Sentencia CP-242-11 — Registro 4211
Resumen
Se absuelve a los acusados por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de cascaión interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Siendo que al momento de los hechos, el señor D. M. se encontraba en una severo estado de ebriedad, resulta desproporcionado que habiendo recibido un disparo tras la realización de la acción agresiva que se le atribuyó en contra del señor L. I., el encartado Y. I. siguiera disparando un arma de fuego en contra de aquel, no obstante que ya no era capaz de continuar con la misma potencia o capacidad en el propósito de realizar su cometido, a lo que se añade que los procesados como el testigo pariente de éstos últimos, siendo personas adultas pudieron evadir las supuestas agresiones con tan sólo retirarse del lugar, 4) Aún aceptando que el señor Y. I. actuó bajo la causal de legítima defensa al realizar el primer disparo, los demás constituyen acciones que no están amparadas por esa causa de justificación, ya que por los dichos del referido acusado estos los hizo al accionar el arma de fuego que portaba motivado por un estado de cólera, lo que refuerza la tesis de que la capacidad del occiso tras el primer disparo se encontraba disminuida y por lo tanto eran innecesarios los demás disparos; 5) fuera de las heridas causadas en la mano derecha y el flanco derecho, las demás fueron inflingidas al occiso cuando éste ya se encontraba en el suelo, lo cual resulta incoherente con la valoración del Tribunal al concluir que dicho imputado actuó amparado por una legítima defensa; 6)El Juzgador concluyó que el numero de heridas causadas al difunto es irrelevante para estimar la causa de justificación de legítima defensa puesto que solamente una de las heridas fue la que trajo como resultado la muerte del occiso, lo cual a juicio del recurrente no encontraría apoyo en la prueba pericial, concretamente en el dictamen del médico forense, puesto que en este se establece que no se pudo determinar que herida fue causada primero y cual después, lo que pondría en evidencia que el Tribunal de instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica, de tal forma que en las valoraciones probatorias efectuadas por dicho órgano jurisdiccional se habría vulnerado la regla lógica de la derivación en su apartado de suficiencia, misma que de haber sido observada hubiese conducido a un veredicto condenatorio en contra del procesado J. Y. I. Esta Sala considera pertinente recordar que la Casación no constituye una instancia más en la que sea posible revalorizar en toda su plenitud los medios probatorios cuya inmediación solamente ha tenido ante sí el Tribunal de Sentencia, de tal modo que únicamente le está permitido verificar, a partir de lo expuesto por el Censor en su recurso, si dicho órgano jurisdiccional ha externado o no un razonamiento ilógico u arbitrario con inobservancia de las reglas de la sana crítica...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló:1) ABSOLVIENDO a los Señores L. I. Y J. Y. I., del delito de ASESINATO, en perjuicio del Señor D. M. M..2) NO CONDENO a los Señores L. I. Y J. Y. I. en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- INTERVIENE: La Abogada Y. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día cinco de julio del año dos mil nueve, a eso de las cinco de la tarde, el señor D. M., se conducía en un vehículo Isuzu, tipo pick up, color blanco, placas PBL 2967, junto con los señores L. I. y J. Y. I., quienes junto con su familia le hacían el favor de trasladarlo desde Santa Cruz de Yojoa, hasta la aldea Los Planes del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, al llegar frente a la casa donde habitaba D. M., debido a que éste se encontraba en estado de ebriedad, e insistía en acompañarlos a la casa de los señores I., el señor O. I., quien conducía el vehículo, le dijo que se bajara del mismo, y le bajaron la bicicleta a D. del vehículo, lo cual molestó a D. y sacó el machete que portaba en su bicicleta y se dirigió contra L. I., que se encontraba a unos metros de él, orinando al lado de la calle cerca del cerco, lo que motivó que J. Y. I. sacara el arma de fuego calibre 9mm, marca TANFOGLIO, color negro, que portaba y le disparó a D. M., para salvar la vida de su padre, aún así D., cambió de mano el machete e insistió en el ataque a L. I., por lo que J. Y. I., su hijo, le siguió disparando, provocándole cinco heridas por proyectiles disparados por arma de fuego, luego se fueron del lugar y después de dejar a sus familiares, los señores L. I. y J. Y. I., en el mismo vehículo en que se conducían, decidieron regresar a Santa Cruz a presentarse a la Policía Nacional, ya que el señor L. I., fungía como Alcalde Auxiliar de la aldea Los Planes, donde ocurrieron los hechos.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado M. D. M., en su condición de Representante del Ministerio Público es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.- EL RECURRENTE ABOGADO M. D. M. PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”I.- EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR INFRACCION DE LEY.-MOTIVO PRIMERO: “Infracción por aplicación indebida del articulo 24 numeral 1 del Código Penal”.PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: UNICO: El día cinco de julio del año dos mil nueve, a eso de las cinco de la tarde, el señor D. M., se conducía en un vehículo Izusu, tipo pick up, color blanco, placas PBL 2967, junto con los señores L. I. y J. Y. I., quienes junto con su familia le hacían el favor de trasladarlo desde Santa Cruz de Yojoa, hasta la casa donde habitaba D. M., debido a que éste se encontraba en estado de ebriedad e insistía en acompañarlos a la casa de los señores I., el señor O. I., quien conducía el vehículo, le dijo que se bajara del mismo, y le bajaron la bicicleta a D. del vehículo, lo cual molestó a D. y sacó el machete que portaba en su bicicleta y se dirigió contra L. I., que se encontraba a unos metros de él, orinando al lado de la calle cerca del cerco, lo que motivó que J. Y. I. sacará el arma de fuego calibre 9mm, maraca TANFOGLIO, color negro que portaba y le disparó a D. M., para salvar la vida de su padre, aún así D. cambió de mano el machete e insistió en el ataque a L. I., por lo que J. Y. I., su hijo le siguió disparando, provocándole cinco heridas por proyectiles disparados por arma de fuego, luego se fueron del lugar y después de dejar a sus familiares, los señores L. I. y J. Y. I., en el mismo vehículo en que se conducían decidieron regresar a Santa Cruz a presentarse a la Policía Nacional, ya que el señor L. I., fungía como Alcalde Auxiliar de la aldea Los Planes, donde ocurrieron los hechos”. (Lo subrayado es nuestro).