Sentencia CP-220-11 — Registro 3687
Resumen
En primera instancia se absolvio a los acusador por los delitos de Posesion Ilegal de Armas y Posesion de Drogas para Consumo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.-" La recurrente plantea que en la sentencia recurrida, la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados no es clara y terminante, porque establece que del registro practicado a la vivienda de L. Y. A. D. esposa del imputado F. P. R. T., se encontró varios envoltorios de polvo blanco y piedras blancas que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de doce punto dieciséis gramos (12.16 gr.) una arma de fuego tipo revólver, una arma de fuego tipo mini Usi y una arma de fuego tipo pistola; circunstancia que denota que el cuadro fáctico está incompleto, pues el Juzgador obvió incluir en el mismo el ingreso por los Agentes de Investigación Criminal también a la vivienda de E. R. T., donde se encontraron realmente las evidencias consistentes en los envoltorios de polvo blanco que resultaron positivo cocaína, un arma de fuego Prieto Beretta y una Mini Usi; por ende dicho factum resulta incompleto y confuso, pues si bien, menciona las armas de fuego y la droga, omitió consignar para su apreciación completa y coherente, individualizar que le fue decomisado a cada uno de los imputados, concluyéndose que las mismas debieron servir al Tribunal para declarar los hechos probados; sin embargo, a criterio de la Fiscalía, el vicio aparece cuando a pesar de que la probanza le informó al Tribunal que la evidencia decomisada a F. y a E. obvió expresar de manera clara y coherente lo que le decomisó a cada uno de ellos. II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que según nuestra normativa procesal penal, la narración de los hechos probados en la sentencia debe ser clara, terminante y no contradictoria, es decir, no se deben utilizar frases confusas, imprecisas o vacilantes, que impiden aclarar la realidad debatida, debiendo el relato por el contrario, ser concluyente y categórico para cumplir con el requisito de claridad y determinación que exige la normativa Procesal Penal. III.- Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados redactados por el A-quo si son claros, terminantes y, no son contradictorios, al dejar plasmado los Juzgadores el lugar, fecha y hora en que los agentes de investigación ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la señora L. Y. A. D., en donde se encontró 12.16 gramos de cocaína y dos armas de fuego; siendo claro el relato del A-quo en el cuadro fáctico, sin que se encuentren frases vacilantes e imprecisas, que lleven a la confusión, siendo al contrario concluyente en cuanto a que el ingreso efectuado por los agentes de investigación en la vivienda mencionada, fue efectuado sin orden o mandato judicial; siendo además, apoyado el razonamiento de los sentenciadores en relación a la falta de mandato judicial en las motivaciones expuestos en la valoración de la prueba, en donde queda claramente establecido que aunado la carencia de la orden judicial, el acto del ingreso no fue convalidado por lo que se derivó que dichas actuaciones están viciadas de nulidad. Es oportuno recordar al órgano acusador, que precisamente para no poner en precario los resultados de una investigación, debe orientar las diligencias que se efectúen para determinar el hecho investigado. Es por lo anterior, que se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I.- La recurrente alega que los Juzgadores incurrieron en motivación fáctica insuficiente en la sentencia impugnada, al contener un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, al establecer el Juzgador en su valoración que los agentes de investigación criminal manifestaron que tenían órdenes de captura por varios delitos contra ambos imputados y que decidieron allanar la casa de los acusados, realizando allanamiento sin autorización de autoridad competente, y que no existen actas de allanamiento para ingresar a las dos viviendas, que tampoco se acreditó que se hayan convalidado las mismas; por lo que no da valor probatorio a lo expresado por los testigos, ya que no tuvo como medio de prueba el acta de allanamiento de la vivienda de los imputados; por lo que les ha quedado claro que los testimonios no pueden ser valorados ni utilizados como material probatorio, por tratarse de prueba derivada de un caso viciado de nulidad. La Prueba Documental entiéndase actas de inspección, decomiso, fotografías, igualmente el Tribunal no las valora ni utiliza por considerar que derivan de una prueba ilícita, y no existe una acta de allanamiento, puesto que lo que existió ese día fue el ingreso a la vivienda de F. R. autorizado por la señora L. Y. A. D. su compañera de hogar, la cual fue evacuada en la audiencia de juicio, por lo que evita la necesidad que se levante acta de allanamiento y consecuentemente que se convalide el allanamiento en lo relativo a la vivienda de E.; la recurrente considera que las evidencias encontradas en la misma, constituyeron prueba ilícita, no obstante no debe extenderse la absolución para el imputado F. R., pues el ingreso a su vivienda es válido al haber autorizado el mismo, constando en dicho documento la firma de su compañera de hogar; sin embargo, el Juzgador al momento de valorar dicha probanza se limitó a establecer que no valora la misma por derivar de una prueba ilícita. II.- Esta Sala de lo Penal recuerda, que la Constitución de La República establece en su artículo 99, la inviolabilidad del domicilio y que los ingresos a los mismos sólo podrá verificarse con el consentimiento del morador o por resolución de autoridad competente, también se puede llevar a cabo el ingreso en situaciones de flagrancia, pero en el último párrafo de dicha norma Constitucional, queda claramente establecido que será “la ley la que determinará los requisitos y formalidades para que tengan lugar los ingresos mencionados” (Principio de Reserva de Ley). La ley procesal penal en su artículo 212, establece que los ingresos que sean efectuados en los casos de flagrancia, el Ministerio Público tiene la obligación de poner en inmediato conocimiento al Juez competente, para que este proceda a convalidar o anular total o parcialmente lo actuado. III.- En el caso examiné, el mismo órgano acusador acepta en sus alegatos del Recurso, que las evidencias encontradas en los allanamientos constituyeron pruebas ilícitas, pero pretende que con la única autorización dada por la señora L. Y. A. D., es suficiente para suplir la falta de orden judicial. Para esta Sala, no lleva razón la recurrente en su alegato, ya que conforme a las normas primarias y secundarias supraindicadas, la misma norma constitucional además de autorizar el ingreso al domicilio con consentimiento del morador, también remite a una ley los requisitos y formalidades para que tenga lugar dicho ingreso, no reuniéndose en el caso examiné, el requisito que impone el deber al órgano acusador de poner en conocimiento del órgano judicial el allanamiento para su convalidación o anulación, circunstancia que no realizó el Ministerio Público, poniendo en precario los intereses generales de la sociedad, por lo que es correcta la motivación efectuada por el A-quo, en relación a que todos lo hallazgos producto del allanamiento sin orden judicial verificado, es prueba ilícita, la que no procedieron los sentenciadores a valorar; en consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"La recurrente plantea que en la sentencia recurrida, la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados no es clara y terminante, porque establece que del registro practicado a la vivienda de L. Y. A. D. esposa del imputado F. P. R. T., se encontró varios envoltorios de polvo blanco y piedras blancas que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de doce punto dieciséis gramos (12.16 gr.) una arma de fuego tipo revólver, una arma de fuego tipo mini Usi y una arma de fuego tipo pistola; circunstancia que denota que el cuadro fáctico está incompleto, pues el Juzgador obvió incluir en el mismo el ingreso por los Agentes de Investigación Criminal también a la vivienda de E. R. T., donde se encontraron realmente las evidencias consistentes en los envoltorios de polvo blanco que resultaron positivo cocaína, un arma de fuego Prieto Beretta y una Mini Usi; por ende dicho factum resulta incompleto y confuso, pues si bien, menciona las armas de fuego y la droga, omitió consignar para su apreciación completa y coherente, individualizar que le fue decomisado a cada uno de los imputados, concluyéndose que las mismas debieron servir al Tribunal para declarar los hechos probados; sin embargo, a criterio de la Fiscalía, el vicio aparece cuando a pesar de que la probanza le informó al Tribunal que la evidencia decomisada a F. y a E. obvió expresar de manera clara y coherente lo que le decomisó a cada uno de ellos. II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que según nuestra normativa procesal penal, la narración de los hechos probados en la sentencia debe ser clara, terminante y no contradictoria, es decir, no se deben utilizar frases confusas, imprecisas o vacilantes, que impiden aclarar la realidad debatida, debiendo el relato por el contrario, ser concluyente y categórico para cumplir con el requisito de claridad y determinación que exige la normativa Procesal Penal. III.- Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados redactados por el A-quo si son claros, terminantes y, no son contradictorios, al dejar plasmado los Juzgadores el lugar, fecha y hora en que los agentes de investigación ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la señora L. Y. A. D., en donde se encontró 12.16 gramos de cocaína y dos armas de fuego; siendo claro el relato del A-quo en el cuadro fáctico, sin que se encuentren frases vacilantes e imprecisas, que lleven a la confusión, siendo al contrario concluyente en cuanto a que el ingreso efectuado por los agentes de investigación en la vivienda mencionada, fue efectuado sin orden o mandato judicial; siendo además, apoyado el razonamiento de los sentenciadores en relación a la falta de mandato judicial en las motivaciones expuestos en la valoración de la prueba, en donde queda claramente establecido que aunado la carencia de la orden judicial, el acto del ingreso no fue convalidado por lo que se derivó que dichas actuaciones están viciadas de nulidad. Es oportuno recordar al órgano acusador, que precisamente para no poner en precario los resultados de una investigación, debe orientar las diligencias que se efectúen para determinar el hecho investigado. Es por lo anterior, que se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I.- La recurrente alega que los Juzgadores incurrieron en motivación fáctica insuficiente en la sentencia impugnada, al contener un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, al establecer el Juzgador en su valoración que los agentes de investigación criminal manifestaron que tenían órdenes de captura por varios delitos contra ambos imputados y que decidieron allanar la casa de los acusados, realizando allanamiento sin autorización de autoridad competente, y que no existen actas de allanamiento para ingresar a las dos viviendas, que tampoco se acreditó que se hayan convalidado las mismas; por lo que no da valor probatorio a lo expresado por los testigos, ya que no tuvo como medio de prueba el acta de allanamiento de la vivienda de los imputados; por lo que les ha quedado claro que los testimonios no pueden ser valorados ni utilizados como material probatorio, por tratarse de prueba derivada de un caso viciado de nulidad. La Prueba Documental entiéndase actas de inspección, decomiso, fotografías, igualmente el Tribunal no las valora ni utiliza por considerar que derivan de una prueba ilícita, y no existe una acta de allanamiento, puesto que lo que existió ese día fue el ingreso a la vivienda de F. R. autorizado por la señora L. Y. A. D. su compañera de hogar, la cual fue evacuada en la audiencia de juicio, por lo que evita la necesidad que se levante acta de allanamiento y consecuentemente que se convalide el allanamiento en lo relativo a la vivienda de E.; la recurrente considera que las evidencias encontradas en la misma, constituyeron prueba ilícita, no obstante no debe extenderse la absolución para el imputado F. R., pues el ingreso a su vivienda es válido al haber autorizado el mismo, constando en dicho documento la firma de su compañera de hogar; sin embargo, el Juzgador al momento de valorar dicha probanza se limitó a establecer que no valora la misma por derivar de una prueba ilícita. II.- Esta Sala de lo Penal recuerda, que la Constitución de La República establece en su artículo 99, la inviolabilidad del domicilio y que los ingresos a los mismos sólo podrá verificarse con el consentimiento del morador o por resolución de autoridad competente, también se puede llevar a cabo el ingreso en situaciones de flagrancia, pero en el último párrafo de dicha norma Constitucional, queda claramente establecido que será “la ley la que determinará los requisitos y formalidades para que tengan lugar los ingresos mencionados” (Principio de Reserva de Ley). La ley procesal penal en su artículo 212, establece que los ingresos que sean efectuados en los casos de flagrancia, el Ministerio Público tiene la obligación de poner en inmediato conocimiento al Juez competente, para que este proceda a convalidar o anular total o parcialmente lo actuado. III.- En el caso examiné, el mismo órgano acusador acepta en sus alegatos del Recurso, que las evidencias encontradas en los allanamientos constituyeron pruebas ilícitas, pero pretende que con la única autorización dada por la señora L. Y. A. D., es suficiente para suplir la falta de orden judicial. Para esta Sala, no lleva razón la recurrente en su alegato, ya que conforme a las normas primarias y secundarias supraindicadas, la misma norma constitucional además de autorizar el ingreso al domicilio con consentimiento del morador, también remite a una ley los requisitos y formalidades para que tenga lugar dicho ingreso, no reuniéndose en el caso examiné, el requisito que impone el deber al órgano acusador de poner en conocimiento del órgano judicial el allanamiento para su convalidación o anulación, circunstancia que no realizó el Ministerio Público, poniendo en precario los intereses generales de la sociedad, por lo que es correcta la motivación efectuada por el A-quo, en relación a que todos lo hallazgos producto del allanamiento sin orden judicial verificado, es prueba ilícita, la que no procedieron los sentenciadores a valorar; en consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LON PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su condición de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló ABSOLVIENDO a los señores E. R. T. Y F. P. R.O T., por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. ABSUELVE al señor E. R. T. por el delito de POSESION DE DROGA PARA CONSUMO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DE HONDURAS. No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada K. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado M. J. A. C. en su condición de Apoderado Defensor de los señores E. R. T. Y F. P. R. T., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha uno de octubre del año dos mil ocho, aproximadamente a las seis de la mañana, sin orden judicial, se hizo un ingreso por parte de agentes de la Dirección General de Investigación Criminal a la vivienda de la señora L. Y. A. D., ubicada en la colonias Vegas de El Carrizal en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, donde se encontraron varios envoltorios de polvo blanco y piedras blancas que al ser periciado resultó ser cocaína, con un peso de doce punto dieciséis gramos (12.16 gr), un arma de fuego tipo revolver, una arma de fuego tipo Mini-Usi y una arma de fuego tipo pistola. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: “Que la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados no sea clara y terminante”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del C. C. P.”. El vicio que se invoca se presenta cuando el correlato fáctico declarado por el Juzgador carece de completa claridad y precisión o la estructura de forma incompleta omitiendo consignar circunstancias para su apreciación completa y coherente, debe ser trascendente, es decir, referente a cuestiones o extremos esenciales del cuadro fáctico visto como un todo armónico. No olvidar que sobre esos hechos probados, posteriormente el Juez tendrá que construir la resolución jurídica del caso; por ende cuando se construyen de manera confusa impide la perfecta comprensión de la realidad histórica debatida. De su simple lectura observamos que el hecho estimado como probado establece que del registro practicado a la vivienda de L. Y. A. D. esposa del imputado F. R. T., se encontró varios envoltorios de polvo blanco y piedras blancas que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de doce punto dieciséis gramos (12.16 gr.) una arma de fuego tipo revólver, una arma de fuego tipo mini Usi y una arma de fuego tipo pistola; circunstancia que denota que el cuadro fáctico está incompleto, pues el Juzgador obvió incluir en el mismo el ingreso por los agentes de Investigación Criminal también a la vivienda de E. R. T. donde se encontraron realmente las evidencias consistentes en los envoltorios de polvo blanco que resultaron positivo cocaína un arma de fuego prieto beretta y una mini Usi; por ende dicho fáctum resulta incompleto y confuso, pues si bien es cierto refiere las armas de fuego y la droga que posteriormente fue remitida al laboratorio toxicológico de Medicina Forense para su respectivo análisis, omitió consignar para su apreciación completa y coherente, individualizar que le fue decomisado a cada uno de los imputados. Para mejor comprensión veamos a continuación las declaraciones testifícales de los Agentes de Investigación Criminal que practicaron dichos registros a las viviendas de los imputados F. R. T. y E. R. T. Declaración de Testigo F. N., quién refirió que en el mes de octubre de dos mil ocho (2008), participó en un operativo en la colonia El Carrizal, se dio captura a los mismos (F. y E. R. T.) participó en el decomiso del arma de fuego. Al interrogatorio contestó: al operativo los convocó el departamento de Asaltos, tenían dos órdenes de captura contra E. y F. R., decomisó el arma, tocó la puerta y él salió, dijo donde estaba el arma y la decomisó, practicó el registro y el decomiso del arma, reconoce en la audiencia de debate la firma de las actas de registro y decomiso del señor F., agregó que a él le sacaron el arma de la casa que no entró a la vivienda. Declaración de testigo L. E. U., quién manifestó lo siguiente: “el primero de octubre de dos mil ocho (2008) participó en un operativo en el sector del Carrizal, tenían conocimiento del asalto de una banda, la cónyuge del acusado les firmó una autorización de ingreso, encontraron en la vivienda, dos armas de fuego y una supuesta droga”. Al interrogatorio de las partes contesto: a la vivienda que entró (refiriéndose a ella) fue a la de E. R. T., había un arma en medio de la cama una Usi y otra arma de fuego. Prueba Documental. Acta de inspecciones oculares con su respectivo álbum fotográfico, ratificada por O. J. i. M., en la que se estableció el decomiso de trece bolsitas plásticas transparentes, un arma de fuego Pietro Beretta, serie 886099 y un arma de fuego mini usi, serie 00602. Acta de decomiso o secuestro realizado en fecha uno de octubre de dos mil ocho (2008), al señor F. P. R. Torres, en la que consta que se le decomisó una arma de fuego tipo revólver marca Armscor, calibre 38 especial, serie 961553 y seis proyectiles. Al análisis de las pruebas evacuadas en juicio concluimos que las mismas debieron servir al Tribunal para declarar los hechos probados sin embargo a criterio de ésta Fiscalía el vicio aparece cuando a pesar de que la probanza le informó al Tribunal que la evidencia decomisada a F. y a E. obvio expresar de manera clara y coherente lo que le decomisó a cada uno de ellos. En atención al análisis de lo anteriormente descrito es que consideramos que el hecho probado es el que el Tribunal tiene en definitiva como demostrado y cierto en virtud de las pruebas recibidas en el debate y con relación a la imputación, y en base a ello dictara el fallo que corresponde; pues es de todos conocido que una incorrecta determinación del hecho repercute en una incorrecta aplicación del derecho como sucedió en el caso subjudice. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. III.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO. “Motivación Fáctica Insuficiente de la Sentencia Impugnada”. PRECEPTO AUTORIZANTE. “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender por Motivación en la sentencia en un proceso penal. Según el Artículo 141 del Código Procesal Penal, los y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedentes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en insuficiente motivación fáctica, la cual consiste en la escasa fundamentación para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto, el Autor Fernando De La Rua (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), establece que: “La motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, entendiéndose en la primera hipótesis que se valorarán las pruebas suministrando las conclusiones a que arribe el Tribunal sobre su examen, esa necesidad de motivación impone al Juez el deber de apreciar razonadamente las pruebas”. Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al establecer el Juzgador en su valoración que los agentes de investigación criminal manifestaron que tenían órdenes de captura por varios delitos contra ambos imputados y que “decidieron allanar la casa de los acusados,” realizando allanamiento sin autorización de autoridad competente y que no existen actas de allanamiento para ingresar a las dos viviendas y que tampoco se acreditó que se hayan convalidado las mismas; por lo que no da valor probatorio a lo expresado por los testigos ya que no tuvo como medio de prueba el acta de allanamiento de la vivienda de los imputados; por lo que les ha quedado claro que los testimonios no pueden ser valorados ni utilizados como material probatorio por tratarse de prueba derivada de un caso viciado de nulidad. La Prueba Documental entiéndase actas de inspección, decomiso, fotografías, igualmente el Tribunal no las valora ni utiliza por considerar que derivan de una prueba ilícita; únicamente confiere plena credibilidad a la prueba testifical evacuada por la defensa por considerar que no encontró contradicciones entre si y las considera congruentes. Como se evidencia de lo antes descrito, el Juzgador en el apartado de valoración probatoria, obvió realizar una valoración de la prueba evacuada en la Audiencia de Debate, pues la declaración de F. N. y el acta elaborada por él y ratificada en el juicio, es clara y contundente al afirmar que el arma decomisada por él, es tipo revólver, calibre 38, que no está registrada según la constancia de la oficina de registro de armas, la cual decomisó a F. R. T.; en lo relativo al allanamiento no existe una acta de allanamiento puesto que lo que existió ese día fue el ingreso a la vivienda de F. R. autorizado por la señora L. A. A., su compañera de hogar, la cual fue evacuada en la audiencia de juicio, por lo que evita la necesidad que se levante acta de allanamiento y consecuentemente se convalidara allanamiento en lo relativo a la vivienda de E. se comete al no haberse dicho evacuado medio de prueba alguno que acreditara que el imputado autorizó el ingreso a su vivienda; la suscrita considera que las evidencias encontradas en la misma, constituyeron prueba ilícita, no obstante no debe extenderse la absolución para el imputado F. R., pues el ingreso a su vivienda es válido al haber autorizado el mismo, constando en dicho documento la firma de su compañera de hogar; sin embargo el Juzgador al momento de valorar dicha probanza se limitó a establecer que no valora la misma por derivar de una prueba ilícita, cuando resulta mas que evidente que ante la autorización brindada por la compañera de hogar del imputado F. P. R., el ingreso se realizó de forma legal, por lo que la conclusión a la que arribó el Tribunal al momento de valorar dicha probanza resulta por ende insuficiente. Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la insuficiente motivación en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al no haber establecido conforme las pruebas evacuadas los criterios legales que lo llevaron a determinar por que dichas probanzas carecen de la fuerza suficiente para formar la convicción del Tribunal y emitir una resolución sentencia condenatoria contra F. P. R., siendo evidente que aunque se valoraron las pruebas no se establece claramente cual fue tomada en consideración para fijar los hechos probados. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. En resumen, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido previamente efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio; no obstante solicitamos que se case el fallo recurrido y se proceda conforme a derecho corresponde. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I.- La recurrente plantea que en la sentencia recurrida, la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados no es clara y terminante, porque establece que del registro practicado a la vivienda de L. Y. A. D. esposa del imputado F. P. R. T., se encontró varios envoltorios de polvo blanco y piedras blancas que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de doce punto dieciséis gramos (12.16 gr.) una arma de fuego tipo revólver, una arma de fuego tipo mini Usi y una arma de fuego tipo pistola; circunstancia que denota que el cuadro fáctico está incompleto, pues el Juzgador obvió incluir en el mismo el ingreso por los Agentes de Investigación Criminal también a la vivienda de E. R. T., donde se encontraron realmente las evidencias consistentes en los envoltorios de polvo blanco que resultaron positivo cocaína, un arma de fuego Prieto Beretta y una Mini Usi; por ende dicho factum resulta incompleto y confuso, pues si bien, menciona las armas de fuego y la droga, omitió consignar para su apreciación completa y coherente, individualizar que le fue decomisado a cada uno de los imputados, concluyéndose que las mismas debieron servir al Tribunal para declarar los hechos probados; sin embargo, a criterio de la Fiscalía, el vicio aparece cuando a pesar de que la probanza le informó al Tribunal que la evidencia decomisada a F. y a E. obvió expresar de manera clara y coherente lo que le decomisó a cada uno de ellos. II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que según nuestra normativa procesal penal, la narración de los hechos probados en la sentencia debe ser clara, terminante y no contradictoria, es decir, no se deben utilizar frases confusas, imprecisas o vacilantes, que impiden aclarar la realidad debatida, debiendo el relato por el contrario, ser concluyente y categórico para cumplir con el requisito de claridad y determinación que exige la normativa Procesal Penal. III.- Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados redactados por el A-quo si son claros, terminantes y, no son contradictorios, al dejar plasmado los Juzgadores el lugar, fecha y hora en que los agentes de investigación ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la señora L. Y. A. D., en donde se encontró 12.16 gramos de cocaína y dos armas de fuego; siendo claro el relato del A-quo en el cuadro fáctico, sin que se encuentren frases vacilantes e imprecisas, que lleven a la confusión, siendo al contrario concluyente en cuanto a que el ingreso efectuado por los agentes de investigación en la vivienda mencionada, fue efectuado sin orden o mandato judicial; siendo además, apoyado el razonamiento de los sentenciadores en relación a la falta de mandato judicial en las motivaciones expuestos en la valoración de la prueba, en donde queda claramente establecido que aunado la carencia de la orden judicial, el acto del ingreso no fue convalidado por lo que se derivó que dichas actuaciones están viciadas de nulidad. Es oportuno recordar al órgano acusador, que precisamente para no poner en precario los resultados de una investigación, debe orientar las diligencias que se efectúen para determinar el hecho investigado. Es por lo anterior, que se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I.- La recurrente alega que los Juzgadores incurrieron en motivación fáctica insuficiente en la sentencia impugnada, al contener un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, al establecer el Juzgador en su valoración que los agentes de investigación criminal manifestaron que tenían órdenes de captura por varios delitos contra ambos imputados y que decidieron allanar la casa de los acusados, realizando allanamiento sin autorización de autoridad competente, y que no existen actas de allanamiento para ingresar a las dos viviendas, que tampoco se acreditó que se hayan convalidado las mismas; por lo que no da valor probatorio a lo expresado por los testigos, ya que no tuvo como medio de prueba el acta de allanamiento de la vivienda de los imputados; por lo que les ha quedado claro que los testimonios no pueden ser valorados ni utilizados como material probatorio, por tratarse de prueba derivada de un caso viciado de nulidad. La Prueba Documental entiéndase actas de inspección, decomiso, fotografías, igualmente el Tribunal no las valora ni utiliza por considerar que derivan de una prueba ilícita, y no existe una acta de allanamiento, puesto que lo que existió ese día fue el ingreso a la vivienda de F. R. autorizado por la señora L. Y. A. D. su compañera de hogar, la cual fue evacuada en la audiencia de juicio, por lo que evita la necesidad que se levante acta de allanamiento y consecuentemente que se convalide el allanamiento en lo relativo a la vivienda de E.; la recurrente considera que las evidencias encontradas en la misma, constituyeron prueba ilícita, no obstante no debe extenderse la absolución para el imputado F. R., pues el ingreso a su vivienda es válido al haber autorizado el mismo, constando en dicho documento la firma de su compañera de hogar; sin embargo, el Juzgador al momento de valorar dicha probanza se limitó a establecer que no valora la misma por derivar de una prueba ilícita. II.- Esta Sala de lo Penal recuerda, que la Constitución de La República establece en su artículo 99, la inviolabilidad del domicilio y que los ingresos a los mismos sólo podrá verificarse con el consentimiento del morador o por resolución de autoridad competente, también se puede llevar a cabo el ingreso en situaciones de flagrancia, pero en el último párrafo de dicha norma Constitucional, queda claramente establecido que será “la ley la que determinará los requisitos y formalidades para que tengan lugar los ingresos mencionados” (Principio de Reserva de Ley). La ley procesal penal en su artículo 212, establece que los ingresos que sean efectuados en los casos de flagrancia, el Ministerio Público tiene la obligación de poner en inmediato conocimiento al Juez competente, para que este proceda a convalidar o anular total o parcialmente lo actuado. III.- En el caso examiné, el mismo órgano acusador acepta en sus alegatos del Recurso, que las evidencias encontradas en los allanamientos constituyeron pruebas ilícitas, pero pretende que con la única autorización dada por la señora L. Y. A. D., es suficiente para suplir la falta de orden judicial. Para esta Sala, no lleva razón la recurrente en su alegato, ya que conforme a las normas primarias y secundarias supraindicadas, la misma norma constitucional además de autorizar el ingreso al domicilio con consentimiento del morador, también remite a una ley los requisitos y formalidades para que tenga lugar dicho ingreso, no reuniéndose en el caso examiné, el requisito que impone el deber al órgano acusador de poner en conocimiento del órgano judicial el allanamiento para su convalidación o anulación, circunstancia que no realizó el Ministerio Público, poniendo en precario los intereses generales de la sociedad, por lo que es correcta la motivación efectuada por el A-quo, en relación a que todos lo hallazgos producto del allanamiento sin orden judicial verificado, es prueba ilícita, la que no procedieron los sentenciadores a valorar; en consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 338, 359, 360, 362.1 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, invocado por la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se le siguió a los señores E. R. T. Y F. P. R. T., por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO y al señor E. R. T. por el delito de POSESION DE DROGA PARA CONSUMO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho corresponda. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-220-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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