Sentencia CP-177-10 — Registro 4322
Resumen
Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO. I. El impetrante alega, que los sentenciadores no observaron las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Señala que en la inspección quedó claramente establecido que en efecto, el tracto sucesivo de los terrenos del Banco y el de los acusados es totalmente distinta, y que los antecedentes en ningún momento se cruzan, es decir, que no existe un antecedente común. También el dictamen realizado por el perito Ingeniero J. A. V., se expresó en forma categórica que los antecedentes o el tracto sucesivo de ambas escrituras, son completamente diferentes y que no tienen un antecedente común; igualmente, con la inspección no se puede inferir que los acusados han ejercido actos de dominio sobre terreno alguno, cuando ni siquiera se ha acreditado donde se encuentran ubicados sus terrenos, lo que se puede derivar o inferir de esta inspección valorándola. Los testigos fueron contestes en sus dichos al afirmar que cuando ellos compraron el terreno, el proyecto ya estaba urbanizado, es decir, existían calles, alcantarillado de aguas negras, los lotes estaban individualizados. El imputado M. A., como dueño de varios lotes y procedió a destruir el cerco que el señor J. F. L. y A. L. G., habían construido, diciéndoles el señor M. DE J. A., en una visita a su oficina, que él era el propietario, y que inclusive los intimidó sacándole la pistola colocándola sobre su escritorio, y se sostiene que el imputado M. DE J. A., actuó a título de dolo, porque aún sabiendo que los terrenos del Proyecto “Altos de Las Hadas” eran ajenos, se apoderó de los mismos procediendo a destruir los cercos que los clientes del Banco habían construidos y ha construir sus propios cercos. Los peritos fueron contestes en su dicho al afirmar contundentemente, que los terrenos de los acusados no se ubican dentro del proyecto “Altos de Las Hadas”, y que éste si fue debidamente ubicado. Con la inspección se acredita que el terreno que se disputaron el señor E. L. y el Banco Mercantil (Bamer), tienen Límites y colindancias totalmente diferentes a los lotes que conforman el proyecto “Altos de Las Hadas, lo que conduce es que el terreno que los imputados aducen tener está ubicado en todo caso en otro sitio distinto. Resulta evidente el dolo o intencionalidad con que actuó el imputado M. DE J. A., porque cómo es posible que pretenda un terreno ajeno, cuando es fácil inferir las diferencias que existen entre su terreno y los lotes 1 y 2 del bloque 9, del proyecto Altos de Las Hadas, de los cuales se apropió, y la protección que brinda a toda persona a quien se le ha usurpado un bien inmueble, el artículo 225 del mismo cuerpo legal; que es el caso que hoy nos ocupa, donde concurren los elementos tanto Objetivos y Subjetivos de este tipo penal, ya que se ha acreditado que el imputado efectivamente ha usurpado al BANCO HSBC, un bien inmueble en forma dolosa. II.- Esta Sala de lo Penal, considera que tanto el acusador público como el privado, al interponer los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, alegan que la sentencia adolece de los mismos vicios, al no observarse en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica, haciendo uso de argumentaciones muy similares y haciendo cuestionamientos a las mismas pruebas evacuadas, por lo que este alto Tribunal dará respuesta en la misma motivación y de manera simultánea a ambas partes por ser Recursos presentados por las partes acusadoras y basados en que el fallo adolece de iguales vicios. III.- Para esta Sala es importante aclarar, que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control Casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. IV.- Esta Sala de lo Penal, en respuesta a lo expuesto por los impetrantes y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada, considera que no es de recibo el reclamo de los recurrentes, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que no fue posible establecer con la prueba evacuada la responsabilidad penal de los acusados en el hecho que se les imputa. A manera de ilustración, el delito por el que se ha promovido la presente causa es el de “USURPACIÓN”, consignado en el artículo 227 del Código Penal, que establece: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos a cuatro años…”. También el artículo 229 del Código Penal, establece que “quien fuera de los casos mencionados perturbare con violencia o amenazas en las personas, la pacífica posesión de un inmueble, será sancionado…”; pudiéndose notar la exigencia en estos tipos penales de los elementos objetivos violencia o amenazas. “La acción requiere para su tipificación la realización de violencia o intimidación en las personas. Los términos violencia o intimidación deben entenderse igual que en el delito de robo con violencia o intimidación… Sujeto activo solo puede serlo el no propietario o no titular del los inmuebles o derechos reales, ya que la propiedad es un derecho absoluto y respecto a los derechos reales el Código exige que sean de ajena pertenencia”. (Véase: MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, decimotercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 397). La doctrina establece que la conducta de “usurpar un inmueble”, debe contener los elementos objetivos para su tipificación de “violencia, amenazas o intimidación en las personas”; y para este alto Tribunal, esto es lo que marca la diferencia para la intervención, o no, del derecho penal en contiendas en las que el derecho de propiedad de los bienes raíces esté en litigio, ya que conforme al principio de intervención mínima en el que se establece la “última ratio”, solo las conductas con un contenido de nocividad social suficiente (resividad), son las que deben ser objeto de intervención del derecho penal, el resto de las conductas podrán ser reguladas por sanciones no penales tales como, las civiles, mercantiles, administrativas etc… Como bien explica Santiago Mir “el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino solo las modalidades de ataque mas peligrosos para ellos. Así, no todos los ataques a la propiedad constituyen delito, sino solo ciertas modalidades especialmente peligrosas, como el apoderamiento subrepticio, violento o fraudulento”. (Véase: MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 8 va edición, 2da reimpresión, IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 118). V.- En el caso examiné, como se dijo supra, sin el ánimo de valorar de manera alternativa la prueba evacuada, se extrae que tanto los acusados I. S. L. A. Y M. DE J. A., como la persona jurídica supuesto perjudicado BANCO HSBC, ostentan el dominio sobre bienes inmuebles por el cual se mantiene un litigio, en el que alegan ambas partes ser los legítimos propietarios de los bienes inmuebles, todo esto acreditado mediante Inspecciones al Instituto de la Propiedad inmueble y Mercantil, y prueba documental y pericial evacuada (folios # 500 a 508); pero lo que no es posible deducir de las pruebas evacuadas en el debate, es que los acusados hayan ejecutado actos de violencia, intimidación o amenaza en contra de los representantes de la persona jurídica o de personas que ostenten algún derecho legítimo sobre los inmuebles objetos del proceso, y al no ser posible concluir que la conducta de los acusados se subsuma dentro de los elementos objetivos y subjetivos del delito de usurpación, tampoco seria posible que el resultado del proceso declarado en primera instancia fuese otro que el ya decidido por esa instancia. VI.