de Honduras decreta: Auto de Prisión contra: S. J. C. Z., mayor de edad, casado, militar, con residencia en San Pedro Sula por el delito de Fraude y Malversación en perjuicio de las FF. AA. De Honduras.- Hechos que tuvieron verificativos en el mes de octubre del año dos mil siete y en el mes de enero del año dos mil ocho.- Y Manda…” (El subrayado es mío). Consta a folio 816 de expediente A-Quo, el escrito de formalización de la Acusación por parte del señor fiscal, de fecha 13 de agosto de 2010, que en el acápite siguiente dice: “CALIFICACION DE LOS HECHOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL MILITAR: dice: “De acuerdo a los hechos anteriormente descritos la acción cometida por los encausados S. A. C. Z. Y R. A. R. P., se subsume en el tipo penal de FRAUDE Y MALVERSACION, tipificado en el artículo 204, 205 numerales 1, 6, 11 del Código Penal Militar”. Como acredito con el Fallo de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, específicamente en sus considerándos, siete y doce, que le sirvieron al Tribunal A-Quo para formular sus conclusiones sobre los hechos relacionados con la granada, el primero y, con los hechos relacionados con los Lanzacohetes LOW la segunda.- En las que consta la fundamentación legal que le ayuda a sustentar su acusación, que en su parte medular se lee:(observación: dichos considerándoos no están numerados, pero siguiendo el orden correlativo se encontrarán ubicados en el orden 7 y 12 respectivamente). CONSIDERANDO (7): “… existiendo un fuerte indicio de que pudiera ser de las mismas manejadas por el imputado, aún cuando no se haya establecido una relación entre éste con los miembros de la embarcación con bandera hondureña, lo cierto es que el tipo penal descrito en el articulo 204 del Código militar concurre en este caso… luego también por el indicio racional de la granada encontrada en la nave Capitán Colly en la República de Colombia que es de la numeración MMLOTMA83HI64-013, propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras, todo lo cual constituye una administración infiel típico que junto con…” CONSIDERANDO (12): línea 22, “…Igualmente este hecho típico contenido en el artículo 204 del Código militar, reuniéndose todos los elementos constitutivos del mismo, ya que al imputado S. C. Z., se le entregaron los LOW,…(ultima línea)… ;pero lo cierto es que al no poder el imputado dar una justificación cierta del uso de los LOW que no devolvió al CALFFAA, a pesar de no haberse utilizado en el curso, se hace obvia la administración infiel de las armas, independientemente de que se haya obtenido provecho propio él o terceros…” Como que independientemente?, si eso era precisamente lo que tenía que probarse, de si obtuvo provecho propio o ajeno eso es lo que tenían que probar. Obsérvese los Considerandos que sirvieron de conclusión al Ad-Quem, que se fundamenta en el artículo 204 del código Militar, tratando de probar hechos penados como delitos que no fueron objeto del debate en el juicio, causando con ello un Estado de indefensión, la Sentencia del A-Quo, precisamente se vertió sobre los hechos imputados por el señor Fiscal y los hechos señalados en el Auto de prisión, como es que ahora, La Honorable Corte de Apelaciones viene a cambiar las pretensiones deducidas en juicio. Como lo acredito con el Fallo de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, específicamente con el POR TANTO.- La Honorable Corte de Apelaciones Penal, aparentemente de manera intencional, específicamente en los fundamentos del mismo, fundamenta su fallo al momento de determinar el delito, solo en el articulo 204, que no es mas que una descripción o definición genérica de lo que es un delito de Fraude y Malversación, cayendo por consiguiente el cargo del delito en las especificaciones numeradas en el artículo 205, la que numera los casos especialmente en los que se considerará reos a los infractores del delito de Fraude y Malversación, sin embargo, el Tribunal Ad-Quem, maliciosamente excluye el artículo 205 #1, 6 y 11, los que fueron precisamente objeto de debate; obsérvese: “POR TANTO: La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, de acuerdo con el parecer del fiscal y en aplicación de los artículos 65, 303 y 304 reformados del a Constitución de la República, artículo 1° numeral 1, 25,41,42,62,78,182,204,206 numeral 1 y 551 del Código Militar…” (El subrayado es mío). Esto es un atentado contra la justicia, es obvia la mala fe y la intención única de perjudicar a los imputados por delitos no cometidos. EXPOSICION DE MOTIVO: la norma sustantiva infringida es el artículo 190 del Código de Procedimientos de 1906 que establece: “las sentencias deben de ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado; y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Honorable Corte Suprema de Justicia, me aboco en este momento a su experiencia y buen juicio, esperanzado en un fallo justo e imparcial, me aboco en este momento a su experiencia y buen juicio, esperanzado en un fallo justo e imparcial, porque acreditaré lo que a mi juicio es un acto desleal con la justicia. Se formaliza este Recurso Casación por Infracción de Ley, en virtud que la sentencia del Ad-Quem