Sentencia CP-229-12 — Registro 14516
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado del delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala estima que con la prueba de cargo incorporada y reproducida en juicio, que ha resultado ser concluyente, no contradictoria y suficiente, se ha logrado enervar la presunción de inocencia establecida a favor del imputado JOSÉ RICARDO RODAS HERNÁNDEZ y derivar legítimamente, más allá de toda duda razonable, que siendo el padrastro de ambas ofendidas, penetró vaginalmente en forma reiterada en el tiempo, primero a la joven W. Y. N., desde que esta tenia doce años de edad, a partir del año dos mil tres hasta el año dos mil nueve, en su casa de habitación y en hoteles de Villanueva y San Pedro Sula, y después a la joven E. Y. N., a quien penetró vaginal y analmente, en varias ocasiones, desde que ésta tenía dieciocho años de edad, a partir del año dos mil seis hasta el mes de mayo dos mil nueve, en su casa de habitación y en hoteles de San Pedro Sula. Conforme a las pruebas de reproche periciales practicadas a la ofendidas y al propio acusado y a las declaraciones de las ofendidas, agregadas al juicio, esta Sala considera que en el caso bajo examen no se ha violado la regla lógica de coherencia en su postulado de no contradicción, por lo siguiente: a) El lapso de tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia de estos ante las autoridades, se explica debido a la intimidación y amenazas a muerte proferidas por el acusado contra las ofendidas y de matar a la madre de estas, cuando aún eran menores de edad; b) sobre el reproche consistente en que de haber mantenido relaciones sexuales el acusado con las menores de edad, hubiese contagiado a estas dos últimas con una enfermedad de transmisión sexual, consistente en verrugas condilomatosas, esta Sala observa que de las conclusiones formuladas por la representación del Ministerio Público al finalizar el juicio resulta (Acta de debate: folio 148 del proceso) que de los Dictámenes forenses practicados en el Juicio aparece infectada con dicha enfermedad la joven W. J. S., no así E. Y. N., y del dictamen practicado al acusado por el Dr. Tony Oscar Oliva, Número 2009-08-2291/oficio N/C, (folio 153 del proceso) aparece que “no hay evidencia externa de enfermedad de transmisión sexual”, esta Sala entiende que el Médico Forense practicó a este un simple reconocimiento físico y no de laboratorio, es decir que a simple vista no le detectó al acusado la presencia de la mencionada enfermedad de contagio sexual. Al respecto, esta Sala observa que de las conclusiones del juicio a su vez se desprende (Acta de debate: folio 148 del proceso), que el médico forense ante al interrogatorio formulado por el Fiscal, explicó que no se descarta que el encartado haya padecido antes esa enfermedad, además esta Sala entiende que por el tiempo que ha transcurrido desde la comisión de los hechos y la celebración del juicio, la ofendida W. Y. N. pudo haber sido contagiada de dicha enfermedad por otra persona, lo que no desvirtúa en manera alguna, la prueba de cargo incorporada al juicio, de la que resulta la responsabilidad penal del acusado JOSÉ RICARDO RODAS HERNÁNDEZ en los hechos que se le atribuyen. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". La recurrente plantea que los juzgadores incurrieron en falta de consideración de prueba de valor decisivo, resultando evidente al no ser admitido, e impedir dejarla entrar al debate, imposibilitó al ente acusador apoyar fácticamente sus pretensiones. Reprocha, que el honorable Tribunal de Sentencia no haya admitido una prueba preconstituida cuya finalidad en aquél momento era asegurar la prueba una posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, extremo este que quedó evidenciado después de la celebración de la audiencia inicial, al grado tal que el imputado para evitar ser condenado contrajo matrimonio con la víctima, desobedeciendo una orden judicial en la que se prohibía al imputado acercarse. II.- Esta Sala de lo Penal recuerda, que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no le es permitido a los Tribunales de Instancia, omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, esto es una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos lo importante es que para apreciar el vicio en relación, hay que analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no. III.- En el caso examiné, la prueba que menciona la recurrente consistente en la declaración rendida en forma de prueba anticipada de la menor testigo K. L. M. A., como ya se dijo supra, la misma no fue posible introducirla al debate, pues la testigo hizo uso de su derecho de abstenerse a declarar por ser la cónyuge del acusado, no siendo esto una causal de imposibilidad para la reproducción en el acto del juicio, sino el uso de un derecho contemplado en la norma adjetiva, de guardar silencio a los testigos en el caso de que haya una relación de matrimonio con el imputado, y sin que estuviese fundamentada la pretensión de evacuación de la prueba anticipada, en las causales que taxativamente establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos que deben de reunirse para la constitución de la prueba anticipada, razón por la cual al no cumplirse las hipótesis del artículo 362 numeral 2, o sea que, no se dejó de considerar ni se excluyó prueba alguna de valor decisivo, no es posible tampoco efectuar la operación de “inclusión hipotética, no concurriendo el vicio invocado. Es por lo anterior, que se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de abril de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló ABSOLVIENDO al señor JUAN RAMON PEREZ HERNANDEZ, del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de K. L. M. A.. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada ALVA DINORA CRUZ MARTÍNEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado SALVADOR CUESTAS ARÉVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA, actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor JUAN RAMON PEREZ HERNANDEZ, como parte recurrida. HECHO PROBADO UNICO: En la ciudad de Comayaguela Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de junio del año dos mil doce, siendo las once con cuarenta minutos de la mañana, la menor K. L. M. A., fue sometida a una evaluación médico forense por parte de la Doctora Dagmar Lizeth Martínez, a requerimiento de la Fiscalía Especial de la Niñez. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada ALVA DINORA CRUZ MARTÍNEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO. El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en la etapa de incidentes, al Ministerio Público le fueron inadmitidos al representante de la sociedad los medios probatorios documentales, consistentes en: 1) La incorporación como prueba documental la declaración de la víctima K. L. M., que fue tomada como prueba anticipada en base a lo establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal, con la cual se pretendía acreditar la existencia del delito de violación especial y la participación del encausado en los mismos ya que el ente fiscal tenía conocimiento según la certificación de acta de matrimonio que el agresor y la víctima habían contraído matrimonio, por lo tanto la prueba testifical de la declaración de la niña víctima se había perdido y deja al Ministerio Público sin armas lo que deja en indefensión a la sociedad la cual defendemos. 2).- El testimonio del señor MANUEL DE JESUS GARCIA PERDOMO con el cual se pretendía acreditar la participación del encausado en los hechos acusados ya que en su casa vivió el encausado en los meses de abril y mayo del 2011 cuando la víctima tenia trece años de edad y fue en ese tiempo que la niña estaba haciendo vida marital con el encausado justamente en ese lugar. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionados causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el articulo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pag. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir, tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que dichos medios probatorios eran impertinentes y desproporcionados ya que no tenían relación con los hechos. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de violación especial, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la prueba anticipada toma a la victima con todas las garantías constitucionales, así como el testimonio del señor MANUEL DE JESUS GARCIA PERDOMO, los cuales resultaban útiles y pertinentes para las pretensiones del ente acusador considerando que el delito imputado era contra de la libertad sexual; sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso de los medios de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por considerarlo el juzgador “que no es útil el primero consistente en la introducción mediante lectura autorizada de la declaración de la víctima la rechaza por considerar la prueba anticipada tiene su propia naturaleza y que la testigo en el debate iba a declarar y no se ponían adelantar a la declaración que pudiese dar el testigo. En cuanto a la declaración del TESTIGO MANUEL DE JESUS GARIA no es idóneo ya que no es testigo presencial no podría decir si el imputado y víctima mantenían relaciones sexuales“ se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas. III.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO. “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE. “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio; sin embargo en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal dejó de admitir en la etapa de incidentes la prueba testifical consistente en la lectura de prueba anticipada de la víctima y la declaración del testigo MANUEL DE JESUS GACRCIA, con los cuales se pretendía establecer la participación del encausado en los hechos. Sobre lo anterior la norma procesal penal establece en el artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal penal lo siguiente: “Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en un delito contra la Libertad Sexual, el medio de prueba supra mencionados sí resultaba útil y proporcional para la acreditación del delito, sobre lo cual la Agente Fiscal hizo formal protesta interponiendo el recurso de reposición respectivo refiriendo que” que la prueba testifical había sino contaminada por el imputado con la certificación de acta de matrimonio se acreditaba la perdida de la prueba y la declaración del testigo iba a manifestar la víctima estuvo primero visitando al imputado y luego hizo vida marital con él en el tiempo que la niña era menor de 14 años “ resultando evidente al no ser admitido, e impedir dejarla entrar al debate, imposibilito al ente acusador apoyar fácticamente sus pretensiones; el hecho no es que la víctima en su libre albedrío no quiera declarar en la audiencia de debate si no el hecho que el honorable tribunal de sentencia no haya admitido una prueba preconstituida cuya finalidad en aquél momento era asegurar la prueba una posible obstrucción de la investigación por parte del imputado extremo este quedo evidenciado después de la celebración de la audiencia inicial al grado tal que el imputado para evitar ser condenada contrajo matrimonio con la víctima desobedeciendo una orden judicial en la que se prohibía al imputado acercarse a la misma agregando por que se trata también de un maestro donde la víctima fue alumna a quien impartía clases de danza y que el honorable tenia conocimiento de estos hechos, resolviendo previo a celebrarse el debate el cambio de las medidas decretas en la audiencia inicial por la medida de prisión preventiva; Honorable Corte la finalidad de prueba anticipada es asegurar la prueba para que sea toma en juicio oral y público y evitar que esta prueba no se contamine por ende no se pueda evacuar en el debate como sucedió en caso de autos, pero el Honorable Tribunal en visible violación a los derechos de los niños en los cuales también se garantizan en los instrumentos internacionales de los cuales honduras es signatario y en tenor de los argumentos establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal no admitiendo la prueba como tampoco admitió el testigo que convivió con ellos en la misma casa de habitación y además declara sin lugar el recurso de reposición la norma adjetiva que rige los procesos judiciales en honduras. Asimismo debemos referir que la prueba supra relacionada además de haber sido dejada de considerar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tales probanzas y valorarlas con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en la audiencia de Juicio Oral, en la etapa de incidentes, sobre el cual la Representante del Ministerio Público interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar, quedando constancia sobre dicho aspecto en el acta respectiva. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I.- La recurrente alega que los sentenciadores infringieron los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Para el caso, con la no incorporación como prueba documental de la declaración de la víctima K. L. M. A., que fue tomada como prueba anticipada en base a lo establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal, con la cual se pretendía acreditar la existencia del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL y la participación del encausado. Así mismo, con el testimonio del señor Manuel de Jesús García Perdomo, con el cual se pretendía acreditar la participación del encausado en los hechos acusados, ya que en su casa vivió el encausado en los meses de abril y mayo del 2011, cuando la víctima tenía trece años de edad y fue en ese tiempo que la niña estaba haciendo vida marital con el encausado justamente en ese lugar. Reprocha, que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que dichos medios probatorios eran impertinentes y desproporcionados, considerándolos sin relación con los hechos. II.- Esta Sala recuerda, que “El derecho de defensa” es inviolable; y “el debido proceso” está regulado por la misma norma primaria en el artículo 90 y que establece “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. III.- La Sala considera, que la parte recurrente no lleva razón en su alegato, ya que del estudio de los antecedentes no hay evidencia de que los juzgadores se hayan apartado de las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley para el juzgamiento; procediendo a valorar las pruebas que fueron evacuadas legalmente. En cuanto a que, al no admitirse la declaración de la menor K. L. M. A., rendida como prueba anticipada, se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso; para esta Sala no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que la norma adjetiva establece los requisitos para la constitución de la prueba anticipada, siendo estos, los casos de peligro de pérdida o de inutilización del medio de prueba, o cuando existe peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate; o que en el caso de testigos se corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. En el caso examiné, lo que ha ocurrido es que la supuesta víctima ya estando presente en el acto del debate, se abstiene de declarar fundamentada en el derecho que le concede el artículo 228 del Código Procesal Penal, por ser cónyuge del imputado, pero esto no es razón para determinar que se debe hacer uso de la declaración de la misma rendida con las formalidades de la prueba anticipada, ya que en ningún momento se acreditó la imposibilidad o extraordinaria dificultad para la práctica de la prueba en el juicio oral y público, tampoco que la testigo haya estado expuesta a presiones mediante violencia, amenazas u ofertas entre otras causales, sino que como ya se dijo, la testigo al momento de comparecer se abstuvo de vertir su declaración, basada en el derecho que le da la norma adjetiva de no declarar cuando el imputado es su cónyuge, no siendo esto una causal de imposibilidad para la reproducción en el acto del juicio. En lo que respecta a que el A-quo no admitió la declaración del testigo Manuel de Jesús García Perdomo, con el cual se pretendía acreditar la participación del encausado en los hechos acusados según la acusación, dicha inadmisión el Tribunal la resuelve conforme a las facultades que el Código Procesal Penal le confiere, basado en los criterios de pertinencia, utilidad y necesidad y haciendo uso igualmente de los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso, sin que por ello se le hayan restringido derechos y garantías al órgano acusador, por el sólo hecho de su inadmisibilidad. En consecuencia de lo anterior, procede declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. La recurrente plantea que los juzgadores incurrieron en falta de consideración de prueba de valor decisivo, resultando evidente al no ser admitido, e impedir dejarla entrar al debate, imposibilitó al ente acusador apoyar fácticamente sus pretensiones. Reprocha, que el honorable Tribunal de Sentencia no haya admitido una prueba preconstituida cuya finalidad en aquél momento era asegurar la prueba una posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, extremo este que quedó evidenciado después de la celebración de la audiencia inicial, al grado tal que el imputado para evitar ser condenado contrajo matrimonio con la víctima, desobedeciendo una orden judicial en la que se prohibía al imputado acercarse. II.- Esta Sala de lo Penal recuerda, que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no le es permitido a los Tribunales de Instancia, omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, esto es una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos lo importante es que para apreciar el vicio en relación, hay que analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no. III.- En el caso examiné, la prueba que menciona la recurrente consistente en la declaración rendida en forma de prueba anticipada de la menor testigo K. L. M. A., como ya se dijo supra, la misma no fue posible introducirla al debate, pues la testigo hizo uso de su derecho de abstenerse a declarar por ser la cónyuge del acusado, no siendo esto una causal de imposibilidad para la reproducción en el acto del juicio, sino el uso de un derecho contemplado en la norma adjetiva, de guardar silencio a los testigos en el caso de que haya una relación de matrimonio con el imputado, y sin que estuviese fundamentada la pretensión de evacuación de la prueba anticipada, en las causales que taxativamente establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos que deben de reunirse para la constitución de la prueba anticipada, razón por la cual al no cumplirse las hipótesis del artículo 362 numeral 2, o sea que, no se dejó de considerar ni se excluyó prueba alguna de valor decisivo, no es posible tampoco efectuar la operación de “inclusión hipotética, no concurriendo el vicio invocado. Es por lo anterior, que se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362.2, y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, invocado por el Abogado SALVADOR CUESTAS ARÉVALO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa seguida en contra del señor JUAN RAMON PEREZ HERNANDEZ del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de K. L. M. A.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho corresponda. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-229-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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