- Los recurrentes argumentan que el testigo J. F. L., (folio # 498), persona que le compra al Banco, declaró que le habían roto el cerco de su propiedad, pero que desconocía quien lo había roto; valorando correctamente el A-quo, al motivar que no es posible tener por acreditado dichos extremos, porque no hay ninguna otra prueba que lo corrobore e inclusive no se han presentado documentos, fotografías o evidencia alguna de que se levantó el cerco mencionado y que alguno de los acusado lo haya quitado. Igualmente sucede con la testigo A. L. G. R., (folio # 515 y 533), persona que también le compra al Banco, que dijo que el Abogado A., la amedrentó en su oficina al sacar una pistola y ponerla en su escritorio; circunstancia que igualmente no ha sido corroborada o concatenada con otros elementos probatorios que la respaldasen, quedando la misma huérfana de acreditación; siendo correctas las deducciones a las que llegaron los jueces sentenciadores, al absolver a los acusados, ya que como se dijo anteriormente, no se probó en el presente juicio conductas que ameriten la intervención del derecho penal, al no acreditarse que los acusados hayan intimidado, amenazado o utilizado violencia, con el propósito de detentar los bienes inmuebles objeto de controversia; no apreciándose que los juzgadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a decisiones contradictorias, arbitrarias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala, considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara SIN LUGAR los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por el Ministerio Público y el Acusador Privado, en sus únicos motivos cada uno..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y VICTOR MANUEL LOZANO URBINA, quien integra por excusa justificada del Magistrado MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha dos días del mes de junio del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual ABSOLVIÓ a los señores I. S. L. A. y M. DE J. A., como autores responsables del delito USURPACION en perjuicio del BANCO LA VIVIENDA ahora BANCO HSBC y A. L. G. R. Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada L. M. S. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado J. J. H. S. en su condición de Apoderado Legal del Banco Grupo El Ahorro Hondureño (BGA), ahora BANCO HSBC HONDURAS, S.A. SON PARTES: El Abogado J. J. H. S., en su condición de Apoderado Legal del Bango Grupo El Ahorro Hondureño (B.G.A.) ahora Banco HSBC HONDURAS, S.A. y la Abogada T. J. F. R., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; ambos como partes recurrentes; y el Abogado M. J. A. C., en su condición de Defensor Privado de los señores I. S. L. A. y M. DE J. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, mediante Escritura Pública número 53, autorizada por el Notario E. D. H., el señor O. L. obtuvo por compra hecha al señor M. A. F. V., una fracción del inmueble descrito en el Asiento No.20 del Tomo 1493 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, que tiene una extensión de 21.98 Manzanas. La fracción que compró el señor L. tiene una extensión de 3.499.70 Mts.2 equivalentes a 5,019 Vrs2, el cual tiene como límites y colindancias las siguientes: Al norte: 69.72 Mts. Con propiedad de Kuang Chang Tang, al sur: 80 Mts con propiedad de M. A. F., calle de por medio, al Este: 47.50 metros con propiedad de R. G. y al Oeste: 46:00 metros con propiedad de M. A. F. y J. H. M.. SEGUNDO: Posteriormente, en fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, mediante Instrumento número 234 autorizada por el notario V. M. A. L., el señor M. de J. A., obtuvo por compra que le hiciera al señor Ó. L., un inmueble que tiene una extensión de 506.25 Vrs.2 y que tiene los límites y colindancias siguientes: Al Norte 22.05 Mts., con O. L.; al Sur: 22.05 Mts., calle de por medio con M. A. F.; Al este 22.05 mts., con O. L.; Al Oeste: 22.05 metros con R. G.. Dicho terreno se desprende de otro de mayor extensión que el señor O. L., obtuvo por compra hecha al señor M. A. F. V. y que se ha descrito en el apartado primero de estos hechos probados. La compraventa realizada por el señor M. de J. A.o, fue inscrita bajo el asiento No.78, del Tomo 2111 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, en fecha 8 de septiembre de 1994. TERCERO: En fecha veinticuatro de junio de 2004, mediante Instrumento número 734 autorizado por el Notario J. Á. B. P., el señor I. S. L. A., obtuvo por compra que le hiciera al señor O. L., un inmueble que tiene una extensión de 174.31 Mts.2 equivalentes a 250.00 Vrs.2, mismo que se describe de la siguiente manera: Del hito 1-2 rumbo S 31º44E’, distancia de 8.00 metros colinda con calle: del hito 2-3 rumbo S 58º26”W, distancia de 21.80 metros, colinda con Marco Tulio Durón, del hito 3-4 rumbo N 31º44’W, distancia de 8.00 metros, colinda con N. L.; del hito 4-1 rumbo No.58º26’E, distancia de 21.80 metros, colinda con el resto del terreno propiedad de O. L. Dicha venta fue inscrita en el Asiento Número 98 del Tomo 4293 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. CUARTO: En fecha diez de enero de dos mil dos, mediante Instrumento número 6 autorizado por el Notario J. M. C. G., el señor R. H. en representación de Acrópolis, S.A. de C.V. y el señor C. N. R. A., en su condición de Gerente General y Delegado Fiduciario de La Vivienda, Asociación Hondureña de Ahorro y Préstamo, S.A., realizaron un contrato de constitución de un Fideicomiso sobre un terreno con una extensión de 52,465.12 Mts.2, equivalentes a 75,248.63 Vrs.2, desmembradas de Un inmueble situado a inmediaciones de La Colonia Los Ángeles, jurisdicción del Distrito Central, el cual tiene un área total de 67,281.21 Mts.2, equivalentes a 96,498.55 Vrs.2, de conformidad al plano levantado por el Ingeniero Rigoberto López Acosta, el cual se describe así: a) Lote número doce (12) del cual se desprende un fracción con un área de 31,467.25 Vrs.2., y b) Lote Número trece (13) con un área de 65,031.30, con el cual hacen un solo cuerpo, estableciéndose las medidas. Las colindancias son: Al Norte Antigua Colonia Los Ángeles y propiedad de R. G., ahora de V. K.; al Sur con propiedad de M. G. R.; al Este con Colonia El Periodista; y al Oeste: Propiedad de Banco Sogerin. Dichos lotes de terreno son de forma irregular, inmueble que el fideicomitente (R. H.) adquirió mediante escritura pública número 32 por la notaria Karla Ferrera, e inscrito el dominio a su favor en asiento número 38 del tomo 3361. QUINTO: En el contrato de Fideicomiso antes indicado, se estableció que la finalidad de dicho contrato era la ejecución y urbanización cuyo nombre sería Altos de Las Hadas. Fue así como en fecha doce de diciembre de dos mil dos, mediante escritura pública autorizada por Notario J. M. C. G., el señor C. N. R. A., en su condición de Gerente General y Delegado Fiduciario de La Vivienda, Asociación Hondureña de Ahorro y Préstamo, S.A., realizó una rectificación del inmueble cuyo dominio hubo por el contrato de Fideicomiso celebrado con el señor R. H. y a la vez procede a hacer la división en bloques y lotes de lo que sería el Proyecto Altos de Las Hadas. SEXTO: Siendo que la Vivienda, Asociación Hondureña de Ahorro y Préstamo, S.A., se encontraba desarrollando el Proyecto Alto de Las Hadas, en el año 2002, dicha institución procedió a realizar varios contratos de arrendamiento con opción a compra sobre los lotes que estaban urbanizando con varias personas, entre ellos el señor O. A. L. V., la señora A. E. M. M. en representación del señor P. D. M. M. y el señor J. A. O. O. SEPTIMO: Entre los años 2002 al año 2005, las personas con quienes La Vivienda, Asociación Hondureña de Ahorro y Préstamo, S.A., había realizado los contratos de arrendamiento con opción a compra, empezaron a hacer gestiones para tomar posesión de los respectivos lotes que compraron, no obstante, no pudieron realizar tal posesión puesto que los lotes se encontraban cercados, ya que los señores M. de J. A. e I. S. L. A., aducían ser los dueños de dichos terrenos puesto que tenían sus escrituras registradas en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se deben entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2, de la regla cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica al observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados. En el desarrollo del presente proceso se allegaron al juicio los medios de prueba siguientes: Una Inspección a los Registros del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil en la cual se establece el Tracto Sucesivo de un Instrumento Público que acredita la propiedad sobre un inmueble a favor de la Institución Bancaria denominada HSBC, al igual que el Tracto Sucesivo de un Instrumento Público que acredita la propiedad de sobre unos inmuebles a favor de los señores I. S. L. A. y M. de J. A., así también se desarrolló Inspección a los archivos del Catastro Municipal de Tegucigalpa, Plano del