no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La sentencia del Ad-Quem es incongruente con el Auto de Prisión y con la formalización de la acusación, en virtud que el juicio se debatió en base a las acusaciones imputadas en estos dos actos ya relacionados, acusaciones tipificadas en el artículo 205 numerales 1,6 y 11 del Código Militar, pese a ello, la Honorable Corte de Apelaciones Penal falla amparado únicamente en el artículo 204 del Código Militar, exponiendo al imputado a una situación de indefensión, porque, en ningún estado del juicio, se debatió dicho articulado. El artículo 204 del Código Militar es una definición genérica del delito de Fraude Y Malversación, siendo el artículo 205 la expresión especifica del delito cometido, cuando al tenor del mismo dice: Artículo 205: “Se hace especialmente reo de esos delitos: (Fraude y Malversación), 1°- El que enajena o emplea, en su propia utilidad, los sueldos, víveres, forrajes, municiones o utensilios de guerra, cuya guarda o distribución le este confiada; 6°- El militar encargado de suministro de cualquiera o cualquier otra cosa destinada al servicio militar, que dolosamente hubiere faltado a su debida entrega; 11°- El militar que fraudulentamente, ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones pertrechos u otros efectos destinados al servicio; Por consiguiente, no se les puede acusar por otros delitos que no estén comprendidos en los numerales 1, 6 y 11 del artículo 205 del código Militar El Juzgador Ad-quem en su sentencia trastoca los fundamentos que sirven para sustentar la acusación formalizada por el señor fiscal, suprimiendo en la sentencia acusatoria el articulo 205 que es el que contiene los ítems que fueron objeto de contradicción por las partes en todo el proceso, estos ítems son los que especifican el delito supuestamente cometido por el señor S. C. Z., especialmente los numerales 1, 6 y 11 y que fueron formalizados en la acusación del señor fiscal. El Ad-Quem comete error de derecho en la calificación de los hechos de la sentencia, ya que en ninguno de sus considerándoos, ni en la Resolución de la Sentencia relaciona las supuestas pruebas de cargo con las acusaciones formalizadas por el señor fiscal, sino que cambia la acusación especifica a una acusación genérica; por consiguiente, la Sentencia es incongruente con el Auto de Prisión, con la denuncia , con la acusación formalizada por el señor fiscal y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, lo que en derecho constituye una infracción de ley, actualmente recurrida con la presente Casación. La Honorable Corte de Apelaciones Penal, ha infringido la norma estipulada en el artículo 190 del código de Procedimientos Penales, código aplicable a razón de ser contemporánea con el código Militar, el Ad-quem infringe este articulado porque su sentencia es incongruente con la acusación y con las demás pretensiones deducidas en el pleito, en virtud que durante todo el proceso del juicio, se debatió en razón de acusaciones estipuladas en el articulo 205 del código Militar numerales 1, 6 y 11, sin embargo la sentencia se sustento en una definición genérica del delito de Fraude y Malversación, al extremo que la Sentencia excluye de sus fundamentos el artículo 205 del Código Militar, artículo que era la base sustantiva de la acusación. El Tribunal Ad-Quem, se limitó a generalizar la acusación en un termino que abarca todos los 13 ítems del artículo 205 que especializan el delito de Fraude y Malversación, limitándose a decir que el imputado administró los bienes de una manera infiel hecho aplicable a todos los Ítems del artículo 205, no determinando en ningún momento de la sentencia, que haya habido administración infiel de acuerdo a algún ítem determinado del artículo 205. No es posible que después de estar debatiendo las acusaciones formuladas en base a los ítems, 1, 6 y 11, del artículo 205 del Código Militar, la Honorable Corte de Apelaciones Penal venga a cambiar la acusación, en la sentencia, siendo así, no tendría sentido debatir hechos para defender una acusación si después cualquier Tribunal Superior lo va a trastocar para buscar lo que pretende el Juzgador. III. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO. Interpuesto por el abogado R. C. E. S., en representación del acusado R. A. R. P. PRECEPTO AUTORIZANTE. “Artículo 554. Preámbulo y No.4.- del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar”. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por aplicación indebida, del Artículo 204 del Código Militar en relación con el Artículo 533 del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar. CONCEPTO DE LA INFRACCION. 1.- La sentencia recurrida que revoca la sentencia definitiva dictada en primera Instancia, contiene en su considerando catorce, la declaración de hechos probados, expresando literalmente lo siguiente:” 2.- La sentencia recurrida, al revocar el fallo de primera instancia, lo rechaza y falla, declarando con lugar el Recurso de Apelación Interpuesto 3.- El Artículo que se cita como infringido, por aplicación indebida, literalmente dice: “Comete el delito de defraudación y malversación, el militar que, a sabiendas, reclame haberes o efectos para plazas supuestas, o que teniendo en su poder, por razón de su empleo, dinero, títulos de crédito o cualquier efecto perteneciente al estado o a militares, los distrajere de sus legales aplicaciones o en provecho propio o en el ajeno, o los administrare de una manera infiel. “.- Artículo 204 del Código Militar. 4.- El artículo que se cita en relación con el precepto legal infringido, dice: “Las sentencias definitivas contendrán con la claridad y precisión posible 1°. En el preámbulo, los nombres y apellidos del denunciante y del reo, su edad, estado, nacionalidad, domicilio, oficio o profesión y los hechos que hubieren dado lugar al proceso; 2°. Se consignarán en los resultados los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados; 3°. Se consignará en considerándos la apreciación de los hechos que se hubieren estimado, la participación que en ellos hubiere tenido cada uno de los procesados y la apreciación de las circunstancias agravantes atenuantes o eximentes, y 4°. En la parte final se citarán las disposiciones legales que se estimen aplicables, pronunciándose el fallo, en el que se condenará o absolverá definitivamente por el delito principal y sus conexos, declarándose en su caso, la responsabilidad por daños y perjuicios.” Artículo 533 del Tratado Tercero del Libro Segundo delios Procedimientos Militares del Código Militar. 5.- La declaración de hechos probados de toda sentencia definitiva dictada en materia penal contiene los hechos que, a criterio del juzgador, han sido debidamente acreditados de conformidad con el contenido de los autos constituyendo la base toral del fallo sea absolutorio o condenatorio y, revisten tanta importancia, que la parte perjudicada que recurre en casación por infracción de ley, tiene que aceptar tal declaración de hechos probados ceñida a esa aceptación debe demostrar la infracción de ley, ya que de lo contrario no ha lugar a la admisión del recurso. En el caso de autos la única circunstancia que vincula a mi representado R. A. R. P., es haber entregado tres Low para efectos de adiestramiento, a dos oficiales, que consta que fueron devueltos y que se encuentran en depósito por instrucciones del Juzgado de Primera Instancia en el Almacén General de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras. A este respecto me permito transcribir una cita de la obra “EL ABOGADO ANTE EL RECURSO DE CASACION PENAL”, de Narciso Fernández Boixader, Paginas 53 y 54, que dice: “LOS HECHOS PROBADOS. Esta forma absolutamente condicionada a los hechos probados en que tiene que producirse la infracción, nos lleva a hacer unas ligeras reflexiones sobre el obligado acatamiento que en casación hay que rendir a esta extraordinaria facultad concedida por ley a la sala sentenciadora. Todo el contenido de la casación descansa sobre el principio de la intangibilidad de los hechos probados, consecuencia natural y lógica que establece en materia criminal el juicio de conciencia, basado en la libre apreciación de la prueba por los Tribunales de Instancia. Así, pues, el recurso de casación por infracción de ley, autorizado por el numeral 4 del artículo 554 de la ley, tiene forzosamente que discurrir en torno a la declaración de los hechos probados reconocidos en el fallo, por constituir ellos en casación verdad indiscutible, incontrovertible. Por consecuencia cuando lejos de guardar este debido respeto a la santidad de esta norma fundamental del recurso, se rebasan sus límites, se niega, se altera, en fin, lo que la sala sentenciadora afirma se pretende traer a colación hechos nuevos que no se deducen de la declaración de los hechos probados, o se hacen alegaciones que de modo notorio contradigan lo que en la resolución impugnada se establece como probado de facto, o se sustituye por el criterio personal del recurrente el mantenido por el tribunal sentenciador, la impugnación carece de virtualidad para que se abra francamente el cauce de la casación. Por tanto, la infracción productora del posible recurso, tiene que derivarse precisamente de esa relación de hechos probados que en la resolución impugnada se establece por la sala sentenciadora, no siendo lícita argumentación alguna basada en otros hechos que no sean aquellos que como probados se declaran, ya que su determinación es de interpretación estricta, pues si así lo fuera, se atacaría la independencia que la ley otorga al tribunal sentenciador para ser juez soberano de las pruebas. - (Sentencia del 28 de octubre de 1949). En consecuencia, toda falta de respeto a la intangibilidad, a la santidad de los hechos declarados probados en la sentencia que se recurre, tiene en casación su sanción específica, que estudiaremos con el debido cuidado al tratar de la inadmisión del recurso. Pero aparte de esta sanción es preciso, tener en cuenta que el ir abiertamente contra la declaración de hechos probados constituye no solo una causa de inadmisión, sino que así mismo es motivo suficiente para desestimar las cuestiones de fondo planteadas. Así se establece, entre otras sentencias del Tribunal Supremo, en la de 28 de mayo de 1951.” Explicación de la infracción. 1.- La sentencia absolutoria de primera instancia que revoca la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, contiene en su último considerando, los hechos que se estiman probados y, en ninguno de ellos, aparece que R. A. R. P., haya tenido participación alguna en los delitos de Fraude y Malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras. 2.- Tenemos pues que, la corte sentenciadora ha infringido en la sentencia recurrida por aplicación indebida, el artículo 204 del Código Militar, en el concepto de que en ella se condena a mi representado R. A. R. P., como autor de los delitos de Fraude y Malversación, sin que dados los hechos estimados probados, se haya acreditado en los mismo su participación; debiéndose haberse aplicado el artículo 544 en su última frase del Código Militar, confirmándose la sentencia de primera instancia. IV. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. . Interpuesto por el abogado R. C. E. S., en representación del acusado R. A. R. P. SEGUNDO MOTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE. “Artículo 554, Preámbulo y No.4, del Tratado Tercero del Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar”. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. “Infracción por violación o sea falta de aplicación del Artículo 390 del Código Militar”. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El Precepto legal, infringido por violación o sea falta de aplicación que a la letra dice: “A fin de valorar los daños causados por el delito, el Juez interrogará al dueño o persona perjudicada, y ordenará siempre el reconocimiento pericial, en la forma que juzgue necesaria.” Artículo 390 del Código Militar. EXPLICACION DE LA INFRACCION. 1.- Al condenarse en la parte dispositiva de la sentencia recurrida al encausado R. A. R. P., en la causa que se le sigue por suponerlo responsable de los delitos de fraude y malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras, por rechazar la honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán. Se da por sentado que R. A. R. P., cometió los delitos de fraude y malversación. 2.- Ahora bien, para apreciar en un hecho delictivo la concurrencia de circunstancias agravantes de responsabilidad criminal, es indispensable que en la sentencia se puntualice la manera como ocurrió el hecho delictivo a que dicha sentencia se contrae, lo cual no consta en el presente caso en aparte alguno de la sentencia recurrida; lo que se consta es que en la motivación de la misma se sustituye el dictamen pericial así: “CONSIDERANDO: Que los delitos de DEFRAUDACION Y MALVERSACION, se castigarán con PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, cuando la sustracción excediere de CUATROCIENTOS LEMPIRAS, asimismo las penas señaladas llevarán siempre consigo la pena de suspensión para los oficiales; en el presente caso, se ha acreditado que los imputados son oficiales y en cuanto al valor de los LOW si bien no existe dentro del proceso una valoración de los mismos, ciertamente superan el valor antes indicado, no siendo esta estimación arbitraria, pues hasta el mismo imputado R. A. R. P., manifestó que les ofrecían aproximadamente (U$1,500. 00,) UN MIL QUINIENTOS DOLARES por cada LOW con lo que la pena aplicable es la antes señalada en su grado medio por no encontrarse acreditadas dentro del proceso ni circunstancias atenuantes ni agravantes, esto al tenor del artículo 62 del Código Militar.- En tal virtud y siendo que la pena de presidio mayor en su grado máximo es de 9 años 1 día a 12 años de reclusión, consecuentemente la misma en su grado medio resulta ser de 10 años 6 meses que es la pena concreta aplicable al presente caso y que resulta de sumar el mínimo y el máximo de la pena abstracta y dividirla entre dos.” 3.- De donde resulta que al no hacerse dicho reconocimiento, más aún cuando consta en autos que los LOW con serie: 429188, 429190 y 429152, fueron devueltos, no se pudo determinar su descripción, estado y forma en que se hallaban, relación detallada de todas las operaciones practicadas y del reconocimiento de los LOW, que condujera a los magistrados que dictaron la sentencia recurrida, a formarse una opinión para poder apreciar la naturaleza y gravedad de los delitos. 4.- Es inviolable la disposición relativa al juicio sobre el dictamen de peritos, según precedentes, tomados de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Repertorio Alfabético de los doctores M. y Q.. 5.- En ninguna parte de los hechos probados del Tribunal Ad-Quem, aparece hecho el reconocimiento pericial que ordena el artículo 390 del Código Militar, que alego como infringido en el presente motivo, ya que no fue aplicado, pues de haberlo sido la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán debió haber confirmado la sentencia recurrida en lugar de revocarla. 6.- De lo anterior resulta que la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha infringido en la sentencia recurrida, por violación o falta de aplicación, el Artículo 390 de Código Militar, en el concepto de que al no aplicarlo condena al encausado R. A. R. P., como autor de los delitos de fraude y malversación en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras, apreciando la concurrencia de circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, sin constar en aparte alguno de la sentencia recurrida, la forma circunstanciada en que los delitos fueron perpetrados. V. NULIDAD SUBSIDIARIA. PRIMERA PARTE. 