Sentencia CP-251-11 — Registro 4212
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que absuelve a los acusados por el delito de Adquisición de vehículo Robado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala de lo Penal ha examinado la sentencia de mérito y ha concluido que el Tribunal de Sentencia invoco incorrectamente el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia como valladar para evaluar si los hechos declarados probados se ajustaban al tipo penal invocado por el Ministerio Público en la etapa de conclusiones del debate. Señalaron los Juzgadores en la Fundamentación Jurídica de su Sentencia que el Ministerio Público califico los hechos comodelito contentivo en el Artículo 218-D del Código Penal, el que no es homogéneo con el delito de Robo de Vehículo que inicialmente formalizo el ente acusador estatal (F. 209 v.), añadiendo que además que el delito señalado en las conclusiones es más grave que el imputado inicialmente (F. 210) y por ello, conforme al Principio de Congruencia, no es posible su aplicación en el presente caso.- Adicionalmente consideraron los Juzgadores que de aplicar el Artículo 218-D del Código Penal se estaría transgrediendo el Principio de la No Reforma en Perjuicio, por recoger un delito con una pena más gravosa y el Principio de Imparcialidad Judicial que consecuentemente manda que los órganos juzgadores no tendrá iniciativa para imponer ex officio una pena que exceda la gravedad, naturaleza o cuantía que la solicitada por la acusación. La Sala de lo Penal no podría estar en más desacuerdo con lo expuesto por los Juzgadores en su sentencia: En primer término el Principio de la No Reforma Peyorativa, contenido en el Artículo 350 del Código Procesal Penal es un límite en el ejercicio jurisdiccional penal impuesto para los Juzgados y Tribunales que actúen como Segunda o Única Instancia, sin que tenga relación alguna con el ejercicio de la jurisdicción en la primera instancia; En Segundo Termino el Principio de Imparcialidad Judicial, reglado en el Artículo 7 del Código Procesal Penal, implica la obligación de los Juzgadores de ostentar una posición neutral respecto a los intereses debatidos, más no implica silencio en cuanto a éstos, por el contrario el ejercicio de la jurisdicción obliga a los Juzgadores a aplicar la Ley Sustantiva a los hechos concretos probados al final de un proceso judicial en el que se ha respetado todas las garantías constitucionales. Subraya la Sala de lo Penal que los Jueces y Juezas de Sentencia en el momento de la deliberación, deberán de proceder a examinar los medios de prueba, valorándolos tanto individualmente como conjuntamente, ello dará paso a establecer los Hechos Probados y una vez fijados éstos, el Tribunal de Sentencia, abanderados con el Principio de Iuria Novit Curia, establecerá si estos hechos se subsumen en alguna de las conductas tipificadas como delito en el universo del sistema legal penal hondureño, luego de lo cual establecerá: a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos declarados probados, tiene identidad con el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación, o en su caso, ampliación de ésta, lo declarara así, procediendo a su aplicación al caso concreto.- En este caso no existe conflicto con el Principio de Congruencia; b. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de la misma naturaleza pero más menos grave que el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación (Ejemplo: Concurrencia de Lesiones Leves en un proceso penal sustentado en una acusación por Homicidio Tentado), en observancia de los Principios de Legalidad y Culpabilidad, aplicara al caso concreto la norma penal que concurra conforme a los hechos declarados probados.- Al igual que en el caso anterior no existe aquí conflicto con el Principio de Congruencia, por cuanto el delito por el cual se hace el pronunciamiento condenatorio es de carácter homogéneo con que es el objeto de la acusación, derivado de los hechos intimados y debatidos (Elemento Objetivo) e imputado a las mismas personas (Elemento Subjetivo); a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de la misma naturaleza pero más grave que el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación (Ejemplo: Concurrencia de un Asesinato en un proceso penal sustentado en una acusación por Homicidio), lo declarara así, más por mandato del Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, aplicara la norma sustantiva que motivo la acusación, siempre que se observen los postulados del Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A numeral 2 del Código Penal), mismos que son: i El Tipo Penal Subsidiario (Objeto de la acusación) contenga elementos generales del tipo penal Especial (Concurrente a criterio de los Juzgadores) ; ii. El Tipo Penal Subsidiario, proteja un mismo bien jurídico que el Tipo Penal Especial; iii. El Tipo Penal Subsidiario tenga señalada una pena menos grave que el Tipo Penal Especial; En este caso existe conflicto entre el delito que conforme al criterio de los Juzgadores concurre con el delito que sustento la acusación, por lo que aun derivándose de los mismos hechos debatidos y aun cuando se trate de las mismas personas acusadas, corresponderá pronunciarse respecto al delito fijado por el acusador en la formalización de cargos por ser éste el menos grave en respeto del Principio Acusatorio. a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de distinta naturaleza al que sustento la acusación, la norma sustantiva penal a aplicar dependerá del cumplimiento o no de los elementos objetivos y subjetivos del Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, así por ejemplo: i. Si el delito concurrente tiene una pena menos grave que el delito señalado en la acusación, (Ejemplo: Concurrencia de un delito de Allanamiento de Morada en un proceso penal sustentado en una acusación por el delito de Robo), el Tribunal de Sentencia aplicara la norma sustantiva que se ajuste a los hechos declarados probados, siempre que no implique la incorporación de otros hechos distintos a los contenidos en la acusación (Elemento Objetivo del Principio de Congruencia) y que se trate de las mismas personas acusadas (Elemento Subjetivo del Principio de Congruencia); ii. Si el delito concurrente tiene una pena más grave que el delito señalado en la acusación, (Ejemplo: Concurrencia de un delito de Falsificación de Documentos Públicos en un proceso penal sustentado en una acusación por el delito de Bigamia), el Tribunal de Sentencia podrá declararlo así, más aun cuando se trate de los mismos acusados (Elemento Subjetivo), por ser delitos de distinta naturaleza, se deberá de dictar sentencia absolutoria a favor de las personas acusadas conforme al Principio de Congruencia; y a. Cuando a criterio del Tribunal de Sentencia concurre el delito por el cual el acusador formalizo cargos, pero además de los hechos probados se desprende la existencia de otro delito distinto que no fue incluido en aquella, los Juzgadores podrán advertir en su sentencia ésta circunstancia, pero no podrán hacer declaratoria de culpabilidad por el segundo delito no imputado por respeto al Principio de Defensa y del Principio de Congruencia. Retornando al caso de exámine, el Tribunal de Casación declara que los Juzgadores indebidamente se limitaron a evaluar si en los hechos declarados probados se apreciaba la existencia del delito contenido en el Artículo 218-D del Código Penal, invocando erróneamente el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia; La Sala de lo Penal señala que no existe compromiso del principio señalado debido a que el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito se deriva de los mismos hechos que conformaron la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (F. 119) del que son responsables las mismas personas acusadas, por lo que no existe violación al Principio de Defensa, y además la pena señalada no rebasa la expectativa punitiva que el Ministerio Público fijó en la acusación, por lo que tampoco existe violación al Principio de Acusación. En procedente declarar Sin Lugar el recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, más habiendo igualmente un recurso de Casación por Infracción de Ley y siendo los efectos de éste recurso preferentes al de Quebrantamiento de Forma, esta Sala de lo Penal señala que en el presente caso se estará a lo que se resuelva en el recurso de fondo en preferencia al recurso de forma.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento en la Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha Veintiocho de Enero del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Absolvió a los señores G. E. A., J. R. D. C. y R. A. C. S., del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de la EMPRESA DE TRANSPORTES RAMÍREZ S. DE R.L..- Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento en la Forma, la Abogada A. M. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada M. E. G., Agente Fiscal del Ministerio público, en su condición de Recurrente y el Abogado A. A. G. A., Defensor Público de los Señores J. R. D. C., G. E. A. y R. A. C., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: En fecha veintinueve de julio del dos mil ocho, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, el señor M. E. O. se conducía en un vehículo tipo cabezal marca Kenworth, color rojo, con placa AAB 9780, transportando una cisterna con placa RA 2040, en la que se cargaba combustible, automóvil propiedad de la Empresa Transportes Ramírez, cuando a inmediaciones del semáforo del Zip San José de esta ciudad, en el momento de hacer el alto fue interceptado por un desconocido que se conducía en un vehículo color rojo del cual se bajó una persona portando un arma de fuego, quien lo conminó a hacerse a un lado del timón donde ya se encontraba otro sujeto armado también con pistola, quien lo sujetó se llevaba el cabezal; varias horas mas tarde dejaron al señor O. abandonado en la montaña del merendón. SEGUNDO: Ese mismo día, siendo aproximadamente las once con cincuenta y nueve minutos de la noche, Agentes de la Policía Nacional Preventiva de la Colonia Rivera Hernández, observaron que un taxi y el cabezal antes descrito circulaban por la Colonia Seis de Mayo por lo que le dieron persecución hasta que sus ocupantes lo dejaron abandonado frente a un billar, a inmediaciones de la Colonia Planeta, bajándose de su interior el señor J. R. D. y G. E. A., quienes abordaro n el taxi que era conducido por el señor R. A. C.”. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento en la Forma, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- La Recurrente, Abogada A. M. M., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “POR QUEBRANTAMIENTO EN LA FORMA MOTIVO UNICO: Por incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 6, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es importante precisar, para efectos de la comprensión del presente motivo, lo que nuestra legislación determina respecto a la Congruencia, en tal sentido nos permitiremos transcribir el contenido del artículo 337 del Código Procesal Penal, el cual es la norma que preceptúa la congruencia en nuestro país: Artículo 337: Congruencia de la sentencia con la acusación: La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…” Cabe mencionar que en el desarrollo del presente proceso el Ministerio Público ha venido planteando los hechos objeto del proceso calificándolos como Robo Calificado de conformidad con el artículo 218-D. Que al momento de emitir las conclusiones en el progreso de la Audiencia de Debate el Ministerio Público sostuvo su calificación al respecto de los hechos objeto del proceso y solicito que se condenara por el delito referido, tal petición en fundamento al conjunto probatorio que fue allegado al debate, mismas que, a su vez acreditaban los hechos que el Ministerio Público ha planteado como objeto del proceso. De la calificación planteada por el Ministerio Publico, el órgano jurisdiccional estimó “que el ente acusador enmarcó sin motivación alguna en un tipo de delito dentro del cual no encajan los hechos y cuya pena es menor a la que en todo caso corresponde, viéndose el Tribunal en el conflicto real de no entender la pretensión del Agente Fiscal, sin lograr encajar aquellos hechos probados dentro del tipo penal solicitado por éste…” y por consiguiente determino que lo procedente era decretar la absolución del procesado. (Numeral segundo de la fundamentación jurídica). Obsérvese que el artículo 337 del Código Procesal Penal precisa que la correlación entre la sentencia y las pretensiones de las partes es con respecto a los hechos no en atención a las calificaciones que las partes puedan proponer. Siendo que el presente asunto ha sido planteada de forma tan genérica al no indicarse con precisión cual acción es la sancionada, y ha sido la prueba la que logra fijar con mayor fineza los detalles del evento cuando informa que los procesados fueron encontrados en posesión del vehículo robado, por lo que no constituye un irrespeto al derecho de defensa o al principio acusatorio la calificación jurídica planteada por el Ministerio, ya que los hechos por los cuales se ha defendido el indiciado (diciendo que es inocente) no han variado, son los mismos que han venido indicándose a lo largo del proceso, lográndose acreditar que en horas de la tarde el señor M. E. O. conducía el vehiculo tipo cabezal, marca Kenworth a inmediaciones del Zip San José, mientras se encontraba detenido en un semáforo en rojo, dos individuos le despojaron violentamente del mismo, seguidamente lo dejaron abandonado y vendado en otro sector de aquella ciudad, tiempo después logró pedir auxilio notificando del suceso a las autoridades correspondientes; horas después el automotor referido fue visto mientras lo conducían por la Colonia Rivera Hernández de inmediato es perseguido por agentes policiales, minutos después los individuos que en él se transportaban (G. E. A. y J. R. D.) lo dejaron abandonado, abordando seguidamente el taxi conducido por R. A. C., circunstancias que también resultaron acreditadas para el Tribunal, tal como lo dejó plasmado en los hechos probados. Consecuentemente, la calificación jurídica hecha por la Fiscalía no tiene trascendencia en tanto que no varía los hechos ya que nuestro sistema procesal determina que la correlación es con los hechos no con la calificación. Sobre el particular la Sala de lo Penal en Sentencia No. 236-2005 se ha pronunciado sobre este aspecto refiriendo lo siguiente: “El artículo 337 del Código Procesal Penal que regula el principio de congruencia en fase de conclusiones libera al tribunal sentenciador de acceder o no fundada y motivadamente a las petición de las partes, para que una vez evacuada la prueba y escuchados los alegatos finales, dicte la sentencia que en derecho corresponda. En la fase de deliberación y sentencia corresponde al Tribunal de juicio valorar la prueba legalmente incorporada, decidir sobre las peticiones de las partes, resolver la concurrencia o no de alguna justificación o atenuación de la responsabilidad penal, y dictar juicio sobre culpabilidad o no de la persona sometida a juicio. La función de juzgar o ejecutar lo juzgado es una función legal y constitucional reservada al órgano jurisdiccional.” Por haber ocurrido este vicio in procedendo en el acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”. III.- Continúa manifestando la recurrente en su Recurso: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO ÚNICO: Infracción por Falta de Aplicación del artículo 218-D del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida; es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados en la sentencia. La fundamentación fáctica se entiende como el conjunto de requisitos mínimos que concurren a perfilar un plano histórico un cierto acaecer que encuentra dentro de sí, los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa. Esta narración fáctica debe hacerla el juez con base en la prueba válidamente incorporada y evacuada en el juicio, con suma claridad precisión y coherencia. El presente recurso va orientado en cuanto a determinar la responsabilidad de los imputados G. E. A., J. R. D. C. Y R. A. C. en la acción constitutiva del delito de Adquisición de Vehículo Robado. En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: “PRIMERO: En fecha veintinueve de julio del dos mil ocho, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, el señor M. E. O. se conducía en un vehiculo tipo cabezal marca Kenworth, color rojo, con placa AAB 9780, transportando una cisterna con placa RA 2040, en la que se cargaba combustible, automóvil propiedad de la Empresa Transportes Ramírez, cuando a inmediaciones del semáforo del Zip San José de esta ciudad, en el momento de hacer el alto fue interceptado por un desconocido que se conducía en un vehículo color rojo del cual se bajo una persona portando un arma de fuego, quien lo conmino a hacerse a un lado del timón donde ya se encontraba otro sujeto armado también con pistola, quien lo obligo a bajarse del cabezal para introducirlo a bajarse del cabezal para introducirlo al vehículo rojo, mientras el otro sujeto se llevaba el cabezal; varias horas más tarde dejaron al señor O. abandonado en la montaña del Merendón. SEGUNDO: Ese mismo día, siendo aproximadamente las once con cincuenta y nueve minutos de la noche, Agentes de la Policía Nacional Preventiva de la Colonia Rivera Hernández, observaron que un taxi y el cabezal antes descrito circulaban por la Colonia Seis de Mayo por lo que le dieron persecución hasta que sus ocupantes lo dejaron abandonado frente a un billar, a inmediaciones de la Colonia Planeta, bajándose de su interior el señor J. R. D. y G. E. A., quienes abordaron el taxi que era conducido por el señor R. A. C.”. Del contenido del hecho probado que antecede se desprende que el precepto penal sustantivo que se ha infringido por falta de aplicación es el articulo 218-D del Código Penal el cual textualmente dice: “Artículo 218-D: Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado…” Como se puede apreciar del cuadro fáctico, el Tribunal sentenciador deja claramente establecido que los señores G. E. A., J. R. D. C. eran las personas que conducían el cabezal marca Kenworth que horas antes fue robado al señor M. E. O., hecho que fue denunciado a los agentes de policía, y que, horas más tarde fue observado por la Colonia Rivera Hernández de aquella ciudad por individuos (imputados), que al ser perseguidos por la policía se bajaron del mismo, abordando el taxi que conducía R. A. C., hechos estos que ineludiblemente se subsumen en el tipo penal establecido en el articulo 218-D en la parte conducente y supra referida, el cual al no ser sancionado por el Tribunal, ha incurrido en la infracción del mismo por falta de aplicación. Obsérvese que el Sentenciador ha establecido la forma en la cual el Señor O. fue despojado del automotor objeto del proceso, plasmándose en ella el uso de la violencia e intimidación que se desplegó para privar al señor O. del vehículo; construyéndose así la plataforma que es de importancia para determinar la concurrencia del artículo 218-D, es decir que el vehículo constituía producto de un robo implícito, y, siendo que los imputados fueron descubiertos en posesión de ese vehículo que anteriormente habían adquirido. Otro aspecto que concurre en el hecho enjuiciado es el ánimo de ocultar el vehículo que tenían los procesados al extremo de que hasta que la policía les da persecución es cuando prefieren dejarlo abandonado; concurriendo así todos los extremos del tipo penal aludido. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal a los imputados G. E. A., J. R. D. C. y R. A. C. ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 218-D del Código Penal”. IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTOS DE CORTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II.- El Ministerio Público expone que en el presente proceso concluyo que los hechos se califican como robo calificado de conformidad con el Artículo 218-D del Código Penal, misma que no es aceptada por el Tribunal de Sentencia por considerar que no era posible variar la calificación hecha en la audiencia de formalización de cargos, aun cuando la calificación jurídica no implica variación de los hechos y aun a pesar que el Principio de Congruencia es en relación a los hechos y no en relación a la calificación jurídica que se haga de los mismos. III.- El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al merito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada pueda conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver Sentencia de fecha veinte días del mes de junio de dos mil doce en expediente 308-2009 y de fecha dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que:
- El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 1. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta. Ahora bien, COMO REGLA GENERAL el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- COMO EXCEPCIÓN el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio y con la ampliación de la acusación, en los casos siguientes: 1).- Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; Es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal). En caso de que la acusación no supere el examen del Juez de la etapa intermedia, éste dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; En caso de una afectación parcial (sea porque se dicto sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio.- 2).- Ampliación de la Acusación: Determina el Artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: a. Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y b. Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del Artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a. La corrección de errores materiales; b. La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y c. La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. La sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate, en caso de que ésta se ajuste a lo dispuesto en el artículo 321 del Código Procesal Penal. IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO..- La Sala de lo Penal ha examinado la sentencia de mérito y ha concluido que el Tribunal de Sentencia invoco incorrectamente el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia como valladar para evaluar si los hechos declarados probados se ajustaban al tipo penal invocado por el Ministerio Público en la etapa de conclusiones del debate. Señalaron los Juzgadores en la Fundamentación Jurídica de su Sentencia que el Ministerio Público califico los hechos como delito contentivo en el Artículo 218-D del Código Penal, el que no es homogéneo con el delito de Robo de Vehículo que inicialmente formalizo el ente acusador estatal (F. 209 v.), añadiendo que además que el delito señalado en las conclusiones es más grave que el imputado inicialmente (F. 210) y por ello, conforme al Principio de Congruencia, no es posible su aplicación en el presente caso.- Adicionalmente consideraron los Juzgadores que de aplicar el Artículo 218-D del Código Penal se estaría transgrediendo el Principio de la No Reforma en Perjuicio, por recoger un delito con una pena más gravosa y el Principio de Imparcialidad Judicial que consecuentemente manda que los órganos juzgadores no tendrá iniciativa para imponer ex officio una pena que exceda la gravedad, naturaleza o cuantía que la solicitada por la acusación. La Sala de lo Penal no podría estar en más desacuerdo con lo expuesto por los Juzgadores en su sentencia: En primer término el Principio de la No Reforma Peyorativa, contenido en el Artículo 350 del Código Procesal Penal es un límite en el ejercicio jurisdiccional penal impuesto para los Juzgados y Tribunales que actúen como Segunda o Única Instancia, sin que tenga relación alguna con el ejercicio de la jurisdicción en la primera instancia; En Segundo Termino el Principio de Imparcialidad Judicial, reglado en el Artículo 7 del Código Procesal Penal, implica la obligación de los Juzgadores de ostentar una posición neutral respecto a los intereses debatidos, más no implica silencio en cuanto a éstos, por el contrario el ejercicio de la jurisdicción obliga a los Juzgadores a aplicar la Ley Sustantiva a los hechos concretos probados al final de un proceso judicial en el que se ha respetado todas las garantías constitucionales. Subraya la Sala de lo Penal que los Jueces y Juezas de Sentencia en el momento de la deliberación, deberán de proceder a examinar los medios de prueba, valorándolos tanto individualmente como conjuntamente, ello dará paso a establecer los Hechos Probados y una vez fijados éstos, el Tribunal de Sentencia, abanderados con el Principio de Iuria Novit Curia, establecerá si estos hechos se subsumen en alguna de las conductas tipificadas como delito en el universo del sistema legal penal hondureño, luego de lo cual establecerá: a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos declarados probados, tiene identidad con el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación, o en su caso, ampliación de ésta, lo declarara así, procediendo a su aplicación al caso concreto.- En este caso no existe conflicto con el Principio de Congruencia; b. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de la misma naturaleza pero más menos grave que el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación (Ejemplo: Concurrencia de Lesiones Leves en un proceso penal sustentado en una acusación por Homicidio Tentado), en observancia de los Principios de Legalidad y Culpabilidad, aplicara al caso concreto la norma penal que concurra conforme a los hechos declarados probados.- Al igual que en el caso anterior no existe aquí conflicto con el Principio de Congruencia, por cuanto el delito por el cual se hace el pronunciamiento condenatorio es de carácter homogéneo con que es el objeto de la acusación, derivado de los hechos intimados y debatidos (Elemento Objetivo) e imputado a las mismas personas (Elemento Subjetivo); a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de la misma naturaleza pero más grave que el que sirvió de sustento en la formalización de la acusación (Ejemplo: Concurrencia de un Asesinato en un proceso penal sustentado en una acusación por Homicidio), lo declarara así, más por mandato del Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, aplicara la norma sustantiva que motivo la acusación, siempre que se observen los postulados del Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A numeral 2 del Código Penal), mismos que son: i El Tipo Penal Subsidiario (Objeto de la acusación) contenga elementos generales del tipo penal Especial (Concurrente a criterio de los Juzgadores) ; ii. El Tipo Penal Subsidiario, proteja un mismo bien jurídico que el Tipo Penal Especial; iii. El Tipo Penal Subsidiario tenga señalada una pena menos grave que el Tipo Penal Especial; En este caso existe conflicto entre el delito que conforme al criterio de los Juzgadores concurre con el delito que sustento la acusación, por lo que aun derivándose de los mismos hechos debatidos y aun cuando se trate de las mismas personas acusadas, corresponderá pronunciarse respecto al delito fijado por el acusador en la formalización de cargos por ser éste el menos grave en respeto del Principio Acusatorio. a. Si el delito que a criterio de los Juzgadores concurre, conforme los hechos probados, es de distinta naturaleza al que sustento la acusación, la norma sustantiva penal a aplicar dependerá del cumplimiento o no de los elementos objetivos y subjetivos del Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, así por ejemplo: i. Si el delito concurrente tiene una pena menos grave que el delito señalado en la acusación, (Ejemplo: Concurrencia de un delito de Allanamiento de Morada en un proceso penal sustentado en una acusación por el delito de Robo), el Tribunal de Sentencia aplicara la norma sustantiva que se ajuste a los hechos declarados probados, siempre que no implique la incorporación de otros hechos distintos a los contenidos en la acusación (Elemento Objetivo del Principio de Congruencia) y que se trate de las mismas personas acusadas (Elemento Subjetivo del Principio de Congruencia); ii. Si el delito concurrente tiene una pena más grave que el delito señalado en la acusación, (Ejemplo: Concurrencia de un delito de Falsificación de Documentos Públicos en un proceso penal sustentado en una acusación por el delito de Bigamia), el Tribunal de Sentencia podrá declararlo así, más aun cuando se trate de los mismos acusados (Elemento Subjetivo), por ser delitos de distinta naturaleza, se deberá de dictar sentencia absolutoria a favor de las personas acusadas conforme al Principio de Congruencia; y a. Cuando a criterio del Tribunal de Sentencia concurre el delito por el cual el acusador formalizo cargos, pero además de los hechos probados se desprende la existencia de otro delito distinto que no fue incluido en aquella, los Juzgadores podrán advertir en su sentencia ésta circunstancia, pero no podrán hacer declaratoria de culpabilidad por el segundo delito no imputado por respeto al Principio de Defensa y del Principio de Congruencia. Retornando al caso de exámine, el Tribunal de Casación declara que los Juzgadores indebidamente se limitaron a evaluar si en los hechos declarados probados se apreciaba la existencia del delito contenido en el Artículo 218-D del Código Penal, invocando erróneamente el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia; La Sala de lo Penal señala que no existe compromiso del principio señalado debido a que el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito se deriva de los mismos hechos que conformaron la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (F.
- del que son responsables las mismas personas acusadas, por lo que no existe violación al Principio de Defensa, y además la pena señalada no rebasa la expectativa punitiva que el Ministerio Público fijó en la acusación, por lo que tampoco existe violación al Principio de Acusación. En procedente declarar Sin Lugar el recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, más habiendo igualmente un recurso de Casación por Infracción de Ley y siendo los efectos de éste recurso preferentes al de Quebrantamiento de Forma, esta Sala de lo Penal señala que en el presente caso se estará a lo que se resuelva en el recurso de fondo en preferencia al recurso de forma. V.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA SUSTANTIVA INOBSERVADA: ARTÍCULO 218-D DEL CÓDIGO PENAL.- I.- Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- Expone el Ministerio Público que del contenido del hecho declarado probado denota identidad en el supuesto contenido en el artículo 218-D del Código Penal que contiene el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, del que resulta ser responsables los acusados G. E. A. y J. R.o D. C.. III.- Resolviendo lo planteado por el Ministerio Público, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia.- Es importante señalar que el legislador, mediante Decreto número 125-2003, de fecha 27 de agosto del 2003, incluyo seis tipos penales en el Capítulo I del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, entre ellos el delito de Ocultación o Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, contenido en el artículo 218-D y que es una calificación agravante al tipo penal contenido en el artículo 388.3 del Código Penal, ergo el delito de Ocultación o Receptación de Vehículos de origen Ilícito fue erróneamente agregado por el legislador en el Titulo que Protege el Bien Jurídico “La Propiedad”, siendo el lugar correcto, conforme al esquema del Código Penal, el Capitulo XII del Título XIII, que corresponde a los delitos que protegen la Administración Pública, que es el bien jurídico que justifica la existencia del tipo penal en mención.- Establece el artículo 218-D del Código Penal que “Será sancionado con pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.”, que pretende castigar todos aquellos actos tendientes a perpetuar la ilicitud cometida por el autor del delito precedente, haciendo más difícil llegar a aprovecharse del objeto del delito original.- Son elementos objetivos del tipo Penal: 1. Sujeto Activo: El delito puede ser realizado por cualquier persona, sin que requiera calificación especial, pero deberá de ser una persona distinta a la que cometió el robo o hurto del vehículo; 2. Sujeto Pasivo: Conforme al bien jurídico protegido, el sujeto pasivo es el Estado de Honduras; 1. Verbos Rectores: Son tres los verbos rectores del tipo penal: a. Ocultar un Vehículo Robado, Hurtado o Abandonado, lo que constituye el favorecimiento real del delito, por cuanto la acción de ocultar no es más que el esfuerzo de imposibilitar a los operadores de justicia poder localizar el objeto del delito (Vehículo robado o hurtado), reinvindicar sus efectos perniciosos e incluso capturar a los responsables; b. Transferir el Vehículo robado, hurtado o abandonado, que implica traspasar (transferir) a un tercero la propiedad, la posesión o el uso y goce del vehículo automotor, independientemente que se obtenga o no algún tipo de beneficio (Con o sin ánimo de lucro); Generalmente esta conducta tiene por objeto el blanqueo del bien mueble, es decir el trafico de la propiedad simulando una procedencia lícita donde el tercero que adquiere desconoce el verdadero origen del bien, mas también puede ocurrir que dicho tercero conozca el origen ilícito, con lo cual igualmente concurriría el delito, donde el que transfiere y el que adquiere se convertirían ambos en sujetos activos; c. Adquirir el Vehículo robado, hurtado o abandonado, que no es otra cosa que la Receptación de Vehículos con Procedencia Ilícita, en donde el adquirente, conociendo que el vehículo procede de un robo o un hurto, lo hace suyo, aprovechándose de él mediante su uso. Son elementos Subjetivos del tipo Penal El tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que sepa que el vehículo es el producto de un robo o un hurto, siendo indiferente que esté enterado de la fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona perjudicada, y que además quiera ocultar, transferir o adquirir el mismo; Es muy importante subrayar que en el caso de las conductas de “ocultar” o “transferir” no se requiera ánimo de lucro como integrante del elemento volitivo del dolo, en cambio en la conducta de “adquirir” si se requerirá ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con la acción. Son Características del tipo Penal: 1. Según su Estructura: a. Tipo Penal Especial, por contener los elementos básicos del tipo penal general del artículo 388.3 del Código Penal aumentando la pena en virtud del objeto material del delito: Vehículos Automotores; b. Tipo Penal Compuesto: En virtud de que describe tres modelos de comportamientos a partir de sus tres verbos rectores, cada uno de ellos conformando una descripción típica distinta; 1. Según su Contenido: a. De Mera Actividad: Por no requerir resultado alguno, es indiferente entonces que el ocultamiento del vehículo haya sido efectivo o que al haberlo transferido se haya podido disimular su procedencia o que al haber adquirido el vehículo se haya o no obtenido un provecho; b. Tipo Penal de Consumación Permanente: Atinente solo al verbo rector de “Ocultar”, debido a que dicha conducta se renueva de manera continua mientras la acción se esté ejecutando; c. Tipo Penal de Consumación Instantánea: Referente a los verbos rectores “transferir” y “adquirir”, por ser supuestos de hecho cuya realización se agota en un solo momento; d. Tipo Penal de Comisión o Acción: Los tres verbos rectores describen conductas de carácter comisivo; e. Tipo Penal Cerrado: El tipo penal determina con precisión los tres supuestos de hecho que le configuran, de tal manera que las conductas prohibidas se desprenden con claridad en la norma; 1. Según el Sujeto Activo: a. Tipo Penal Unisubjetivo: Debido a que las conductas descritas pueden ser ejecutadas por una sola persona; b. Tipo Penal Común: El Sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad especial; 1. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Mono ofensivo: En vista que protege un bien jurídico determinado, tal cual es la Administración Pública, la que para efectos penales y en un sentido lato, debe de entenderse como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho, siendo una de esas actividades la efectiva investigación, persecución y castigo de todos los delitos que corresponda al Estado de Honduras conocer y resolver; b. Tipo Penal de Amenaza: Al requerirse para su consumación la puesta en peligro del bien jurídico protegido. IV.- De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso es de Recibo: Es el parecer de esta Sala de lo Penal que el ámbito situacional que prevé el supuesto descrito en el Artículo 218-D del Código Penal y que contiene el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, es observado en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia y del que deben responder como coautores responsables los acusados J. R. D. y G. E. A., responsabilidad que no se extiende al Señor R. A. C. El Primer hecho probado describe como el Señor M. E. O., fue despojado de un vehículo cabezal marca Kenworth, color rojo, placa AAB-9780, portando una cisterna con placa RA-2040, cuando el 29 de Julio del 2008, se conducía en las inmediaciones del Semaforo del Zip San José en la Ciudad de San Pedro Sula, acción que realizaron dos personas de identidad desconocida quienes le amenazaron con armas de fuego, conduciéndolo hasta la montaña de El Merendón, donde le abandonaron, llevándose las personas desconocidas el automotor.- Este hecho probado da cuenta de un delito de Robo de Vehículos. El Segundo hecho probado nos indica que ese mismo día, casi ocho horas después del robo del vehículo, los acusados J. R. D. y G. E. A., se conducían a bordo del vehículo cabezal marca Kenworth, color rojo, placa AAB-9780, portando una cisterna con placa RA-2040, por la Colonia Seis de Mayo, siendo vistos por la Policía Preventiva quienes les dieron persecución, como consecuencia los acusados mencionados deciden dejar abandonado el vehículo, bajándose de él para abordar un taxi que era conducido por el acusado R. A. C. Este hecho probado determina que los acusados J. R. D. y G. E. A., se conducían en un vehículo que apenas ocho horas antes había sido robado, circulando a media noche y al verse perseguidos por la autoridad policial, consientes del origen del vehículo, deciden no solo dejarlo abandonado, sino que intentar darse a la fuga abordando un taxi.- Es claro entonces que los acusados J. R. D. y G. E. A., habían adquirido y estaban usando un vehículo de origen ilícito con pleno conocimiento de ello. En cuanto al acusado R. A. C., conforme al segundo hecho, éste tuvo como única participación el hecho de conducir el taxi que abordaron los Señores J. R. D. y G. E. A., sin que se señale que conformaban un mismo grupo, por lo que no se desprende del factum responsabilidad penal alguna imputable al acusado mencionado. Esta consideración de la Sala de lo Penal no riñe con el Principio de Congruencia entre acusación y sentencia por cuanto los hechos imputados por el Ministerio Público en la audiencia Preliminar (F. 119) son los que fueron declarados probados por los Juzgadores y éstos sirven de sustento para la aplicación del artículo 218-D del Código Penal; Igualmente esta consideración no riñe con el Principio de No Reforma Peyorativa (Art. 350 CPP), ya que en primer término es el Ministerio Público quien interpone el recurso de Casación y en segundo término el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito (Art. 218-D CP) tiene aparejada una sanción penal menor a la que se prevé para el delito de Robo de Vehículos (Art. 218 párrafo segundo del CP). V.- Fundamentación Jurídica del Pronunciamiento Condenatorio. 1).- Establece el Artículo 13 del Código Penal que los delitos pueden ser realizados por acción o por omisión y necesariamente deben de ser dolosos o culposos. En los delitos de comisión dolosa, la norma pena es prohibitiva, en cambio en los de omisión dolosa, las normas son de carácter imperativo. Así pues es claro que el derecho penal no solo contiene normas prohibitivas, sino también imperativas, es decir que ordenan acciones cuya omisión puede producir resultados que atenten en contra de los bienes jurídicos protegidos. Los hechos declarados probados son constitutivos de acción, mismos que fueron realizados por los acusados J. R. D. y G. E. A., y que provocaron un cambio en el mundo exterior como consecuencia de un acto revestido de voluntad desplegado por ella. 2).- En el presente caso los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia se encuadran en el tipo penal del artículo 218-D del Código Penal que contiene el delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, en perjuicio de la Administración Público, norma penal sustantiva que es aplicable aun cuando la formalización de cargos fue hecha por el Ministerio Público por el delito de Robo de Vehículos, por no ser contraria al Principio de Congruencia entre acusación y sentencia, tal y como se ha explicado líneas atrás. 3).- Establece el Código Penal que el delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal y tentado cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. El fáctum fijado el A-quo reportan un hecho consumado, al encuadrarse en el tipo penal 218-D del Código Penal, observándose tanto elementos objetivos como subjetivos, tal y como se ha analizado previamente. 4).- Siguiendo con el examen judicial y habiéndose verificado la existencia de la tipicidad en el presente caso, el paso a seguir es determinar si los hechos pugnan o contradicen el ordenamiento jurídico en su conjunto y si lesionan o amenazan el bien jurídico que tutela la norma penal: La antijuricidad se constituye así como un juicio negativo de valor. El derecho no castiga la simple y pura desobediencia a la norma en si misma considerada, sino que la sanciona si, además, atenta contra el bien jurídico que titula la norma; bien jurídico que sirve de límite punitivo del Estado, tal y como lo señala el artículo 2-C del Código Penal. Para esta Sala de lo Penal está claro que la conducta desplegada por los acusados J. R. D. y G. E. A., es contraria al artículo 218-D del Código Penal denominado delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, por lo que se observa una antijuricidad objetiva o formal; ello obliga a extender el examen a la antijuricidad subjetiva o material y para ello definir el bien jurídico que protege la norma. El delito de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, castiga el peligro concreto al bien jurídico administración pública, lesionada en este caso cuando los acusados adquirieron y procedieron a hacer uso un vehículo de origen ilícito, aprovechándose de éste y volviendo productivo el delito previamente cometido (Robo de Vehículos) y con ello incentivando que los perpetradores sigan en su actuar antijurídico. 5).- Al tenor de lo dicho en el apartado anterior, del citado delito resulta ser responsable en concepto de co-autores los acusados J. R. D. y G. E. A., por su participación directa, voluntaria y material en los hechos declarados probados por el A-quo, por cuanto, en un mismo tiempo y lugar, los acusados se encontraban aprovechando un vehículo del que sabían que su origen era de carácter ilícito, teniendo de manera conjunta y en todo momento el dominio del hecho; todo lo anterior conforme lo dispone el Artículo 32 del Código Penal. 6).- Existe culpabilidad cuando el sujeto activo es imputable, tiene el conocimiento sobre la ilicitud del acto realizado y le es exigible una conducta distinta a la realizada. Se declara imputable a los acusados J. R. D. y G. E. A., ya que al momento de la ejecución del hecho, poseían la inteligencia y el discernimiento de sus actos, la libertad de su voluntad y de su libre albedrío. Igualmente los acusados, conocían que su actuar era contrario a derecho, lo que no implica un conocimiento técnico de la ley, sino el simple conocimiento de que lo que estaban realizando estaba proscrito por su ilegalidad, conocimiento que les motivo a abandonar el vehículo y a tratar de darse a la fuga cuando se vieron perseguidos por la autoridad policial.- Finalmente los acusados, al realizar la acción tenía la facultad de poder escoger entre la diversas conductas que se presentaron ante su espíritu antes de la ejecución del hecho y de determinar libremente la potencia de su voluntad hacia alguna de esas conductas, habiendo escogido la que significo una lesión a un bien jurídico protegido. En consecuencia y por todo lo anterior no existe obstáculo alguno para formularle reproche penal a la los acusados J. R. D. y G. E. A., como deber jurídico de dar cuenta de la acción que realizaron y sufrir las consecuencias jurídicas del mismo. 7).- El Fáctum fijado por el Tribunal de Sentencia que son reprochados a los acusados J. R. D. y G. E. A., encuadra en el tipo penal de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, contenido en el artículo 218-D del Código Penal, mismo que señala una pena principal abstracta de nueve (09) a doce (12) años de reclusión más las penas accesorias correspondientes. 8).- El Artículo 69 del Código Penal establece que el Tribunal que emita sentencia condenatoria determinara la pena aplicable al indiciado, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada uno de los delitos a los que haya sido encontrado culpable, tomando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho, su mayor o menor peligrosidad, sus antecedentes personales y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito; Es importante señalar que en la determinación concreta de la pena, siguiendo las indicaciones de la norma citada, se debe de partir del límite mínimo de cada pena, apreciando las distintas circunstancias que puedan concurrir y las que se desprendan de la conducta asumida por el justiciable durante y posterior a los hechos en cuanto a que se vinculen con los mismos, de modo que las agravantes y la prognosis criminal (incluyendo la reincidencia y habitualidad) se consideran para aumentar la pena a partir de la base mínima para luego hacer la disminución correspondiente según concurran circunstancias atenuantes y circunstancias personales que se relacionen directamente al proceso de reeducación. Asimismo cuando se valora la peligrosidad de la persona en esta etapa del proceso, es para él solo efecto de la función política que se le asigna al derecho penal, como es la de contener el poder punitivo en los límites de la racionalidad, entonces la peligrosidad es la calidad de toda conducta que busca afectar esa función punitiva, es así que ha mayor peligrosidad es mayor la posibilidad de eliminar la capacidad de contención jurídica del derecho penal. Es criterio de la Sala de lo Penal que en el presente caso no se observan circunstancias agravantes, igualmente no se aprecian circunstancias atenuantes establecidas taxativamente en la ley o de carácter analógicas; En relación a la prognosis criminal cuyo perfil se debe de definir conforme lo indica el artículo 69, este Tribunal Ad-quem considera, a partir de los hechos declarados probados, que los acusados, una vez cumplida la pena reclusión, puedan poner en riesgo bienes jurídicos protegidos por lo que se les considera persona no peligrosas en los términos señalados líneas atrás; Por lo expresado el Tribunal es de la consideración que debe de ser condenados los Señores J. R. D. y G. E. A., a la pena principal en su extremo abstracto mínimo, siendo la pena de reclusión de nueve años de reclusión, a la que le deben de acompañar las penas accesorias correspondientes. 9).- Establece el Artículo 40 del Código Penal que las penas de reclusión impuestas por los diferentes delitos contemplados en ese cuerpo legal o en las leyes especiales, que excedieren de tres años de duración, deberán de ser cumplidas en las Penitenciarias Nacionales y las que no excedieren de dicho termino podrán ser cumplidas en las cárceles departamentales o seccionales, sin perjuicio de que se evalué la necesidad de traslados de una a otro tipo de institución penitenciarias por razones de seguridad o de reordenamiento interior, tal y como lo prevé el artículo 40 del ya citado Código. Considerando necesario este Tribunal la imposición de una pena de nueve años de reclusión para el delito Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, al que se ha encontrado culpable los Señores J. R. D. y G. E. A., se ordena el cumplimiento de la pena en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por ser el lugar del domicilio de los acusados, ello con vistas a la reinserción social de éstos. 10).- Los Artículos 62 y 64 del Código Penal establecen que cuando se imponga pena que exceda de cinco años de reclusión, siempre deberán de ser acompañadas de las penas accesorias de inhabilitación absoluta y de interdicción civil, así como también comprende el comiso y el pago de costas en los casos en que sea aplicable. En tal sentido es procedente en el presente caso: a. La Inhabilitación Absoluta, como lo explica el artículo 48 del Código Penal, se entiende para cargos públicos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales titulares durante el tiempo de la condena de reclusión; es decir que ninguna actuación dirigida a ellas podrá ser llevada a cabo por los Señores J. R. D. y G. E. A., durante el tiempo que dure su condena; b. La interdicción civil, tal y como lo explica el artículo 54 de la normativa penal vigente, consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, aunque los interdictos podrán disponer de los propios por testamento, todo ello también durante el tiempo que dure la condena de reclusión; c. El comiso, según el artículo 55 del referido ordenamiento penal, consiste en la perdida de los efectos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se ejecuten, lo cual no procede en el presente caso al no haberse declarado por el Tribunal de la Instancia elemento o instrumentos de ejecución o provenientes del delito; y d. Costas del juicio, siendo el criterio de este Tribunal, bajo la potestad del artículo 56 del Código Penal, que en el presente caso no procede su imposición a los acusados, por haber litigado en defensa de sus derechos subjetivos. 11).- Reza el Artículo 39 del Código Penal que la pena de reclusión sujeta al reo a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, conforme a las regulaciones de la ley que regla el sistema Penitenciario. Al respecto el Artículo 75 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional indica que el trabajo es un derecho y un deber de la persona humana, y en consecuencia, la persona interna bajo condena tiene derecho al trabajo que debe tener como objetivo la preparación del interno en la vida ciudadana, por ello éste deberá de ser asignado atendiendo los deseos, vocación, aptitudes y capacidad laboral del privado de libertad, en correspondencia con la capacidad de la institución, conforme lo prevé el Artículo 79 de la Ley citada, lo que debe de ir en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. 12).- Ordena el Artículo 105 del Código Penal que quien incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, también podrá serlo civilmente; comprendiendo esta responsabilidad civil cuatro aspectos que se mencionan en el artículo 107 del mismo cuerpo legal, mismos que son: a. La restitución, consiste en la reintegración del estado de las cosas existentes en la misma condición en que se encontraban antes de la infracción. La misma deberá de hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, cuando no lo sea se procederá a la reparación de los daños materiales; b. La reparación de los daños materiales, que comprenden el menoscabo de índole patrimonial derivado de la pérdida sufrida por el valor de la cosa sobre la cual recae la infracción o del pago de los daños causados a ésta, determinado por perito idóneo. (Daño emergente). Se hará mediante la indemnización pecuniaria, que se fijara valorando la entidad de todos los daños patrimoniales causados con la acción u omisión punible, atendiendo el precio de la cosa, y siempre que fuere posible, el valor de la afección que haya tenido para el agraviado, y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución; c. La Reparación del daño moral, constituido por el sufrimiento de carácter psíquico padecido por el perjudicado, los que pueden ser de índole subjetivo (dolor, aflicción, angustia, perturbación del ánimo) y de índole objetivo (menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del traumatismo psíquico causado por el hecho punible); y, d. La indemnización de perjuicios, que comprende tanto el lucro cesante causado a la o las víctimas, entendiéndose como víctima conforme al concepto proporcionado por la norma sustantiva, así como los gastos que hubiese irrogado por razón del delito por parte de éste, de su familia o de un tercero. La responsabilidad civil derivada del delito cometido por los acusados deberá de ser exigida por la víctima, considerándose victimas las comprendidas en el Artículo 17 del Código Procesal Penal, que en este caso es el Estado de Honduras representado a través de la Procuraduría General de la República, y cuantificada en la etapa de ejecución de la presente sentencia, ante el Señor Juzgado de Ejecución competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, tal como lo establece el Artículo 432 del Código Procesal Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la Sentencia Absolutoria de fecha veintiocho (28) de Enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. SEGUNDO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Motivo Único, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la Sentencia Absolutoria de fecha veintiocho (28) de Enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a favor de los acusados J. R. D. y G. E. A. En consecuencia: 1. Se debe condenar y se condena a los Señores J. R. D. y G. E. A., como co-autores penalmente responsables de un delito consumado de Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, imponiéndoseles una pena principal de NUEVE (09) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiendo cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, sin perjuicio de que sea trasladada a otros establecimientos penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad; 2. Se debe condenar y se condena a los Señores J. R. D. y G. E. A., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Señor(a) Juez(a) de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; 3. Se debe condenar y se condena a los Señores J. R. D. y G. E. A., como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas y en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, conforme lo establece la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 4. Declarar la responsabilidad civil de los condenados J. R. D. y G. E. A., consistente en la indemnización de perjuicios, que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia; y 5. Declarar la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- TERCERO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia de fecha veintiocho (28) de Enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la Sentencia absolutoria dictada a favor del acusado R. A. C. S., por suponerlo responsable del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio la Administración Pública del Estado de Honduras. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZÙNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-251-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL