Sentencia CP-136-12 — Registro 4317
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra al sentencia de primer instancia que condena al imputado por los delitos de homicidio simple,robo de vehiculo ,robo y daños.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Como punto toral del reclamo del Censor se encuentra el hecho de la ausencia del Acusado R. I. M. S., en el momento en que se tomó las declaración del Testigo J. F. B. Z., bajo el protocolo de prueba anticipada, reclamo que tiene legitimidad debido a que para el momento en que se rindió esta declaración se había presentado requerimiento fiscal, y por tanto, se había identificado la persona del mismo como Imputado en los términos que señala el Artículo 101 primer párrafo del Código Procesal Penal.- La Sala de lo Penal aprecia que a folio ciento treinta y siete (137) del Expediente judicial consta escrito presentado por el Ministerio Público en el cual solicita al Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, la recepción de la declaración testifical del menor J. F. B., bajo el protocolo de prueba anticipada, solicitud que fue resuelta por el órgano jurisdiccional, ordenando la recepción del medio de prueba anticipado, para lo cual determinó celebrar audiencia con la presencia del Ministerio Público, Acusador Privado, Defensa y Testigo relacionado, de este modo y siendo el día uno de abril del dos mil ocho, a la altura de las dos de la tarde, el Abogado L. F. D. L., en su condición de Fiscal, el Abogado W. O. G. G., Defensor Privado del Imputado L. A. A. F., el Testigo J. F. B. Z., junto con el Juez de Letras Tercero Departamental, H. N. M. M., participaron en la audiencia donde se escucho al Testigo mencionado. Resalta esta Sala de lo Penal que al momento en que el Ministerio Público hace la solicitud de Prueba Anticipada ya se habían identificado las personas que figurarían como imputadas en la causa penal, por lo que el órgano jurisdiccional se veía obligado a citar a un Defensor del Imputado R. I. M. S., para que participara en la diligencia de prueba anticipada. Asimismo, esta Sala observa que la relacionada prueba anticipada, el Ministerio Público la incorpora al debate como prueba documental, sin que existiese impedimento para que fuese presentado el Testigo de marras a la audiencia del debate. VII.- Este Tribunal de Casación aprecia que tanto la Fiscalía como la Defensa dispusieron de las opciones procesales previstas en la Ley a efecto de salvaguardar la intervención de las partes en igualdad de condiciones, proponiendo y evacuando, con conocimiento recíproco, los medios de prueba que estimaron pertinentes para demostrar sus tesis en juicio; la incidencia cuestionada se dio al final del debate y justo al momento en que la Defensa exponía sus conclusiones del juicio y cuando la Fiscalía ya había realizado sus conclusiones, pues durante sus conclusiones la Defensa argumentó que el solo debatía en cuanto el medio de de prueba anticipado y que se pronuncia en el sentido de que J. F. B., tuvo que haber comparecido a la audiencia oral y pública para que fuese sometido a contrainterrogatorio e inmediación que establece el Código Procesal Penal. Dispone el Artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal, que el imputado tendrá derecho a estar presente con su Defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario, si se toma en consideración que el medio de prueba anticipada declaración testifical en cuestión fue propuesto en la etapa de juicio, en principio es válido aceptar que el imputado tiene el derecho de contar con su defensor al momento de la toma de la declaración de testigo mediante prueba anticipada; sin embargo, es claro que el Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, a tenor de lo previsto en el Artículo 336 del Código Procesal Penal, y esto es así porque durante el debate es donde se cumplen todos los principios que informan el proceso penal, hablamos de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad, e igualdad de partes, pues tratándose de declaración testifical, al tener ambas partes la oportunidad de escuchar al testigo, interrogar y contra interrogar al testigo oralmente, en igualdad de condiciones ante el Tribunal juzgador que aprecia directamente estas incidencias, es entonces que se concreta el Derecho de Defensa para ambas partes pues ambos han tenido las misma oportunidad procesal sin ventaja para ninguno, oportunidad que no fue satisfecha ampliamente en el proceso en el acto del juicio oral y público, por ello este Tribunal de Casación estima que la falta de Defensor del Imputado al momento de la declaración testifical de prueba anticipada conlleve una violación al Derecho de Defensa, consecuentemente es procedente el Motivo de Casación invocado. VIII. Para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba anticipada de declaración testifical rendida por J. F. B. y que fue valorado por el Tribunal de Instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma a efectos de que el nuevo Tribunal de Sentencia proceda a realizar un nuevo juicio con todas las garantías procesales para ambas partes y resolver conforme a derecho en base a las prueba que reproduzca en el acto del juicio oral y público. Por lo expuesto al haberse quebranto el Debido Proceso en su modalidad del Derecho de Defensa, es procedente declarar con lugar en su Único Motivo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha Trece de Diciembre del año Dos Mil Once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara; Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual condenó al señor R. I. M. S., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE; DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO; CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO y TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de DAÑOS, en perjuicio de C. F. R. S.; más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; Asimismo se le Condenó a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO en perjuicio de la EMPRESA DIGITAL S. DE R.L., HACIENDO UN TOTAL DE TODAS LAS PENAS DE TREINTA Y OCHO (38) AÑOS DE RECLUSION, mas las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la condena.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado W. C. H., actuando en su condición de Defensor Público del señor R. I. M. S..- SON PARTES: La Abogada D. M. R. en su condición de Defensora Pública del señor R. I. M. S. en su condición de Parte Recurrente; y el Abogado S. C. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS PRIMERO.- El día sábado veinticinco de noviembre del año dos mil siete, siendo las doce del mediodía el señor C. F. R. S., salió de la ciudad de San Pedro Sula, en su vehículo automotor, marca Isuzu, tipo pick-up, color dorado, turbo diesel, año 2007, con destino a la ciudad de Santa Rosa de Copán; transportando en dicho vehículo los siguientes artículos, un micrófono para altoparlante marca peavey, un amplificador mixer de 8 canales marca peavey modelo PVI8B, cinco impresoras marca HP con series No. CN7672N4WP, CN76H2N00Z, CN7672N4Y9, CN73H2G2QQ Y CN76J2N5MZ, cuatro parlantes marca súper sound, cuatro casset de VHS limpiadores de cabeza, seis casset de VHS, seis micrófonos marca sky, ocho cables para micrófono, un amplificador para altoparlante, con serie No. SAAP2007-0721524, un enrutador de redes modelo RV042 marca linksys, una impresora marca EPSON con serie No. K2WV045506, 10 quemadores de DVD marca LG, con series No. 709HCVU015671, 709HCPY015672, 709HCHE015673, 709HCYQ015674, 709HCCV015675, 709HCQX015676, 709HCZP015677, 709HCSF015678, 709HCGW015679, 709HCLH01680, dos parlantes marca sound Barrier, un bajo eléctrico, dos sostenedores de micrófono, veinticuatro esquinas de metal y plástico, tres cajas de cartón conteniendo repuestos para parlante, una bolsita conteniendo accesorios para parlante, dos cautines cuatro pares de parlante twiters, dos micrófonos, cuatro correas para guitarra, un sostenedor de micrófono, cuatro pares de audífonos, para IPOD, seis casset adaptadores de CD, un parlante de columna marca MAX modelo BB-15, Un monitor LCD 17 Marca SOYO, una computadora portátil color negra serie 12E7123G73, una computadora portátil marca toshiba Satélite color gris serie 19381337A, dos parlantes y un amplificador marca SKIP pro audio; propiedad de la empresa “DIGITAL S. DE R. L.”; pero a la altura de la gasolinera Puma, Municipio de Quimistán departamento de Santa Bárbara, fue interceptado por el hoy imputado R. I. M. S. y otros, quienes pistola en mano, lo obligaron a que se detuviera, y lo despojaron de toda la mercadería antes descrita así como de su vehículo y un teléfono celular color negro HTC TOUCH SCREEN y acto seguido y ya sometido lo condujeron hasta la cuesta la culebra, aldea Chiquila, Macuelizo Santa Bárbara, en donde Roberto Isaac cooperó con sus acompañantes en hacer la vigilancia de que no apareciera la policía, para que uno de ellos, con un arma de fuego tipo revólver marca Amadeo Rossi, modelo M851, calibre 38 SPL serie J153284, le disparara, infringiéndole una bala o proyectil, en la región occipital derecha sin orificio de salida, la cual le produjo la muerte. SEGUNDO: Una vez que le infieren el disparo al señor C. F. R. S., el hoy imputado se aleja del lugar con sus acompañantes, llevándose el vehículo propiedad de la víctima, los objetos personales de este entre ellos un teléfono móvil y toda la mercadería, propiedad de la Empresa “Digital S. de R.L”, depositándola en la casa del señor P. A. A. L., ubicada en el Barrio San Bartola, aldea de Cofradía municipio de San Pedro Sula departamento de Cortés y luego trasladan el vehículo automotor a la aldea Musical siempre en sector de Cofradía, en donde el hoy imputado haciendo uso de un encendedor de cigarros le encienden fuego, quemándose por completo”. III.- El Recurrente, Abogado W. C. H., desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 82 de la Constitución de la República en relación con los artículos 4 y 14 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 82 que relata: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece el Código Procesal Penal en su articulo 4 que dice: “Salvo que el presente código señale otro procedimiento, el juicio será oral y publico y en el regirá el principio de contradicción.” Así como el articulo 14 del mismo cuerpo legal que estipula: “El derecho de defensa es inviolable. EL imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondiente, cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso.” PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un proceso penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. El hecho de utilizar una declaración anticipada de prueba como base para condenar, sin que en dicha declaración haya participado el defensor del imputado R. I. M. S., es una flagrante violación al DERECHO DE DEFENSA, ya que se ha violentado gravemente el Principio de Contradicción, al no poder controvertir la declaración del testigo principal de la fiscalía, por lo cual, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración anticipada de prueba del testigo J. F. B. Z., este testigo/menor infractor, supuestamente participo en los hechos que se juzgaron y constituyo el testigo principal de la acusación. Durante el juicio oral y público, se evacuó como medio de prueba documental, la declaración anticipada del testigo J. F. B. Z., misma que aparece a folio 141 del expediente judicial, y que fue realizada en fecha uno de abril del dos mil ocho; al leer detenidamente dicha acta, podemos descubrir que dicha declaración fue tomada en el proceso penal incoado contra el señor L. A. A. F., razón por la cual, las partes procesales presentes en dicho acto lo constituyo, la Fiscalía del Ministerio Público y el Abog W. O. G. defensor privado del señor L. A. A. El Ministerio Público presenta como prueba documental la declaración del menor J. F. B., sin justificar la imposibilidad de reproducir su declaración haciéndose presente el testigo, no existía ningún impedimento para que fuese presentado el menor ya que actualmente se encuentra recluido en un centro penal lugar donde esta cumpliendo condena. SEGUNDO: Al revisar dicha prueba documental, descubrimos que en dicho acto de prueba no participo la Defensa de nuestro representado R. I. M. S., se nos obstaculizo el derecho de poder controvertir esa prueba, de poder repreguntar al testigo, de traer a juicio sus contradicciones, todo esto es una clara violación del derecho Constitucional de Defensa, es por tanto que no es posible que se condene con una prueba, en la cual no ha sido posible controvertirla como defensa, es así que no solo se violenta el Derecho de Defensa –ya que la defensa ve limitada su accionarsino que también el Principio de Contradicción que establece el Código Procesal Penal; la conocida jurista española M. F. T. A., en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL página 31 establece: “El principio del contradicción procesal es la posición dual o doble contradictoria de las partes, esto es, la existencia de las posiciones jurídicas enfrentadas: acusador e inculpado o imputado en el proceso penal que representan el enfrentamiento de dos situaciones jurídicas antitéticas: el ejercicio de las acción punitiva por un lado y la oposición o defensa por otro.” En el caso subjudice, no se le permitió a la Defensa controvertir o rebatir la declaración del testigo J. F. B., por lo que no se cumplió con todos los requerimientos que conlleva el principio de contradicción que nos habla TENA ARAGON. Continúa explicándonos la jurista: “Este principio tiene plena virtualidad cuando se le considera como un mandato dirigido al legislador ordinario para que regule el proceso, cualquier proceso, partiendo de la base de que las partes han de disponer de plenas facultades procesales para atender a conformar la resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional; mientras que el derecho de defensa se concibe como un derecho de rango fundamental, atribuido a las partes del todo el proceso y para ser respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y que puedan rebatir sobre todos los materiales de hecho y de derecho que pueden influir en la resolución judicial. Tal como nos ilustra la expositora, el Derecho de Defensa, se concibe como un derecho de mucha importancia y con supremacía judicial, que esta íntimamente ligado al principio de contradicción, y en base a esas contradicciones hechas por las partes, es que el Juez va conformando sus resoluciones judiciales, en el caso de autos, esto no fue posible a la defensa, porque se presento como prueba documental una declaración anticipada de prueba en la cual no participo la Defensa de nuestro representado M. S. y por lo tanto no se le permitió controvertir esa prueba, por lo que se le limito indiscutiblemente su derecho a la Defensa. Para concluir la jurista Española Tena Aragón nos ilustra: El principio del contradicción, como vemos, se encuentra directamente vinculado a la estructura del proceso, con el resto de los principios y garantías procesales y en consecuencia viene a ser requisito de ineludible observancia para la efectiva realización de todo el conjunto de las garantías del proceso. Su observación en el proceso implica para el órgano jurisdiccional, la obligación de evitar desequilibrios en cuanto a la respectiva posición de las partes, o en cuanto a las posibles limitaciones en el derecho de defensa, alegaciones y prueba. Y esa actividad protectora de jueces y tribunales ha de ser real y efectivamente constatable, para lo cual ha de examinarse, la finalidad a la que tiende cada uno de los actos realizado en el proceso.” Analizando lo esgrimido por Maria Félix, podemos concluir que al limitarse el principio de contradicción por no participar en la Defensa del señor R. M. en la declaración anticipada de prueba del testigo presencia de los hechos, se violenta por ende el de Defensa. TERCERO: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración anticipada del menor J. F. B. Z., nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye dicha prueba anticipada, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al derecho de contradicción ya que no fue posible controvertir esa prueba ni estar presente el defensor del señor R. I. M. S., razón por la cual el Tribunal Sentenciador a violentado gravemente el DERECHO CONSITUTUCIONAL DE DEFENSA, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Derecho de Defensa, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO W. C. H., DEFENSOR PUBLICO DEL ACUSADO R. I. M. S..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- I. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II. El Censor acude a la instancia casacional a efecto de denunciar que el Tribunal de Sentencia ha vulnerado el Principio del Debido Proceso al valorar positivamente las declaraciones del Testigo/Menor Infractor J. F. B. Z., las que tienen la calidad de ilegal por haber sido practicadas sin la presencia del Acusado R. I. M. S., en trasgresión a los Artículos 4 y 14 del Código Procesal Penal; y con ello la inobservancia del Principio de Defensa contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la República y 14 del Código Procesal Penal.- Señala que el defecto de la Sentencia es de carácter toral por cuanto al suprimir la declaración testifical señalada no hubiese existido pronunciamiento condenatorio en contra de su representado.- III. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO: El Debido Proceso Penal se encuentra regulado por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino después de haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la Ley; sin embargo, el Principio del Debido Proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal, dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste Juez o Jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del Proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del Debido Proceso Legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la Ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad.- IV. PRINCIPIO DE DEFENSA: El Censor aqueja el irrespeto al Derecho de Defensa, del que esta Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el Derecho de Defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09). Además esta, Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el Derecho de Defensa también le asiste al Ministerio Público, Acusador Privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al Derecho de Defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso.- V. LA PRUEBA ANTICIPADA: Como regla general para que el Tribunal de Sentencia pueda valorar un medio de prueba, éste debió haber sido presentado y reproducido en la audiencia de debate (Art. 342 del CPP), ello con el afán de que en ese acto se observen los principios informadores del proceso como ser la publicidad, inmediación, concentración, contradicción, defensa y oralidad; Sin embargo existen casos que para su preservación o aseguramiento es necesario que el medio de prueba sea recibido de manera previa a la audiencia de debate, para ser presentado en éste mediante un formato de registro ya sea video, audio o acta escrita.- Establece el Artículo 277 del Código Procesal Penal lo relativo a la prueba anticipada: 1).- Casos en que procede: Además de los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad relacionados con el thema probandi (Art. 199 del CPP), la prueba anticipada deberá de ser ordenada en los casos donde exista peligro que la prueba este expuesta a deterioro, a posibles contaminantes, en los casos de pruebas irrepetibles o incompatibles con la concentración del debate: A) Son Ejemplo de causas por el Objeto de Prueba: i) cuando la Prueba por su naturaleza perecedera pueda destruirse o dañarse en el tiempo en que tome la celebración de la audiencia de debate; ii) Cuando exista riesgo que el objeto de prueba pueda ser destruido u ocultado; iii) Cuando se trate de medios de prueba cuya realización no pueda ser llevada a cabo en las instalaciones físicas del Tribunal, como ser exhumaciones de cadáver, autopsias, evaluaciones y exámenes clínicos, exámenes de laboratorio incluyendo los toxicológicos, pericias balísticas, etc.; iv) Cuando se trate de Objetos de prueba que deban de ser analizados en un lugar diferente al asiento del Órgano Jurisdiccional, incluyendo aquellos que deban de ser analizados fuera del territorio nacional; entre otros ejemplos.- B).- Son Ejemplo de causas por la Fuente de Prueba: i) Cuando un testigo o perito se encuentre padeciendo de enfermedad que le pueda incapacitar para participar en el debate o le pueda privar de la vida; ii) Cuando penda sobre un testigo o perito amenaza grave en contra de su vida o la de un familiar y éste deba de ser sometido a un régimen de protección que le impida presentarse a la audiencia de debate; iii) Cuando exista indicio racional que el perito o testigo pueda ser influido en su ánimo de decir verdad mediante presiones, amenazas, pago o promesa remuneratoria; iv) Cuando el perito o testigo deba de abandonar el país sin fecha conocida de retorno o cuando ésta supere el tiempo en que deba celebrarse la audiencia de debate.- C).- Es Ejemplo de causa por el carácter irrepetible de la prueba cuando sea necesario el reconocimiento en rueda de una persona (Art. 256 del CPP).- Es de tener en cuenta que los casos que contempla el Artículo 277 del Código Procesal Penal son ejemplificativos y no taxativos, por lo que cualquier otro motivo que la casuística presente podrá ser considerado siempre que éste represente peligro de pérdida del medio de prueba.- 2).- Parte Solicitante: Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento de un medio de prueba de manera anticipada; Es importante resaltar que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en su caso, solicitaran el recibimiento de la prueba anticipada antes de la presentación del requerimiento fiscal cuando se trate de diligencias de investigación distintas a las que les autoriza practicar el Código Procesal Penal en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 y 273 del CPP), en especial aquellas donde la ley ordena el ineludible control judicial (Intervención Telefónica, Intervenciones Corporales en Zonas Intimas, Allanamientos de Moradas, Etc,).- 3).- Órgano Jurisdiccional Competente: Será componente para resolver y recibir la prueba anticipada el Tribunal de Primera Instancia conforme a la etapa del proceso que se esté cursando, por tanto corresponderá al Juzgado de Letras o el Tribunal de Sentencia que éste conociendo de la causa Criminal; Cuando la solicitud de prueba anticipada sea presentada previo a la presentación del requerimiento fiscal será competente de conocer ésta el Órgano Jurisdiccional que eventualmente le competa conocer del Requerimiento Fiscal sobre la causa conforme a las reglas que establecen los artículos 19 del Código Penal y, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 del Código Procesal Penal.- 4).- Momento Procesal de la Solicitud: El Recibimiento de prueba anticipada podrá realizarse en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de la audiencia de debate, incluso, como ya se ha mencionado, previo al inicio del proceso penal como acto de investigación que amerite control judicial.- 5).- Procedimiento: Comprobado que sea que la petición se base en una causa legítima de recepción de prueba anticipada, el Juzgado de Letras Competente, admitida que sea la solicitud, ordenara la práctica de la diligencia de prueba de la forma prevista para la audiencia de debate y si éste no se encuentra expresamente reglado, se ordenara su práctica siguiendo las formas del medio de prueba que más se le asemeje con estricto cumplimiento de los principios informadores del proceso, líneas atrás enumerados y conforme al Principio de Libertad Probatoria.- 6).- Personas que Intervendrán en la Prueba Anticipada: A).- Solicitud de Prueba Anticipada previo al Requerimiento Fiscal: Como regla general a la diligencia deberán de comparecer el Juez(a) acompañado de su respectivo Ministro de Fe, el Fiscal del Ministerio Público y un Defensor Público que controle el acto, además las partes podrán ir acompañadas de su respectivo consultor técnico previa autorización del Tribunal; es importante señalar que para este momento procesal no existe aún una persona imputada dado que aun no se ha presentado requerimiento fiscal (Art. 101 primer párrafo del CPP), y que muchas veces las pruebas anticipadas en esta etapa además de perseguir asegurar el medio de prueba para el debate sirven para efectos de investigación y poder determinar qué persona es la posible responsable del delito, por lo que el Tribunal solo tendrá la obligación de citar para su intervención a las personas que hasta el momento se hayan identificado como sospechosas de una línea de investigación firme, en caso de haberlas, en todo caso los intereses de la persona que eventualmente figure como imputada si se presentase requerimiento fiscal, estarán representados y defendidos anticipadamente por un Defensor Público, o eventualmente, por un Defensor de Oficio (Art. 112, 115 y 119 del CPP).- B).- Solicitud de Prueba Anticipada después de la Presentación del Requerimiento Fiscal: Igualmente como regla general deberá de intervenir el Órgano jurisdiccional, llámese Juez de Letras o Tribunal de Sentencia, el Fiscal del Ministerio Público, el imputado con su Defensor Público o Privado, y los consultores técnicos que tengan a bien las partes.- En cuanto al Imputado que se encuentre en libertad, éste deberá de ser citado debidamente por el órgano jurisdiccional para que se presente en la diligencia, más su ausencia no será causa para reprogramar la práctica de la prueba; En caso de que la persona imputada se encuentre privada de su libertad por resolución judicial, el órgano jurisdiccional se asegurara de su participación, salvo que el propio imputado solicite no intervenir o porque exista riesgo fundado de que pueda aprovechar la diligencia para tratar de fugarse.- En cuanto al Agente Fiscal y al Defensor Público o Privado su presencia es de carácter obligatoria, por lo que su ausencia causara la suspensión de la diligencia por el tiempo estrictamente necesario, pudiendo el órgano jurisdiccional ordenar la intervención de otro agente Fiscal o de un Defensor Público cuando la urgencia del caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones procesales para los profesionales del derecho que sin justa causa no hayan atendido el llamamiento judicial.- Como excepción el Tribunal podrá ordenar que a la diligencia de prueba anticipada solicitada previo a la presentación del requerimiento fiscal o después de su presentación, no intervengan las partes cuando exista riesgo de que su participación, presencia o conocimiento pueda influir negativamente en el resultado, como por ejemplo los actos de investigación de intervención telefónica o allanamiento de morada, cuando la presencia de las partes carezca de utilidad procesal o cuando pueda perjudicar el éxito de la diligencia (Art. 242 último párrafo del CPP).- 7).- Presentación de la Prueba Anticipada al Debate: La prueba anticipada será presentada para su examen conforme el formato en que se haya registrado (video, audio o acta), en caso que conste por escrito, deberá de dársele lectura integra por el Secretario(a) del Tribunal (Art. 311 del CPP); No se deberán de recibir en la audiencia de debate la prueba anticipada cuando ésta pueda ser presentada directamente, así pues el testigo o perito del que se temía por su vida o que se había previsto saldría de viaje, deberán de ser llamados y escuchados directamente en la audiencia de debate en caso de que sea posible y solo cuando no sea así es que se procederá a la reproducción de la prueba anticipada.- 8).- Valoración de la Prueba Anticipada: El tribunal de Sentencia deberá de valorar la prueba anticipada conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación.- VI.__ EL RECURSO ES DE RECIBO: Como punto toral del reclamo del Censor se encuentra el hecho de la ausencia del Acusado R. I. M. S., en el momento en que se tomó las declaración del Testigo J. F. B. Z., bajo el protocolo de prueba anticipada, reclamo que tiene legitimidad debido a que para el momento en que se rindió esta declaración se había presentado requerimiento fiscal, y por tanto, se había identificado la persona del mismo como Imputado en los términos que señala el Artículo 101 primer párrafo del Código Procesal Penal.- La Sala de lo Penal aprecia que a folio ciento treinta y siete (137) del Expediente judicial consta escrito presentado por el Ministerio Público en el cual solicita al Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, la recepción de la declaración testifical del menor J. F. B., bajo el protocolo de prueba anticipada, solicitud que fue resuelta por el órgano jurisdiccional, ordenando la recepción del medio de prueba anticipado, para lo cual determinó celebrar audiencia con la presencia del Ministerio Público, Acusador Privado, Defensa y Testigo relacionado, de este modo y siendo el día uno de abril del dos mil ocho, a la altura de las dos de la tarde, el Abogado L. F. D. L., en su condición de Fiscal, el Abogado W. O. G. G., Defensor Privado del Imputado L. A. A. F., el Testigo J. F. B. Z., junto con el Juez de Letras Tercero Departamental, H. N. M. M., participaron en la audiencia donde se escucho al Testigo mencionado. Resalta esta Sala de lo Penal que al momento en que el Ministerio Público hace la solicitud de Prueba Anticipada ya se habían identificado las personas que figurarían como imputadas en la causa penal, por lo que el órgano jurisdiccional se veía obligado a citar a un Defensor del Imputado R. I. M. S., para que participara en la diligencia de prueba anticipada. Asimismo, esta Sala observa que la relacionada prueba anticipada, el Ministerio Público la incorpora al debate como prueba documental, sin que existiese impedimento para que fuese presentado el Testigo de marras a la audiencia del debate. VII.- Este Tribunal de Casación aprecia que tanto la Fiscalía como la Defensa dispusieron de las opciones procesales previstas en la Ley a efecto de salvaguardar la intervención de las partes en igualdad de condiciones, proponiendo y evacuando, con conocimiento recíproco, los medios de prueba que estimaron pertinentes para demostrar sus tesis en juicio; la incidencia cuestionada se dio al final del debate y justo al momento en que la Defensa exponía sus conclusiones del juicio y cuando la Fiscalía ya había realizado sus conclusiones, pues durante sus conclusiones la Defensa argumentó que el solo debatía en cuanto el medio de de prueba anticipado y que se pronuncia en el sentido de que J. F. B., tuvo que haber comparecido a la audiencia oral y pública para que fuese sometido a contrainterrogatorio e inmediación que establece el Código Procesal Penal. Dispone el Artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal, que el imputado tendrá derecho a estar presente con su Defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario, si se toma en consideración que el medio de prueba anticipada declaración testifical en cuestión fue propuesto en la etapa de juicio, en principio es válido aceptar que el imputado tiene el derecho de contar con su defensor al momento de la toma de la declaración de testigo mediante prueba anticipada; sin embargo, es claro que el Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, a tenor de lo previsto en el Artículo 336 del Código Procesal Penal, y esto es así porque durante el debate es donde se cumplen todos los principios que informan el proceso penal, hablamos de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad, e igualdad de partes, pues tratándose de declaración testifical, al tener ambas partes la oportunidad de escuchar al testigo, interrogar y contra interrogar al testigo oralmente, en igualdad de condiciones ante el Tribunal juzgador que aprecia directamente estas incidencias, es entonces que se concreta el Derecho de Defensa para ambas partes pues ambos han tenido las misma oportunidad procesal sin ventaja para ninguno, oportunidad que no fue satisfecha ampliamente en el proceso en el acto del juicio oral y público, por ello este Tribunal de Casación estima que la falta de Defensor del Imputado al momento de la declaración testifical de prueba anticipada conlleve una violación al Derecho de Defensa, consecuentemente es procedente el Motivo de Casación invocado. VIII. Para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba anticipada de declaración testifical rendida por J. F. B. y que fue valorado por el Tribunal de Instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma a efectos de que el nuevo Tribunal de Sentencia proceda a realizar un nuevo juicio con todas las garantías procesales para ambas partes y resolver conforme a derecho en base a las prueba que reproduzca en el acto del juicio oral y público. Por lo expuesto al haberse quebranto el Debido Proceso en su modalidad del Derecho de Defensa, es procedente declarar con lugar en su Único Motivo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 303, 304, 313 atribución 5) de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Artículo 361 del Código de Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Motivo Único, invocado por el Recurrente, en su condición indicada; 2) Por tratarse de un vicio de forma, el que da lugar a la Infracción de Precepto Constitucional, se declara la Nulidad de la Sentencia y el Debate en que se pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita otro debate, con jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-136-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”