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados, toda sentencia dictada en materia penal debe expresar clara y terminantemente cuales son los hechos que se estiman probados, ya que de lo contrario la sentencia es susceptible del recurso de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese tribunal supremo conociendo de ella en casación por infracción de ley. 2.- Cualquier hecho que se considere probado en un aparte distinto de la declaración de hechos probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados. 3.- En el presente caso es hasta en el último Considerando, literal tercero de la sentencia recurrida que se menciona a R. A. R. P., en su condición de instructor de armas del curso de TESON XIX, con facultades de manejar el equipo y el armamento destinado para el desarrollo del mencionado curso, que regaló dos low, al oficial G. A. Á. R., series 429188 y 429190 y un low serie 429152 al oficial N. E. S. B., que formaban parte del lote entregado a S. J. C. Zelaya, omitiendo la consideración que era para propósitos también de instrucción, que dichos low fueron devueltos y se encuentran en depósito en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras y así consta en autos, ver primera pieza folios doscientos treinta y cuatro (234) y doscientos treinta y seis (236). 4.- Consignados en la sentencia los hechos que se estiman probados, en los demás considerandos no se hace ninguna apreciación jurídica, calificando la participación que en los delitos de fraude y malversación haya tenido R. A. R. P., en consecuencia dado los hechos probados no se le puede imputar la comisión de dichos delitos y hacerlo agregando otros jurídicamente no es posible, porque con ello además de viciar procesalmente la sentencia, se le impide a la parte perjudicada y que recurre en casación por infracción de ley, conocer cuáles son los hechos probados, base esencial para la formalización del recurso. 5.- No expresando la sentencia recurrida en forma clara y terminante cuales son los hechos que se estiman probados, procede invalidarla de oficio conforme a la prescrito 560 del Código Militar. SEGUNDA PARTE: También puede ese Alto Tribunal de Justicia invalidar de oficio la sentencia recurrida por la siguiente irregularidad: 1.- No existe dentro del proceso una valoración por lo menos de los tres low entregados por los oficiales G. A. Á. R. y N. E. S. B., en consecuencia no existe la descripción de la cosa objeto del reconocimiento, estado y forma en que se hallaban, relación detallada de todas las operaciones practicadas y del reconocimientos de ellas, conclusiones formuladas como consecuencia del examen en consecuencia no se puede apreciar la naturaleza y gravedad de los supuestos delitos como para que la corte de apelaciones penal de Francisco Morazán dictara pena. I. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA SOBRE EL UNICO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. E. E. G., ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO S. J. C. Z.. I. El recurrente alega que los sentenciadores incurrieron en infracción del precepto constitucional contenido en el Articulo 82, (derecho de defensa), en relación a los principios: “in dubio pro reo” como parte integrante de la “presunción de inocencia”; relacionados con el precepto legal contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal; de tal manera que el error en la apreciación de la prueba queda evidenciado no por documentos que obran en poder del Juzgador y que ponen de manifiesto el error, sino por la carencia de la mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para enervar la libertad interina de inculpabilidad que supone la presunción de inocencia, siendo esta la vía procesal apropiada para articular este supuesto de vulneración de derecho fundamental; incluso da la apariencia que el Ad quem, falsea hechos que no constan en ningún momento como hechos probados, y los toma como probados, llegando incluso a la contradicción de si mismo al tratar de buscar una culpabilidad que no existe. También es conocido, que el periodo trascendental y crucial del juicio es el plenario y que es precisamente, durante esta fase donde deben preferentemente practicarse las pruebas, este hecho que el Ad-quem toma como probado, corresponde a la primera declaración del imputado, fue tomada el mismo día que la superioridad militar lo remitió al Juzgado después de seis horas en que lo mantuvieron en un acoso interrogatorio. Además no se acredito que la granada encontrada en Colombia, fuese parte del lote de granadas que le fue entregado al acusado. El Tribunal Ad-quem resume su resolución en cuanto a los Low, en hechos probados que solo indican que posiblemente existió la pérdida de armas tipo lanzacohetes, pero en ningún momento prueba quien o quienes las enajenaron, transaron, robaron o hurtaron, quienes recibieron beneficio alguno, o ajeno producto de los actos descritos; no se determinó donde se desarrolló el ilícito, ni el momento de su accionar, tampoco especifica