-De éste cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha establecido que en la conducta ejecutada por el imputado J. Y. I., no se ve reflejada la circunstancia de la Alevosía, por lo que se descarta la concurrencia del delito de Asesinato, de tal manera que la figura penal que se mantiene es el Homicidio, tipificado en el artículo 116 del Código Penal.-Sin embargo, también estimó el Juzgador que de la prueba examinada durante el debate, se logró acreditar que la acción ejecutada por el acusado J. Y. I. fue justificada bajo el amparo del artículo 24 en su numeral 2) del Código Penal, ya que esta consistió en repeler una agresión de la cual iba a ser víctima su padre L. I., por parte de D. M. armado con un machete; por lo que J. Y. I. en defensa de su padre realizó cinco disparos con su arma de fuego en contra del agresor los cuales una vez que le impactaron acabaron con su vida; por lo que en razón de ello se emitió una sentencia absolutoria a su favor e igualmente resultó a favor del señor L. I. porque en su caso no se aportó prueba en el debate que le vinculase participación alguna en el hecho investigado.- Partiendo de lo anterior este ente acusador estima, aún y cuando comparte el criterio del A quo respecto al acusado L. I., no sucede de igual manera en el caso del señor J. Y. I.y es precisamente en contra de la absolución a éste último que va dirigido nuestro reproche recursivo; por cuanto del factum de la sentencia ha quedado establecido la dinámica a través del cual se desarrolló el hecho, así como también que los mismos fueron realizados por la persona del imputado J. Y. I., quien con arma de fuego le produjo a la víctima cinco heridas en su cuerpo localizadas en diferentes partes de su cuerpo. Es precisamente esta circunstancia resaltada, la que nos obliga a apreciar que no concurre la causa de justificación erróneamente apreciada por el Juzgador, por cuanto el número de disparos efectuados por el señor J. Y. I. y recibidos por la victima son evidentemente significativos de un exceso del uso de su arma de fuego, lo cual se aprecia por las siguientes circunstancias: A. Si partimos de que fue cierto que el ahora occiso pretendió causar una agresión en contra del señor L. I., bajo esa premisa es racionalmente aceptable que el señor J. Y. I. efectuase una acción (un disparo) para repelar aquella; no obstante en este caso no sólo se realizó una acción de parte del acusado sino que cinco acciones (cinco disparos) lo cual resulta desproporcional para la finalidad perseguida.-B. Si aunamos a lo anterior, que tal como describe el hecho probado el acusado J. Y. I. disparó en una primera oportunidad en contra del ahora occiso a efecto de repeler la acción de éste en contra del señor L. I. y pese a ello, D. M. continuó en su pretensión de agredirlo; ante ésta circunstancia era factible que el señor L. I. ya no estuviese descuidado de la agresión de D. M., por lo tanto bien pudo evitar la misma retirándose del lugar, dado cuenta de que ya el señor Y. I. le había disparado y por otro lado también del mismo hecho probado se desprende que D. M. se encontraba en pleno estado de ebriedad, lo que en el uso de las máximas de experiencia nos demuestra que esta persona no sería capaz de controlar ni su propio cuerpo (así lo explicó en juicio la perito en Medicina Forense I. R.); por ende ambas circunstancias reflejan que D. M. ya no representaba para L. I. un riesgo insuperable.-Es por ello que al contraponer el contenido del factum con el razonamiento esbozado por el juzgador en la fundamentación jurídica se desprende, que el precepto penal sustantivo que se ha infringido por aplicación indebida es el articulo 24 numeral 2 del Código Penal el cual textualmente establece: “Se halla exento de responsabilidad penal: 2) El que obra en defensa o derecho de ……..los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad…….siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales a) y b) anteriores, y de la que en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del defendido no haya tenido participación en ella el defensor”.- Consistiendo los literales a) y b) del numeral 1) en: a) Agresión Ilegitima; b) Necesidad racional del medio Empleado para impedirla o repelerla.-Lo anterior en virtud que de los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima descritos en dicho factum, en contraposición con los requisitos que se exigen para tener por acreditada la legítima defensa encontramos un exceso en cuanto al numeral b) consistente en la Necesidad Racional del medio empleado para impedirla o repelerla; pues si bien es cierto que en el cuadro fáctico se describe que el imputado J. Y. I. al ver en peligro la vida de su padre disparó en contra de D. M. a efecto de repeler la agresión de éste último, y que según el mismo factum, D. M. aún ya herido como consecuencia de ese primer disparo, dispuso persistir en su acción, por ende J. Y. I. continuó disparándole provocándole cuatro heridas más (una de ellas estando aún de pie el occiso y las tres restantes estando de acostado), las cuales fueron totalmente desproporcionadas tal como lo señalamos en los acápites denominados A y B que anteceden, de tal forma, que si en concreto el medio usado para la defensa o el mal causado al agresor aparecen como desproporcionados, se excluye la legítima defensa.-Además, en el presente caso se logra establecer del relato fáctico, que como hemos reiterado concurre un exceso intensivo en la defensa, pues tanto el señor L. I., como el encausado J. Y. I. bien pudieron detener la agresión, sin necesidad de propinar seis disparos a D. M., pues para ello únicamente tenían que haberse retirado del lugar del hecho, ya que en primer lugar eran éstos precisamente quienes andaban el medio de transporte idóneo para ello; y en segundo lugar eran ellos quienes además se hacían acompañar de otros parientes que pudieron auxiliar en repeler la acción, sin necesidad de que hubiesen más disparos; en consecuencia de lo anterior al actuar del acusado J. Y. I. no le corresponde ninguna causa eximente de responsabilidad penal.-Esta apreciación es incluso compartida por connotables Juristas Hondureños como el Abog. R. S. L. en su libro “Lecciones de Derechos Penal” parte general, Pág. 25 quien refiere: “La existencia de eximentes incompletas, la cual se produce cuando no se puede excluir la responsabilidad penal por no concurrir todos los requisitos de una eximente, como cuando en la legítima defensa se da la agresión ilegitima pero no la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla”; ya que si bien es cierto en nuestro caso en concreto, se pudiese aunque lejanamente admitir que el medio empleado fue racional, no menos es, que éste al hacerlo de su uso para defender la vida de otro se excedió, tal como se traduce en el excesivo numero de disparos que realizó.-Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber Absuelto al imputado J. Y. I. por considerar que su acción se encuentra amparada en la causal de justificación de la Legítima Defensa, ha producido como consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el artículo 24 numeral 2 del Código Penal, en virtud de desprenderse de los hechos probados, que existió exceso en cuanto al medio utilizado para la defensa, por ende no se cumple el requisito de racionalidad que exige la eximente en mención y es precisamente ésta la pretensión que se persigue con el presente motivo.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCION INTERPUESTO POR LA REPRSENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 24 NUMERAL 1) DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que en el presente caso no concurre la causa de justificación apreciada por el Juzgador. Entiende que A.- si el ahora occiso pretendió agredir al señor L. I., es racionalmente aceptable que el acusado J. Y. I. le haya hecho un disparo para repelarla, pero en este caso, le hizo cinco disparos, lo que considera desproporcionado a la finalidad perseguida; B.- Si el acusado J. Y. I. en una primera oportunidad, disparó contra del ahora occiso D. M. para repeler la agresión en contra de L. I. y pese a ello este continuó su pretensión de agredirlo, considera que era factible que L. I. ya no estuviese descuidado, pudiendo evitar la agresión retirándose del lugar, considerando que Y. I. ya le había disparado y que D. M. se encontraba en estado de ebriedad. Según el recurrente las máximas de experiencia indican que D. M. ya no representaba para L. I. un riesgo insuperable. Considera que del factum y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se desprende que el precepto penal sustantivo infringido, por aplicación indebida, es el Articulo 24, numeral 2 del Código Penal, que establece: “Se halla exento de responsabilidad penal: 2) El que obra en defensa o derecho de ……..los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad…….siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales a) Agresión Ilegitima, b) Necesidad racional del medio Empleado para impedirla o repelerla, y c) Que en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del defendido no haya tenido participación en ella el defensor”. Estima que de los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima descritos en el factum, en contraposición con los requisito, se aprecia un exceso, por parte del acusado J. Y. I. en el uso del medio empleado para impedir o repeler la agresión, ya que al observar el peligro que se cernía sobre la vida de su padre disparó contra D. M. para repeler la agresión, sin embargo, una vez que logró herir al hoy difunto persistió en su acción, de tal manera que siguió disparando cuatro veces más, -una de ellas estando aún de pie el occiso y las tres restantes estando acostado-, concluyendo el Censor que el medio utilizado para la defensa y el mal causado al agresor fueron desproporcionados, por lo que concluye que se excluye la legítima defensa como causa eximente de responsabilidad criminal. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Como antes lo apuntamos, el Censor basa su reproche recursivo en que no cabe apreciar en el caso bajo examen la legitima defensa de parientes, prevista como causa de jutificación en el artículo 24.2 del Código Penal, en tanto que ha concurrido un exceso intensivo en el uso desproporcionado de arma de fuego utilizada por el imputado Y. I. contra el ahora occiso, cuando éste último armado de un arma tipo machete pretendía agredir a su pariente. Sobre esta cuestión resulta ilustrativo lo expuesto por J. D. cuando explica que: “La defensa solo queda justificada cuando se cumplen todos los requisitos tanto esenciales como accidentales de la causa de justificación prevista en el art. 20.4 y, entre ellos, que exista una “racional” adecuación entre la agresión ilegítima y dicha reacción defensiva. El exceso que se produce cuando no se afirma esa racionalidad entre acto agresivo y acto defensivo, presenta, según doctrina unánime, un carácter antijurídico indiscutible.” La autora antes citada añade que: “El agredido realiza una defensa irracional, bien por una inadecuada elección del medio idóneo menos lesivo, o por un empleo desmedido del mismo, tiñendo de antijuricidad ese efecto adicional innecesario de la dinámica defensiva”[1]. Del factum contenido en la sentencia impugnada resulta que el accionar del acusado J. Y. I. se encuentra comprendido en una causa excluyente de la antijuricidad, por haber actuado en legítima defensa de un pariente, contenida en el artículo 24.2 del Código Penal, que a la letra establece: “Se hallan exentos de responsabilidad penal:
- Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) …. 2) El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge o de la persona con quien hace vida marital, de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de los parientes por adopción, en los mismos grados, siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales a) y b) anteriores, y la de que, en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del defendido no haya tenido participación en ella el defensor”. Esta Sala considera que en el presente caso, no concurre exceso intensivo en la legitima defensa, por uso desproporcionado del medio defensivo utilizado por el acusado J. Y. I. para defender de forma efectiva la vida e integridad corporal de su padre L. I., al derivar del factum de la sentencia impugnada, intangible en casación, que la defensa del acusado J. Y. I. a favor de su padre estuvo razonablemente justificada, en todos los requisitos esenciales y accidentales prevista en el artículo 24.2 del Código Penal, en tanto que resultó proporcionada y necesaria, atendiendo a la intensidad de la agresión ilegítima de que su pariente era objeto, por parte del ahora occiso D. M., quien pretendía atacar a su padre machete en mano, en estado de ebriedad y por entender que el primer disparo no fue suficiente para detener la agresión. Finalmente esta Sala estima que no cabe hablar de exceso intensivo en la legitima defensa del acusado, cuando el aumento o efecto adicional, en la intensidad de la defensa, cuatro disparos adicionales, entre ellos el que causa la muerte de D. M., son proporcionales a la intensidad del ataque, según la dinámica de los hechos, como medio efectivo de repeler la agresión. Por lo anteriormente expuesto esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. II.-EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU MOTIVO SEGUNDO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACION DEL MOTIVO: El vicio se genera del mismo contenido del hecho declarado probado de la sentencia recurrida, pues de su simple lectura y del análisis del mismo una vez comprendido en nuestra norma penal sustantiva en su artículo 116, se desprende que dicho precepto ha sido infringido por falta de aplicación.-Ya que del análisis a la norma en referencia conforme con los hechos fijados probados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo indiscutiblemente es el imputado J. Y. I., porque fue él quien tomó parte directa en la ejecución del hecho, al disparar su arma de fuego en contra de la humanidad del ahora occiso en más de una ocasión, para ser específicos en cinco veces según se desprende del factum del fallo; acreditándose con ello el elemento objetivo del tipo penal “Dar muerte a una persona”; y sobretodo el subjetivo, como se evidencia precisamente de esa reiterada acción desplegada por el imputado contra la víctima, cuya acción se convierte en dolosa al haber sobrepasado los límites de la defensa, máxime si se toma en cuenta la condición tanto física como mental de éste al momento de los hechos, como ser que se encontraba en estado de ebriedad, lo que indiscutiblemente nos indica que la víctima se encontraba obviamente en plena desventaja para su propia defensa.-No obstante lo anterior, el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del imputado J. Y. I. por estimar que a éste le favorece la causal de justificación señalada en el artículo 24 numeral 2) del Código Penal, a pesar de configurarse los elementos del tipo penal de Homicidio tal como se desprende del factum; posición ésta que no es compartida por nosotros, pues como ya indicamos en el motivo anterior y también en el párrafo que antecede, estimamos que inicialmente si se pudo advertir esta posible causal al momento del primer disparo, pero no así en los siguientes cuatro disparos efectuados por el señor I.; en tal sentido se aprecia la infracción por falta de aplicación del precepto penal contenido en el artículo 116 del Código Penal, y es en estos términos que solicitamos debe resolver esa Honorable Sala de lo Penal al declarar con lugar el presente motivo.” RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que del hecho declarado se desprende que el acusado Y. I. cometió el delito de homicidio simple tipificado en el artículo 116 del Código Penal. Estima que quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico y antjurídico perpetrado por el encartado J. Y. I., quein disparó su arma de fuego contra el ahora occiso en más de una ocasión, para hacer un total de cinco veces, acreditándose el elemento objetivo del tipo penal “Dar muerte a una persona” y el subjetivo, por la reiterada acción del imputado en contra de la vida del hoy difunto, comportamiento que se estima doloso y contrario a Derecho al sobrepasar los límites de la defensa, si se toma cuenta el estado de ebriedad en que se encontraba al señor D. M., que le colocaba en una situación de desventaja. Reprocha que el A quo haya dictado una sentencia absolutoria a favor del endilgado J. Y. I. y estimar que actuó en legitima defensa de un pariente, posición que no es compartida por el recurrente, al estimar que la causal excluyente de la responsabilidad criminal, si podría haber sido estimada correctamente hasta al momento en que el imputado Y. I. efectuó el primer disparo, pero no justifica los siguientes cuatro disparos realizados por éste último. Siendo consecuente con lo resuelto en el motivo de casación anterior, esta Sala considera que del factum de la sentencia impugnada se desprende que el acusado J. Y. I. actuó amparado bajo la causa de justificación de legitima defensa de un pariente, de tal modo que su comportamiento no es antijurídico y por ende no le resultan aplicables las consecuencias punitivas previstas en el Artículo 116 del Código Penal. Por lo anteriormente expuesto el motivo de casación invocado por ente acusador debe ser desestimado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-UNICO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio, arribó al mismo inobservando en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica.-PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De manera suscinta el Juzgador afirma al proferir el fallo que ahora impugnamos, que de la prueba evacuada en el juicio se llegó al hecho que se estimó probado, por cuanto no existen pruebas que rebatan la hipótesis de la defensa material ejercida por el imputado J. Y. I. a favor de la vida de su padre L. I.; y en el caso de éste último no se acreditó que él haya tenido participación material y directa en el hecho investigado, por cuanto procede la absolución a favor de ambos.-Dicha posición del A Quo en base al principio de objetividad si bien la compartimos en lo que respecta al señor L. I.; no sucede de igual manera en el caso de J. Y. I., ya que estimamos que por lo que a él le favoreció el fallo, es una decisión equivoca como resultado de la inobservancia por parte del Tribunal de Sentencia de las reglas de la Sana Crítica, conforme lo establecen los artículos 202 y 338 regla cuarta de Nuestra Norma Penal Adjetiva al momento de valorar la prueba, lo cual indudablemente genera en la sentencia un vicio por quebrantamiento de forma meritorio de ser recurrido por la vía casacional, por las razones que se desarrollan a continuación: De la prueba testifical evacuada en el juicio, únicamente las declaraciones de los acusados y testigo J. Y. I., L. I. y J. R. P. son versiones que pueden describir la ocurrencia de los hechos, ya que de las personas que presenciaron el mismo, únicamente éstos depusieron en juicio; no así los testigos M. A. A. L. y P. L., quienes pese a ser familiares del occiso, su conocimiento de lo sucedido fue posterior a su ejecución; y lo mismo sucede en el caso de los policías J. F. R. y P. G. R., quienes por su condición obtuvieron información referencial de lo sucedido, la cual si bien es importante para la investigación, pero la misma no es contundente para demostrar la verdad real.-Es por ello que el A quo estimó ciertas las versiones brindadas por los imputados J. Y. I., L. I. y el testigo J. R. P., por no existir otros que contradijesen lo expuesto por ellos.-No obstante a ello, estimamos reprochable la decisión del Juzgador, por cuanto éste no aplicó debidamente las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba en relación, en primer término, porque de los mismos hechos y en especifico de la cantidad de heridas que presentaba el cadáver del ofendido, quedó plenamente acreditado que los disparos con arma de fuego que efectuó el acusado J. Y. I. en contra de D. M., fueron excesivos, lo cual nos descarta que éste haya actuado bajo una causal de justificación como la legítima defensa, tal como lo hemos señalado en los motivos anteriores. Es decir que el A quo, estimó como cierto lo dicho por los propios acusados y dejó de lado la demás probanza que tuvo a su vista y que desde toda óptica descartaba la versión dada por aquellos; pues se evidencia con la cantidad de heridas encontradas al cadáver del ofendido al momento de realizarse el levantamiento lo que quedó consignado en el acta de mérito, así como relacionada esta con el dictamen de autopsia que se le practicó, las cuales prueban que el señor D. M., fue víctima (según el dictamen de autopsia) de cinco heridas ( de entrada) producidas por arma de fuego y el acta de levantamiento consigna además de aquellas una herida contusa cortante (que fue omitida en el dictamen de autopsia) la cual se encuentra localizada en la mano derecha del occiso. En resumen los acusados no están obligados a decir la verdad, al contrario siendo ellos junto con el señor J. R. P. quien en juicio dijo ser hermano e hijo respectivamente de los acusados, y siendo éstos los únicos testigos presénciales de los hechos incorporados al debate, resulta obvió que éstos relaten un hecho basado en una coartada que les favorezca y los excluya de responsabilidad penal; pero no es aceptable que el Sentenciador únicamente se centre en dichas declaraciones para tomar por cierto lo dicho por ellos, pues además de las circunstancias que abarcan los medios de prueba señalados en el acápite anterior, también debió estimar que el cadáver de D. M. presentaba otras heridas que habían sido producidas por un arma cortante (machete) y que si los hechos fueron tal como los describieron los deponentes cuyas versiones estimó ciertas, éstas lesiones no hubiesen tenido que existir.-Por otro lado en debate quedó asimismo probado y así lo refiere el factum de la sentencia, que el señor D. M. al momento de los hechos se encontraba en severo estado de ebriedad, circunstancia ésta que evidentemente disminuye de sobremanera su capacidad de acción y de reacción; en ese sentido resultaba desproporcionado que si él hubiese realizado una acción de agresión en contra de L. I., y ya habiendo sido herido en una primera ocasión por Y. I., él hubiera sido capaz de continuar con la misma potencia en realizar su cometido; máxime que tanto L., J. Y. y J. R., son todos hombres adultos, quienes perfectamente pudieron haber evadido las supuestas continuas agresiones con tan sólo retirarse del lugar; lo cual no justificaba el actuar de J. Y. I..-Es así que si estimásemos cierto que J. Y. I. inicialmente si actuó bajo un causal de legitima defensa, no fue así en las subsiguientes disparos que realizó; y ello se prueba de la misma declaración del imputado quien en Estrado dijo (según la misma sentencia a página 22): “…..él le hizo como dos a tres disparos al suelo para que se detuviera, no se detuvo, entonces hizo como cinco a seis disparos, porque después si se llenó de cólera bastante e hizo disparos al bulto (D.) el primero se lo hizo en al mano…….él se había tomado como tres cervezas pero no andaba borracho, su papá también se había tomado tres……”; es decir que el acusado después del primer disparo, continuó haciéndolo ya no porque la vida de su padre corría peligro, “sino porque se llenó de cólera”; lo que resulta coherente con lo referido por él, dado que no sólo la capacidad del occiso estaba disminuida por su estado de embriaguez, sino también la de los mismos acusados pues estos también habían bebido cervezas y obviamente también esta situación había afectado su nivel de tolerancia.-Y lo anterior se prueba que es cierto, dado que las heridas en el cuerpo del occiso a excepción de la de la mano derecha y la del flanco derecho (espalda), todas fueron recibidas por la victima cuando éste se encontraba en el suelo; y si partimos de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia estas nos indican que si D. M. se encontraba en el suelo, como es que entonces estaba accionando en contra de L. I.; obviamente ello no resulta coherente.-Por otro lado también reprochamos el que el Juzgador haya demeritado totalmente la cantidad de heridas que le ocasiono J. Y. I. al ahora occiso, bajo el argumento de que si bien fueron diversas pero que sólo una de ellas fue la que le ocasionó la muerte; lo cierto es que el médico forense que ratificó el dictamen de autopsia también fue claro y preciso al establecer que no se pudo determinar cual herida fue causada primero y cual después; es por ello que el Juzgador al estimar que el número de heridas recibidas por el occiso se torna irrelevante es totalmente fuera de todo contexto de un “Juzgador que ha valorado la prueba observando las reglas de la sana crítica”.-Por todo lo anterior, reiteramos que no se cumplen los elementos de la causal de legitima defensa por la cual dispuso absolver el A quo ya que de la prueba producida en el debate se deriva su inexistencia; y al estimarlo de manera contraria el Juzgador tomando como base para ello únicamente cierta parte de la prueba, evidencia que su resolución se ha efectuado bajo una apreciación aislada de la prueba, en desapego a lo preceptuado en la normativa procesal penal, que exige al ente jurisdiccional “formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; en consecuencia a nuestro criterio se aleja del verdadero contenido de la probanza y que indudablemente vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión, que en nuestro caso no puede ser distinta que la de condenar al enjuiciado J. Y. I., y que por las razones ya señaladas ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” RECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UN FALLO ABSOLUTORIO HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-
Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[2], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En lo que concierne al exceso intensivo en la legítima defensa, resulta ilustrativo lo expuesto por la penalista JIMENEZ DIAZ, cuando señala que al efectuarse una referencia al medio empleado por la defensa, debe entenderse hecha a un concepto de medio en sentido amplio, esto es, como procedimiento o modo de defensa en su conjunto y que comprende tanto la clase de medio en sentido estricto (naturaleza) como la utilización particular que se realiza del mismo (intensidad), añadiendo que con relación al medio hay que poner de relieve algunas cuestiones importantes. En primer lugar, que aun partiendo de la base de que el sujeto debe escoger para su defensa el procedimiento menos lesivo de todos, ha de resaltarse que dicha elección sólo podrá ser realizada entre los que tenga disponibles en el momento de la agresión, siendo lo normal que el abanico de posibilidades que se le presente sea bastante limitado. En segundo lugar, tal procedimiento defensivo habrá de ser el menos lesivo, pero siempre y cuando resulte idóneo para repeler o impedir el ataque. Así, pues la idoneidad debe ser concebida como la aptitud del medio (en sentido amplio) para que la defensa sea eficaz, esto es, que en una consideración ex ante al menos supone una posibilidad de defensa exitosa contra la agresión, aspecto último para el que, sin duda, será decisiva la propia capacidad del defensor en orden a su manejo. Ahora bien, por más que sea cierto que la idoneidad de medio ha de ser tomada en consideración a la hora de afirmar el requisito de la necesidad racional del medio empleado, debe mostrarse cautela al valorarla, porque una exagerada interpretación sobre la misma podría llevarnos al absurdo de rechazarla, y con ello la racionalidad del medio, en situaciones de defensa en que el agredido se encuentra en una clara situación de desventaja y en la que, por tanto, la acción concreta de defensa se muestra desde el inicio como no apta para cumplir la finalidad de impedir o repeler el ataque. De otra parte, no debe pasar desapercibido que el defensor, en el contexto en el que está siendo objeto de una agresión, aparte de tener limitadas posibilidades de elección para defenderse, puede que tenga serias dificultades para averiguar la idoneidad de los medios a su alcance, a lo que hay que unir la situación angustiosa de ánimo, que normalmente acompañará este tipo de situaciones, lo que no ayuda, precisamente, a tener la serenidad suficiente para escoger con frialdad el procedimiento defensivo, lo que sin duda, deberá ser tenido en cuenta[3]. Por otro lado, la autora antes referida expresa que para valorar la racionalidad del medio empleado han de conforme a criterios objetivos desde una perspectiva ex ante y que concurren en el momento mismo de cometerse el ataque, tanto atinentes a la agresión en sí misma (tipo de ataque, instrumento utilizado) como a las circunstancias que la rodean (lugar, hora, situación, presencia o no de terceras personas..)y, por supuesto, todos aquéllos de carácter personal, tanto de agresor como de defensor, como son edad, sexo, complexión física de ambos (estatura, peso, preparación física, existencia de alguna minusvalía), profesión (por la repercusión que pudiera tener en la cualificación del defensor para utilizar un determinado instrumento o arma), etc…..añadiendo que si la racionalidad se juzgara desde la perspectiva subjetiva del agente, dicho juicio no sería racional sino irracional, aunque las circunstancias internas pudieran disminuir o, incluso, excluir su culpabilidad. Lo anterior no significa que se exija al sujeto una tranquila y ponderada selección de los medios que se van a utilizar, lo que resultaría frontalmente incompatible con la propia situación de agresión-defensa, que, consustancialmente, será de urgencia y precipitación. Es más, con carácter general, el contexto en que una persona reacciona defensivamente frente a una agresión ilegítima suele comportar la existencia de un estado emocional alterado, en el que es obvio que no se puede exigir al agredido una situación idéntica a la que podría tener de encontrarse en una situación de normalidad. Ello implica que, habitualmente, salvo que se trate de individuos de carácter extraordinariamente frío, las acciones de defensa se caracterizarán por el nerviosismo, la falta de meditación, la rapidez en la toma decisiones, factores estos que vendrán potenciados en mayor o menor medida por todas y cada una de las circunstancias que estén presentes en el supuesto de hecho concreto (agresor individual o múltiple: defensor solo o en compañía; utilización o no por parte del agresor o agresores de armas; circunstancias espacio-temporales- noche o día-; con gente alrededor o en solitario-; características físicas de agresor y agredido, etc…)[4]. En la determinación de la racionalidad priman fundamentalmente módulos objetivos, atendiendo no solamente a la ecuación o paridad entre el bien jurídico que se tutela y el afectado por la reacción defensiva, sino también a lo proporcionalidad del medio o instrumento utilizado, empelo o uso que del mismo se hubiese realizado, circunstancias del hecho, mayor o menor desvalimiento de la víctima, y en general, sus condiciones personales, posibilidad de auxilio con que pudiera contar, etc…, sin desdeñar absolutamente aspectos subjetivos relevantes y de especial interés, pues…dada la perturbación anímica suscitada por la agresión ilegítima, no puede exigirse al acometido la reflexión, serenidad y tranquilidad de espíritu para, tras una suerte de raciocinios y ponderaciones, elegir fríamente aquellos medios de defensa más proporcionados, con exacto cálculo y definida mensuración de hasta dónde llega lo estrictamente necesario para repeler la agresión[5]. Expuesto lo anterior, debemos retomar el análisis de los argumentos esgrimidos por el Censor ciñéndonos a las cuestiones que ha planteado y por ende con observancia de lo prescrito en el artículo 350 del Código Procesal Penal, donde se establece que “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación..” En síntesis la Representación del Ministerio Público manifiesta que: 1)con observancia del principio de objetividad acepta el fallo absolutorio dictado a favor del procesado L. I. no así en lo que concierne al coimputado J. Y. I., 2)De quienes declararon en el debate, únicamente los encartados y un pariente de estos últimos refieren que presenciaron el hecho objeto de juzgamiento al momento de su ejecución, es decir, las circunstancias en que se produjo la muerte del señor D. M. M., 3) el Tribunal de instancia erróneamente ha concedido credibilidad a la versión de los imputados y del testigo pariente de estos últimos, no obstante que dado el número de heridas excesivas que presentaba el occiso provocadas por arma de fuego, más una de carácter contusa cortante en su mano derecha, ha debido descartarse que el encartado J. Y. I. haya actuado bajo el amparo de la causa de justificación de legítima defensa, 4)Siendo que al momento de los hechos, el señor D. M. se encontraba en una severo estado de ebriedad, resulta desproporcionado que habiendo recibido un disparo tras la realización de la acción agresiva que se le atribuyó en contra del señor L. I., el encartado Y. I. siguiera disparando un arma de fuego en contra de aquel, no obstante que ya no era capaz de continuar con la misma potencia o capacidad en el propósito de realizar su cometido, a lo que se añade que los procesados como el testigo pariente de éstos últimos, siendo personas adultas pudieron evadir las supuestas agresiones con tan sólo retirarse del lugar, 4) Aún aceptando que el señor Y. I. actuó bajo la causal de legítima defensa al realizar el primer disparo, los demás constituyen acciones que no están amparadas por esa causa de justificación, ya que por los dichos del referido acusado estos los hizo al accionar el arma de fuego que portaba motivado por un estado de cólera, lo que refuerza la tesis de que la capacidad del occiso tras el primer disparo se encontraba disminuida y por lo tanto eran innecesarios los demás disparos; 5) fuera de las heridas causadas en la mano derecha y el flanco derecho, las demás fueron inflingidas al occiso cuando éste ya se encontraba en el suelo, lo cual resulta incoherente con la valoración del Tribunal al concluir que dicho imputado actuó amparado por una legítima defensa; 6)El Juzgador concluyó que el numero de heridas causadas al difunto es irrelevante para estimar la causa de justificación de legítima defensa puesto que solamente una de las heridas fue la que trajo como resultado la muerte del occiso, lo cual a juicio del recurrente no encontraría apoyo en la prueba pericial, concretamente en el dictamen del médico forense, puesto que en este se establece que no se pudo determinar que herida fue causada primero y cual después, lo que pondría en evidencia que el Tribunal de instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica, de tal forma que en las valoraciones probatorias efectuadas por dicho órgano jurisdiccional se habría vulnerado la regla lógica de la derivación en su apartado de suficiencia, misma que de haber sido observada hubiese conducido a un veredicto condenatorio en contra del procesado J. Y. I. Esta Sala considera pertinente recordar que la Casación no constituye una instancia más en la que sea posible revalorizar en toda su plenitud los medios probatorios cuya inmediación solamente ha tenido ante sí el Tribunal de Sentencia, de tal modo que únicamente le está permitido verificar, a partir de lo expuesto por el Censor en su recurso, si dicho órgano jurisdiccional ha externado o no un razonamiento ilógico u arbitrario con inobservancia de las reglas de la sana crítica. Esta Sala considera que las declaraciones rendidas por los imputados como medios de defensa material y el testimonio que rindiera un pariente de estos últimos, deben ser valorados con la debida cautela, habida cuenta que en uno y otro caso no están obligados a declarar, en razón de la prohibición de forzar la autoincriminación o las declaraciones en contra de personas con quien se mantienen lazos familiares, respectivamente, lo que tiene un fundamento constitucional en el artículo 88 párrafo segundo de nuestro texto fundamental donde se establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En el caso bajo examen el Tribunal concede credibilidad a las declaraciones rendidas por los acusados y al testimonio rendido por quien manifestara ser pariente (hijo y hermano) de los procesados, lo cual no se presenta como un razonamiento absurdo o ilógico, puesto que tal y como el mismo Censor lo refiere, frente a esas declaraciones no existen otra u otras que desvirtúen la versión de la Defensa, en virtud de la cual el imputado J. Y. I. empezó a disparar contra el occiso cuando éste se aprestaba a herir con un arma blanca tipo machete al encartado L. I., justo en el momento en que éste se encontraba orinando junto a un cerco de alambre. Por otro lado, el hecho de que el cadáver del señor D. M. presentase cinco heridas de bala no constituye un dato que por sí mismo conduzca inexorablemente a la conclusión de que se ha producido un exceso intensivo en la legítima defensa, toda vez que dadas las circunstancias propias del caso bajo examen, se colige, en tanto que no se ha logrado acreditar lo contrario, que el ahora difunto se aprestaba a herir con un machete al señor L. I., es decir con un arma con la que se pueden causar heridas con efectos mortales, lo que hace razonable que su hijo accionara un arma de fuego en repetidas ocasiones, (vale destacar que una de ellas es la que se localiza en una zona vital), para detener dicha agresión de carácter inminente y que desde una perspectiva ex ante no pueda exigírsele la reflexión, serenidad y tranquilidad de espíritu para, tras una suerte de raciocinios y ponderaciones, elegir fríamente aquellos medios de defensa que el ente acusador considera mas proporcionados, con exacto cálculo y definida mensuración de hasta dónde llegaba lo estrictamente necesario para repeler la agresión, tratándose como es en este caso de salvaguardar la vida de su progenitor. Cabe señalar que el Censor únicamente extrae fragmentos de la declaración rendida por el señor Y. I. para tratar de demostrar que, estando el occiso completamente sometido, dicho encartado le habría seguido disparando. Una lectura detenida de tal declaración, revela que el imputado Y. I. admite que sufrió una perturbación anímica cuando observaba la agresión inminente que se dirigía contra la vida de su padre, y que le invadió “la cólera” o la ira tras haber disparado para proteger la vida de su progenitor y no lograr acertar en un inicio contra el agresor, más no se desprende de tal declaración como lo pretende el recurrente, que dicho encartado admitió que tras el sometimiento del señor D. M. siguió disparando con ánimo meramente vindicativo (vid. Folio No 133). El recurrente alega que el occiso se encontraba en un severo estado de ebriedad cuando supuestamente machete en mano se dirigía a herir al señor L. I., y que aún admitiendo que tal agresión inminente tuviera lugar no se justifica que, tras los primeros impactos de bala que recibiera el señor D. M., el encartado Y. I. continuara disparando habida cuenta que el primero ya tenía reducida su capacidad de acción por el estado de embriaguez en que se encontraba. Frente a ese alegato esta Sala recuerda que conforme a las máximas de la experiencia una persona puede cometer un delito contra la vida en estado de embriaguez, ello explica que en determinadas circunstancias, la embriaguez cuando no es habitual, puede ser estimada como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal (vid. artículo 26 No. 3 del Código Penal). Por otro lado, el impugnante soslaya que la Perito I. R., explicó que los efectos de la ingesta de alcohol varían de una persona a otra atendiendo a su resistencia, a los niveles de consumo que mantenga, a la cantidad ingerida, etc.. y que los síntomas de una intoxicación alcohólica severa (que según el recurrente sufría el señor D. M. al momento de los hechos) pueden ser entre otros la agresividad e irritabilidad. De ahí que del referido dictamen no se infiere con certeza que el difunto tuviera disminuida en tal grado su capacidad de acción para que el imputado Y. I. pudiera descartar que al empezar a disparar tras la inminente agresión con arma blanca emprendida por aquel contra su padre, la misma ya no tuviera posibilidades de éxito. Por otro lado, el Censor formula alegatos contradictorios, cuando por un lado dice que salvo las heridas causadas en la mano y el flanco derecho, las demás lo fueron posteriormente, es decir cuando el occiso se encontraba ya en el suelo, pero por otro lado al cuestionar el razonamiento del Tribunal de instancia se apoya en el dictamen rendido por el Médico Forense donde éste indica que no fue posible determinar en que orden cronológico fueron causadas las heridas que presentaba el cuerpo del occiso. El Censor alega que además de cinco heridas causadas con proyectiles de arma de fuego el occiso presentaba una herida contuso cortante en el brazo derecho lo que desvirtúa la causa de justificación y eximente de responsabilidad criminal estimada a favor del endilgado Y. I. Siendo que por un lado la Representación del Ministerio Público expresamente se ha conformado con la absolución del imputado L. I. y que por el otro no haya señalado cual o cuales son los elementos probatorios para determinar quien y con que objeto se habría causado tal herida, más lo antes expuesto en torno a la valoración del dictamen que establece el número de heridas causadas con arma de fuego al señor D. M., llevan a esta Sala a concluir que el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula a favor de los encartados L. y Y., ambos de apellido I., no se presenta acompañado de un razonamiento absurdo, ilógico o arbitrario, de ahí que el motivo formulado por el Censor debe ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma en todos sus motivos, interpuesto por la Representación del Ministerio Público contra el fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula en fecha seis de agosto de dos mil diez a favor de los imputados L. I. Y J. Y. I., por el delito de ASESINATO, en perjuicio de quien en vida fuera el señor D. M., Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.
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- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-242-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Maria Jose Jimenez Diaz. “El exceso intensivo en la legitima defensa”, Estudios de Derecho Penal y Criminología dirigidos por Carlos Maria Romeo Casabona, Editorial Comares. Granada 2007. Págs. 77 y 78.
[2] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[3] Vid. JIMENEZ DIAZ, MARIA JOSE, en El exceso intensivo en la legítima defensa, Editorial Comares, Granada, 2007, págs. 54-55.
[4] Vid. JIMENEZ DIAZ, MARIA JOSE, en El exceso intensivo en la legítima defensa, Editorial Comares, Granada, 2007, pág. 59.
[5] Sentencia del Tribunal Supremo Español del 22 de julio de 2005, citada por JIMENEZ DIAZ, MARIA JOSE, op. cit. , pág. 60.