Sentencia CP-17-12 — Registro 4155
Resumen
En primera instancia se condeno a los acusados por el delito de Secuestro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo.- La Sala de lo Penal constata que en el presente caso efectivamente fueron formuladas dos hipótesis, de las que el Tribunal de Sentencia asumió una de ellas por considerar que era la que se ajustaba a la prueba reproducida en juicio, siendo ésta la existencia de un secuestro planeado y ejecutado por los acusados, incluyendo dentro de estos al Señor M. E. F., quienes buscaban cobrar una cantidad de dinero al Señor W. M. (Padre), a cambio de dejar en libertad a su hijo.- Aun y cuando los Censores relacionen prueba con el afán de dejar entrever la falta de participación del acusado en los hechos, de las pruebas evacuadas en juicio el Tribunal de instancia concluyó razonablemente que si existió, puesto que el co-imputado L. A. R., refiere que el acusado M. F. se encontró con él en las cercanías de El Zamorano, que se dirigieron a casa de O. M., y que al decidir L. R. regresar a Tegucigalpa, M. F. se quedó en la vivienda; por su parte el coimputado O. M. R., identifica a M. F. como su cuñado y como una de las personas que llegaron a la casa que él cuidaba, en compañía del ofendido; estas dos declaraciones se suman a la hecha por el propio ofendido W. M. (hijo), quien identifica al acusado M. F. como uno de sus captores.- Entonces, no existiendo duda de que el acusado M. F. participó en los hechos, corresponde contestar lo planteado por los Censores en cuanto a si el Tribunal de Sentencia incorrectamente no concluyó que todo obedecía a un “Auto Secuestro”; para la Sala de lo Penal la apreciación del A-quo de que efectivamente aconteció un secuestro es la correcta, dado los siguientes elementos: 1).- El Ofendido señala que el encuentro con el acusado L. R., fue con el propósito de comprar un arma, coincidiendo éste con lo declarado por el testigo de la defensa M. J. B. F. (f. 620), quien es mecánico automotriz y que señala que se encontraba reparando un vehículo del Señor L. R., cuando éste le pidió que hablara con una persona al teléfono para que le indicara la dirección de una Universidad, porque necesitaba ir a traerlo, refiriendo además que por lo que escuchó decir a L. cuando hablaba con esa persona por teléfono, había entendido que L. le vendería un arma de fuego; de este modo es que efectivamente el ofendido salió de la ciudad con el acusado L. R. con la creencia de que compraría un arma de fuego; 2).- El Ofendido W. M., para salir de la Universidad pretextó que su hermana había sufrido un accidente, hecho éste que sin lugar a dudas llamó la atención al momento de hacer las primeras pesquisas en torno a su desaparición; así pues las máximas de la experiencia nos indican que el ofendido, en caso de que hubiese planeado un “Auto-Secuestro”, no optaría por llamar la atención en sí mismo al decir una mentira fácilmente comprobable; 3).- El Testigo W. A. R. L., Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), declara haber sido una de las personas que participó en el rescate del ofendido, afirmando que éste fue encontrado amarrado sus manos con cordones y uno de sus pies encadenado a un mueble de madera, refiriendo además ver al ofendido afectado al grado de soltar en llanto al ser rescatado (F. 619 v.); Las condiciones descritas por el testigo no pueden ser entendidas razonablemente como un acto de simulación del ofendido, como sugieren los Censores, puesto que la llegada de la policía al lugar fue sorpresiva, gracias a lo cual se pudo aprehender a dos de los acusados; si se hubiese tratado de un “auto-secuestro”, el ofendido hubiese sido encontrado en otras condiciones (no atado ni encadenado), ni tampoco éste hubiese demostrado signos de estrés o tensión de manera espontánea.- Por lo relacionado considera este Tribunal de Casación que el A-quo derivó correctamente de la valoración de la prueba que el hecho juzgado implicó un delito de secuestro, en el que tuvieron participación los acusados, y por tanto, corresponde declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo.."
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de Recibo.- Indican los hechos probados que el veinte (20) de Mayo de dos mil nueve, el acusado L. A. R. condujo al ofendido W. M. G., fuera de los límites de la ciudad de Tegucigalpa, con el pretexto de que le vendería un arma de fuego, transportándolo en un vehículo hasta una hacienda en las cercanías de El Zamorano, en donde se encontraban los también acusados M. E. F. F. y R. E. R., momento en que se le indica al ofendido W. M. (hijo) de que se trata de un secuestro, quedando a partir de ese momento privado de su libertad, marchándose del lugar el acusado L. A. R.; agrega el hecho Tercero que ese mismo día el Señor W. M. (Padre) recibió una llamada telefónica donde se le exige el pago de dinero a cambio de la liberación de su hijo.- Conforme a la dinámica que explica los hechos declarados probados, fueron varias las personas que planearon y ejecutaron el delito, distribuyéndose funciones distintas para ello, entre éstos el acusado L. A. R., quien estuvo a cargo de engañar al ofendido para transportarlo desde la Ciudad de Tegucigalpa hasta las cercanías de El Zamorano, donde fue privado de su libertad; el acusado realizó la conducta conforme al acuerdo común preexistente con los acusados M. E. F. F., R. E. R. y J. C. Z., no siendo necesario que haya realizado la totalidad de la conducta prescrita en el tipo penal, basta que haya contribuido a ella mediante actos objetivos que hayan permitido su consumación, respondiendo por tal conducta como coautor del delito, tal y como lo explica el Tribunal de Sentencia en su Fundamentación Jurídica (F. 640 v.), siendo por ello procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de Recibo.- El Censor considera que la sentencia condenatoria es resultado de una INSUFICIENTE CARGA PROBATORIA y de ahí la vulneración al principio de presunción de Inocencia que alega. Esta Sala no comparte tal criterio, puesto que auditando la carga probatoria corrobora que ésta ha sido suficiente al recaer sobre los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal de Secuestro. El Tribunal de Sentencia contó con la declaración del ofendido W. M. G. (F. 614), quien relató los hechos, en particular como el acusado L. A. R., lo llevó hasta las cercanías de El Zamorano, bajo la creencia de que harían una transacción de compra-venta de un arma de fuego, pero al llegar al lugar fue privado de su libertad con ayuda de otros dos acusados, indicándole que se trataba de un secuestro; la Declaración del Señor W. M. Padre (f. 617), quien indico que recibió una llamada telefónica indicándole que su hijo estaba secuestrado y que debía pagar la cantidad de un millón de dólares para su liberación, ya que de lo contrario procederían a matarlo, además el testigo refirió como el acusado L. A. R., llegó a su casa de habitación interesado en el secuestro, consultando sobre si habían puesto la denuncia y ofreciendo hablar con personas conocidas para rescatar al ofendido; la declaración del propio acusado L. A. R. (F. 613), que acepta haber llevado al ofendido hasta una casa cercana a El Zamorano, donde se encontró con otros dos acusados, pero señalando que no se trató de un Secuestro, sino de un “Auto-Secuestro”, todo con el fin de que el ofendido pudiese agenciarse el dinero que por concepto de rescate pagaría su Padre, concordando con la declaración del Señor W. M. Padre de que efectivamente se le pidió dinero a cambio de la liberación de su hijo, sin embargo el Tribunal de Sentencia descartó de que se tratase de un “auto secuestro” al momento de valorar la declaración del testigo W. A. R. L., Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), quien señaló haber participado en el operativo que tuvo como objeto el rescate del ofendido, a quien encontraron en una casa de material rústico, atado de pies y manos con cordones en posición fetal y además encadenado uno de sus pies a un mueble de madera (F. 619), declaración que fue concordante, a criterio de los Juzgadores, con el Acta de Inspección Ocular del lugar de los hechos (F. 66) e incluso con la declaración del Imputado O. M. R. N. (F. 612), quien señaló el lugar donde se encontraba la vivienda y los acusados que llegaron al lugar junto con el ofendido, insistiendo que no se trató de un secuestro.- Como se aprecia, la prueba reproducida en el debate fue suficiente, informando la misma respecto a la privación de la libertad de una persona, en una casa alejada de su centro de residencia, con el fin de obtener dinero de parte del padre de éste a cambio de su liberación, habiendo participado en ellos los acusados, entre éstos el Señor L. A. R..- No existe a criterio de esta Sala infracción al principio de Inocencia, por lo que debe ser declarado SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo.- Los Hechos declarados probados contenidos en la sentencia que ahora se impugna contienen declaraciones claras respecto al relato expuesto y terminante en cuanto a su concreción, puesto que no se aprecian términos o frases oscuras, incompletas o inteligibles, que no permitan entender cuál es el sentido del relato en los aspectos de tiempo, espacio, conductas y participes; por otro lado son terminantes ya que no se ha constatado en ellos manifestaciones indecisas, ambivalentes, dubitativas que revelen alguna duda o vacilación en los Juzgadores respecto a lo queaconteció.- El Censor aqueja la falta de detalles en el relato que no pudieron ser precisados mediante los medios de prueba, lo cual no constituye falta de claridad o de redacción terminante en el fáctum y que además no condicionan la existencia del delito, puesto que lo fijado se ajusta a la conducta descrita por la norma penal.- Por lo anteriormente señalado es procedente declarar SIN LUGAR el primer motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de forma.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de octubre de dos mil catorce (2014), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma; Recurso de Casación por Infracción de Ley; Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos Motivos, interpuestos contra la sentencia de fecha siete de Junio del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a lo s señores L. A. R., R. E. R., M. E. F. F. Y J. C. Z. S., a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autores responsables del delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, en perjuicio del señor W. M. G.; asimismo condenó al señor R. E. R., a la pena de CUATRO (04) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA.- Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, los Abogados B. A. G. M. y P. N. R., actuando en su condición de Apoderados Defensores del imputado M. E. F. F., y el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en dos Motivos, el abogado F. A. Á. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor del encausado L. A. R.. SON PARTES: El Abogado F. A. Á. O., Apoderado Defensor Privado del imputado L. A. R., y los Abogados B. A. G. M. y P. N. R., como Apoderados Defensores Privados del acusado M. E. F. F., en su calidad de recurrentes, y la Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio Público en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: En horas de la mañana del día miércoles veinte de Mayo del dos mil nueve, el señor L. A. R., conocido del joven W. M. G., valiéndose del interés de este último de comprar un arma de fuego, con el ardid de que el vendedor se encontraba fuera de la ciudad, lo conduce fuera de los límites de esta ciudad capital. SEGUNDO: Es de esta forma que L. A., en su propio vehículo, conduce al joven A. M., a una hacienda ubicada en cercanías del Zamorano, donde los esperaban los señores M. E. F. F. y R. E. R., quienes le informan a W. que se trata de un secuestro, proceden a amarrarlo con los cordones de sus zapatos, mientras que L. A. se marchó del lugar. TERCERO: Ese mismo día, alrededor de las once de la noche, W. M., M. E. F. y R. E. R., llegan caminando a una casa ubicada en la Aldea de Agua Blanca, Municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, lugar donde duermen, dicha vivienda fue proporcionada por el señor O. M. R., cuñado de M. E.. El día jueves veintiuno llegan al lugar indicado J. C. Z. S. y otra persona del sexo masculino, quien cubre su rostro con un casco de motociclista, y este último le pone un arma de fuego en la cabeza al joven W. M. y le pregunta cuestiones relacionadas con el patrimonio de su familia, procediéndolo a encadenar de un pie a un armario, marchándose del lugar con R. E. R., cuyo puesto es ocupado por J. C., quien junto con M. F. se quedan durmiendo con W. Ese mismo día, el señor W. M., padre del joven H., recibe una llamada de una persona desconocida, exigiendo el pago de un millón de dólares, a cambio de liberar a su hijo. CUARTO: Informado el Grupo Especial de Antisecuestro (GEAS) de lo sucedido con el joven W. M. G., se inicia una serie de investigaciones, las que dan como resultado que el día viernes veintidós de Mayo en horas de la tarde, la referida persona fue liberada. QUINTO: El señor R. E. R. al momento de su detención se identificó con Tarjeta de identidad No. 1516-1973-00099, la que tenía su foto, pero extendida a nombre de A. L. R., quien es su hermano”. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma en dos Motivos, son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.- II.- El recurrente Abogado F. A. Á. O., en su condición de Apoderado Defensor del señor L. A. R., formalizó sus Recursos de Casación por Infracción de Ley, Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en dos motivos, de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO. Infracción por violación o aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código procesal penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Pues bien honorable Sala de Casación Penal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por infracción del artículo 192 del Código Penal, norma esta que describe y sanciona el delito de SECUESTRO; en vista que de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado no es posible concluir o extractar que mi defendido, señor L. A. R., haya incurrido en el delito por el que se le condenó. Efectivamente, al hacer el proceso de subsunción, esto es, el análisis jurídico para encuadrar la conducta estimada como probada en una norma penal de carácter sustantivo, nos damos cuenta, y así lo comprobará la Suprema Sala de lo Penal, que no aparecen descritas en aquel fáctum los elementos del delito por el cual se condenó a mi cliente. Para comprobar lo anterior, empezaremos con transcribir aquí la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador. PRIMERO: En horas de la mañana del día miércoles veinte de mayo de dos mil nueve, el señor A. R., conocido del joven W. M. G., valiéndose del interés de este último de comprar un arma de fuego, con el ardid de que el vendedor se encontraba fuera de la ciudad, lo conduce fuera de los límites de esta ciudad capital. SEGUNDO: Es de esta forma que L. A., en su propio vehículo, conduce al joven A. M., a una haciendo ubicada en las cercanías del Zamorano, donde los esperaban los señores M. E. F. F. y R. E. R., quienes le informan a W. que se trata de un secuestro, proceden a amarrarlo con los cordones de sus zapatos, mientras que L. A. se marchó del lugar. TERCERO: Ese mismo día, alrededor de las once de la noche, W. M., M. E. F. y R. E. R., llegan caminando a una casa ubicada en la aldea de Agua Blanca, municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, lugar donde duermen, dicha vivienda fue proporcionada por el señor O. M. R., cuñado de M. E.. El día jueves veintiuno llegan al lugar indicado J. C. Z. Sosa y otra persona del sexo masculino, quien cubre su rostro con un caso de motociclista, y éste último le pone un arma de fuego en la cabeza al joven W. M. y le pregunta cuestiones relacionadas con el patrimonio de su familia, procediéndolo a encadenar de un pie a un armario, marchándose del lugar con R. E. R., cuyo puesto es ocupado por J. C., quien junto con M. F. se quedan durmiendo W.. Ese mismo día, el señor W. M., padre del joven W., recibe una llamada de una persona desconocida, exigiendo el pago de un millón de dólares, a cambio de liberar a su hijo. CUARTO: Informado el Grupo Especial de Antisecuestro (GEAS) de lo sucedido con el joven, W. M. G., se inicia una serie de investigaciones, las que dan como resultado que el día viernes veintidós de mayo en horas de la tarde, la referida persona fue liberada. La anterior es la reconstrucción de los hechos que fueron llevados a juicio por el Ministerio Público, y lo que el tribunal de sentencia estimó se había demostrado plenamente; relato éste que, para los efectos de este recurso de casación, respetaremos en virtud de considerarse el mismo como intangible. Pues bien, partiremos de la descripción típica del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 192 del Código penal, según el cual, Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósito siguiente: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir alguna de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionare o diere lugar a la mi del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso del rescate. Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. Sin con motivo de la liberación muriesen miembros de la autoridad o cualquier otra persona que intervenga, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2) de este artículo. Con la misma pena establecida en el numeral 2), rebajada la pena mínima en un tercio (1/3), se sancionará a los responsables, si con motivo del proceso de rescate, la víctima o cualquier otra persona sufrieren lesiones. Conforme a lo que dispone el artículo anteriormente relacionado, para la existencia del delito de secuestro se requiere la concurrencia de varias conductas encaminadas a producir, primero la privación de la libertad de una persona, como condición necesaria, para luego exigir a otra, a cambio de la libertad del retenido, cualquiera de los propósito enumerados en el precepto, es decir, exigir dinero, efectos, títulos o cualquier otra recompensa; así como obligar a dicha persona que haga o deje de hacer algo. Como se podrá apreciar, el delito de secuestro en nuestra legislación penal ha sido elaborado siguiendo una técnica legislativa que trata de abarcar casi todas las posibilidades en cuanto a la circunstancia de la privación de la libertad. No obstante lo anterior, no basta la mera privación de libertad para que nos encontremos ante un delito de secuestro, pues es más que necesario completar todas acciones típicas, especialmente en lo que se refiere a la exteriorización del propósito de dicha privación de libertad. En el presente caso, si bien aparece en el hecho probado tercero de la sentencia que ahora se impugna que: ese mismo día, el señor W. M., padre del joven W., recibe una llamada de una persona desconocida, exigiendo el pago de un millón de dólares, a cambio de liberar a su hijo, no queda claramente establecido quien fue esa persona que realizó esa llamada al señor padre del supuestamente secuestrado, ni de que teléfono fue realizada la misma. En ese orden de ideas, cuando el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declara como probado que una persona desconocida, mediante una llamada telefónica, exigió el pago de un millón de dólares a cambio de la libertad de la persona retenida, está dejando fuera de los hechos a mi defendido, como efectivamente es, en vista de poder reconstruir dicho extremo fáctico por la falta de un elemento de prueba que le generara la convicción de que mi cliente o cualquiera de la demás procesados haya sido la persona que realizó la llamada telefónica. Como se puede apreciar, de la declaración de hechos probados, que es una verdad incuestionable para los efectos de este recurso, no aparece probada la participación de mi cliente como autor del delito de secuestro en toda su configuración, pues no puede decir el tribunal que dicho imputado haya sido la persona que solicitó al padre de la supuesta víctima la entrega de una suma de dinero a cambio de la libertad de aquella. Tampoco se puede extraer de dicha declaración de hechos probados, que la persona desconocida que realizó la llamada telefónica mediante la cual se exigió la suma de dinero, tenga una relación directa con mi defendido. Suprema Sala de lo Penal, tal como ha quedado establecido el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, la participación de mi defendido no es en lo absoluto típica del delito de secuestro que se establece en el artículo 192 del Código penal. Obsérvese que en el hecho probado primero del fáctum se dice que L. A. condujo al joven W. fuera de los límites de la ciudad de Tegucigalpa, concretamente hasta una haciendo ubicada en las cercanías de de la comunidad de El Zamorano; declaración de hechos probados que lo deja totalmente desvinculado de las conductas realizadas por los otros imputados. Es más en los demás hechos probados del fallo recurrido, no aparece de ninguna manera la realización de las conductas prohibidas por la ley penal. APLICACIÓN PRETENDIDA. Al no haberse determinado, de manera palmaria, que mi defendido ha tenido participación en los hechos que fueron sometidos a juicio, y no siendo los mismos constitutivos del de secuestro por faltar la constatación de una de las acciones típicas; al haberse condenado a mi cliente por ese delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, la norma que contiene la infracción penal, es decir, el artículo 192 del Código penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito de secuestro. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la inexistencia del delito de Secuestro, o que mi defendido no ha tenido ninguna participación en el mismo, en consecuencia que absuelva de toda responsabilidad a mi defendido”.- III.- Continúa manifestando el recurrente FÉLIX ANTONIO AVILA en su: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN ÚNICO MOTIVO: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que proclama y garantiza el derecho al estado de inocencia.
PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Reconocido como un derecho fundamental por nuestra Constitución, el derecho al estado de inocencia, es proclamado en el artículo 89 de la siguiente manera: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Este derecho fundamental, trasladado al ámbito penal ha de entenderse en el sentido de no ser autor de un delito, no producción de un daño o no participación en él. Así pues, en virtud de este principio, una persona acusada de la comisión de un hecho penalmente relevante, no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal justo, en el que se haya producido, al menos, una mínima actividad probatoria considerada de cargo y valorada libremente por un tribunal independiente e imparcial. Por todo lo anterior, se ha dicho que la llamada presunción de u o estado de inocencia como lo reconoce nuestra constitución, es una presunción iuris tantum, puesto que puede ser desvirtuada con una mínima actividad probatoria que pueda entenderse de cargo, producida con todas las garantías, de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado. Según lo dicho anteriormente, al acusado no se le puede imponer el deber de probar su inocencia, pues ésta es un estado del que goza por mandato constitucional, de ahí que, a lo que se le denomina como presunción de inocencia, sea más bien una afirmación interina del estado de inocencia. Pues bien, el derecho al estado de inocencia puede verse lesionado de diferentes maneras en el contexto de un proceso penal, una de ellas se da cuando se dicta una sentencia condenatoria, sin que se haya producido al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, mediante la cual se pueda decir que aquel derecho ha cedido para dar paso al estado de culpabilidad. Una mínima actividad probatoria de cargo será aquella necesaria para que de la misma se pueda deducir la responsabilidad del imputado. Ahora bien, la carga probatoria puede ser cualquiera, lo importante es que de los elementos probatorios se pueda deducir el estado de certidumbre indispensable para adquirir la convicción judicial. Es aquí donde el Juzgador debe desarrollar su función de análisis de los medios de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica a efecto de determinar si se ha producido prueba apta para enervar el estado de inocencia del justiciable. En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia al dictar un fallo condenatorio contra mi cliente ha sostenido que las pruebas que se evacuaron en el juicio son las suficientes para lograr ese estado de certidumbre; sin embargo, es importante analizar los medios de prueba de ambas partes para determinar si la prueba propuesta y evacuada a instancia de la parte acusadora es suficiente para enervar el estado de inocencia del imputado. Como se podrá comprobar fácilmente, por la acusación pública se presentaron a declarar como testigos la supuesta víctima de la infracción, joven W. M. G. y su padre, señor W. M.. De acuerdo a lo dicho por el primero de los testigos, no se puede hablar de una privación de la libertad en la que haya sido víctima el mismo joven, pues de su contundente declaración se extrae el hecho de que, de manera voluntaria abandonó el centro universitario en donde estudiaba para prestarse a la realización de una conducta mediante la cual se iba a simular su retención de la libertad para de esta manera, obtener de su señor padre una suma considerable de dinero. Esta conclusión se encuentra apoyada en la declaración que rindiera de mi defendido en el acto del juicio oral, quien de manera contundente expresó que fue el propio W. M. G. quien propuso en alguna ocasión la simulación de su propio secuestro. En cuanto a la declaración del señor padre de la supuesta víctima, este declara sobre la base de lo dicho por su hijo, lo único novedoso que se puede extraer de su declaración es el hecho de haber recibido una llamada telefónica de una persona desconocida que le exigió una alta suma de dinero a cambio de la libertad de su hijo. No pudo explicar el señor padre de la supuesta víctima, de qué número telefónico se le llamó para aquella exigencia económica, por lo que el tribunal no pudo absolutamente establecer de manera palmaria que la llamada se había realizado y de qué número lo había sido. Tampoco el Ministerio Público pudo establecer con una prueba objetiva y confiable que la llamada telefónica se había originado y cuál había sido el contenido de la misma. Al no haberse acreditado con un dato objetivo la veracidad de lo dicho por este testigo, no puede el tribunal de sentencia tener la certidumbre de que se produjo la exigencia de la alta suma de dinero como propósito por parte de las personas que tenían retenido al joven W. M. G.. El tribunal de sentencia ha valorado otros medios de prueba, que demuestran que el joven W. se encontraba en un lugar distinto a su residencia o cualquier lugar que se pudiese considerar como habitual para él, aparte de que las condiciones en que se encontraba no eran las propias. No obstante lo anterior, con las declaraciones de los testigos a que se hace referencia, no es posible determinar de manera contundente, que mi defendido haya sido la persona que retuvo en contra de su voluntad al joven W. G. M.. Se puede concluir con propiedad, que en este caso el Tribunal Sentencia ha lesionado el estado de inocencia de mi defendido pues le ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido”.- IV.- Continúa manifestando el recurrente F. A. A. en su “RECURSO DE CASACIÓN PRO QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: No expresar la sentencia impugnada, de manera clara y terminante los hechos que se consideran probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Conforme a lo que dispone el artículo 362 en su numeral primero, que sirve de cauce procesal, en relación al 338 regla cuarta numeral 1, del Código procesal penal, la sentencia deberá contener una declaración de hechos probados, en los cuáles se exprese la participación que la persona del acusado ha tenido en los hechos que han sido objeto de juzgamiento. Ello tiene que ser así, pues se trata de un acto mediante el cual se está haciendo una recreación de un evento histórico, acaecido con anterioridad. Pero es el caso, que los hechos que se estimen probados, deben estar ayunos de toda incoherencia, falta de claridad y terminancia, sin quede ninguna duda de lo que ocurrió en un evento histórico ocurrido anteriormente, a afecto de que los mismos no induzcan a la equivocación, sino que, por el contrario, aparezca de manera palmaria e inequívoca la participación del justiciable en la escena de los hechos reconstruidos. Pero es el caso, Honorable Sala Suprema, que habiendo examinado manera detenida la declaración de hechos probados que contiene la sentencia dictada en fecha siete de junio de dos mil once, mediante la cual se condenó a mi defendido, encuentro en los mismos falta de claridad y terminancia. En efecto, cuando en el hecho segundo del apartado de hechos probados de la sentencia recurrida se dice: Es de esta forma que L. A., en su propio vehículo, conduce al joven A. M., a una hacienda ubicada en las cercanías del Zamorano, donde los esperaban los señores M. E. F. F. y R. E. R., quienes le informan a W. que se trata de un secuestro, proceden a amarrarlo con los cordones de sus zapatos, mientras que L. A. se marchó del lugar, (lo subrayado y resaltado es de mi autoría) no está siendo lo suficientemente clara la Sala Sentenciadora, para luego concluir con certeza que mi cliente ha cometido un determinado delito. Si el tribunal de sentencia concluyó en el fallo que mi cliente había cometido un delito de Secuestro, de la declaración de hechos probados debe extractarse tal conclusión, en la cual sen la menor duda debió decirse que el señor L. A. R. ejecutó acciones típicas del delito en cuestión. No existe claridad en esa declaración de hechos probados, pues de la misma la participación se reduce a haber traslado al joven W. hasta un lugar fuera de la ciudad de Tegucigalpa, sin expresar que dijo a las personas que les esperaban en aquel lugar. No son terminantes los hechos probados de la sentencia cuando simplemente dice que L. A. se marchó del lugar, una vez que los señores M. E. F. y R. E. R. procedieron a amarrar a W. M. con los cordones de sus zapatos. El tribunal de sentencia, no es nada terminante en su declaración de hechos probados, pues no puede establecer de manera contundente y sin lugar a dudas, quien de esas personas que menciona en los hechos probados fue la que llamó al señor padre del joven W. exigiendo la alta suma de dinero a cambio de la libertad de su hijo. Expresar en la parte final del hecho probado tercero, que una persona desconocida exigió mediante una llamada telefónica la entrega de un millón de dólares, sin poder conectarla de manera lógica con las personas que intervienen que intervienen en el cuadro fáctico, viene a constituir una clara falta de terminada claridad de los hechos probados, pues se deja a la imaginación de los destinatarios del fallo, quien fue la persona que realizó la llamada, si lo fue una de las personas sometidas a juicio, o pudo serlo cualquier persona que sabiendo lo que ocurría simplemente llamó, haciendo una broma de mal gusto. Este vicio de la declaración de hechos probados, supone una causa que da lugar a la nulidad absoluta de la sentencia y del juicio en el cual se dictó, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal, debe casar la sentencia recurrida, mandando que se celebre otro juicio con nuevos jueces a efecto de que se corrija el error señalado.- V.- Continúa manifestando el recurrente F. A. A. en su: “SEGUNDO MOTIVO: Carecer la sentencia impugnada de una suficiente motivación fáctica, pues no se apreció ni valoró absolutamente la declaración del señor W. M., padre de la supuesta víctima. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código procesal penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El artículo 362 del Código procesal penal, establece que podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes (…). La fundamentación analítica o intelectiva, sin lugar a dudas, es una cuestión sumamente importante en el razonamiento judicial al momento de la estructuración de la sentencia. Se trata de un procedimiento de valoración de las pruebas que se han practicado en el debate oral. Por medio de este razonamiento se trata de responder el porqué de la decisión adoptada por el tribunal sentenciador; por qué se toman como válidos determinados elementos de prueba o por qué se desechan otros. La fundamentación analítica se refiere específicamente a la valoración de las pruebas a que se refiere el artículo 338 del Código Procesal Penal. La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, adolece del vicio de falta de fundamentación analítica o intelectiva de una prueba esencial esto es, la declaración del señor W. G. padre, recibió una llamada telefónica en la cual una persona desconocida le exigió la suma de un millón de dólares a cambio de la libertad de su hijo. Esta conclusión el tribunal de sentencia solamente puedo haberla extraído a partir de una o más pruebas legalmente introducidas al debate, y debidamente analizadas y valoradas. No existe prueba objetiva de tal hecho probado pues la prueba pericial con que el Ministerio Público pretendió probarlo fue sacada del proceso por haber acreditado su ilegalidad. Solamente existe el dicho del señor W. M. padre, quien sostuvo que había recibido una llamada telefónica en ese sentido, pero es el caso que en la sentencia recurrida no se hace ninguna valoración de dicho medio de prueba. Toda la supuesta valoración consiste en la descripción de la declaración en cuestión, sin que se haga valoración alguna. De esta manera, el tribunal no puede explicar si le otorgó o no valor probatorio a dicha declaración; si le pareció creíble dicho testimonio, cuáles fueron las reglas de la sana crítica que utilizó el tribunal para dar valor probatorio a dicho testimonio. Lo anterior es importante, pues existe una declaración de hechos probados que se encuentra totalmente desprovista de sustento probatorio para que la haga sostenible. Pero al no existir una valoración de este medio de prueba, la declaración de hechos probados, en lugar de convertirse en una verdad incuestionable viene a constituirse en una falacia pronunciada por el órgano juzgador. El vicio de falta de motivación analítica o intelectiva, trae como consecuencia la nulidad del fallo, pues la declaración de hechos probados tiene como sustento la valoración que de las pruebas se haya efectuado por el sentenciador. La sentencia penal, es un todo armónico, los hechos probados son el producto de lo alegado y probado, pero el sentenciador debe explicar de manera razonada y razonable, cuáles han sido aquellas pruebas que le han convencido para declarar aquellos hechos probados. Lo anterior lo establece la Ley pues sólo así puede decirse que se está juzgando a una persona con las debidas garantías, es decir, sólo así se estaría garantizando a mi cliente un verdadero juicio justo. Igual que el anterior, este vicio de la sentencia supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de la misma y del juicio en el cual se dictó, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal, debe casar la sentencia recurrida, mandando que se celebre otro juicio con nuevos jueces a efecto de que se corrija el error señalado. RECLAMO INTENTADO PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. Como los vicios señalados anteriormente, y que han dado lugar a interponer recurso de casación en la forma, se han producido en el mismo momento del dictado de la sentencia, es decir, este acto que se impugna, no ha sido posible su reclamación más que por este medio de impugnación”.- VI.- Los recurrentes, Abogados B. A. G. M. y P. N. R., en sus condiciones de Apoderados del señor M. E. F. F., formalizaron su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a través de la Sala Segunda, en la Sentencia Condenatoria Dictada contra el imputado M. E. F. F.. Cometió Quebrantamiento de Forma en el Fallo Condenatorio, al NO OBSERVAR LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA LÓGICA, DE LA COHERENCIA. ESPECÍFICAMENTE EL PRINCIPIO LÓGICO DE NO CONTRADICCIÓN.- Vicio que lo hizo Violentar a éste Tribunal de Sentencia los Lineamientos de la Ley Vigente.— PRECEPTO AUTORIZANTE: En el Artículo 362 numeral 3 de nuestro Código Procesal Penal, se Instituye el Vicio en la Sentencia Definitiva, cuando ha incurrido el Sentenciador en: FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Veamos: Que carezca de motivaciones Fácticas o Jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, o SI EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA”.- Los Preceptos Penales Adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, rezan: ARTÍCULO 202: “Las Pruebas serán valoradas con ARREGLO A LA SANA CRITICA El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma CONJUNTA Y ARMÓNICA Toda la Prueba Producida”. ARTÍCULO 336 PÁRRAFO 1°: “El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las Pruebas que se hayan ejecutado durante el Debate, las que SERÁN APRECIADAS EN SU CONJUNTO Y DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA”. OBSERVACIÓN: Los Artículos anteriormente señalados se encuentran enunciados en nuestro Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal Vigente expresa: ARTÍCULO 338: REQUISITOS DE LA SENTENCIA: “Las Sentencias se Redactaran por escrito con sujeción a las Reglas siguientes: Primera: … Segunda … Tercera … Cuarta: Se consignará la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1…, 2 Valoración de la Prueba.- SEGUIDAMENTE, SE EXPRESARAN LAS PRUEBAS TENIDAS EN CUENTA PARA DECLARAR PROBADOS ESOS HECHOS, JUSTIFICANDO SEGÚN LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, EL VALOR QUE SE LES HAYA DADO A LAS PRACTICADAS EN JUICIO y en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones por Presunción a partir de los indicios, igualmente Declarados Probados”.- VII.- Continúan manifestando los recurrentes en su: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el Artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “LAS PRUEBAS SERÁN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL FORMARÁ SU CONVICCIÓN VALORANDO EN FORMA CONJUNTA Y ARMÓNICA TODA LA PRUEBA PRODUCIDA”. en Relación con lo establecido en el Artículo 338 del mismo Cuerpo Legal, ya que los señores Jueces integrantes de la Sala Segunda del Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por Unanimidad de Votos, condenaron a nuestro defendido M. E. F. F., por cometer el Delito de SECUESTRO: en perjuicio de W. M. G. a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, Sentencia esta, que no se, encuentra ajustada a Derecho, en vista de que los Medos de Prueba incorporados y evacuados durante la Audiencia de Debate, no fueron suficientes para emitir un Fallo Condenatorio, con el cual se le Quebranta EL ESTADO DE INOCENCIA del que gozaba nuestro Patrocinado; Honorable Tribunal, referimos lo anterior, en primer lugar, a lo que vosotros consideran como Hechos Probados: PRIMERO: Establecen la hora y fecha en la que el ofendido junto a un conocido, se conducen a un lugar fuera de la Ciudad de Tegucigalpa, aduciendo que el ofendido salió con la finalidad de adquirir un arma de fuego que le habían ofrecido en venta, esto como Génesis de una Historia planificada tanto por el ofendido como por un grupo de amigos de este, con la única finalidad de una buena cantidad de dinero que obtendrían, del señor W. M., quien es el Padre del ofendido y que viene a ser también, el origen del Requerimiento Fiscal ante el Órgano Jurisdiccional; Podemos asegurar que los Hechos Probados además del Primero, narran la Relación de Hechos que se describen en dicho Requerimiento Fiscal en los mismos considerando y suponiendo hechos de los cuales durante la Secuela del Juicio, nunca se acreditaron, esto por hecho de que se le da toda la credibilidad a la declaración del ofendido, sin que la misma haya sido respaldada por otra declaración u otro Medio de Prueba, que en efecto a este Tribunal, les llevara a la convicción que el hecho sucedió de esa manera en cuanto a la Valoración de la Prueba, refiriéndonos en primer lugar, a la Prueba Pericial, consistente en la comparecencia de un Perito de Dactiloscopía; A dicho Medio de Prueba no nos referimos, por considerarla irrelevante en lo que concierne a nuestro defendido; En Relación a la Prueba Documental, denominada Acta de inspección Ocular, nos llama la atención, el hecho de que, en esta Acta se establece el trayecto - recorrido, que, según los Agentes Policiales “es de Cien Metros de la Calle Pavimentada” y que sin embargo, el ofendido dice haber caminado por muchas horas para llegar al lugar donde se encontraba o sea la Morada que se describe en dicha Acta; En la Prueba Documental denominada Acta de Registro Personal, se establece, que al ciudadano M. E. F. F., lo único que se le encontró y decomisó, fue un teléfono celular, pero que en Juicio no se acreditó que de él número de Celular de Ferrari, se hayan realizado llamadas al número de teléfono del señor W. M. (padre) y es por esta situación, que consideramos que en el Juicio de Mérito no se presentó la Prueba Toral, que consistía en el vaciado telefónico, para así poder determinar que en efecto, de uno de los teléfonos celulares decomisados se habían realizado llamadas telefónicas al señor M., a fin de solicitarle Dinero a cambio de la Libertad de su hijo, tal como este señor estableció en la Audiencia; No pudiendo acreditar el pedimento de dinero; Continuamos manifestando, que de las demás Pruebas. Documentales hay que referirse a la Prueba denominada Reconocimiento en Rueda, la que fue evacuada en la Audiencia inicial, y en la que dice el Tribunal que el ofendido, reconoció a cada uno de los supuestos Partícipes, así como, la participación atribuible a cada uno de ellos; Es de hacer notar, que dicho Medio de Prueba NO ES CONFIABLE. SIENDO VIOLATORIO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; Vean sus Señorías, cuando se realizó el Reconocimiento en Rueda, en este se omitieron ciertos Requisitos o Elementos indispensables para tomarlo como Legítimo, tal como lo establece el Artículo 253 del Código Procesal Penal vigente; Una de las situaciones que se pudieron apreciar, es el hecho que las personas que se ponían a la vista del ofendido para identificar a cada uno de ellos siempre fueron los mismos, a excepción del Imputado, que era el que venía a ser la persona diferente a los mostrados anteriormente; Otra de las cuestiones acaecidas en el Reconocimiento, es el hecho que al tratarse de un Auto secuestro, se coligió la amistad entre todos ellos, por lo que era obvio, que este manifestara con certeza que si los reconocía; Entre otras situaciones a las que sus Señorías no debieron darle Valor alguno, a este cuestionado Medio de Prueba; Analizando la Prueba Testifical, a esta Vista Pública, comparecieron una serie de Testigos, presentados por el Ministerio Público, como por la Defensa de los Acusados; Así, la Declaración rendida por W. M. G. “ofendido”, en su Declaración se apreciaron algunas Inconsistencias, aduce para el caso, el haber inventado una excusa, para poder salirse de la Universidad, todo con el afán de adquirir un arma de fuego sumamente cara que según la describe es incierta en su existencia (dado a que el arma que el menciona, es un Arma Globe 34 no existiendo tal calibre, ya que todas la numeración del calibre de la Globe son impares, ejemplo 33, etc.) lo raro es que, la va a comprar sin embargo no lleva el dinero que puede costar dicha arma, dice que la persona que tenía el arma estaba fuera de la Ciudad y que por eso se trasportaron por un largo trayecto, que él pudo ver que era por el Zamorano, pero sin embargo, durante el trayecto no se le ocurrió avisar que se encontraba en problemas, puesto que al ver que salían de la Ciudad este tuvo que sospechar y pudo avisar de cualquier manera, pues no se trata de una persona ignorante, se trata de una persona con un nivel Académico Universitario, estudiando la carrera de Psicología Empresarial. Dice que cuando llegaron al lugar del destino se bajaron del vehículo y empezaron a caminar por una calle de tierra, fue cuando le dijeron que se trataba de un Secuestro, caminaron por un trayecto largo donde había bosque, pasaron por quebradas y cercos de alambre y que llegaron a una casa a eso de las once de la noche queriendo decir que caminaron por muchas horas, siendo esto falso puesto que la distancia de donde dejan el vehículo a la casa es de apenas Cien, Metros según se acreditó con otros medios de Prueba y que también se estableció que el día en que llegaron a la casa que cuidaba uno de los acusados era temprano, pues se estableció que en esa oportunidad tanto el joven M. G., como los demás muchachos dispusieron mandar a traer comida fue así que el mismo M. fue quien puso el dinero para la compra de los alimentos será coherente que una persona que está siendo secuestrada pueda disponer de dinero, cuando lo lógico es que estas personas son despojadas de todas sus pertenencias; Analizando la declaración rendida por W. M. G., nos damos cuenta que es una Declaración arreglada, muy puntual en sus dichos bueno se estableció que este joven es muy inteligente, que está a punto de culminar una carrera universitaria, vemos que es el primero que se entera de su rescate pues dijo haber escuchado pasos de varias personas como de policías, que estaban en formación afuera de la casa, en esos mismos instantes pudo haberse atado a una cadena y parecer ante la Autoridad como víctima puesto que las dos personas, que según él lo cuidaban no se percataron de la presencia Policial; En la Audiencia Inicial, él manifestó que al momento de la llegada de la persona que fue a comprar la comida, ese día del rescate, él estaba suelto, nos imaginamos que estaba suelto del pié Puesto que él mismo manifestó que de las manos nunca lo ataron y nunca lo vendaron, también manifestó, que la comida nunca llegó extremos estos que fueron incorporados al Debate, mediante Lectura Autorizada, por parte de la Defensa del Joven O. R.; Ahora bien, de ser cierto las aseveraciones dadas por W. M. G., en cuanto se refiere al haber escuchado los, ruidos que se producían por la formación Policial fuera de la casa en que se encontraba supuestamente Secuestrado, también las supuestas personas que lo estaban cuidando y no acompañándolo como sucedió en realidad, estas personas hubieran escuchado los ruidos que producía la formación Policial, de Inmediato hubieran huido del lugar, sería más bien que estas personas se entretenían viendo la televisión y él se encontraba en otro lugar, lo que sucede es que si tenían que hacer un Secuestro de común acuerdo este tendría que parecer real, no solo era ser Secuestro sino parecer como tal, por lo que tuvieron que reunir todos los Elementos necesarios para cometer el ilícito; Aunque según la Declaración de uno de los Agentes, no se daban todos los Requisitos esenciales para un Secuestro, empezando porque no prepararon Provisiones, PORQUE SALÍAN A COMPRAR COMIDA A LUGARES ALEDAÑOS; El hecho que el joven M. G., haya planificado un Secuestro junto a un grupo de amigos, a fin de sacarle dinero a su padre, no se descarta, claro esto jamás lo va aceptar M., puesto que tiene consecuencias ya que también estaría siendo parte imputada, sucede que cuando vio que la situación era otra que ya no era un juego tuvo que aferrarse a una tesis y mantenerla a como diera lugar, jamás aceptaría ser partícipe en este plan preconcebido, puesto que además de afrontar a su familia, en estos momentos su Hogar fuera la cárcel, es por ello que no descartamos, que en la Causa de Mérito ha existido lo que se denomina Auto secuestro; Que en esta declaración Testifical del supuesto “Ofendido”, puesto que él miente y está acreditado en Autos, que así es de sus propias palabras, también está plasmado en el Requerimiento Fiscal, que para abandonar las Aulas de la Universidad donde en ese momento se encontraba en período de exámenes, mintió al decir que lo acababan de llamar que su hermana había tenido un gran accidente Automovilístico y que era necesario que él fuera a auxiliarla y con esa mentira abandonó el Aula de clases; “Hay un Principio que establece que él que miente en poco, miento mucho o miente en todo” y al respecto ya hay Jurisprudencia; Las otras Declaraciones Testifícales no ayudan a esclarecer la veracidad de los Hechos, pues no se pone en entredicho que los Agentes de la Policía hayan llegado a una casa, donde se encontraba el joven M. G., que hagan una descripción del lugar y de la forma en que hicieron sus actuaciones, pero no descartan o Inciden en los hechos narrados por el ofendido, si nos referimos a lo manifestado por el señor W. M. (padre), este señor dice que se entera de los hechos por una llamada telefónica hecha por su suegra, en la que le manifiesta que su hijo no llegó a su casa, y que posteriormente recibe llamadas telefónicas en la que le piden un rescate, pero no logra establecer quién era la persona que le hace tal solicitud, ni establece la cantidad, cuando habló de lempiras y dólares pero no la cantidad exacta, cantidad esta que manifestó no haber entregado, con lo que se puede establecer que su declaración no es determinante, para decir que en efecto los acusados son culpables o no en los actos por lo que se les condeno; En relación a las hipótesis que salieron a relucir en la Audiencia de Juicio Oral, en las que el honorable Tribunal, considera dos; Una que se trata de un secuestro, en la que los autores son los acusados, que a su criterio es la más ajustada a la verdad real, Otra es que se trató de un Auto secuestro, Hipótesis que descartan, por una serie de Análisis, que hacen en relación a ambas Hipótesis, Análisis que no los compartimos, no se comparten por que en los mismos suponen y sabemos que en Materia Penal no se vale o permite suponer, el pudo haber sido no existe, ya que es con hechos concretos que se acreditan las imputaciones, veamos señorías lo que nos llama la atención, es cuando el Honorable Tribunal de Sentencia, de la Sal Segunda, reconoce que el caso de merito pudo comenzar, con un Auto secuestro y que pasó a convertirse en un Secuestro propiamente dicho, donde el supuesto ofendido pasó a ser de Autor Intelectual a víctima de su propio plan, es que en realidad siempre esta causa inició y terminó así en Auto secuestro, obviamente hasta el día en que la Autoridad llegó al lugar donde estos se encontraban, que como lo mencionamos anteriormente a partir de ese momento al ofendido no le quedaba más que sostener la tesis de que era víctima de un Secuestro y hacerse morir con su dicho; Durante la Audiencia de Juicio Oral y Público, el Ministerio Público como ente Acusador y encargado de acreditar fehacientemente la comisión de un Hecho Delictuoso, no fue capaz de probar que nuestro Representado participó como Autor Directo en el Delito de Secuestro, dado a la escasez de las Pruebas Evacuadas, donde solamente se le dio credibilidad, a la Declaración rendida por el presunto ofendido y bastó rara Quebrantar o Violentar el Estado de Inocencia que nos Garantiza Nuestra Carta Magna, la apreciación de la Prueba hecha por los Honorables Togados miembros de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, no fue de acuerdo a lo que establecen las Reglas de la Sana crítica, mencionamos que la sana crítica a que refiere nuestra Legislación Procesal Penal, en cuanto a la Valoración de la Prueba Impera la plena Libertad de convencimiento de los Jueces, exigiendo que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las Pruebas en que se les apoye.- En este Sistema el Juzgador no tiene Reglas Legales que le establezcan el Valor que debe consignarle a cada Prueba, pero esa Libertad tiene límites; las cuales son las Normas que Gobierna la corrección del pensamiento humano.- En la Sana Crítica Racional, el Juzgador logra sus conclusiones para los Hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada Prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón que se refieren a lo antes expresado, las Normas de la lógica, al querer sujetarse el Juzgador en la valoración de las Pruebas según lo exige el mencionado Artículo 202 del Código Procesal Penal, aparece el principio de Razón Suficiente, según la Doctrina (la Casación Penal)” y El Razonamiento debe estar constituido por inferencias Razonables, deducidas de las Pruebas y de la sucesión de Conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.— El Tribunal debe estructurar sus conclusiones sobre las Pruebas que obren en Juicio y en la dirección en que estas apuntan de tal forma, que no pueda establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de Hecho.- Y la Conclusión a la que llegó el Tribunal al Fallar en la Causa de Mérito, no ha correspondido a la inferencia Racional que ofrecen las Pruebas contundentes y directas que obran en la misma, ya que con esto se demuestra la Violación de las Reglas de la Sana Crítica al Dictar una Sentencia Condenatoria, puesto que lo correcto era Dictar una Sentencia Absolutoria, pues el mismo Tribunal en su Sentencia señala, frases como “SUPUESTAMENTE”, así como, diferentes Tesis y aplicando y aplicando no como lo establece la Ley, que la Duda Razonable se aplicará, “LO QUE MÁS FAVOREZCA AL IMPUTADO”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO F. A. A. O., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO L. A. R., CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA INDEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL.- VIII.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1.- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2.- Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- IX.- El Censor considera que del relato fáctico que contiene el fallo impugnado no es posible concluir o extraer que el acusado L. A. R., haya incurrido en el delito por el cual se le condenó, en especial porque no se indica en el hecho probado tercero la identidad de la persona que solicitó al Señor W. M. el pago de un millón de dólares para liberar a su hijo.- X.- AUTORÍA Y COAUTORÍA.- Esta Sala considera pertinente hacer un breve análisis respecto a la autoría y participación, por ser éste el Thema Decidendum en el recurso planteado por el Censor.- Este Tribunal de Casación ha acogido la Teoría Objetivo-Subjetiva, como aquella más acorde a la normativa penal sustantiva vigente para hacer la distinción entre autores y participes, (Ver Sentencias de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras).- La Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basa el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes; Esta teoría fue propuesta por Welzel, “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13) por lo que también fue llamada Teoría Final Objetiva, siendo su mayor exponente el alemán Hans Welzel.- Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Zaffaroni, Eugenio Raúl (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): a) Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b) Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y c) Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata.- El Autor: Se le llama Autor quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; en los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. Se suelen utilizar denominaciones de distinto orden: autor inmediato, autor directo, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, El artículo 32 del mismo texto punitivo indica que deben considerarse autores los que ejecutan directamente el hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo, y aquellos que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado (cooperador necesario), mientras que en el artículo 33 se define al cómplice simple o propiamente dicho.- A partir un análisis lógico sistemático de los preceptos legales antes citados podemos afirmar que la coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá reunir las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común.- Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a) Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y b) Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Imputación Reciproca. (En Sentencia: Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010).- Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: a) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, de este modo el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; el acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación de participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. B) Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el Coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito.- Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y c) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal.- Los coautores deben sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que une las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecutó sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; la responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan preconcebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió.- Es de recordar que el delito de secuestro normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto M. C., en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona Jiménez Órnelas, R.A. (citado por M. C.), en el Secuestro: uno de los males sociales del mexicano. En el secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25: “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” En otra clasificación similar proporcionada por RAUL A. NIETO y PATRICIO F. FRAIRE CARTAGENA (citados por M. C.), se añaden los “Informantes”: son personas externas a la banda pero que les dan información para evitar ser detenidos, como son los miembros de la policía, los juzgados y la fiscalía- “Encubridores”: son aquellos que no participaron en el secuestro pero ayudan con posterioridad al mismo juntando datos a fin de encubrir a los secuestradores…[1]XI.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- Indican los hechos probados que el veinte (20) de Mayo de dos mil nueve, el acusado L. A. R. condujo al ofendido W. M. G., fuera de los límites de la ciudad de Tegucigalpa, con el pretexto de que le vendería un arma de fuego, transportándolo en un vehículo hasta una hacienda en las cercanías de El Zamorano, en donde se encontraban los también acusados M. E. F. F. y R. E. R., momento en que se le indica al ofendido W. M. (hijo) de que se trata de un secuestro, quedando a partir de ese momento privado de su libertad, marchándose del lugar el acusado L. A. R.; agrega el hecho Tercero que ese mismo día el Señor W. M. (Padre) recibió una llamada telefónica donde se le exige el pago de dinero a cambio de la liberación de su hijo.- Conforme a la dinámica que explica los hechos declarados probados, fueron varias las personas que planearon y ejecutaron el delito, distribuyéndose funciones distintas para ello, entre éstos el acusado L. A. R., quien estuvo a cargo de engañar al ofendido para transportarlo desde la Ciudad de Tegucigalpa hasta las cercanías de El Zamorano, donde fue privado de su libertad; el acusado realizó la conducta conforme al acuerdo común preexistente con los acusados M. E. F. F., R. E. R. y J. C. Z., no siendo necesario que haya realizado la totalidad de la conducta prescrita en el tipo penal, basta que haya contribuido a ella mediante actos objetivos que hayan permitido su consumación, respondiendo por tal conducta como coautor del delito, tal y como lo explica el Tribunal de Sentencia en su Fundamentación Jurídica (F. 640 v.), siendo por ello procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO F. A. A. O., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO L. A. R..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA QUE SE DENUNCIA INFRINGIDA: ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; DENUNCIA: VIOLACIÓN DEL ESTADO MATERIAL DE INOCENCIA.- XII.__ El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la sustanciación del procedimiento o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantiva en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[3] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- XIII.__ El Censor aprecia que el pronunciamiento de condena hecho por el Tribunal de Sentencia en la resolución, que ahora se impugna vía casación, ha violentado el Principio de Inocencia de su representado, al carecer el proceso de prueba mínima considerable para quebrantar aquel principio, ya que se trató de un “auto-secuestro”, no existiendo una privación de la libertad del ofendido en contra de su voluntad; agrega el recurrente que e el Ministerio Público no pudo acreditar fehacientemente que el padre del ofendido haya recibido la llamada telefónica a la cual se refiere en su declaración, ni tampoco el contenido de ésta; concluyendo que se ha violentado el Estado de Inocencia de su Mandante debido a que fue condenado sin existir prueba suficiente para ello.- XIV.__ EL DERECHO AL ESTADO DE INOCENCIA, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste principio-derecho constituye una regla de juicio, que opera con especial intensidad en el ámbito de la jurisdicción penal, consiste en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza sobre la culpabilidad del acusado. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) , en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), la Constitución de la República (Art. 89 Superior) siendo ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y denunciar la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Exp 304-2010).- En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal habrá de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, sean introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal).- XV.De la Procedencia del Recurso.- El recurso no es de Recibo.- El Censor considera que la sentencia condenatoria es resultado de una INSUFICIENTE CARGA PROBATORIA y de ahí la vulneración al principio de presunción de Inocencia que alega. Esta Sala no comparte tal criterio, puesto que auditando la carga probatoria corrobora que ésta ha sido suficiente al recaer sobre los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal de Secuestro. El Tribunal de Sentencia contó con la declaración del ofendido W. M. G. (F. 614), quien relató los hechos, en particular como el acusado L. A. R., lo llevó hasta las cercanías de El Zamorano, bajo la creencia de que harían una transacción de compra-venta de un arma de fuego, pero al llegar al lugar fue privado de su libertad con ayuda de otros dos acusados, indicándole que se trataba de un secuestro; la Declaración del Señor W. M. Padre (f. 617), quien indico que recibió una llamada telefónica indicándole que su hijo estaba secuestrado y que debía pagar la cantidad de un millón de dólares para su liberación, ya que de lo contrario procederían a matarlo, además el testigo refirió como el acusado L. A. R., llegó a su casa de habitación interesado en el secuestro, consultando sobre si habían puesto la denuncia y ofreciendo hablar con personas conocidas para rescatar al ofendido; la declaración del propio acusado L. A. R. (F. 613), que acepta haber llevado al ofendido hasta una casa cercana a El Zamorano, donde se encontró con otros dos acusados, pero señalando que no se trató de un Secuestro, sino de un “Auto-Secuestro”, todo con el fin de que el ofendido pudiese agenciarse el dinero que por concepto de rescate pagaría su Padre, concordando con la declaración del Señor W. M. Padre de que efectivamente se le pidió dinero a cambio de la liberación de su hijo, sin embargo el Tribunal de Sentencia descartó de que se tratase de un “auto secuestro” al momento de valorar la declaración del testigo W. A. R. L., Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), quien señaló haber participado en el operativo que tuvo como objeto el rescate del ofendido, a quien encontraron en una casa de material rústico, atado de pies y manos con cordones en posición fetal y además encadenado uno de sus pies a un mueble de madera (F. 619), declaración que fue concordante, a criterio de los Juzgadores, con el Acta de Inspección Ocular del lugar de los hechos (F. 66) e incluso con la declaración del Imputado O. M. R. N. (F. 612), quien señaló el lugar donde se encontraba la vivienda y los acusados que llegaron al lugar junto con el ofendido, insistiendo que no se trató de un secuestro.- Como se aprecia, la prueba reproducida en el debate fue suficiente, informando la misma respecto a la privación de la libertad de una persona, en una casa alejada de su centro de residencia, con el fin de obtener dinero de parte del padre de éste a cambio de su liberación, habiendo participado en ellos los acusados, entre éstos el Señor L. A. R..- No existe a criterio de esta Sala infracción al principio de Inocencia, por lo que debe ser declarado SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- XVI. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que ordinariamente desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para la sustanciación del procedimiento criminal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- XVII.__ Son dos los Recursos de Casación que por Quebrantamiento de Forma han sido formalizados ante esta Sala de lo Penal: 1).- Recurso interpuesto por el Abogado F. A. A. O., en representación del acusado L. A. R., quien expone la existencia de dos motivos que vician la validez de la sentencia condenatoria dictada: a) La falta de hechos probados claros y terminantes; y b) Insuficiencia en la valoración de la declaración testifical del Señor W. M. (Padre).- 2).- Recurso interpuesto por los Abogados B. A. G. y Pedro N. R., en su condición de apoderados defensores del Señor M. E. F. F., por considerar que el Tribunal de Sentencia quebrantó las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración probatoria.- Primer Motivo del Recurso de Casación Interpuesto a favor del acusado L. A. R..- Precepto Autorizante: Artículo 362.1; Norma Infringida: Artículo 338 Regla Cuarta, Numeral 1, ambos del Código Procesal Penal.- Se denuncia que los Hechos Probados no son Claros ni Terminantes.- XVIII.El Censor Félix Avila afirma que los hechos declarados probados no son claros ni terminantes; señala que el Tribunal de Sentencia condenó al acusado L. R. como responsable del delito de secuestro sin que tal declaratoria pueda ser extraída de los hechos declarados probados, no existiendo claridad debido a que se indica que la participación dicho imputado se redujo a trasladar al acusado a un lugar fuera de la Ciudad de Tegucigalpa, pero no se indica que dijo el acusado a las otras personas que estaban esperando en aquel lugar; Tampoco son terminantes los hechos probados cuando indica que el acusado después de dejar al acusado en el lugar se marchó; arguye que no pueden ser terminantes los hechos probados porque el Tribunal de Sentencia no pudo establecer quien fue la persona que habló al Señor W. M. (Padre), exigiéndole la entrega de una cantidad de dinero a cambio de la libertad de su hijo, dejando a la imaginación de los destinatarios del fallo tales aspectos.- XIX. Dado el Motivo planteado es oportuno señalar que los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán determinar la norma legal aplicable al caso y de ahí su imperativa importancia.- Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal establece que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descritos en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1).- REQUISITOS DE FORMA: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2).- REQUISITOS DE FONDO: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (ver Sentencia de fecha 25 de Noviembre del 2010 en el Exp 920-2009).- XX.__ DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- Los Hechos declarados probados contenidos en la sentencia que ahora se impugna contienen declaraciones claras respecto al relato expuesto y terminante en cuanto a su concreción, puesto que no se aprecian términos o frases oscuras, incompletas o inteligibles, que no permitan entender cuál es el sentido del relato en los aspectos de tiempo, espacio, conductas y participes; por otro lado son terminantes ya que no se ha constatado en ellos manifestaciones indecisas, ambivalentes, dubitativas que revelen alguna duda o vacilación en los Juzgadores respecto a lo que aconteció.- El Censor aqueja la falta de detalles en el relato que no pudieron ser precisados mediante los medios de prueba, lo cual no constituye falta de claridad o de redacción terminante en el fáctum y que además no condicionan la existencia del delito, puesto que lo fijado se ajusta a la conducta descrita por la norma penal.- Por lo anteriormente señalado es procedente declarar SIN LUGAR el primer motivo del recurso de Casación por Quebrantamiento de forma.- Segundo Motivo del Recurso de Casación Interpuesto a favor del acusado L. A. R..- Precepto Autorizante: Artículo 362.3; Norma Infringida: Artículo 338 Regla Cuarta, Numeral 2, ambos del Código Procesal Penal.- Se denuncia Ausencia de Valoración probatoria de la declaración testifical del Señor W. M. (Padre).- XXI.__ Señala el Censor Félix Avila que la sentencia adolece del vicio de falta de fundamentación analítica o intelectiva de un medio de prueba esencial, como es la declaración testifical del Señor W. M. (Padre), por ser éste quien sostiene que recibió una llamada de una persona de sexo masculino indicándole que su hijo estaba secuestrado y que tenía que entregar una cantidad de dinero para su liberación, lo que es recogido en los hechos probados pero que no tiene sustento probatorio.- XXII.__ Todo Órgano Jurisdiccional cuya competencia sea el conocimiento de las acciones penales por delitos o por faltas debe de tener muy presente lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal donde el legislador señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no reemplazarán a la motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal haciendo eco del Capítulo III de la Parte I del Código Iberoamericano de Ética Judicial, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los Jueces/as son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales, por tanto motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, una decisión carente de motivación es una DECISIÓN ARBITRARIA. El deber de motivar adquiere una vital importancia cuando el Juez/a con sus decisiones priva o restringe derechos de otro ser humano, por tanto estas decisiones deben de ser lo suficientemente motivadas en materia de hechos, prueba y de Derecho: a) EN MATERIA DE HECHOS: Toda sentencia debe de contener una declaración de hechos probados, que sea base para identificar las normas jurídicas que sean aplicadas para resolver el caso concreto; b) EN MATERIA DE PRUEBA: Debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b) EN MATERIA DE DERECHO: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porque una norma legal debe regir en un caso concreto.-. En todos los casos las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas, que permitan que cualquier persona en la esfera del profano pueda entender los razonamientos del Juzgador que le llevaron a tomar una decisión determinada. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas (condenatoria y absolutoria) que le han presentado las partes. Con lo expresado, es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A) CARENCIA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA O JURÍDICA: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es cuando se advierte la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. B) MOTIVACIÓN FÁCTICA O JURÍDICA INSUFICIENTE: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, más no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; la Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal) ).- XXIII.__ DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- La declaración testifical del Señor W. M. (padre), fue valorada conjuntamente con la declaración del Señor W. M. G. (Hijo-Ofendido), en el primer apartado de la Valoración de la Prueba (F. 632 v.), primero de manera descriptiva (F. 630 v.) y seguidamente de manera intelectiva (f. 632), donde los Juzgadores externan su razonamiento del porqué a dichos testigos les concede crédito; puntualmente respecto a la declaración del Señor W. M. (Padre), los Juzgadores dieron por cierto que a éste se le solicitó un millón de dólares para la liberación de su hijo (F. 633, No. 8), para más adelante señalar que esta declaración cumplió con los requisitos para acreditar el tipo penal de secuestro. Por ello esta Sala de lo Penal afirma que sí existe un esfuerzo de valoración intelectiva de la declaración testifical de W. M. (padre). Por ello corresponde declarar SIN LUGAR el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- Único Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por los Abogados B. A. G. y P. N. R. a favor del acusado M. E. F. F..- Precepto Autorizante: Artículo 362.3; Normas Infringidas: Artículos 202, 336 párrafo primero y 338, todos del Código Procesal Penal.- Se denuncia Violación a las Reglas de la Sana Critica.- XXIV.__ Los Censores identifican al Principio Lógico de Razón Suficiente como aquel que inobservaron los Juzgadores en el proceso de valoración de la prueba, y por ello, afirman que la sentencia debe ser declarada nula; razonan que durante el proceso se plantearon dos hipótesis: 1).- La existencia de un secuestro y; 2) Que los hechos obedecen a un “Auto-Secuestro”. Los Censores cuestionan que los Juzgadores hayan valorado incorrectamente la prueba, decantándose por la primera hipótesis aun cuando existían más elementos para señalar que lo acontecido se ajusta a la segunda.- Señalan que conforme al Acta de Registro Personal, al acusado M. F. solo se le encontró un teléfono celular sin que se haya presentado en debate relación de llamadas o números de teléfono; que el Reconocimiento en Rueda practicado se realizara fuera de los parámetros exigidos por el artículo 253 del Código Procesal Penal; que incorrectamente se valoró la declaración del ofendido W. M. G., puesto que éste señala que al bajarse del vehículo caminaron muchas horas para llegar a la casa, pero con el acta de Inspección Ocular se constató que la vivienda donde se encontraba estaba a escasos metros de la carretera principal).- XXV.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- La Sala de lo Penal constata que en el presente caso efectivamente fueron formuladas dos hipótesis, de las que el Tribunal de Sentencia asumió una de ellas por considerar que era la que se ajustaba a la prueba reproducida en juicio, siendo ésta la existencia de un secuestro planeado y ejecutado por los acusados, incluyendo dentro de estos al Señor M. E. F., quienes buscaban cobrar una cantidad de dinero al Señor W. M. (Padre), a cambio de dejar en libertad a su hijo.- Aun y cuando los Censores relacionen prueba con el afán de dejar entrever la falta de participación del acusado en los hechos, de las pruebas evacuadas en juicio el Tribunal de instancia concluyó razonablemente que si existió, puesto que el co-imputado L. A. R., refiere que el acusado M. F. se encontró con él en las cercanías de El Zamorano, que se dirigieron a casa de O. M., y que al decidir L. R. regresar a Tegucigalpa, M. F. se quedó en la vivienda; por su parte el coimputado O. M. R., identifica a M. F. como su cuñado y como una de las personas que llegaron a la casa que él cuidaba, en compañía del ofendido; estas dos declaraciones se suman a la hecha por el propio ofendido W. M. (hijo), quien identifica al acusado M. F. como uno de sus captores.- Entonces, no existiendo duda de que el acusado M. F. participó en los hechos, corresponde contestar lo planteado por los Censores en cuanto a si el Tribunal de Sentencia incorrectamente no concluyó que todo obedecía a un “Auto Secuestro”; para la Sala de lo Penal la apreciación del A-quo de que efectivamente aconteció un secuestro es la correcta, dado los siguientes elementos: 1).- El Ofendido señala que el encuentro con el acusado L. R., fue con el propósito de comprar un arma, coincidiendo éste con lo declarado por el testigo de la defensa M. J. B. F. (f. 620), quien es mecánico automotriz y que señala que se encontraba reparando un vehículo del Señor L. R., cuando éste le pidió que hablara con una persona al teléfono para que le indicara la dirección de una Universidad, porque necesitaba ir a traerlo, refiriendo además que por lo que escuchó decir a L. cuando hablaba con esa persona por teléfono, había entendido que L. le vendería un arma de fuego; de este modo es que efectivamente el ofendido salió de la ciudad con el acusado L. R. con la creencia de que compraría un arma de fuego; 2).- El Ofendido W. M., para salir de la Universidad pretextó que su hermana había sufrido un accidente, hecho éste que sin lugar a dudas llamó la atención al momento de hacer las primeras pesquisas en torno a su desaparición; así pues las máximas de la experiencia nos indican que el ofendido, en caso de que hubiese planeado un “Auto-Secuestro”, no optaría por llamar la atención en sí mismo al decir una mentira fácilmente comprobable; 3).- El Testigo W. A. R. L., Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), declara haber sido una de las personas que participó en el rescate del ofendido, afirmando que éste fue encontrado amarrado sus manos con cordones y uno de sus pies encadenado a un mueble de madera, refiriendo además ver al ofendido afectado al grado de soltar en llanto al ser rescatado (F. 619 v.); Las condiciones descritas por el testigo no pueden ser entendidas razonablemente como un acto de simulación del ofendido, como sugieren los Censores, puesto que la llegada de la policía al lugar fue sorpresiva, gracias a lo cual se pudo aprehender a dos de los acusados; si se hubiese tratado de un “auto-secuestro”, el ofendido hubiese sido encontrado en otras condiciones (no atado ni encadenado), ni tampoco éste hubiese demostrado signos de estrés o tensión de manera espontánea.- Por lo relacionado considera este Tribunal de Casación que el A-quo derivó correctamente de la valoración de la prueba que el hecho juzgado implicó un delito de secuestro, en el que tuvieron participación los acusados, y por tanto, corresponde declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo.- POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar los Recursos de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo, por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo y por Quebrantamiento de Forma, en sus Dos Motivos, todos interpuestos por el Abogado F. A. Á., apoderado defensor privado del acusado L. A. R.; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por los Abogados B. A. G. M. y P. N. R., apoderados defensores privados del acusado M. E. F. F.; TERCERO: Declarar firme y ejecutable la sentencia de fecha siete (7) de Junio de dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para que proceda conforme a Derecho. Redactó: El Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-17-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] vid. MARTIÑON CANO, GILBERTO, en El Delito de Secuestro, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 43-44
[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[3] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”