o que diga el como se realizó el ilícito, la determinación del autor. II. Esta Sala recuerda que el articulo 552 del código Militar, establece “El recurso de casación podrá interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma”; y el 553 del mismo código “En todo lo demás, la casación se interpondrá, tramitara y resolverá conforme a los dispuesto para la casación en materia civil”; y el Código de Procedimientos Comunes en su articulo 902, establece, que el recurso de casación habrá de fundarse en infracción de ley doctrina legal o por haberse quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio. Así las cosas en ninguna de dichas normativas, está expresamente previsto el motivo de casación por infracción de precepto Constitucional alegado por el recurrente, de ahí que el Censor incurre en un error en cuanto a la técnica recursiva, al cuestionar la prueba evacuada, y refutar las valoraciones hechas por los juzgadores, lo que imposibilita el control por la vía casacional, toda vez que los alegatos esgrimidos no han sido encauzados en algunos de los motivos consignados expresamente en el articulo 554 del Código Militar, razón por la cual se declara Sin Lugar por improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa del acusado S. J. C. Z., en su único motivo. II. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA SOBRE EL UNICO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. E. E. G., ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO S. J. C. Z.. I. El recurrente denuncia la infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 190 del Código de Procedimientos Comunes de 1906, y como infringido el Artículo 554.5 del Código Militar, en relación al artículo 903.2 del Código de Procedimientos Comunes, y que el Ad-quem, fundamenta su fallo al momento de determinar el delito, solo en el articulo 204, que no es más que una descripción o definición genérica de lo que es un delito de Fraude y Malversación, por lo que debe entenderse cometido el delito se la conducta se subsume alguna de las hipótesis enumeradas en el artículo 205, sin embargo, el Tribunal Ad-Quem, maliciosamente excluye el artículo 205 numerales 1, 6 y 11, los que fueron precisamente objeto de debate, y trastoca los fundamentos que han servido para sustentar la acusación formalizada por el señor Fiscal, suprimiendo en la sentencia acusatoria el articulo 205 que es el que contiene las conductas que fueron objeto de contradicción por las partes en todo el proceso; también se limitó a generalizar la acusación en un término que abarca todos los 13 supuestos del artículo 205 que especializan el delito de Fraude y Malversación, limitándose a decir que el imputado administró los bienes de una manera infiel, circunstancia que resulta aplicable a todas las hipótesis del artículo 205, sin precisar en ningún momento que el imputado haya incurrido en administración infiel de acuerdo a alguno de los supuestos previstos en el artículo 205. II. Esta Sala dando respuesta al alegato del Censor, considera pertinente recordar que los artículos 190 y 903.2 del Código de Procedimientos Comunes, que aluden a la claridad, precisión y congruencia que deben observar las sentencias, son normas de carácter adjetivo, y por tanto no es posible verificar su falta de aplicación vía el recurso de casación por infracción de ley, incurriendo de nuevo el Censor en la interposición del recurso siguiendo una técnica defectuosa, por lo que no es posible dar respuesta al mismo en cuanto a la aplicación indebida de los artículos supramencionados. III. En relación a la aplicación indebida del articulo 204 del Código Militar, el reclamo no es de recibo, ya que del fáctum de la sentencia impugnada, se desprende que el acusado y Teniente de Navío S. J. C. Z., retiró 11 granadas de 40 mm., de la base naval de Puerto Cortés, y 10 granadas de 40 mm., de la base naval de Puerto Castilla, que estaban destinadas para fines de adiestramiento, y que no lo fueron para ese propósito, que no siendo devueltas por el acusado, sin justificar su destino, entregándosele además armas antitanque Low, para el curso de Tesón. Que del lote de los Low mencionado, fueron encontrados posteriormente en México 3 de ellos, y en Colombia 6 de ellos, y que eran parte del lote entregado al teniente de navío y hoy acusado C. Z.. Tales comportamientos descritos en los hechos probados (folio
51 v. de la primera pieza), si son subsumibles en el tipo penal previsto
en el articulo 204 del Código Militar, que tipifica el delito de Defraudación y Malversación, porque el acusado, a sabiendas, al tener en su poder las municiones y armas propiedad del Estado de Honduras, y con ocasión del ejercicio de su cargo como oficial militar, administró de manera infiel dichos efectos puestos a su disposición, al no destinar 21 granadas a los fines del adiestramiento que le habían sido confiadas; incurriendo en una manera desleal de administración del armamento y munición confiado a su persona, sin que tenga que ser una condición indispensable para calificar los delitos de Fraude y Malversación de acuerdo con el Código Militar, “el provecho propio o el ajeno”, porque dicho articulo establece en su parte final “o los administrare de una manera infiel”, o sea que estos elementos objetivos del tipo pueden concurrir simultánea o separadamente; igualmente es innecesaria la subsuncion de dichas conductas en alguno de los numerales del artículo 205 del código Militar, que establece conductas especiales del delito de fraudes y malversaciones, de manera similar a lo que ocurre con el delito de estafa genérica (artículo 240 del Código Penal) y las modalidades de fraude castigadas con la misma pena (artículo 242 del Código Penal). Por las razones anteriormente expuestas se declara Sin Lugar por improcedente, el recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Defensor Privado del acusado S. J. C. Z. III. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. C. E. S., EN REPRESENTACIÓN DEL ACUSADO R. A. R. P.. I. El impetrante arguye que el Tribunal de segunda instancia ha infringido el Artículo 554.4 del Tratado Tercero, Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar, y que aplicó indebidamente el Artículo 204 del Código Militar en relación con el Artículo 533 del Tratado Tercero, Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar. La única circunstancia que vincula al acusado R. A. R. P., es la de haber entregado tres armas antitanque Low para efectos de adiestramiento a dos oficiales, mismos que fueron devueltos y que se encuentran en depósito por instrucciones del Juzgado de Primera Instancia en el Almacén General de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras, razón por la cual, la Corte sentenciadora ha infringido en la sentencia recurrida por aplicación indebida, el artículo 204 del Código Militar, en tanto en cuanto que se condena al imputado R. A. R. P., como autor de los delitos de Fraude y Malversación, sin que dados los hechos estimados probados, se haya acreditado en los mismo su participación. Esta Sala observa que en el factum de la sentencia, se establece que el acusado fungía como instructor de armas del curso Tesón XIX, con plenas facultades de manejar el equipo y armamento destinado para el desarrollo un curso de adiestramiento, y que “regaló 2 LOW”, a los oficiales G. A. Á. R. y N. E. S. B., los que formaban pare del lote entregado al coimputado C. Z.; incurriendo el acusado R. P., en su condición de militar, y a sabiendas, en la administración desleal de efectos propiedad del Estado, tales como equipo y armamento, que habían sido puestos a su disposición para el adiestramiento de otro personal militar, procediendo a regalar 2 low, armas antitanque, que estaban destinadas solo para el entrenamiento de los que recibían el curso de Tesón mencionado, subsumiéndose las conductas plasmadas en los hechos probados en el delito de Fraude y Malversación, tipificado en el articulo 204 del Código Militar. Por lo anteriormente expuesto se declara Sin Lugar por improcedente, el recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo interpuesto por el Defensor Privado del encartado R. A. R. P.. IV. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. C. E. S., EN REPRESENTACIÓN DEL ACUSADO R. A. R. P.. I. El recurrente denuncia la infracción del artículo 554.4, del Tratado Tercero, Libro Segundo de los Procedimientos Militares del Código Militar, y la falta de aplicación del Artículo 390 del Código Militar, al no hacerse el reconocimiento de los LOW con serie: 429188, 429190 y 429152, y que fueron devueltos, por lo que no se pudo determinar su descripción, estado y forma en que se hallaban. En ninguna parte de los hechos probados del Tribunal Ad-quem, consta el reconocimiento pericial que ordena el artículo 390 del Código Militar, precepto legal que de haber sido aplicado hubiera conducido a que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán confirmara la sentencia recurrida en lugar de revocarla. II. El articulo 390 del Código Militar es una norma adjetiva donde se establece que “A fin de valorar los daños causados por el delito, el Juez interrogará al dueño o persona perjudicada, y ordenará siempre el reconocimiento pericial, en la forma que juzgue necesario”; por lo que como se ha dicho supra, no es posible regular su falta de aplicación vía el recurso de casación por infracción de ley, incurriendo el Censor en la interposición del recurso bajo una técnica defectuosa, que no hace posible dar respuesta al mismo, en cuanto a la aplicación indebida o falta de aplicación de dicho articulo. III. En cuanto a que no se realizo el reconocimiento de las municiones y armamento; del cuadro fáctico se desprende que en cuanto a las granadas, como también en lo que concierne a las armas antitanque Low, se establecieron sus características individualizantes tales como tamaño y serie, siendo un hecho evidente y notorio que las mismas superan el valor que establece el articulo 206.1 del código militar, por lo que la pena de presidio mayor en su grado máximo es la aplicable a los acusados por sus conductas subsumirles en los delitos de defraudación y malversación. Para esta Sala lo que no esta debidamente motivado por el Ad-quem, es la pena concreta aplicada en la sentencia recurrida, al no fundamentarse debidamente el porqué imponen la pena del delito mencionado en su grado medio, sin que se acreditaran las agravantes que pudieran servir de sustento para la elevación de la pena a su grado medio; en virtud de lo anterior corresponde modificar la pena concreta impuesta a los acusados, por la de presidio mayor en su grado máximo, pero imponiéndola en el mínimo que establece el Código Militar de nueve (9) años un (1) día, según el articulo 78 del Código Militar. En consecuencia de lo anterior se declara Con Lugar parcialmente, el recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo interpuesto por el Defensor Privado del acusado R. A. R. P., en relación a la pena concreta, la cual deberá fijarse en la pena mínima de la abstracta establecida, para la pena de presidio mayor en su grado máximo. VI. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA SOBRE NULIDAD SUBSIDIARIA INTERPUESTA POR EL ABOGADO R. C. E. S., EN REPRESENTACIÓN DEL ACUSADO R. A. R. P.. I. Expone el recurrente que en los hechos que se estiman probados, no se hace ninguna apreciación jurídica, calificando la participación que en los delitos de fraude y malversación haya tenido R. A. R. P., en consecuencia dado los hechos probados no se le puede imputar la comisión de dichos delitos y hacerlo agregando otros jurídicamente no es posible, porque con ello además de viciar procesalmente la sentencia, se le impide a la parte perjudicada y que recurre en casación por infracción de ley, conocer cuáles son los hechos probados, base esencial para la formalización del recurso. No existe dentro del proceso una valoración por lo menos de los tres low entregados por los oficiales G. A. Á. R. y N. E. S. B., en consecuencia no existe la descripción de la cosa objeto del reconocimiento, estado y forma en que se hallaban, relación detallada de todas las operaciones practicadas y del reconocimientos de ellas. II. Esta Sala sin el animo de ser repetitiva en las respuesta a los alegatos del Censor, de nuevo recuerda que en cuanto al acusado R. A. R. P., fungía como instructor de armas del curso Tesón XIX, con plenas facultades de manejar el equipo y armamento destinado para el desarrollo de un curso de adiestramiento, y que “regaló 2 LOW”, a dos oficiales, los que formaban parte del lote entregado al coimputado C. Z.; por lo que de acuerdo a lo descrito en el factum, en su condición de militar y a sabiendas, incurrió en el delito de Fraude y Malversación. En relación a los Low que dice la defensa no fueron objeto del reconocimiento, para establecer el estado y forma en que se hallaban; si quedó establecido en el hecho probado sus características individualizantes tales como tamaño y serie, por lo que resultó acreditada la existencia material de las municiones y armamentos objeto del delito. Por todas las razones expuestas se decalra Sin Lugar por improcedente, la Nulidad Subsidiaria interpuesta por el Abogado R. C. E. S., en representación del acusado R. A. R. P.. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1, 413, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 902, 903, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, del Código de Procedimientos Civiles, de 1906; 78, 204, 205, 552, 553, 554, 560, del Código Militar; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, POR IMPROCEDENTE los RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCION DE LEY, en sus únicos motivos, interpuestos por el abogado R. E. E. G., actuando en su condición de Defensor Privado del acusado S. J. C. Z. SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR, por improcedente el RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, en su primer motivo, y la NULIDAD SUBSIDIARIA, Interpuesta por el abogado R. C. E. S., en representación del acusado R. A. R. P., ambos recurrentes dirigieron sus pretensiones contra la sentencia fecha veintiséis de abril del dos mil doce, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en la causa seguida contra los acusados S. J. C. Z. y R. A. R. P., por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION, en perjuicio de LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS. TERCERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, en su segundo motivo Interpuesto por el Abogado R. C. E. S., en representación del encartado R. A. R. P., modificando la sentencia de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, únicamente en cuanto a la pena de reclusión militar concreta impuesta a los acusados S. J. C. Z. y R. A. R. P., por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION, en perjuicio de LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, la cual se fija en el mínimo de la pena abstracta: NUEVE (9) AÑOS UN (1) DÍA, de presidio mayor en su grado máximo, quedando incólume el resto de la sentencia dictada por el Ad-quem. Y MANDA: Que una vez notificado el presente Fallo, se remitan los antecedentes al Tribunal de origen para su ejecución, con certificación de la primera y segunda sentencia. Redacto, el Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil catorce.- Certificación de las sentencias de fechas doce y veintiséis de agosto del año dos mil catorce, recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-270-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL