Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-226-13 — Registro 4333

Resumen

Se declara sin lugar el antejuicio interpuesto por el Ministerio Publico contra la juez por por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...""El Recurso es de Recibo.- Es importante que la Sala de lo Penal refiera de manera previa, para trazar una línea clara en la resolución del conflicto venido en apelación, que la presente resolución no parte del análisis sobre el acierto o desacierto de los criterios jurídicos en que se basó la Jueza M. L. M. R., para dictar los Sobreseimientos Provisionales, tanto en la audiencia inicial como en la audiencia Preliminar, sino que los puntos a resolver, conforme lo señala el artículo 350 del Código Procesal Penal y considerando además que el delito por el cual se está solicitando autorización es el de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, es lo que se ha plasmado como agravios por la Apelante, que cuestiona la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Atlántida, agravios que se analizan de la siguiente manera: 1) Fundamento Jurídico Incorrecto de la Corte Primera de Apelaciones.- Este agravio no es de recibo, por cuanto el artículo 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales que es citado en el numeral Tercero (f. 380) de la sentencia por los Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones, es una cita oportuna como referencia por la inmediata reacción de la Antejuiciada para cumplir lo que dispuso ese Tribunal en su sentencia sobre el Recurso de Apelación recaído en contra del Sobreseimiento Provisional dictado por aquella en la audiencia inicial, partiendo de que el Ministerio Público fundamenta su reproche en el artículo 349.3 del Código Procesal penal, que tipifica el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios cuando éstos omitan, rehúsen o retarden algún acto que deban de ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 2) La No Presentación de Excusa de los Magistrados para conocer el Antejuicio.- El Agravio no es de recibo, dado que la Antejuiciada, una vez que fue emplazada para rendir informe sobre el procedimiento de Antejuicio que se le había presentado por el Ministerio Público en la Corte Primera de Apelaciones, pudo presentar Recusación contra los Magistrados que consideraba se encontraban en alguno de los supuestos del artículo 83 del Código Procesal Penal; la Abogada M. R., Abogada y Jueza, conoce de por demás que la parte interesada puede plantear cualquier asunto de recusación que considere concurrente, a efecto de que sea resuelto previo a la emisión de la resolución de fondo (Art. 85 y 86 del Código Procesal Penal); y 3) La Resolución Impugnada violenta el Principio de Independencia Judicial.- El Recurso es de Recibo.- La Corte Primera de Apelaciones señala que es procedente el Antejuicio debido a que la Jueza M. R. desobedeció lo ordenado por ese Tribunal en una sentencia de Recurso de Apelación, criterio que es erróneo debido a que esa sentencia fue recaída respecto a una resolución que emitida en la Etapa Preliminar del Proceso Penal, mientras que lo cuestionado a la Antejuiciada es en relación a otra resolución que fuere emitida en la Etapa Intermedia del Proceso; la Corte de Apelaciones equívocamente entiende que su sentencia, recaída en la Etapa Preparatoria del Proceso, debe de gobernar todas las siguientes etapas del proceso penal, cuando ello no es así; su sentencia resuelve la impugnación contra una resolución particular dictada en un momento procesal determinado. Es importante mencionar, que la Sala de lo Penal, alaba cuando las partes dejan de ser simples concurrentes del proceso para convertirse en verdaderos actores del mismo, controlando las actuaciones judiciales, no solo por su atenta supervisión de que éstas se realicen conforme a derecho, sino también protestando contra las mismas cuando consideren que no lo son, interponiendo los recursos respectivos; sin embargo, es importante y, debe quedar claro, que, la disparidad de criterios legales del Juez o Jueza con el que tenga el Actor de la Acusación o la Defensa no constituye delito, sino que precisamente es la garantía del ejercicio de la Jurisdicción: Un tercero imparcial resolviendo un conflicto surgido entre dos partes.- En el caso examiné, el Ministerio Público indica que la Antejuiciada negó indebidamente dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones (Art. 349.1 del Código Penal), más sin embargo, los autos informan cosa distinta: La Jueza M. R. acató lo ordenado por su Tribunal Ad-Quem, realizando las gestiones y emitiendo las resoluciones necesarias para ello dentro de la Etapa Preparatoria del Proceso Penal; también, el Ministerio Público indica que la Antejuiciada retardó los actos que debía de ejecutar de conformidad a la ley (Art. 349.3 del Código Penal), pero constata este Tribunal de Segunda Instancia que no existió ningún retraso indebido por parte de la Jueza M. R. en la ejecución de lo ordenado por la Corte Primera de Apelaciones. Es oportuno también indicar, que los Tribunales que conocen los recursos Devolutivos, no deben de esperar que sus criterios sean aceptados y compartidos por el A-quo, más si acatados dentro del canon legal; constituye una violación al Principio de la Independencia Judicial cuando un Tribunal que conoce de un recurso devolutivo pretende que su criterio no solo se imponga en relación a la resolución determinada objeto de impugnación, sino que además, y en adelante, sea el criterio que debe de imperar en todas las actuaciones del proceso, ya que ello implicaría que el Tribunal de Primera Instancia debe de dejar de lado su independencia judicial para ser el simple tramitador de dictados ajenos a su criterio jurídico.- En el caso de autos la Jueza M. R., una vez enterada de la resolución de la Corte Primera de Apelaciones, procedió a su inmediato acato, ordenando las diligencias que correspondían; la resolución dictada por ésta en un momento procesal diferente (Etapa Intermedia), basándose en hechos que tildó de novedosos (independientemente que dicho criterio sea atinado o desatinado), dentro de las potestades que la ley otorga, observando los términos y fórmulas procesales, no constituye fundamento razonable para incoar proceso criminal. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria por Ley de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, por la Abogada M. L. M. R., en su condición de Juez de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la resolución de fecha nueve de mayo del año dos mil trece, dictado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual declaró HA LUGAR la solicitud de Antejuicio promovida por la Fiscal D. G. G. C. en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación de los intereses generales de la sociedad, en fecha quince de agosto del año dos mil doce, ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la Abogada M. L. M. R., en calidad de Funcionaria Judicial asignada como Juez de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, por suponerla responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. CONSIDERANDO I.- Que en fecha quince de agosto del dos mil doce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada D. G. G. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público promoviendo Antejuicio, el cual desarrolló de la siguiente manera: “RELACIÓN SUCINTA DEL HECHO CRIMINOSO.- PRIMERO: Que para continuar con la prosecución al proceso en cuanto al encausado J. D. M. R., quien en fecha ocho de febrero del año dos mil doce fue capturado en la ciudad de Puerto Cortés, por una orden de captura emanada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, que en esa misma fecha se recibió por parte de la Abogada M. L. M. R. a dicho encausado, remitido por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, dándosele a conocer la resolución emitida por al Honorable Corte de Apelaciones, como ser el Auto de Prisión y la medida cautelar de Prisión Preventiva, remitiéndose al encausado al Centro Penal; el Ministerio Público en fecha veintiuno de marzo del presente año, solicito señalamiento de la Audiencia Preliminar, celebrándose la misma el once de mayo de dos mil doce, estableciendo según la Certificación de la resolución de la Audiencia Preliminar: De acuerdo a actuaciones plenamente evacuadas por el Juez A-quo, como consecuencia del elenco de pruebas aportadas por unos y otros y más aún en esta etapa se aportó una prueba más, que corresponde a un Dictamen emitido por el Laboratorio de Balística Forense… concluyendo dicho dictamen que ninguna de las tres armas de fuego percutió las que ,se les decomisó a los encausados, extrajo, eyecto ninguno de los tres casquillos recibidos como indicio, razón por la cual se determina la comparación como negativa… de lo anterior se presume que el dictamen en mención no produce por si un estado de probabilidad, no coadyuva con otros a su producción en conjunto con el resto de la prueba, se debe tomar en cuenta que la eficacia probatoria en el proceso se encuentra debilitada por lo antes enunciado. Dejándose plasmado con el actuar de la galena una total deslealtad para con la justicia y un aporte más al deterioro de tan criticado sistema judicial. Nuestra sociedad no necesita resoluciones de este tipo, sino resoluciones apegadas a la verdad y por consiguiente a derecho. SEGUNDO: Que nuevamente la juez actuante haciendo caso omiso a una resolución emitida por un órgano superior como lo es la Corte de Apelaciones, se negó a dar el debido cumplimiento a lo ordenado por esa Corte al decretar por segunda vez un Sobreseimiento Provisional a favor del encausado J. D. M., por los delitos de DETENCIÓN ILEGAL Y ASESINATO en perjuicio de A. B. M., por el solo hecho de haber incorporado la Defensa Privada del encausado un medio de prueba consistente en Dictamen Pericial Balístico, que determina que la evidencia de casquillos encontrados en la escena del crimen no corresponde a ninguna de las armas decomisadas a los imputados, olvidándose la a-quo del elenco probatorio incorporado en Audiencia Inicial, mismo que fue plenamente valorado por un Tribunal Superior, aprobando la tesis acusatoria del Ministerio Público, en cada uno de sus aspectos, considerando que no existían elementos de prueba suficientes para elevar la causa a juicio oral y público. Errando en su resolución la juzgadora al no observar la participación que en todo caso tendría el imputado J. D. M., considerando que los demás encausados se encuentran prófugos, que fueron decomisadas únicamente tres armas de fuego, siendo cuatro las personas que participaron el hecho delictivo, que con la incorporación de este medio de prueba, no establece totalmente que dicho encausado no participó en la comisión de los delitos de Asesinato y Detención Ilegal en perjuicio de Abraham Bonilla, pues con la valoración armónica y conjunta de cada uno de los medios de prueba se establecería la participación que en este caso tuvo el imputado en mención. Resulta fuera de contexto, que la A-quo basó su resolución en los mismos argumentos que expuso en su resolución de la Audiencia Inicial, olvidándosele que la resolución del Tribunal de Alzada al revocar el sobreseimiento inicialmente decretado era considerando que la prueba era suficiente para acreditar el indicio racional de participación, y la existencia de muchos indicios que los vinculaban en la comisión de los delitos de Asesinato y Detención Ilegal y por lo que no encontramos lógica alguna en que la A-quo se hizo valer de los mismos argumentos tomados en cuenta para decretar el Sobreseimiento Provisional en Audiencia Inicial, estableciendo en Audiencia Preliminar nuevamente que la prueba incorporada por el ente fiscal es DÉBIL, sin lugar a dudas, negándose a dar cumplimiento a resolución de un Tribunal Superior. Quien en su parte resolutiva establece: Declara HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado R. M., Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público en su condición de Apelante, REVOCAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en la Audiencia Inicial celebrada el veintitrés de Junio de dos mil once. Por tal razón OMITIÓ DECRETAR EL AUTO DE PRISIÓN QUE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES HABÍA ORDENADO violentando el principio de autoridad negándose de manera desafiante a darle cumplimiento a la resolución motivada ordenada por la instancia superior, como lo es la sala primera de la corte de apelaciones de esta ciudad. TERCERO: Que así mismo, no se consideró por parte de la juzgadora, que el Ministerio Público no tiene la obligación de incorporar todo el material probatorio en audiencia inicial, pues se desnaturaliza la finalidad de dicha audiencia, y que al momento de celebrarse la Audiencia Inicial no se contaba con el medio de prueba Dictamen Balístico aportado por la defensa en Audiencia Preliminar, que a pesar de ello el Tribunal de Alzada con la carga probatoria consideró que habían suficientes indicios de participación de los encausados, aun sin valorar el Dictamen Balístico, medio de prueba que fue suficiente para la juzgadora para evitar que el Ministerio Público demostrara en la etapa de debate sus pretensiones y acreditar la culpabilidad del encausado en los hechos por los cuales se le acusa. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES AL DELITO QUE SE LE IMPUTA.- La conducta de la Funcionaria Judicial Antejuiciada, es propia del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, contenida en el artículo 349 numeral 1 y 3 Código Penal que literalmente expresa: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que, dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales. 2) 3) Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”, 420, 421 y 422 del Código Procesal Penal, artículos 90 y 321 de la Constitución de la República que claramente expresan: ARTICULO 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, y ARTICULO 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- RELACIÓN DE PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN COMISIÓN DEL ILÍCITO Y LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO.- 1. Copia certificada del expediente judicial en el que obran las omisiones y resoluciones producto de los trámites ilegales efectuado por la Juez M. L. M. R., en el Requerimiento Fiscal números: 2009-2011 presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, señalándose la Corte Primera de Apelaciones, como el lugar donde se encuentra el expediente original. 2) Resoluciones dictadas por la ciudadana M. L. M. R., en su condición de Juez de Letras de Tela, Atlántida en la que decreta el Sobreseimiento Provisional de la causa, la libertad de los imputados y el posterior Sobreseimiento Provisional al encausado J. D. M. en Audiencia Preliminar; en virtud de la incorporación del medio de prueba consistente en Dictamen Pericial Balístico por la Defensa Privada de los encausados, a pesar de que la Corte Primera de Apelaciones ordenó la Revocación del Sobreseimiento Provisional (las mismas corren agregadas en el expediente antes relacionado). PRUEBAS QUE DETERMINAN EL VÍNCULO Y EL CARÁCTER DE FUNCIONARIO PÚBLICO AL HABER EJECUTADO EL ILÍCITO DENUNCIADO. a) Oficio No. 53-DPCSJ-2011 enviado por la Jefa de Personal del Poder Judicial Abog. J. M. C. A., en el cual se establece que la empleada M. L. M. R. fue nombrada en el cargo de Juez de Paz II de lo Criminal del municipio de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha seis de diciembre de dos mil diez, mediante acuerdo No.943, trasladada como Juez Supernumeraria de Letras de La Niñez y La Adolescencia del municipio de Tela, Departamento de Atlántida, el doce de enero de dos mil once”.- II.- Que en proveído de fecha veinte de agosto de dos mil doce, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, tuvo por promovido el antejuicio de mérito, a fin de que la funcionaria acusada, informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargos a ella formulados, en el término de tres días, pronunciándose la Abogada M. L. M. R., en fecha siete de septiembre del dos mil doce, de la manera siguiente: SE PRESENTA INFORME. “PRIMERO: Si bien es cierto a través de este informe doy respuesta a sus inquietudes, no menos cierto es que de todos los operadores de justicia es conocido que los Jueces ejercemos nuestra función regulados por principios generales del derecho y entre esos principios las decisiones que como jueces tomamos lo hacemos bajo el principio general de independencia y de la obligación de respeto a la independencia judicial tanto de los otros poderes del estado y en general todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben Respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura, los que se encuentran enmarcados en sus artículos 1 y 2 del Estatuto Del Juez Iberoamericano. Además de estos principios antes mencionados, en una causa criminal existen dos partes, que deben respetar estos y otros principios plasmados, en las Leyes Sustantivas y Adjetivas, la Constitución de la República y Convención Americana de Derechos Humanos, tales como principio de Objetividad, Contradicción, Debido Proceso y Defensa entre otros: La primera de esas partes es el Ministerio Público que representa a la sociedad como ente acusador y que debe probar más allá, de toda duda razonable, los hechos que se compromete a probar a través de un Debido proceso, pero este Ente acusador obligado a respetar la objetividad, plasmada en el art. 93 del C.P.P. no obedece esta Norma adjetiva y en la mayoría de las ocasiones, no respeta este principio que lo obliga a generar prueba en contra del imputado, pero a la vez, en base a ley, está obligado a generar y presentar los Medios de Prueba, que favorezcan al imputado. En algunas ocasiones cuando el Juez tiene un criterio Independiente, serio y no sumiso a los intereses del Ministerio Público, algunos Fiscales se molestan, como en el presente caso, y tratan de intimidar de diferentes maneras al Juez, llegando al extremo que amenazan con denunciarlo o presentarle Ante-Juicios, sin estar apegados a derecho como en el caso que nos ocupa. La Defensa cumple con su deber de Representar a su defendido y en la mayoría de las veces solo debe rebatir la prueba de cargo argumentando a favor de su representado. El Juez es el Operador de Justicia, que debe No solo ser Imparcial, sino que en sus resoluciones debe demostrar esa Imparcialidad, e Independencia. La parte en desacuerdo con las Resoluciones y Sentencias tiene diferentes recursos para demostrar o acreditar que el Juez esta Errado o equivocado o aplicó mal las Normas que está obligado a respetar, esta gama de Recursos se conocen como Reposición, Apelación, Casación y el Amparo, entre otros. El Fiscal debe acudir al Ante-Juicio, cuando el Juez incurre en delito deliberadamente y quebranta la Ley que está obligado a respetar y que dicho comportamiento es evidente, pero a mi criterio No es el caso que nos ocupa. Para información de la Fiscal que presento el antejuicio, soy una Juez de 10 de diez años de antigüedad en el Poder Judicial, de los cuales 07 años como Juez de Letras Seccional, y 09 años de ejercicio privado de la Profesión de Abogado, en donde me he desempeñado con buen suceso. Por lo que me extraña sobremanera el comportamiento de la fiscal en este caso que hoy nos ocupa. La Función primordial del MP es ejercer esa autoridad para controlar los altos índices de criminalidad, No para perseguir Jueces, solo por el hecho de que las Resoluciones no se decretan a su gusto, debido a su investidura los acusadores públicos deben perseguir las acciones ilícitas, debo mencionar que en este asunto se asesinó a un Testigo de la Defensa, delito que deberían estar investigando; lejos de perseguir a esta juzgadora, de este extremo obra prueba documental en este expediente y malgastan el dinero para proteger testigos que son partes interesadas en algunos juicios. De esa muerte no se ha puesto el interés que demuestran en este caso, a pesar de que la muerte del testigo se dio por una declaración judicial. En el caso que nos ocupa las resoluciones dadas en su oportunidad considero con mi experiencia que están apegadas a derecho, y no es que como Juez no pueda Equivocarme, pero al hacerlo el Fiscal debe demostrar su inteligencia y diligencia haciendo uso de los diferentes recursos para enmendar el error del Juez. Es de recordar al Ministerio Público que los investigados antes referidos, están blindados por una serie de Derechos que se identifican como garantías constitucionales, pero si la Fiscal no quiere respetar la Constitución, debe y está obligada a respetar La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ella están plasmados esos mismos derechos que el Ministerio pide que yo irrespete, al quererme obligar a través de un Antejuicio a que yo olvide la existencia de esa garantías que amparan a todo imputado mientras no se le Condene en un juicio Oral y público y después de firme la Sentencia Definitiva. El Investigado tiene derecho a que se le respete: su Presunción de Inocencia, y la fiscal ya condenó a los imputados, sin realizar el juicio Oral. De la misma manera viola este principio a la Juez de Letras de Tela cuando en su Antejuicio, manifiesta que yo ya soy Imputada por varias ocasiones, tal parece que se necesita leer un poco más, la Constitución y la Convención. Pues estos principios deben respetarse por Jueces, Magistrados y Fiscales etc. Aunado a la Presunción de inocencia debe respetarse el Debido Proceso, Derecho a la Defensa y el Principio de Contradicción. Este último Principio de Contradicción, complementado con el Principio del Debido Proceso en relación al Principio de Igualdad de Armas. El Ministerio Público, pretende que como Juzgadora le violente a los imputados, el derecho de CONTRADICCIÓN Y DEBIDO PROCESO. Porque sostengo esta afirmación; véase Honorable Corte de Apelaciones la testigo protegido D, que según el Ministerio Público reconoce plenamente al Sospechoso, y que esta FALSA VERDAD, es Repetida por la certificación de la Sentencia de la Corte de Apelaciones, manifiesta que es contundente al reconocer al imputado, Esta deducción ERRADA, se contradice en la Audiencia Inicial; o sea en la misma AUDIENCIA, al aplicarle el Principio de Contradicción, con lo descrito en el párrafo anterior, la testigo, en su primera versión dice: que lo reconoce y la testigo lo describe vagamente al sospechoso, después en segundo lugar al someter ese mismo testimonio a las Repreguntas de la Defensa: Contesta R: No la ví, porque estaba de Espalda mirando hacia la CALLE Pregunta de la defensa… Como lo supo… R: Porque entró adentro y mi niña que estaba en uno de los cuartos me dijo que entró adentro ver folio 115 frente y vuelto del presente JUICIO. Como se puede corroborar, al someter esa declaración del testigo D, rendida en Audiencia Inicial al Principio de Contradicción y la Defensa ejecuta su Contra-Interrogatorio se verifica que la supuesta Identificación del imputado es INDUCIDA, por lo tanto es FALSA, esta inducción es sugerida por los Fiscales del Ministerio Público, que NO prepararon a su Testigo para un contra interrogatorio, pues de sus respuestas a las Repreguntas de la Defensa: Contesta R: No la vi porque estaba de Espalda mirando hacia la CALLE,… Pregunta de la defensa… Como lo supo… R: Porque entró adentro y mi niña que estaba en uno de los cuartos me dijo que entró adentro… ver folio 115 frente y vuelto del presente JUICIO. Al analizar esta declaración del testigo claramente se Denotan que los Fiscales sabían que esa testigo era un testigo de REFERENCIA, pero la indujeron a mentir en varias audiencias, para sustentar su TESIS EQUIVOCADA y querer atribuir el hecho a los Imputados, por ende los resultados que arrojan el Contra interrogatorio, confirman la poca preparación que los fiscales hicieran a la testigo protegido, para que esta no revelara que la única persona que supuestamente OBSERVO personalmente, a la persona que se introdujo en la casa fue una Niña y esta niña fue la que le contó o le describió al supuesto hechor. De acuerdo a lo extraído de esta declaración contradictoria, la testigo protegido NUNCA VIO a Misael Molina, y claramente confiesa que ella No es testigo Presencial, sino que una testigo de referencia, que relata lo que su menor niña le CONTO, pues la niña fue la que vio al sospechoso, por ende, ya las normas y reglas de la sana crítica nos dan los parámetros a los Jueces Como se debe valorar un Testigo de referencia o de OÍDAS, que debe relacionarse o dársele valor con relación a otra prueba DIRECTA o Prueba Material. La misma irresponsabilidad con que el MP prepara sus Juicios los hace caer en estos errores y pierden la caballerosidad de asumir su irresponsabilidad y quieren cubrir esta, interponiendo un Antejuicio en mi contra. Quiero aclarar que un juicio no se prueba por estar repitiendo mentiras una y otra vez, las pruebas se acreditan y se evacuan respetando el DEBIDO PROCESO, derecho a la Defensa y el principio de Contradicción. Toda Aseveración hecha por el Fiscal antes del DEBATE ORAL Y PUBLICO, no se identifica como Plena Prueba, ni en la Etapa Preparatoria se debe creer por los Fiscales que ya hay Plena Prueba, pues hasta antes del DEBATE, todo lo presentado son indicios. Pero es importante mencionar que también pueden presentarse Falsos Indicios con apariencia de VERDAD, en Un contra interrogatorio se desbarató todo el Castillo de Cartas que había levantado el Ministerio Público. en el aire para resolver este caso. La irresponsabilidad del Ministerio Público llega en primer lugar al grado que en el Antejuicio en el numeral Primero folio dos y tres del libelo, dice lo siguiente: “…con un desfile de Material Probatorio,…con los que se acredita la plena prueba del delito… Entre ellos testigos protegidos, …que de forma clara, contundente y precisa…como se desarrollaron los hechos… donde desde el momento en que como fue sacado de la vivienda el occiso A. B.… ESTO CONFIRMADO POR EL TESTIGO “…D…” y los testigos B y C… observaron el vehículo…” Esta tesis No es VERDADERA, pues un testigo para ser valorado Debe haber presenciado con sus OJOS, los hechos sobre los que declara…, no con los ojos de otro…, en el caso de los testigos B y C, dicen que vieron el carro en nueva florida, nunca dicen que vieron los HECHOS investigados. En segundo lugar, el famoso testigo protegido D, con el Contra- interrogatorio, de la defensa que obra a folio 115, se probó que NO es un Testigo Presencial, sino que dice lo que le dijo su niña, o sea es un Testigo de Referencia mal alineado por los Fiscales del MP. Referente a la Prueba Documental: Esta por si sola No Prueba nada, pues la Autopsia, Acta de Registro Personal, Acta de Decomiso y Acta de Inspección al Vehículo por si solos sin el testigo D, no acreditan quien cometió el delito. Mucho menos cuando ya se conoce el resultado la Prueba Científica o Peritaje realizado por laboratorios del Ministerio Público a las Armas decomisadas y estos son contundentes al sostener lo siguiente: En el Numeral Primero: las pruebas de criminalística y dictamen pericial, hechas a las armas decomisadas, claramente establecen: …Registro Laboratorio de Balística Forense… Material Recibido… al numeral 1. —II. —; III.-;… VII.-Conclusiones: 7.1.- y 7.2 “…Ninguna de las tres ARMAS de Fuego percutió,…ninguno de los tres casquillos recibidos como indicios, Razón por la cual se determina la comparación COMO NEGATIVA…” Otra Falsedad sostenida por el M.P. en el antejuicio, es cuando a folio CINCO del Libelo, en el numeral SEGUNDO la fiscal dice: “…Negándose a dar cumplimiento a una resolución del Tribunal superior…”. Afirmación que no está apegada a la verdad, pues obra a folio 183, donde obra Auto de Prisión, del presente Juicio, que se Dio cumplimiento a lo ordenado por mis Superiores los Honorables Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida. SEGUNDO: A.- El Ministerio Público en fecha 17 de Junio del año 2011 presentó requerimiento fiscal contra los imputados C. A. O. P., J. D. M. R., E. G. R. M. Y M. M. M., por suponerlos responsables de los delito de DETENCIÓN ILEGAL Y ASESINATO, en perjuicio de A. B. M., el cual la suscrita comenzó a conocer de las presentes diligencias debido a recusación presentada al juez que inicio conociendo la causa, fue así que se me asignó el expediente en cuestión y a partir del 22 de junio del 2011 emití auto, mediante el cual se resolvía declarar con lugar una solicitud de diligencia de prueba anticipada para realizar el reconocimiento en rueda de los imputados antes referidos y el testigo protegido con la clave D. B.-Para evacuar esta prueba propuesta por el Ministerio Público se señaló la misma el día miércoles 22 de junio del mismo año (2011), a las 2:30 p.m., pero en fecha 21 de junio del mismo año, el Juez recusado había resuelto acceder a lo solicitado por el Ministerio público de realizar reconocimiento de objetos por testigos protegidos como ser el reconocimiento de un vehículo, así como la protección de testigos con seudónimos B y C, la que quedó fijada para el miércoles 22 de junio del 2011, a la 2:00 p.m., por lo que en fecha 22 de junio del mismo año a las 12:10 del mediodía los apoderados defensores presentaron escrito de oposición a lo resuelto por el Juez recusado, a lo cual ya teniendo asignado el expediente me pronuncié a resolver la oposición planteada, misma que fue resuelta sin lugar, así mismo sin lugar, el recurso de reposición planteado por ellos mismos, ordenando que se evacuen los medios de prueba ya solicitados por el Ministerio Público y que estos se evacuarían en el mismo lugar y hora señalada, lo anterior consta en los folios del 92 al 106, juramentándose el perito designado técnico en balística, señor J. M. M. R. en fecha 23 del mismo mes de junio del 2011.- Llegado el día y hora señalado para la práctica de la Prueba anticipada de reconocimiento en rueda, la misma se llevó a cabo con todas las formalidades que la ley y el proceso exige, en dicho reconocimiento el testigo protegido “D”, reconoció a la persona identificada como número 4 que correspondía al imputado M. M. M., manifestando el testigo protegido “D”: “que nunca lo volvió a ver después de los hechos pero me pareció haberlo visto a ese” y con respecto al imputado J. D. M. R. el testigo protegido “D” manifiesta que se parece al cuerpo, en cuanto al imputado E. G. R. M.. manifestó no reconocer a ninguna de las persona que tenía en frente, en cuanto al imputado C. A. O. P., a este no lo reconoce sino que menciona a otra persona que estaba frente. Pero a este imputado ella lo CONOCE muy bien desde antes que acontecieran los hechos, pues el señor M. M. M., está casado con la hija de un vecino suyo identificado como P. T. A., quien es testigo de descargo en este Juicio, y que para información de la Corte de Apelaciones, días después asesinaron al testigo de descargo P. T. A., por lógica si su suegro el señor T. es su vecino y el señor M. M. M., llegaba con frecuencia a visitar a su suegro en el vehículo de su propiedad, el 3.0 Blanco, como es que la testigo protegido NO va reconocer al señor M. M. y a su vehículo, por ende la testigo no es creíble en su deposición pues deliberadamente miente al decir que NO conoce al señor M. M. M., por si hubiese duda, sobre la muerte del señor T., consta la defunción del testigo de descargo obra agregada a este expediente a folios 201 y 203 del presente Juicio. El colmo del descaro del mismo testigo protegido D es que en la Audiencia INICIAL, que obra a folios 115 frente y vuelto, la testigo literalmente, reconoce que NUNCA PRESENCIO los hechos pues estaba de espalda viendo hacia la calle, y que lo que declaró lo hizo porque su niña se lo dijo, por lo tanto Es importante que la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, haga un análisis MINUCIOSO, conmigo y descubrirá que la Ley y la Constitución de la República me dan la razón, para resolver como resolví, en ese entonces. Este comentario lo relaciono con la declaración falseada del testigo protegido D, y la analizamos en relación al hecho el literal b.-) de la Certificación de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida lo mencionó pues en la Certificación se da por establecido que este Testigo reconoce plenamente a M. M. M. Se procede a analizar el HECHO Tercero literal b.-) de la Certificación de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida que literalmente dice: Esta declaración se debe analizar y unir de forma armónica con la declaración del Policía J. O. R., de Arizona, conformando el grupo de policías que se hizo presente al desvió de Lean, cuya carretera conduce a Nueva Florida, donde habían reportado el supuesto secuestro… si bien es cierto que menciona que se le brindó La Descripción de un Vehículo casi similar en el que se transportaban los imputados con la DIFERENCIA DEL COLOR (GRIS y BLANCO), pero lo relevante de esta declaración es que detuvo el vehículo en que se transportaban los imputados en esa carretera, la cual adujo en su declaración que No existe otra salida desde aquella Zona, …pues nunca se apartó de esa carretera hasta que el cuerpo del ofendido fue encontrado, (Comentario que NO es cierto, ni verdadero, pues esa aseveración no es cierta del todo pues es conocido que esa misma carretera tiene, otra salida por la montaña que va a salir a una Carretera que baja de la montaña entre Guaymon y Toyos), que en la carretera que de Tela, Atlántida, conduce a El Progreso, Yoro, por ende eso es una verdad a medias… Otro hecho que refuerza este análisis es que Nueva Florida y Matarras, tienen acceso por carretera de tierra pasando por Santa Elena y otras Aldeas, a los Municipios de Morazán y el Negrito, ambos del Departamento de Yoro.) Otro extremo paradójico es que el MP y la Corte dan por sentado que en la carretera que de Nueva Florida conduce a Lean, que es una Zona Ganadera, y los Ganaderos de esa Zona, solo compran 3.0 y los colores todos son similares, tanto el gris, como el crema, y el blanco a la distancia y de la carretera que de Ceiba conduce a Tela, esos vehículos 3.0 abundan y se cuentan por veintenas en las carreteras, como es posible que esa deducción la corte la tome como Válida, eso equivale a que vamos a condenar a un sospechoso porque andaba con camisa de un mismo color, que la persona que cometió un delito, esta deducción va en contra de las Reglas de la Sana Crítica, de La Lógica y la experiencia. …Esto unido al reconocimiento en rueda en donde participó el testigo protegido D, quien supuestamente identifica plenamente al señor M. M.. “…Que andaban con su rostro cubierto tres de ellos pero uno de los cuatro NO, y dio las siguientes características, No es Alto y no es bajito, medio Grueso, cuerpo musculoso, No es colocho y no es Pelo Liso, No es Negro, calcula que tiene de 37 a 40 años, y que cuando se le pusieron 4 personas… Y se le pidió que describiera antes y después del hecho, estando la testigo protegido D, a quien se le pidió que mirara fijamente a las 4 Personas debidamente identificadas,… Desde todo punto de vista al tenor de las Reglas de la Sana Crítica identificadas como La Experiencia, la Lógica, y La Coherencia que manda la APLICACIÓN de los Principios de Identidad y Contradicción; esta descripción dada por el testigo protegido D, no describe a una persona en PARTICULAR, en su descripción, no es concreta ni congruente en su deposición, pues por un LADO su declaración en Audiencia inicial no está APEGADA a la VERDAD, ya que a folio 115 frente y vuelto en la Audiencia Inicial este testigo D al ser preguntado si había visto antes a la Persona que andaba con el Rostro descubierto dice que NO; después a la Penúltima pregunta que si conoce con anterioridad al IMPUTADO que describió y en su respuesta dice: que “…NO…”; esta aseveración, de la testigo no es clara, tomemos en cuenta QUE EN CUALQUIER MATERIAL U OBJETO QUE TENGA RELACIÓN CON UN HECHO DELICTIVO, LA EVIDENCIA ES CIEN VECES MAS CONVINCENTE QUE LOS TESTIGOS Y NO HAY DUDA QUE EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA FÍSICA ANTE LOS JUECES ES MAS DIRECTA Y OBJETIVA, NO DEJANDO LUGAR A INTERPRETACIONES SUBJETIVAS, existe incongruencia pues a pesar de que el señor M. M. M., es Yerno de su VECINO, de comunidad el señor P. T. A., y este testigo Trigueros en su declaración dice “…Yo del hecho no sé nada, …yo vivo en Nueva Florida, en el lugar que le dicen Matarras dejo el Ganado, lo dejo por ahí y al siguiente día regreso por la propiedad, ya veo ese día que me hacen falta 5 animales y considero que quien me podía ayudar es mi YERNO M., dice que el llego a la 7:00 A.M. a su propiedad y lo llamó a él su yerno, M., y este le dijo que NO se preocupara, y como a las 10:30, él iba con los muchachos que están aquí, donde yo los estaba esperando a ellos, luego …estamos poniéndonos de acuerdo para buscar los animales y dejamos el carro en la Casa, y nos regresamos y nos TIRAMOS RIO ABAJO, yo les dije que había que buscar el sitio en donde se habían salido los animales, y dijimos a rodear el cerco, allí en mi propiedad hay unas palmeras y como a las 12:00 ahí había una tremenda tormenta y pasamos como una hora, escampando el Agua en unas palmas y les dije que estábamos perdiendo el tiempo y como calmó el agua, continuamos con la búsqueda de los animales y yo ya no aguantaba de caminar y se los hice saber …y como NO los hayamos les dije que nos regresáramos como a las 2:00 PM íbamos de regreso, porque ya no aguantábamos, nos despedimos, “a las preguntas de la Defensa: Conocía a los Policías que llegaron con su yerno… R: Si los conozco, eran 4 con Misael, 2.- Ud. conoció al difunto… R: Si éramos grandes amigos y me dio pesar que lo hayan MATADO, Preguntas del Ministerio Público: 1.- Porqué Ud. Dice que su yerno le podía ayudar a encontrar esas vacas, R: Porque él es mi YERNO, 2.- En qué tipo de carro andaban los muchachos R: Un carro Toyota 3.0… 3.- Cuanto tiempo estuvieron R: Como tres horas y media… Como se puede apreciar la testigo protegida D, falsea la verdad al manifestar que ni conoce a M. M. M., y que tampoco ha visto el carro en que M. llega a visitar a su SUEGRO, por ende la declaración del testigo protegido D tiene que ser valorada con prudencia pues deliberadamente oculta que conocía al imputado. La otra observación es que la Corte, no le concede ningún valor al Testigo: P. T. A., quien a la fecha, ya está muerto y que casualidad, que lo matan en noviembre del mismo año del suceso que se investiga en este expediente. Para complementar esta relación de hechos pido a la Honorable Corte se imponga de una Audiencia que obra a folios 197,199 y 200 del presente Juicio en donde el Defensor Privado: A. R. F., pide Revisión de Medidas, a favor de su Representado: J. D. M., quien en su parte TORAL manifiesta lo siguiente: …Esta Defensa… solicitud que fundamenta en el PELIGRO inminente que corre su Representado y para acreditar estos extremos de… PELIGRO de su vida, obra en esta causa el Testimonio de la Audiencia inicial en donde P. T. A. fue testigo de la Defensa y que además de ello fue suegro de uno de los imputados (M. M.) y establece que el 30 de Nov. De 2,011, fue asesinado en su casa de habitación presentando Fotografías, y el Acta de Defunción, y que de las investigaciones de los Familiares del Occiso y del Ministerio Público orientan como principal móvil de sospecha el hecho que es una venganza por la Declaración a favor de la Defensa…” Solicitud de cambio de Medida que fue denegada en su oportunidad a folio: 204 y 205 del presente juicio. Para completar este Análisis veamos Honorable Corte lo que este mismo testigo protegido D, declara en la Audiencia Inicial “…Yo estaba en la cocina, y de la cocina No se puede ver hacia los cuartos, luego… se lo llevaron a él… Que el carro había salido de Lean,… a las repreguntas del MP Como andaban vestidos… Andaban cubiertos ellos… Si 4 de ellos… Como era el que no ANDABA CUBIERTO R: No era alto, ni bajito tenía bastante músculo en su cara tiene entradas del Cabello… A las Repreguntas de La Defensa responde a la primera: 1.- Como era la persona que ingresó a la vivienda y revisó los cuartos R: No la vi, porque estaba de Espalda mirando hacia la CALLE, Pregunta de la defensa… Como lo supo…R: Porque entró adentro y mi niña que estaba en uno de los cuartos me dijo que entró adentro. Si la Corte de Apelaciones analiza la testigo protegido D, que la certificación de la Sentencia de la Corte de Apelaciones, manifiesta que es contundente al reconocer al imputado, se contradice en la Audiencia Inicial o sea en la misma AUDIENCIA, con lo descrito en el párrafo anterior en primera versión dice: que lo reconoce y lo describe vagamente después en segundo lugar a las Repreguntas de la Defensa: Contesta R: No lo vi, porque estaba de Espalda mirando hacia la CALLE, Pregunta de la defensa… Como lo supo… R: Porque entró adentro y mi niña que estaba en uno de los cuartos me dijo que entró adentro.” De acuerdo a lo extraído de esta declaración contradictoria, la testigo protegido NUNCA VIO a M. M., y claramente confiesa que ella No es testigo Presencial, sino que una testigo de referencia, que relata lo que su menor niña le CONTO, pues la niña fue la que vio al sospechoso, por ende, ya las normas y reglas de la sana crítica nos dan los parámetros a los Jueces como se debe valorar un Testigo de referencia o de OÍDAS, que debe relacionarse o dársele valor con otra prueba DIRECTA o Prueba Material. Véase que la otra prueba documental identificada como: Autopsia, Acta de Registro Personal, Acta de decomiso, Inspección realizada al lugar de los hechos. Ninguna de estas Pruebas sirve para respaldar la testigo de referencia o sea al testigo protegido D, pues ninguna prueba de estas sirve para identificar al supuesto principal sospechoso, y las pruebas de criminalística y dictamen pericial, hechas a las armas decomisadas, claramente establecen: …Registro Laboratorio de Balística Forense… Material Recibido… al numeral 1.-II.-; III.-; VII.- Conclusiones: 7.1.- y 7.2 “…Ninguna de las tres ARMAS de Fuego percutió,…ninguno de los tres casquillos recibidos como indicios, Razón por la cual se determina la comparación COMO NEGATIVA…” Partamos que en relación a una escena de crimen NO ES LO MISMO VER QUE OBSERVAR, observemos que una inspección técnico científico nos ayudara: comprobar la realidad del delito, averiguar el móvil del delito e identificar al autor o autores, y además a aportar pruebas que demuestren la culpabilidad o inocencia del imputado, que técnica y científicamente se demuestre como ocurrieron los hechos. Como Todos los Operadores de Justicia involucrados en este Juicio conocemos el Código Procesal Penal, toma como Sistema para la Valoración de la Pruebas, el Sistema de libertad probatoria, y este sistema de libertad probatoria, está regulado a la hora de valorar la Prueba, por la Sana Crítica y las Reglas de este sistema que son la Experiencia La Psicología y la Lógica. Al valorar la Prueba traída por el M.P. a este juicio y someterla al ANÁLISIS bajo los parámetros de los Principios de La Lógica, estos medios de Prueba NO Resistieron el Análisis bajo estas Reglas y Principios que regulan a la Sana crítica. La Lógica, implica que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar COHERENCIA, (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada de la verdad). La coherencia manda la Aplicación de los principios de Identidad y contradicción. La Derivación induce a la obligatoriedad, de que La RESOLUCIÓN, resulte CONGRUENTE, VERDADERA Y SUFICIENTE. Veamos si la TESTIGO protegido D, sostiene que no conoce con anterioridad a M. M. y además dice en el reconocimiento del vehículo, que es el mismo del lugar de los hechos. Pero el suegro del imputado M. M. manifiesta claramente que su yerno llega seguido a su casa en ese MISMO vehículo, frecuentemente. Como es posible que la vecina, que vive cerca MANIFIESTE, que no conocía con anterioridad ni a M. M., ni a su vehículo. Al someter estas respuestas al análisis de la Reglas de la Lógica y la Experiencia, aplicándoles además los principios de la Lógica, estas No resisten su análisis, el Juzgador por ende, SOSTIENE, que no se puede sustentar un Auto de Prisión a expensas de Testigos Falsos. Este análisis contrasta con el Artículo 202 del C.P.P.- Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la Prueba producida, en relación al art. 336 párrafo primero del C.P.P. y 338 todos estos artículos del Código Procesal Penal, en relación al art. 303 de la Constitución de la República, que ordena al Juzgador lo siguiente: Art. 303 de la Constitución: …La potestad de impartir justicia emana del pueblo, se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución de la República y las leyes… Esta declaración del Testigo J. O. R., policía si se valora con las reglas de la sana crítica No tiene relevancia, pues lo único que refiere es que se le llamó para denunciar un secuestro de alguien No identificado, que el hecho lo habían cometido en un carro 3.0 color Gris, sin placas, y lo que refiere es que vio el carro de Misael cuando venía de Lean, extremo que nunca fue negado. Si se es objetivo y nos quitamos de nuestra mente la Cacería de Brujas, en contra de la Policía, descubriremos que el MP no tiene un caso solidó, y la ley me obliga a cumplir con el Principio del In dubio Pro-Reo, de todos conocidos. C.- En Fecha veintitrés de junio del Año 2011 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que al evacuar el Medio de prueba testifical del señor A. G. C., de acuerdo a su declaración este manifiesta que a los imputados se les detuvo por órdenes de la fiscal quien le manifestó que ya estaban interponiendo la denuncia, razón por la cual manifiesta que en la oficina de la DNIC, se lleva un libro de novedades y que está a cargo del agente de turno, para la suscrita al realizar inspección en dicho libro no consta la salida de los agentes imputados, quienes le habían manifestado a este que saldrían a una misión y al momento de ser detenidos para investigación dichos agentes, hubiese sido toral, que se decomisaran no solo las armas y chalecos, sino también su vestimenta y hacer la PRUEBA DE ABSORCIÓN ATÓMICA, EL ÉXITO O EL FRACASO EN UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEPENDE BÁSICAMENTE DE LAS PRIMERAS ACCIONES QUE TIENE LUGAR EN EL ESCENARIO DEL DELITO, SEGÚN ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CRIMINALÍSTICA, recordemos que según Edmon Locard enuncia el principio de intercambio lo que significa “todo contacto deja rastro” lo que significa que cualquier persona, cuando acude a un lugar deja algo de sí mismo y a la ves también se lleva algo del lugar, se debió entonces realizar una requisa metódica, siguiendo el proceso correcto, describiendo detalladamente todo lo que pueda servir para la investigación, en resumen de lo anterior se dejaron de practicar algunas pruebas y así tener más contundencia la acción penal interpuesta por el Ministerio público de acuerdo a los resultados que arrojaran estas, es decir realizar un acto preparatorio del requerimiento que tenga la eficacia probatoria, falla en la que Incurrió el Ministerio Público, más adelante este testigo manifestó haber visto varios carros con idénticas características que el decomisado. De acuerdo a declaración prestada por el testigo protegido identificado “B”, al expresar que el supuesto secuestrado lo traían en la paila y venían tres personas más, que venían armados, y el secuestrado levantó la mano, para criterio de la suscrita, esta versión por lógica si se lleva una persona secuestrada sería no exponiéndolo para que pueda ser visto, además este testigo cae en controversia al manifestar haber visto varios vehículos, y al ser interrogado por la fiscal manifiesta haber visto el vehículo decomisado ya en dirección a la pavimentada y ya sin la persona que llevaban secuestrada(¿) es decir primero lo ve que levanta la mano y después manifiesta que ya estaba muerto al ver posteriormente el vehículo, más adelante la fiscalía pregunta al testigo si vio al vehículo y si salía para la pavimentada y este contesta que no, es decir crea aún más duda en torno a las presente diligencias, de acuerdo a lo anterior lo enunciado por la agente del Ministerio Público deja de serlo claro, contundente y preciso que dice en el hecho primero del antecedente legal. La suscrita dando fiel cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada emitió orden de captura contra los hoy imputados y efectivamente dictó auto de prisión tal y como lo ordenaba el tribunal en mención, es de hacer notar lo errado en sus aseveraciones de la agente del Ministerio Público en el hecho segundo de la relación sucinta del hecho criminoso, ya que como consta en folio 183 del auto de fecha tres de febrero del presente año, en donde en una de sus partes dice: “PARA QUE SE DECRETE EL AUTO DE PRISION CORRESPONDIENTE CONTRA LOS IMPUTADOS C. A. O. P., J. D. M. R., E. G. R. M. Y M. M. M. POR LOS DELITOS DE DETENCIÓN ILEGAL Y ASESINATO Y SE LES IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA Y ASI MISMO SE ORDENA SE LIBRE CUANTAS ORDENES DE CAPTURA SEAN NECESARIAS EN LA PRESENTE CAUSA” y en fecha Seis de Febrero de este mismo año se libró orden de captura al Jefe de la Policía Nacional Preventiva y al Coordinador de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, consta en copia en este expediente, que se denegó una solicitud del apoderado defensor en que se cumpliera la detención de uno de los imputados habido, en un centro distinto al centro penal de Tela, se han denegado peticiones al apoderado defensor en favor de sus representados (FOLIO 192), nótese que la fiscalía en audiencia de imputado se manifestaban de acuerdo en que los agentes de policía cumplieran su detención en un lugar diferente al centro penal, misma que nunca fue compartida por esta juzgadora y con el solo y único fin de DARLE FIEL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, es decir se está faltando a la verdad en el libelo presentado por la agente del Ministerio Público, la suscrita en ningún momento violentó el principio de autoridad y de ninguna manera me negué ni de forma desafiante a darle cumplimiento a lo ordenado, es decir se cumplió todo lo ordenado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, además es importante mencionar que nuestro código procesal penal en su artículo 302 Último Párrafo Contempla: Si con base en la formalización de la Acusación Por el Fiscal y El Acusador Privado y en la contestación de cargos, El Juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución, que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la Apertura del mismo y según el caso pronunciara Sobreseimiento Provisional O definitivo, lo que relacionado con lo que establece el artículo 295 del mismo Cuerpo legal establece que el juez puede dictar sobreseimiento provisional, si no obstante de tener plena de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan el margen para sospechar que si las tienen, además existe la probabilidad que en el futuro…, en dicha audiencia preliminar como elemento probatorio nuevo, se incorporó dictamen que da como negativo el uso de las armas decomisadas en el hecho criminoso imputado, existen los mecanismos para interponer los recursos contra las resoluciones que se emitan, y una vez que el tribunal de alzada emita resolución, esta juzgadora esta en toda la disposición de darle cumplimiento a lo que se ordene, por un tribunal de alzada en caso de que el acusador público apele, es decir es un simple seguimiento de procedimientos, por lo cual consideramos antojadizo y hasta caprichoso interponer la solicitud de antejuicio en algo que simplemente se debe seguir el procedimiento establecido, ya que considero que por lo largo de mi trayectoria jamás dejaría de darle cumplimiento a lo ordenado por un tribunal superior, porque hay que establecer algo claro que el criterio de esta juzgadora se forma de acuerdo a las pruebas presentadas y consideramos que por la inmediatez que se tuvo con toda la prueba presentada se marcaron algunas dudas en cuanto a la culpabilidad de los hoy imputados, como repito es mi criterio, pero si el Tribunal Superior decide cosa distinta, estoy en la obligación de cumplir con lo ordenado, tal y como lo hice y tal y como lo haría cada vez que se den actos de este tipo, obviamente por la Jerarquía que nos gobierna. A manera de conclusión Honorables Magistrados, el Poder judicial se encarga de capacitamos constantemente y debo decir que estas capacitaciones son de mucha importancia para nuestro desenvolvimiento, ya que soy de las convencidas que son una herramienta valiosísima para que nuestro producto sea lo más acorde con lo que se nos somete a nuestro conocimiento, siempre y cuando que la carga de la prueba sea los más contundente por quien la alega, es decir, es muy fácil no preparar bien una diligencia criminal y tratar de confundir o descargar en nosotros los juzgadores cuando no se consigue lo que se persigue aun y con la mediocridad que caracterizó al acusador público que intervino, LO ANTERIOR POR EL BENEFICIO QUE EXPERIMENTE POR LA INMEDIATEZ QUE TUVE EN PALPAR LA DÉBIL PRUEBA PRESENTADA, por reiterativo que parezca: SI SE CUMPLIÓ CON LO ORDENADO POR VOS AUGUSTA CORTE DE APELACIONES Y LO VOLVERÍA A HACER CADA QUE SE ME MANDEN ACTOS DE INEXCUSABLE CUMPLIMIENTO TAL COMO HA SIDO MI EMANAR A LO LARGO DE MI TRAYECTORIA.” III.- Que en proveído de fecha nueve de mayo del dos mil trece, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió: “PRIMERO: Declarar HA LUGAR la acusación contenida en la acción de Antejuicio, promovida por la señora Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público, Abogada D. G. G. C., en contra de la señora jueza del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Tela, departamento de Atlántida, Abogada M. L. M. R., en la Acusación penal respecto a los ilícitos referidos, descritos y reseñados en su contra, por dicho ente fiscal”. IV.- Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, la Abogada M. L. M. R., compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interponiendo Recurso de Apelación contra el fallo de fecha nueve de mayo de dos mil trece, y expresando agravios de la manera siguiente: “AGRAVIOS QUE CAUSA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL AD-QUEM. PRIMERO: En primer lugar manifiesto Que si bien es cierto el Ad-Quem en su Resolución sostiene, en el numeral SEGUNDO: “…Que esta CORTE ENTIENDE… en concordancia…, artículo 422 del C.P.P., limitarse a DECLARAR HA LUGAR… Sin prejuzgar en el FONDO de la Causa…”. Pero sin embargo la CORTE PRIMERA DE APELACIONES, SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA en el numeral TERCERO, de dicha Resolución entra en contradicción con los manifestado en el numeral segundo, antes precitado y se va al fondo del asunto cuando sostiene literalmente: “…Que de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LOAT, …los JUECES… están obligados… con toda la BREVEDAD que las atenciones de sus Ministerios les permitan… de manera que contrastada esta Norma Imperativa en el ejercicio Jurisdiccional, en relación al comportamiento que la Señora Jueza cuestionada ha asumido en la causa específica sometida a su conocimiento judicial, quien inicialmente cumplió lo ordenado en el fallo dictado por esta Corte en fecha once de noviembre del año Dos mil once, en (véase folios (184-189) de la Pieza constituida ante esta Corte) de cuya disposición resolutiva se puntualizó la Revocación de la Resolución judicial de fecha Veintitrés de junio del año Dos Mil Once, al declararse Con Lugar el Recurso De Apelación de mérito, revocándole a los imputados el Sobreseimiento Provisional decretado por la Jueza A-Quo, por considerar este tribunal que del estudio de los antecedentes y las pruebas, que se encuentra plenamente acreditados los delitos de detención Ilegal y Asesinato, así mismo un fuerte indicio de la participación de los imputados en la comisión del mismo, no obstante que la A-quo libró las ordenes de captura correspondientes, al celebrar la audiencia preliminar nuevamente procedió a dictar Sobreseimiento Provisional a un imputado de nombre David Matute, que había sido capturado, bajo el argumento que el examen balístico no era coincidente con las armas requisadas a los imputados, habiendo con esta actuación la Juez A-quo incumpliendo abiertamente lo dispuesto por esta Corte quien le puntualizó a dicha Juez la instrucción clara y terminantemente lo resuelto, por existir plena prueba…” En segundo lugar Nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal Penal, claramente establece que las Sentencias en esta Materia deben ser Claras, Congruentes y no contradictorias ( Art. 337 CPP), de manera tal que pueda ser entendida hasta por una persona No versada en el Derecho o sea que debe ser entendida por el ciudadano común, y la Pruebas y alegaciones a favor del imputado deben estar valoradas conforme a la SANA CRITICA, (Art. 202 C.P.P. en relación con el Art. 337 del C.P.P.), La Sentencia No podrá dar por acreditados otros HECHOS que NO sean los descritos en la Formalización de la Acusación (ANTEJUICIO)… ni calificar los HECHOS en perjuicio del imputado…”. En Tercer lugar, Debemos concluir en este primer AGRAVIO, que el Ad Quem, violentó la Garantía Constitucional del Debido Proceso, en relación con el Principio de Congruencia, pues si la Resolución de fecha 09 de Mayo del año 2013, no es clara, más bien es Oscura, y el numeral Segundo entra en clara contradicción con el numeral Tercero de dicha Resolución; al tenor de nuestra Legislación está claramente establecido que se violenta el principio de Congruencia, pues da por establecido un hecho que no es parte del Antejuicio y esa parte de la Resolución es la que se refiere a: “…Que de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LOAT, …los JUECES… están obligados… con toda la BREVEDAD que las atenciones de sus Ministerios les permitan… Como se puede corroborar con solo imponerse del contenido del antejuicio que obra en la pieza de autos en ningún momento del ante juicio se me investiga por violentar el principio de celeridad de justicia, o en el antejuicio se menciona que yo he incurrido en retardo de Justicia, por lo tanto el contenido del Numeral TERCERO del acápite intitulado MOTIVACIÓN FÁCTICA Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, no es un hecho de mi antejuicio si no que mi antejuicio se refiere solamente a que dicte un Sobreseimiento Provisional, por ende en ningún momento he violentado el artículo 110 de la LOAT. Por ende la CORTE PRIMERA DE APELACIONES, SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, no me ha respetado garantías constitucionales esenciales e inherentes al ser Humano, tales como son el Debido Proceso, y por ende me ha quebrantado el Derecho a la Defensa, pues es de todos conocidos que el Debido Proceso, está íntimamente ligado con el Derecho a la Defensa. SEGUNDO: Es mi criterio que la Resolución de fecha 09 de Mayo del año 2013, aquí impugnada causa graves AGRAVIOS, a mi persona como Juez y como ciudadana de la República de Honduras, pues la Corte Supra referida debió haberse excusado, ya que en ella se emitió Juicios que posteriormente RESOLVIÓ, por lo que incurrió en la falta que provoca el MOTIVO de EXCUSA o de RECUSACIÓN, y como conocedores del Derecho debieron actuar aplicando el Principio de Lealtad con la Justicia y por pundonor debieron plasmar su EXCUSA y no conocer del antejuicio sobre el cual ya habían emitido opinión al respecto, es esta aptitud de los magistrados la que violenta la Garantía constitucional del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. TERCERO: Honorable sala penal, considero que la Sentencia de fecha 09 de Mayo del 2013, violenta principios Generales del Derecho, así como garantías constitucionales que protegen a todo ciudadano Hondureño y en mayor grado cuando la suscrita actúa como Juzgadora, función pública que se encuentra regulada con Principios del Estatuto del Juez Iberoamericano en sus art. 1, 2, 3, 4,5 y 6 de dicho Estatuto. Todos los operadores de justicia es conocido que los Jueces ejercemos nuestra función regulados por principios generales del derecho y entre esos principios las decisiones que como jueces tomamos lo hacemos bajo el principio general de independencia y de la obligación de respeto a la independencia judicial tanto de los otros poderes del estado y en general todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura, los que se encuentran enmarcados en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Estatuto Del Juez Iberoamericano. Este principio de Independencia Judicial del Estatuto de Juez Ibero Americano, lo hace suyo el novel Código de La Ley del CONSEJO DE LA JUDICATURA: ART: 48 párrafo primero que dice literalmente: “…En el desempeño de sus Funciones Los Jueces o Juezas…son INDEPENDIENTES.- En consecuencia ninguna Autoridad o Funcionario de cualquier Poder del Estado de Honduras podrá darles instrucciones sobre la Interpretación y Aplicación que hagan de la Ley al caso concreto… Por lo que concluyo que mi actuación no está alejada de la correcta aplicación e interpretación de la Ley Procesal Penal o del Código Penal del País. Principio que según el criterio plasmado en esta Sentencia yo debía haber irrespetado, pues la Corte pretende, que por haber revocado el Sobreseimiento Provisional, yo como Funcionaria Pública Judicial, No debía haber valorado el documento identificado como prueba de criminalística y dictamen pericial, hechas a las armas decomisadas, claramente establecen: “…Registro Laboratorio de Balística Forense… Material Recibido… al numeral 1.-II.-; III.-; VII….- Conclusiones: 7.1.- y 7.2 “…Ninguna de las tres ARMAS de Fuego percutió,…ninguno de los tres casquillos recibidos como indicios, Razón por la cual se determina comparación COMO NEGATIVA… Es imperativo recalcar que UNA DECISIÓN JUDICIAL BASADA EN PRUEBAS CIENTÍFICAS NO SEA CONSIDERADA O SE CONSIDERE COMO CONSTITUTIVA DE DELITO. Como Todos los Operadores de Justicia involucrados en este Juicio conocemos el Código Procesal Penal, ésta legislación toma como Sistema para la Valoración de la Pruebas, el Sistema de libertad probatoria, y este sistema de libertad probatoria, está regulado a la hora de valorar la Prueba, por el Sistema de la Sana Crítica y las Reglas de este sistema que son la Experiencia La Psicología y la Lógica. Al valorar la Prueba traída por el M. P. a este juicio y someterla al ANÁLISIS bajo los parámetros de los Principios de La Lógica, estos medios de Prueba NO Resistieron el Análisis bajo estas Reglas y Principios que regulan a la Sana crítica. La Lógica, implica que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar COHERENCIA, (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada de la verdad). La coherencia manda la Aplicación de los principios de Identidad y contradicción. La Derivación induce a la obligatoriedad, de que La RESOLUCIÓN, resulte CONGRUENTE, VERDADERA Y SUFICIENTE. Ninguna de estas Pruebas, que la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, tiene como PLENA PRUEBA, sin haber llegado siquiera al Juicio Oral y Público sirve para respaldar la testigo de referencia o sea al testigo protegido D, pues ninguna prueba de estas sirve para identificar al supuesto principal sospechoso, y las pruebas de criminalística y dictamen pericial, hechas a las armas decomisadas, claramente establecen: “…Registro Laboratorio de Balística Forense… Material Recibido… al numeral 1.-II.-; III.-;…VII.- Conclusiones: 7.1.- y 7.2…Ninguna de las tres ARMAS de Fuego percutió,…ninguno de los tres casquillos recibidos como indicios, Razón por la cual se determina la comparación COMO NEGATIVA…” Es por esto que mi conducta como funcionaria se enmarca dentro de las atribuciones que la Ley me Confiere para el ejercicio de mi cargo por un lado, y por otro verificar si esa acción u omisión puso en peligro un bien jurídico tutelado por el Derecho Penal, estoy convencida que no. CUARTO: Honorable sala penal, considero que si la Sentencia de fecha 09 de Mayo del 2013, violenta el principios de la Independencia de la Judicatura por ende vulnera además la Garantía Constitucional del DEBIDO PROCESO, contenido en la Constitución de La República de Honduras y en tratados y convenios Internacionales tales como La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su art. 8 que literalmente dice: Art.- 8: Principio del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. 1.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías… tribunal competente, independiente e imparcial,… o para la determinación de sus derechos y obligaciones de laboral o de cualquier otro carácter. Principio de Presunción de Inocencia. 2. Toda persona inculpada… que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. QUINTO: Honorables Magistrados de la Corte Suprema de justicia, considero que la Resolución del Antejuicio, me causa Agravios en el Derecho a la Defensa y Debido Proceso, pues en mi informe fui clara al manifestar que el Ministerio Público, a la fecha de la Audiencia preliminar aún no había acreditado el Mínimo indicio racional para que se privara del Principio de libertad al Imputado que se suponía sospechoso de haber cometido un ilícito y el único medio de prueba que podía vincular al señor J. D. M., era el peritaje de las Armas decomisadas y este dio NEGATIVO, según los Peritos Forenses del M.P. SEXTO: Honorables Magistrados la Resolución del Antejuicio, de fecha 09 de Mayo del 2013, me causa Agravios en el Derecho a la Defensa y Debido Proceso, pues es de carácter trascendental aclarar: Que la Corte Primera de Apelaciones actuó en este caso como Juez y parte, debieron excusarse, pues fue esta Corte Primera de Apelaciones, la que emitió una Resolución en donde dice falazmente que el M.P. Aportó una gran cantidad de Prueba, extremo que no es cierto y que en el informe se valoró para que la Corte Primera de Apelaciones analizara cada uno de esos medios de prueba y ponderara mis alegatos en el informe, pero esto, no sucedió así y prefirió sin ningún análisis declarar ha lugar el antejuicio, para cubrir su yerro procesal. Si esta Corte hubiese actuado con base al principio de Lealtad con la Justicia, se hubiese abstenido de conocer el antejuicio pues ellos eran parte interesada en declarar con lugar este Antejuicio, ya que ellos emitieron la Sentencia Revocando el Sobreseimiento Provisional, por ende no serían objetivos a la hora de recibir y fallar en el antejuicio. SÉPTIMO: Es de carácter trascendental Honorables Magistrados de la Corte Suprema de justicia, pues considero que ninguno de los VERBOS, enunciados en el arte 349 numeral 3 del Código Penal aplica a los hechos que se desarrollaron en este Antejuicio, en el expediente de mérito y falsamente adaptados en el antejuicio que se me promueve. Para que se concrete el Tipo Penal pretendido debieron concurrir los elementos objetivos y subjetivos del delito y no se dan por ningún lado en los hechos investigados, ninguno de los dos elementos: ni objetivo ni subjetivo; pues mi comportamiento fue conforme lo que manda en el Código Procesal Penal en esa Audiencia PRELIMINAR, que al tenor del art. 302 del C.P.P. que literalmente dice: Si con base en la Formalización de la Acusación por el Fiscal y en la contestación de cargos el Juez considera que no hay FUNDAMENTOS Razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la Apertura del mismo y según el caso dictara Sobreseimiento Provisional o …”. Honorables Magistrados de la CSJ, no olvidemos que el espíritu de la Ley, es prever toda situación que pueda menoscabar los derechos y garantías de una persona, en ese sentido las Normas del C.P.P, como un Código Garantista plasma en su art. 93 el principio de objetividad, en relación con el art. 82 y 90 Constitucional. Por ende la acciones evacuadas por mi persona en este Juicio las desarrolle enmarcadas en la Normas Procesales penales y estas acciones NO revisten el carácter doloso que deben de manera OBLIGATORIA, coexistir, en el Tipo Penal; Por ende del simple análisis del Tipo Penal con la Teoría del delito, ya que sin la existencia del elemento Subjetivo (que no es otra cosa que la intensión) No puede coexistir un hecho ilícito imputable. Por ende en ningún momento las decisiones y acciones procesales tomadas por mi persona constituyen una acción ilícita, ya que las condiciones en que se dieron los hechos, o sea decretar el Sobreseimiento Provisional, en sus momentos procesales oportunos Audiencia Preliminar están apegadas a derecho. Agrego a esto que todas las actuaciones son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a nosotros, Jueces de la República, no siendo posible imputar mi resolución dentro de un hecho delictivo, por cuanto la misma fue producto de un razonamiento lógico y coherente y en todo caso ser la misma susceptible del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del recurso de apelación, al ser la resolución emitida en audiencia preliminar objeto de recurso de apelación y no de un antejuicio, hago mías las siguientes palabras: el delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo. Concluyo manifestando: si acate la resolución de la Corte primera de Apelaciones, emitiendo ordenes de captura y dictando auto de prisión, posteriormente y apoyada en un dictamen Científico que daba como Negativo (como elemento nuevo) y basada en el artículo 302 del C.P.P. y con la independencia que estamos revestidos emití nuevamente sobreseimiento provisional.” V.- Que en proveído de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por admitido el Recurso de Apelación en tiempo y forma por parte de la Abogada M. L. M. R., en su condición indicada; asimismo tuvo por expresados los agravios y se concedió el término de tres de días a la Fiscal del Ministerio Público, a efecto de que procediera a contestar los agravios antes expresados. VI.- Que en fecha tres de junio de dos mil trece, la Abogada D. G. G. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contestando agravios expresados por la Abogada M. L. M. R., de la siguiente manera: “A LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. PRIMERO: Que al agravio de la recurrente, nos manifestamos en completo desacuerdo, pues de forma confusa, establece en el mismo que la corte ha prejuzgado al resolver el antejuicio el fondo de la causa, que además la sentencia carece de congruencia y motivación, y en tercer lugar que con la resolución de la corte en cuanto a declarar Ha Lugar el antejuicio en su contra se le han violentado Garantías Constitucionales como lo es el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. Que de la resolución del Ad-Quem se desprende que de acuerdo al artículo 422 del Código Procesal Penal el cual establece la substanciación del procedimiento de antejuicio, con lo cual queda claro que en la resolución que resuelva el haber lugar o no a la acusación se emitirá sobre la base de la información recibida, tanto de la acusación, los antecedentes que se tuvieran a la vista y el informe presentado por el encausado, con el fallo no se prejuzgara sobre la responsabilidad penal del funcionario cuestionado, aspectos que son valorados en la sentencia por el Tribunal Ad-Quem, quien únicamente tomó como base los antecedentes del caso (lo cual por obvias razones debe de ser mencionado), la acusación presentada por el Ministerio Público, que de igual manera no se refiere al fondo del asunto, sino más bien al fundamento jurídico, legal del antejuicio, y el informe de la antejuiciada, por lo que en la sentencia se hace una mención de la parte fáctica del caso de méritos, no sobre el fondo del asunto. En cuanto a la contradicción e incongruencia de la sentencia, no encontramos que la misma sea oscura como bien lo plantea la antejuiciada, pues esta explica las razones que llevaron al Tribunal de Alzada a tomar su decisión. Y la misma conlleva una correlación con la acusación, todo ello en base a lo planteado en el escrito donde se promovió el antejuicio, incluso el informe de la antejuiciada, considerando además los antecedentes del caso, donde explica el Tribunal Ad-Quem que a pesar de que la A-quo libro las ordenes de captura correspondientes, al celebrar la audiencia preliminar nuevamente procedió a dictar Sobreseimiento Provisional a un imputado de nombre David Matute, habiendo con esta actuación la jueza incumplido abiertamente lo dispuesto por esta corte quien le puntualizó a dicha juez de la instrucción clara y terminantemente lo resuelto… Por consiguiente debió abstenerse de dictar sobreseimiento provisional a favor del imputado D. M. y elevar la causa a juicio Oral y Público. El fallo emitido por la corte tiene estrecha concordancia con la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo que no encontramos violentado el Principio de Congruencia de las sentencias. Olvidándose la recurrente que la acción realizada en dicha causa como Juez se enmarca en el tipo penal establecido en el artículo 349 numeral 1 y 3 Código Penal que literalmente expresa: Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales. 3) Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. Refiere en su escrito de apelación que no se le investiga por violentar el principio de celeridad de justicia, o retardo de justicia, claro que no son estos preceptos los que se investigan, sino más bien el hecho de haber decretado el sobreseimiento provisional omitiendo la resolución de la Corte Primera de Apelaciones lo que constituye el delito de Abuso de Autoridad. Que con ello en ningún momento se le han violentado Garantías Constitucionales, pues se le han respetado las mismas en la substanciación de este antejuicio, prueba de ello es precisamente el recurso que la suscrita se encuentra contestando. SEGUNDO: Que al segundo agravio y el sexto, la impetrante establece que la corte primera de apelaciones debió excusarse, ya que en ella se emitió juicios que posteriormente resolvió, por lo que incurrió en la falta que provoca el motivo de Excusa o Recusación. Que el artículo 83 de Código Procesal Penal en relación al artículo 187 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, establecen las causas legítimas de recusación para que un juez o magistrado sea recusado. Que la recusación es aquella que permite apartar a un Juez, a un Magistrado determinado de un concreto procedimiento, a instancia de parte por tener alguna relación personal con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes; y la excusa en cambio, es el apartamiento del Juez, Magistrado, por propia iniciativa, cuando concurren en él una causa de recusación, sin esperar a ser recusado por ello. Como primer término la antejuiciada no invoca oportunamente la causal bajo la cual pudo haber recusado al tribunal, y que al analizar los antecedente del caso, no encontramos la concurrencia de alguna causal de recusación, pues al haber la corte emitido su pronunciamiento en cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Provisional decretado en Audiencia Inicial no significa que se prejuzgó al conocer del fondo del asunto, pues al haber resuelto el antejuicio es en base únicamente a la conducta de la antejuiciada y no al fondo del juicio, y la misma corte lo ratifica en su resolución al fundamentarse en el artículo 422 del Código Procesal Penal y lo deja establecido claramente. No podría configurarse la causal No.3 del artículo 83 de CPP, cuando se ha sido Juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior, a esto se referiría el hecho de que se tratara de una etapa anterior del caso, mas no se da esta situación pues el antejuicio es un procedimiento especial, que va configurado dentro del proceso penal que se sigue en contra de los encausados. TERCERO: Con el agravio tercero se hace referencia a que con la resolución emitida por la antejuiciada esta menciona que hizo uso del Principio de Independencia que rige a todos los operadores de justicia, que ninguna autoridad o funcionario de cualquier Poder del Estado de Honduras podrá darles instrucciones sobre la interpretación y aplicación que hagan de la ley al caso concreto, que su actuación en ningún momento está alejada de la correcta aplicación e interpretación de la Ley Procesal Penal o del Código Penal del País, que la A-quo tomó su decisión basada en prueba científica, considerando además que los medios de prueba no resistieron en análisis bajo estas reglas y principios que regulan la sana crítica, y nuevamente en su escrito de apelación de forma desafiante pone en tela de duda el criterio de la Corte Primera de Apelaciones, al referirse que la prueba valorada por la misma corte no tiene el valor de plena prueba, ya que ninguna de ella sirve para identificar al supuesto sospechoso, haciendo totalmente una valoración contraria a derecho, pues estos aspectos en todo caso deben ser valorados por un tribunal colegiado, colaborando a toda costa a la impunidad, ya que la Corte de Apelaciones únicamente a resolver un recurso de Apelación está cumpliendo una de sus funciones, para lo cual ha sido encomendada, en ningún momento se debe de interpretar como que de forma antojadiza el tribunal Ad-Quem esta extrajudicialmente resolviendo un asunto a el encomendado, o le esta ordenando cuestiones fuera de derecho. CUARTO: Que a los agravios cuarto y quinto en los que la antejuiciada está aduciendo nuevamente que con la resolución de la corte primera de apelaciones se le violentaron Garantías Constitucionales como lo es el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, que no establece claramente en qué consiste esta violación, pues de una u otra forma trata de justificar su actuación basándose que su resolución se debió a que en Audiencia Preliminar aún no se había acreditado el mínimo indicio racional para que se privara de libertad al imputado, y que el único medio de prueba que podía vincular al señor J. D. M., era el peritaje de la armas decomisadas, y este dio Negativo según los peritos forenses del Ministerio Público, contradiciéndose nuevamente y dejando de cumplir lo dispuesto por la corte, que ya había valorado la prueba de Audiencia Inicial, y ordenaron que se decretara un Auto de Prisión, que en todo momento la antejuiciada desafió esa resolución, olvidándose plenamente de los resuelto por dicha corte, decretando nuevamente sobreseimiento provisional. Coartándole al Ministerio Público su derecho de defender los intereses generales de la sociedad, para que en la etapa de debate hiciera valer su tesis acusatoria con el desafío de todos los medios probatorios y poder así, demostrar la responsabilidad de los encausados en los hechos por los cuales se les acusa. No basar su criterio únicamente en esa prueba, ya que dejó a un lado la forma en cómo se debe valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, que al valorar la prueba el juez debe sujetarse a criterio de pensamientos racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada, es decir, que el juzgador deberá valorar ineludiblemente las pruebas de acuerdo con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme con las reglas de la lógica, la psicología, la sociología y de la experiencia, no con miras de favorecer al encausado. Deberá también hacer una valoración conjunta de la prueba, y no como en el caso de méritos que una sola prueba pericial bastó para sobreseer al encausado. QUINTO: En el agravio séptimo contemplamos una análisis de que la conducta de la antejuiciada, que, según su perspectiva no se enmarca en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal, errónea percepción, pues en el caso examinado, el antejuicio se fundamentó en el artículo 349 literal 1 y 3, que al desglosar este tipo penal, encontramos que la señora M. L. M. R., en su condición de Juez de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, es la persona que dictó una resolución contraria a derecho en total abuso de autoridad, en el Requerimiento Fiscal: 2009-11, presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida y como consecuencia de ello se decretó Sobreseimiento Provisional al encausado J. D. M. luego que un órgano superior ordenara la revocación del mismo, ordenando la libertad del imputado bajo argumentos totalmente ilegales y arbitrarios, forjando la impunidad en el expediente relacionado. Negándose a darle cumplimiento, sin motivo alguno, a la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones, resolución que fue dictada dentro de los límites de su competencia y con las formalidades legales respectivas, acción que fue plenamente materializada, y que la misma antejuiciada acepta. Que como deber de su cargo ésta debió decretar el Auto de Apertura a Juicio, no decretar Sobreseimiento Provisional, pues únicamente lo hizo en base de la prueba balística, sin valorar todo el material probatorio, omitiendo en todos los aspectos darle cumplimiento a lo ordenando por lo corte, justificando su conducta en la aplicación del principio de independencia, lo cual no la exime de su responsabilidad, pues este principio de independencia está siendo utilizado fuera de contexto, ya que va en contra de un criterio de un tribunal superior, no debió la antejuiciada prejuzgar la responsabilidad del encausado. Que, así mismo la acción ejecutada por la imputada es dolosa ya que esta tiene la obligación de dictar resoluciones con fundamento en la ley y aun así dictó una resolución arbitraria.” VII.- Que mediante proveído de fecha cuatro de junio de dos mil trece, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte de la Abogada D. G. G. C., quien actúa en condición del Fiscal del Ministerio Público; en consecuencia, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante el Tribunal de Alzada. RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, DICTADA POR LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, EN EL ANTEJUICIO PRESENTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DEL JUEZ DE LETRAS ABOGADO M. L. M. R.. I.- ANTECEDENTES DEL CASO.- El presente Antejuicio tiene su génesis en las actuaciones de la Jueza M. L. M. R., en el requerimiento fiscal presentado en contra de los señores C. A. o. P., J. D. M. R., E. G. R. M. y M. M. M., por suponerlos responsables a título de coautores del delito consumado de Detención Ilegal y Asesinato en perjuicio del señor A. B. M., siendo sus antecedentes del caso: 1) Audiencia Inicial (f. 120) en fecha 23 de junio de 2011, en donde la Antejuiciada decretó Sobreseimiento Provisional a favor de los acusados C. A. o., J. D. M. R., E. G. R. y M. M. M.; 2) Sentencia de la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Atlántida (f. 184), de fecha 11 de noviembre de 2011, donde falla declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del Sobreseimiento Provisional decretado a favor de los acusados; 3) Providencia de fecha 25 de enero de 2012 (f. 190), dictada por la Antejuiciada, citando a las partes a audiencia para notificarles el auto de prisión ordenado por la Corte Primera de Apelaciones; 4) Auto de fecha 03 de febrero de 2012 (f. 193), dictado por la Antejuiciada, decretando la medida cautelar de prisión preventiva y ordenando la captura de los acusados; 5) Providencia de fecha 08 de febrero de 2012 (f. 208), emitido por la Antejuiciada, teniendo por capturado al acusado J. D. M. R., y ordenando su ingreso al Centro Penal de la ciudad de Tela; 6) Audiencia Preliminar de fecha 11 de mayo de 2012 (f. 263), celebrada en la causa criminal en contra del señor J. D. M. y presidida por la Antejuiciada; y 7) Auto de Sobreseimiento Provisional (f. 266), dictado por la Antejuiciada a favor del acusado J. D. M.. II.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La Sentencia que se conoce en Apelación es la que emitiere la Corte Primera de Apelaciones en fecha 09 de mayo de 2013, mediante la cual declara Ha Lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio Público en contra de la Jueza M. L. M. R. Basó el Tribunal de la Instancia su decisión en que ese Tribunal de Apelación revocó el Sobreseimiento Provisional decretado en audiencia Inicial a favor de los acusados y si bien “no obstante que la A-quo (Antejuiciada) libró las órdenes de captura correspondientes, al celebrar la audiencia preliminar nuevamente procedió a dictar Sobreseimiento Provisional a un imputado de nombre D. M. –que ya había sido capturado- […] habiendo con esta actuación incumplido abiertamente lo dispuesto por esta Corte, quien le puntualizó a dicha Juez de la Instrucción clara y terminante lo resuelto (SIC)”. III.- AGRAVIOS DEL APELANTE.- La Jueza Antejuiciada Apelante considera la concurrencia de varios agravios que son provocados por la resolución impugnada, los que concretamente son: 1) En la sentencia se cita como fundamento el artículo 110 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, que refiere sobre la obligación que tienen los funcionarios judiciales de despachar los asuntos de manera breve, respetando los términos legales; indica la Antejuiciada que la motivación de la solicitud hecha por el Ministerio Público no se basa en violentar el Principio de Celeridad Procesal; 2) Los Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Atlántida, debieron excusarse del proceso antejuicio, al haber conocido de manera anterior el Recurso de Apelación que origina la queja del Ministerio Público.- Señala que el Magistrado C. E. C., debió excusarse además por haber hecho comentario negativo sobre la suerte de la Antejuiciada en un proceso de evaluación de rendimiento; y 3) La Resolución Impugnada violenta el Principio de Independencia Judicial. IV. DEL ANTEJUICIO: 1) Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción.- Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza.- El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza de la República. 2) Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c) Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el Antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: i. Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii. Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; f) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales), ello genera varias consecuencias: i. Aún cuando sea declarado Con Lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii. El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; ii. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iii. La acción Penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. 3) Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio, corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del Antejuicio se verificará el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el Código de Rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: A) Verificación de Requisitos Formales: i. Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la Acción Pública a Acción Privada (Art. 41 del Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii. Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeñando de la función estatal de Juez o Jueza que protege ésta garantía.- Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii. Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional.- Aun cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv. El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos. B) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i. Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii. Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; iii. Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del Antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional. V.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.- El Recurso es de Recibo.- Es importante que la Sala de lo Penal refiera de manera previa, para trazar una línea clara en la resolución del conflicto venido en apelación, que la presente resolución no parte del análisis sobre el acierto o desacierto de los criterios jurídicos en que se basó la Jueza M. L. M. R., para dictar los Sobreseimientos Provisionales, tanto en la audiencia inicial como en la audiencia Preliminar, sino que los puntos a resolver, conforme lo señala el artículo 350 del Código Procesal Penal y considerando además que el delito por el cual se está solicitando autorización es el de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, es lo que se ha plasmado como agravios por la Apelante, que cuestiona la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Atlántida, agravios que se analizan de la siguiente manera: 1) Fundamento Jurídico Incorrecto de la Corte Primera de Apelaciones.- Este agravio no es de recibo, por cuanto el artículo 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales que es citado en el numeral Tercero (f. 380) de la sentencia por los Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones, es una cita oportuna como referencia por la inmediata reacción de la Antejuiciada para cumplir lo que dispuso ese Tribunal en su sentencia sobre el Recurso de Apelación recaído en contra del Sobreseimiento Provisional dictado por aquella en la audiencia inicial, partiendo de que el Ministerio Público fundamenta su reproche en el artículo 349.3 del Código Procesal penal, que tipifica el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios cuando éstos omitan, rehúsen o retarden algún acto que deban de ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 2) La No Presentación de Excusa de los Magistrados para conocer el Antejuicio.- El Agravio no es de recibo, dado que la Antejuiciada, una vez que fue emplazada para rendir informe sobre el procedimiento de Antejuicio que se le había presentado por el Ministerio Público en la Corte Primera de Apelaciones, pudo presentar Recusación contra los Magistrados que consideraba se encontraban en alguno de los supuestos del artículo 83 del Código Procesal Penal; la Abogada M. R., Abogada y Jueza, conoce de por demás que la parte interesada puede plantear cualquier asunto de recusación que considere concurrente, a efecto de que sea resuelto previo a la emisión de la resolución de fondo (Art. 85 y 86 del Código Procesal Penal); y 3) La Resolución Impugnada violenta el Principio de Independencia Judicial.- El Recurso es de Recibo.- La Corte Primera de Apelaciones señala que es procedente el Antejuicio debido a que la Jueza M. R. desobedeció lo ordenado por ese Tribunal en una sentencia de Recurso de Apelación, criterio que es erróneo debido a que esa sentencia fue recaída respecto a una resolución que emitida en la Etapa Preliminar del Proceso Penal, mientras que lo cuestionado a la Antejuiciada es en relación a otra resolución que fuere emitida en la Etapa Intermedia del Proceso; la Corte de Apelaciones equívocamente entiende que su sentencia, recaída en la Etapa Preparatoria del Proceso, debe de gobernar todas las siguientes etapas del proceso penal, cuando ello no es así; su sentencia resuelve la impugnación contra una resolución particular dictada en un momento procesal determinado. Es importante mencionar, que la Sala de lo Penal, alaba cuando las partes dejan de ser simples concurrentes del proceso para convertirse en verdaderos actores del mismo, controlando las actuaciones judiciales, no solo por su atenta supervisión de que éstas se realicen conforme a derecho, sino también protestando contra las mismas cuando consideren que no lo son, interponiendo los recursos respectivos; sin embargo, es importante y, debe quedar claro, que, la disparidad de criterios legales del Juez o Jueza con el que tenga el Actor de la Acusación o la Defensa no constituye delito, sino que precisamente es la garantía del ejercicio de la Jurisdicción: Un tercero imparcial resolviendo un conflicto surgido entre dos partes.- En el caso examiné, el Ministerio Público indica que la Antejuiciada negó indebidamente dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones (Art. 349.1 del Código Penal), más sin embargo, los autos informan cosa distinta: La Jueza M. R. acató lo ordenado por su Tribunal Ad-Quem, realizando las gestiones y emitiendo las resoluciones necesarias para ello dentro de la Etapa Preparatoria del Proceso Penal; también, el Ministerio Público indica que la Antejuiciada retardó los actos que debía de ejecutar de conformidad a la ley (Art. 349.3 del Código Penal), pero constata este Tribunal de Segunda Instancia que no existió ningún retraso indebido por parte de la Jueza M. R. en la ejecución de lo ordenado por la Corte Primera de Apelaciones. Es oportuno también indicar, que los Tribunales que conocen los recursos Devolutivos, no deben de esperar que sus criterios sean aceptados y compartidos por el A-quo, más si acatados dentro del canon legal; constituye una violación al Principio de la Independencia Judicial cuando un Tribunal que conoce de un recurso devolutivo pretende que su criterio no solo se imponga en relación a la resolución determinada objeto de impugnación, sino que además, y en adelante, sea el criterio que debe de imperar en todas las actuaciones del proceso, ya que ello implicaría que el Tribunal de Primera Instancia debe de dejar de lado su independencia judicial para ser el simple tramitador de dictados ajenos a su criterio jurídico.- En el caso de autos la Jueza M. R., una vez enterada de la resolución de la Corte Primera de Apelaciones, procedió a su inmediato acato, ordenando las diligencias que correspondían; la resolución dictada por ésta en un momento procesal diferente (Etapa Intermedia), basándose en hechos que tildó de novedosos (independientemente que dicho criterio sea atinado o desatinado), dentro de las potestades que la ley otorga, observando los términos y fórmulas procesales, no constituye fundamento razonable para incoar proceso criminal. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 3, 316 de la Constitución de la República, 1 y 127 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 420, 421, 422 y 423 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada M. L. M. R., en su condición Antejuiciada. SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida; en consecuencia, se declara SIN lugar el Antejuicio presentado en contra de la funcionaria judicial M. L. M. R., actual Juez de Ejecución de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por actuaciones jurisdiccionales realizadas cuando se desempeñaba como Juez en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en el proceso penal en contra de los señores C. A. O. P., J. D. M. R., E. G. R. M. y M. M. M., por suponerlos responsables a título de coautores de los delitos consumados de Detención Ilegal y Asesinato en perjuicio del señor A. B. M..- Y MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso a la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con certificación de la presente sentencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSE RAMON CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.-SALA PENAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada M. L. M. R., en su condición personal, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Apelación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-226-2013.

MIRNA LIZZETH ALVARADO

SECRETARIA POR LEY