Sentencia CP-16-12 — Registro 4154
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y hurto continuado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; SE DENUNCIA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA.- IV.— El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional, que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- V.- El Ministerio Público cuestiona la Sentencia impugnada, indicando que ella es resultado de una audiencia de debate donde se violentaron los Principios Constitucionales del Debido Proceso y Defensa; Señala que se vulneró la garantía genérica del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, debido a que el Tribunal de Sentencia denegó el Incidente planteado por el Ministerio Público al inicio de la audiencia de debate, donde se solicitaba la incorporación por lectura del acta donde consta la declaración de un testigo protegido tomada bajo el protocolo de la prueba anticipada, fundamentándose el Tribunal que el Ministerio Público se estaba valiendo del Poder Judicial para efectos de citar dicho testigo, como si ello fuese proscrito por la ley, cuando por el contrario está previsto en el artículo 230 del Código Procesal Penal; expone que el Derecho a la defensa fue violentado, debido a que se le denegó la posibilidad al Ministerio Público de contar con un medio de prueba relevante: la lectura de la declaración del testigo Protegido “A”, rendida como prueba anticipada, testigo que participó con el acusado en la compra y venta a particulares de armas de fuego sustraídas de la custodia de la Policía Nacional de Honduras, aun cuando se demostró que dicho testigo no pudo citarse personalmente por haber cambiado su domicilio, sin embargo el Tribunal de Sentencia estimó que tal ausencia era imputable al Ministerio Público, por considerar que es éste quien tiene la obligación de citarle, criterio contrario a lo que señala la ley procesal.- VI.___ En revisión de la Foliada judicial la Sala de lo Penal ha constatado que en fecha cinco de abril de dos mil once, el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 312), en donde las partes ofertaron la carga probatoria que respaldaría sus respectivas hipótesis en la etapa de juicio, entre dicha prueba fue propuesta por el Ministerio Público la declaración del Testigo Protegido “A”, para ser rendida en la audiencia de debate, solicitando que se mantuviese la protección deponente e informando que éste ya había prestado declaración bajo el protocolo de la prueba anticipada; medio de prueba que fue admitido por el Tribunal de Sentencia.- En fecha doce de Mayo del mismo año, la Secretaria del Tribunal de Sentencia facilitó al Ministerio Público las cedulas de citación de los testigos protegidos “A” y “Agente 136”, para el único efecto de que fueran entregadas por el ente acusador (f. 316); Posteriormente, en fecha uno de agosto de dos mil once, el Tribunal de Sentencia, a petición del Ministerio Público, ordenó librar Comunicación al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, para que se citara al Testigo Protegido “A” (F. 329), comunicación que no fue cumplimentada, debido a que el testigo no se encontraba en su domicilio, informando los vecinos que éste se había mudado y que se desconocía su actual paradero (f. 331).- En fecha tres de agosto se celebró la audiencia de debate (f. 365), en cuyo turno de incidentes el Ministerio Público presentó solicitud para que la declaración del Testigo Protegido “A” que consta en el expediente en una etapa anterior del proceso bajo el protocolo de la prueba anticipada fuese introducida por lectura en virtud de que no había sido posible citarle, petición a la que se opuso la Defensa y que el Tribunal de Sentencia rechazó indicando que el Ministerio Público se estaba valiendo del Poder Judicial para citar a los testigos protegidos, decisión que mantuvo al resolver el recurso de Reposición presentado por el Ministerio Público, agregando que no constaba que el Peticionario (Ministerio Público) hubiese hecho diligencias para citar al testigo antes del primero de Agosto (f. 366) .- VI.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso es de Recibo.- Claramente se identifica que las actuaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia en la audiencia de debate son contrarias al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.- Ha sido una práctica forense de los Tribunales de Sentencia, que en los casos donde se proponen declaraciones testificales de testigos que se encuentren bajo medidas de protección que impliquen reserva de la identidad, domicilio y centro de trabajo, el proceso de citación se hace por conducto del Agente fiscal actuante de la causa, ello con la idea de reducir el número de personas que conozcan la identidad del testigo, así pues el Tribunal entrega las cedulas de citación hechas por la Secretaria solo para que el Agente Fiscal las entregue, de modo que quien realiza la citación sigue siendo el órgano jurisdiccional, con la asistencia del Ministerio Público de entregar materialmente la cédula; ésta es una práctica de colaboración entre los operadores de justicia, puesto que en estricto apego a la ley procesal corresponde al Tribunal de Sentencia, mediante el Receptor del despacho, citar personalmente a todos los llamados a intervenir en la audiencia de debate, incluyendo a los testigos Protegidos, (Vid. arts. 154 y 230 del CPP), con la obligación legal de dicho funcionario de fe pública de no relevar la identidad de los que se encuentren por ley bajo protección.- En el caso de autos dicha colaboración fue aceptada por el Tribunal de Sentencia, haciendo constar la Secretaría del despacho la entrega de las cedulas de citación el doce de Mayo al Ministerio Público (f. 316), de modo que no es correcto lo expresado por los Juzgadores en la audiencia de debate cuando afirman que el Ministerio Público había asumido el papel de autoridad estatal que estaba practicando la citación del testigo, sino que éste solo prestó su colaboración de entregar las cedulas extendidas por la Secretaria del Tribunal; para el veintinueve de Julio el Ministerio Público solicita al Tribunal que se remita comunicación a la Ciudad de Comayagua para que el Testigo Protegido sea Citado en aquella ciudad, por ser éste el lugar donde tenía su domicilio, (f. 328), comunicación que no fue cumplimentada, puesto que el Receptor del Tribunal de Sentencia de aquella ciudad constato que el testigo había cambiado su domicilio y se desconocía donde se encontraba (f. 331); El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa no hizo observación alguna a la petición del Ministerio Público de que el testigo Protegido fuese citado por conducto del Poder Judicial, y de hecho no podría existir ninguna, puesto que la ley procesal impone a éste Poder del Estado dicha obligación.- Llegada la audiencia de debate, el Ministerio Público señaló la imposibilidad que existió para citar al testigo protegido, mencionando la constancia que fue enviada desde el Tribunal de Sentencia de Comayagua, solicitando la introducción por lectura de dicha declaración, la que había sido recibida como prueba anticipada precisamente previendo que llegado el debate dicho testigo no pudiese rendir su declaración, sin embargo, el Tribunal de Sentencia deniega tal petición bajo un argumento que revela desconocimiento de la ley procesal, puesto que reprocha al Ministerio Público el no haber citado al testigo y cuestiona que se estuviese utilizando al Poder Judicial para ello, cuando precisamente la ley procesal impone dicha obligación a éste poder del estado.- El Tribunal de Sentencia, no solo desconoció lo preceptuado en los artículos 154 y 230 del Código Procesal Penal y con ello negó al Ministerio Público un Debido Proceso, sino que además le dejo en indefensión no permitiéndole la reproducción de una declaración testifical que ya había sido admitida y que, al demostrarse la imposibilidad de que el testigo fuese citado, era procedente la introducción por lectura de la declaración que había rendido de manera previa bajo el protocolo de prueba anticipada (F. 04) precisamente como alternativa en caso de que el testigo no llegase a comparecer al debate, como efectivamente aconteció.- Por lo expuesto es procedente declarar CON LUGAR el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo..."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual ABSOLVIÓ de toda responsabilidad penal al señor C. E. N. C. del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS Y HURTO CONTINUADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.- Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada C. A. M. P., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público. INTERVIENEN: La Abogada I. A. F., en su condición de Representante del Ministerio Público y parte recurrida; y el Abogado M. A. C. R., en su condición de Apoderado Defensor del imputado C. E. N. C., parte recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: En fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil siete, en el desvío al Municipio de San Nicolás; Santa Bárbara, en horas de la madrugada se le dio detención al señor E. E. C. O. quién se conducía en un vehículo pick up, decomisándole Fusil Galil, Serie: 98115129, 9 Fusiles marca: Pietro Berreta, con series 105041g, A05134G, A04883G, A05076G, A04720G, A04103G, A05207G, A05094G, A05113G y un mil proyectiles, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad, específicamente al Comando de Operaciones Cobra.”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- La recurrente, Abogada C. A. M. P., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que fue vulnerado cuando en la etapa de incidentes le fue negado al Representante de la Sociedad incorporar mediante lectura autorizada la declaración del testigo protegido “A”, la cual fue rendida con las formalidades de prueba anticipada. El Sentenciador deniega su admisión bajo el argumento que el Ministerio Público “se esta valiendo del poder judicial y funcionarios públicos para citar al testigo protegido”, resolución contra la cual la Fiscalía interpuso el recurso de reposición correspondiente, el cual fue denegado por el órgano jurisdiccional por considerar que “no consta de que se hayan realizado diligencias de citar a dicho testigo antes del lunes primero de agosto, lo que están haciendo es utilizando al poder judicial para citarlo.” En virtud del basamento utilizado por el Sentenciador para negar la incorporación del medio de prueba indicado, este Representante de la Legalidad debe referir que dicho argumento es alejado de la realidad, por cuanto de los autos se desprende que la Fiscal del Ministerio Público compareció ante el Tribunal solicitando por escrito que se librara de manera urgente una comunicación al Tribunal de Sentencia de Comayagua, a efecto que el Receptor de aquel despacho procediese a citar en legal y debida forma al Testigo Protegido “A”; dicha petición fue resuelta favorablemente por el Sentenciador, librándose la comunicación indicada; la misma fue debidamente cumplimentada según se desprende de la Constancia emitida por la señora A. M. M. en su condición de Receptora del Tribunal de Sentencia de Comayagua, en la cual refiere que no se logró citar al referido testigo por no encontrarse en la dirección señalada y según manifestaron los vecinos, ya no reside en ese lugar, ignorando su domicilio actual; todos estos documentos fueron agregados al proceso en fecha anterior a la celebración del debate, es decir que el Sentenciador ya tenía pleno conocimiento de que el testigo referido no pudo ser citado y por ende no comparecería a rendir su declaración, pues como se dijo, según lo informado por el Receptor de aquel Tribunal, éste no pudo ser localizado; en consecuencia no puede imputarse al Ministerio Público el no haber realizado las acciones pertinentes para garantizar la presencia del testigo, por que si lo intentó sin embargo la citación fue infructuosa, y así lo constató el funcionario judicial; por otro lado, el Juzgador no puede negar la incorporación del medio probatorio aduciendo que la obligación de citar le corresponde al Ministerio Público, cuando de conformidad con el artículo 230 del Código Procesal Penal esta obligación corresponde al Tribunal, dicho artículo refiere: “Las personas que deban comparecer como testigos serán citadas por el órgano jurisdiccional conforme lo establecido en este Código.” Con dicha probanza el acusador público pretendía demostrar el vinculo que existe entre el imputado y la sustracción de once fusiles pertenecientes a la Secretaría de Seguridad, las que posteriormente vendió al señor E. E. C. O.; pero al haberse negado la incorporación de este testimonio mediante lectura autorizada se causa un grave perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa el Tribunal se limita a señalar que no se acreditó que dicho testigo fue citado, dejando entrever que dicha diligencia procesal le corresponde al Ministerio Público y no al órgano jurisdiccional contrario a lo previsto en el Código Procesal Penal. Como se ha venido explicando en el planteamiento del presente motivo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso consistente en el testimonio del Testigo Protegido “A” que evidencia la conducta contraria a la ley ejecutada por el encausado, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas”.- III.- Continúa manifestando la recurrente en su: “II. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Le aclaró a éste Ilustre Tribunal de Casación, que los aspectos en los que me fundo para atacar la falta de consideración realizada por el Sentenciador no aparecen consignados en el acta de debate, la cual no ha sido levantada de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del Código Procesal Penal, por lo que se hace imprescindible la revisión del juicio (específicamente de la fase de incidentes) y que se encuentra contenida en las grabaciones en cds, para que podáis apreciar de forma clara que en efecto el Ministerio Público le asiste la razón en cuanto a los argumentos que plantea el motivo. Basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, queremos señalar que en el caso sub judice este vicio se presenta, porque el Tribunal dejó de admitir en la etapa de incidentes la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración que con las formalidades de prueba anticipada rindió el Testigo Protegido “A”, con la cual se demostraría que fue el procesado quien sustrajo las armas propiedad de la Secretaría de Seguridad y las entregó posteriormente al señor E. C., a quien finalmente se le decomisaron. En virtud de que aspectos relevantes alrededor de solicitud de incorporación mediante lectura autorizada del testigo referido, no se encuentran recogidos en el acta, este Garante de los intereses generales de la sociedad se permite transcribir lo expresado por las partes, según se desprende de las grabaciones magnetofónicas realizadas por el órgano jurisdiccional: En la etapa de incidentes, la Fiscalía al referirse a la comparecencia de los testigos refirió que: “en cuanto al testigo protegido A, propuesto y admitido por el Tribunal, el Ministerio Público ha hecho las diligencias para personarse a la dirección del testigo protegido y ha sido materialmente imposible localizar a esta persona, asimismo se solicitó a este Honorable Tribunal se librara una comunicación al Tribunal de Sentencia de Comayagua para que por medio de su receptor se procediera a ubicarlo. JUEZ: Jamás me dijeron a mi que era testigo protegido, ella (refiriéndose a la fiscal) pidió la comunicación pero no me dijo que se trataba de testigo protegido, por que en ese momento se pierde la protección … FISCAL. La abogada M. D. fue en compañía de la receptora pero fue imposible ubicarlo, entonces el Ministerio Público solicita amparados en el artículo 311 sea incorporado mediante lectura autorizada dicha declaración que fue rendida con las formalidades de prueba anticipada en la etapa preparatoria. JUEZ: Si la dirección solo ustedes la conocen por que involucran al receptor nuestro. FISCAL: Entendemos su señoría, es para dejar constancia que se han hecho las diligencias pertinentes para ubicar al testigo (cd 1, pista 3, minuto 1:35 en adelante, continua en pista 4 del mismo cd). Por otro lado se debe agregar que el Ministerio Público cuando solicitó el libramiento de la comunicación respectiva, señaló específicamente que el propósito de la misma, era precisamente la citación del testigo protegido, para lo cual adjuntó sobre sellado con su dirección, es decir, que no se ocultó dicha información al Tribunal, por tanto el Sentenciador no puede argumentar que desconocía la finalidad de la solicitud planteada por el acusador público, ya que cuando se resuelve la misma, se ordena que se libre la comunicación para que se proceda a citar al testigo indicado, facultad que corresponde exclusivamente a los Tribunales de la República al tenor de lo dispuesto en el artículo 230 CPP, citado con anterioridad en el motivo invocado por infracción de precepto constitucional. Considerando que el testigo protegido A en su declaración expone claramente como se produjo la sustracción de las armas referidas, y como las mismas con la participación directa del acusado llegaron al poder del señor C., es que consideramos que dicho medio de prueba resulta de valor decisivo para la acreditación del delito; sin embargo como se ha referido, el Sentenciador desestima su admisión como lectura autorizada bajo el argumento que el Ministerio Público no acreditó que se hubiera agotado las diligencias para la citación del testigo indicado, aseveración que se encuentra alejada de la verdad, por cuanto consta en el juicio que a petición del Ministerio Público se libró comunicación al Tribunal de Sentencia de Comayagua, pudiendo constatar el receptor de aquel tribunal que el testigo referido ya no reside en ese lugar, ignorándose su paradero, sin embargo pese al alegato del Ministerio Público el Juzgador resolvió denegar su incorporación, sobre lo cual la Agente Fiscal hizo formal protesta interponiendo el recurso de reposición respectivo; resultando evidente que al no haber sido admitido, impidiendo que entrara al debate, imposibilitó al ente acusador apoyar fácticamente sus pretensiones. Es importante resaltar que ante la negativa del tribunal de incorporar mediante lectura autorizada la probanza relacionada, el Ministerio Público solicitó durante la evacuación de la prueba se le otorgara tiempo para la ubicación del testigo (ver acta de debate, renglón 23 de la página 13), el cual fue concedido, sin embargo al ser imposible su ubicación presentó informe de las investigaciones realizadas a ese efecto, solicitando nuevamente la incorporación de tal probanza por lectura autorizada; rechazando el Tribunal dicha petición, aduciendo que la documentación debió ponerse a disposición del Tribunal en incidentes por no ser ese el momento procesal para evacuarla (ver acta de debate, página 14, último renglón y página 15) cuando resulta mas que evidente que desde antes de iniciarse el juicio oral y público que el Sentenciador tenía pleno conocimiento que el testigo protegido no pudo ser citado por ignorarse su domicilio actual. Asimismo debemos referir que la prueba supra relacionada además de haber sido dejada de considerar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tal probanza y valorarla de manera armónica con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en la audiencia de juicio oral y público, específicamente en la etapa de incidentes, sobre el cual la Representante del Ministerio Público interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar, quedando constancia sobre dicho aspecto en el acta respectiva. SE OFRECE PRUEBA El Ministerio Público, sobre la base del artículo 368 del Código Procesal Penal, considera imprescindible para la correcta resolución del caso, que el Ilustre Tribunal de Casación tenga a bien recibir la prueba que por este acto se ofrece, en vista de que el acta de debate es incompleta y no registra de forma fidedigna lo que realmente se evacuó en la vista pública específicamente a lo argumentado por la agente fiscal en la etapa de incidentes, cuando solicitó la incorporación mediante lectura de un testigo, luego de haberse acreditado que fue imposible su citación, deposición que reviste de la característica de valor decisivo, puesto que la misma es determinante para formar certeza positiva de culpabilidad y que sustenta la pretensión punitiva en contra del acusado. El artículo 346 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal podrá acordar que el acta sea complementada total o parcialmente, por la grabación magnetofónica o audiovisual, por otra forma de registro, cualquiera de las partes podrá solicitar autorización para grabar o filmar total o parcialmente lo que suceda durante el debate y en el presente caso los cds que contienen las grabaciones referidas fueron realizados por el órgano jurisdiccional. De forma especifica, lo que el Ministerio Público ofrece son cinco cds en los que esta grabado el juicio que nos ocupa, mediante los cuales podréis escuchar detenidamente lo argumentado durante la etapa de incidentes (cd 1, pista 3, minuto 1:35 en adelante, continua en pista 4 del mismo cd), estando seguros como garantes de la legalidad que enmendareis el error evidente cometido por el recurrido para así brindar la seguridad jurídica que reclama y necesita la sociedad hondureña, quien es a quien representamos.”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; SE DENUNCIA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA.- IV.— El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional, que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- V.- El Ministerio Público cuestiona la Sentencia impugnada, indicando que ella es resultado de una audiencia de debate donde se violentaron los Principios Constitucionales del Debido Proceso y Defensa; Señala que se vulneró la garantía genérica del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, debido a que el Tribunal de Sentencia denegó el Incidente planteado por el Ministerio Público al inicio de la audiencia de debate, donde se solicitaba la incorporación por lectura del acta donde consta la declaración de un testigo protegido tomada bajo el protocolo de la prueba anticipada, fundamentándose el Tribunal que el Ministerio Público se estaba valiendo del Poder Judicial para efectos de citar dicho testigo, como si ello fuese proscrito por la ley, cuando por el contrario está previsto en el artículo 230 del Código Procesal Penal; expone que el Derecho a la defensa fue violentado, debido a que se le denegó la posibilidad al Ministerio Público de contar con un medio de prueba relevante: la lectura de la declaración del testigo Protegido “A”, rendida como prueba anticipada, testigo que participó con el acusado en la compra y venta a particulares de armas de fuego sustraídas de la custodia de la Policía Nacional de Honduras, aun cuando se demostró que dicho testigo no pudo citarse personalmente por haber cambiado su domicilio, sin embargo el Tribunal de Sentencia estimó que tal ausencia era imputable al Ministerio Público, por considerar que es éste quien tiene la obligación de citarle, criterio contrario a lo que señala la ley procesal.- VI.___ En revisión de la Foliada judicial la Sala de lo Penal ha constatado que en fecha cinco de abril de dos mil once, el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 312), en donde las partes ofertaron la carga probatoria que respaldaría sus respectivas hipótesis en la etapa de juicio, entre dicha prueba fue propuesta por el Ministerio Público la declaración del Testigo Protegido “A”, para ser rendida en la audiencia de debate, solicitando que se mantuviese la protección deponente e informando que éste ya había prestado declaración bajo el protocolo de la prueba anticipada; medio de prueba que fue admitido por el Tribunal de Sentencia.- En fecha doce de Mayo del mismo año, la Secretaria del Tribunal de Sentencia facilitó al Ministerio Público las cedulas de citación de los testigos protegidos “A” y “Agente 136”, para el único efecto de que fueran entregadas por el ente acusador (f. 316); Posteriormente, en fecha uno de agosto de dos mil once, el Tribunal de Sentencia, a petición del Ministerio Público, ordenó librar Comunicación al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, para que se citara al Testigo Protegido “A” (F. 329), comunicación que no fue cumplimentada, debido a que el testigo no se encontraba en su domicilio, informando los vecinos que éste se había mudado y que se desconocía su actual paradero (f. 331).- En fecha tres de agosto se celebró la audiencia de debate (f. 365), en cuyo turno de incidentes el Ministerio Público presentó solicitud para que la declaración del Testigo Protegido “A” que consta en el expediente en una etapa anterior del proceso bajo el protocolo de la prueba anticipada fuese introducida por lectura en virtud de que no había sido posible citarle, petición a la que se opuso la Defensa y que el Tribunal de Sentencia rechazó indicando que el Ministerio Público se estaba valiendo del Poder Judicial para citar a los testigos protegidos, decisión que mantuvo al resolver el recurso de Reposición presentado por el Ministerio Público, agregando que no constaba que el Peticionario (Ministerio Público) hubiese hecho diligencias para citar al testigo antes del primero de Agosto (f. 366) .- VI.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso es de Recibo.- Claramente se identifica que las actuaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia en la audiencia de debate son contrarias al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.- Ha sido una práctica forense de los Tribunales de Sentencia, que en los casos donde se proponen declaraciones testificales de testigos que se encuentren bajo medidas de protección que impliquen reserva de la identidad, domicilio y centro de trabajo, el proceso de citación se hace por conducto del Agente fiscal actuante de la causa, ello con la idea de reducir el número de personas que conozcan la identidad del testigo, así pues el Tribunal entrega las cedulas de citación hechas por la Secretaria solo para que el Agente Fiscal las entregue, de modo que quien realiza la citación sigue siendo el órgano jurisdiccional, con la asistencia del Ministerio Público de entregar materialmente la cédula; ésta es una práctica de colaboración entre los operadores de justicia, puesto que en estricto apego a la ley procesal corresponde al Tribunal de Sentencia, mediante el Receptor del despacho, citar personalmente a todos los llamados a intervenir en la audiencia de debate, incluyendo a los testigos Protegidos, (Vid. arts. 154 y 230 del CPP), con la obligación legal de dicho funcionario de fe pública de no relevar la identidad de los que se encuentren por ley bajo protección.- En el caso de autos dicha colaboración fue aceptada por el Tribunal de Sentencia, haciendo constar la Secretaría del despacho la entrega de las cedulas de citación el doce de Mayo al Ministerio Público (f. 316), de modo que no es correcto lo expresado por los Juzgadores en la audiencia de debate cuando afirman que el Ministerio Público había asumido el papel de autoridad estatal que estaba practicando la citación del testigo, sino que éste solo prestó su colaboración de entregar las cedulas extendidas por la Secretaria del Tribunal; para el veintinueve de Julio el Ministerio Público solicita al Tribunal que se remita comunicación a la Ciudad de Comayagua para que el Testigo Protegido sea Citado en aquella ciudad, por ser éste el lugar donde tenía su domicilio, (f. 328), comunicación que no fue cumplimentada, puesto que el Receptor del Tribunal de Sentencia de aquella ciudad constato que el testigo había cambiado su domicilio y se desconocía donde se encontraba (f. 331); El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa no hizo observación alguna a la petición del Ministerio Público de que el testigo Protegido fuese citado por conducto del Poder Judicial, y de hecho no podría existir ninguna, puesto que la ley procesal impone a éste Poder del Estado dicha obligación.- Llegada la audiencia de debate, el Ministerio Público señaló la imposibilidad que existió para citar al testigo protegido, mencionando la constancia que fue enviada desde el Tribunal de Sentencia de Comayagua, solicitando la introducción por lectura de dicha declaración, la que había sido recibida como prueba anticipada precisamente previendo que llegado el debate dicho testigo no pudiese rendir su declaración, sin embargo, el Tribunal de Sentencia deniega tal petición bajo un argumento que revela desconocimiento de la ley procesal, puesto que reprocha al Ministerio Público el no haber citado al testigo y cuestiona que se estuviese utilizando al Poder Judicial para ello, cuando precisamente la ley procesal impone dicha obligación a éste poder del estado.- El Tribunal de Sentencia, no solo desconoció lo preceptuado en los artículos 154 y 230 del Código Procesal Penal y con ello negó al Ministerio Público un Debido Proceso, sino que además le dejo en indefensión no permitiéndole la reproducción de una declaración testifical que ya había sido admitida y que, al demostrarse la imposibilidad de que el testigo fuese citado, era procedente la introducción por lectura de la declaración que había rendido de manera previa bajo el protocolo de prueba anticipada (F. 04) precisamente como alternativa en caso de que el testigo no llegase a comparecer al debate, como efectivamente aconteció.- Por lo expuesto es procedente declarar CON LUGAR el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NO SE CITAN NORMAS INFRINGIDAS; SE DENUNCIA FALTA DE CONSIDERACIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- VII.- El Censor, por la vía impugnativa que prevé el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, reproduce el reclamo formulado en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, señalando que el Tribunal de Sentencia dejó de considerar en su valoración la declaración del Testigo Protegido “A”, rendida en la Etapa Preparatoria del Proceso bajo el Protocolo de la prueba anticipada, siendo esta de valor decisivo para la causa.- VIII.___ Para la Sala de lo Penal, si bien el planteamiento hecho por el Censor es incorrecto, puesto que el motivo alegado se refiere a prueba que se haya reproducido en el debate, no siendo este el caso de la declaración del Testigo Protegido “A”, al haberse declarado con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, resulta irrelevante la suerte del Recurso por Quebrantamiento de Forma planteado.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Decretando la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha quince (15) de Agosto y del debate que en que se pronunció, celebrado en fecha tres (03) de agosto, ambos del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA.- PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate en el cual deberán participar Jueces distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha quince (15) de Agosto de dos mil once (2011).- SEGUNDO: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para que proceda con arreglo a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-16-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”