Sentencia CP-190-12 — Registro 4325
Resumen
En primera instancia se dicto sentencia absolutoria, por el delito de Estafa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
”DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR QUE LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS SON CONTRADICTORIOS. La Recurrente invoca vía Quebrantamiento de Forma que “la declaración de los hechos probados son contradictorios” y cita como precepto autorizante, el Artículo 362 párrafo primero del Código Procesal Penal. En principio vale afirmar que los Hechos Probados se erigen como el cimiento o punto de partida de la Sentencia Penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecidos cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado, a partir de las pruebas evacuadas durante el Debate. La omisión de tales hechos sin duda es el primer vicio que contempla el precepto (que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Y el Tercer supuesto, implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un Hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución, dirigido a la contradicción “in términis”
. Son pues estos vicios previstos en el precepto legal in exámine, consecuencia de la inobservancia por parte del juzgador de los requisitos previstos en el numeral 1, Sección Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal; en consecuencia, debe el Impetrante precisar que vicio del Hecho Probado ataca y realizar su fustigación, cual de los supuestos se cumplen según su criterio. En el caso subjúdice, esta Sala nota que los Hechos Declarados Probados han sido enumerados en forma clara, precisa y coherente, pues no existe contradicción entre el Fáctum y los Hechos Probados, tal como se desprende de la lectura de los mismos que hacen referencia a afirmaciones que no implican negación entre ellos, por lo que se vuelve procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en este Primer Motivo”.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA: I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para curso total del Proceso Penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen los requisitos establecidos por la ley y no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos; y por el contrario, se ejecutan actos contrarios a la Ley, se produce entonces una inejecución de la Ley Procesal, que puede ocurrir cuando no se hace lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se hace lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio in Procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley.- II.- El Ministerio Público reprocha la Sentencia que ahora impugna por Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, al considerar que la dispositiva del A-quo en cuanto a la absolución del Delito de Estafa infringe el postulado de Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, que a su vez componen las Reglas de la Sana Crítica, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio, lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, porque después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que de estas se derivan, produciendo, como consecuencia una valoración fáctica alejada del Sistema del Recto Entendimiento Humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del Delito de Estafa, pues existe “duda” sobre el elemento subjetivo del tipo (dolo) para ese delito, es decir la intención de la encausada de defraudar a la Señora M. O. C. N.. III.- Es conveniente tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal de Instancia se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la existencia del hecho y cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participó en el mismo; entre esos estados existen fases intermedias que van desde la falta de certeza respecto a la existencia del delito o de la participación de la persona acusada derivado de la deficiencia probatoria, hasta la duda, que es el estado mental que plantea al mismo tiempo la existencia e inexistencia del delito o de la responsabilidad de la persona acusada por co-existir al mismo tiempo prueba fehaciente que acredita una y otra postura. Para el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva, donde se estudia la existencia de un hecho penalmente relevante y la culpabilidad del imputado, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador de la Instancia, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, ya que en caso contrario deberá de dictar una Sentencia Absolutoria. Y es que el Artículo 89 de la Constitución de la República, exige que la declaratoria de culpabilidad, y como consecuencia, la imposición de una pena, le deben preceder por el desarrollo de una actividad probatoria amplia y suficiente, la cual deberá de revelar en forma cierta y descartando cualquier duda razonable en la mente del Juzgador de Instancia.- IV.- En el caso de Autos, el Tribunal de la Instancia concluyó que la probanza no permitió quebrantar el estado material de inocencia de la acusada D. J. B. V., o, lo que es lo mismo, que la probanza no permitió derivar la existencia de un hecho penalmente relevante y, por tanto, la autoría de éste, criterio que comparte el Tribunal de Casación. Los medios probatorios que fueron presentados en la audiencia de debate: 1).- Declaración de la Señora M. O. C. N., considerada Ofendida por el Ente Acusador, mereció credibilidad para los Juzgadores, quienes armados con la inmediación del acto, consideraron que su deposición no estaba motivada por hechos distintos a los que se juzgaron (F. 137). 2) Declaración del Testigo T. C. V. A. quien corroboró el dicho de la Ofendida, pues explica que estuvo presente y presenció cuando la Ofendida le entrego a la Imputada la cantidad de Cien Mil Lempiras (L100,000.00) por la compra de un número de taxi; y refiere el lugar en que tuvo entrega el dinero (F. 137).- 3) Prueba Documental aportada y evacuada ante el Tribunal de Sentencia. Se hace notar que Los Juzgadores, al analizar en conjunto los medios de pruebas evacuados, resienten que, incluso la propia Ofendida admitió en su declaración que los títulos cedidos son iguales a los que tuvo por otro número de taxi, excepto por la firma, lo que aunado a que no se estableció en el Debate que la Imputada tuviera conocimiento sobre la ilegalidad de dichos títulos, impidió que se estableciera la participación de la señora D. J. B. V. en el delito que se le imputa, por lo que La Sala de lo Penal descarta que la motivación intelectiva desarrollada por los Juzgadores en este caso se haya alejado de las Reglas que componen la Sana Crítica, por lo que es procedente declarar también sin lugar este Segundo Motivo de Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Veintitrés (23) de Julio del año dos mil catorce, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló:1) ABSOLVIENDO a la Señora D. J. B. V. del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora M. O. C. N..2) NO CONDENO en costas a la Señora M. O. C. N..-Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada A. G. R. P. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada K. M. como Representante del Ministerio Público como Parte Recurrente y el Abogado A. A. G. A. en su condición de Defensor Público de la acusada como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Mediante Acta Notarial de fecha quince de enero del año dos mil nueve, extendida en la ciudad de La Ceiba, Atlántida por el Notario S. G. S. F., la señora D. J. B. V., renunció a los derechos que le concedió el Estado a través del Certificado de Operación número 2138145/19932627 formulario No.104294 y el Permiso de Explotación número 2138145, con registro número 0022 para el servicio público de transporte de personas por taxi en el área de La Masica, Atlántida, que le otorgara la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; renuncia que hizo a favor de M. O. C. N., quien a cambio le pagó en efectivo la cantidad de Cien Mil Lempiras (L.100,000.00) en efectivo por esos derechos. Segundo: Cuando la señora M. O. C. intenta tramitar el permiso de operación del taxi número 0022 es informada por personal de la Dirección General de Trasporte que el registro de número de taxi 0022 fue extinguido por resolución de 14 de marzo de 2006 y que, por tanto, el Certificado de Operación de dicho registro es falso y no tiene ninguna validez.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada A. G. R. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.- LA RECURRENTE ABOGADA A. G. R. PALACIOS EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DE LOS MOTIVOSDE CASACION.- I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO:“ La Declaración de Hechos probados son contradictorios.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del Artículo 362 párrafo primero, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para una mejor comprensión del presente motivo debemos expresar que habrá lugar al presente recurso, cuando de la redacción de los hechos probados declarados por el Juzgador resulten contradictorios e inconciliables entre si, es decir, cuando no existe coherencia en los mismos, pues se entra en la afirmación y negación simultanea de hechos o circunstancias reproducidas en juicio, es decir que la afirmación de un hecho implica la negación de otro. Con el objeto de evidenciar el vicio que ahora se ataca en la sentencia impugnada, resulta de importancia transcribir la declaración de hechos probados, lo cual se efectúa a continuación: PRIMERO: Mediante acta notarial de fecha quince de enero del año dos mil nueve, extendida en la ciudad de la Ceiba, Atlántida por el Notario S. G. S. F., la señora D. J. B. V., renunció a los derechos que le concedió el Estado a Través de Certificado de Operación número 2138145-199322627, formulario N 104294 y el permiso de explotación número 2138145, con registró número 0022 para el servició público de transporte de personas por taxi en el área de la Masica, Atlántida que le otorgara la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda, renuncia que hizo a favor de M. O. C. N. quien a cambio le pagó en efectivo la cantidad de cien mil lempiras (l.100,000.00) en efectivo por esos derechos. SEGUNDO: Cuando la señora M. O. C. intenta tramitar el permiso de operación del taxi número 0022 es informada por el personal de la Dirección General de Transporte, que el registró de número de taxi 0022 fue extinguido por resolución de 14 de marzo de 2006 y que por tanto el Certificado de Operaciones de dicho registro es falso y no tiene validez. Tal como se puede apreciar en el hecho primero del factum de la Sentencia, el Tribunal establece como cierto que la Secretaría de Obras Publicas, Transporte y vivienda, otorgó el certificado de operación y el permiso de explotación con registro número 0022 a la encausada D. Y. B. V., pudiendo apreciar que el A quo, se contradice en esta afirmación, pues en el hecho probado segundo da también por cierto que dicho permiso estaba ya extinguido, según resolución de fecha 14 de marzo del 2006 y por lo tanto el mismo es falso y no tiene ninguna validez. En virtud de lo anterior Honorables Magistrados, al hacer un análisis de las verdades intangibles declaradas por el Juzgador se puede determinar que los derechos que vendió la imputada M. O. C. a la señora D. J. B. V. a través del Certificado de operación para el servicio de transporte para su circulación en el área de la Masica Atlántida es falso y no tiene validez, por ende dicho documento de ninguna manera pudo haber sido otorgado a la imputada por la Secretaria de Obras Públicas, transporte y vivienda. Por haberse producido el vicio improcedendo en el acto mismo de sentenciar procedemos a denunciarlo hasta en este momento, al no haber sido posible efectuar reclamación alguna previamente; solicitando se case el fallo impugnado, ordenando el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” LA ABOGADA RECURRENTE PROCEDIO A FORMALIZAR SU SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal, según el Artículo 202 del Código Procesal Penal:”Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Ante la normativa señalada, el Tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia, de apreciar todo y cada uno de los medios probatorios que se desarrollaron en el debate, es decir, que aún aquella que a simple vista se aprecia como inútil para la resolución del caso, siempre y cuando haya sido evacuada en el debate, merece un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual la probanza constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o una absolución. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica al observarse en la valoración de la prueba, que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de Estafa, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que de estas se derivan, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del delito de Estafa, pues existe “duda” sobre el elemento subjetivo del tipo (dolo), para ese delito, es decir la intención de la encausada de defraudar a la señora M. O. C. N.. De lo antes expuesto se desprende que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, en virtud de lo cual resulta necesario el análisis de la probanza evacuada en debate, las cuales entre otros aspectos, refieren lo siguiente: La testigo M. O. C. N. declaró en su condición de ofendida lo siguiente:”…Que hicimos la transacción, le entregue cien mil lempiras… trabajé un mes con el taxi, con permiso de Soptraví, al mes me dijeron que tenía que ir a Tegucigalpa, porque ese cartón era clonado, no tenía validez, me comuniqué con ella, me dijo que me iba a devolver el dinero en tres días, le di varios plazos pero no me lo devolvió… al ser interrogada contestó: La fecha que sucedieron estos hechos fue el 15 de enero del 2009… Ella me mostró el permiso de explotación y el cartón, firmamos un traspaso donde el abogado, donde se desprendía del número y pasaba hacer mío, ese documento, el permiso de explotación y el cartón me entregó…Esa documentación correspondía a la venta del número 0022 y se encontraba a nombre de D. Y. B. V.… Al serle puesta a la vista la evidencia para su evacuación contesto: sí, estos son los documentos que ella me entregó, una vez que firmamos el traspasó nos fuimos al banco HSBC, retiré el dinero y se lo entregué… lo hice en presencia de M. R. Y T. C. V.… El traspaso fue donde el abogado S.… Cuando le manifesté a la encausada lo que me manifestaron, ella me dijo que no sabía como había pasado eso, pero se iba a comunicar con las personas que le habían dado el número… Ella me dijo que esperara porque no tenía el dinero allí, pero que ella me iba a responder… Yo tuve un número de taxi y lo vendí y luego compre otro, la documentación que tenía el otro número que había comprado con la de este otro número es igualita, hasta que fui a Tegucigalpa, me dijeron que esta firma no podía ser porque el director General ya no era esta persona. El señor T. C. V. en su declaración refirió que: “acompañó a la señora M. C. a esta ciudad, porque iba a comprar un número de taxi, ella dijo que se lo iban a vender por cien mil lempiras y se los entregó a la señora D.….le dijo que el número del taxi era clonado… Y estuvo presente cuando la señora D. le entregó la documentación a la señora M. en la agencia principal de HSBC en la Ceiba. COMO PRUEBA DOCUMENTAL SE INTRODUJERON: a) Un acta Notarial de Renuncia de derechos sobre el permiso de explotación N2138145 y el Certificado de Operación número 2138145-19932627, 104294 con registro número 0022, otorgado en la Ceiba Atlántida, el 15 de enero de 2009 por D. J. B. V. a favor de M. O. C. N.. b)Constancia extendida en la Ceiba, el 26 de marzo del 2010 extendida por el gerente del banco HSBC, en la cual se acredita un retiro de cien mil lempiras realizado por M. O. C. N. en fecha 15 de enero del 2009.c)Oficio de fecha 13 de abril del 2008, dirigido por el Director General de Transporte en el que informa que el número de taxi 0022 del área de operación de la Masica, Atlántida, fue extinguido según resolución de 14 de marzo del 2006.d)Oficio de fecha 19 de julio de 2009 dirigido por el Director Regional de Trasporte del litoral Atlántico, en el que hace constar que mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2006 fue extinguido, el Certificado de Operación de dicho registró por ende es falso y sin validez. e) Se evacuó el oficio del 10 de agosto del 2009, extendido por el Jefe del departamento de info.-Tecnología de la Dirección General de Trasporte al Director Regional de Transporte de la Ceiba, donde informa que con el certificado de Operación número 104294 y el permiso de explotación número 2138145, no aparece en la base de datos del sistema de informática. f) Informe de fecha 15 de marzo del 2009 dirigido por la Jefatura de Inspectoría de la Dirección Nacional de Trasporte de la Ceiba, en el que se informa que no existe el permiso de explotación número 2138145 y certificado de Operación número 19932627 en relación al registro de taxi 0022 y que opera en la Másica Atlántida. Se evacuó como pieza de convicción documentos originales; a) Certificado de operación N 2138145- 19932627 y N 104294 de fecha de elaboración 30 de agosto del 2005, y con fecha de expedición 19 de junio de 2006 y fecha de vencimiento 19 de junio del 2009 donde el propietario es empresa de Trasporte V., D. Y. B. V., con registro de taxi 0022. b)Permiso de explotación N 2138145 de fecha de elaboración 30 de agosto del 2005, fecha de expedición 19 de junio del 2006 y fecha de vencimiento 19 de junio del 2009 , titular y propietario Empresa de Transporte Vargas. El sentenciador al valorar la probanza de cargo, como ser la prueba testifical, que antecede, da valor probatorio a la misma, por ser clara, coherente y veraz; asimismo a la probanza documental descrita, por haber sido extendidos con las formalidades de ley y por corroborar los dichos de los testigos. Sin embargo el Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba de convicción consistente en documentos originales Certificados de explotación y de operación con apariencia de legalidad, que fueron evacuados en el juicio, puestos a la vista de la ofendida y reconocidos por esta, estima que no se puede suponer que los mismos no son legítimos, ya que la misma ofendida declaró en juicio que el permiso de operación era igual a uno que ella poseía por otro número de taxi. Razonamiento que quebranta la regla de la lógica de derivación en su apartado de razón suficiente en virtud que al hacer un análisis de la valoración que hace el Tribunal se desprende sin lugar a dudas que no se puede suponer que la documentación supramencionada entregada por la encausada a la señora M. O. C. se suponga que tiene el carácter de legitimo por el simple hecho de haber manifestado la ofendida en juicio que el permiso de operación era igual a uno que ella poseía por otro número de taxi, cuando de la probanza se desprende que estos permisos habían sido extinguidos según resolución de fecha 14 de marzo del 2006 emitida por el Director General de Transporte, y los permisos decomisados fueron también expedidos en ese mismo año, pero declarados como falsos por la entidad encargada al efecto. Asimismo el Tribunal Sentenciador en el numeral cuarto de la valoración jurídica en el tercer párrafo establece que “la prueba evacuada en juicio resulta insuficiente para establecer la comisión del delito imputado o de cualquier otro, lo que no le permite al tribunal adquirir certeza positiva sobre la intención de la acusada de defraudar a la presunta víctima… siendo procedente dictar sentencia absolutoria, por existir duda razonable sobre el elemento subjetivo del tipo penal (dolo).” A criterio de este ente fiscal existe no solo la concurrencia de los elementos objetivos de tipo penal, si no que además los elementos subjetivos del dolo regulado en Articulo 13 del Código Penal, consistentes en la conciencia y voluntad, y en el presente caso de la probanza que se incorporó a juicio se demuestra con toda certeza que la acción de la imputada consistió en ceder los derechos a través de certificado de operación y permiso de explotación de un número de taxi, cuyo permiso de operación se encontraba extinguido por la Dirección General de Transporte, de la cual se desprende sin lugar a dudas el conocimiento que tenía la encausada de la situación, pues en ningún momento estableció de que manera obtuvo dichos permisos, ni acreditó que persona le entregó los mismos, por ende no puede el juzgador dar por cierto que la imputada careciera del conocimiento de ilegitimidad de dichos títulos, al ser mas que evidente que dicha entidad, en ningún momento le extendió los Certificados de Explotación y Operación, por lo que cedió derechos que no le pertenecían a cambio de la cantidad de cien mil lempiras que le entregó la ofendida M. O. C. N. por la compra del mencionado taxi 0022 observándose la forma dolosa con la que actuó la encausada. Asimismo se evidencia la concurrencia del elemento volitivo, es decir la voluntad por parte de la imputada de cometer el ilícito, pues una vez que la ofendida le notifica que en Tegucigalpa le dijeron que el cartón era clonado y no tenia validez, la imputada le manifestó que no se preocupara que le devolvería el dinero en un lapso de tres días y al no cumplirlo la ofendida interpuso denuncia en su contra llegando ambas a un acuerdo en la fiscalía, para el pago del mismo, el cual nunca fue cumplido, de lo anterior se evidencia su voluntad de aprovecharse de la ofendida. El Tribunal de igual manera vulnera las máximas de la experiencia que no son otras que las que se integran por conocimientos simples de la vida, y no requieren un sustento científico, al referir en la sentencia lo siguiente: “Que es usual que las firmas que calzan en los permisos de operación son distintas, debido a los frecuentes cambios de los funcionarios que ejercen estos cargos”, cuando dichas máximas, nos indican que la persona que obtenga un permiso de Operaciones o Explotación, lo tendrá como válido si el mismo le es expedido por la autoridad competente y en el presente caso la encausada, tal como se acredita con el andamiaje probatorio que fue evacuado, entregó a la ofendida documentos que la misma dirección General de Trasporte estableció como falso y sin ninguna validez. En relación a estos hechos y al hacer un análisis de los mismos, no hay duda que se enmarcan en el delito de Estafa calificado en el artículo 240 del Código Penal, que establece:”Comete el delito de ESTAFA quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. Apreciándose a simple vista que la encausada al venderle los derechos del taxi 0022 a la señora M. O. C. N., cuando los mismos eran falsos, sin ninguna validez, la indujo en error, defraudándola en provecho propio al lucrarse de la cantidad de cien mil lempiras. Asimismo los mencionados hechos se enmarcan en el artículo 241 en su numeral 3 del Código Penal que establece “El delito de Estafa será sancionado con cuatro a siete años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil y no excede de cien mil lempiras (lps 100,000:00), siendo este el caso particular ya que la ofendida entregó a la imputada la cantidad de cien mil lempiras por el referido certificado de operación y explotación, demostrándose así los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal supra mencionado. Es en consideración a todos los aspectos supraindicados que podemos afirmar, conforme el análisis de la prueba testifical y documental concatenada y armonizada entre sí, que el A quo en la sentencia vulneró las Reglas de la Sana Critica, pues de la misma, de manera indefectible se desprende, que la decisión de absolver al acusado no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada por el ente acusador. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio por el delito de ESTAFA, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, la forma dolosa en que actuó la encausada para provecho propio, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR QUE LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS SON CONTRADICTORIOS. La Recurrente invoca vía Quebrantamiento de Forma que “la declaración de los hechos probados son contradictorios” y cita como precepto autorizante, el Artículo 362 párrafo primero del Código Procesal Penal. En principio vale afirmar que los Hechos Probados se erigen como el cimiento o punto de partida de la Sentencia Penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecidos cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado, a partir de las pruebas evacuadas durante el Debate. La omisión de tales hechos sin duda es el primer vicio que contempla el precepto (que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Y el Tercer supuesto, implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un Hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución, dirigido a la contradicción “in términis”. Son pues estos vicios previstos en el precepto legal in exámine, consecuencia de la inobservancia por parte del juzgador de los requisitos previstos en el numeral 1, Sección Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal; en consecuencia, debe el Impetrante precisar que vicio del Hecho Probado ataca y realizar su fustigación, cual de los supuestos se cumplen según su criterio. En el caso subjúdice, esta Sala nota que los Hechos Declarados Probados han sido enumerados en forma clara, precisa y coherente, pues no existe contradicción entre el Fáctum y los Hechos Probados, tal como se desprende de la lectura de los mismos que hacen referencia a afirmaciones que no implican negación entre ellos, por lo que se vuelve procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en este Primer Motivo.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA: I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para curso total del Proceso Penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen los requisitos establecidos por la ley y no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos; y por el contrario, se ejecutan actos contrarios a la Ley, se produce entonces una inejecución de la Ley Procesal, que puede ocurrir cuando no se hace lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se hace lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio in Procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley.- II.- El Ministerio Público reprocha la Sentencia que ahora impugna por Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, al considerar que la dispositiva del A-quo en cuanto a la absolución del Delito de Estafa infringe el postulado de Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, que a su vez componen las Reglas de la Sana Crítica, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio, lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, porque después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que de estas se derivan, produciendo, como consecuencia una valoración fáctica alejada del Sistema del Recto Entendimiento Humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del Delito de Estafa, pues existe “duda” sobre el elemento subjetivo del tipo (dolo) para ese delito, es decir la intención de la encausada de defraudar a la Señora M. O. C. N.. III.- Es conveniente tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal de Instancia se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la existencia del hecho y cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participó en el mismo; entre esos estados existen fases intermedias que van desde la falta de certeza respecto a la existencia del delito o de la participación de la persona acusada derivado de la deficiencia probatoria, hasta la duda, que es el estado mental que plantea al mismo tiempo la existencia e inexistencia del delito o de la responsabilidad de la persona acusada por co-existir al mismo tiempo prueba fehaciente que acredita una y otra postura. Para el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva, donde se estudia la existencia de un hecho penalmente relevante y la culpabilidad del imputado, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador de la Instancia, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, ya que en caso contrario deberá de dictar una Sentencia Absolutoria. Y es que el Artículo 89 de la Constitución de la República, exige que la declaratoria de culpabilidad, y como consecuencia, la imposición de una pena, le deben preceder por el desarrollo de una actividad probatoria amplia y suficiente, la cual deberá de revelar en forma cierta y descartando cualquier duda razonable en la mente del Juzgador de Instancia.- IV.- En el caso de Autos, el Tribunal de la Instancia concluyó que la probanza no permitió quebrantar el estado material de inocencia de la acusada D. J. B. V., o, lo que es lo mismo, que la probanza no permitió derivar la existencia de un hecho penalmente relevante y, por tanto, la autoría de éste, criterio que comparte el Tribunal de Casación. Los medios probatorios que fueron presentados en la audiencia de debate: 1).- Declaración de la Señora M. O. C. N., considerada Ofendida por el Ente Acusador, mereció credibilidad para los Juzgadores, quienes armados con la inmediación del acto, consideraron que su deposición no estaba motivada por hechos distintos a los que se juzgaron (F. 137). 2) Declaración del Testigo T. C. V. A. quien corroboró el dicho de la Ofendida, pues explica que estuvo presente y presenció cuando la Ofendida le entrego a la Imputada la cantidad de Cien Mil Lempiras (L100,000.00) por la compra de un número de taxi; y refiere el lugar en que tuvo entrega el dinero (F. 137).- 3) Prueba Documental aportada y evacuada ante el Tribunal de Sentencia. Se hace notar que Los Juzgadores, al analizar en conjunto los medios de pruebas evacuados, resienten que, incluso la propia Ofendida admitió en su declaración que los títulos cedidos son iguales a los que tuvo por otro número de taxi, excepto por la firma, lo que aunado a que no se estableció en el Debate que la Imputada tuviera conocimiento sobre la ilegalidad de dichos títulos, impidió que se estableciera la participación de la señora D. J. B. V. en el delito que se le imputa, por lo que La Sala de lo Penal descarta que la motivación intelectiva desarrollada por los Juzgadores en este caso se haya alejado de las Reglas que componen la Sana Crítica, por lo que es procedente declarar también sin lugar este Segundo Motivo de Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada A. G. R. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en sus dos motivo.- SEGUNDO: Declarando firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veintinueve (29) de febrero año dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida.- MANDA.- Una vez notificada la presente resolución se devuelvan los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada D. E. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-190-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL