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Sentencia CP-210-12 — Registro 4329

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primer instancia que lo condenda por el delito de robo agravado en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso examiné, concluye la Sala de lo Penal, que el Tribunal de Sentencia introdujo indebidamente por lectura la declaración de la señora L. M. B. E., violentando el debido proceso (Art. 90 Constitución de la República), por cuanto no se presentaron los supuestos establecidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal que dan a lugar esa forma de reproducción de testimonios como excepción al Principio de Oralidad.- La foliada judicial refiere que en fecha tres de marzo de dos mil nueve, se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 46), en donde el Tribunal de Sentencia, por oferta del Ministerio Público, admitió la declaración testifical de la señora L. M. V., fijándose su domicilio para efectos de citación en el Barrio El Centro de Choluteca (F. 44); en los siguientes documentos no se aprecia providencia donde se fije audiencia de debate, más si constancias de la Secretaría del Tribunal y copias de Cedulas de Citación que revelan que la audiencia de debate fue reprogramada en tres ocasiones (16 de septiembre de 2009, 30 de octubre de 2009 y 14 de abril de 2010) y que fue hasta la cuarta ocasión en que pudo celebrarse (26 de abril de 2010); de esas cuatro ocasiones sólo existen dos copias de Cedula de Citación dirigidas a la señora L. M. V.: En la Primera se estipula que la testigo reside en el Barrio El Centro, frente a la Casa del Alcalde, citándola para comparecer a la audiencia de debate a celebrarse el 16 de septiembre de 2009; en la Segunda, no se indica dirección, citándola para rendir testimonio en la audiencia de debate de fecha 14 de abril de 2010.- A pesar de haberse fijado cuatro fechas diferentes para la celebración del debate, no existe en el expediente ninguna constancia de la Secretaría del Tribunal respecto a la diligencia de citación de la Testigo L. M. V., provocando desconocimiento si ésta fue encontrada en su casa de habitación, si fue debidamente citada en todas o en algunas de esas cuatro veces y si compareció al Tribunal en las fechas en que fue reprogramado el debate.- En ese estado de las cosas se celebró la audiencia de debate el 26 de abril de 2010 (f. 69) en donde el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia la introducción por lectura de la declaración rendida por la Testigo en la audiencia inicial, presentando como fundamento el hecho que ésta ya no trabajaba en “Conos Quin”, sin explicar por qué éste hecho era causa de imposibilidad o de extrema dificultad para citar a la Testigo (Art. 311.2 del Código Procesal Penal), en especial al tener el dato de su domicilio exacto donde puede ser localizada y sin que exista referencia de que no pueda ser encontrada allí o en otro lugar de la ciudad; ante la petición, el Tribunal de Sentencia accedió a la misma, no consignando motivación alguna en el acta (f. 69 v.), ordenando su incorporación por lectura.- Es claro para la Sala de lo Penal, que el hecho de que la señora L. M. V., hubiese dejado su centro de trabajo no era motivo suficiente para incorporar por lectura su declaración rendida en la Etapa Preparatoria, en especial porque se tenía conocimiento de su domicilio, porque no existía informe de la Secretaría del Tribunal respecto al resultado de la diligencia de citación y porque, aún con todo, no se realizó por parte de los entes de investigación ninguna gestión para determinar el paradero de la Testigo Principal de la causa criminal, condición que reúne, dado que conforme lo señaló el Ministerio Público en la propuesta probatoria, la testigo fue la única persona que presenció los hechos objetos del presente proceso; resultando evidente la falta de diligencia del Organo acusador en el caso que se llevó a juicio.- En consecuencia, dado que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal y, como derivación, también el artículo 90 de la Constitución de la República, dando paso a que dicha infracción sea controlada y enmendada mediante el artículo 362.2 y 369 del Código Procesal Penal, y considerando además que la infracción es de carácter esencial, por cuanto Suprimiendo Hipotéticamente la información aportada por la testigo a la causa tendría como resultado una variación significativa del contenido probatorio al grado que las diferentes derivaciones a las que arribaron los Juzgadores se verían afectadas, es procedente declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.-..