Sentencia CP-256-12 — Registro 4337
Resumen
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Minsiterio Público contra la sentencia que absuelve a los acusados por los delitos de violeación especial y amenazas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". La recurrente argumenta que los juzgadores no observaron en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica, pues si bien es cierto, el ente acusador coincide en que la menor E. O. L. R., fue variante en su testimonio en cuanto a establecer la fecha y como sucedieron los hechos, no implica que ella este mintiendo en cuanto a que efectivamente fue víctima de dos episodios distintos de abuso sexual y que los autores de estos son los ahora acusados. Aduce, que pese a las variantes referidas, la versión de la ofendida E. O. L. R. esta provista de credibilidad, en cuanto a la identificación de sus abusadores. De igual forma, el testimonio de la víctima es plenamente cotejable con la pericia física y psicológica que le fuesen practicadas y debidamente ratificadas en el juicio por los peritos forenses, pruebas éstas que en conjunto forman esa aptitud probatoria que exige la jurisprudencia; y la persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo; infringiéndose el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente. II. Para esta Sala, es importante aclarar, que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por la recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la “derivación”, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder un elemento de convicción, del cual se pueda inferir aquella, para ello, la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. La Sala ya ha reiterado, que los delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexuales se cometen ordinariamente en el ámbito de la clandestinidad y por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, sin la presencia de testigos presenciales, de tal manera, que el Juzgador debe analizar con escrupuloso cuidado la declaración testifical rendida por la presunta víctima, en relación con los elementos probatorios restantes, tanto los que se presentan a favor, como en contra del imputado. Sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, esta Sala de lo Penal considera, que no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que no fue posible establecer con la prueba evacuada la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que se les imputa. IV. Es claro que de las pruebas legalmente evacuadas consistentes en las declaraciones de las testigos C. E. R. y E. O. L. R., (folios # 526 v. a 529), los juzgadores concluyen que las mismas son contradictorias en aspectos tales como: la hora en que ocurrieron los hechos; C. aseveró que el hecho ocurrió cuando iban en dirección a la escuela y que ella siguió halando agua, y E. dijo que el hecho se dio cuando iban a halar agua; C. señaló que a su hija le pusieron una inyección y E. señala que le dieron una pastilla; C. dice que su hija se levantó sola después del hecho, E. indica que recobró la conciencia en su casa; C. dice que su hija estuvo sometida por los hombres hasta las tres de la tarde, y E. dice que se despertó en su casa a las doce del mediodía. También hace ver el Tribunal sentenciador, sobre lo ilógico de la versión de C., quien manifestó que cuando atacaron a su hija, se tiró por un matorral, observó lo que sucedía, y luego continuo halando agua; también dijo que su hija fue abusada vía anal y bucal, lo que no coincide con lo manifestado por E., y tampoco fue reflejado en el dictamen médico. C. manifestó además, que permaneció en el lugar en que agredían a su hija, desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Según los juzgadores, C. señaló en el debate que una de las personas que atacaron a su hija era una que se encontraba en el público. E. indicó en las evaluaciones tanto psicológicas, psiquiátricas y físicas, a la perito P. A., (folios # 506 a 510) que “había sido abusada por G., y que fue quien le puso la inyección”; a la perito M. E. S. “le indicó que le habían dado droga inhalante resistol”; y a la perito L. Y. G., (folios # 491 a 495, 534 v.), “que había sido un sólo sujeto el abusador”; en este dictamen también se refleja que clínicamente no se detectó embarazo, señalando que el legrado no solamente se realiza cuando existe un aborto, sino también cuando hay tumoraciones, que requiere realizar biopsias, lo que provocó dudas en los sentenciadores antes tales contradicciones. V. Para esta Sala, si son coherentes las inferencias a las que arriban los sentenciadores, y que ante tantas contradicciones e incoherencias en los relatos de la madre y la menor, no pueden ser creíbles sus versiones, aunado a que se evacuó prueba testifical de descargo, (folios # 532, 533, 534), de la que se desprende que el acusado J. C. L., no se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la comisión de los mismos; deduciendo correctamente el A-quo, que aunque E. dice reconocer al coimputado E. F., ella misma aseveró que el lugar estaba oscuro, lo que no es creíble el reconocimiento hecho por la menor, por su fisonomía. Todos estos razonamientos efectuados por los jueces de instancia son coherentes y lógicos, por lo que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, es por lo anterior que esta Sala considera, que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los señores J. C. L. y E. F. B. de dos delitos de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de E. O. L. R..- 2) ABSOLVIENDO al señor J. C. L. del delito de AMENAZAS en perjuicio de C. E. R. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada K. L. actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada R. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado M. R. A., actuando en su condición de Defensor Público de los señores J. C. L. Y E. F. B., como parte recurrida. HECHO PROBADO PRIMERO: En fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diez, E. O. L. R., quien en esa fecha contaba con trece años de edad, fue evaluada en Medicina Forense, en virtud de una denuncia que había interpuesto su madre C. E. R. por el delito de violación en perjuicio de E. O. L. R., lugar donde se tomaron muestras de sangre para determinar si estaba embarazada, prueba que resultó negativa y posteriormente, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil diez, E. O. L. R., fue internada en el Hospital Escuela, porque presentaba un cuadro de aborto incompleto y se le realizó un Ameu, egresando de dicho centro hospitalario el mismo día veintisiete de marzo del año dos mil once. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada K. L. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera especifica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación en su característica de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Para el Juzgador de la prueba aportada al debate no se logra extraer la existencia de una relación sexual entre los acusados y la ofendida, puesto que existen múltiples contradicciones en la deposición de la menor E. O. y su madre que impiden considerar creíbles sus versiones y con mayor razón obstaculizan establecer que fueron los acusados quienes supuestamente realizaron los hechos en perjuicio de E., pues si bien resulta muy posible que ella haya sufrido un evento traumático y que éste haya sido un abuso sexual, no resulta posible establecer con certeza y más allá de toda duda razonable, el lugar, la fecha y la forma en que ese abuso sexual ocurrió, puesto que en el devenir del proceso E. ha mostrado ambivalencia en su declaración y ésta además en los relativo a la forma en que ocurrieron los hechos, no resulta corroborada con otros medios de prueba, que de manera enlazada demuestren los hechos tal y como fueron descritos por el ente acusador. Esta conclusión a la cual arribó el A-quo, a criterio del ente acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, revisen el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de las reglas fundamentales de la lógica en los apartados supraindicados, así como las reglas de la psicología y experiencia común; para lo cual desglosamos la prueba de la siguiente manera: Si bien es cierto este ente acusador es conciente de que la menor E. O. L. fue variante en su testimonio en cuanto a establecer la fecha y como sucedieron los hechos, no por ello asumimos que ella este mintiendo en cuanto a que efectivamente fue víctima de dos episodios distintos de abuso sexual y que los autores de estos son los ahora acusados; circunstancia primera que incluso es compartida por el mismo órgano juzgador, aunque descarta la participación de los segundos en dichos hechos; y es precisamente sobre éste segundo punto que versa nuestro reproche casacional, pues estimamos que pese a la variantes referidas, la versión de la ofendida E. O. L., esta provista de credibilidad en cuanto a la identificación de sus abusadores, pues a la misma le competen las características que la propia jurisprudencia[1][1], ha establecido para tal efecto como ser:
- Ausencia de incredibilidad subjetiva derivadas de las relaciones procesado — víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivos de certidumbre en la convicción judicial demanda; circunstancia ésta que en el caso de autos le es aplicable a la víctima, pues ella en su deposición rendida en Estrado y ante el Tribunal, no hizo de manera alguna manifestaciones que diesen lugar a considerar tales circunstancias en contra de los acusados; en tal sentido se descarta que exista algún móvil en la ofendida que haga que su testimonio no sea verídico. 2. Verosimilitud, dado que el testimonio - con mayor razón al tratarse de la víctima — debe estar rodeado de de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria; esto en el caso de mérito se presenta en que el testimonio de la víctima es plenamente cotejable con la pericia física y psicológica que le fuesen practicadas y debidamente ratificadas en el juicio por los peritos forenses, pruebas éstas que en conjunto forman esa aptitud probatoria que exige la jurisprudencia. y 3. Persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo. Este requisito se contempla en que la víctima tenía sólo trece años de edad al momento de la ocurrencia de los hechos y su relato ha sido y permanecido inalterable durante todo éste tiempo (dos años, hasta el momento del debate), tanto en que fue objeto de abuso sexual, como también de que los autores materiales de ello fueron J. y E. a quienes los describió perfectamente en el debate. Por otro lado, nuestra jurisprudencia ya se ha pronunciado que en los casos como el presente y sobre todo en materia de menores, resulta casi siempre imposible la existencia de testigos presénciales del hecho dada la naturaleza propia del delito, en el cual prima que el abusador se asegure de la privacidad del momento en que ejecuta el hecho, por ende se cuenta únicamente con la declaración de la propia víctima a efecto de corroborar la autoría del hecho, y de otros medios de prueba para acreditar la existencia en si del delito; y esto así lo establece contundente la Sala de lo Penal[2][2] estimación ésta, que es aplicable al caso de mérito de manera total, por cuanto además de la declaración del menor, también se cuenta con la declaración de su madre C. E. R., que da credibilidad a lo manifestado por la primera. Por otro lado, también se puede apreciar Honorables Magistrados, que de la probanza antes relacionada (psicológica y psiquiátrica) se demostró, que la víctima no sólo presenta daños físicos y Psicológicos a corto plazo, sino también a largo plazo como producto de los abusos sexuales de los cuales fue objeto, por lo cual requiere de constante tratamiento psiquiátrico. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que tanto testimonios son congruentes, precisos y claros en cuanto a la identificación de los autores del hechos, pues estos dichos constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, al ser analizada de manera conjunta con los restantes medios probatorios, es decir, la científica, conducentes todas ellas a la inexorable conclusión que los imputados si perpetraron el hecho delictivo por el cual ha sido enjuiciados; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas pruebas, que en virtud de ellas se vaya determinando, en virtud que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar que: los acusados abusaron sexualmente a la víctima en dos ocasiones distintas, quien al momento de los hechos era menor de 14 años de edad y que además de ello, la menor ofendida fue sometida a constantes amenazas de causarle grave daño a cambio de su silencio respecto a lo que le estaba pasando, por parte del acusado J. C.; cumpliendo estos hechos, con los elementos de los delitos tipificados en los artículos 140, en su tercer párrafo, numeral 1) del Código Penal, es decir que estamos ante dos delitos de Violación Especial Consumado. En consecuencia la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. La recurrente argumenta que los juzgadores no observaron en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica, pues si bien es cierto, el ente acusador coincide en que la menor E. O. L. R., fue variante en su testimonio en cuanto a establecer la fecha y como sucedieron los hechos, no implica que ella este mintiendo en cuanto a que efectivamente fue víctima de dos episodios distintos de abuso sexual y que los autores de estos son los ahora acusados. Aduce, que pese a las variantes referidas, la versión de la ofendida E. O. L. R. esta provista de credibilidad, en cuanto a la identificación de sus abusadores. De igual forma, el testimonio de la víctima es plenamente cotejable con la pericia física y psicológica que le fuesen practicadas y debidamente ratificadas en el juicio por los peritos forenses, pruebas éstas que en conjunto forman esa aptitud probatoria que exige la jurisprudencia; y la persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo; infringiéndose el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente. II. Para esta Sala, es importante aclarar, que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por la recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la “derivación”, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder un elemento de convicción, del cual se pueda inferir aquella, para ello, la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. La Sala ya ha reiterado, que los delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexuales se cometen ordinariamente en el ámbito de la clandestinidad y por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, sin la presencia de testigos presenciales, de tal manera, que el Juzgador debe analizar con escrupuloso cuidado la declaración testifical rendida por la presunta víctima, en relación con los elementos probatorios restantes, tanto los que se presentan a favor, como en contra del imputado. Sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, esta Sala de lo Penal considera, que no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que no fue posible establecer con la prueba evacuada la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que se les imputa. IV. Es claro que de las pruebas legalmente evacuadas consistentes en las declaraciones de las testigos C. E. R. y E. O. L. R., (folios # 526 v. a 529), los juzgadores concluyen que las mismas son contradictorias en aspectos tales como: la hora en que ocurrieron los hechos; C. aseveró que el hecho ocurrió cuando iban en dirección a la escuela y que ella siguió halando agua, y E. dijo que el hecho se dio cuando iban a halar agua; C. señaló que a su hija le pusieron una inyección y E. señala que le dieron una pastilla; C. dice que su hija se levantó sola después del hecho, E. indica que recobró la conciencia en su casa; C. dice que su hija estuvo sometida por los hombres hasta las tres de la tarde, y E. dice que se despertó en su casa a las doce del mediodía. También hace ver el Tribunal sentenciador, sobre lo ilógico de la versión de C., quien manifestó que cuando atacaron a su hija, se tiró por un matorral, observó lo que sucedía, y luego continuo halando agua; también dijo que su hija fue abusada vía anal y bucal, lo que no coincide con lo manifestado por E., y tampoco fue reflejado en el dictamen médico. C. manifestó además, que permaneció en el lugar en que agredían a su hija, desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Según los juzgadores, C. señaló en el debate que una de las personas que atacaron a su hija era una que se encontraba en el público. E. indicó en las evaluaciones tanto psicológicas, psiquiátricas y físicas, a la perito P. A., (folios # 506 a
- que “había sido abusada por G., y que fue quien le puso la inyección”; a la perito M. E. S. “le indicó que le habían dado droga inhalante resistol”; y a la perito L. Y. G., (folios # 491 a 495, 534 v.), “que había sido un sólo sujeto el abusador”; en este dictamen también se refleja que clínicamente no se detectó embarazo, señalando que el legrado no solamente se realiza cuando existe un aborto, sino también cuando hay tumoraciones, que requiere realizar biopsias, lo que provocó dudas en los sentenciadores antes tales contradicciones. V. Para esta Sala, si son coherentes las inferencias a las que arriban los sentenciadores, y que ante tantas contradicciones e incoherencias en los relatos de la madre y la menor, no pueden ser creíbles sus versiones, aunado a que se evacuó prueba testifical de descargo, (folios # 532, 533, 534), de la que se desprende que el acusado J. C. L., no se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la comisión de los mismos; deduciendo correctamente el A-quo, que aunque E. dice reconocer al coimputado E. F., ella misma aseveró que el lugar estaba oscuro, lo que no es creíble el reconocimiento hecho por la menor, por su fisonomía. Todos estos razonamientos efectuados por los jueces de instancia son coherentes y lógicos, por lo que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, es por lo anterior que esta Sala considera, que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, invocado por la Abogada K. L. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que les siguió a los señores J. C. L. y E. F. B., por suponerlos responsables del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de E. O. L. R., y además al señor J. C. L. por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS en perjuicio de C. E. R.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- COORDINADOR SALA PENAL.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-256-2012
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1][1] Tribunal Supremo Español STS de 05 de abril, 26 de mayo y 05 de junio de 1992, 12 de febrero y 20 de noviembre del 1996.
[2][2] Fallo de fecha 13 de diciembre de 2004 contenido en el expediente No.120-04