Proyecto Residencial Altos de Las Hadas, tres contratos de Arrendamiento con Opción a Compra, las declaraciones testifícales de los señores T. F. R. A., J. F. L., E. J. O. T., A. L. G. R. y F. A. A. L., todos ellos compradores de lotes vendidos por el Banco HSBC, en el proyecto Residencial Altos de Las Hadas, también el señor O. A. L. V., empleado del Banco HSBC, así como los peritos J. A. V. F. y R. G., culminado con los testimonios de los señores E. N. L. R. y E. Y. V. R.. El Órgano Jurisdiccional inicia su valoración probatoria señalando que existen dos antecedentes de dominio que amparan la propiedad objeto del delito (ubicada en Altos de Las Hadas), una a favor de la Institución Bancaria HSBC y otra a favor de los imputados L. A. y A., esta conclusión, sobre la cual fundamenta su fallo el Tribunal de Sentencia, es producto de un razonamiento inválido, en tanto que genera la vulneración del Principio de la Derivación, en su postulado de Razón Suficiente, y por consiguiente a la vez de las características de veracidad y suficiencia, vulnerando así las Reglas de la Sana Crítica que deben operar en la valoración de la prueba. Al adentrarnos en la demostración de la forma en que se generó dicha vulneración, inicialmente es trascendente señalar que el A-quo tiene como acreditado que las propiedades que ostentan los imputados, es la misma que pertenece al Banco antes referido, en tal sentido establece que los Instrumentos Públicos que acreditan esa propiedad dimanan de antecedentes (troncos) distintos, pero que por alguna razón, esos orígenes distintos han sido traslapados, confundiéndose así los terrenos limítrofes entre ellos y así generando el conflicto que se enjuicia. Al examen de los instrumentos públicos, específicamente los que acreditan la propiedad de los imputados, podemos observar que los mismos no limitan entre sí, es decir, que no son terrenos contiguos el uno del otro, para evidenciarlo detallémoslo individualmente. I. S. L. A., limita al noreste con calle de por medio con Marco Antonio Fonseca, al sureste con M. T. D., al suroeste con N. L. y al noreste con O. L., haciendo fácil concluir que el terreno que refiere el Instrumento Público, como propiedad de I. S. L., cuya extensión es de 250 varas cuadradas o el equivalente de 174.31 metros cuadrados, no colinda con el terreno que pertenece al señor M. de J. A.. Igual sucede con respecto a la propiedad que le pertenece al señor M. de J. A., cuya dimensión es de 506.25 varas cuadradas, colindando al norte con O. L., al este con R. G., al sur con M. A. F. y al oeste con propiedad de Banco Sogerin, como se puede ver tampoco hace patente que el inmueble que corresponde al señor A., colinde con la propiedad del señor L., lo que inicialmente deja claro que los bienes raíces de los imputados se ubican a lo interno de una propiedad de extensa superficie territorial que original e integralmente pertenecía al señor O. L., quien fue el que vendió los predios a los dos imputados, de manera distante, no siendo colindantes. Ahora observemos el Instrumento Público que acredita la propiedad de la Institución Bancaria HSBC, específicamente el documento público que ejecuta la individualización de lotes del Proyecto Altos de Las Hadas, donde se indica que los lotes identificados como Lotes 12, 13, 14 y 15 del Bloque 10, cada uno de los cuales tiene una extensión de entre 279.04 varas cuadradas el mínimo, a 294.50 el máximo, haciendo una extensión total entre los cuatro de 1142.48 varas cuadradas y colindan por el lado oeste con la Residencial Las Hadas, mientras que por el resto de puntos cardinales colindan entre sí y con otros lotes y vías de acceso pertenecientes al Proyecto Residencial Altos de Las Hadas; en cuanto a los lotes identificados como 1 y 2 del Bloque 9, con una extensión entre ambos de 692.12 varas cuadradas, colindando entre sí y con otros lotes y vía de acceso del mismo Proyecto de Altos de Las Hadas, es de aclarar que los lotes de los bloques 9 y 10 que se han referido, y que son los afectados con la comisión del delito que se juzga, no tienen colindancias entre sí. La prueba que informa lo anterior, no puede servir de sustento a la decisión judicial, en tanto que de la misma no se puede derivar que haya existido un traslape de las propiedades del Banco HSBC y la propiedad del señor O. L., quien le vendió a los imputados, porque para ello fue posible, la propiedad de O. L. debería pertenecer a Residencial Las Hadas, que es la que tiene colindancia con el Proyecto Altos de Las Hadas, y tal extremo, a la lectura de los Instrumentos Públicos de los procesados no es así, lo que invalida el razonamiento judicial dado que la prueba vertida en el proceso no puede sostener la posibilidad del traslape supraindicado en relación a las propiedades del Banco como la de los imputados, vulnerando el principio de Razón Suficiente, en su acepción de veracidad en tanto que la aseveración judicial de existir un traslape, no es lo que informa la prueba desarrollada. Por otro lado, las propiedades de los procesados, en relación a los terrenos que se afectasen en el Proyecto Altos de Las Hadas, no tiene las mismas dimensiones; siendo que el señor A. es propietario de una dimensión de 506.25 varas, como es posible que afecte una dimensión de 1142.48 varas, dejando claro el ánimo arribista con el que actuó al pretender apoderarse de del bien inmueble y además la evidente imposibilidad de la existencia de un conflicto civil, ya que es claro que no existe una confusión, por parte del señor A., de la ubicación del inmueble, sino un dolo delictivo, por lo que la aseveración del Juzgador, en tanto que aprecia existe un conflicto civil que debe de ser resuelto por una competencia judicial distinta, constituye un razonamiento erróneo que transgrede el principio de Veracidad, ya que constituye un criterio que se opone a la información brindada por la prueba, la que deja claro que el inmueble que posee el imputado no es el mismo que posee el Banco, descartándose así todo conflicto civil, máxime cuando el sindicado no evidencia una equivocación, sino un ánimo diferente, ya que es imposible que las dimensiones se tendieran a equivocar tan descomunalmente. Situación similar acaece con el procesado I. S. L. A., que según su Instrumento Público es dueño de un terreno con una superficie de 250 varas cuadradas y pretendió apoderarse de 1142.48 varas cuadradas ubicadas en el Proyecto Altos de Las Hadas, lo que también evidencia el ánimo de usurpar con el que actúa también este indiciado (no es posible que se haya equivocado por tan gran margen), desechando toda posibilidad de conflicto civil, en tanto que es claro el hecho de que no es sobre el mismo bien inmueble que existen dos Instrumentos Públicos de propiedad, sino que se hace referencia a predios distintos por lo que la conclusión judicial de que existe un conflicto civil que debe de ser dilucidado, se erige como un razonamiento inválido que no procede de la información que brinda la prueba y por consiguiente se infringe la característica de veracidad que conforma el principio de derivación, en el postulado de razón suficiente. Otra valoración judicial que infringe las Reglas de la Sana Crítica, en lo relativo a la regla lógica de identidad integrada del principio de coherencia y consecuentemente del de suficiencia que integra la regla precitada en el parágrafo anterior la constituye la aseveración jurisdiccional de no tener por acreditado la destrucción del cerco que tenía el lote 12 del bloque 10, ya que solo uno del os testigos así lo sostiene, al respecto debemos de indicar que dicho razonamiento judicial, orientado a desvalorar la declaración del testigo J. F. L., quien es el que ofrece la información, se apega a un sistema de valoración regla tasada, el cual es un aspecto superado por nuestra legislación y por consiguiente inaplicable en el presente asunto. Un aspecto que resalta es el hecho de que dicha declaración no es contradicha por ningún otro medio de prueba y que además estructura una caracterización del imputado que lo exhibe como una persona que actúa con el ánimo de usurpar, aunada con la declaración de la señora A. L. G. R., quien sostiene que el señor A. llegó al extremo de intimidarla al sacar una pistola y ponerla en su escritorio mientras realizaba un encuentro entre ambos buscando una solución al conflicto, es así como el razonamiento jurisdiccional quebranta el Principio de Razón Suficiente, en tanto que se desecha la información que la prueba brinda, imposibilitando que se extraiga las conclusiones correctas en cuanto a la exposición de fuerza del procesado para hacerse del bien inmueble objeto del delito. Igual sucede con otra información que es despreciada por la Jurisdicción es la brindada por los peritos R. G. y J. A. F. V., quienes, en la parte conducente de sus dictámenes, sostuvieron que las propiedades de los imputados no se encuentran ubicadas en los predios del Proyecto Altos de Las Hadas y que además no logran ubicar en que sitio se encuentran ubicados dichos bienes, ante lo que el Juzgador sostiene que no por ello deja de poseer la propiedad sobre aquellos bienes inmuebles. Al respecto debemos de indicar que la prueba informa: que los predios de los imputados existen, que, presumimos por lo limitado de los insumos con los que hicieron su pericia los Peritos, no se logra ubicar en que sitio se encuentran y que, lo que les quedó claro a los Peritos, dichos inmuebles no se ubican en el Proyecto Altos de Las Hadas, esta información no es valorada en su conjunto por el Sentenciador, ya que resulta claro que la conclusión pericial de que los terrenos no se ubican donde los procesados dicen, y que los mismos existen, pero no en aquel lugar, siendo evidente que el peritaje debió de haberse ampliado en su campo de estudio territorial, para efecto de saber donde se encuentran ubicados los terrenos de los sindicados, pero lo cierto es que esos predios no están ubicados donde ellos señalan, es decir, en el Proyecto Altos de Las Hadas. Cabe aclarar que esta información se corroboró por los Peritos por dos vías, la Escritural y la Catastral, respecto a esta última debemos de indicar que existen limitaciones en la información que brinda, lo cierto es que dejan claro la propiedad del Banco HSBC y descartan toda posibilidad de que las propiedades de los imputados estén en el sitio que ellos refieren o siquiera colindantes, tal y como la jurisdicción también lo apreció en su inspección al Registro Catastral. A pesar de esa información el Tribunal de Sentencia se limita a sostener que el hecho de no ubicar los terrenos de los imputados no priva a éstos de su propiedad, esta aseveración es contradictoria con la forma en que se decidió el fallo, en tanto que la sola información de las pericias logra establecer que el accionar de los acusados es con el ánimo de usurpar, generando una vulneración al Principio de Razón Suficiente y al de Contradicción. También existe en las declaraciones del señor E. N. L. y la señora E. Y. V. R., quienes introducen información orientada a establecer que el señor E. N. L. compró propiedad a el señor O. L., a quienes los imputados habían comprado (en un mismo inmueble de cuya integridad el señor O. L. les vendiese a los procesados y al señor E. N. L. R.), refiriendo un conflicto que el testigo (E. N.) tuviese con un Banco sobre la propiedad de aquel inmueble que había comprado, concluyendo la acción civil en una declaración que lo ubica como dueño, por lo que la jurisdicción se apoya en dicho extremo para darle mayor fortaleza a su dicho de que existe un conflicto civil, que como ya dijimos en este recurso no es así. El gran defecto que presenta este razonamiento judicial radica en el siguiente aspecto: el banco (BAC-Bamer) con el cual el señor E. N. L. R. tuvo su conflicto en el que logró hacer prevalecer su derecho, no es una institución bancaria con la cual los procesados tienen su conflicto, es más ese Banco (BAC-Bamer) nunca ha tenido relación alguna con el predio que ahora ostenta y defiende HSBC, por lo que la información brindada por los referidos testigos y corroborada por la inspección que se realizase al expediente judicial que se formase al efecto, vienen a corroborar el hecho de que los bienes inmuebles de los procesados se encuentran ubicados en un lugar distinto del que ello señalan, dejando claro su intención de usurpar; es así que el Juzgador, al no lograr extraer esa información de los dichos de los testigos, así como de las resulta de la referida inspección judicial, ha incurrido en la violación al Principio de Razón Suficiente, en sus características, como antes hemos señalado, de veracidad y suficiencia. Como lo hemos podido apreciar, los diferentes extremos en la versión de cargo han sido acreditados, de tal suerte que concluimos que el Tribunal Sentenciador al no lograr extraer dicha información de los medios de pruebas allegados ha incurrido en una infracción a la ley de la Derivación y la Razón Suficiente, por consecuencia han irrespetado las reglas de la sana crítica, a la que, por disposición de los artículos 202 y 338 en el numeral 2 de la regla del Código Procesal Penal, están obligados a someterse. Por lo anterior, nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese condenado a los imputados por el delito de Usurpación, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las reglas de la Sana Crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. III.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO. MOTIVO UNICO: “Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: “El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, porqué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, este sistema no tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada a las practicadas en juicio.. .), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA, en su obra ( La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual El razonamiento debe estar construido por inferencia razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto la anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de primera instancia: 1-El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado de valoración de la prueba “PRIMERO”, al valorar las pruebas consistente en: 1.1 -INSPECCION AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, 1.2- COPIA AUTENTICADA DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6, 1.3- COPIA AUTENTICADA DEL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 338, 1.4.COPIA AUTENTICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 60, 1.5-ACTA DE INSPECCION OCULAR, 1 .6-CUATRO PLANOS, expresa entre otras cosas lo siguiente: a-Con la inspección realizada en el Instituto de la Propiedad se ha acreditado que existen dos antecedentes de dominio que amparan las escrituras que posee el Banco HSBC, como las que poseen los acusados. Agrega, que el tribunal no analizó los antecedentes antiguos durante la inspección, ya que se limitó a analizar los antecedentes indicados por las partes, y que para efectos de establecer la existencia o no de un antecedente común entre los inmuebles en disputa, hubiese sido necesario analizar los antecedentes más antiguos, situación que no es adecuada realizar mediante una inspección sino mediante un peritaje adecuado. Con relación a lo expresado por el tribunal referente a este medio de prueba, es importante expresar que, en la inspección quedó claramente establecido que en efecto el tracto sucesivo de los terrenos del banco y el de los acusados es totalmente distinto, y que los antecedentes en ningún momento se cruzan; es decir, que no existen un antecedente común, y tal como lo expresa el tribunal que este extremo debe ser acreditado mediante un dictamen de un experto; obra en autos también el dictamen realizado por el perito Ingeniero J. A. V., quien expresó en forma categórica que los antecedentes o el tracto sucesivo de ambas escrituras, son completamente diferentes y que no tienen un antecedente común. En la inspección también se acreditó que el terreno en el cual se construyó el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, fue adquirido por la sociedad ACROPOLIS, al señor R. G. C., mediante instrumento público número 32 de fecha 21 de julio de 2000, autorizado por la Notaria K. F., y el señor R. G., lo adquirió mediante cesación de comunidad que existía entre la familia Godoy, en 1960. Asimismo, en el tracto sucesivo siempre vamos a encontrar que estos terrenos eran propiedad de la familia GODOY. Por otra parte, en la inspección se determinó que los imputados adquirieron el terreno del señor O. L., y este a su vez lo adquirió del señor M. A. F., en el año 1993, y el señor M. A. F., lo adquirió por compra hecha a miembros de la familia P. F., y hacia atrás siempre se encuentra la familia P. F. Con ello se acredita fehacientemente que los tractos sucesivos son completamente diferentes y no existe tronco común, y que son terrenos completamente diferentes. Con relación a la inspección realizada en Catastro Municipal, el tribunal admite que quedó plenamente establecido que los lotes 12, 13, 14, y 15 del bloque 10, y los lotes 1 y 2 del bloque 9 de Residencial “Altos de las Hadas”, cuentan con sus respectivas claves catastrales, pero que también se comprobó que el señor I. S. L., obtuvo su clave catastral, la cual se encuentra en el sistema Magic o registro de la claves que lleva dicho Catastro, pero que por razones desconocidas, dicha clave no aparece a nivel de dibujo, es decir, no se encuentra en los planos. Agrega, que en tal sentido, con estos medios de prueba lo único que se ha acreditado es el dominio que tantos los acusados como el Banco HSBC, tiene sobre los inmuebles, que se encuentran ubicados dentro el sitio Los Llanos del Potrero, y que tanto los acusados como el Banco HSBC, han ejercido actos de posesión sobre dichos inmuebles. El razonamiento lógico que debió seguirse es que con esta inspección lo que quedó plenamente acreditado es que el proyecto “Altos de las Hadas”, cuenta con sus respectivas claves catastrales y que concuerdan con el plano del proyecto; es decir, que no cabe duda que las claves pertenecen a los lotes de ese proyecto. Y que si bien se acreditó la existencia de una clave a nombre del señor I. L., esa clave no pertenece o no se ubica dentro del proyecto “Altos de las Hadas”. Curiosamente el tribunal, no agrega a su valoración que en Catastro aparece que la clave del señor I. L., está ubicada en el proyecto Agua Dulce, que está ubicado al otro extremo del proyecto “Altos de las Hadas”, estando de por medio la tercera etapa de Residencial Las Hadas. Asimismo, con la inspección se acreditó que el señor M. DE J. A., no tiene asignada clave catastral alguna. Por otra parte, tomando en cuenta las reglas de la derivación, con la inspección no se puede inferir que los acusados han ejercido actos de dominio sobre terreno alguno, cuando ni siquiera se ha acreditado donde se encuentran ubicados sus terrenos, lo que se puede derivar o inferir de esta inspección valorándola conjuntamente con las declaraciones rendidas por los testigos, propuestos por la parte acusadora, es que en efecto, mi representado es el que siempre ha ejercido el derecho de dominio y demás derechos reales sobre los inmuebles que conforman el proyecto “Altos de las Hadas”. Lo anterior, en vista que los testigos fueron conteste en sus dichos al afirmar que cuando ellos compraron el terreno, el proyecto ya estaba urbanizado, es decir existían calles, alcantarillado de aguas negras, los lotes estaban individualizados; es decir, marcados, sin que estuvieran cercados ni existían rótulos de ninguna clase que expresaran que eran propiedad ajena, y nadie reclamó propiedad alguna, cuando se estaba construyendo el proyectos que duró casi dos años, ni luego que los clientes del banco compraron, ya que como lo expresaron los testigos, inclusive ellos iban los fines de semana con su familia a pasear, y nadie reclamó sino que fue hasta años después en que apareció el imputado M. A. como dueño de varios lotes y procedió a destruir el cerco que el señor J. F. L. Y A. L. G., habían construido, diciéndoles el señor M. DE J. A., en una visita a su oficina, que él era el propietario, y que inclusive los intimidó sacándole la pistola colocándola sobre su escritorio. Es importante resaltar lo expresado por el testigo T. F. R. A., quien expresó que antes de desarrollarse el proyecto, él ya conocía el terreno, porque él trabajó en el SANAA, y que no existían rótulos que indicaran que el terreno era propiedad privada. Es importante expresar, que según las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, ninguna persona que sea propietario de un terreno va permitir que se desarrolle un proyecto de urbanización sobre el mismo, y no va reclamar o ejercer las acciones legales, principalmente tomando en consideración que un de los acusados es profesional de Derecho, y va esperar o dejar transcurrir años para reclamar o defender su derecho. 2-En su numeral SEGUNDO de la apreciación de la prueba, el tribunal al valorar la prueba testifical y documental presentada por la parte acusadora expresa que las declaraciones de estos testigos han sido contestes al indicar los contratos que realizaron con la Vivienda, S.A., para obtener los terrenos ubicados en la Residencial “Altos de las Hadas”, y que posteriormente no pudieron obtener la posesión de los inmuebles ya que había aparecido otro dueño, y que esas declaraciones son corroboradas con la prueba documental evacuada así como con las inspecciones. Agregando que las declaraciones de los testigos y los contratos de arrendamiento merecen completa credibilidad y valor probatorio. Por otra parte, en este mismo apartado sobre la valoración de la prueba, expresa el tribunal que el acusador privado, expresó que el acusado M. DE J. A., ha actuado con dolo, por haber destruido un cerco que el señor J. F. L., había construido. Es importante aclarar que tal como está plasmado en las conclusiones, el dolo no se acredita únicamente con este hecho: En primer lugar se explicó que es el dolo, que como lo sostiene el tratadista ENRIQUE BACIGALUPO, en su obra “MANUAL DE DERECHO PENAL”, Tercera Edición, página l03, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, “es el conocimiento y la voluntad de la realización del tipo. En otras palabras es la actitud subjetiva de decidirse por la ejecución de una acción lesiva de un bien jurídico, es decir, una acción que realza un tipo penal”. Se sostiene que el imputado M. DE J. A., actuó a título de dolo, porque aún sabiendo que los terrenos del Proyecto “Altos de las Hadas”, eran ajenos, se apoderó de los mismos procediendo a destruir los cercos que los clientes del banco habían construidos y ha construir sus propios cercos. Ahora por qué se sostiene que el imputado sabía que esos terrenos eran ajenos? Con toda la prueba vertida en juicio, se ha podido acreditar que los imputados no han demostrado donde está ubicado el terreno que dicen tener, ni los peritos que fueron nombrados uno por la parte acusadora y otro por la defensa, pudieron ubicarlos, dándose más bien la particularidad casi inusitada de que los peritos fueron contestes en su dicho al afirmar contundentemente, que los terrenos de los acusados no se ubican dentro del proyecto “Altos de las Hadas”, y que el proyecto “Altos de la Hadas”, si fue debidamente ubicado. Por otra parte, con la misma prueba aportada por la defensa, se ha acreditado que el terreno que supuestamente pertenece al señor O. L., persona a quien le compraron los acusados, se ubica en todo caso en la Tercera Etapa de las Hadas, ya que con la inspección que se realizó en el Juzgado de lo Civil, se acreditó que fue el BANCO MERCANTIL, BAMER, (obsérvese un banco distinto), quien presentó querella contra el señor E. N. L. R., en vista que éste le estaba usurpando un terreno de su propiedad ubicado en el proyecto denominado Residencial Las Hadas Tercera Etapa, identificado con el número 7 del bloque H. Con la misma inspección se acredita que el terreno que se disputaron el señor E. L. y el Banco Mercantil (Bamer), tienen Límites y colindancias totalmente diferentes a los lotes que conforman el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”. Además, sólo es de analizar la escritura del señor E. L., quien le compró a su padre O. L., para determinar en primer lugar; que el terreno lo adquiere en el año 2004, y a esa fecha ya estaba construido el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, que fue construido en el 2002. En segundo lugar; a la escritura de compraventa se acompaña un plano también del año 2004, con las siguientes colindancias: AL NORTE: Con O. L., AL SUR: CON FUTURA CALLE, Al ESTE; Con CALLE, y AL OESTE; Con CALLE DE POR MEDIO, y en si Vosotros observáis el plano del proyecto ALTOS DE LAS HADAS”, específicamente en el bloque 10, al Norte; lo que existen son más lotes, lo mismo que al sur, y al Oeste lo que existen son otros lotes de residencial Las Hadas, siendo los límites totalmente diferentes. Por lo que un razonamiento lógico a lo que debe llevar es a sostener que el terreno que se disputaron Banco Mercantil, y E. L., no se ubica en el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, y siendo congruente con los documentos presentados por el BANCO BAMER, el terreno se ubica en todo caso en la Residencial Las Hadas, Tercera Etapa. Este medio probatorio, a lo que nos conduce es que el terreno que los imputados aducen tener está ubicado en todo caso en otro sitio distinto. Por otra parte, resulta evidente el dolo o intencionalidad con que actuó el imputado M. DE J. A., porque cómo es posible que pretenda un terreno ajeno, cuando es fácil inferir las diferencias que existen entre su terreno y los lotes 1 y 2 del bloque 9, del proyecto ALTOS DE LAS HADAS, de los cuales se apropió. Si Vosotros Honorables Magistrados, hacéis un razonamiento lógico, sin tener conocimientos especializados en Ingeniería, sino que por sentido común, o empleando las máximas de la experiencia, podréis fácilmente establecer que los terrenos usurpados por el señor A., no le pertenecen por las siguientes razones: 1- El terreno del señor M. A., colinda al Norte con O. L.; y los lotes 1 y 2 del bloque 9 del proyecto “Altos de las Hadas”, colindan con el Bloque 11 calle de por medio. 2- El terreno del señor M. A., colinda al sur con calle de por medio con M. A. F.; los lotes l y 2, del bloque nueve colindan al Sur, con ninguna calle, sino que colindan con los lotes 4, 5, y demás del mismo bloque. 3- El terreno del señor A., colinda al Este con O. L.; y los lotes 1 y 2 colindan con el lote 3 del mismo bloque y el lote 3 colinda con el señor R. G.. 4- El terreno del señor A., colinda al Oeste con el R. G.; y los lotes 1 y 2 del bloque 9, colindan al Oeste con calle de por medio con el bloque 10. Como podéis fácilmente observar Honorable Corte, el terreno del señor M. DE J. A., en ningún momento colinda al Este con el terreno del señor R. G. Por lo que su ubicación es en otro lugar, no en el proyecto “Altos de las Hadas”. Por tanto, resulta contrario a las reglas de la derivación sostener que el señor M. DE J. A., es dueño de los Lotes 1 y 2 del Proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, cuando entre estos terrenos suman un total de 695.12 varas cuadradas, y el lote del señor A., únicamente mide 500 varas cuadradas. Además, el sabe que su terreno no se ubica allí, porque él sostiene que su terreno colinda al Este con el señor R. G., lo cual es materialmente imposible, porque como expresé anteriormente al este del lote 2 existe el lote número 3, y al sumar las varas del lote 3, estamos hablando de casi mil varas cuadradas, y su lote sólo mide 500 varas cuadradas. Además, que otra cosa se puede inferir en aplicación de las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, cuando el mismo acusado, tal como consta en el acta, durante el juicio oral y público quería conciliar, cuando estás reglas nos dicen que si una persona es la verdadera propietaria de un bien inmueble, y está en disputa con otro, no va admitir que el terreno es de la parte contraria, renunciando a su derecho sin remuneración alguna, sino que llega hasta las últimas instancias. Asimismo, Honorables Magistrados, por las mismas razones, es fácil inferir que el terreno que el señor O. L., compró a M. A. F., y del cual se desprende los lotes de los acusados, es diferente al terreno donde se construyó el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, ya que sus límites y colindancias son diferentes, veamos las diferencias: 1-El terreno del señor O. L., colinda al Norte: 69.72 mts con propiedad de KUAN CHANG TANG; y el terreno de BGA, donde se construyó el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, colinda al Norte: Con la Colonia Los Ángeles, W. K. Y R. G.. 2-El terreno del señor O. L., colinda al Sur: 80mts con propiedad de M. A. F.; y el terreno del BGA, colinda al Sur: Con resto del Terreno propiedad de ACROPOLIS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A DE. C.V. 3-El terreno del señor O. L., colinda al Este: 47.50 mts con propiedad de R. G.; el terreno de BGA, colinda la Este: Con R. G. y Colonia El Periodista. 4- El terreno del señor O. L., colinda al OESTE: 46 mts con propiedad de M. A. F. y J. H. M., calle de por medio; y el terreno de BGA, colinda al OESTE: con Colonia las HADAS. Como podéis observar Honorables Magistrados, no se necesita obtener el Título de Ingeniero, para determinar que los terrenos son distintos, si para ello sólo es de verificar que los límites y colindancias son totalmente distintos, ahora si los límites y colindancias fueran idénticas, no cabria el menor ápice de duda que estaríamos hablando de un mismo terreno. Por otra parte, lo aseverado por el Tribunal de Sentencia, violenta las reglas de la derivación por no ser verdadero, cuando sostiene que por el hecho de haberse hecho rectificación de los lotes del proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, es posible que se haya tomado parte de otros terrenos, cuando el mismo testigo O. L., lo explicó con claridad meridiana que, la rectificación fue internamente, es decir, dentro del proyecto para acomodar ciertos lotes, pero siempre respetando los límites y colindancias del terreno dado en FIDEICOMISO, lo cual es un hecho cierto, que el Tribunal de Sentencia hubiera acreditado si hubiera valorado la prueba en su conjunto, por que sólo es que hubiera constatado cual era la cabida total y los límites y colindancias tanto de la escritura donde se constituyó el FIDEICOMISO, y la escritura de rectificación, y hubiese podido concluir que en efecto la cantidad de terreno; los límites y colindancias no cambiaron en absoluto. Por otra parte, resulta contrario a las reglas de la lógica Honorable Tribunal, que el problema sólo se dé con lotes aislados, cuando lo lógico sería que si fuera real que el terreno se hubiere construido sobre el terreno propiedad del señor O. L., porqué este no reclamó en su momento, como nos indica la lógica, porque aquí no se trata como lo expresa el tribunal, que al realizar el proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, no se tomó en cuenta el terreno de los acusados, porque la cuestión no es que en un proyecto se tome o no en consideración un terreno ajeno, puesto que si alguien construye en terreno ajeno, es fácil determinar mediante un dictamen pericial, que el proyecto se construyó en terreno ajeno, lo cual no concurre en el caso sub-judice, tal como se acreditó con los dictámenes de los peritos. Además, ¿Por qué el problema no se suscita entre una fracción continua del proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, sino sobre lotes aislados? Esto sólo indica o debió llevar al Juzgador si hubiera empleado un juicio lógico, que el acusado se apropió en forma antojadiza de lotes indistintos, sin reparar como no hay crimen perfecto, en que los límites y colindancias de su escritura no iban a coincidir, con los de los lotes que se apropió. A ello hay que agregar que el señor O. L., a quien el imputado compró, en ningún momento ha reclamo fracción de terreno alguna, dentro del proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”. Es por ello que me sorprende sobremanera la interpretación que el Tribunal de Sentencia ha dado a lo estatuido en el artículo 54 último párrafo del Código Procesal Penal, cuando es de basto y sobrado conocimiento que esta norma tiene aplicación cuando sobre un mismo terreno existen dos o más propietarios, es decir, que sobre un mismo terreno existen dos o más Escrituras Públicas, porque en ese caso, si es el Tribuna de Materia Civil competente el que tendría que determinar quien es el verdadero propietario. Pero el caso que hoy nos ocupa es totalmente distinto, tal como se demuestra con los dictámenes rendidos por el Perito nombrado por el Ministerio Público, como por el de la defensa, y las demás pruebas evacuadas enjuicio, con lo que se acreditó plenamente que los terrenos son totalmente distintos, por no decir que el terreno de los imputados son inexistentes, posibilidad que acogió el mismo tribunal, en vista que nadie ha podido ubicarlos, lo cual no sucedió con los terrenos del proyecto “ALTOS DE LAS HADAS”, que si fueron debidamente identificados. Por otra parte, aceptar la tesis o argumentos del Tribunal de Sentencia, desembocaría en una gran inseguridad jurídica, señores Magistrados, ya que podría darse el caso en que si uno de ustedes vive en LAS LOMAS DEL GUIJARRO, y una tercera persona compra un terreno en la misma colonia, puede ir a desalojarlos de su residencia, alegando que el terreno donde ustedes construyeron es de su propiedad, sólo porque su escritura dice que su terreno está ubicado en las Lomas del Guijarro, sin importar que los límites y colindancias del terreno sean diferente al de Vosotros. Y sólo porque él sostenga a pié juntilla como dice el argot popular, y en forma antojadiza, sin que aporte un dictamen de un experto para acreditar que el terreno de Vosotros es el de él, habría que creerle? Por lo que tendrías Vosotros que reclamar únicamente en la vía civil la propiedad que legítimamente os pertenece? Esto no sería más que una negación por parte de los dadores de justicia, de la protección que el Código Penal otorga a todo legítimo propietario, de no ser ni siquiera molestado en la pacífica posesión de un inmueble, tal como lo estatuye en su artículo 229, no digamos, de la protección que brinda a toda persona a quien se le ha Usurpado un bien inmueble, el artículo 225 del mismo cuerpo legal; que es el caso que hoy nos ocupa, donde concurren los elementos tanto Objetivos y Subjetivos de este tipo penal, ya que se ha acreditado que el imputado efectivamente ha usurpado al Banco HSBC, un bien inmueble, en forma dolosa, ya que no obstante saber que el terreno de él es diferente, se ha posesionado de los mismos, impidiendo a las personas a quienes BGA, ahora BANCO HSBC, ha celebrado contrato de arrendamiento con opción a compra, hacer uso de su derecho de posesión de sus terrenos. Con todo el as probatorio que se ha mencionado, resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede concluir que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque no cabría más que aceptar la participación del acusado, en el ilícito imputado y, por tanto la conclusión correcta a que debió haber llegado el Juzgador, en el caso sub-judice, es de culpabilidad y no de inocencia. Por tanto, al no entenderlo así el juzgador ha incurrido en una grave violación de las reglas del entendimiento humano, siendo imperante que Vosotros Honorable Tribunal de Casación como última ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para que comprobéis lo expuesto en mi petitoria, de que el Tribunal de Sentencia al valorar la prueba no ha empleado los razonamientos lógicos, que le hubieren permitido arribar a una conclusión distinta, con lo que se mancilla una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamarlos su subsanación. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO. I. El recurrente argumenta que los juzgadores no observaron en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, porque inician su valoración probatoria señalando que existen dos antecedentes de dominio que amparan la propiedad objeto del delito ubicada en Altos de Las Hadas, una a favor de la Institución Bancaria HSBC y otra a favor de los imputados, L. A. Y A., esta conclusión, sobre la cual fundamenta su fallo el Tribunal de Sentencia, es producto de un razonamiento inválido, en tanto que genera la vulneración del Principio de la Derivación, en su postulado de Razón Suficiente. El A-quo tiene como acreditado que las propiedades que ostentan los imputados, son la misma que pertenece al Banco antes referido, en tal sentido, establece que los Instrumentos Públicos que acreditan esa propiedad dimanan de antecedentes (troncos) distintos, pero que por alguna razón, esos orígenes distintos han sido traslapados, confundiéndose así los terrenos limítrofes entre ellos y así generando el conflicto que se enjuicia. Al examen de los instrumentos públicos, específicamente los que acreditan la propiedad de los imputados, se observa que los mismos no limitan entre sí, es decir, que no son terrenos contiguos el uno del otro. Para el Ministerio Público la prueba evacuada, no puede servir de sustento a la decisión judicial, en tanto que de la misma no se puede derivar que haya existido un traslape de las propiedades del Banco HSBC y la propiedad del señor O. L., y la aseveración del Juzgador, en tanto que aprecia existe un conflicto civil que debe de ser resuelto por una competencia judicial distinta, constituyendo un razonamiento erróneo que transgrede el principio de veracidad, y un criterio que se opone a la información brindada por la prueba, lo que deja claro que el inmueble que posee el imputado no es el mismo que posee el Banco, descartándose así todo conflicto civil, máxime cuando el sindicado no evidencia una equivocación, sino un ánimo diferente, ya que es imposible que las dimensiones se tendieran a equivocar tan descomunalmente. Es errónea la conclusión de los jueces al no tener por acreditado la destrucción del cerco que tenía el lote 12 del bloque 10, ya que solo uno de los testigos así lo sostiene, al respecto, debemos de indicar que dicho razonamiento judicial, orientado a desvalorar la declaración del testigo J. F. L., quien es el que ofrece la información, se apega a un sistema de valoración regla tasada; aunada con la declaración de la señora A. L. G. R., quien sostiene que el señor A. llegó al extremo de intimidarla al sacar una pistola y ponerla en su escritorio mientras realizaba un encuentro entre ambos buscando una solución al conflicto. También es de hacer notar, que los peritos R. G. y J. A. F. V., quienes en la parte conducente de sus dictámenes, sostuvieron que las propiedades de los imputados no se encuentran ubicadas en los predios del proyecto Altos de Las Hadas y que además no logran ubicar en que sitio se encuentran ubicados dichos bienes, ante lo que el Juzgador sostiene que no por ello deja de poseer la propiedad sobre aquellos bienes inmuebles; por lo que toda esta actividad probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese condenado a los imputados por el delito de Usurpación. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO. I. El impetrante alega, que los sentenciadores no observaron las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Señala que en la inspección quedó claramente establecido que en efecto, el tracto sucesivo de los terrenos del Banco y el de los acusados es totalmente distinta, y que los antecedentes en ningún momento se cruzan, es decir, que no existe un antecedente común. También el dictamen realizado por el perito Ingeniero J. A. V., se expresó en forma categórica que los antecedentes o el tracto sucesivo de ambas escrituras, son completamente diferentes y que no tienen un antecedente común; igualmente, con la inspección no se puede inferir que los acusados han ejercido actos de dominio sobre terreno alguno, cuando ni siquiera se ha acreditado donde se encuentran ubicados sus terrenos, lo que se puede derivar o inferir de esta inspección valorándola. Los testigos fueron contestes en sus dichos al afirmar que cuando ellos compraron el terreno, el proyecto ya estaba urbanizado, es decir, existían calles, alcantarillado de aguas negras, los lotes estaban individualizados. El imputado M. A., como dueño de varios lotes y procedió a destruir el cerco que el señor J. F. L. y A. L. G., habían construido, diciéndoles el señor M. DE J. A., en una visita a su oficina, que él era el propietario, y que inclusive los intimidó sacándole la pistola colocándola sobre su escritorio, y se sostiene que el imputado M. DE J. A., actuó a título de dolo, porque aún sabiendo que los terrenos del Proyecto “Altos de Las Hadas” eran ajenos, se apoderó de los mismos procediendo a destruir los cercos que los clientes del Banco habían construidos y ha construir sus propios cercos. Los peritos fueron contestes en su dicho al afirmar contundentemente, que los terrenos de los acusados no se ubican dentro del proyecto “Altos de Las Hadas”, y que éste si fue debidamente ubicado. Con la inspección se acredita que el terreno que se disputaron el señor E. L. y el Banco Mercantil (Bamer), tienen Límites y colindancias totalmente diferentes a los lotes que conforman el proyecto “Altos de Las Hadas, lo que conduce es que el terreno que los imputados aducen tener está ubicado en todo caso en otro sitio distinto. Resulta evidente el dolo o intencionalidad con que actuó el imputado M. DE J. A., porque cómo es posible que pretenda un terreno ajeno, cuando es fácil inferir las diferencias que existen entre su terreno y los lotes 1 y 2 del bloque 9, del proyecto Altos de Las Hadas, de los cuales se apropió, y la protección que brinda a toda persona a quien se le ha usurpado un bien inmueble, el artículo 225 del mismo cuerpo legal; que es el caso que hoy nos ocupa, donde concurren los elementos tanto Objetivos y Subjetivos de este tipo penal, ya que se ha acreditado que el imputado efectivamente ha usurpado al BANCO HSBC, un bien inmueble en forma dolosa. II.- Esta Sala de lo Penal, considera que tanto el acusador público como el privado, al interponer los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, alegan que la sentencia adolece de los mismos vicios, al no observarse en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica, haciendo uso de argumentaciones muy similares y haciendo cuestionamientos a las mismas pruebas evacuadas, por lo que este alto Tribunal dará respuesta en la misma motivación y de manera simultánea a ambas partes por ser Recursos presentados por las partes acusadoras y basados en que el fallo adolece de iguales vicios. III.- Para esta Sala es importante aclarar, que al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de “no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control Casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología), y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. IV.- Esta Sala de lo Penal, en respuesta a lo expuesto por los impetrantes y sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada, considera que no es de recibo el reclamo de los recurrentes, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que no fue posible establecer con la prueba evacuada la responsabilidad penal de los acusados en el hecho que se les imputa. A manera de ilustración, el delito por el que se ha promovido la presente causa es el de “USURPACIÓN”, consignado en el artículo 227 del Código Penal, que establece: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos a cuatro años…”. También el artículo 229 del Código Penal, establece que “quien fuera de los casos mencionados perturbare con violencia o amenazas en las personas, la pacífica posesión de un inmueble, será sancionado…”; pudiéndose notar la exigencia en estos tipos penales de los elementos objetivos violencia o amenazas. “La acción requiere para su tipificación la realización de violencia o intimidación en las personas. Los términos violencia o intimidación deben entenderse igual que en el delito de robo con violencia o intimidación… Sujeto activo solo puede serlo el no propietario o no titular del los inmuebles o derechos reales, ya que la propiedad es un derecho absoluto y respecto a los derechos reales el Código exige que sean de ajena pertenencia”. (Véase: MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, decimotercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 397). La doctrina establece que la conducta de “usurpar un inmueble”, debe contener los elementos objetivos para su tipificación de “violencia, amenazas o intimidación en las personas”; y para este alto Tribunal, esto es lo que marca la diferencia para la intervención, o no, del derecho penal en contiendas en las que el derecho de propiedad de los bienes raíces esté en litigio, ya que conforme al principio de intervención mínima en el que se establece la “última ratio”, solo las conductas con un contenido de nocividad social suficiente (resividad), son las que deben ser objeto de intervención del derecho penal, el resto de las conductas podrán ser reguladas por sanciones no penales tales como, las civiles, mercantiles, administrativas etc… Como bien explica Santiago Mir “el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino solo las modalidades de ataque mas peligrosos para ellos. Así, no todos los ataques a la propiedad constituyen delito, sino solo ciertas modalidades especialmente peligrosas, como el apoderamiento subrepticio, violento o fraudulento”. (Véase: MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 8 va edición, 2da reimpresión, IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 118). V.- En el caso examiné, como se dijo supra, sin el ánimo de valorar de manera alternativa la prueba evacuada, se extrae que tanto los acusados I. S. L. A. Y M. DE J. A., como la persona jurídica supuesto perjudicado BANCO HSBC, ostentan el dominio sobre bienes inmuebles por el cual se mantiene un litigio, en el que alegan ambas partes ser los legítimos propietarios de los bienes inmuebles, todo esto acreditado mediante Inspecciones al Instituto de la Propiedad inmueble y Mercantil, y prueba documental y pericial evacuada (folios # 500 a 508); pero lo que no es posible deducir de las pruebas evacuadas en el debate, es que los acusados hayan ejecutado actos de violencia, intimidación o amenaza en contra de los representantes de la persona jurídica o de personas que ostenten algún derecho legítimo sobre los inmuebles objetos del proceso, y al no ser posible concluir que la conducta de los acusados se subsuma dentro de los elementos objetivos y subjetivos del delito de usurpación, tampoco seria posible que el resultado del proceso declarado en primera instancia fuese otro que el ya decidido por esa instancia. VI.- Los recurrentes argumentan que el testigo J. F. L., (folio # 498), persona que le compra al Banco, declaró que le habían roto el cerco de su propiedad, pero que desconocía quien lo había roto; valorando correctamente el A-quo, al motivar que no es posible tener por acreditado dichos extremos, porque no hay ninguna otra prueba que lo corrobore e inclusive no se han presentado documentos, fotografías o evidencia alguna de que se levantó el cerco mencionado y que alguno de los acusado lo haya quitado. Igualmente sucede con la testigo A. L. G. R., (folio # 515 y 533), persona que también le compra al Banco, que dijo que el Abogado A., la amedrentó en su oficina al sacar una pistola y ponerla en su escritorio; circunstancia que igualmente no ha sido corroborada o concatenada con otros elementos probatorios que la respaldasen, quedando la misma huérfana de acreditación; siendo correctas las deducciones a las que llegaron los jueces sentenciadores, al absolver a los acusados, ya que como se dijo anteriormente, no se probó en el presente juicio conductas que ameriten la intervención del derecho penal, al no acreditarse que los acusados hayan intimidado, amenazado o utilizado violencia, con el propósito de detentar los bienes inmuebles objeto de controversia; no apreciándose que los juzgadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a decisiones contradictorias, arbitrarias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala, considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara SIN LUGAR los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por el Ministerio Público y el Acusador Privado, en sus únicos motivos cada uno. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3. y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: Declara SIN LUGAR, los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus únicos motivos, invocados por la Abogada L. M. S. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado J. J. H. S. en su condición de Apoderado Legal del BANCO LA VIVIENDA ahora BANCO HSBC HONDURAS, S.A., en la causa seguida en contra los señores I. S. L. A. y M. DE J. A., como autores responsables del supuesto delito USURPACION en perjuicio del BANCO LA VIVIENDA ahora BANCO HSBC y A. L. G. R.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud del Abogado J. J. H. S., en su condición de Apoderado Legal del BANCO BGA, ahora BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha tres de junio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-177-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL