Sentencia CP-128-13 — Registro 3576
Resumen
En primera instancia se dicto sentencia absolutoria al imputado por el delito de Lavado de activos, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"....— De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha revisado la foliada judicial y ha podido constatar que en fecha diecisiete de julio de dos mil doce se celebró la audiencia de Proposición de Medios de Prueba, en donde las partes ofertaron todos los medios de prueba que consideraron necesarios para sustentar sus respectivas Teorías del Caso, de éste modo el Ministerio Público propuso como único medio de prueba Pericial el Dictamen de Información Financiera del acusado A. R. T. T., proponiendo como Perito al Señor M. Á. C. A., el que fue admitido por el Tribunal de Sentencia (F. 299 v.), llevándose a cabo la juramentación del perito en fecha veintiséis de Julio del mismo año (F. 340), en presencia de las partes, donde se le encomendó realizar el dictamen mencionado, subrayando ésta Sala de lo Penal que ninguna mención se realizó ni en la propuesta del medio de prueba, ni en la juramentación del perito, en cuanto a que dicho estudio financiero también abarcaría otras personas distintas al acusado.- Llegado el día de la audiencia de debate, el Ministerio Público, ocupando el turno de Incidentes presento una “Aclaración”, señalando que al estudio financiero hecho al acusado se agregarían los datos financieros de los Señores R. L. y J. L. S. y cuya documentación se presentaba en ese momento, “Aclaración” que fue rechazada por la unanimidad del Tribunal, por cuanto el Dictamen propuesto por el Ministerio Público y admitido refería únicamente al acusado y no a terceras personas, no existía duda alguna que debiera ser aclarada; Valga mencionar que lo propuesto por el Ministerio Público en realidad se trataba de dos medios de prueba adicionales, los que en lugar de ser propuestos como tales, fueron presentados erróneamente como una “Aclaración”.- Así las cosas, el cuestionamiento hecho por el Ministerio Público de que se ha violentado el Derecho de Defensa es incorrecto, puesto que como parte Actora del Proceso tuvo la oportunidad de proponer el Dictamen de la Información Financiera de los Señores R. L. y J. L. S., en la audiencia de Proposición de Pruebas o, en su defecto, en la etapa incidental del Debate, más no lo hizo así, no pudiendo ahora alegar indefensión, primero porque es inexistente y segundo porque el hecho que genera el reclamo ha acontecido por causa exclusivamente imputable a la parte que ahora lo alega. Conforme a lo anterior, es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) días del mes de Junio de dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de Septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal Especial de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al Señor R. A. T. T., por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) NO CONDENO en costas procesales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada K. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada D. R., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “PRIMERO: Que el día veintisiete de noviembre del año dos mil once, el juez de letras de turno extraordinario de la sección judicial de San Pedro Sula, a petición del Ministerio Público, autorizó un allanamiento de morada para el día veintiocho de noviembre del año dos mil once, en el Sector denominado Calpules, que incluye la Colonia del Valle, calle principal, en una casa construida de material, pintada de color blanco con muro perimetral, a una casa de por medio de una pulpería, a tres casas antes de Tienda de Licores, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, para buscar maletas de dinero que mantenía un Señor de nombre A.. SEGUNDO: Que al entrar a dicha casa, los Agentes Fiscales, los Agentes de Policía de servicios especiales a las aproximadamente a las seis y veinte de la mañana, se le encontró en la residencia, al señor A. R. T. T., de origen colombiano, junto con su compañera de hogar J. E. M. L., y la hija de ambos, una menor de edad, asimismo la cantidad de $125,200 dólares americanos (ciento veinticinco mil doscientos dólares), los cuales se encontraron en tres mochilas abiertas pequeñas de niño, color rosado, en una caja de juguetes ubicada en el porshe de la casa, dándole captura en ese momento al Señor T. T. TERCERO: El día veintiséis de noviembre del años dos mil once, la Señora R. Y. L., quien se dedica a la compra venta de dólares en el mercado informal en el parque Central de la Ciudad de San Pedro Sula, le dio a guardar a su hija J. E. M. L., la cantidad de 125,200 dólares americanos, debido a los constantes atracos de los que ha sido objeto por mantener cantidades de dinero en efectivo debido a su actividad económica. CUARTO: La Señora R. Y. L. tenía esa cantidad en efectivo debido a su actividad de cambista de dólares, siendo de su propiedad VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DÓLARES ($25,200.00), dinero proveniente de su capital de trabajo dedicada a la compra venta de divisas desde hace 20 años, y además como consecuencia de un seguro de vida a su favor por la muerte de su esposo por la cantidad de veinticinco mil dólares, en fecha 9 de junio del 2006. QUINTO: La Señora R. Y. L., recibió en fecha 15 de septiembre del año 2011 la cantidad de un millón sesenta mil lempiras (Lps. 1,060,000.00) por parte del Señor J. L. S. C., quien es un comerciante dedicado a diferentes actividades entre ellas compra venta de divisas a diferentes empresas, entre ellas EDY “EQUIPO DE DESARROLLO E INVERSIONES”, compra venta de vehículos, entre otros, siendo un ciudadano Norteamericano de origen hondureño, quien trabajó durante 50 años en Estados Unidos y trajo un capital de trabajo a Honduras desde el año 2001, producto de la venta de un inmueble ubicado en Palm Beach en el norte de la Florida, por la cantidad de 180,874 dólares exactos. Y también 19,708 dólares con cincuenta centavos 50/100, definidos a su favor, haciendo un total por la venta de este inmueble que asciende a la cantidad de doscientos mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos de dólar (200,42.50$). d) Venta de apartamentos números 611 y 615, N. Federal Hwy ubicados en LakeWorth en el Estado de Florida, por la Cantidad de, ciento cincuenta y cinco mil con noventa centavos de dólar. (155,000.90$). SEXTO: Debido a la actividad de J. L. de compra venta de dólares a diferentes empresas, solicitó un préstamo hipotecario por la cantidad de 57,000.00 dólares, los cuales le fueron entregados en lempiras, en fecha 13 de septiembre del 2011, otorgado por la compañía INVERCAP, fue pagadero en lempiras y que a la vez el SR. C., dio a la SEÑORA R. Y. L., para que se los cambiara a dólares, para luego revenderlos a la Empresa Edy, y posteriormente en el mes de octubre del 2011, entregó a R. Y. l. la cantidad de ochocientos mil lempiras (Lps.800,000.00) para cambiarlos a dólares. Dichas cantidades estuvieron en poder de R. L. por un espacio de tiempo de tres meses debido a que, no había podido conseguir todo el dinero en las denominaciones que le pedía J. L., ya que, la empresa EDY ya no le aceptaba billetes de $20 veinte dólares, por lo que, R. L. tenía una parte de dólares en denominación de $20 y otra en denominación de $50. SÉPTIMO: El Señor J. L. S. C., ha manejado un capital que sobrepasa los trescientos mil dólares desde el año 2001, hasta la fecha. Es así, que 57,000 dólares de los 125,200 dólares encontrados en la casa de la compañera de hogar del Señor T. T., proceden de un préstamo que le dieron a L. S. C., y que el Señor C. vendió varios de sus carros, para darle 800,000 lempiras (ochocientos mil lempiras) a la Señora R. Y. L., para que esta se los cambiara a 43.000 dólares, que también son parte de los 125,200 dólares encontrados. La Señora R. Y. L. de un seguro de vida del cual fue beneficiaria por la cantidad de 25,000 dólares, también le entregó esta cantidad a su hija, en la fecha mencionada, haciendo un total de lo que le dio a guardar de ciento veinticinco mil doscientos dólares americanos. QUINTO: Es, así, que los señores L. C. y la señora R. L. se conocen desde 1991, y la cambista L., se dedica al cambio de dólares a lempiras y viceversa desde hace veinte años. Todo el dinero anteriormente mencionado es propiedad del señor C. y de la Señora R. L., mismo que es un total de 125,200 dólares, que le fueron entregados a J. M. L., en la fecha que ya hemos mencionado anteriormente, debido a que en anteriores ocasiones a la cambista R. L., le habían sustraído dinero y temía los intentos de atracos, por lo que, por motivos de seguridad guardaba el dinero que manejaba a diario, en distintos lugares siendo uno de ellos, y en el cual lo guardaba con frecuencia, la casa de su hija la Sra. M. L. SEXTO: Los señores S. C. Y R. L. se dedican primordialmente al cambio de dólares a lempiras y viceversa, y tienen los siguientes activos y bienes. R. Y. L.: a) 1.- 32,148.79 dólares y 2. 450,000 lempiras b) BIENES: 1. Una casa por el valor de transacción de 60.000 lempiras 2. Un Carro Toyota por el valor de transacción de 160,000 lempiras. Sumando un total en dólares de: 32,148.79 y en lempiras: 670,000. En cuanto al Señor S. C.: a) 5 76,000 lempiras por concepto de arrendamiento de equipo de transporte y complejo de apartamentos, en el período del diez de julio del dos mil diez al dos mil once. b) Recibió (antes del presente proceso) un salario de parte de la Empresa EQUIPO DESARROLLO EN INVERSIONES de 50,000 lempiras mensuales en su calidad de Supervisor General. c) La venta de un inmueble ubicado en Palm Beach en el norte de la Florida, por la cantidad de 180,874 dólares exactos. Y también 19,708 dólares con cincuenta centavos 50/100, definidos a su favor, haciendo un total por la venta de este inmueble que asciende a la cantidad de doscientos mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos de dólar (200,42.50$). d) Venta de apartamentos números 611 y 615, N. Federal Hwy ubicados en Lake Worth en el Estado de Florida, por la Cantidad de, ciento cincuenta y cinco mil con noventa centavos de dólar.(155,000.90$) e) Venta de una propiedad ubicada en Urbanización Prado Alto, por la cantidad de noventa mil dólares exactos. Dando un total en lempiras de 576,000, y en concepto de salario, 50,000 lempiras mensuales. Igualmente dando un total en dólares de: doscientos sesenta y cinco mil cuarenta y tres con noventa centavos. (265,043.4).” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada K. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA K. A., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: 1.- INFRACCION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “PRIMER MOTIVO: Infracción a lo establecido en los artículos 12, 13, 199, 317 del Código Procesal Penal que rigen dentro de las reglas para el juicio oral y público, así como la exclusión de pruebas de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 y numeral 5 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Previamente a referirnos al presente motivo es conveniente aclarar que el planteamiento dirigido por parte de este Ministerio Publico va encaminado a establecer que las resoluciones emitidas por parte del Tribunal de Sentencia con llevaron a excluir elementos de prueba legalmente incorporados en la audiencia de Proposición de Prueba, medios de prueba de valor decisivo, incurriendo de esa manera en una plena violación al derecho de defensa que posee el estado, ofendido en la presente causa. Así como de los principios y garantías consagrados como ser el derecho a la defensa, contradicción, igualdad de partes que rigen el debido proceso en el Código Procesal Penal y convenios Internacionales que Honduras forma parte, Este recurso va encaminado a establecer que las actuaciones por parte del tribunal de sentencias demuestran una ignorancia inexcusable del derecho, pues es evidente que se ignoró todas la regulaciones sustantivas y adjetivas en materia de LAVADO DE ACTIVOS y aunado a ellos no existió un razonamiento mediante las reglas de la sana crítica en su sentencia. Los preceptos Penales adjetivos que se invocan como infringidos, rezan a artículo 198 del Código Procesal Penal que establece “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el cumplimiento de las disposiciones de este código” y para lo cual debe reunir los requisitos establecidos en artículo 199 del mismo cuerpo legal; debiendo de ser estos medios de prueba útiles, proporcionales y pertinentes con el resultado que se pretende conseguir y en relación al artículo 317 del Código Procesal Penal que establece que “Los medios de prueba serán propuesto con indicación de los hechos o circunstancias que se pretendan probar. En audiencia de proposición de prueba el Ministerio Público propuso la información financiera del caso 11-11-080-RI junto a su documentación soporte y todos sus complementos los cuales manifestó inicialmente el Ministerio Público que se encontraban a folio 37,38 y 39 y de esa manera fue admitida. En etapa incidental el Ministerio Público hace la aclaración que a folio 37, 38 y 39 se encuentra la información financiera referente a la solicitud de 24 horas consistente en saldos confirmados y no confirmados, y que sus complementos y documentación soporte del caso 11-11-080-RI tal como fueron admitidos se encuentran en posesión del Ministerio Público y se ponían a disposición del tribunal en ese momento. Pero el tribunal resolvió que no se admita e inicialmente manifiesta “que no se admite el medio de prueba por carecer de utilidad y ser impertinente, porque se trata de documentación referida a los señores J. L. S. Y R. L. y admitirlos no tendría ninguna utilidad”. El Ministerio Publico haciendo uso del recurso de reposición manifestó que los señores J. L. S. Y R. L. son las personas que se acreditan la propiedad del dinero incautado al imputado por lo cual la información financiera es vinculante al proceso, además que este medio de prueba se propuso como un todo y junto a su documentación soporte y complementos en donde consta la información de los señores arriba mencionados y lo único que deviene obligado el Tribunal es evacuar y no excluirlo. Al interponer la reposición y el incidente de nulidad por parte del Ministerio Público el Tribunal resuelve ya no en base a una utilidad o impertinencia si no cambia su postura y argumenta “que la pretensión probatoria manifestada por el Ministerio Público era para acreditar que el imputado no posee cuenta o transacciones financieras realizadas en el país con las que pueda acreditar el dinero incautado y por lo tanto no se admite”. Esta argumentación no es cierta porque lo manifestado por el Ministerio Público en audiencia de proposición de prueba fue establecer que el señor R. T. T. no posee una justificación lícita o económica del dinero, lo cual armoniza con el artículo 317 del Código Procesal Penal que establece que “Los medios de prueba serán propuesto con indicación de los hechos o circunstancias que se pretendan probar” ya que solamente venimos obligados a establecer una finalidad probatoria y no a la lectura íntegra del medio de prueba caso contrario nos encontraríamos valorando un medio de prueba antes de su incorporación a juicio desnaturalizando de esa manera las etapas del proceso penal. Al analizarse la documentación que fue admitida por parte del Tribunal en etapa de proposición de pruebas se observa de la misma que los señores R. L. Y J. L. S. no poseen justificación económica del dinero incautado lo que indica que el imputado no la posee tampoco, por lo que la pretensión es correcta, pero al no evacuar una prueba admitida el tribunal nunca conoció la verdad. Se Infringen de esa manera nuevamente por parte del Tribunal, los preceptos penales adjetivos contenidos en artículos 12 del Código Procesal penal, primer párrafo que reza “Los Juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuaran con absoluta lealtad a la justicia” y artículo 13 del mismo cuerpo legal que establece “Los jueces y magistrados velaran por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso”. Para que vean la contradicción tanto en el acta de proposición de prueba como en el debate se admitieron medios de prueba referente a los señores R. L. Y J. L. S. presentados por la defensa puesto que si es útil y pertinente a la causa, a pesar que en la resolución dictada en contra del Ministerio Público declara que estas personas no son vinculantes al proceso. Por lo que se pregunta entonces este ente fiscal ¿Por qué estos medios de prueba si eran vinculantes al proceso de la defensa? Esa respuesta solamente el tribunal la sabrá, sin embargo su resolución conllevó a una impunidad y deslealtad con la justicia. Por un lado al Ministerio le dice que son inútiles e impertinentes, mientras qua la defensa le expresa que son útiles para el proceso. Continúa el Tribunal de Sentencias de Jurisdicción nacional excluyendo medios de prueba legalmente admitido como ser la pericia efectuada por parte del Licenciado M. Á. C. quien rindió dictamen Patrimonial Financiero y fue propuesto en audiencia para tal efecto, de la siguiente manera “rendirá dictamen Patrimonial y Financiero sobre el imputado dicho perito hará un estudio a toda la información recabada por los entes de investigación sobre la información financiera de la comisión nacional de Bancos y Seguros, medios de prueba presentados y la información proporcionada por la defensa” y de esa manera fue aceptado el mismo tal y como consta en actas y en audio. El tribunal en etapa incidental manifiesta que al tratarse de documentación referida a los señores R. L. y L. C. y admitirlos no tendría utilidad en razón de que estos documentos no son parte de la pericia para lo cual fue juramentado M. Á. C., en la propuesta de prueba del Ministerio Público se mencionó que haría un análisis financiero del acusado y no de otras personas, en consecuencia no se admite”. Es decir que el tribunal de Jurisdicción Nacional nuevamente en infracción a los preceptos adjetivos penales ya señalados excluye otro medio de prueba ya admitido, es mas este medio de prueba fue admitido con el fin de valorar no solamente la prueba del Ministerio Público si no también la de la defensa, donde el tribunal al no evacuar dicho medio de prueba no valoró que la documentación presentada en juicio por la defensa no era cierta como lo es el análisis financiero en donde las instituciones bancarias revelan información diferente a la brindada por los peritos. También se presentó por parte de la defensa inicialmente en el proceso documentación cuyas firmas no son compatibles con otros documentos que posteriormente al darse cuenta la defensa no fueron presentados en juicio oral y público, pero si consta en la documentación brindada al perito y en su dictamen, así mismo se presentó documentación pericial que no es cierta por parte de los peritos, ya que de la información financiera son diferentes los saldos que se presentan en los movimientos de los señores J. L. L. Y R. L. Pero nuevamente se pregunta el Ministerio Público, ¿por qué si es vinculante la información proporcionada por la defensa sobre las mismas personas cuya información no es útil ni pertinente al ser presentada por el Ministerio Público a criterio del tribunal? Eso solo el Tribunal lo sabe, lo único que puede deducir el Ministerio Público es que ese tribunal optó por no escuchar la verdad de los hechos, llevando con ese accionar nuevamente a una impunidad creando indefensión, violentado el debido proceso y una deslealtad con la justicia. Ya que con ese tipo de funcionarios las organizaciones criminales hacen fiesta.” INFRACCION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “SEGUNDO MOTIVO: Carencia de motivaciones fácticas y Jurídicas, siendo estas motivaciones insuficientes y contradictorias, no observando las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Se infringe los preceptos penales adjetivos establecidos en artículo 203 del Código Procesal Penal que reza “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Previo a desarrollar nuestra explicación de motivos debemos indicar que el tribunal confunde con su apreciación que esta ante un delito de lavado de activos el cual tiene en sus presupuestos, impedir determinar el origen licito del dinero con el que se adquiere el bien y no así un delito contra la propiedad en donde solamente se exige acreditar la titularidad o posesión del bien determinado, pues es evidente que se ignoro todas la regulaciones sustantivas y adjetivas en materia de LAVADO DE ACTIVOS. En la sentencia emitida por parte del Tribunal de Jurisdicción nacional por mayoría de votos, manifiesta en su valoración referente a la pericia del dictamen Patrimonial y Financiero del Ministerio Público que “en cuanto a la pericia realizadas a las personas que no son el acusado, este tribunal tiene la obligación de hacer ver que el perito perdió su objetividad en vista que realizó su pericia a otras dos personas aspecto que no valoraremos” pero las pericias referente a estas personas si fueron valoradas a favor de la defensa aun y cuando estos dictámenes proporcionados por la defensa son inobjetivas y poco confiables. Del dictamen efectuado por el perito M. DE J. S. a pregunta de la defensa responde que los $25,000.00 dólares generaron un capital para el 2009 de $7,148.79, pero no es cierto ya que de la misma declaración de la señor R. Y. L. establece que ese dinero fue su capital inicial para trabajo en el mismo año 2008 por lo que el dinero incautado no son los $25,000.00 provenientes del seguro. También en la pericia brindada por parte del señor M. DE J. S. no se establece el retiro del dinero incautado al contrario el perito indica que no estableció egresos en su dictamen por no ser un estado financiero y por no tener a su disposición todos los indicadores que señalen una actividad común. Es decir que la pericia efectuada por parte de M. DE J. S. encaminada a justificar el dinero no es cierto puesto que el perito no pudo confirmar el capital real de la persona, es decir los recursos con que cuenta efectivamente no provienen de actividad no es común ya que esta es de carácter ilícita por lo que el perito nunca pudo justificar el dinero al incorporar sus egresos, principio básico de toda regla contable. Todo activo posee un pasivo y al haber ausencia de pasivos no puede confirmarse los recursos porque se desconoce el capital real para esos recursos es decir todo ingreso posee un egreso y solo basta observar una libreta de ahorros en donde se observan créditos y débitos en la misma contrario a todo lo establecido por el perito. Es decir bajo la perspectiva de valoración efectuada por Tribunal no existiría el delito de LAVADO DE ACTIVOS ya que bastaría con presentar solamente nuestras ganancias para justificar el origen del delito, aun mas la palabra gasto no sería necesaria en las ramas de la administración o contabilidad puesto que solamente con sumar las ganancias de una empresas se conocería su liquidez y formarían parte de sus activos tanto los pagos a los empleados como los pagos a servicios públicos y proveedores, tampoco existiría el delito de evasión fiscal ya que basta con decir que también los pagos que se efectúan no son gastos si no parte de nuestros activos, más allá de una falta de valoración es una ignorancia inexcusable por parte del Tribunal al emitir una sentencia bajo esas argumentaciones. El perito tampoco estableció que el dinero en el banco proviniera de su actividad comercial porque el mismo estableció no poder confirmar los recursos por lo que se rebasaron los objetos de sus pericias, ya que efectuó conclusiones que no le constan, lo que la convierte en una pericia no confiable por ser inobjetiva desde todo punto de vista contable, por lo que al final tenemos que NUNCA SE JUSTIFICO EL DINERO INCAUTADO. De la misma manera se incorporaron por parte del perito J. A. R. dictámenes patrimoniales inobjetivas y poco confiables en donde los cheques a favor del señor L. S. con el propósito de acreditar el MILLON SESENTA MIL LEMPIRAS dados a R. Y. L. quien cambiaría posteriormente en el mercado negro de dólares otorgados por el señor D. M. (Equipo de Inversiones y Desarrollo de Inversiones) no son de acorde con el concepto brindado por esa empresa. El informe patrimonial brindado señala que los cheques 11003637, 11003582, 11003482, 11003467 aparecen en concepto de venta de dólares sin embargo del voucher otorgado por la empresa EDI su concepto es diferente puesto que se establece que esos mismo cheques son por renta de autos, pago de préstamos, pago de tramites menos por venta de dólares, lo cual es falso lo dictaminado por el perito al establecer que es por compra y venta de dólares. De la misma manera los cheques numero 11003360, 11003361, 11003362 no aparecen como pagados y presentan alteraciones. Pero el Tribunal es de la opinión en su valoración que “se posee prueba fehaciente con soporte pericial que nos da el monto verdadero de lo que fue entregado a la señora L. “es decir que el tribunal tomó en valoración aquellos cheques que presenta alteraciones tanto en concepto como en su emisión y de la misma manera al igual que el dictamen financiero patrimonial anterior solamente indica activos y no así pasivos, tomándose en cuenta solamente los movimientos más grandes cuando debieron tomarse en cuenta los movimiento totales que forman parte del patrimonio de una persona tanto sus movimiento mayores como los menores pues nuevamente nos lleva el desconocimiento de la obtención del dinero incautado ya que se desconoce su capacidad económica real. Por lo que el Tribunal de Sentencias de Jurisdicción Nacional nunca valoró la prueba mediante la sana crítica esta no formó parte del juicio y muchos de la sentencia pues por lógica se deduce que toda compra trae un gasto y así muy claramente en el voto disidente emitido por la Juez Lidia López lo establece en su valoración numeral 8 que “cantidades similares y entran a las cuentas, con márgenes no superiores a las cuarenta y ocho horas y sin acrecentamientos enormes que figuren ganancias extensas(…), de la misma manera manifiesta la Juez que también se mencionan movimientos expresados en banco, elaborando un estado de resultado que reflejo un efectivo en tránsito de treinta mil dólares y un capital o patrimonio de treinta y dos mil ciento cuarenta y ocho dólares lo cual no es cierto que refleja la cuenta en dólares ya que únicamente hubo un depósito de treinta mil dólares el cual fue retirado y vuelto a depositar en dos ocasiones y se violenta el principio de la partida doble de la contabilidad al no tomar en cuenta lo pasivos en su informe”. Concluyéndose que lo único que se establece con la pericia del perito es la existencia de una exageración de ingresos método utilizado por los LAVADORES para encubrir sus actividades ilícitas. La sentencia emitida por parte del tribunal tampoco apreció las múltiples contradicciones en las deposiciones de los señores R. Y. L. Y J. L. S. quienes tampoco pudieron brindar una justificación el dinero incautado y esto basta solamente con analizar la prueba evacuada por parte de la defensa. De las declaraciones brindadas por parte de R. Y. L. señala “ese dinero es mío, de l. son cien mil y veinticinco mil son míos, yo se los había dado a mi hija para que me los alzara en la casa porque a mi ya mucho me habían asaltado en la casa, ya me habían hecho como cuatro asaltos”. A PREGUNTA DE LA DEFENSA manifiesta con que inició su capital de trabajo en el cambio de dólares “cuando murió mi esposo me otorgaron un seguro de $25,000.00 y con eso he estado trabajando y ahí clientes me dejan el dinero”.- Nuevamente a pregunta de la misma defensa interrogan sobre cuando falleció su esposo.- respondiendo que en el año dos mil cinco. La declaración de la señora R. L. es contraria a lo declarado por el primer testigo ofrecido por parte de la defensa A. W. R. T.. A preguntas efectuadas por esa misma contraparte, declara que la señora R. L. se dedica a la actividad de cambio de dólares desde antes del año de 1993 lo cual no es posible ya que la misma R. L. indicó que fue hasta en el dos mil ocho que inició en ese negocio después del fallecimiento de su esposo ya que con el seguro inició la actividad de cambista, es de la declaración que estableció hasta hace cuatro meses la señora R. L. se encuentra inscrita en la asociación de cambistas del valle bajo número 46 de 46 miembros en la actualidad. Nuevamente el tribunal manifestó en su valoración de sentencia que el perito del Ministerio Público, sobrepasa sus límites efectuando conclusiones bajo criterios subjetivos manifestó en su parte valorativa que “Este tipo de criterios subjetivos se alejan de una pericia objetiva incluyendo el perito sus propios criterios acerca de cómo debe guardarse el dinero ya que manifestó que toma en cuenta la forma en que se encontró el dinero, al momento del allanamiento concluye que lo anterior es muy sospechoso ya que el dinero incautado se encontraba en el interior de unas mochilas, en el porche de la vivienda, en la cual reside el señor T. T., y no se encontraba debidamente guardado en un lugar seguro… En vez de una institución financiera y no el porche”. Nuevamente cae en error el Tribunal y probablemente se deba a la innovación del delito de LAVADO DE ACTIVOS en donde de lo siguientes se observa un razonamiento lógico basado en las máximas de la experiencia común: a.- El tribunal decreta como hecho probado que el 27 de noviembre del 2011 Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación recibieron llamada una llamada anónima en donde se manifestaba que en una vivienda ubicada en colonia calpules, calle principal construida de material, color blanco de muro perimetral habitaba una persona de origen colombiano el que guardaba en su casa cantidades de dinero en moneda de dólar y donde habitaba una persona de origen colombiano de nombre A. R. T. T. de nacionalidad colombiana con número de pasaporte CC72006876 a quien se le encontró en el área del porch de la vivienda una caja plástica color rosada la cual contiene en su interior juguetes de distintos colores y tamaños y debajo de estas se encontraban también tres mochilas pequeñas que contenían a su vez dinero. La primer mochila color rosada se encontró dos fajos envueltos en cinta adhesiva de color gris en donde en uno de ellos se lee 50 MONE y en el otro se lee 20 MONE, se procedió a aperturar la mochila número dos también de color rosado conteniendo en su interior dos fajos uno de ellos envuelto en cinta adhesiva de color gris y el otro se encuentra amarrado con hule y en la mochila numero 3 un fajo donde se lee 20 MONE el cual está cubierto con tape y nylon transparente sumando una cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES. b) También se estableció como hecho probado que “el señor T. T. no tiene solvencia económica respecto a la cantidad que se le imputa”. Es decir que el imputado no posee actividad alguna que genere ningún tipo de ingreso en Honduras. c) También fue establecido como hecho probado por parte del Tribunal que “La señora R. Y. L. le da a guardar a su hija J. E. M. L. el dinero debido a los constantes atracos de los que ha sido objeto por mantener cantidades de dinero en efectivo. Por lo que se pregunta este ente fiscal ¿acaso la señora J. M. nunca ha sido objeto de robo? Los riesgos latentes para guardar dos millones de lempiras solamente los sufre R. Y. L.? Es más seguro guardar el dinero al interior de una caja plástica de juguetes en el porche de la casa que en una institución Bancaria donde de acuerdo al perito ha estado depositado el dinero? La respuesta es obviamente no, el traslado y guarda de dos millones de lempiras implica riesgos de robo y aun de la vida de la persona que poseen el dinero, pero el lavador debe correr ese riesgo puesto que de depositario en una institución bancaria llevaría a reportar la transacción identificando de esa manera a la persona que efectúa la transacción y la real actividad que se dedica, ya que la finalidad de los miembros de estas organizaciones es burlar tanto a las autoridades financieras como policiales. Ese mismo riesgo enfrentó al Tribunal cuando a pesar de las aclaraciones efectuadas por el Ministerio Público en virtud del riesgo a las partes en virtud del traslado del dinero fuera de las bóvedas del Banco Central se solicitó realizar inspección al Banco Central de Honduras esto con el fin únicamente de evacuar el medio de prueba propuesto como evidencia consistente en el dinero incautado, a lo que el Tribunal nuevamente estableció que la misma no era necesaria, dicho medio de prueba se podía evacuar con otros medios ya propuestos nuevamente incurriendo ese tribunal en repetitivos abuso de autoridad pues no puede excluir medios de prueba ya admitidos y a pesar de los recursos interpuesto por parte del Ministerio Público se decretó sin lugar el mismo, obligándose a llevar el dinero hasta la sala en donde se desarrollaba el juicio oral y público y fue en ese momento que el tribunal se da cuenta de las consecuencias de su accionar solicitando que el Ministerio Público proceda a la guarda del dinero pero al ponerse en conocimiento que no cuenta el ente fiscal con ese tipo de seguridad en sus almacenes y que este es un hecho notorio, la preocupación del tribunal se agrava por lo que inmediatamente se pone en comunicación con el Banco Central para el depósito del dinero contestando el mismo que no puede ya que sus bóvedas han cerrado, lo que agrava más la condición del tribunal al no contar con un lugar seguro donde depositar mas de DOS MILLONES DE LEMPIRAS. El riesgo que enfrentó el tribunal ese día, es el mismo riesgo que enfrentó el imputado al guardar el dinero en una caja plástica en el porche de su vivienda. Por lo que las máximas de la experiencia, de la lógica nos indican que efectivamente se busca un lugar seguro para la guarda de más de dos MILLONES DE LEMPIRAS y el perito con su grado de licenciatura en administración de empresas es la persona llamada a indicar donde existe seguridad financiera.” Sigue omitiendo el Tribunal en su valoración fáctica las reglas de la sana crítica al establece que sin embargo de toda la prueba antes valorada se logró establecer sin lugar a dudas quienes son los propietarios del dinero”. Esto es falso constatar este hecho el tribunal confunde con su apreciación que esta ante un delito de lavado de activos el cual tiene en sus presupuestos, impedir determinar el origen lícito del dinero con el que se adquiere el bien y no así un delito contra la propiedad en donde solamente se exige acreditar la titularidad o posesión del bien determinado, pues es evidente que se ignoró todas la regulaciones sustantivas y adjetivas en materia de LAVADO DE ACTIVOS De la prueba documental presentadas por los peritos de la defensa no justificaron el origen del dinero incautado puesto que nunca pudieron establecer el capital real con que cuentan los señores R. Y. L. Y J. L. S. lo que conlleva a establecer que no poseen la capacidad económica para justificar los CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES. Asimismo de la prueba presentada por la defensa no se acredita en ningún momento recibo o documentación que acredite que la señor R. Y. L. recibió del señor J. L. S. la cantidad alrededor de DOS MILLONES DE LEMPIRAS por lo que al no existir documentación que refiera a este aspecto el dinero continúa siendo propiedad del señor R. T. T. y encontrado al interior de una caja de juguetes de color rosada envuelto en cinta adhesiva y papel transparente de la misma modalidad que es encontrado el dinero a las personas que llevan dinero oculto en los aeropuertos en los múltiples casos de LAVADO DE ACTIVOS, todos estos indicios conjuntamente valorados con llevan a establece que efectivamente el señor R. T. T. es responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS. Es así que lo refiere en su voto disidente la Abogada L. L. cuando al valorar la prueba bajo las reglas de la sana crítica manifiesta que “al unir todos los indicios que se desprende, que el informante le comunicó a la policía con 4 días de anticipación, que en la casa del imputado habían grande cantidades de dinero, el resultado que en el porche de la vivienda en caja de juguetes se encontraran tres mochilas de niña, en cuyo interior se encontraron la cantidad de 125,000.00 lo cual por lo inusual del lugar (porch) de la vivienda en que se encontraba del lugar donde se encontraron ocultas (cajas de juguetes) del objeto que los contenían (tres mochilas de niña)y de la disposición en que estaban empacados ( varios fajos en un solo paquete sellado) todos ellos constituyen indicios concomitantes de posesión y ocultación del dinero proveniente de una fuente ilícita), así mismo sigue manifestando la señora Juez que “si bien es cierto el imputado A. R. T. T., tampoco tiene ningún reporte de operación sospechosa(ROS) en el sistema financiero ello solo significa que no ha efectuado transacciones financiera que sobrepasan los diez mil dólares, porque ellos importaría que se tiene que acreditar la procedencia del dinero y llenar un formulario y la finalidad es no hacerlo, es precisamente no reportar, no dejar un rastro y no decir la fuente del financiamiento de ese dinero para no despertar sospechas de que esta incurriendo en una acción típica, que es reportada como una transacción sospechosa.” III.- CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY. “TERCER MOTIVO: Se infringe el precepto penal contenidos en artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Dentro de la fundamentación jurídica efectuada por la Juez ponente llama la atención el análisis erróneo efectuado al delito de LAVADO DE ACTIVOS, quien fundamenta su sentencia en base a una doctrina definiendo en su numeral quinto, realizando la diferenciación entre dinero negro y dinero sucio. Expresa el Tribunal de Sentencias que “se encuentra en doctrina especializada encontrada en wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_negro) para este tipo penal, la diferencia entre los denominados Dinero negro y Dinero Sucio al primer caso hay que blanquearlo y si esta sucio hay que limpiarlo o lavarlo(…) así se puede afirmar que el dinero negro es proveniente de la evasión de impuestos de las obligaciones del fisco y el dinero sucio entonces es el dinero”. Y continuó manifestando el Tribunal que como se “ha explicado entonces el dinero encontrado en la casa de habitación del imputado A. R. T. T. no era dinero sucio”. Entendiéndose entonces que si es dinero negro el encontrado al imputado y al realizar un verdadero análisis a esos dos conceptos resulta que la misma página web utilizada por el Tribunal para su fundamentación jurídica señala que el dinero negro propiamente dicho es aquel que procede de actividades ilegales (tráfico de drogas, prostitución, contrabando, robos al fisco, cupos de extorsionadores, etc.) y No puede ser declarado directamente a Finanzas porque supondría una confesión sobre dichas actividades lo que conllevaría que el Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio) Es aquel que no ha sido declarado a finanzas por el motivo que sea y uno de sus motivos puede ser la evasión de impuestos. Concluyendo entonces que el Ministerio Público efectivamente tiene razón al establecer que el dinero incautado al imputado no posee justificación alguna y no podría tenerla porque el dinero negro no posee una procedencia legítima, lo que convierte al mercado informal en un mecanismo de LAVADO DE ACTIVOS tal y como lo señalan las recomendaciones emitidas por el Grupo Financiero del Caribe y esa diferenciación presentada por el Tribunal solamente refuerza el planteamiento del Ministerio Público. De la misma manera nos encontramos nuevamente que el tribunal define una normativa penal que no es cierta, la clasificación realizada por BERNASCONI refiere a dos fases en el proceso de LAVADO DE ACTIVOS pero no por ello significa que sea el padre de la normativa del delito de LAVADO DE ACTIVOS, pues este delito mismo nace como consecuencia de las fortunas que llegan acumular por parte de las organización criminales. El término “lavado” se origina en los Estados Unidos de Norteamérica y se remonta la época de la prohibición de venta de alcohol, allá por 1920, con los famosos mafiosos Al Capone y Meyer Lanski quienes en circunstancias parecidas y de manera independiente, habían creado en la Ciudad de Chicago y Nueva York respectivamente, toda una cadena de “lavaderos” (tanto establecimientos de lavados de prendas como casas de juego legales), que servían para “blanquear” los fondos provenientes explotación de bares y casinos ilegales. Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogían gracias a sus bares clandestinos y casinos, dentro de las cajas registradoras de sus cadenas de “lavaderos” o Money laundering. Así, después podían colocar esos fondos ilegales dentro del circuito bancario norteamericano y diversificarlos para que éstos se integraran circulante monetario y quedaran finalmente legitimados. BERNASCONI junto a otros mencionan solamente las fases que podría tener el delito de lavado de activos. El tribunal mostró ignorancia sobre este delito y se argumentó en doctrina equivocada, en caso del Grupo Financiero del Caribe al que Honduras pertenece reconoce las fases de estratificación, colocación e integración y cabe mencionar que no es necesario que su cumplan todas las fases. La fundamentación jurídica utilizada por parte del tribunal en la presente causa, es la misma utilizada en el fallo absolutorio emitido por parte de la sala constitucional en la causa instruida contra A. M. Y OTROS por el delito de activos y así los establece la juez ponente cuando se refiere a A.M. aun y cuando en dicha sentencia tribunal absuelve encontrando dinero al interior de un yogo enterrado bajo un árbol de mangos que por si solo no constituye delito de lavado de activos sin embargo el Ministerio Público presentó existen vinculaciones directas con personas ligadas al narcotráfico como ser el de los hijos del imputado quienes poseen procesos condenatorios por NARCOTRAFICO y EVASION, De la misma manera aunado a ese extremo existió la transferencias de más de CINCUENTA MILLONES de lempiras por parte de esa organización a una persona que manifestó nunca haber efectuado dicha transacción. Cabe mencionar que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado denunció al Tribunal de Sentencias de esa ciudad por esta causa y otra anterior ante las Fiscalía Contra la Corrupción e Inspectoría de Tribunales en virtud de los abusos de autoridad cometidos en juicio oral y Público. Por lo que nuevamente el tribunal de sentencias de Jurisdicción Nacional ni siquiera se tomó la de buscar una debida fundamentación pues como se observa son múltiples las contradicciones argumentadas en la sentencia por el Tribunal quien al final al desconocer completamente del delito de LAVADO DE ACTIVOS resolvió como un delito de delincuencia común, pues es evidente que desconoce hasta el significado de la palabra LAVADO DE ACTIVOS. Esto afecta la tutela judicial efectiva.” IV.- SIGUE MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “CUARTO MOTIVO: Infracción del Precepto Constitucional contenido en artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Todas las actuaciones realizadas por parte del tribunal de jurisdicción Nacional conllevan a una indefensión del estado infringiendo de esta manera el precepto constitucional contenido en artículo 82 de la Constitución de la República “El derecho de defensa es inviolable”. Derecho del cual también goza el estado y al cual le fue violentado desde un inicio en el proceso, y esto se determina al no evacuarse medios de prueba debidamente admitidos como ser la información financiera del caso la 11-11-080-RI admitida junto a su documentación soporte y todos sus complementos, así como la pericia realizada por el Licenciado M. Á. C. en donde al ser evacuado como fue admitido, el Tribunal de Sentencias conocería la verdad de los hechos pero lejos de ello excluye los medios de prueba dejando en una total indefensión al estado de Honduras y violentando de esta manera también los principios de contradicción, igualdad de partes que rigen el debido proceso. Se infringe también con la sentencia emitido por parte del Tribunal de Jurisdicción Nacional El debido proceso consignado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”. Norma constitucional que se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y obtener una resolución fundada en Derecho, y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; Lo que genera el deber a los Jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente de aquellos que desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos según el cual, los Jueces al cumplir con su función, sólo podrán hacerlo mediante un proceso llevado a cabo con todas las garantías.” . RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CON COMPETENCIA NACIONAL. V.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. VI.- El Ministerio Público acusa que la sentencia adolece de vicios in procedendo que ocasionan su invalidez; Explica que son dos los motivos que fundamentan tal señalamiento: La falta de consideración de prueba de valor decisivo en la sentencia y la violación a las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración probatorio. VII.- Previo a adentrarnos en el estudio de los motivos, considera necesario esta Sala de lo Penal hacer un esbozo respecto a lo que mínimamente debe de ser una correcta técnica recursiva casacional.- El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de Recursos de Casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales.- En una debida técnica recursiva, cualquier Censor, en primer lugar, debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, así pues si considera la existencia de vicios In Iudicando, será el Recurso por Infracción de Ley el indicado, si estima la concurrencia de vicios In Procedendo, entonces será el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la vía impugnativa correcta y, finalmente, si considera que se ha violentado una norma constitucional o del bloque constitucional, es el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el que deberá de interponerse; En todos los casos el Censor debe tener presente que cada tipo de recurso es una vía impugnativa con propósitos distintos, algunos de los cuales exigen requisitos de forma particulares para su interposición (Como el Reclamo Previo en el caso del Recurso por Quebrantamiento de Forma), por tanto su correcta elección es de vital importancia para poder plantear de mejor manera los Motivos.- Elegido el Recurso de Casación atinente al caso, corresponde seguidamente explicar el o los defectos legales que provocan el vicio, mediante el desarrollo de MOTIVOS, planteados de manera SEPARADA uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste; Cada Motivo deberá de ser encabezado por la norma procesal que autoriza la interposición del Recurso, seguido de la norma o normas que se consideran infringidas, el sentido de la infracción y luego el desarrollo de los argumentos que se tengan a bien expresar en referencia al Motivo, finalizando con una clara mención de la pretensión que se busca.- En el caso particular del Recurso por Quebrantamiento de Forma, los motivos están previstos en el artículo 362 del Código Procesal Penal, por ello su categorización de Recurso Extraordinario, debiendo el Censor encabezar como precepto autorizante de su motivo la norma específica en la que encuadra el vicio, señalando concretamente cual es éste, dado que en muchos de los casos el Legislador ha previsto en un solo numeral varios motivos de casación diferentes; Constituye Defecto la errónea elección del Motivo, puesto que cada uno de ellos implica un vicio in procedendo diferente, siendo exigible que el Censor los seleccione correctamente, eligiendo aquel en que se encuadra la situación que denuncia, de otro modo condenaría la suerte del Recurso, por ello es por demás aconsejable que el Censor tenga siempre presente la Doctrina Legal sentada por la Sala de lo Penal respecto al sentido y alcance de cada uno de los Motivos previstos en el artículo 362 del Código Procesal Penal, criterios que incluso puede rebatir con el afán de provocar una innovación o un cambio de criterio jurisprudencial. Primer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Preceptos Autorizantes Citados: Artículo 362 numerales 2 y 5 del Código Procesal Penal..- Normas que se Señalan Infringidas: Artículos 12, 13, 199 y 317 del Código Procesal Penal.- Se denuncia la Exclusión de Prueba Legalmente Incorporada en la Audiencia de Proposición de Pruebas. VIII.- Señala el Ministerio Público que indebidamente se ha excluido medios de prueba que fueron legalmente incorporados en la audiencia de proposición de prueba, al haber el Tribunal de Sentencia denegado la petición del Ente estatal en Etapa de Incidentes en la Audiencia de Debate, de que se incorporara al Dictamen Pericial a presentar por el Perito M. Á. C., la información financiera de los Señores R. L. y J. L. S.. IX.- Respecto al Motivo invocado la Sala de lo Penal reflexiona: El Proceso Penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del Principio de Legalidad y del Debido Proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. X.- De La Procedencia Del Primer Motivo.- El Motivo no es de Recibo.- El Ministerio Público ha planteado erróneamente el motivo.- Peca la Censora de falta de claridad, por cuanto al momento de exponer el precepto autorizante, cita dos numerales del artículo 362 del Código Procesal Penal que contienen en suma cinco motivos diferentes, sin señalar si considera concurrente todos ellos o solo algunos, obligando a la Sala de lo Penal a deducir de que motivo se trata de la lectura del libelo, el cual es entendido que es la Exclusión Indebida de un Medio de Prueba de Valor Decisivo, no teniendo sentido la invocación del motivo contenido en el numeral 5 del artículo 362 del Código de Rito. Por otro lado se evidencia un mal entendimiento de la Censora respecto a los conceptos que gobiernan el Motivo, ya que cuando se habla de Exclusión, como ya se ha explicado, se refiere a la negación insustentada de valor de un medio de prueba en la SENTENCIA, que fuese reproducido en la audiencia de debate, ergo la ley determina que el Motivo debe ser en reclamo del contenido de la Sentencia y no en reclamo de lo que ocurrió en la Audiencia de Debate; Contrario a ello, lo alegado por la Censora refiere a una “Aclaración” planteada en la Etapa Incidental del Debate por el Ministerio Público que pretendía incorporar Información Financiera de Dos personas, lo que fue rechazado por el Tribunal de Sentencia por considerar que ese medio de prueba no había sido propuesto ni admitido como tal y por tanto, cumpliendo con lo ordenado en la primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal dispuso que el medio de prueba no debía ser reproducido en la audiencia de debate, es pues que el medio de prueba al que se hace referencia, no fue parte de los que se reprodujeron en el debate y por consiguiente no podía ser valorado en la sentencia; Dicho de otro modo: No se puede alegar exclusión de un medio de prueba que no estaba incluido como tal. Cuestiona la Censora en su recurso que el Tribunal de Sentencia haya valorado el Dictamen Financiero presentado por la Defensa del acusado concerniente a los Señores los Señores R. L. y J. L. S., pero al mismo tiempo haber rechazado el propuesto por el Ministerio Público alegando que era inútil e impertinente, cuestionamiento que no obedece a la realidad acontecida en el proceso: el medio de prueba en cuestión no fue reproducido en debate por no haber sido propuesto de manera previa y por tanto nunca se sometió a decisión del Tribunal de Sentencia si se trataba de un medio de prueba útil, proporcional y pertinente. Dado lo expuesto es procedente declarar SIN LUGAR el Primer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Precepto Autorizante: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal.- Norma Infringida: Artículo 203 del Código Procesal Penal.- Se denuncia Carencia de Motivación Fáctica y Jurídica, Motivación Insuficiente y Contradictoria y violación a las Reglas de la Sana Critica. XI.- El Ministerio Público señala que la Sentencia impugnada carece de Motivación fáctica y jurídica, que la motivación existente es insuficiente y que además ésta es contraria a las reglas de la Sana Critica. XII.- De La Procedencia Del Segundo Motivo.- El Motivo no es de Recibo.- El Ministerio Público, ignorando el requerimiento formal del Artículo 363 del Código Procesal Penal, respecto a que se deben de plantear los motivos por separado para contribuir a su claridad y precisión, plantea bajo un solo título los siguientes motivos: Carencia de Motivación Fáctica, Carencia de Motivación Jurídica, Motivación Fáctica Insuficiente, Motivación Jurídica Insuficiente, Motivación Fáctica Contradictoria, Motivación Jurídica Contradictoria y Violación de las Reglas de la Sana Critica, lo que suman siete (07) motivos diferentes e incluso contrapuesto, dado que no es posible haber de carencia de motivación, que implica total ausencia y luego plantear insuficiencia de motivación, que implica que si existe pero que no es suficiente. El Libelo que se agrega a continuación no ayuda a esclarecer de que motivo se trata, por el contrario ahonda más la confusión puesto que la Censora inicia cuestionando nuevamente el medio de prueba que aduce fue excluido indebidamente, el que al no haber sido reproducido en debate no puede esperarse sea objeto de estudio en la sentencia y por tanto no podría denunciarse falta de motivación o insuficiencia de motivación.- De seguido la Censora refiere a la Información Financiera de los Señores los Señores R. L. y J. L. S., presentada por la Defensa, calificándolas de poco confiables, refutando que la información que contiene no es cierta y exponiendo el porqué de su opinión, sin que entienda el Tribunal de Casación cual es el sentido de tales argumentos, ya que en ningún momento la Censora confronta la motivación del Tribunal de Sentencia con las reglas que componen el recto entendimiento humano y así demostrar que ha existido una violación a las reglas de la Sana Critica, en lugar de ello la Censora explaya su propio parecer respecto al medio probatorio en un esfuerzo de que la Sala de lo Penal se convierta en Tribunal de Segunda Instancia y revalore el medio de prueba por encima de aquellos que tuvieron a su disposición la inmediación y la contradicción de la prueba en cuestión.- Más adelante la Censora asegura que los Juzgadores no apreciaron las contradicciones en que incurrieron los Señores R. L. y J. L. S., en las declaraciones testificales rendidas por éstos, sin explicar cuáles fueron tales contradicciones y, más importante aún, sin señalar la motivación del Tribunal que resulto colisionante con las reglas de la sana critica debido a ello, o si resulto motivación insuficiente o si se trata de motivación contradictoria, porque, como se ha mencionado ya, al agrupar la Censora SIETE MOTIVOS bajo un mismo título ha ocasionado que el Tribunal de Casación desconozca a que Motivo pertenece cada argumento.- Siguiendo su exposición atribuye la Censora al desconocimiento de las Juezas respecto a la tipología del delito de Lavado de Activos el hecho de que hayan demeritado el Dictamen de Información Financiera del Acusado presentado por el Ministerio Público, agregando que las Máximas de la Experiencia y de la Lógica indican que se busca un lugar seguro para la guarda de altas sumas de dinero y que el perito lo que señalo fue el lugar idóneo donde guardar dicho dinero por lo que incorrectamente le fue atribuido falta de objetividad por éste hecho; Este alegato pasa por alto que al perito M. Á. C., le fue encomendado un análisis financiero en relación a una persona, debiendo exponer en que consistió su análisis, la técnica utilizada, los resultados obtenidos y su opinión en cuanto a dicho resultado, sin que ello implique autorización para externar una opinión que trascienda los límites de lo encomendado, como ser una inferencia lógica (ya sea que esta sea correcta o no), respecto a la forma, lugar y condición en que fue encontrado el dinero dentro de la vivienda del acusado, por cuanto éste aspecto desborda lo atinente al objeto de su llamado; Con todo, el Tribunal de Sentencia, aun con el criterio de que el perito falto a la objetividad, procedió a valorar el Dictamen de Información Financiera en relación al acusado, concluyendo que éste no tiene solvencia económica respecto a la cantidad que se le imputa en el proceso, ya que no tiene cuentas de banco ni algún producto financiero (F. 861 v.) por ello y a falta de una exposición clara de la Censora, no visualiza el Tribunal de Casación el objeto del reproche con tal argumento.- Concluye la Censora relacionando las pericias propuestas por la Defensa relativas a la Información Financiera de los Señores R. Y. L. y J. L. S., y externando su desaprobación a las mismas, agregando que éstas no acreditaron que los mencionados tuviesen la capacidad económica que justificara la tenencia del dinero incautado al acusado; Este último planteamiento igualmente es erróneo, puesto que la Censora hace su propia valoración del medio de prueba, quedando a deber el establecer cuál fue la motivación del Tribunal de Sentencia viciada (preferiblemente señalando donde se encuentra la misma) y porque dicha motivación colisiona con las reglas de la Sana Critica, que es precisamente el tema ausente en toda la exposición del Motivo, es así que el Tribunal de Casación desconoce concretamente los razonamientos hechos por el Tribunal de Sentencia que son cuestionados y desconoce que regla o principio de la Sana Critica fundamenta dicho cuestionamiento. Por lo anterior es procedente declarar SIN LUGAR el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. XIII.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; a. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y b. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). XIV.- EL Ministerio Público deduce que con la Fundamentación Jurídica expuesta en la Sentencia, los Juzgadores aceptan que que efectivamente existe razon de establecer que el dinero incautado al acusado no posee justificación alguna.- Contraría la Censora la cita hecha por los Juzgadores del autor Bernasconi quien ha escrito sobre lo que considera las fases en que se comete el delito de Lavado de Activos, señalando que tal doctrina es equivoca por no ajustarse a lo que ha sentado el Grupo Financiero del Caribe (GAFIC).- La Censora controvierte la cita hecha por el Tribunal de Sentencia de un fallo previo emitido por la Corte Suprema de Justicia, explicando por qué no se encuentra de acuerdo con dicho fallo. XV.- De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- El Ministerio Público si bien señalo que, a su criterio, existe infracción del Artículo 3 de la LCDLA, no ha explicado cual es el sentido de la infracción como lo ordena el párrafo tercero del Artículo 363 del Código Procesal Penal: Inobservancia de la norma, errónea interpretación de la norma, errónea deducción de consecuencias o error respecto a la Doctrina Lega, quedando el Tribunal de Casación sumido en una profunda oscuridad en cuanto al vicio reclamado.- La Censora se limita a reprochar el numeral Quinto de la Fundamentación Jurídica, por no estar de acuerdo con una cita Doctrinaria y con la cita de una Sentencia como Antecedente, sin explicar la relevancia que tiene este desacuerdo con en el fallo, no señala que incidencia tuvo el contenido del numeral Quinto de la Fundamentación Jurídica con la supuesta infracción del artículo 3 de la LCDLA teniendo como marco la declaración de los hechos declarados probados, los que, valga decir, NO FUERON DE CONSIDERACIÓN POR LA CENSORA, AUN CUANDO LA NATURALEZA DEL RECURSO LO EXIGE; Por el contrario, la Censora se distrae en refutar la Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en la causa criminal contra el Señor A. M. y otros, citada como antecedente por los Jueces de Sentencia, señalando que dicho sentencia contiene un fallo incorrecto, esfuerzo que es impertinente al ser una sentencia firme y en todo caso carente de utilidad para el caso que nos ocupa. Es por lo expuesto que procede declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único Motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA. XVI.— El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. XVII.— El Ministerio Público imputa al Tribunal de Sentencia haber violentado el Derecho de Defensa en su perjuicio con ocasión de haber resuelto que el Dictamen de Información Financiera respecto a los Señores R. Y. L. y J. L. S., no fuese evacuado en la audiencia de debate, aun cuando era un medio de prueba que había sido admitido. XVIII.— El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses.- El Derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.- El Derecho de Defensa, al igual que al imputado, le asiste al Ministerio Público, al que se le debe de brindar la oportunidad de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indicó, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso. XIX.— De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha revisado la foliada judicial y ha podido constatar que en fecha diecisiete de julio de dos mil doce se celebró la audiencia de Proposición de Medios de Prueba, en donde las partes ofertaron todos los medios de prueba que consideraron necesarios para sustentar sus respectivas Teorías del Caso, de éste modo el Ministerio Público propuso como único medio de prueba Pericial el Dictamen de Información Financiera del acusado A. R. T. T., proponiendo como Perito al Señor M. Á. C. A., el que fue admitido por el Tribunal de Sentencia (F. 299 v.), llevándose a cabo la juramentación del perito en fecha veintiséis de Julio del mismo año (F. 340), en presencia de las partes, donde se le encomendó realizar el dictamen mencionado, subrayando ésta Sala de lo Penal que ninguna mención se realizó ni en la propuesta del medio de prueba, ni en la juramentación del perito, en cuanto a que dicho estudio financiero también abarcaría otras personas distintas al acusado.- Llegado el día de la audiencia de debate, el Ministerio Público, ocupando el turno de Incidentes presento una “Aclaración”, señalando que al estudio financiero hecho al acusado se agregarían los datos financieros de los Señores R. L. y J. L. S. y cuya documentación se presentaba en ese momento, “Aclaración” que fue rechazada por la unanimidad del Tribunal, por cuanto el Dictamen propuesto por el Ministerio Público y admitido refería únicamente al acusado y no a terceras personas, no existía duda alguna que debiera ser aclarada; Valga mencionar que lo propuesto por el Ministerio Público en realidad se trataba de dos medios de prueba adicionales, los que en lugar de ser propuestos como tales, fueron presentados erróneamente como una “Aclaración”.- Así las cosas, el cuestionamiento hecho por el Ministerio Público de que se ha violentado el Derecho de Defensa es incorrecto, puesto que como parte Actora del Proceso tuvo la oportunidad de proponer el Dictamen de la Información Financiera de los Señores R. L. y J. L. S., en la audiencia de Proposición de Pruebas o, en su defecto, en la etapa incidental del Debate, más no lo hizo así, no pudiendo ahora alegar indefensión, primero porque es inexistente y segundo porque el hecho que genera el reclamo ha acontecido por causa exclusivamente imputable a la parte que ahora lo alega. Conforme a lo anterior, es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, EN SUS DOS MOTIVOS, interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por el Ministerio Público; TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional EN SU ÚNICO MOTIVO, interpuesto por el Ministerio Público; CUARTO: Se declara firme la Sentencia fecha diecisiete (17) de Septiembre de dos mil doce (2012) dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha tres de junio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-128-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”