Sentencia CP-25-12 — Registro 4158
Resumen
Se condenó en primer instancia por los delitos de robo y tentativa de homicidio y se resolvió en segunda instancia Ha Lugar parcialmente el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO D. DE J. T. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE LA SEÑORA A. M. C., HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 15 DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que no fue probado en juicio que el acusado D. DE J. T. G., intentó cometer delito de homicidio contra la ofendida A. M. C. Reprocha que en el presente caso no se cumplen los requisitos de una tentativa, por estimar que el acusado no realizó actos inequívocos de ejecución con la finalidad de causar la muerte, ni intentó asaltar a dicha señora, tampoco se cumple el requisito consistente en que el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, por estimar que nadie detuvo al acusado para no causar la muerte de la señora A. M. C. Considera que el A Quo debió condenar al encartado por un delito de lesiones culposas, tipificado en los artículos 133 y 135.3 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que al resolver el motivo por infracción de ley formulado por la Representación del Ministerio Público ha explicado cuales son las razones para considerar, que efectivamente, no se le pueden atribuir al imputado D. DE J. T. G., los delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de las señoras A. M. C. y A. C. sino que dos delitos dolosos de lesiones graves tipificados en el artículo 135 No. 3) del Código Penal, de ahí que el Censor ha de estarse a lo expuesto con anterioridad. En este sentido es procedente declarar parcialmente con lugar el presente motivo en los términos señalados..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su condición de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor D. DE J. T. G. como autor de los delitos de: a) ROBO en perjuicio de L. P. V. a la pena principal de CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; b) HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de las señoras A. M. C. y A. C. a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada R. L. C. en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público y el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado J. E. N. V., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado D. DE J. T. G..- SON PARTES: El Abogado A. A. G., Defensor Público del acusado D. DE J. T. G., como parte recurrente/recurrida; y la Abogada K. M., también como parte recurrente/recurrida, en representación del Ministerio Público. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional son admisibles, en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- “HECHOS PROBADOS: PRIMERO: El día domingo veintiuno de noviembre del año dos mil diez, siendo aproximadamente las once de la mañana, se trasladaba la señora L. P. V. en el interior del bus de la ruta urbana Carrizal La Sosa, cuando el señor D. de J. T. G., se le acercó y la despoja de su celular marca nokia, color gris con negro. SEGUNDO: Las Señoras Á. M. C. y A. C. quienes iban en el mismo bus, sentadas cerca de la Señora L., al ver lo que estaba haciéndole el Señor D. de J. T. G., se levantan y se aproximan a la puerta de salida frontal del bus, el señor D. de J. T. G., las sigue y una vez que las alcanza las empuja al vacío estando el bus en marcha e impactan en el pavimento, recibiendo de inmediato asistencia médica, lo cual les salva la vida”. III.- La Recurrente, Abogada R. L. C., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. 1. POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO UNICO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 36, en relación con los artículos 15 y 116 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida; es decir, se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados en la sentencia. La fundamentación fáctica se entiende como el conjunto de requisitos mínimos que concurren a perfilar un plano histórico un cierto acaecer que encuentra dentro de sí, los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa. Esta narración fáctica debe hacerla el juez con base en la prueba validamente incorporada y evacuada en el juicio, con suma claridad precisión y coherencia. Al estar impetrándose esta vía impugnativa, tomando en consideración que la misma tiene como substratum el contenido del cuadro fáctico se considera necesario la transcripción de los hechos estimados y declarados como probados, lo cual se efectúa a continuación: “PRIMERO: El día domingo veintiuno de noviembre del año dos mil diez, siendo aproximadamente las once de la mañana, se trasladaba la Señora L. P. V. en el interior del bus de la ruta urbana Carrizal La Sosa, cuando el Señor D. de J. T. G., se le acercó y la despoja de su celular marca nokia, color gris con negro. SEGUNDO: Las Señoras Á. M. C. y A. C. quienes iban en el mismo bus, sentadas cerca de la Señora L., al ver lo que estaba haciéndole el Señor D. de J. T. G., se levantan y se aproximan a la puerta de salida frontal del bus, el Señor D. de J. T. G., las sigue y una vez que las alcanza las empuja al vacío estando el bus en marcha e impactan en el pavimento, recibiendo de inmediato asistencia médica, lo cual les salva la vida.” Del contenido del hecho probado que antecede se desprende que el precepto penal sustantivo que se ha infringido por falta de aplicación es el articulo 36 del Código Penal el cual textualmente dice: “Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte.” El Tribunal establece en el numeral primero de la Fundamentación Jurídica lo siguiente: “Los hechos que este Tribunal de Sentencia ha declarado probados, en los cuales el imputado D. de J. T. G., ha tenido una participación directa y personal, son típicamente constitutivos de los delitos de ROBO en perjuicio de L. P. V. Y H. EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de las señoras A. M. C. Y A. C., según lo prescrito en los artículos 217, 218 y 116 este último, relacionado con el artículo 15 de la norma penal vigente; los cuales pueden conceptuarse como delitos de resultado, por cuanto lesionan y perjudican bienes jurídicos altamente protegidos por nuestro ordenamiento como lo es la propiedad y la vida misma; sin concurrir en el último de dichos delitos circunstancias agravantes de las señaladas en el artículo penal subsiguiente para tipificar el asesinato.” Como se puede apreciar del cuadro fáctico, el Tribunal sentenciador deja claramente establecido que las señoras A. M. C. y A. C., cuando se transportaban en un bus urbano ruta Carrizal La Sosa, al ver que el encausado estaba despojando de su celular a la persona que iba a la par de ellas, éstas se levantan y se dirigen a la puerta del bus, y estando el mismo en marcha, se dirige hacia ellas y las alcanza para luego empujarlas al vacío, por lo que se extrae del fáctum. A pesar de ello el Juzgador no aplicó la pena correspondiente al concurso ideal, estableciendo en la parte final del numeral tercero del apartado de la fundamentación jurídica: “…El Tribunal aprecia que en este caso se constituyen dos tentativas de homicidio; sin embargo, al no haber sido discutida la forma en como se ejecutó, si fueron un solo acto o en actos separados.- En relación a lo antes indicado, el Ministerio Público, no individualizó por cada una de las Tentativas, la acción ejecutada, por lo que este Tribunal entraría a una discusión dogmática jurídica, si el hecho constituye un concurso ideal propio para individualizar la pena o no, en consecuencia este Tribunal decide imponer la pena por una de las tentativas.” Sin embargo el mismo sentenciador en el numeral octavo del apartado de la fundamentación jurídica, expuso: “En la Audiencia de Determinación de la Pena celebrada en la Sala seis de Juicios Orales de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de agosto del 2011, el Ministerio Público compareció presenta como medio de prueba la Constancia de antecedentes del acusado y solicita se le impongan al imputado la pena concreta de la siguiente manera: En el caso de ROBO en perjuicio de L. P. V. pide una pena de SEIS (6) Años de reclusión. En el caso de HOMICIDIO en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Á. M. C. y A. C., pide una pena de DOCE (12) años de reclusión por cada una de las ofendidas,…”, por lo que el tribunal de sentencia al tener como verdad intangible que el imputado empujó a las ofendidas al vacío, debió aplicar la pena para el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa aumentada en una cuarta parte, por tratarse de un concurso ideal, al resultar evidente que el imputado realizó una sola acción para perpetrar dicho ilícito. Es evidente que las razones esgrimidas por el Juzgador sobre dicho aspecto son contrarias a las facultades que le han sido delegadas por ley como ser la de Juzgar aplicando la ley al caso concreto, y en el caso subjudice, tal como se expuso en el párrafo anterior, el Agente Fiscal solicitó una pena por cada una de las ofendidas en la audiencia de determinación de la pena; sin embargo, al deducirse claramente del fáctum que el imputado realizó una sola acción, debió gravar la pena de acuerdo a lo que estipula el artículo 36 del texto legal supramencionado. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado al imputado D. de J. T. G., a la pena de diez (10) años de reclusión por la comisión del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Á. M. C. y Amalia Cubas, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 36 del Código Penal. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 36, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 15 Y 116 DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que del relato fáctico se desprende que cuando las señoras A. M. C. y A. C., se transportaban en un bus urbano que cubre la ruta Carrizal-La Sosa, y ver que el encausado D. DE J. T. G. estaba despojando de su celular a la persona que iba a la par de ellas, éstas se levantan y se dirigen a la puerta del bus, y estando el mismo en marcha, el procesado se dirige hacia ellas y las alcanza para luego empujarlas al vacío. Reprocha que a pesar de lo anterior el Juzgador no aplica la pena correspondiente al CONCURSO IDEAL. Considera que teniendo como una verdad intangible que el imputado empujó a las ofendidas al vacío, debió aplicar la pena para el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa aumentada en una cuarta parte, por tratarse de un concurso ideal, al resultar evidente que el imputado realizó una sola acción para perpetrar dichos ilícitos. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala constata, que el recurrente funda su reproche recursivo en que el Tribunal de instancia debió condenar al imputado D. DE J. T. G., por el delito de homicidio en grado de ejecución de tentativa en concurso ideal, en virtud de haberse declarado probado que el acusado persiguió y empujo al vacío a las señoras Á. M. C. y A. C., y que ambas a consecuencia del accionar del acusado, cayeron al pavimento. Estima el recurrente, que el A Quo no debió condenar al acusado solo a la pena de diez años de reclusión por un delito de Homicidio en grado de Tentativa, sino a la pena de doce años de reclusión, en virtud de la concurrencia de un concurso ideal de delitos al tenor de lo previsto en el artículo 36 del código Penal vigente donde se establece que:“ Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte”. Esta Sala considera oportuno recordar que conforme al principio de correlación entre acusación y sentencia que regula el artículo 337 del Código Procesal Penal, el Juzgador podrá calificar los hechos objeto de la acusación de manera más favorable a la sostenida por el Ministerio Público. Un examen detenido de los hechos probados no revela que se haya establecido el grado de velocidad alcanzado por el autobús al momento en que el acusado empujó a las víctimas cuando estas se aproximaban a la puerta de salida frontal de dicho autotomor, de ahí que si bien se infiere que el encartado D. DE J. T. G. actuó con dolo y no por imprudencia, negligencia o impericia, surge la duda razonable de sí lo hizo con ánimo de matar (animus necandi) o ánimo de lesionar (animus laedendi), por lo que ha de operar el principio in dubio pro reo lo cual conduce a estimar que la conducta del encausado en mención se subsume en dos delitos de LESIONES GRAVES tipificados en el artículo 135 No. 3) del Código Penal, donde se establece que será sancionado con reclusión de tres a seis años a quien inutiliza al ofendido para el trabajo por más de treinta días (vid. los dictámenes médico forenses que corren incorporados a folios No. 77 al 83). De este modo, esta Sala considera que se subsume correctamente la conducta del imputado y además se toma cuenta para efectos de pena el desvalor de la acción como del resultado lesivo en perjuicio de la integridad corporal de las dos víctimas, siendo procedente imponer una pena concreta en razón de las circunstancias concurrentes que ponen en evidencia una conducta de mediana peligrosidad del agente, de cinco años seis meses de reclusión por cada uno de los delitos de lesiones graves ejecutados por el encartado. Es así y de conformidad a los términos antes expuestos que se declara parcialmente con lugar el motivo por infracción de ley formulado por la Representación del Ministerio Público. POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL:MOTIVO PRIMERO:“Por violación de los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Las ventajas que representa el acceso a la casación por la vía del artículo 361 se traduce en una real y efectiva nueva vertiente con apertura suficiente para el control y revisión del engase constitucional en el proceso penal. En ese sentido resulta de importancia definir los valores constitucionales que no son más que aquellos valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tal por un determinado orden constitucional. Dentro de estos valores se derivan principios constitucionales que resultan ser principios generales del derecho los cuales actúan como garantías normativas de los derechos fundamentales. Del principio constitucional de legalidad deriva el principio de legalidad de los delitos y las penas, constituyendo el primero lo que se ha llamado “La carta magna del Derecho Penal”, porque es la máxima garantía normativa frente al poder represivo del Estado. Aunque tiene antecedentes medievales sólo se formula de forma expresa y en sentido actual por Anselmo Feuerbach, en el siglo XVIII, en su famosa frase “Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, lo cual supone básicamente que la acción punitiva del estado debe atenerse estrictamente a lo establecido por las leyes penales que sean anteriores a la acción delictiva, esto significa que dentro del principio de legalidad encontramos las siguientes garantías a saber:
- Garantía Criminal: que toda conducta delictiva debe estar fijada de una forma clara y precisa en la ley; 2) Garantía Penal: Que no se puede establecer por el juez una pena que no venga prefijada por una ley anterior; 3) Garantía Jurisdiccional: Que el delito y la Pena se establezcan mediante sentencia judicial; 4) Garantía de ejecución: que la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule. Por su especial relevancia en la legislación penal éste principio de legalidad de los delitos y las penas se encuentra además reconocido dentro del orden constitucional específicamente en el artículo 304 al establecer que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. Asimismo la norma precitada se encuentra estrechamente vinculada con el artículo 321 constitucional que expresa lo siguiente: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la norma constitucional y que se ve reflejada al momento de emitirse sentencia por parte del Juzgador quien en el numeral tercero del acápite de la fundamentación jurídica, expuso lo siguiente: “…El Tribunal aprecia que en este caso se constituyen dos tentativas de homicidio; sin embargo, al no haber sido discutida la forma en como se ejecutó, si fueron un solo acto o en actos separados.- En relación a lo antes indicado, el Ministerio Público, no individualizó por cada una de las Tentativas, la acción ejecutada, por lo que este Tribunal entraría a una discusión dogmática jurídica, si el hecho constituye un concurso ideal propio para individualizar la pena o no, en consecuencia este Tribunal decide imponer la pena por una de las tentativas.” En virtud de lo anterior la violación del artículo 304 de la Constitución de la República se produjo al momento que el Juzgador emite sentencia condenando al acusado a la pena de diez (10) años de reclusión por la comisión del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de las señoras Á. M. C. y A. C., por considerar que el ente acusador no especificó si el encartado realizó una o varias acciones contra las ofendidas, por lo que decide imponer la pena por una de ellas, criterio que la suscrita no comparte, pues con tal decisión violenta el principio de congruencia (artículo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal), el cual se manifiesta como la necesaria identidad entre el hecho delictivo sobre el que se dicta sentencia con el contenido de la acusación, existiendo una correlación fáctica esencial, en resguardo del derecho de defensa, es decir que el hecho que se atribuye en la acusación marca el límite de la jurisdicción del tribunal quien dictará sentencia fundamentada en el contradictorio. Y en el caso subjúdice el ente acusador del Estado desde el inicio del proceso ha venido sosteniendo que la acción reprochada al imputado fue cometida en perjuicio de las dos personas. De acuerdo al principio de congruencia contenido en el artículo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal, el Juzgador es completamente libre en las cuestiones jurídicas, es decir, tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por sí mismo, y establecer según sea el caso todos los puntos de vista jurídicos que de él se desprendan. De la misma forma se ha vulnerado el artículo 321 de la Constitución de la República produciéndose dicha violación al haberse apartado el Juzgador de los límites que le establece la ley, es decir al decidir condenar al encausado únicamente por una tentativa de homicidio, arguyendo que el Ministerio Público no individualizó por las dos tentativas, cuando de lo hechos probados, claramente se deduce que el señor D. J. T. G., empujó a las ofendidas, lo que nos indica que realizó una sola acción en perjuicio de dos personas, y además notamos que no es cierto como lo asevera el sentenciador que el Ministerio Público no especificó si se trata de concurso ideal o de varias acciones, ya que en la audiencia de determinación de pena solicitó se le impusiera al encartado una pena de doce años de reclusión para cada una de las tentativas, haciéndose patente que la pretensión del ente acusador del Estado ha sido la imposición de una pena por cada una de las tentativas, pero tal y como se ha señalado del cuadro fáctico se deduce en el caso en estudio concurre un concurso ideal, por lo tanto debió imponer la pena correspondiente aumentada en una cuarta parte, razón por la cual consideramos que el juzgador deja de cumplir con la facultad constitucional supra mencionada.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LOS ARTÍCULOS 304 Y 321 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la decisión del Tribunal de instancia de imponer al acusado imponer una sola de las penas por los dos delitos de tentativa de homicidio perpetrados, constituye una violación del Artículo 304 de la Constitución de la República donde se prevé que: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Sostiene que el vicio denunciado se produce cuando el Juzgador condena al imputado D. DE J. T. G. a la pena de diez (10) años de reclusión por la comisión del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de las señoras Á. M. C. y A. C., aduciendo que el ente acusador no especificó si el encartado realizó una o varias acciones contra las ofendidas. El Ministerio Público considera que tal decisión vulnera a su vez el principio de congruencia (artículo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal), mismo que demanda la necesaria identidad entre el hecho delictivo sobre el que se dicta sentencia con el contenido de la acusación, por considerar que desde el inicio del proceso el ente acusador sostuvo que la acción reprochada al imputado fue cometida en perjuicio de dos personas. El Censor también estima vulnerado el artículo 321 de la Constitución de la República, al tenor del cual se establece que: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, en tanto que el Juzgador de instancia condenó al encausado D. DE J. T. G. solamente por una tentativa de homicidio, aduciendo incorrectamente que el Ministerio Público no formalizó claramente la acusación por las dos tentativas, a pesar de que de los hechos probados se deduce que el acusado empujó a las dos ofendidas, por lo que el recurrente considera que el acusado realizó una sola acción en perjuicio de dos personas. Rechaza por otro lado que el Ministerio Público no haya especificado si se trata de un concurso ideal o de varias acciones, por entender que en la audiencia de determinación de pena solicitó que se le impusiera al acusado una pena de doce años de reclusión para cada una de las tentativas, lo que a su entender hace patente la pretensión del ente acusador del Estado de imponerle una pena por cada una de las tentativas, pero que del cuadro fáctico se deduce un concurso ideal, por lo que concluye que el A Quo debió imponer al acusado la pena respectiva aumentada en una cuarta parte. . Esta Sala considera pertinente recordar que esta tipología (recurso por infracción de precepto constitucional) es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante la sustanciación del procedimiento o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento efectivo del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. Esta Sala es del criterio que el Censor persigue introducir por la vía del recurso de casación por infracción de precepto constitucional la pretensión de que se aplique una pena de mayor extensión al imputado D. DE J. T. G., estimando que es responsable del delito de tentativa de homicidio en concurso ideal en perjuicio de las señoras A. M. C. y A. C., misma que ya formuló al plantear el motivo por infracción de ley y para la cual ya ha recibido la oportuna respuesta. Esta Sala es del criterio que no se desprende de los antecedentes que el Juzgador de instancia haya incumplido el precepto constitucional previsto en el artículo 303 de la Constitución pues aunque desde su particular interpretación de la ley cumplió con su deber de emitir una sentencia para la resolución de un caso concreto. Tampoco cabe entender que dicho Juzgador haya infringido el artículo 323 de la Constitución ya que con independencia de su particular interpretación de la norma, al emitir la sentencia actuó dentro de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico (vid. art. 57 del Código Procesal Penal). Por todas las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo invocado por la Representación del Ministerio Público. IV.- El Recurrente, Abogado J. E. N. V., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del Artículo 217 de código penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación es el Artículo 360 del Código Procesal Penal el cual dice lo siguiente: Casación por infracción de Ley o de Doctrina Legal. Habrá lugar al recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando, dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina Legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto. Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva, no darán lugar a la casación. CONCEPTUALIZACION DE LA INFRACCION.- Considero honorables magistrados la necesidad de contraemos al espíritu de la Ley para su debida aplicación. Honorables Magistrados: En el desarrollo del juicio manifestó la señora L. P. V., supuesta víctima del delito de robo, que mi representado le robo un celular, y para ello utilizó un puñal, pero ese puñal en ningún momento se encontró o sea que no hay evidencia sobre el mismo lo que en ningún momento se probo en la secuela del juicio porque no quedo plenamente probado que mi representado sustrajo con violencia el celular solamente esta la declaración de la supuesta víctima. Nos preguntamos entonces es necesario llevar a cabo un juicio oral y público en el que no es necesario que hayan evidencias concretas para condenar a una persona se tenían que haber realizado diligencias en la etapa preparatoria para determinar de quien era el celular si DE LA SUPUESTA VICTIMA O DEL IMPUTADO. Y en ningún momento probó el Ministerio Público que el celular pertenecía a la supuesta víctima, porque el procedimiento que se tenía que seguir no se siguió como ser de poner a la orden de la Dirección General de Investigación criminal el aparato celular y este entregarlo a su legítimo dueño pero no se hizo así, sino que el agente de policía que intervino como testigo registró a mi representado, solo le encontró un celular en sus bolsillos y le preguntó a la supuesta víctima si era de ella y esta le manifestó que si, solo eso bastó y se condenó por robo a mi representado. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO D. DE J. T. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE ROBO, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la supuesta victima del delito de Robo la señora L. P. V., declaró en juicio que el acusado D. DE J. T. G. le robó un celular y que para ello utilizó un puñal, pero alega que tal extremo no fue probado en juicio, y que el Juzgador arriba a esa conclusión basándose únicamente en la declaración de la referida señora. El recurrente argumenta que el Ministerio Público no probó que el celular perteneciera a la víctima y a la vez reprocha que al Juzgador le haya bastado escuchar la versión del Policía que detuvo al imputado en posesión del celular, y que la víctima reconoció como suyo, para condenarle por el delito de Robo. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Una lectura detenida de los hechos declarados probados revela que el imputado D. de J. T. G., despojó de su celular marca Nokia, color gris con negro a la señora L. P. V., el día de los hechos, cuando esta se conducía en un autobús que cubre la ruta urbana Carrizal La Sosa, y si bien de dicho relato no se desprende que el acusado haya utilizado un arma u otro objeto para desposeer a la señora L. P. V. del teléfono de su pertenencia, lo cierto es que ello no es óbice para subsumir su conducta en el tipo penal de Robo, en tanto que el tipo penal solo exige que el acusado haya logrado desapoderar a la victima de objetos muebles de ajena pertenencia, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Del factum del la sentencia resulta que el acusado “despojó” a la ofendida del mencionado celular, lo cual es indicador claro y contundente que el acusado, llevó a cabo su acción contra la voluntad de la ofendida[1], siendo ello suficiente para sancionarle por el delito de robo tipificado en el artículo 217 del Código Penal. Esta Sala considera que el recurrente mediante la formulación de alegatos de instancia, pretende reprochar supuestos vicios de la sentencia impugnada, recaídos en la valoración de la prueba, alegatos que por constituir defectos de forma, no pueden ser apreciados en un motivo de casación por Infracción de ley. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el Censor. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: INFRACCIÓN POR HABERSE VIOLENTADO EL ARTICULO 15 DEL CODIGO PENAL POR SU APLICACIÓN INDEBIDA EXPLICACION DEL MOTIVO: El Código penal vigente en su artículo 15, nos dice cuales son los requisitos para que se de una tentativa y son: Actuar con la intención de cometer un delito determinado. Este primer requisito no se da, porque no se probó en el juicio que mi representado intento cometer un delito contra la supuesta víctima A. M. C., segundo requisito: realizar actos inequívocos de ejecución del delito, tampoco se da este requisito, porque quedó plenamente probado en juicio que mi representado en ningún momento intentó asaltar a dicha supuesta víctima. Tercer requisito: que el delito no se consumo por causas ajenas a la voluntad del agente, este requisito tampoco se cumple porque nadie absolutamente nadie detuvo a mi representado para que no le causara muerte a la señora, porque el en ningún momento actuó con la intención de causarle la muerte a dicha persona tampoco actuó con la intención de robar a esta persona situación que esta plenamente demostrada en el presente juicio, pero si el Honorable Tribunal de Sentencia quería condenar a mi representado por un delito este su calificación jurídica correcta tiene que ser por el delito de lesiones, y estas tienen que ser culposas contenido en los artículos 133 que dice que causa el delito de lesiones quien causa daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de una persona, y se tiene que aplicar la normativa del tipo penal contenida en el artículo 135 numeral tercero, porque mi representado en ningún momento tubo la intención de causar daño alguno a la supuesta víctima A. M. C.”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO D. DE J. T. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE LA SEÑORA A. M. C., HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 15 DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que no fue probado en juicio que el acusado D. DE J. T. G., intentó cometer delito de homicidio contra la ofendida A. M. C. Reprocha que en el presente caso no se cumplen los requisitos de una tentativa, por estimar que el acusado no realizó actos inequívocos de ejecución con la finalidad de causar la muerte, ni intentó asaltar a dicha señora, tampoco se cumple el requisito consistente en que el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, por estimar que nadie detuvo al acusado para no causar la muerte de la señora A. M. C. Considera que el A Quo debió condenar al encartado por un delito de lesiones culposas, tipificado en los artículos 133 y 135.3 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que al resolver el motivo por infracción de ley formulado por la Representación del Ministerio Público ha explicado cuales son las razones para considerar, que efectivamente, no se le pueden atribuir al imputado D. DE J. T. G., los delitos de tentativa de homicidio en perjuicio de las señoras A. M. C. y A. C. sino que dos delitos dolosos de lesiones graves tipificados en el artículo 135 No. 3) del Código Penal, de ahí que el Censor ha de estarse a lo expuesto con anterioridad. En este sentido es procedente declarar parcialmente con lugar el presente motivo en los términos señalados. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 362. 3 del Código Procesal Penal.- FALLA:
- Declarando parcialmente CON lugar el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva, en su único motivo, invocado por la Representación del Ministerio Público, así como también por la Defensa del imputado, contra la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto de dos mil once, 2)Casando parcialmente la sentencia relacionada en el sentido de revocar la condena impuesta al imputado D. DE J. T. G. por el delito de homicidio en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de las señoras A. M. C. (también denominada A. en el fallo) y A. C., absolviendo al encartado de la comisión del referido delito. 3) Declarando penalmente responsable a título de autor, al encartado D. DE J. T. G. por los delitos de LESIONES GRAVES en perjuicio de las señoras A. M. C. (también denominada A. en el fallo) y A. C., por lo que se le imponen las penas de CINCO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION por cada una de esas infracciones penales; 4) Mantener incólume la pena que se impuso al encartado D. DE J. T. G. por el delito de ROBO en perjuicio de la señora L. P. V., para hacer un total de DIECIESEIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN;
- Imponer al acusado D. DE J. T. G., las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, y en lo demás mantener incólume la sentencia impugnada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-25-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En este sentido cabe señalar que verbo transitivo “despojar”, es definido como la acción de “privar a alguien de lo que goza y tiene; desposeerle de ello con violencia”; vid. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 21ª Edición, Tomo I, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, pág. 729.