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Sentencia CP-267-11 — Registro 3693

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Trafico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO C. J. W. S. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 5, NUMERAL 34, Y 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que de los hechos declarados probados no se desprende que el acusado C. J. W. haya incurrido en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en los artículos 5, numeral 34 y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por lo que estima que el A Quo habría incurrido en un error de subsunción. Reprocha que en los hechos probados relacionados se establece que el encartado C. W. S., incurre en POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA, pero no se hace referencia a acciones previas o simultáneas que indiquen de manera fehaciente la intención aquel, es decir, si esa posesión dolosa, estaba preordenada al TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Considera en el relato fáctico únicamente se hace referencia a la forma y el lugar, donde se encontraban dos paquetes conteniendo cocaína, sin referencia a las circunstancias de las cuales pueda inferirse, de manera clara y terminante, que esa droga encontrada en la maleta del encausado C. W. S., tenía como destino la comercialización. El Censor estima que de no haberse dado la aplicación indebida denunciada, el A Quo hubiera proferido un fallo por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE para el tráfico de drogas, tipo penal que tiene asignada una pena más benigna. Señala que el tipo penal de tráfico ilícito de drogas se describe de la siguiente manera: “ QUIEN TRAFIQUE CON DROGAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS CONTROLADAS, SERÁ PENADO CON RECLUSIÓN DE QUINCE A VEINTE AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN A CINCO MILLONES DE LEMPIRAS”. El casacionista hace hincapié en que el Juzgador de instancia no ha tenido por probado que el imputado C. J. W. S. es sujeto activo de actos de comercialización, venta, negociación o ejecución de actos ofertorios de drogas, estupefacientes o sustancias controladas, y únicamente se aprecia en los hechos probados el hallazgo de dos paquetes rectangulares de supuesta droga encontrados en el equipaje del endilgado C. W. S., cuando este esperaba el abordaje de un avión que le conduciría a la ciudad de San Pedro Sula; y, que el mismo A Quo en la Fundamentación Jurídica considera que el acusado no tenía la intención de comercializar la droga al referir que de haber tenido esa intención la hubiera vendido en Roatán, por lo que entiende que el mismo tribunal percibió que la intención del acusado no era comercializarla, sino más bien transportarla. Esta Sala considera pertinente recordar que al tenor de lo establecido por el artículo 360 del Código Procesal Penal: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del Juzgador de Instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (art. 18), y la del Censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que el encartado ha debido ser sancionado con la pena más benigna prevista para el delito de facilitación del transporte de drogas (art. 22). Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena , así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto 'terminado', es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, 'industrialización' y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[2]..” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga..”[3] Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[4]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[5]. De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta Sala es del criterio que la conducta del imputado C. J. W. S., no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo en el que se transportaba una importante cantidad de cocaína, con un peso neto de mil cuatrocientos setenta y dos punto cuatro gramos según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por sí mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada, realizado por el encartado C. J. W. S., es decir, por si mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida (vid. Sentencias: del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010, 8 de noviembre de 2012 recaída en el Expediente No. 43.-2010 y 7 de agosto de 2013 dictada en el Expediente No. 150.-2012), todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el presente motivo por infracción de ley formulado por la Defensa del imputado C. J. W. S.. VI.- .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó al señor C. J. W. S., a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, los Abogados A. L. A. Y B. L. F., actuando en su condición de Apoderados Legales del señor C. J. W. S..- SON PARTES: El Abogado C. R. C. A., Apoderado defensor del acusado C. J. W. S., como parte recurrente; y la Abogada C. M. P., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que el día miércoles treinta de septiembre del año dos mil Nueve, entre las Ocho y veinticinco a nueve de la mañana, en el aeropuerto internacional “Juan Manuel Gálvez” ubicado en el Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, la señora N. L. C. J. encargada de control de equipaje facturado procede a seleccionar una maleta entre diez de forma aleatoria, seleccionada la maleta se establece que la misma correspondía al pasajero C. J. W. S. quien fue llamado y conducido al lugar donde se iba a realizar el registro correspondiente, quien identifica como de su pertenencia la maleta color azul, con fajas de color beige de rodines, compuesta de dos compartimientos uno en su parte superior y otro en su parte inferior cerrados con zíperes de plásticos color azules, quien a la vez autoriza el registro de la maleta antes descrita. Segundo: Los encargados de control de equipaje del aeropuerto internacional “Juan Manuel Gálvez” procedieron a registrar la maleta antes mencionada, encontrando en el compartimiento de la parte inferior de la maleta dos paquetes, uno envuelto en una toalla color salmón con azul y el otro envuelto en una toalla color salmón, cubiertos con cinta adhesiva color café, conteniendo ambos paquetes un peso neto total de Mil Cuatrocientos Setenta y Dos punto Cuatro gramos (1,472.4 gr) de una sustancia denominada cocaína, según dictamen toxicológico practicado por la Doctora O. M. C. L.. Tercero: En ese mismo lugar y fecha que se efectúa el hallazgo se procede a comunicar tal hecho al señor C. O. H. G. Jefe del equipo de Agentes de seguridad del aeropuerto quien después de presenciar el registro procedió a llamar al policía de fronteras V. M. E. G. quien acto seguido procedió a la detención de C. J. W. S. y al decomiso de la evidencia antes relacionada”. III.- Los recurrentes, Abogados A. L. A. Y B. L. F., formalizaron sus Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción, por falta de aplicación de los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación con el artículo 200 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERA FORMA DE INFRACCION: La sentencia que se recurre, es evidente que la condena de mi representado se basa fundamentalmente en prueba generada a partir de actos ilícitos, misma que no debe ser considerada por revestir de vicios que impiden su valoración, por tratarse de prueba ilícita, puesto que el decomiso y las pericias practicadas sobre la sustancia decomisada fueron llevadas a cabo, en abierta violación de normas constitucionales y procésales, al haberse motivado la sentencia de forma ilegítima por la valoración de prueba prohibida. En este sentido la Legitimidad de la motivación se refiere a las pruebas valoradas en la sentencia. La prueba invocada debe ser válida. Por tanto, si “la sentencia se funda en prueba ilegal está legalmente inmotivada” y cuando esta recae sobre prueba esencial no está debidamente motivada. Lo que implica una violación al Principio Constitucional de la Tutela Judicial Efectiva, Como parte integrante del Debido Proceso. Que básicamente consiste en la obligación que tiene el Estado de dar la posibilidad de un efectivo acceso a los tribunales, que desemboca en una decisión Judicial, la que necesariamente debe motivarse conforme a los cauces y procedimientos establecidos en ley. Mandamiento establecido en el artículo 90 Constitucional, que obliga a que la motivación de la sentencia sea reglada mediante la utilización de todos los instrumentos necesarios para la satisfacción de los intereses de las partes y en especial para la obtención de una sentencia motivada y congruente con la prueba. Que según lo expuesto debemos advertir la violación normas esenciales de procedimiento según los establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal cuando señala que “carecerán de eficacia probatoria los actos y hechos las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos…”; en este sentido, debemos indicar que los actos de procedimiento que reprochamos, tienen que ver con el decomiso de la droga y su posterior análisis que desemboca en la obtención de un dictamen pericial, que fue valorado como prueba esencial para dictar el fallo condenatorio. Considerando la prueba de cargo aportada por la fiscalía, debemos resaltar varios errores elementales en la valoración para dictar el fallo condenatorio, entre estos: la valoración de actas de decomiso de la evidencia decomisada por el testigo V. M. E., de donde se desprende, según el testimonio de éste; y, la ratificación del contenido de las actas, que la evidencia descrita y encontrada fue tomada de la banda de equipaje del aeropuerto, cuando esta ya no estaba en poder del imputado, si no a cargo de la línea aérea; y tal como lo señala el mismo tribunal, la defensa reprocha que durante este tiempo (30 minutos aproximadamente según testigo C. O. H. G.) el maletín no estuvo en poder del señor C. J. W., y no corresponde a esta defensa probar estos extremos, porque sería violatorio del Estado de Inocencia, lo que fue argumentado por el Tribunal de Sentencia para motivar el fallo.- posteriormente al decomiso se procedió a levantar las respectivas actas, describiéndose en una de ellas los “dos paquetes envueltos en dos toallas color café y salmón, forrados con cinta adhesiva color café conteniendo supuesta cocaína”.- Sin embargo, hay una clara contradicción entre el número de actas de decomiso, tres en total y la cantidad de cadenas de custodia cinco por todas, en este sentido el Reglamento sobre Manejo de Indicios y de Evidencia Física o Biológica, específicamente el Artículo 21 señala; que los actos deben documentarse en acta, la que debe tener su respetiva cadena de custodia, sin coincidir en cuanto a la cantidad de cada documento; en la cual debe constar o documentarse todos los procedimientos y pasos seguidos por el indicio, hasta que es presentada en juicio. Sin embargo, el tribunal valora estos documentos que constatan el hallazgo de la sustancia, que posteriormente se pericia y determina que se trata de cocaína. Tal como lo expresa el tribunal al referir “que la defensa no pudo desvirtuar que C. W. S. haya estampado su firma en el documento, y lo encontrado al acusado es analizado por la toxicóloga, quien confirma las sospechas del testigo que la sustancia encontrada al señor C. J. W. S. corresponde a Cocaína”.- Lo anterior demuestra que dada la naturaleza del Tipo Penal por el cual se condena a C. J. W., la pericia es una prueba esencial, por ello es precisó indicar que desde el decomiso de la sustancia como ya se explicó, hasta su posterior análisis existen, errores que vician la prueba denominada pericial, en este sentido y sobre la manipulación inadecuada de la sustancia decomisada el tribunal de sentencia, no se pronuncia sobre las declaraciones de los testigos C. C. G. y J. R. J. M.; el primero participó en su condición de defensor público en la diligencia para periciar por primera vez sustancia decomisada y señala” no mire cadena de custodia, ni antes, ni después, que se retiró...” agrega además que los paquetes “tenían forma de ladrillo, en cada paquete solo había uno, y aquí venían dos, no son similares, tomo (perito) un paquete y lo corto con un cuchillo, de una esquina saco un poquito, y le hecho una ampolla para ver qué color tenía” estas circunstancias no se describen en los apartados de las cadenas de custodia, que hagan costar la manipulaciones la sustancia y la confiabilidad en la prueba, pues evidentemente en el transcurso del proceso sufrió alteración en sus características físicas; indicando además, que la señora G. es la encargada del Almacén.- en cuanto al señor J. R. J. M., este fue quien perició preliminarmente la sustancia decomisada este apunta “… que se le presentaron dos paquetes y que se hizo una prueba rápida y se le recomendó remitirlo al laboratorio Toxicológico. Que abrió la evidencia de una esquinita para ver consistencia. Que nos estaban en esas mismas condiciones los paquetes que le pusieron a la vista, se le mostraron las cadenas de custodia y no aparece su firma”.- estos puntos demuestran que efectivamente se realizó una prueba de campo preliminar, en la cual se manipuló la evidencia y por un grave error no se consigna en la cadena de custodia la intervención del Doctor J. R. J. Luego vuelve a manipularse la droga cuando se realiza por parte del laboratorio toxicológico y sin control jurisdiccional alguno, una tercera prueba pericial, el que no fue admitido por su ilicitud al violentar normas esenciales de procedimiento establecidas en el código procesal penal, siendo este un hecho notorio; ya que la misma se practicó cuando ya el expediente se encontraba en el Tribunal de Sentencia.- APLICACIÓN PRETENDIDA: La defensa pretende, mediante está vía impugnativa la nulidad de la sentencia por falta de motivación, al valorase prueba ilícita, lo que constituye una sentencia legalmente inmotivada, violentando la tutela judicial efectiva, integrante del debido proceso, por ello amerita que a mi representado se le absuelva del delito antes mencionado. SEGUNDA FORMA DE INFRACCION: Finalmente y con todas estas irregularidades advertidas en el apartado anterior, el tribunal de sentencia valora la pericia toxicológica de la doctora O. M. C., quien con todas las manipulaciones y análisis practicados a la sustancia decomisada concluye que del análisis realizado en fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil diez... recibe evidencia dos bolsa de papel manila firmadas, selladas, detalladas como bolsa A y B…” ; resultando del análisis del primer paquete ser positivo (cocaína) en 786 gramos y el segundo en 686.2 gramos, haciendo un total de 1472.4 gramos; de esto se desprende una abierta contradicción, al valorar el tribunal de sentencia y motivar la sentencia diciendo” dada que las cantidades que describe en su dictamen son las mismas que describe el testigo V. M. E. G. en actas de decomiso y cadenas de custodia”, cuando existen errores de procedimiento en el manejo de la evidencia lo que ha generado prueba obtenida con vicios de nulidad, la que al revestir características de ilicitud, carece de eficacia probatoria por la violación de garantías procesales establecidas en la Constitución de la República. La defensa del señor C. J. W. S. considera, que debido a la naturaleza del delito por el cual se condena a nuestro representado, en cuanto a la valoración de la prueba consistente en el propio dictamen toxicológico e incluso la existencia misma de la evidencia, que demuestran que la sustancia decomisada es una sustancia prohibida, violenta lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República, que está en íntima relación con el artículo 200 del Código Procesal Penal, en cuanto a que debe prevalecer el estado de inocencia de mi cliente y el mismo solo podrá ser quebrantado mediante un proceso que se tramite bajo los parámetros legales establecidos, ante estas dudas, la prueba aportada no provoca certeza o seguridad Fuera de Toda Duda Razonable de la responsabilidad de nuestro cliente, debiendo dictarse el fallo en base al principio de indubio pro reo. Además, de estas irregularidades, el Tribunal de Sentencia dejó de considerar el hecho de que el señor C. W. desde el momento mismo que deposita su maleta, (la que no estaba asegurada con candado u otro medio que garantizara la inviolabilidad de la misma) en el mostrador de la línea aérea, pierde la libre disposición del mismo; y, son los encargados de la línea aérea y los empleados de la rampla aeroportuario y de la seguridad interna del mismo aeropuerto quienes se encuentran desde ese momento hasta el hallazgo a disposición de la maleta en la cual se encuentra la sustancia prohibida, que es un tiempo de aproximadamente treinta minutos; después el señor C. W. fue llamado por el personal de la aerolínea a efecto de que presenciara y autorizara una inspección a su equipaje, a la cual este accedió autorizando y presenciando la misma, que al momento del hallazgo refiere no saber nada de los paquetes encontrados, ya que no eran de su propiedad; además, que estos paquetes según los testigos de descargo C. C. Y J. R. J. no eran los mismos que fueron decomisados, e incluso la única pericia que valora el tribunal para condenar al señor C. W. es el dictamen pericial emitido posteriormente por la Doctora O. C., el cual esta defensa no cuestiona por sí mismo, pero si que hay una clara duda de que la sustancia (dos paquetes)se trate de la misma que fue decomisada. Para el caso que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia no debió haberle reconocido eficacia probatoria a la pericia y evidencia física que se ha venido haciendo referencia; y siendo que la decisión de condenar se basa en ese resultado, de haberlo excluido del proceso de valoración, la única opción que le quedaba era la absolución por no haberse demostrado de manera legítima, por ello la vulneración de presunción de inocencia origina de la misma forma falta de motivación en la sentencia, por ello de haberse resuelto de no haberse dado el presente motivo de casación, en virtud de existir duda razonable no solo respecto a quien colocó la sustancia encontrada en las pertenencias de nuestro cliente, sino que, si la evidencia presentada en juicio y periciada por la doctora O. C. se trate de la misma decomisada inicialmente. APLICACIÓN PRETENDIDA: La nulidad de la sentencia por falta de motivación, al existir duda sobre la prueba recolectada y periciada, lo que constituye una falta de motivación de la sentencia, por ello amerita que a mi representado se le absuelva del delito antes mencionado en virtud de no haberse probado la culpabilidad y por ende destruido su presunción de inocencia”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO C. J. W. S. DENUNCIANDO LA VULNERACION DEL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO CONSAGRADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTICULOS 89 Y 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que la sentencia condenatoria dictada contra el acusado C. J. W. S. ha sido fundada en PRUEBA ILÍCITA, con violación de normas constitucionales, especialmente con inobservancia de la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Carta Magna y con vulneración de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal, en tanto en cuanto que: 1) De las ACTAS DE DECOMISO, elaboradas por el testigo V. M. E. y de su TESTIMONIO, se desprende que la evidencia fue tomada de la banda transportadora de equipaje del aeropuerto de Roatán, cuando el mismo no estaba en poder del imputado sino de la línea aérea; lo que se pone de manifiesto si se atiende a lo expresado por el testigo C. O. H. G., cuando afirma que el maletín no estuvo en poder del acusado C. J. W. S., por un espacio aproximado de 30 minutos; 2) Existe una diferencia evidente entre el número de ACTAS DE DECOMISO (3) y el número de CADENAS DE CUSTODIA (5), lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Manejo de Indicios y Evidencia Física o Biológica; 3) El A Quo no se pronuncia en ciertos aspectos de las declaración rendidas por los testigos C. C. G. y J. R. J. M., el primero en cuanto no describe cadenas de custodia, derivándose de ello que la evidencia sufrió alteraciones físicas; y el segundo, quien analizó preliminarmente la sustancia decomisada y la manipuló, lo que no fue consignado en la cadena de custodia. Como segundo alegato reprocha que se ha vulnerado el principio-derecho a la Presunción de Inocencia del acusado, consagrada en el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 200 del Código Procesal Penal, en virtud de considerar que: 1) Los datos cuantitativos que arroja La PERICIA TOXICOLÓGICA rendida por la Doctora O. M. C., no son congruentes o armónicos con las cantidades que describe el testigo V. M. E. G.en las ACTAS DE DECOMISO Y CADENAS DE CUSTODIA, por lo que existirían errores de procedimiento en el manejo de la evidencia, constitutivos de vicios de nulidad; 2) Los resultados del DICTAMEN TOXICOLÓGICO sobre la evidencia demuestran que la sustancia decomisada es prohibida, pero no han podido generar certeza en torno a la responsabilidad del acusado, por lo que debió aplicarse en su favor el Principio de Indubio Pro Reo y dictarse un veredicto absolutorio; y, 3) Reprocha que el Tribunal de instancia no haya tomado en consideración que el señor C. J. W. S., desde el momento en que deposita su maleta, -la que no estaba asegurada con candado u otro medio que garantizara la inviolabilidad de la misma- en el mostrador de la línea aérea, pierde la libre disposición de la misma y, son los encargados de aquella y los empleados de la rampla aeroportuaria y de seguridad interna del mismo aeropuerto quienes la tienen bajo su control hasta que se produce el hallazgo de la sustancia prohibida, en un término aproximado de treinta minutos; después el señor C. J. W. S. fue llamado por el personal de la aerolínea a efecto de presenciar y autorizar la inspección a su equipaje, a la cual este accedió autorizando y presenciando la misma, expresando al momento en que se produce el hallazgo que no sabía nada de los paquetes encontrados, por no ser de su propiedad; a lo que cabe añadir que según los testigos C. C. Y J. R. J. no son los mismos que fueron decomisados, e incluso la única pericia que valora el tribunal para condenar al señor C. J. W. S. es la practicada por la Doctora O. C., que la defensa no cuestiona en sí misma, sino en cuanto a si la sustancia (dos paquetes) sobre la que recayó, es la misma que fue decomisada, por lo que concluye que el Juzgador de instancia no debió reconocer eficacia probatoria de cargo a la PERICIA antes mencionada. Esta Sala considera pertinente recordar que esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. La garantía genérica del Debido Proceso se erige como uno de los pilares del derecho procesal penal orientado a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza, además de respetar las formas procesales, observe en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. Por otro lado esta Sala considera oportuno señalar que LA CADENA DE CUSTODIA es el conjunto de actos recaídos sobre la evidencia que garantiza su inalterabilidad desde que se identifica como tal hasta su presentación en la audiencia de debate y posterior destino, a efecto de poder verificar su manejo, los lugares en donde ha estado, las personas que han tenido acceso a ella y los cambios que ha sufrido –por efecto de su estudio o deterioro natural-, es decir la Cadena de Custodia responde sobre la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia, es un instrumento de confiabilidad de la evidencia que más tarde se convertirá en un medio de prueba; la Cadena de Custodia se documenta en un acta a la que debe su nombre, más es de tener claro que la Cadena de Custodia no es un mero documento, sino los actos materiales que se realizan en el manejo y disposición de la evidencia y que el documento redactado bajo el esquema de un acta solo sirve para registrar dichos actos.- Se le denomina “cadena” debido a que cada persona que tiene contacto con la evidencia es considerada un eslabón, teniendo la obligación de someterla al protocolo que corresponde al objeto de su custodia, así pues el investigador debe observar un protocolo determinado en la fijación, recolección, embalaje/rotulación y traslado del indicio, el perito debe observar un protocolo determinado en el análisis de la evidencia, el Fiscal debe observar el protocolo previsto para su almacenaje y conservación, etc., , en fin un manejo adecuado de la evidencia por cada uno de los eslabones, en cada una de las fases de la cadena de custodia. La Cadena de Custodia es un tema relacionado, no con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana critica.- Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento Sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Constitutivo de Delito, son las fases de la Cadena de Custodia: 1).- Hallazgo y Custodia: Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe de ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación; En esta Fase se deben seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que éste proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; 2).- Fijación de la Evidencia: Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; La Fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales; esta Fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que se produjo su hallazgo y además porque podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior; 3).- Recolección: La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que exige que éste proceso se realice de manera adecuada, ergo, el tipo de evidencia determinará la técnica a utilizar y la calificación del personal que se requiere lo realice; 4).- Preservación y Embalaje: El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado. i).- El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; ii).- El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; iii).- El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posteriori.- El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; 5).- Transporte y Entrega de la Evidencia: La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse éste recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la Cadena de Custodia; 6).- Análisis Pericial: Si bien no corresponde a la generalidad, si es común que la evidencia tenga que ser sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características de clase e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc.- El punto de contacto entre la Cadena de Custodia y el Dictamen Pericial, es que el primero debe reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones como se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis; 7).- Custodia: Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aun cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; ES EN ESTA FASE EN DONDE LA PRACTICA FORENSE NOS INDICA QUE SE DA LA MAYOR PARTE DE LAS PÉRDIDAS DE LAS EVIDENCIAS; 8).- Destino de la Evidencia: El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; Por lo general la evidencia debe ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: i) pasar a formar parte del patrimonio del Estado en caso de que se declare el comiso; ii) Ordenar la devolución a la persona, que acredite ser su legitimo dueño, siempre que no sea autor o cómplice del delito o que no haya prestado el bien a un tercero para que éste haya realizado la conducta delictiva o; iii) Proceder a su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia.- Sin embargo, no en pocas veces la evidencia deberá ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legitimo dueño, declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera, de manera anticipada a la terminación del proceso; cualquiera que fuese el caso, ello deberá constar en la Cadena de Custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecutó la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario.- Acontece FRACTURA DE LA CADENA DE CUSTODIA cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que corresponderá al Tribunal de Sentencia valorar conforme a las reglas de la sana crítica como ello repercute en el valor que merece la evidencia o el medio de prueba que de ella se derive, dependiendo del nivel de gravedad o incidencia de la ruptura, la etapa en que ésta se dio y la información que al respecto aporten el resto de los medios de prueba vinculados.En el caso bajo examen, esta Sala considera que en el proceso de valoración de la prueba, el Juzgador de instancia ha observado las reglas de la sana crítica racional, de tal manera que se ha logrado enervar el estado de inocencia constitucional establecido interinamente a favor del acusado. En este sentido podemos afirmar que con la prueba de cargo aportada al juicio, ajena a toda causa de ilicitud que pudiera dar lugar a su exclusión por vicios de nulidad, no ha prevalecido, ni puesto en evidencia, ninguna duda razonable en torno a la validez de la prueba y la participación del acusado en el hecho que se le imputa, por el contrario, esta Sala entiende que después de valorada la prueba legalmente incorporada al juicio, el Juzgador ha alcanzado un grado de convencimiento intelectivo de certeza positiva acerca de la responsabilidad culpable del acusado en el hecho justiciable imputado, con lo cual esta Sala no considera aplicable el principio del indubio pro reo. Sobre el argumento de ilicitud de la prueba de cargo, especialmente de la prueba toxicología, esta Sala entiende que, solo puede hablarse de prueba ilícita o prohibida, cuando la misma se haya obtenido con vulneración de derechos individuales consagrados en la constitución de la República y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por el Estado de Honduras. En el presente caso, esta Sala estima que en la valoración de la prueba de reproche, el Juzgador ha ponderado los efectos de algunas inconsistencias particularmente de ciertas omisiones en la cadena de custodia de la evidencia, o imprecisiones derivadas de la declaración de algunos testigos sobre la apariencia física o características externas de la evidencia, señalando expresamente que no son relevantes, ni constituyan causas que puedan dar lugar a considerar el peritaje y la evidencia física incautada, como prueba ilícita o prohibida. Concretamente con la prueba pericial Toxicológica, rendida posteriormente por la Doctora O. C., se acredita más allá de toda duda razonable que la evidencia física incautada al acusado, es cocaína, sustancia enervante cuya posesión está prohibida por la ley, en cantidad que desde el punto de vista medico legal se considera para trafico ilícito de drogas. Esta Sala no encuentra motivos objetivos, concretos y determinantes, para derivar que el decomiso de la evidencia, esté viciado de nulidad, a consecuencia de inconsistencias detectadas en la cadena de custodia o por la supuesta alteración física de la evidencia, en virtud de que no consta de autos que el encausado haya permanecido en estado de indefensión; y finalmente por considerar que en el proceso, no fue presentada prueba directa o indiciaria, de la cual pudiera suponerse racionalmente que la maleta del acusado C. J. W. S. entregada a la empresa aérea, previo al abordaje de un vuelo local, pudiera haber manipulada dolosamente por personal de la línea aérea, como de la banda transportadora o de la seguridad aeroportuaria, con el solo afán de perjudicar al endilgado, en virtud de que las máximas de la experiencia nos indican que si el acusado no ha negado que en su maleta fue encontrada la sustancia prohibida, y siendo la misma que el acusado entregó a los empleados de la aerolínea, previo a abordar el vuelo interno, y haberse encontrado en su interior un alijo de sustancia prohibida (cocaína), en cantidad considerada para el trafico de ilícito de drogas, es lógico e inevitable concluir que la referida droga ha sido encontrada en posesión material del imputado. Por otro lado cabe añadir que la cocaína es una sustancia prohibida que no es de fácil obtención, dada su escasez y elevado precio en el mercado, de ahí que no sea común que personal aeroportuario, salvo prueba en contrario, introduzca en las maletas de los pasajeros alijos de cocaína, u otro tipo de droga prohibida, en cantidades como la incautada, con el propósito de que el viajero sirva como un mero instrumento no doloso para trasportar droga de un lugar a otro o para perjudicar a un pasajero en particular, por otra parte, en cambio no es infrecuente o inusual que en las terminales aéreas de pasajeros, algunos viajeros sean sorprendidos por las autoridades aeroportuarias en el acto de transportar drogas prohibidas, en sus maletas, equipaje de mano, o hasta adherida a su cuerpo; de ahí que para esta Sala no existen motivos objetivos, lógicos ni racionales para descartar o excluir la prueba de cargo de reproche, siendo en consecuencia prueba legalmente obtenida y válida para dictar un veredicto condenatorio. Por todas las razones anteriormente expuestas el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. IV.- Continúan manifestando los recurrentes en su: “SEGUNDO MOTIVO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Consideramos que al valorar la prueba de cargo, el sentenciador no lo hizo en apego a las reglas de la sana crítica, es por ello que a continuación exponemos brevemente en que consistió el vicio en que incurrió el sentenciador de instancia: El Ministerio Público propuso la declaración testifical de N. L. C. J., quien manifestó que el día de los hechos, ella se encontraba en el lugar de control de equipaje facturado del Aeropuerto del Municipio de Roatán, Juan Manuel Gálvez; cuando al realizar una inspección aleatoria seleccionaron una maleta y “se presentó el señor C. J. W. S., dueño del equipaje, se le pidió permiso y lo dio para revisar el equipaje, habían dos toallas y le pregunté que había, y le pregunté si era de él y él dijo que no sabía”.- Continuando con su declaración esta testigo refiere “que en la banda (de chequeo) no hay pasajeros, desde que hace el chequeo, no tiene contacto con la maleta, que no sabe cuánto tiempo transcurrió; en la colilla va el nombre del pasajero, el peso de la maleta, deciden inspeccionar la maleta, los de rampa se encargan de ubicar el pasajero para conciliarlo con la maleta”. Respecto a esta declaración el Tribunal de Sentencia, al hacer el análisis intelectivo, considera que la misma es creíble, sin embargo esta defensa estima que los juzgadores no tomaron en consideración dos aspectos fundamentales referidos por esta testigo en su declaración, como ser el hecho de que el señor C. W. acepta ser el dueño de la maleta, pero dice no saber nada de la sustancia encontrada en la misma, manifestando que eso no es de su propiedad y que desconoce qué tipo de sustancia es; asimismo, y como segundo aspecto, la testigo refiere que desde el momento del chequeo del equipaje hasta que es llamado a la rampla para practicarse la inspección, el pasajero no tiene ningún contacto con el equipaje; refiriendo además, la anuencia del señor C. W. a la práctica de la inspección a su equipaje. Honorables Magistrados, a consideración de esta defensa, al no ser tomadas en consideración estas circunstancias por el Tribunal Sentenciador, se violentó el Principio de La Lógica, y dentro de este principio el de derivación; esto en virtud de que el Tribunal de Sentencia al omitir pronunciarse sobre estos extremos arriba a otra conclusión totalmente distinta; pues es ilógico pensar, que el señor C. W., sabiendo que transporta sustancias prohibidas se presente al mostrador y autorice la inspección a su maleta; llamando la atención de esta defensa, que el Tribunal de Sentencia no tenga en cuenta el tiempo que transcurre desde el momento en que se deja la maleta a disposición de la aerolínea y del personal auxiliar del aeropuerto, quienes tienen la libre disposición del mismo, hasta que es llamado el señor C. W. para que autorice la práctica de la inspección; por lo que podemos afirmar que la conclusión a que arriban los sentenciadores carece de fundamentación, y mucho más aún, cuando invierten la probanza al afirmar que la defensa no ha aportado prueba en relación, lo que constituye una violación al Estado de Inocencia del señor C. W. Continuando con la valoración de la prueba de cargo que hace el Tribunal de Sentencia, compareció el señor C. O. H. G., Jefe del Equipo de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Roatán, quien al momento de rendir su declaración entre otras cosas manifiesta lo siguiente; Que el día de los hechos lo llamaron porque iban a inspeccionar una maleta sospechosa, refiriendo que lo que había era un envoltorio con unas toallas; además expreso que: “Se le pregunto al pasajero, él dijo que no sabía, lo consideramos como un paquete sospechoso”, posteriormente manifiesta que llamaron al Policía de Fronteras V. E. Continuando con su deposición este testigo señala que “como veinte minutos de recorrido toma el equipaje del pasajero, le ubican la colilla, cuando revisan el equipaje ellos van a llamar al pasajero, ellos lo colocan en la banda y la banda es esperada como de quince a veinte minutos”; llamando la atención de esta defensa, la contradicción entre lo plasmado en la sentencia y valorado por el Tribunal, con respecto a la declaración de este mismo testigo en el acta de debate; pues en el acta de debate se consigna que dicho testigo declaró que al momento de ser requerido el señor C. W., este se encontraba en el área pública del Aeropuerto, que los zippers de la maleta no iban asegurados de ninguna manera. Considera la defensa, que al existir contradicciones serias entre la valoración de esta declaración que hace el Tribunal Sentenciador con relación a lo establecido en el acta de debate, lo que conlleva es a una conclusión errónea; pues el Tribunal de Sentencia no tomo en consideración aspectos que son relevantes de la declaración del testigo, como ser el hecho de que el señor C. W. al momento de ser llamado para que autorice el registro de su equipaje, se encontraba en un lugar público dentro del aeropuerto, que los zippers de la maleta no se encontraban asegurados, y más aún el tiempo que transcurre entre lo que la maleta es ubicada en la banda y es esperada siempre al otro lado, a disposición del personal de la aerolínea y auxiliar del aeropuerto, de haberse considerado estos aspectos relevantes en la declaración del testigo, el tribunal ineludiblemente hubiera arribado a otra conclusión. Continuando con la valoración de la prueba, analizamos la declaración del testigo V. M. E. G., quien al rendir su testimonio ante los Honorables Jueces refirió que fue llamado por el jefe de seguridad del aeropuerto en su condición de policía de servicios especiales de investigación; éste le manifestó que entrara al Aeropuerto porque tenía una persona que supuestamente tenía droga, refiriendo que se encontraba el señor C. W., que observó dos toallas y que habían además, dos bultos, al requerir al señor C. W., éste le dijo que no sabía sobre el contenido, y que él, solo tenía conocimiento de la ropa; posteriormente se levantó un Acta de Registro Personal, Acta de Decomiso, y se le leyeron los Derechos. Que los bultos eran cuadrados en forma de libro, que posteriormente lo reportaron a la Fiscalía, y que a la supuesta droga, se le hizo una prueba de campo en presencia de un Defensor Público; que además se presentaron dos cadenas de custodia por cada paquete.- Agrega además, éste testigo, que cuando él llega al Aeropuerto, al lugar de la Inspección, la maleta ya estaba abierta, que la evidencia la recibe forrada totalmente con cinta adhesiva, que firmó cuatro hojas de Custodia sobre una misma evidencia, por varias actas de decomiso una Acta de todo lo que contiene el maletín y otra por cada uno de los paquetes; asimismo refirió el mismo testigo, al momento de ponérsele a la vista la evidencia para su reconocimiento, que no podía asegurar que se tratara de la misma, esto en virtud de que él entregó a la Fiscalía los paquetes totalmente Sellados. Además indicó que no podía asegurar que la evidencia que se le pone a la vista sea la misma porque se ve que ya están abiertos.- A criterio de esta defensa, el Tribunal de Sentencia, obvio pronunciarse sobre aspectos relevantes en la deposición de éste testigo, llegando al extremo el Tribunal de Sentencia, de esgrimir los puntos de vista del Ministerio Público, como si formaran un solo cuerpo con la declaración del testigo, en lo referente a la explicación que da la Fiscalía del Ministerio Público, sobre la discordancia entre la cantidad de cadenas de custodia y actas de decomiso “(que solo firmó una cadena de custodia, porque las otras cadenas de custodia, son continuación, dijo el Fiscal)”; aseveración que evidente violenta el principio lógico de coherencia, esto en virtud de que la deposición del testigo es contradictoria con el análisis intelectivo que hace el tribunal, al hacer valoraciones, sobre aspectos no referidos por el testigo, sino que por la Fiscalía del Ministerio Público, además si el testigo, de acuerdo al criterio esgrimido por el Tribunal, es creíble en su dicho, porque no valorar el hecho de que este mismo testigo, al momento de que se le pone a la vista la evidencia para su reconocimiento, refiere que no puede decir con certeza que se trate de la misma evidencia. Si el Honorable Tribunal de Sentencias, hubiere valorado correctamente y en todo su contexto la declaración de éste testigo inminentemente hubiera arribado a otra conclusión. Con respecto al Acta de Inspección, a las tres Actas de Decomiso; y, las cinco Cadenas de Custodia; el Tribunal considera haberse acreditado con las mismas, circunstancias como el día y la hora del decomiso, la propiedad de la maleta decomisada, así como, el hallazgo y decomiso del contenido del maletín color azul marino, decomisado al señor C. J. W. y su contenido; en el cual se observan dos paquetes con cinta adhesiva en el interior de la misma maleta; obviando el Tribunal de Sentencia pronunciarse en el sentido que el Decomiso de la totalidad de la evidencia, constituye un solo acto, por lo tanto, debe existir una sola acta de Inspección, una sola acta de decomiso, y una cadena de custodia única, que garantice la confiabilidad de la prueba; en el caso de marras, al existir tres actas de decomiso y cinco cadenas de custodia sobre la misma evidencia, se interrumpe la cadena de custodia al haberse manipulado la evidencia de forma independiente, prueba de ello, es que se realizaron un total de cuatro pericias, una realizada supuestamente por el Policía D. B., ya que en la misma no consta que persona realizó la pericia, otra realizada por el Doctor J. R. J., en su condición de Médico, otro por el Toxicólogo D. M. y Otra última por la Toxicóloga O. M. C., sin que conste en las cadenas de custodias, la pericia del señor D. B. y del Doctor J. R. J., pericias que debieron documentarse en la cadena de custodia, esto en virtud que para realizar la misma, se exige la manipulación material de la evidencia, rotura de embalaje, extracción de cierta cantidad de evidencia para la aplicación de reactivos, trayendo como consecuencia la alteración de la evidencia; llamando la atención de la defensa, que ni aún en el embalaje consta la firma de las referidas personas.- Cabe hacer Notar, Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, que la pericia realizada por el señor D. M., fue desestimada por el Tribunal de Sentencia, por haber sido ordenada por el Ministerio Público, cuando la causa se encontraba en el Tribunal de Sentencia, esperando audiencia de proposición de prueba; y que fue el Tribunal de Sentencia, en la audiencia de proposición de prueba que al excluir esta prueba por considerarla ilícita nombran como perito para que realice otra pericia a la evidencia a la Doctora O. M. C.. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, existe un Reglamento sobre Manejo de Indicios y de Evidencia Física o Biológica obtenida como consecuencia de un hecho constitutivo de delito, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 27 de Noviembre del año 2004; esto con relación al Artículo 23 del Código Procesal Penal, en el cual se establece los pasos a seguir para el manejo de evidencia física indicando que por cada acta de decomiso debe levantarse la respectiva cadena de custodia, debiendo constar además un recuadro dispuesto para observaciones, debiendo consignarse en este la ruptura de embalaje, sustracción de indicios o cualquier otra circunstancia; por todas las razones antes expuestas, la defensa considera que el Tribunal de Sentencia, al momento de valorar estos elementos probatorios, no observó las Reglas de la Sana Crítica, específicamente el principio lógico de Razón suficiente; de haber valorado correctamente la prueba, indefectiblemente hubiera arribado a una conclusión distinta. En cuanto a la prueba testifical de la defensa, consistente en la declaración del Abogado C. C. G. y del Doctor J. R. J. M.; el Tribunal de Sentencia, no se pronuncia sobre aspectos importantes y concordantes entre éstos, como ser la manipulación de la evidencia, lo que trae como consecuencia que los testigos no pudieron en la audiencia de juicio reconocer que se tratara de la misma evidencia física, por un lado el señor C. C. G. refiere que él fue llamado por la Fiscalía del Ministerio Público para presenciar una pericia, a supuesta droga, y que ni antes ni después observó Cadena de Custodia, explicó además que al momento de practicarse la pericia los paquetes tenían forma de ladrillo, que en cada paquete solo había uno, y que la evidencia que se le pone a la vista venían dos por paquete y ya no son rectangulares sino que cuadrados, por tanto no son iguales, indicando además, que para practicarse la prueba de campo se rompió una esquina de cada paquete y se extrajo un poco de su contenido, muestra a la cual se le aplicó un reactivo, que le dijeron que la evidencia pasaría al Almacén de Evidencia, mismo que está a cargo de la señora G.; esta declaración es concordante en su sustancia, con el testimonio rendido por el señor J. R. J., quien al momento de rendir su declaración refiere lo siguiente: “... Que se le presentaron dos paquetes y que hizo una prueba rápida, y que se recomendó remitirlo al Laboratorio de Toxicológico. Que no estaban en esas mismas condiciones los paquetes que se le ponen a la vista, se le mostraron las cadenas de custodia y no aparece su firma, que no está su firma en la cadena de custodia, y no es lo que se le pone a la vista”; continuando con su deposición refiere que reconoce el contenido del Acta y la firma de aceptación y peritaje que se le pone a la vista, indicando que solo tomaron una muestrecita de la esquina, para determinar el color, olor y textura; estableciendo que no puede decir que la evidencia que se le pone a la vista es la misma que se le pone a la vista, por no tener las mismas características físicas. Evidentemente, el Tribunal de Sentencia, al hacer su valoración intelectiva, erróneamente valora el testimonio de los señores C. C. G. Y J. R. J., únicamente en el sentido de tener por acreditado la existencia de la sustancia encontrada al señor C. W., relacionando esta prueba con el dictamen toxicológico realizado por la Doctora O. C., obviando hacer pronunciamiento alguno con relación a la deposición de ambos sobre el manejo y manipulación de la evidencia, en el caso específico del doctor J., quien en su deposición refiere que no puede decir que la evidencia que se le pone a la vista sea la misma que perició inicialmente, que solo tomó una muestrecita para hacer la pericia; que no aparece su firma ni en los empaques ni en la cadena de custodia. El Tribunal de Sentencia, al hacer su valoración, refiere que le parece lógico que no aparezca la firma del Doctor J., en la Cadena de Custodia, y que en tal sentido no tiene por quebrantada la misma, pues el Doctor J., solamente observó la sustancia o evidencia, por tal circunstancia aprecian, la inexistencia de la firma en la cadena de custodia, pues a su criterio, como mero observador de la sustancia, de acuerdo al procedimiento, no existe obligatoriedad de firmar la cadena de custodia, razonando que de consignarse en la cadena de custodia todos los observadores de la evidencia, entonces debería constar la firma de todos los presentes en la audiencia, que efectivamente observamos la evidencia. Este razonamiento del tribunal de sentencia, vulnera el principio lógico de contradicción, pues por un lado afirma que el doctor J., extrajo una muestra de la evidencia, y por otro refieren que únicamente la observó, lo que los lleva a concluir erróneamente que bajo esta condición, la firma del Doctor J. no debe aparecer en la Cadena de Custodia. En conclusión esta defensa considera que el Tribunal sentenciador ha infringido el postulado de la derivación, ya que el razonamiento intelectivo del juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho, por las múltiples contradicciones expuestas y que fundamentan el fallo.- Asimismo, es trascendente señalar que el juzgador ha dejado de lado la valoración de toda la prueba en su conjunto, no considerando el Tribunal, al efectuar dicha valoración, las reglas de la sana crítica, faltando al postulado de la derivación, apartándose de lo dispuesto en el artículo 336 del CPP que establece que las pruebas serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Con éste razonamiento, el tribunal ha dejado de lado, aspectos importantes de los testimonios de cargo, los dichos de los testigos de la defensa y la prueba documental poco confiable aportada por el ente acusador; en total desapego a lo dispuesto en el Artículo 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado la prueba violentando las Reglas de la Sana Crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es -como hemos dicho anteriormente- obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo pericial, testifical, documental y evidencia física, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Como se ha demostrado, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. APLICACIÓN PRETENDIDA: Es pretensión de esta defensa, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo de Casación, que se anule el debate, y la sentencia condenatoria, ordenando la repetición del debate con Jueces distintos a los que participaron en el mismo”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO C. J. W. S. DENUNCIANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que el A Quo ha infringido las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Concretamente reprocha la valoración efectuada sobre los medios probatorios siguientes: 1) DECLARACIÓN DE LA TESTIGO N. L. C. J., encargada del control de equipaje facturado del Aeropuerto del Municipio de Roatán Juan Manuel Gálvez, el Tribunal de instancia le ha concedido credibilidad sin embargo ha soslayado lo siguiente: a) que el acusado C. J. W. S. aceptó ser dueño de la maleta, pero afirmó que no sabía nada en torno a la sustancia encontrada en su interior; b) que el acusado no ha tenido contacto con el equipaje desde que lo presenta para chequeo hasta que se practica la inspección y revisión del mismo; y, c) que el imputado fue anuente a la práctica de la inspección a su equipaje, por lo que el Juzgador al no haber considerado lo anterior, ha violentado el Principio de la Lógica en su postulado de derivación; 2) DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. O. H. G., Jefe del Equipo de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Roatán, cuya declaración presenta contradicciones con lo consignado en el acta de debate. El Tribunal de juicio no tomó en cuenta aspectos relevantes de la declaración rendida por dicho testigo, es decir:a) que el señor C. J. W. S. al momento de ser llamado para que autorice el registro de su equipaje, se encontraba en un lugar público dentro del aeropuerto; b) que las cremalleras o “zippers” de la maleta no se encontraban asegurados; c) Y sobre el tiempo transcurrido entre el momento que la maleta es ubicada en la banda y es puesta a disposición del personal de la aerolínea y auxiliar del aeropuerto hasta aquel en que se produce su revisión;. aspectos que de haber sido valorados hubiesen conducido al Juzgador a una conclusión distinta; 3) DECLARACIÓN DEL TESTIGO V. M. E. G., Policía de servicios especiales de investigación, quien firmó cuatro hojas de Custodia sobre la misma evidencia, varias actas de decomiso, una Acta del contenido del maletín y otra por cada uno de los paquetes, al ponerle a la vista la evidencia dijo no que no podía asegurar que se trataba de la misma, en virtud de que entregó a la Fiscalía los paquetes sellados y estos se mostraban abiertos. El Censor cuestiona que lo declarado por el testigo no es concordante con la cantidad de cadenas de custodia y actas de decomiso, porque según el Fiscal dicho testigos “.. solo firmó una cadena de custodia y las otras son su continuación”, aseveración que permite considerar vulnerado el principio lógico de coherencia; 4) La prueba consistente en el ACTA DE INSPECCIÓN, TRES ACTAS DE DECOMISO, Y CINCO CADENAS DE CUSTODIA, por considerar haber tenido el A Quo por acreditado, los aspectos siguientes: a) día y la hora del decomiso; b) Propiedad de la maleta decomisada; c) hallazgo y decomiso del contenido del maletín propiedad del acusado, consistente en dos paquetes con cinta adhesiva. Reprocha que el A Quo ha obviado que el decomiso de la evidencia es un solo acto, por lo que estima solo debía existir una sola acta de Inspección, un acta de decomiso y una cadena de custodia, por lo que en el presente caso la cadena de custodia ha sido interrumpida y manipulada la evidencia, al haberse realizado sobre ella cuatro pericias: la realizada supuestamente por el Policía D. B., la del Doctor J. R. J., la del Toxicólogo D. M.; y otra, realizada por la Toxicóloga Dra. O. M. C..- Asimismo, reprocha que no consta en las cadenas de custodia, las pericias realizadas por el Policía D. B. y el Doctor J. R. J., mismas que debieron ser documentadas en la cadena de custodia. Reprocha asimismo, que tales actuaciones se oponen a lo establecido en el Reglamento sobre Manejo de Indicios y de Evidencia Física o Biológica y al Artículo 23 del Código Procesal Penal, que establecen los pasos a seguir en el manejo de evidencia física, por lo que estima que el A Quo no observó las Reglas de la Sana Crítica, específicamente el principio lógico de Razón suficiente, al momento de valorar la prueba de cargo en mención. En cuanto a la PRUEBA TESTIFICAL DE LA DEFENSA, reprocha la valoración de la prueba consistente en la DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. C. G. Y DEL SEÑOR J. R. J. M., por considerar que el A Quo no se ha pronunciado sobre aspectos relevantes como son los concernientes a la manipulación de la evidencia. Censura que el A Quo, al hacer su valoración, refiere que le parece lógico que no aparezca la firma del Doctor J., en la Cadena de Custodia, y que este no tiene por quebrantada la misma, al considerar que el Doctor J., es un observador de la sustancia o evidencia y no está obligado a firmar la cadena de custodia, razonamiento que estima violatorio del principio lógico de contradicción y del postulado de la derivación. Concluye que el A Quo en la valoración de los medios de prueba de cargo pericial, testifical y documental ha ultrajando la regla de la derivación que integra el concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen, una lectura detenida de los antecedentes revela que al valorar la declaración rendida por la testigo N. L. C. J., como Encargada del Control de Equipaje Facturado del Aeropuerto Internacional “Juan Manuel Gálvez”, del Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el Juzgador estima que :”... este tribunal la considera creíble, por ser corroborada en su totalidad por su compañero de trabajo, el testigo C. O. H. G., Jefe del equipo de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Roatán y el Policía de Servicios Especiales V. M. E. G., quien se apersonó al lugar de los hechos, quienes refrendan su testimonio, y documental como ser el Acta de Decomiso, Acta de Registro, Cadena de Custodia, que documentan el hallazgo, sino también es confirmada por el Dictamen Toxicológico donde se concluye que la evidencia examinada corresponde a la sustancia prohibida conocida como cocaína”; asimismo, consta del proceso (folio 165 vuelto y 166), la valoración dada por el Juzgador a la declaración del testigo de cargo señor C. O. H. G., Jefe del Equipo de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, en que: “el testigo C. O. H. G., fue la persona que junto a N. L. C. constatan el hecho…”, asimismo que:”los testigos coinciden en cuanto a la esencia como en la sustancia al determinar con precisión el lugar donde se inspecciona el equipaje, así como en el hallazgo y la hora en que se produjo, el compartimiento del maletín donde estaba ubicada la droga, el número de paquetes a quien se le encontró la evidencia y en compañía de quien estaba y no se acreditaron durante el juicio ninguna prueba en descrédito de lo declarado por los entes mencionados, todo lo cual coincide con lo declarado por parte del testigo V. M. E., por esa razón no consideramos que existan razones para restarle credibilidad a sus manifestaciones como lo hace entrever la defensa…”; asimismo, consta en el proceso (folio 166), la fundamentación intelectiva del Juzgador en torno a la declaración del testigo V. M. E. G., Policía de Servicios Especiales, donde señala que:”no observa este tribunal alguna razón objetiva, ni subjetiva para beneficiar o perjudicar al imputado, no fue cuestionada por las partes, quien mas adelante ratifica las actas redactadas. Razón por la cual este tribunal le concede la suficiente credibilidad, por ser coherente en su deposición y se concatena con la declaración de los testigos antes señalados”. En el proceso consta tambien (folios 166 vuelto al 168) la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba documental consistente en “ACTA DE INSPECCIÓN, TRES ACTAS DE DECOMISO”, en su parte conducente refiere respecto al Acta de Inspección y Registro que: “un maletín color azul marino, una colilla No.815933 de aerolínea taca….en la parte baja del maletín se encuentra un segundo depósito, en la cual se observa una toalla color salmón y azul con verde ácua envuelto a un paquete envuelto en cinta adhesiva, color café al extender la segunda toalla color café o salmón que sirve para envolver un paquete color café con cinta adhesiva…”, a lo cual el Juzgador estima que: ”prueba documental que valorada en su conjunto se concatena con el acta de decomiso de la droga, del maletín, con el dictamen toxicológico, útil para describir las evidencias encontradas en el maletín color azul junto con la droga, como el lugar y ubicación donde se hayan las mismas”; 1) ACTA DE DECOMISO (167 del proceso) de “Un maletín color azul marino, con colilla 815933 de aerolínea Isleña, al momento de abrir la maleta de observó… en la parte baja del maletín se encuentra un segundo depósito, en el cual se observa unas toallas color salmón y azul envuelto un paquete con cinta adhesiva…”, a lo cual el Juzgador de instancia valora diciendo que: “A este documento este tribunal le concede el valor suficiente por ser objetivamente confiable, habiendo comparecido la persona que lo elaboró, estableciéndose su procedencia, el lugar y la hora del decomiso de la evidencia consistente en dos paquetes envueltos en toallas encontrados en un depósito de un maletín cuyas características individuales ya fueron descritas, y con el testimonio del testigo que la ratificó se dejó claro el dónde, cómo y el porqué se decomisa la droga, que fue encontrada junto a otros objetos personales pertenecientes al señor C. J. W. S.h…”;2) ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO DE OBJETOS (167 vuelto del proceso) de: “Un maletín color azul marino, con colilla 815933 de aerolínea Isleña, al momento de abrir la maleta de observó… en la parte baja del maletín se encuentra un segundo depósito, en el cual se observa unas toallas color salmón y azul envuelto un paquete con cinta adhesiva…”; 3) ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO DE OBJETOS (167 vuelto del proceso) de: “Un maletín color azul con fajas de color beish, de rodines, con una colilla de aerolínea isleña, número 815933 de color verde”, que el A Quo valora: “ …determinándose las características individuales del maletín donde se encuentra la droga, dejando claro que el maletín pertenece al señor C. J. W. S., fijando el lugar y la hora del decomiso, la persona responsable de la actuación, documento este que el tribunal lo considera eficaz y objetivamente confiable”; respecto al reproche acerca de la valoración de la prueba testifical aportada por la defensa, consistente en las declaraciones rendidas en juicio por los señores C. C. G. y J. R. J. M., esta Sala constata que obra en el proceso (folios 168 vuelto y 169) la valoración de dichas pruebas. Sobre lo declarado por el testigo C. C. G., el Juzgador expresa que “resulta creíble pues reconoció los paquetes que se le pusieron a la vista en aquel momento de realizarse la diligencia de investigación, agregando que eran de forma cuadrada como un ladrillo y confirma haber firmado el acta del peritaje, diligencia a la que se refiere el testigo y que por tal circunstancia no se consigna la firma de las personas que comparecieron al evento en la cadena de custodia”, a lo cual el A Quo, agrega:”La prueba de cargo como ya se dijo demuestra el hallazgo de la evidencia al acusado C. J. W. S. ya que fue encontrada en la maleta del mismo, resultando del análisis de la evidencia sin lugar a dudas positiva a la sustancia prohibida cocaína en un peso neto total de mil cuatrocientos setenta y dos punto cuatro gramos (1,472.4 gr), siendo esta cantidad incompatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato”; y con respecto a lo declarado por el testigo Dr. J. R. J. M., (folio 169 del proceso) valora el A Quo que este practicó prueba pericial a la evidencia: “…las cuales concuerdan con las mismas características de clase de la sustancia prohibida denominada cocaína/clorhidrato, quien para realizar el peritaje “solamente observó la sustancia o evidencia”, como así lo confirma en su deposición ante este tribunal que por tal razón nos parece lógico que no aparezca su firma en la cadena de custodia”. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala no considera infringidas las reglas que la sana critica en el proceso de valoración de la prueba, por cuanto el Juzgador ha vertido razones y justificaciones coherentes y suficientes para arribar a un veredicto condenatorio; de ahí que el presente motivo formulado por la Defensa ha de ser desestimado. V.- Continúan manifestando los recurrentes en su: “TERCER MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida de los artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: De los argumentos expuestos en los hechos declarados probados en la sentencia que hoy se recurre, por cuya naturaleza son eminentemente verdades indiscutibles, intangibles e inatacables, no se logra apreciar de los mismos, que mi representado haya incurrido en ninguna de las conductas previstas en los artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Por tanto, y a partir de tales hechos probados el Tribunal de Sentencia consideró que C. J. W. cometido tráfico ilícito de drogas, siendo evidente que el Tribunal de Sentencia incurrió en un típico error de subsunción. En el hecho probado número uno se establece lo siguiente: “que el día miércoles treinta de septiembre del año dos mil nueve, entre las ocho y veinticinco a nueve de la mañana, en el aeropuerto internacional J. M. G. ubicado en el municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, la señora N. L. C. J., encargada de Control de equipaje facturado procede a seleccionar una maleta una maleta entre diez de forma aleatoria, seleccionada la maleta se establece que la misma correspondía al pasajero C. J. W. S. quien fue llamado y conducido al lugar que se iba a realizar el registro correspondiente, quien identifica como de su pertenencia la maleta color azul, con fajas de color beige de rodines compuesta de dos compartimientos, uno en su parte superior y uno en su parte inferior cerrados, con zíperes de plástico color azules, quien a la vez autoriza el registro de la maleta antes descrita”; Continua en el segundo hecho probado el tribunal de sentencia exponiendo: “ Los encargados de control de equipaje del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, que procedieron al registrar la maleta, antes mencionada, encontrando en el compartimiento de la parte inferior de la maleta dos paquetes, uno envuelto en una toalla color salmón con azul y el otro envuelto en una toalla color salmón, cubiertos con cinta adhesiva color café, conteniendo ambos paquetes un peso neto total de mil cuatrocientos Setenta y dos punto Cuatro Gramos (1,472.4 gr) de una sustancia denominada Cocaína, según dictamen toxicológico practicado por la Doctora O. M. C. L.”; por último en el numeral tercero se describe: “En ese mismo lugar y fecha que se efectúa el hallazgo se procede a comunicar tal hecho al señor C. O. H. G. jefe del equipo de agentes de seguridad del aeropuerto quien después de presenciar el registro procedió a llamar al policía de fronteras V. M. E. G., quien acto seguido procedió a la detención de C. J. W. S. y al decomiso de la evidencia antes relaciona” Si partimos de estos hechos probados y luego lo relacionamos con la fundamentación jurídica de la sentencia, se establece que el comportamiento ilícito atribuible a C. W. S., es la posesión ilícita de droga, sin embargo, veremos que, de ninguna manera, en tales hechos se hace referencia a acciones previas o simultáneas que indiquen de manera fehaciente la intención del acusado, es decir, si esa posesión dolosa, es para tráfico ilícito de drogas. Ya que únicamente se hace referencia a la forma y el lugar, donde se encontraban los dos paquetes conteniendo cocaína, como se estableció según el hecho segundo, sin hacer la más mínima referencia a circunstancias de las cuales pueda inferirse, de manera clara y terminante, que esa droga encontrada en las maletas del señor C. W., tenía la finalidad de ser comercializada. Demostrando con ello un fallo contradictorio sin los requisitos mínimos que pueden encuadrar ese relato histórico dentro de los extremos que manda la hipótesis normativa. Si con ello el Tribunal de Sentencia en manera alguna declaró probados hechos y circunstancias constitutivos de Tráfico Ilícito de Drogas no cabía que se le diera aplicación a los artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; De no haberse dado esa aplicación indebida, el Tribunal de Sentencia hubiera proferido un fallo por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas. De lo anterior este defensa estima oportuno señalar dos errores fundamentales de la sentencia, que son los siguientes: EXPLICACIÓN DE LA PRIMERA FORMA DE INFRACCIÓN: La conducta descrita en los hechos declarados probados en la persona de mi defendido no se subsume en el Tipo Penal por el que fue condenado. El Tipo Penal referido describe “EL QUE TRAFIQUE CON DROGAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS CONTROLADAS, SERÁ PENADO CON RECLUSIÓN DE QUINCE A VEINTE AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN A CINCO MILLONES DE LEMPIRAS”. Al descomponer el tipo para su análisis resulta: EL QUE TRAFIQUE (Se entiende por tráfico la realización de actos de comercialización, venta, negociación), como se describe en el Diccionario Enciclopédico Océano, TRAFICAR: Negociar, realizar operaciones comerciales, generalmente clandestinas, diccionario Larouse. CON DROGAS. ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS CONTROLADAS (Por ejemplo Cocaína), será penado con reclusión de Quince a Veinte años y multa de Un Millón a Cinco Millones de Lempiras. (Pena al delito). Lo importante en la descomposición del Tipo es la definición de Tráfico o Traficar, la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en un caso similar: Expediente Número CP 212702-B, el dieciséis de Enero del año dos mil tres, el Estado contra J. M. G., opinó respecto al aparecimiento del Tipo Penal aludido aquí: “La declaración de Hechos Probados de la Sentencia, verdades indiscutibles, NO REVELAN CATEGÓRICAMENTE EL ACCIONAR HUMANO DEL TRÁFICO DE DROGAS, para que tal conducta delictuosa se produzca requiere ACTOS OFERTORIOS O MEDIOS INMEDIATOS Y VINCULANTES, INDICATIVOS DE ACTOS RESOLUTIVOS DEL TRÁFICO Y QUE SEAN DISTINTOS A LOS TIPIFICADOS Y QUE TAMBIÉN ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, en otras formas de conducta ilícitas, sancionadas por la misma Ley”. Así pues, no se aprecia en los hechos que el tribunal de Sentencia, tiene como probados en la sentencia, CUALES SON LOS ACTOS QUE CLARAMENTE INDIQUEN QUE EL C. J. W. S. COMO SUJETO ACTIVO DE LA ACCIÓN HAYA SIDO ENCONTRADO EN ACTOS DE COMERCIALIZACIÓN, VENTA, NEGOCIACIÓN O EJECUTANDO ACTOS OFERTORIOS DE DROGAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS CONTROLADAS, ANTERIORES O SIMULTANEOS, QUE SE SUBSUMAN EN EL TIPO PENAL DESCRITO. Pues únicamente se aprecia en los hechos probados en la sentencia el hallazgo en las pertenencias de dos paquetes rectangulares de supuesta droga al señor C. W. S., cuando este tenía la intención de viajar hacia la ciudad de San Pedro Sula; y, el mismo Tribunal de Sentencia en la Fundamentación Jurídica establece que considera que el señor C. W., no tenía la intención de comercializar la droga; refiriendo el mismo Tribunal que de haber sido esa su intención la hubiera vendido en Roatán; de lo que se esgrime que el mismo Tribunal Sentenciador percibió que la intención del señor C. W. no era comercializarla sino más bien transportarla. APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN PRETENDIDA: El delito de TRÁFICO DE DROGAS, establecido en el Artículo 18 de La Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, consiste en ejecutar actos de comercialización, actos ofertorios, compra venta o traspaso de la droga por parte del sujeto activo a terceras personas. De acuerdo a los hechos probados, la defensa, respetuosamente considera, que tal conducta puede subsumirse en la de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, contenida en el Artículo 22 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”.RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO C. J. W. S. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 5, NUMERAL 34, Y 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que de los hechos declarados probados no se desprende que el acusado C. J. W. haya incurrido en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en los artículos 5, numeral 34 y 18 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por lo que estima que el A Quo habría incurrido en un error de subsunción. Reprocha que en los hechos probados relacionados se establece que el encartado C. W. S., incurre en POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA, pero no se hace referencia a acciones previas o simultáneas que indiquen de manera fehaciente la intención aquel, es decir, si esa posesión dolosa, estaba preordenada al TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Considera en el relato fáctico únicamente se hace referencia a la forma y el lugar, donde se encontraban dos paquetes conteniendo cocaína, sin referencia a las circunstancias de las cuales pueda inferirse, de manera clara y terminante, que esa droga encontrada en la maleta del encausado C. W. S., tenía como destino la comercialización. El Censor estima que de no haberse dado la aplicación indebida denunciada, el A Quo hubiera proferido un fallo por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE para el tráfico de drogas, tipo penal que tiene asignada una pena más benigna. Señala que el tipo penal de tráfico ilícito de drogas se describe de la siguiente manera: “ QUIEN TRAFIQUE CON DROGAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS CONTROLADAS, SERÁ PENADO CON RECLUSIÓN DE QUINCE A VEINTE AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN A CINCO MILLONES DE LEMPIRAS”. El casacionista hace hincapié en que el Juzgador de instancia no ha tenido por probado que el imputado C. J. W. S. es sujeto activo de actos de comercialización, venta, negociación o ejecución de actos ofertorios de drogas, estupefacientes o sustancias controladas, y únicamente se aprecia en los hechos probados el hallazgo de dos paquetes rectangulares de supuesta droga encontrados en el equipaje del endilgado C. W. S., cuando este esperaba el abordaje de un avión que le conduciría a la ciudad de San Pedro Sula; y, que el mismo A Quo en la Fundamentación Jurídica considera que el acusado no tenía la intención de comercializar la droga al referir que de haber tenido esa intención la hubiera vendido en Roatán, por lo que entiende que el mismo tribunal percibió que la intención del acusado no era comercializarla, sino más bien transportarla. Esta Sala considera pertinente recordar que al tenor de lo establecido por el artículo 360 del Código Procesal Penal: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del Juzgador de Instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (art. 18), y la del Censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que el encartado ha debido ser sancionado con la pena más benigna prevista para el delito de facilitación del transporte de drogas (art. 22). Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena , así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto 'terminado', es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, 'industrialización' y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[2]..” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga..”[3] Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[4]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[5]. De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta Sala es del criterio que la conducta del imputado C. J. W. S., no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo en el que se transportaba una importante cantidad de cocaína, con un peso neto de mil cuatrocientos setenta y dos punto cuatro gramos según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por sí mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada, realizado por el encartado C. J. W. S., es decir, por si mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida (vid. Sentencias: del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010, 8 de noviembre de 2012 recaída en el Expediente No. 43.-2010 y 7 de agosto de 2013 dictada en el Expediente No. 150.-2012), todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el presente motivo por infracción de ley formulado por la Defensa del imputado C. J. W. S.. VI.- Continúan manifestando los recurrentes en su: “EXPLICACIÓN DE LA SEGUNDA FORMA DE INFRACCIÓN: INFRACCIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS; el cual se incurre por la aplicación relacionada del Artículo 5 numeral 34) de la misma Ley. El Artículo 5 describe las definiciones de términos usados en la ley precitada; el numeral 34) define el TRÁFICO ILÍCITO “ Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. La defensa plantea que la Sentencia Recurrida, aplica indebidamente, el artículo 18 de la Ley contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, cuando por una parte, en los numerales sexto y séptimo de la fundamentación jurídica indica que llega a la conclusión de condenar por TRÁFICO, aplicando el Artículo 18 en relación con el Artículo 5 numeral 34), aludiendo la acción típica de POSESIÓN DOLOSA y en el fallo condena por TRÁFICO DE DROGAS, sin incluir la POSESIÓN PARA TRAFICAR HAY QUE POSEER, así como hay que poseer para FACILITAR MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO, de este axioma se vale la defensa al plantear que el Código Penal, en su Artículo 2-A#1, establece el principio de la aplicación, por especialidad, del precepto especial sobre el general, el Código Penal, al respecto manda Artículo 2-A#1: Las acciones u omisiones de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de este Código se sancionarán observando las reglas siguientes: 1) El Precepto Especial se aplicará con preferencia al Precepto General. 2) Siendo la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, una ley penal, entendemos, que la observancia del principio de especialidad, puede y debe aplicarse básicamente, porque el Código Penal establece las circunstancias y principios de carácter general para la imposición de delitos. No se debió aplicar el Artículo 18 de la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, porque al hacerlo se viola el Principio de Especialidad de La Ley Penal, en su Artículo 2-A#1. La aplicación indebida se materializó al fundamentar el fallo en LA POSICIÓN DOLOSA, calificándola y dictando SENTENCIA por TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, cuando la misma Ley, califica, por separado, la POSESIÓN DOLOSA en el Artículo 5 Numeral 34, con el tipo Penal de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. Es evidente, que el Artículo 22 se refiere a una POSESIÓN, sin actos ofertorios o de comercio, como es el presente caso, de acuerdo a los hechos declarados como probados por el Tribunal de Sentencia. Es importante destacar la contradicción producida en la Sentencia, cuando en los Hechos Probados, solo describe LA POSESIÓN EN LAS PERTENENCIAS DE MI CLIENTE DE DROGA y dicta Sentencia por TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, sin acreditar la POSESIÓN DOLOSA.- ya que no se demostró el elemento material subsumible en el tipo penal de tráfico, y sobre todo el elemento subjetivo, en cuanto querer del señor C. W., el conocimiento y voluntad de realizar la actividad propia que involucra el tráfico de drogas, circunstancia, que aún y cuando requiere algún tipo de valoración es imposible inferir, si se parte de los hechos tenidos como probados. Por ello, Cuando la Ley establece POSESIÓN DOLOSA (PARA TRAFICO), como FACILITACIÓN DE MEDIOS PARA TRANSPORTE; esto indica que la SOLA POSESIÓN DOLOSA, no es indicativa de TRÁFICO, en éstos casos el Juez deberá deducir de la descripción fáctica de los hechos probados si la POSESIÓN DOLOSA, está orientada al Tráfico, a Transporte, descrito en la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN PRETENDIDA: La definición de TRÁFICO ILÍCITO establecido en el Artículo 5 numeral 34) de la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por ser de carácter general, no debió ser aplicada para establecer el tipo penal, del delito de tráfico de drogas, regulado en el Artículo 18 de la misma ley, porque se viola, el Principio de Especialidad establecido en el Código Penal y dados los hechos declarados como probados en la Sentencia, se debió calificar la acción conforme al Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico de Drogas, que contiene el tipo penal de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE para tráfico o consumo de drogas; así pues procede casar la Sentencia recurrida, para hacerle enmiendas que en derecho proceden”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO C. J. W. S. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que el Juzgador de instancia al condenar al imputado por la comisión de un delito de tráfico de drogas ha realizado una aplicación indebida del Artículo 18 de la Ley contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas. Esgrime que el Artículo 2-A1, establece el principio de especialidad, al tenor del cual se establece que el precepto especial se aplica sobre el general. Alega la sola posesión dolosa, no es indicativa de una conducta de TRÁFICO, por lo que estima la sentencia viola el Principio de Especialidad establecido en el Código Penal, dado que se debió calificar la acción conforme al Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico de Drogas, que contiene el tipo penal de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE de drogas. Esta Sala de lo Penal, congruente con al resolución del primer motivo de casación por Infracción de ley, declara sin lugar este segundo motivo, debiendo remitirse el Censor a lo ya expuesto con anterioridad. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;, 360 y 362,3, del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, de Quebrantamiento de Forma, en su único motivo y de Infracción de Ley Sustantiva, en sus dos motivos, invocados por el Apoderado Defensor del imputado C. J. W. S., contra el veredicto condenatorio dictado en fecha primero de febrero de dos mil once, por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada D. E. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-267-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.

[2] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.

[3] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op cit, pág. 60.

[4] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60

[5] Vid, Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.

[6] Sobre los conceptos “amplio” y “estricto” de los actos de tráfico de drogas, vid: ACALE SANCHEZ, MARIA, Op. Cit. Pág. 42 y ss. Dicha autora señala que la tipología de conductas descritas por la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 1 literal m) relacionado con el 3 en sus párrafos 1 y 2, corresponde a un “concepto amplio y confuso” (vid. Pág. 43). Tales preceptos tienen correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Honduras, de ahí la compleja labor interpretativa a la que se enfrentan los Juzgados y Tribunales de nuestro país para la delimitación y aplicación de las distintas figuras delictivas previstas en esa ley penal especial.