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor L. A. L. R. por el delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del señor Q. J. S. P.; a la pena de SEIS (6) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSION. 2) CONDENANDO al señor L. A. L. R. a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena. 3) DECLARO la responsabilidad civil del condenado L. A. L. R.; asimismo, lo exoneró del pago de costas procesales, personales, así como de los gastos ocasionados por dicho juicio y ordenó la devolución de la cantidad de Lps.150.00 al señor Q. J. S. P. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado S. A. N. A., en su condición de Defensor Público del señor L. A. L. R. SON PARTES: El Abogado S. A. N. A., en su condición de Defensor Público del acusado L. A. L. R., como parte recurrente y la Abogada Y. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El 4 de octubre, año 2008, entre las tres y treinta y cuatro de la tarde, la empleada L. V., encargada de atender el negocio “Cono kin” propiedad del señor Q. S. P. ubicado en el barrio El Centro de la ciudad de Choluteca, fue sorprendida con la llegada al referido negocio del señor L. A. L. R., quien desde afuera le exigió le entregara el dinero de la venta. SEGUNDO: Habiéndose negado L. V. a entregarle el dinero, L. A. procedió a quebrar el vidrio de la ventana del negocio y luego la emprendió a golpes en contra de la puerta hasta lograr abrirla, ingresando al interior del negocio, sustrayendo de un archivador metálico la cantidad de L.150.00 en efectivo, después de lo cual salió del establecimiento. TERCERO: Fue en ese momento cuando una patrulla de la policía se hizo presente al sitio, sorprendiendo a L. A. con el dinero en su mano, procediendo a detenerlo, llevándolo a la estación Regional de policía para luego entregarlo a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado S. A. N. A., en su condición de Defensor Público del señor L. A. L. R., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Abogado recurrente S. A. N. A., actuando en su condición de Defensor Público del señor L. A. L. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO: No haber observado el Sentenciador las Garantías y Principios Previsto en este Código Procesal Penal en referencia a todas los Procedimientos, cuando como consecuencia de ellos, se deban aplicar Sanciones Penales o Medidas restrictiva de la libertad. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la primera parte del numeral dos del artículo 362 de Código Procesal Penal. En el desarrollo de este Recurso el recurrente pretende demostrar el vicio improcedente en que ha incurrido el Órgano Jurisdiccional, para los efectos es este motivo se citan como Infringidos los artículos 20, 206, 310, 311. La falla de observación de las Garantías y Principios de Aplicación general dentro de proceso fueron soslayadas y violados por el Sentenciador, Principios como el Contradicción, Oralidad Concentración e inmediación consignado en los artículos 20, 206, 310 y 311. Se ataca la Sentencia dictada por el Sentenciador o A-quo por considerar que el órgano Jurisdiccional viola el Principio de Inmediación concentración Oralidad al admitir e incorporar como prueba documental la declaración de la señora L. M. B. E., ordenado su práctica como Lectura Autorizada. El Órgano Jurisdiccional en base al error de aplicación en la incorporación del medio de prueba documental se encuentra en el artículo 311 del C.P.P. que establece: Las Lecturas Autorizada. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que lo hará el Secretario. En la etapa procesal que corresponde al debate de fecha 26 de abril del dos mil diez en lo referente a los incidentes nulidades recusaciones y excepciones, el Ministerio Público propuso en conformidad a lo establecido al artículo 311 del Código Procesal Penal solicitó evacuar mediante lectura de declaración de L. M. V. ya que tampoco pudo ser localizada, ya que no labora en “Conos kin”. La defensa objeto se incorporara la declaración de L. M. V. por considerar que se violentó el debido Proceso y el Derecho de Defensa. El Ministerio Público en su derecho a replica manifiesta que la declaración de la testigo L. M. V. fue sometida el contradictorio. El Tribunal por unanimidad de voto: admitió al Ministerio Público la declaración rendida en Audiencia Inicial de la testigo L. M. V.. El exceso cometido por el órgano sentenciador al admitir al Ministerio Público dicha declaración viola el principio de inmediación, pues es necesario que todos los sujetos procesales reciban la Prueba de manera directa inmediata y simultánea y que puedan ser sometidas al contradictorio, ya que es necesaria. Dice el artículo 306 la presencia del Tribunal de Sentencia las partes y de las demás personas que hayan sido autoridades para intervenir. LAS FXICENCIAS DE ADMISIBILIDAD DEL ORGANO SENTENCIADOR NO LLENA LOS REQUISITOS DEL CODIGO PROCESAL PENAL. 1) Estar en consonancia con los principios que informan al proceso. En ese sentido el Ministerio Público solo informó al Tribunal de Sentencia “Que no pudo ser localizada la testigo L. M. V., pues ya no trabaja en el lugar denominado “Cono Kin”, esto no es una justificación para ser admitida por el A-quo, tal como fue consignado en el acta de fecha 26 de abril del 2010, folio (69). 2) La prueba admitida no constituía prueba anticipada. 3) Viola el principio de Identidad Física del Juzgador pues el testimonio de la testigo no fue rendido en su presencia. 4) La Incorporación por Lectura la declaración de la testigo L. M. V. viola las Normas Contenidas en el Titulo IV del Libro Segundo. En referencia al Principio de Inmediación Concentración Oralidad del Debate. La segunda consecuencia en que incurre el Sentenciador es que viola el derecho de Defensa consignado en la convención de Derechos Humanos en su artículo 8 literal “F” referente al Derecho de Defensa de interrogar a los testigos. Honorable Magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al condenar a mi representado por el delito de ROBO AGRAVADO, no se observan las Garantías y principios previsto en el Código Procesal Penal que informan al proceso y que se encuentran en titulo IV del Libro segundo como ser el Principio de Oralidad que hace efectiva la inmediación. El Principio de Contradicción: que permite confrontar la prueba y el Principio de Inmediación, Concentración que permita a los sujetos procesales recibir la prueba de forma directa inmediata y simultánea. El sentenciador incurrió en el vicio o error Improcedendo de casación por Quebrantamiento de forma que sólo la Sala de lo Penal puede corregir y por eso se Interpone el Recurso en aras de una Correcta Aplicación.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO S. A. N. A., DEFENSOR PÚBLICO DEL ACUSADO L. E. L. R., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 311, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN POR INDEBIDA INTRODUCCIÓN POR LECTURA DE UNA PRUEBA TESTIFICAL. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley, y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II.- El recurrente se pronuncia en contra de la sentencia recurrida, afirmando que es producto de la inobservancia de los Principios de Oralidad, Contradicción, Concentración e Inmediación, ello debido a que el Tribunal de Sentencia resolvió introducir por lectura la declaración de la señora L. M. B. E., sin concurrir los supuestos del artículo 311 del Código Procesal Penal. III.- Por ser tema que interesa para la resolución del presente Recurso, es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, consecuencia derivada del artículo 94 de la Constitución de la República, el que determina que: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”. Claramente, el ser oído implica una comunicación oral, también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.- La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; por su parte, el Código Procesal Penal en el artículo 310 determina que: “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito.- El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicarán entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio, ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4 del Código Procesal Penal), la concentración (Art. 306 y 312 del Código Procesal Penal) y la publicidad (Art. 308 del Código Procesal Penal).- Ahora bien, y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el artículo 311 del Código Procesal Penal advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2) del artículo 311, que señala que podrán ser introducidos por lectura “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. Partiendo de la norma, se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en forma previa a la audiencia de debate: 1) Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 del Código Procesal Penal); 2) Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: i) Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; ii) Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aún cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3) Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 del Código Procesal Penal) del proceso penal.- La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá ser conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación.- IV.- EL MOTIVO ES DE RECIBO.- En el caso examiné, concluye la Sala de lo Penal, que el Tribunal de Sentencia introdujo indebidamente por lectura la declaración de la señora L. M. B. E., violentando el debido proceso (Art. 90 Constitución de la República), por cuanto no se presentaron los supuestos establecidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal que dan a lugar esa forma de reproducción de testimonios como excepción al Principio de Oralidad.- La foliada judicial refiere que en fecha tres de marzo de dos mil nueve, se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 46), en donde el Tribunal de Sentencia, por oferta del Ministerio Público, admitió la declaración testifical de la señora L. M. V., fijándose su domicilio para efectos de citación en el Barrio El Centro de Choluteca (F. 44); en los siguientes documentos no se aprecia providencia donde se fije audiencia de debate, más si constancias de la Secretaría del Tribunal y copias de Cedulas de Citación que revelan que la audiencia de debate fue reprogramada en tres ocasiones (16 de septiembre de 2009, 30 de octubre de 2009 y 14 de abril de 2010) y que fue hasta la cuarta ocasión en que pudo celebrarse (26 de abril de 2010); de esas cuatro ocasiones sólo existen dos copias de Cedula de Citación dirigidas a la señora L. M. V.: En la Primera se estipula que la testigo reside en el Barrio El Centro, frente a la Casa del Alcalde, citándola para comparecer a la audiencia de debate a celebrarse el 16 de septiembre de 2009; en la Segunda, no se indica dirección, citándola para rendir testimonio en la audiencia de debate de fecha 14 de abril de 2010.- A pesar de haberse fijado cuatro fechas diferentes para la celebración del debate, no existe en el expediente ninguna constancia de la Secretaría del Tribunal respecto a la diligencia de citación de la Testigo L. M. V., provocando desconocimiento si ésta fue encontrada en su casa de habitación, si fue debidamente citada en todas o en algunas de esas cuatro veces y si compareció al Tribunal en las fechas en que fue reprogramado el debate.- En ese estado de las cosas se celebró la audiencia de debate el 26 de abril de 2010 (f. 69) en donde el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia la introducción por lectura de la declaración rendida por la Testigo en la audiencia inicial, presentando como fundamento el hecho que ésta ya no trabajaba en “Conos Quin”, sin explicar por qué éste hecho era causa de imposibilidad o de extrema dificultad para citar a la Testigo (Art. 311.2 del Código Procesal Penal), en especial al tener el dato de su domicilio exacto donde puede ser localizada y sin que exista referencia de que no pueda ser encontrada allí o en otro lugar de la ciudad; ante la petición, el Tribunal de Sentencia accedió a la misma, no consignando motivación alguna en el acta (f. 69 v.), ordenando su incorporación por lectura.- Es claro para la Sala de lo Penal, que el hecho de que la señora L. M. V., hubiese dejado su centro de trabajo no era motivo suficiente para incorporar por lectura su declaración rendida en la Etapa Preparatoria, en especial porque se tenía conocimiento de su domicilio, porque no existía informe de la Secretaría del Tribunal respecto al resultado de la diligencia de citación y porque, aún con todo, no se realizó por parte de los entes de investigación ninguna gestión para determinar el paradero de la Testigo Principal de la causa criminal, condición que reúne, dado que conforme lo señaló el Ministerio Público en la propuesta probatoria, la testigo fue la única persona que presenció los hechos objetos del presente proceso; resultando evidente la falta de diligencia del Organo acusador en el caso que se llevó a juicio.- En consecuencia, dado que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal y, como derivación, también el artículo 90 de la Constitución de la República, dando paso a que dicha infracción sea controlada y enmendada mediante el artículo 362.2 y 369 del Código Procesal Penal, y considerando además que la infracción es de carácter esencial, por cuanto Suprimiendo Hipotéticamente la información aportada por la testigo a la causa tendría como resultado una variación significativa del contenido probatorio al grado que las diferentes derivaciones a las que arribaron los Juzgadores se verían afectadas, es procedente declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.- POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado S. A. N. A., en su condición de Defensor Público del acusado L. A. L. R..- SEGUNDO: Decretando la NULIDAD de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011) (f. 75) y del debate que le origina celebrado en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010) (f. 69).- Y MANDA.- PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011), sin que sea permisible que la sentencia sea emitida más de un año después de la celebración del debate, tal y como se observa en autos respecto a la sentencia que hoy se Casa. SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-210-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL