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Sentencia CP-14-12 — Registro 3567

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por actos de lujuria agravados. En casación se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... En el caso de análisis, el Censor indica que no es posible concluir la existencia de responsabilidad penal con una carga probatoria tan limitada, como ser dos medios de prueba testificales y dos Dictámenes Forenses, argumento que no es atendible, por cuanto en lo que atañe al Recurso de Casación planteado, lo importante a determinar es si los razonamientos hechos por los Juzgadores se ajustan a las reglas de la Sana Critica, en especial si dicho razonamiento es herramienta para construir un Silogismo Categórico Necesario, respecto a la conclusión atracada.- Para la Sala de lo Penal la motivación intelectiva del Tribunal de Sentencia se ajusta a las exigencias del artículo 202 del Código Procesal Penal: 1).- Se contó con la declaración de la niña A. C. F., (f.129) cuya valoración de la primera instancia no solo abarco los datos que de manera hablada transmitía la testigo, sino que además el lenguaje corporal que fue contemplado por los Juzgadores y que fue valorado por éstos (f. 145); La Niña conto su vivencia de tal manera que arraizó convencimiento en los Jueces, sin que la defensa protestara por la existencia de contradicciones con declaraciones previas dadas por ella misma; 2).- La Declaración de la Señora J. A. F. E. (f. 128 v.), quien si bien es testigo de referencia en cuanto a lo que escucho decir de su hija, también es una testigo DIRECTA, EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO QUE OBSERVO DE AQUELLA, indicando una alteración de costumbres de su hija como ser Enuresis, baños constantes y fobia a salir de su casa; 3).- El Dictamen Médico Forense de Evaluación Física (f. 123), es correspondiente a la declaración de la menor en cuanto a que no existió violencia en contra de ella, ni acceso carnal de ningún tipo y; 4).- El Dictamen Médico Forense Psiquiátrico (f. 125), corrobora las declaraciones testificales, determinando categóricamente la Perito que la causa de la regresión conductual de la menor no fue como consecuencia de la pérdida de su Padre, sino que de otro evento, puesto que es a partir de ése otro evento en que se modifica el comportamiento de la menor y por tanto éste es el desencadenante y no aquel; No es posible, como lo demanda el Censor, que el Dictamen Psiquiátrico determine la identidad de la persona que realizo el hecho traumático, por cuanto el objeto de la Pericia no es la averiguación de hechos, sino la evaluación de comportamientos y es solo a partir de la valoración conjunta de los medios de prueba es que es posible poder contar con una visión contextual de lo acontecido. Los Juzgadores hacen una motivación intelectiva de los medios de prueba coherente y entendible, cumpliendo con las exigencias procesales y sin colisionar con los postulados de las reglas de la Sana Critica, por lo que es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de junio de dos mil once, mediante el cual CONDENO al señor P. R. L., a la pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la menor A. C.A F. E..- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado M. A. L. E., actuando en condición de Apoderado Defensor del señor P. R. L.. SON PARTES: El Abogado M. A. L. E., Apoderado Defensor del Acusado P. R. L., en su condición de Recurrente y la Abogada D. R., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: El día doce de Enero de dos mil ocho, ignorando la hora, en la Colonia El Sitio, Tegucigalpa, M.D.C., el señor P. R. L., tomó de la mano a la niña A. C. F. E., de nueve años de edad, la llevó a una casa de habitación, donde le quitó su ropa, le tocó tanto sus nalgas como su vulva, le mostró su pene y le regaló veinte lempiras diciéndole que se marchara.”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Abogado M. A. L. E., actuando en condición de Apoderado Defensor del señor P. R. L., desarrollo su Recurso de Casación por Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma en base a los hechos y consideraciones siguientes: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION 1.): PRIMER MOTIVO DE CASACION: Infracción de Precepto Constitucional de Presunción de inocencia, consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, esta comprendido en el artículo 361 del Código Procesal vigente. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. La infracción de Precepto Constitucional ocurre por que en el proceso, el Tribunal de Sentencia violenta el Derecho Humano Fundamental de la Presunción de Inocencia, consignado en la Constitución de la República en el artículo 89, lo que relacionó de la siguiente manera: En la Primera Fase de la Sentencia, al Tribunal Sentenciador expresó que en consideración a la prueba aportada e incorporada al Proceso Resolvió lo siguiente: “Ocurrió un hecho el doce de enero del dos mil ocho, no sabemos a que hora sucedió porque no hay manifestación de la ofendida de a que hora ocurrió el hecho tampoco de la madre tal vez la razón sea que se conoció la existencia de este hecho posteriormente a que ocurriera, no tenemos una hora exacta, y según lo manifestado por la ofendida don P. la llamo, la tomó del brazo y la llevó a la casa de su hija donde don P. le quita la ropa, le tocó las partes Intimas y le mostró su pene, en esto consiste el planteamiento de este hecho eso se llama tesis acusatoria y la tesis defensiva, es que don P. se encontraba trabajando en funciones de limpieza en ese momento o supervisando o ambas a la vez en el Hospital Viera en la ciudad capital y al hecho se sitúa en la colonia el Sitio lugares distantes esa es la tesis de la parte defensiva, ahora que sucede cuando contrastamos estas posiciones nosotros tenemos que ver si aparte de las declaraciones que hacen las personas existe un respaldo que no oriente quien esta diciendo o no la verdad porque a veces es imposible con la prueba testifical tomar una decisión, en el caso de la tesis de la acusación vemos que existe un respaldo científico en la prueba siquiátrica, donde se establece que la niña tiene un trastorno de ansiedad generalizada que tiene un factor desencadenante, y manifestó que no encontró ningún otro factor desencadenante que no fuera el abuso, y dijo que también pudo haber sido la muerte del padre pero no se probó aquí que ese haya sido, la niña regreso en varias de sus circunstancias personales por ejemplo comenzó a orinarse, y la niña tuvo un período de regresión por que es un factor que desencadeno su crisis, entonces la parte acusadora tiene respaldo científico en la prueba siquiátrica, y la defensa no tiene otro respaldo mas que el de sus propias declaraciones, si eso hubiese sido así era muy sencillo que clínicas viera documentara la presencia de don P. en ese momento ese día, debe haber algún tipo de documentación que demostrara la relación contractual entre la empresa Fumigadora Unión y el viera, no existe, por lo que dichas declaraciones no pueden ser tomadas ya que no tienen ningún otro respaldo mas que sus propias declaraciones, la tesis de defensa dice que estuvo de una a seis en clínicas viera y no hay constancia, pero no hay otro medio de prueba de que el estuvo ahí, pero además el hecho de que no seria tan importante si el estuvo ahí o no porque la menor no establece a que hora sucedió el hecho por lo tanto todo lo que tenga que ver con la hora es especulativo; por lo tanto consideramos que la prueba que nos ha presentado la defensa no ha sido suficiente”,(SIC). Con dichas declaraciones el Tribunal Sentenciador, esta infringiendo el Precepto Constitucional de Presunción de Inocencia consignado en el articulo 89 de la Constitución de la República por dos motivos que explicó de la siguiente manera: UNO: Como regla de juicio, la presunción de inocencia va, en cambio, ligada a la estructura del proceso y, en particular, a la técnica de la declaración del hecho probado.- Su plena realización impone un sistema de equipo acusatorio en el que queda excluido que el propio Imputado, deba demostrar su propia Inocencia, estando obligado, el órgano de la acusación, a proporcionar la prueba plena de culpabilidad, es por ello que la posición del imputado en el proceso penal se encuentra de este modo, reforzada, porque, el juzgador penal ha de partir como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquél, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva, lo que de ninguna forma ocurrió en el presente caso.- Aprecie la Honorable Corte, que el Tribunal Sentenciador pretende -tal como la reitera en diversas ocasiones- que mi Representado fuera quien estaba obligado a probar su inocencia, a través de la prueba de descargo que aportara en el Juicio, ya que en diversos momentos expresó que la prueba de la defensa no era suficiente para probar su inocencia, lo que sin lugar va dudas es una violación del Derecho de Presunción de Inocencia. DOS: En virtud del modelo garantista que estatuye nuestro sistema Constitucional, y dado que este parte de un estado de inocencia, la prueba cobra relevancia sustancial pues es la única forma legalmente autorizada para destruirlo; no se admite otro modo de acreditar la culpabilidad.- La convicción de culpabilidad necesaria para condenar, únicamente puede derivar de los datos probatorios legalmente incorporados al proceso: son las pruebas, y no los jueces las que condenan, esta es la garantía.- Honorable Corte como Vos bien conocéis, En el proceso penal interesa especialmente la certeza positiva, fundada y explicada, sobre la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, pues sólo ella permitirá que se le aplique la pena prevista, si tal grado de convencimiento no se alcanza, aunque se llegue a la probabilidad, no se pude penar (indubio pro reo).- Como puede apreciar la Honorable Corte, en el desarrollo del Juicio Oral y Público el Órgano Acusador no acreditó con la prueba que legalmente incorporó al proceso la certeza positiva fundada de la comisión del delito, ni la culpabilidad de mi Representada, tal como el mismo Tribunal Sentenciador lo describe en sus apreciaciones, que desgloso de la siguiente manera: 1) “Ocurrió un hecho el doce de enero del dos mil ocho, no sabemos a que hora sucedió porque no hay manifestación de la ofendida de a que hora ocurrió el hecho tampoco de la madre tal vez la razón sea que se conoció la existencia de este hecho posteriormente a que ocurriera, no tenemos una hora exacta…”.- Como se puede apreciar, El Tribunal no conoce ni tiene idea a que hora ocurrió el hecho; 2) “… en el caso de la tesis de la acusación vemos que existe un respaldo científico en la prueba siquiátrica, donde se establece que la niña tiene un trastorno de ansiedad generalizada que tiene un factor desencadenante, y manifestó que no encontró ningún otro factor desencadenante que no fuera el abuso, y dijo que también pudo haber sido la muerte del padre pero no se probó aquí que ese haya sido…”.- El Tribunal expresa que el trastorno de ansiedad pudo deberse a la muerte del padre de la niña, pero no se probó en el juicio que ese haya sido, pero, tampoco se probó cumplidamente que haya sido el otro factor el abuso, así mismo, que si el factor hubiese sido el abuso, éste lo hubiese realizado mi Representado, existe duda razonable en todos los sentidos.- El Tribunal esta invirtiendo la presunción de inocencia ya que solamente aprecia lo que perjudica a mi Representado; 3) “ … entonces la parte acusadora tiene respaldo científico en la prueba siquiátrica, y la defensa no tiene otro respaldo mas que el de sus propias declaraciones, si eso hubiese sido así era muy sencillo que clínicas viera documentara la presencia de don P. en ese momento ese día, debe haber algún tipo de documentación que demostrara la relación contractual entre la empresa Fumigadora Unión y el viera, no existe, por lo que dichas declaraciones no pueden ser tomadas ya que no tienen ningún otro respaldo mas que sus propias declaraciones, la tesis de defensa dice que estuvo de una a seis en clínicas viera y no hay constancia, pero no hay otro medio de prueba de que el estuvo ahí, pero además el hecho de que no seria tan importante si el estuvo ahí o no porque la menor no establece a que hora sucedió el hecho por lo tanto todo lo que tenga que ver con la hora es especulativo; por lo tanto consideramos que la prueba que nos ha presentado la defensa no ha sido suficiente.”.- Otra vez el Tribunal Sentenciador quiere invertir la carga de la prueba, pretendiendo que mi Representado era quien tenía que probar su inocencia. Para el derecho procesal penal, su contenido es claro: la sentencia condenatoria, y por ende la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia (verdad) de un hecho punible atribuible al acusado. - Precisamente la falta de certeza faculta la imposibilidad del Estado de destruir la situación de Inocencia. construida por la Constitución, que ampara al acusado, razón por la cual la falta conduce a la absolución.- Cualquier otra posición del tribunal respecto a la verdad, la duda aun la probabilidad. Impide la condena y desemboca en la absolución.- Es aplicable en el presente caso el aforismo IN DUBIO PRO REO que representa una garantía constitucional derivada del principio de inocencia, cuyo ámbito propio de actuación es la sentencia, pues exige que el Tribunal alcance la certeza sobre todos los extremos de la Imputación delictiva para condenar y aplicar una pena”. III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “2.): SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: infracción de Precepto Constitucional. de Debido Proceso y de Defensa, consignados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta motivo de Casación, está comprendido en el artículo 361 del Código Procesal vigente. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONTITUCIONAL. La infracción de los Preceptos Constitucionales ocurre por que en el proceso, el Tribunal de Sentencia violenta los Derechos Humanos Fundamentales de Debido Proceso y Defensa, consignados en la Constitución de la República en los artículos 90 y 82, lo que relacionó de la siguiente manera: El Tribunal Sentenciador a la letra expresa lo siguiente en el primer párrafo del acápite de la Sentencia: “VALORACION CONJUNTA PRUEBA DE CARGO.- Se comenzará este análisis haciendo la observación que el Dictamen Psiquiátrico practicado a la menor A. C. F., fue entregado hasta el día del juicio oral, algo común dentro de la Dirección de Medicina Forense, a pesar de que en el momento que se juramenta el perito, se le informa que el dictamen deberá estar a la orden del Tribunal antes de la fecha del juicio oral, a fin de que los abogados tengan la oportunidad de estudiarlo, y facilitar un mejor contradictorio durante el debate, esto no sirve de nada, sencillamente y en múltiples ocasiones, el dictamen es traído hasta la audiencia de debate, si no preguntan bien, y mejor todavía cuando la parte defensora no se hace acompañar de un Consultor Técnico, ya que el perito sale bien librado, de su ardua y científica labor”.- Aprecie la Honorable Corte, que el mismo Tribunal Sentenciador acepta que el Dictamen Psiquiátrico practicado a la ofendida menor A. C. F., se presentó al Tribunal y fue Incorporado al proceso, hasta el día en que se celebró el Juicio Oral, lo que claramente violenta el Derecho Humano del Debido Proceso y consecuentemente el Derecho Humano de Defensa; ya que no se esta observando en el proceso el Principio de Contradicción, lo que reitero, violenta el Debido Proceso.- La Ley Penal Adjetiva expresamente prescribe los plazos y términos en que se deben practicar todas las diligencias; en consecuencia, cuando no cumple con lo que ordena la Ley, se violenta el debido proceso y consecuentemente, también se violenta el Derecho de Defensa de mi Representado, ya que si el imputado no tiene acceso a los Dictámenes Forenses (que emiten profesionales que laboran para el mismo órgano acusador) que propone el Ministerio Público como Prueba, claramente se violenta su Derecho de Defensa, ya que no puede revisarlos detenidamente y por lo tanto contradecirlos de la mejor manera posible”. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “3.): TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Quebrantamiento de forma porque en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal vigente. EXPLICACIÓN DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Quebrantamiento de Forma ocurre en el Fallo Recurrido porque en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Critica.- El Tribunal declara probados los hechos siguientes: “UNICO: El día doce de Enero del dos mil ocho, ignorando la hora, en la Colonia el Sitio, Tegucigalpa, M.D.C., el señor P. R. L., tomo de la mano a la niña A. C. F. E., de nueve años de edad, la llevó a una casa de habitación, donde le quitó su ropa, le tocó tanto sus nalgas como su vulva, le mostró su pene y le regalo veinte lempiras diciéndole que se marchara. En la Valoración de la Prueba, el Tribunal Sentenciador expresa: “El tribunal sentenciador valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas practicadas en Juicio, ha llegado a las siguientes conclusiones: PRIMERO: El Ministerio Público hizo uso de la prueba siguiente, haciendo la observación que algunos medios probatorios son evacuados en forma común con la parte defensora.- I.- TESTIFICAL A.- J. A. F. E. (madre de la menor) —testigo de referencia- Manifestó que en cierta ocasión estaba con su madre y una amiga, a ellas les habían dicho algunas cosas relacionadas con su hija A., que este señor (señala al acusado) se la había llevado a una casa, ella observaba a su hija rara desde hacia unos días, notaba que la menor no quería salir a la calle, además pasaba bañándose a cada rato; fue entonces cuando le pregunto a A. que había pasado, y ella le dijo que el sábado doce de Enero cuando iba a comprar tortillas, P. la había llevado a su casa … . B.- A. C. F. E., Manifestó que esta en primer curso en el colegio. P. es un vecino, ella le iba a comprar una tortillas a su abuela, él estaba en la esquina le habló pero no le hizo caso, la llevó a la fuerza donde G., la tiró a la cama y le quitó la ropa, le tocó sus partes íntimas y la nalgas, se bajó el ziper y le enseñó el pene, se oía las voces de unos cipotes y le dijo que se fuera, le dio veinte lempiras. A las preguntas de la Agente Fiscal contestó que tiene hermanitos, hace mucho tiempo conoce a P., le daba naranjas y dinero a sus hermanos, el día que la llevó de la mano no había gente, la llevó a la casa de su hija G., en la casa no había nadie, la llevó al cuarto, le tocó la vulva con la mano, habían unos cipotes hablando frente a la casa, P. le dijo que se cambiara ropa, cuando ella se iba P. se bajó el ziper y le enseñó el pene, los cipotes que estaban afuera le contaron a sus mamás y ellas le dijeron a su abuelita, y su abuelita le dijo a su mamá. A lo interrogado por el Apoderado Defensor contestó que P. le dio veinte lempiras, no hizo nada con el dinero, M. y A. estaban afuera de la casa. Al valorar la prueba testifical, consistente en las declaraciones de la ofendida A. C. F. E. y J. A. F. —que son toda la prueba que de una u otra forma implica a mi Representado-, ellas mencionan a otras personas que conocieron los hechos, amigas de la mamá de la ofendida, su abuelita, inclusive, ambas mencionan, que unos cipotes que se encontraban fuera de la casa donde ocurrieron los hechos (que con sus ruidos causaron temor en el acusado), fueron los que le contaron a sus respectivas madres de los hechos, y estas a su vez le contaron a la madre de la ofendida J. F..- El Sentenciador, no tuvo acceso a otras pruebas que verificaran dichas versiones; ¿donde están dichos cipotes?, ¿por que no declararon en el Juicio?, ¿porque no declararon las amigas de la madre de la ofendida? ¿Por qué no declaró la abuela de la ofendida?.- Así mismo, la Prueba Pericial, consistente en el Dictamen Psiquiátrico, emitido por la Doctora M. E. S. R., en el que entre otras cosas se establece que la niña tiene un trastorno de ansiedad generalizada que tiene un factor desencadenante, y que no encontró ningún otro factor desencadenante que no fuera el abuso, pero que también pudo haber sido la muerte del padre; dicho Dictamen no relaciona directamente mí Representado, ya que sólo habla de Abuso, pero no especifica que tipo de Abuso, ni quien produjo dicho abuso- Ésta es toda la prueba de cargo, no existe evidencia física alguna que confirme la versión de la menor, tal como se señala en el Dictamen de Evaluación Física que se le practicó a la ofendida A. C. F. E., en fecha 18 de enero de 2008, en el que se CONCLUYE: “… que la evaluada presenta entre otras cosas: Área genital: vulva normal, himen anular, Integro (no ruptura) ni escotadura, no permite el paso de dos dedos del examinador, sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas; 2) Área anal: con pliegues radiados conservados presentes y normales; esfínter anal de buen tono sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas; 3) Área paragenital y extragenital: sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas.”. La Doctrina Penal, define la SANA CRITICA, de la siguiente manera: “La Sana Crítica es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio.- Es analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto, Las reglas que la constituyen no están expuestas en la ley.- Se trata de un proceso intelectual Interno y subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea, es una materia esencialmente de apreciación, y por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde a los jueces del fondo”.- El Tribunal de Sentencia, no aplica la Sana Crítica por lo siguiente: Es criterio generalizado y reafirmado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el control Casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del correcto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, complete y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables el caso concreto.- Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es mas que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser autentica y verdadera; en el caso de autos, los Jueces Sentenciadores esta irrespetando las reglas de la sana critica, en concreto las reglas de “la lógica», al deducir erróneamente que de las pruebas evacuadas, no se podía concluir hechos distintos a los declarados probados.- Para el caso de la declaración de la ofendida A. C. F. E. (que es la única persona que sabe si en verdad ocurrieron los hechos y como ocurrieron), el Tribunal extrae la convicción de que el acusado tomo de la mano a la ofendida, la llevo a una casa de habitación, donde le quito su ropa, le toco tanto sus nalgas como su vulva, le mostró su pene y le regaló veinte lempiras diciéndole que se marchara, pero no se evacuó en el debate otro elemento probatorio que coincidiera o se enlazara con dicha declaración, es decir, no se contó con otras pruebas de cargo que permitan concluir con claridad y en una derivación lógica de la prueba que se desvaneció en juicio la presunción de inocencia Constitucionalmente garantizada acusado, pues la versión de la ofendida resultó huérfana de respaldo probatorio, ya que ninguno de los niños que supuestamente hicieron ruido para que el acusado le dijera que se fuera declararon ante el Tribunal, tampoco ninguna de las madres de estos niños, ni la abuela de la ofendida declararon; también es necesario reiterar que el Dictamen Psiquiátrico, sólo se establece que la niña tiene un trastorno de ansiedad generalizada que tiene un factor desencadenante, y que no encontró ningún otro factor desencadenante que no fuera el abuso, pero que también pudo haber sido la muerte del padre; dicho Dictamen no relaciona directamente que fue Representado quien cometió el abuso sólo habla de Abuso, pero no específica que tipo de Abuso, ni quien produjo dicho abuso; lo que deja evidenciado que con sólo la declaración de la ofendida, no es razonable llegar a la conclusión que han llegado los jueces de instancia, pues, no hay forma en apariencia, de que con esa única declaración al no contarse con otros elementos periféricos adicionales y debidamente enlazados en orden a su presencia u oportunidad física para la comisión del hecho delictivo o a la oportunidad material para cometerlo, se puede llegar de manera lógica y coherente a deducir la culpabilidad del acusado cuando el soporte probatorio ya referido, no es concluyente para determinar dicha culpabilidad, debiendo tenerse presente que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le imputa, ya que el ONUS PROBANDI, corresponde a quien acusa.- Hay que reiterar que según el relato de la menor ofendida, el acusado le quitó la ropa, le tocó sus partes intimas y las nalgas, y le enseñó el pene, pero en el Examen Físico que se le practicó no se le encontró ninguna lesión, nada ni moretes, ni rasguños, nada; ¿que es la Lujuria?, el diccionario nos la define de la siguiente manera LUJURIA: “Deseo o apetito sexual desmesurado. 2 Exceso o demasía en algunas cosas, sinónimo de lascivia, abundancia.- Que es LASCIVIA: Propensión excesiva a los placeres sexuales, sinónima de lujuria; en consecuencia, en el presente caso se observa la inobservancia del Tribunal Sentenciador, de las reglas de la lógica, al concluir arbitrariamente algo que evidentemente no es RAZONABLE, ya que de la valoración de las pruebas evacuadas, se pudieron extraer deducciones diferentes. Conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales, sólo podían admitirse como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, las que no podrán ser sustituidas a tal fin por elementos puramente subjetivos verbigracia (prejuicios, impresiones, ect), ni por meros actos de voluntad de los jueces, tampoco por la opinión pública. DOCTRINA “Si el Tribunal deja de apreciar alguna prueba que esta en los autos, incurre en error de hecho, que lo puede conducir a la aplicación de normas sustanciales, si, al contrario, no existiendo en los autos una prueba, da como probado un hecho, incurre también en error de hecho que lo puede llevar a las mismas formas de quebranto.- (El subrayado es mío). Y también Incurre en error de hecho cuando altera las existentes para restringirles, ampliarles, modificarles o cambiarles su contenido real. O, lo que es lo mismo, cuando desvirtúa las pruebas en su contenido objetivo. - Los errores de hecho y de derecho — dice la Corte - son totalmente diferentes: El primero se presenta cuando el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en el proceso, o ha ignorado la presencia de la que sí esta en él, hipótesis éstas que comprenden la desconfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición) o por cercenamiento del mismo (preterición)...” (El subrayado es mío). MANUAL PRACTICO DE CASACION CIVIL- Autor: JORGE CARDOSO ISAZA.- Segunda Edición.- Editorial Temis, S.A. 1984. Páginas 99 y 100.”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. A. L. E., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO P. R. L. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. V.__ El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL .- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA QUE SE CITA COMO INFRINGIDA: ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN AL DERECHO-PRINCIPIO DE INOCENCIA. VI.__ Concretamente el Censor aqueja que se ha irrespetado el Principio de Inocencia, a exigir el Tribunal de Sentencia que sea el acusado quien demuestre su inocencia, siendo la parte acusatoria quien debe de demostrar que aquel es responsable del delito imputado. VII.- El Derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste Derecho-Principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado De Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho-Principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho-Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Exp 304-2010).- En sede de casación, al alegarse la vulneración del Derecho-Principio de Inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que AUNQUE MÍNIMA, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, defensa y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. VIII.DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo: Tras el examen de la Sentencia impugnada, la Sala de lo Penal se ha formado opinión que disiente a la expuesta por el Censor en su Recurso; No existe para este Alto Tribunal violación del Derecho-Principio de Inocencia en perjuicio del acusado como consecuencia de que el Tribunal de la Instancia, indebidamente, haya invertido la carga de la prueba, reprochando que la persona juzgada no haya demostrado su estado de inocencia. Los Juzgadores realizaron su motivación primero haciendo un análisis de la prueba propuesta por el Ministerio Público, describiéndola toda ella en un primer bloque (f. 144 y 144v.) para luego igualmente en un solo bloque valorarla (f. 144 v y 145), al final de lo cual llegaron al convencimiento de que las testigos J. A. F. E. y A. C. F. E., fueron creíbles en su relato, que el Dictamen de Medicina Forense de la Doctora M. E. S., fue igualmente creíble y además concordante con lo relatado por las testigos, y que, finalmente, la prueba documental igualmente merece valor probatorio; Todo en conjunto hicieron concluir a los Juzgadores sobre la existencia de la responsabilidad penal del acusado en los hechos imputados.A continuación, siguiendo la misma dinámica, el A-quo procede a analizar la prueba propuesta por la Defensa Privada, describiéndola en un solo bloque para después valorarla de la misma forma. La Valoración Intelectiva de la prueba de defensa (f. 145 v.), es una secuencia de la hecha a la prueba de Cargo, por ello y habiendo llegado al convencimiento sobre la existencia de elementos que señalan la responsabilidad penal del acusado, correspondía establecer si la carga probatoria de Defensa era tal que desvirtuaba o, al menos, neutralizaba aquella; Bajo ése esquema los Juzgadores primero califican a las testigos C. S. C. y A. de la C. C., como no confiables y seguidamente resienten la ausencia de prueba estribada que pudiese variar tal calificación, lo que no quiere decir que el Tribunal haya establecido que el acusado no probo su inocencia, puesto que no es ese el sentido de lo expuesto en la motivación(f. 145 v.), Estado de Inocencia que de previo ya había sucumbido ante la prueba de cargo. Por lo expuesto procede en el presente caso declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL .- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA QUE SE CITA COMO INFRINGIDA: ARTÍCULO 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. VIII. Sucintamente el Censor se basa para la interposición de su motivo el hecho de que el Dictamen Psiquiátrico de la Doctora M. E. S., fue presentado hasta la audiencia de debate y ello impidió que la representación de la Defensa pudiese examinarlos detenidamente y así poder contradecirlo. IX.__ La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un Juez o Jueza Natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste Juez o Jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del Proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del Debido Proceso Legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la Justicia Gratuita, al Juez Predeterminado por la ley, a la Defensa, a la Imparcialidad del Juez, a la Igualdad de Armas Procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio al Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio, ya mencionados: Defensa, Presunción de Inocencia, Contradicción, Inmediación, Oralidad, Concentración y Publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. X.__DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo: Esta Sala de lo Penal llegó a la conclusión que en el caso de autos no se ha violentado el Derecho a la Defensa, que es componente del Debido Proceso; El reclamo formulado mediante el recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra el acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. La foliada judicial documenta que después de la audiencia de Proposición de Medios de Prueba (f. 113) no se presentó ninguna petición por la Defensa, previo a la audiencia de debate, previniendo la falta de presentación del Dictamen Pericial Psiquiátrico, aun cuando tenía conocimiento que éste era uno de los medios de prueba que habían sido propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia.- Abierta la Audiencia de Debate (f. 128), la Defensa no realizó ninguna petición de suspensión momentánea del Debate para examinar el medio de prueba, pudiendo hacerlo por previsibilidad legal (Art. 312 CPP), tampoco formalizo ninguna protesta en torno a ello como prefacio para el eventual recurso de casación; La Defensa no refirió nada de ello al momento en que la Perito compareció a la audiencia de debate ni tampoco al momento en que formulo sus conclusiones (Según se desprende del Acta de Debate a f. 128).- Como consecuencia estima la Sala de lo Penal que no es procedente atender el reclamo del Censor respecto a la violación al Derecho de Defensa y, concatenado a él, al Principio al Debido Proceso, debido a que ha sido éste quien se ha puesto en el estado de indefensión, no gestionando lo que oportuna y legalmente era pertinente, esperando hasta ver que la sentencia no se ajustó a sus pretensiones para formular el reclamo sobre el punto en Casación. Por lo anterior no debe entenderse que la Sala de lo Penal avala ese tipo de prácticas forenses, cuando las partes, tanto el Ministerio Público como la Defensa, tiene acceso al medio de prueba hasta la audiencia de debate, impidiendo empoderarse de su contenido e imposibilitando una efectiva igualdad, contradicción y defensa de sus concernientes intereses; Para evitar eso, es deber de los Tribunales de Sentencia ordenar a las partes, al momento de la proposición de los medios de prueba (Art. 317 CPP), que estos sean enunciados no solo señalando su naturaleza y objeto probatorio (Art. 199 CPP), sino que además presentándolos como regla general en la audiencia, o en su defecto y por causa justificada, señalando concretamente el lugar donde se encuentren, comprometiéndose a su presentación al Tribunal con la suficiente antelación a la audiencia de debate. Dado lo expuesto corresponde en este caso declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. A. L. E., APODERADO DEFENSOR DEL ACUSADO P. R. L..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NO SE CITA NORMA INFRINGIDA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN PROBATORIA. XI.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. XII.- Rechaza el Censor la Sentencia, a la que tilda de desviarse de los postulados de la Sana Critica, específicamente del Principio Lógico de Derivación, por haberse llegado a un pronunciamiento condenatorio que no pueden ser desprendido de los medios de prueba, lo que a su opinión es a consecuencia de: a).- El Dictamen Psiquiátrico no estipula que tipo de abuso sufrió la niña ofendida, ni tampoco quien pudo haberlo producido; b).- No existe evidencia física de algún abuso sexual conforme al Dictamen Médico Forense; c).- La sola declaración de la menor ofendida no fundamento razonable para llegar a la conclusión de responsabilidad penal; d).- Protesta el Censor porque al debate no llegaron a declarar los “Cipotes” que indica la Ofendida estaban afuera de la vivienda a donde la llevo el acusado, igual que las Señoras amigas de la madre de la ofendida (Testigo J. F.) quienes supuestamente se dieron cuenta de los hechos por comentarios de sus respectivos hijos o la abuela de la ofendida quien también se enteró de los hechos. XIII.__DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo: Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada abundancia de prueba testifical, centrándose el debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció, valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010): 1. El desarrollo intelectual y social de la víctima.- Desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar; 2. La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; 3. La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, en especial las relaciones de prevalimiento; 4. Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). También es importante señalar que en el Sistema de Sana critica el convencimiento pleno (lo que se llama comúnmente Plena Prueba), puede ser adquirido por el Iudex de muchos o de un solo medio de prueba, puesto que dicho convencimiento no está ligado a la cuantificación de la oferta probatoria, sino a su Cualificación; La Norma Constitucional al ordenar que Honduras es un Estado de Derecho (Art. 1), impone que los únicos requisitos que debe exigir el Juzgador al medio de prueba sean su carácter lícito y su confiabilidad objetiva.- Ahora bien ése convencimiento pleno al que haya llegado el Iudex, (ya sea positivo o negativo en relación a la imputación) debe ser a partir de un proceso de razonamientos que atiendan las reglas de la Sana Critica, el que NECESARIAMENTE debe ser expuesto en la sentencia como motivación o sustento de la decisión que al final se adopte. En el caso de análisis, el Censor indica que no es posible concluir la existencia de responsabilidad penal con una carga probatoria tan limitada, como ser dos medios de prueba testificales y dos Dictámenes Forenses, argumento que no es atendible, por cuanto en lo que atañe al Recurso de Casación planteado, lo importante a determinar es si los razonamientos hechos por los Juzgadores se ajustan a las reglas de la Sana Critica, en especial si dicho razonamiento es herramienta para construir un Silogismo Categórico Necesario, respecto a la conclusión atracada.- Para la Sala de lo Penal la motivación intelectiva del Tribunal de Sentencia se ajusta a las exigencias del artículo 202 del Código Procesal Penal: 1).- Se contó con la declaración de la niña A. C. F., (f.129) cuya valoración de la primera instancia no solo abarco los datos que de manera hablada transmitía la testigo, sino que además el lenguaje corporal que fue contemplado por los Juzgadores y que fue valorado por éstos (f. 145); La Niña conto su vivencia de tal manera que arraizó convencimiento en los Jueces, sin que la defensa protestara por la existencia de contradicciones con declaraciones previas dadas por ella misma; 2).- La Declaración de la Señora J. A. F. E. (f. 128 v.), quien si bien es testigo de referencia en cuanto a lo que escucho decir de su hija, también es una testigo DIRECTA, EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO QUE OBSERVO DE AQUELLA, indicando una alteración de costumbres de su hija como ser Enuresis, baños constantes y fobia a salir de su casa; 3).- El Dictamen Médico Forense de Evaluación Física (f. 123), es correspondiente a la declaración de la menor en cuanto a que no existió violencia en contra de ella, ni acceso carnal de ningún tipo y; 4).- El Dictamen Médico Forense Psiquiátrico (f. 125), corrobora las declaraciones testificales, determinando categóricamente la Perito que la causa de la regresión conductual de la menor no fue como consecuencia de la pérdida de su Padre, sino que de otro evento, puesto que es a partir de ése otro evento en que se modifica el comportamiento de la menor y por tanto éste es el desencadenante y no aquel; No es posible, como lo demanda el Censor, que el Dictamen Psiquiátrico determine la identidad de la persona que realizo el hecho traumático, por cuanto el objeto de la Pericia no es la averiguación de hechos, sino la evaluación de comportamientos y es solo a partir de la valoración conjunta de los medios de prueba es que es posible poder contar con una visión contextual de lo acontecido. Los Juzgadores hacen una motivación intelectiva de los medios de prueba coherente y entendible, cumpliendo con las exigencias procesales y sin colisionar con los postulados de las reglas de la Sana Critica, por lo que es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus Dos Motivos, interpuesto por el Abogado M. A. L. E., Defensor Privado del Acusado P. R. L..- SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Ùnico, interpuesto por el Abogado M. A. L. L., Defensor Privado del Acusado P. R. L..- TERCERO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de Junio del año dos mil once (2011). MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado M. A. L. E., en su condición de Apoderado Defensor del señor P. R. L., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-14-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.