Sentencia CP-12-13 — Registro 4153
Resumen
Tribunal de primera instancia condeno al acusado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO S. N. P. O. ARGUYENDO QUE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA SE HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.2 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que al rendir su declaración, el imputado manifestó que la sustancia encontrada en su poder estaba destinada para su consumo inmediato y que lo había comprado para varios días y no para la venta o distribución; lo que resulta coincidente con lo declarado en juicio por la esposa del acusado L. L. M., cuando expresó que en varias oportunidades vio a su esposo S. N., consumir droga, por lo que le conminó a que dejara de hacerlo por sus hijos. Cuestiona el recurrente que dicha prueba de descargo haya sido desestimada por el A Quo, misma que teniendo un carácter decisivo, hubiera permitido acreditar que el acusado es consumidor de droga, y que por tanto la cocaína que le fuera incautada era para satisfacer su adicción. Esta Sala reitera que el recurso de casación por quebrantamiento de forma fundado en la exclusión o en la falta de consideración de prueba con valor decisivo “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[4]”. En el presente caso, el recurrente reprocha que el Juzgador de instancia ha dejado de valorar prueba de valor decisivo, consistente en la declaración rendida en juicio por el propio imputado S. N. P. O. y por la esposa de este L. L. M. H.. Esta Sala constata que en la sentencia impugnada, concretamente en los numerales cuarto, quinto y sexto de la valoración de la prueba (F 133 vuelto y 134 del proceso), el Tribunal de instancia valora las declaraciones del imputado S. N. P. O. y de su esposa, la señora L. L. M. H., sin concederles credibilidad. Para ello ha externado razones lógicas y suficientes para restarles crédito. De este modo, el argumento central del recurrente, no se ajusta a ninguna de las hipótesis que dan lugar a la exclusión o a la falta de consideración de prueba de valor decisivo, en tanto que no se trata de prueba tenida por ilícita sin serlo, ni de omisión de toda referencia a la declaración del imputado y el testimonio rendido por su esposa, siendo por tanto innecesario abordar el carácter decisivo de tales declaraciones. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de Octubre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor S. N. P. O., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y UNA MULTA DE UN MILLON (1,000,000.00) DE LEMPIRAS, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 2)NO CONDENO al imputado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado G. N. I. y L. A. O. L., actuando en su condición de Defensores Privados del señor S. N. P. O..-SON PARTES: Los Abogados G. N. I. y L. A. O. L., Defensores Privados del señor S. N. P. O., como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS El Tribunal de Sentencia declaró probados, de manera expresa y terminante, los siguientes hechos: “PRIMERO: El día catorce de septiembre del dos mil diez Agentes del Grupo Operativo Antinarcóticos (GOAN), a raíz de una denuncia que se había hecho el día anterior realizó una vigilancia estacionaria en la colonia Tres de Mayo de la Ciudad de Comayagüela, a eso de las ocho de la mañana observaron que el acusado S. N. P. O. salía de su casa de habitación dirigiéndose a una pulpería cerca de su casa dónde fue requerido por los agentes, al practicarle un registro le encontraron en la bolsa derecha del pantalón cincuenta (50) envoltorios conocidos como “puntas” que contenían polvo blanco, mismo que en análisis de laboratorio resultó ser cocaína con un peso de ocho punto siete (8.7) gramos; que el acusado tenía como propósito su distribución a terceras personas. SEGUNDO: Acto seguido los Agentes se trasladaron a la casa de habitación del señor S. N., donde luego de obtener la autorización de su esposa para ingresar a su vivienda, practicaron un registro en la misma encontrando en su dormitorio del acusado tres cargadores de pistola 9mm, así como una bolsa roja con treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños, los que el acusado utilizaba para preparar “las puntas” de cocaína”. C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por los Abogados G. N. I. y L. A. O. L., en su condición de Defensores Privados del señor S. N. P. O.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LOS RECURRENTES ABOGADOS G. N. I. y L. A. O. L., EN SU CONDICION DE DEFENSORES PRIVADOS DEL ENCAUSADO S. N. P. O., PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO UNICO: POR APLICACION INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA (PRECEPTO PENAL ESPECIAL). PRECEPTO PENAL ESPECIAL INFRINGIDO: “Aplicación Indebida en el “Artículo 18.- El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras.”; relación con el artículo 34 numeral 5) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; (Ley Especial), en relación con el artículo 2-C, 2-D y 32 del Código Penal. Como Precepto Autorizante: Artículo 360 Párrafo Primero del Código Procesal Penal, que Literalmente dice: “Habrá Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los, hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que debe ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. Aplicación indebida de Norma Sustantiva especial, artículo 18 en relación con el artículo 34 numeral 5) Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en Relación a la Autoría artículo 2-C, 2-D y 32 Código Penal por parte del imputado. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de sentencia declaró expresa y tácitamente los hechos probados siguientes:
PRIMERO: El día catorce de septiembre del dos mil diez Agentes del Grupo Operativo Antinarcóticos (GOAN), a raíz de una denuncia que se había hecho el día anterior realizó una vigilancia estacionaria en la colonia Tres de Mayo de la Ciudad de Comayagüela, a eso de las ocho de la mañana observando que el acusado S. N. P. O. salía de su casa de habitación dirigiéndose a una pulpería cerca de su casa dónde fue requerido por los agentes, al practicarle un registro le encontraron en la bolsa derecha del pantalón cincuenta (50) envoltorios conocidos como “puntas” que contenían polvo blanco, mismo que en análisis de laboratorio resultó ser cocaína con un peso de ocho punto siete (8.7) gramos; que el acusado tenía como propósito su distribución a terceras personas. SEGUNDO: Acto seguido los Agentes se trasladaron a la casa: de habitación del señor S. N., donde luego de obtener la autorización de su esposa para ingresar a su vivienda, practicaron un registro en la misma encontrando en su dormitorio del acusado tres cargadores de pistola 9mm, así como una bolsa roja con treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños, los que el acusado utilizaba para preparar “las puntas” de cocaína”. De los anteriores hechos probados que el Tribunal de sentencia arribó para declarar por probados los mimos, para dictar Sentencia Condenatoria, adecuando los hechos en el artículo 18 en relación con el articulo 34 numeral 5) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas. Para mayor conocimiento, es premisa que en todos los actos delictivos que se acusa a un individuo en los Tribunales del país, por tráfico de drogas, se consigne, que todo comienza con una supuesta “denuncia o llamada anónima”, la cual el ente acusador y la investigación no tiene forma como probarla, mas que por los dichos de los Agentes, que efectúan las diligencias de detención, formando ello en los tribunales costumbre, y la costumbre en nuestra Legislación positiva no constituye derecho, tal y como lo establece el artículo 2 del Código civil que a la letra dice: “La costumbre no constituye derecho sino en los casos que la ley se remita a ella.” y la Costumbre no es fuente del Derecho penal, para que estemos ante estas premisas siempre. Pues de los hechos probados, en efecto se encontró en posesión del señor S. N. P. O., sustancia que una vez analizada en laboratorios de Medicina Forense resultó ser cocaína en la cantidad de 8.7 gramos, pero en ningún momento se le encontró efectuando transacción alguna tendiente a traficar con ella, o actos propios de comercio, como lo es la compra venta, traficando la misma a cualquier título, etc., pues la acción u omisión de poseer consigo sustancia controlada, en la cantidad de 8.7 gramos, no puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido por la ley penal, en este caso la Salud de la Población de Estado de Honduras. Además de los propios hechos probados, se establece que la Policía de Investigación recibe una supuesta “llamada anónima”, el día anterior a su detención, que en la Colonia Tres de Mayo, de Comayagüela, residía un señor que se dedicaba a la venta y distribución de drogas; por lo que ante tal llamada el día 14 de septiembre del 2011, a las siete y cuarenta y cinco (7:45am) de la mañana, se reúnen un grupo de Agentes y se trasladan a la mencionada colonia, lugar donde supuestamente se ejercía la operación ilícita, donde según su versión realizan un operativo denominado “vigilancia estacionaria”, donde supuestamente Agentes de la unidad de Antinarcóticos, se apuestan a realizar dicha vigilancia estacionaria en la Colonia Tres de Mayo de la Ciudad de Comayagüela, sin llevar consigo, ningún instrumento para registrar la operación, sea esta papel, lápiz, cámara fotográfica o de video u otro medio electrónico que les sirva para el levantamiento de los indicios en el lugar de los hechos, y documentar bien el caso y la operación que estaban realizando, pues son expertos en investigación y saben lo que van hacer o están haciendo; teniendo estos de diez a quince minutos de estar allí, ven salir de una casa al supuesto sospechoso, quien venía con dos niños de la mano (hijos), hacia una pulpería, y estando dentro de la pulpería y delante de sus dos menores hijos es conminado a un registro personal, y posteriormente lo capturan estando dentro de la pulpería “Propiedad Privada”, todo ello resulta de la propia declaración de los Agentes (testigos de cargos) M. A. R. E. y F. Y. M. P.. En donde los dos Agentes hacen el registro personal al mismo tiempo y le hacen el registro y lo detienen estando dentro de la pulpería. Ver acta de debate, Luego de la detención y registro efectuado por los Agentes M. A. R. E. y F. Y. M. P., al mismo tiempo dentro de la pulpería, juntamente con los menores hijos, lo conminan a que se traslade hacia su casa de habitación, pues éstos ni siquiera conocían la misma, en la que por la fuerza e intimidación logran obtener que la esposa del imputado L. L. M. H., supuestamente les firme la autorización de ingreso a la casa, documento este que no tiene firma de la supuesta autoridad que obtuvo dicha autorización, ver folio 5 en la que sin fijación de los indicios, no realizan los procedimientos tal y como lo señalan los manuales de criminalística, para la investigación de delitos, y supuestamente levantan de una habitación objetos que no tiene relación con el supuesto delito que estaban investigando, y dos pazcones, treinta y un (31) recortes de bolsa plástica; indicios que como se dijo no existe registro que en realidad se haya hecho en el lugar que mencionan los que registraron la casa, porque si no existe fijación mediante planos, fotografías, videos, u otros datos de interés de la fijación de indicios, quien nos garantiza a ciencia cierta que hayan sido encontrado en la casa de habitación del imputado. En ningún apartado del debate o del proceso seguido se estableció que al imputado se le haya encontrado haciendo transacción alguna tendiente a traficar con la sustancia que se le encontró consigo, haciendo actos propios de comercio, como lo es la compra venta, traficando la misma a cualquier título, etc., además en el supuesto registro efectuado por los Agentes, no se encontró sustancia alguna como para poder determinar, que la que poseía era o estaba destinada para su posterior venta o transacción comercial alguna. Esto aun cuenta mas que a los pazcones encontrados, no se les realizó ninguna prueba laboratorial, para determinar si los mismos contenía sustancias relacionada con el supuesto ilícito investigado, como un posible indicio de que eran utilizados para colar la droga, para de esa manera sostener razonablemente que en efecto para eso eran ocupados, y con ello llegar a la conclusión de que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, además en los vehículos que fueron decomisados al efectuarse las respectivas pruebas no encontró ningún elemento o hallazgo relacionado con el ilícito acusado, para sostener que en ellos era que distribuía la misma. De hecho la cantidad encontrada si bien es cierto que la misma, no es para consumo inmediato, la reiterada doctrina y Jurisprudencia, tenida por los Tribunales de Justicia del País, como los Tribunales de Justicia del Mundo, mencionado por el supremo Tribunal Español, en reiteradas sentencias sobre el tráfico de drogas, determina que cuando se trata de actividades de esta índole, las penas y medidas de seguridad solo se impondrán cuando sea necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado. Teniendo en consideración que el hecho que se acusa no se ha lesionado ni puesto en peligro el bien jurídico protegido por la ley penal, como lo es la Salud de la Población del Estado de Honduras, puesto que de la propia declaración de los testigos (Agentes) se desprende que el imputado no realizó ninguna transacción comercial con ninguna persona, juego de manos, etc., ni iba con esa intención, puesto que el salió de su casa con sus dos menores hijos, a comprar a la pulpería, por lo que no se configura el tipo penal especial de tráfico ilícito de drogas, lo que indica la equivocación del tribunal al sancionar y aplicar indebidamente el artículo 18 en relación con el 34 numeral 5) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Sustancias Psicotrópicas, en relación con el artículo 32 del Código Penal, como autor directo de la infracción penal.
Puesto que con su acción u omisión no se lesionó ni se puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido por la ley penal, como lo es la salud de la población del Estado de Honduras, por lo que siendo así las cosas debió absolvérsele por este cargo. Pues la infracción de ley se da al aplicar indebidamente el artículo 18 en relación con el 34 numeral 5) de la Ley Uso Indebido y tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas, ya que de los hechos probados y del mismo desarrollo del juicio no se estableció ningún elemento tendiente a traficar con sustancias prohibidas, ya que de las propias diligencias de investigación realizadas a partir de las 7:45 a.m. a las 8:05 de la mañana (vigilancia policial estacionaria) en la que se produce el registro y detención del imputado, no se fortaleció la tesis de que el imputado se dedicaba a la venta de drogas en el sector, puesto que no se documentó elemento alguno, tendiente a determinar que la intención del imputado era la comercialización con terceras personas, de la sustancia que poseía en sus ropas, como claramente quedó probado en la audiencia de debate de juicio oral y público, celebrado al efecto, pues la reiterada jurisprudencia ha determinado de MEDIOS DE INVESTIGACION: su finalidad es que tienden a establecer el conocimiento de los hechos necesarios para fundamentar la acusación o justificar la defensa, y MEDIOS PROBATORIOS: Pretenden lograr la convicción del órgano jurisdiccional que decide, sobre la certeza de los hechos investigados para realizar la tarea de subsunción en los tipos penales aplicables o en su caso si no existen pruebas, se declara su absolución del imputado, como en el presente caso las subsunción de los hechos no cabrían al tipo penal especial, que fue calificado por el juzgador y aplicado al caso, para llegar a la condena del imputado.
Pues el verbo TRAFICAR, que es el que rectora este tipo penal, en sus distintas acepciones implica movimiento, circulación, entrega, recibo, transmisión de productos y en general intercambio de bienes; y como bien es sabido, la tenencia de drogas preordenada al tráfico exige un elemento objetivo y otro subjetivo, el elemento objetivo de la posesión no suele plantear problema alguno, habida cuenta de que basta con una mera capacidad de decisión sobre la droga, en cambio el elemento subjetivo pertenece a la esfera de los pensamientos, por lo que su constatación no se realizará normalmente por prueba directa, sino que por indiciaría, para ello es apropiado tomar en cuenta, como lo hace el Tribunal Supremo español, los actos anteriores, coetáneos e incluso posteriores a la tenencia de la droga. En un primer momento, cuando el Tribunal Supremo español comenzó a analizar este tema en los años setenta y principios de los ochenta, consideró que la mera tenencia de droga conlleva una presunción ex lege de destino al tráfico; sin embargo, en la actualidad reconoce que si el indicio es susceptible de varias interpretaciones tendrá que jugar el principio indubio pro reo, pues señala que el indicio aislado generalmente se ofrece inconsistente y ambiguo, por ello en la mayoría de sus sentencias exige la presencia de una pluralidad indiciaría; entre tales indicios el Tribunal Supremo examina las circunstancias siguientes: LAS RELATIVAS A LA DROGA OCUPADA, (CANTIDAD, VARIEDAD, PUREZA Y PRESENTACION) LAS RELATIVAS A LA OCUPACION (tenencia de instrumentos o materiales, bien para la elaboración o distribución de la droga, o bien, por el contrario, para su consumo; el hallazgo, junto con la droga, de cantidades de dinero inusuales; el lugar y el momento en el que se ha realizado la ocupación de la droga). De modo que no estando constatada operación de tráfico alguno, solo ante múltiples y claros indicios podría condenarse por tenencia pre ordenada al tráfico; y siendo que en el caso de mérito, el señor S. N. P. O. no mostró un comportamiento que objetivamente describiera, sin lugar a dudas, una actividad de tráfico de drogas, ya que el traficar implica, como antes se dijo, otro tipo de actuación y no la pura y simple posesión, pues la misma admite hipótesis distintas al tráfico ilícito, máxime cuando el propio juzgador en los hechos probados declara que la información que le fue proporcionada a la Policía Nacional es que en el lugar en donde fue capturado el imputado, era un distribuidor de droga de la zona y alrededores, en varios vehículos, circunstancia que no fueron confirmadas; pues los agentes (GOAN) que le dan captura al señor S. N. P. O. no lo vieron en alguna actividad de tráfico de drogas, tampoco a éste se le encontró, instrumentos o materiales que pudieran indicar una actividad de tráfico ilícito de drogas, además el encartado venía saliendo de su casa de habitación en compañía de sus dos menores hijos hacia una PULPERIA, lugar que fue registrado y detenido, lugar que no probó que ahí estaba haciendo actos tendientes a traficar; por lo que al calificar el proceder de S. N. P. O. es constitutivo de un delito de tráfico de drogas, el juzgador lo hace aplicando indebidamente el Artículo 18 en relación con el 34 numeral 5) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. La Corte Suprema de Justicia en Reiteradas sentencias. Véase sentencias de fecha 6 de noviembre de 2006 (ex CP 263-05) y 6 de febrero de 2007 (ex. CP 156-05). En el mismo sentido sentencia de fecha 22 de enero de 2007 (ex CP 60-06), Como antecedente ver sentencia de Casación 357-2009, así como en la sentencia de Casación No. 375-09, ha fallado que para que pueda aplicarse el artículo 18 de la Ley Sobre uso indebido y Tráfico de drogas y Sustancias Psicotrópicas que califique dicha acción ilícita como un delito de Tráfico ilícito de drogas “pues de acuerdo a la literalidad implica movimiento, circulación, entrega, recibo, transmisión de productos y en general intercambio de bienes” y en el caso de autos no fue declarado probado que el acusado O. A. G. R. halla realizado tales actos, no obstante que el hecho probado consigna que el imputado dijo que la droga le pertenecía, sin embargo, no se expresa directamente que dicha droga le pertenece, de manera que no se puede colegir de manera alguna que la conducta descrita pueda enmarcarse en el delito de tráfico de drogas no pudiéndose comprender ese hecho probado en la norma aplicada por el juzgador pues el relato fáctico no refiere ni directa ni indirectamente algún tipo de acción que suponga estar ante el tráfico; y con respecto a la imputada B. O. A., no puede colegirse de esa descripción fáctica que la conducta, no solo enmarque en la norma aplicada por el Juzgador de instancia, sino que no se aprecia que coincida con otro distinto tipo delictivo como si acontece en relación con el señor O. A. G. R. y que se explicará al momento de abordar el siguiente motivo de casación”. Por lo que con la Sentencia de Condena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y la multa de UN MILLON DE LEMPIRAS por Tráfico Ilícito de Drogas, impuesta al imputado, se ha violado los artículos precitados, en virtud de que con su acción u omisión de poseer consigo sustancias controladas, no se ha lesionado ni puesto en peligro el bien jurídico protegido por la ley penal, como lo es la Salud de la Población del Estado De Honduras, aunado a ello la pena impuesta no es proporcional a la gravedad del hecho, pues la cantidad encontrada es de 8.7 gramos, lo cual declaró era para su consumo personal para varios días.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO S. N. P. O. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA APLICO INDEBIDAMENTE LOS ARTÍCULOS 18 Y 34.5 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, EN RELACION A LOS ARTICULOS 2-C, 2-D Y 32 DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el relato de hechos probados se inicia con la referencia a una denuncia o llamada anónima, misma que no se ha logrado acreditar más que por los dichos de los Agentes de la Unidad Antinarcóticos quienes detuvieron al encartado. Señala que aunque en el relato fáctico se establece que el imputado S. N. P. O., fue encontrado en posesión de sustancias, que una vez analizadas en laboratorios de Medicina Forense resultó ser COCAÍNA en una cantidad de 8.7 gramos, su defendido no fue sorprendido efectuando transacción alguna o actos de comercio tales como la compra o venta de drogas. Reprocha que la acción del acusado de poseer cocaína en una cantidad de 8.7 gramos, no puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido de la Salud de la Población de Estado de Honduras. Considera que en ninguna parte del proces o o del debate se acreditó que el imputado haya sido sorprendido realizando alguna transacción tendiente a traficar con la sustancia que se le encontró consigo, o haciendo actos propios de comercio, o que la sustancia que poseía era o estaba destinada para su posterior venta. Afirma que el Tribunal Supremo español en los años setenta y principios de los ochenta, consideró que la mera tenencia de droga conlleva una presunción ex lege de destino al tráfico, pero en la actualidad reconoce que si el indicio es susceptible de varias interpretaciones tendrá que jugar el principio in dubio pro reo, pues señala que el indicio aislado generalmente se ofrece inconsistente y ambiguo, por ello en la mayoría de sus sentencias exige la presencia de una pluralidad indiciaría; entre tales indicios el Tribunal Supremo examina las circunstancias siguientes: las relativas a la droga ocupada, (cantidad, variedad, pureza y presentación) las relativas a la ocupación (tenencia de instrumentos o materiales, bien para la elaboración o distribución de la droga, o bien, por el contrario, para su consumo; el hallazgo junto con la droga, de cantidades de dinero inusuales; el lugar y el momento en el que se ha realizado la ocupación de la droga); de ahí que no concurren circunstancias o indicios indubitables para concluir que el señor S. N. P. O. realizara un comportamiento que objetivamente describiera una actividad de tráfico de drogas. El recurrente concluye que el A Quo ha incurrido un error al aplicar indebidamente el Artículo 18 en relación con el 34 numeral 5) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Sustancias Psicotrópicas, y artículo 32 del Código Penal, como autor directo de la infracción penal que se le atribuye, misma que se sanciona con una pena desproporcionada a la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que la cantidad encontrada al acusado es de 8.7 gramos, y este declaró que era para su consumo personal de varios días. Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala considera pertinente recordar que uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.., teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo[1]. Ciertamente que en esta clase de casos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin más ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de iure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. En el asunto bajo examen, el imputado fue sorprendido en posesión de cincuenta (50) envoltorios, o “puntas” que contenían un polvo blanco, que después del haberse practicado el análisis de laboratorio respectivo resultó ser cocaína con un peso de ocho punto siete (8.7) gramos; por otra parte, también fue declarado probado por el Juzgador de instancia que, luego de obtener la autorización de su esposa para ingresar a su vivienda, y de practicar un registro en el dormitorio del acusado, le fueron encontrados: tres cargadores de pistola calibre 9mm, una bolsa roja con treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños. De lo Anterior, el Juzgador también deduce y declara probado que los cincuenta (50) envoltorios o “puntas” de cocaína, equivalentes a ocho punto siete (8.7) gramos, el acusado S. N. P. O. las tenía en su posesión con la finalidad de su distribución a terceras personas; asimismo el Juzgador deduce y declara probado, también que los treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños, encontrados en la habitación del acusado S. N. P. O., por los agentes policiales de investigación, el encartado los utilizaba para preparar las puntas de cocaína. Esta Sala estima que el dictamen de toxicología forense se limita a determinar el tipo de droga, calidad y peso en gramos de la misma y desde el punto de vista medico legal indicar que si en atención a la cantidad incautada, puede considerarse para el trafico ilícito de drogas o para consumo personal inmediato, de ahí que no es concluyente por sí, para concluir con base en dicha experticia sin más, que un imputado es o no participe en un delito de tráfico ilícito de drogas. Para alcanzar el grado de certeza de la participación de un encartado en este tipo de casos, es preciso que el juzgador, además de la prueba relativa a la tenencia de la droga ilícita en poder del acusado, y del dictamen pericial toxicológico aludido, también valore otros indicios, indicadores de que el acusado está vinculado o no al trafico Ilícito de Drogas. En el presente caso, aparte de la prueba de la posesión y el dictamen toxicológico, el juzgador a valorado la forma en que el acusado S. N. P. O. ha envuelto las dosis de cocaína, en porciones listas para su comercialización o venta, tanto en las puntas que le fueron incautadas al momento de su detención o captura, como también por los recortes de treinta y uno bolsitas pláticas y dos coladores pequeños encontrados por los Agentes Policiales, al momento de practicarle un registro a su habitación. No cabe duda entonces, que por tratarse de un delito de peligro abstracto, por el que se le acusa al encausado, no es necesario que éste haya sido encontrado in fraganti en el acto mismo de compra, venta o comercialización de la droga, basta que de la prueba aportada en el debate el Juzgador pueda inferir que esa era su verdadera intención. La forma de los envoltorios plásticos, en forma de puntas de cocaína, es una forma típica o característica en que los distribuidores de cocaína, separan las pequeñas dosis y las preparan para su venta o comercialización, indicio inequívoco de la verdadera intencionalidad del acusado S. N. P. O. de distribuir o vender dicha droga ilícita. Por lo expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. APLICACIÓN INDEBIDA III.- CONTINUAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES EN SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “PRIMER MOTIVO DE CASACION: “Los hechos Probados no son Terminantes”.- Como Precepto Autorizante: Artículo 362 (numeral 1) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: “los hechos probados relatan las diligencias de investigación realizada por los Agentes de Investigación (GOAN) y se describen como resultantes de registro personal y en decomiso y registro a vivienda.” El Tribunal de Sentenciador, para arribar a su fallo condenatorio de Tráfico Ilícito de Drogas, e imponerle la pena QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS se limitó a las diligencias de investigación realizadas por los Agentes del (GOAN) en un lapso de 15 minutos, que oscila entre las 7:45 a.m. a las 8:05 a.m., puesto que en ese lapso de tiempo no pudieron documentar la supuesta acción delictiva denunciada, mas que la posesión de la sustancia en las ropas del imputado, en una cantidad que si bien la Legislación Hondureña, establece que no es para consumo, atendiendo a los principios rectores, que los dictámenes periciales no son vinculantes con la decisión final del caso puesto que ello no son quienes califican los delitos. Además al no considerar como descargos de la imputación la declaración del propio imputado y la de su esposa, que la sustancia encontrada, era para su consumo inmediato para varios días, actuación esta que dejo de valorar el Juzgador por lo que no es terminante el fallo, es decir los hechos probados con el fallo condenatorio por tráfico de drogas, cuando del propio debate se estableció que no se encontró al imputado haciendo transacción alguna, para traficar con ella, o actos propios de comercio, como lo es la compra venta, traficando la misma a cualquier título, etc., mas que la supuesta “llamada anónima”, efectuada el día anterior a su detención, como en el registro a su vivienda, elemento destinado a establecer que se dedica a la distribución de droga en el sector; por lo que no podemos usar la analogía en mala parte, para dictar una sentencia de condena, pues el tribunal de sentencia dejó de estimar como prueba creíble la declaración del propio imputado y su esposa restándole importancia, por lo que los hechos probados no son claros ni terminantes para que se haya dictado un fallo de condena. Pues dicha condena se basó en indicios no en prueba directa y los indicios no son suficientes como para determinar que el imputado realizó tal o cual actividad tendiente a la distribución o venta de droga, o que se dedicaba a la actividad ilícita de venta de droga, puesto que no se probó en ningún apartado del debate que esto haya ocurrido, mediante prueba directa y terminante, para que el tribunal sentenciador haya dictado sentencia de condena. Por lo que el Tribunal de Sentencia al emitir su fallo y condenar al imputado a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de un MILLON DE LEMPIRAS por el delito de Tráfico de drogas, a violado el artículo 338 regla cuarta numeral 1, del Código Procesal Penal, pues en la Sentencia no hace declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, y emplea conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, predetermina el fallo que dictó, puesto que en el hecho probado primero últimas líneas, el Tribunal establece: “…mismo que en el análisis de laboratorio resultó ser cocaína con un peso de ocho punto siete (8.7) gramos; que el acusado tenía como propósito su distribución a terceras personas”, por lo que ante tal circunstancia no se observó los requisitos de la regla cuarta antes citada, hecho este que da lugar a la casación en la forma por la concurrencia del supuesto autorizado por el artículo 362 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal, pues al afirmar el Tribunal y poner de manifiesto que el acusado tenía como propósito su distribución a terceras persona, esta predeterminado el fallo, y los hechos probados se consideran como terminantes, en cuanto a que el Tribunal describe unas diligencias en cuya narración se comprende la comisión de un delito, por lo que no es correcta la parte resolutiva de la sentencia en donde se condena al acusado, por lo que existe una incongruencia entre los hechos probados y la parte resolutiva de la Sentencia, por lo que debe casar la Sentencia y absolver al imputado del delito acusado.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO S. N. P. O. ARGUYENDO QUE LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA NO SON TERMINANTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que los hechos declarados probados por el A Quo no son terminantes, ni concluyentes, para arribar a su fallo condenatorio contra el acusado S. N. P. O. por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Cuestiona que el Juzgador se limitó a valorar las diligencias de investigación realizadas por los Agentes del Grupo de Operaciones Antinarcóticos (GOAN), la posesión de la Droga Ilícita en las ropas del imputado y el dictamen pericial -no vinculante- para el Juzgador. Arguye que el Tribunal de instancia no ha valorado como prueba de descargo las declaraciones rendidas por el propio acusado y por la esposa de este, coincidentes en cuanto a que la cocaína encontrada en posesión del encartado era para el consumo inmediato de este, para varios días. Señala que en el debate no se acreditó que el acusado hubiere realizado alguna transacción para traficar, o actos de comercio, como ser compra venta, y que en el presente caso solo hay una supuesta “llamada anónima”, y el registro a su vivienda. Por todo ello considera que los hechos probados no son claros ni terminantes para un fallo de condena, pues no hace declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, y emplea conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, predeterminan el fallo condenatorio emitido. Esta Sala considera que resulta de interés para efectos de ilustración del motivo invocado por el Censor, lo expuesto por el jurista español Luzón Cuesta, cuando recuerda que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[2]. Por otra parte es oportuno recordar tal y como lo sostiene el autor antes citado, que no “tienen el carácter de expresiones técnico-jurídicas los llamados juicios de inferencia, mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito, de modo que, aunque su ubicación más acertada está entre las consideraciones jurídicas, en cuanto extraídas de los datos objetivos relatados, su inclusión en el relato de hechos (del que, por otra parte, pueden mentalmente suprimirse sin que quede afectado) no supone quebrantamiento de forma….llegando a afirmarse por ejemplo, que la expresión “a sabiendas” otras similares que con frecuencia se utilizan en los hechos probados de una sentencia penal (“a propósito”, “intencionadamente”, “con conocimiento de”, etc…) que sintetizan así la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, pueden utilizarse legítimamente dentro del capítulo fáctico para dar una mayor expresividad al relato, siempre que luego se explique como ha quedado acreditado tal elemento…”[3] Esta Sala ha constatado que del relato fáctico se desprende en forma clara y terminante, que el acusado fue encontrado en posesión de cincuenta (50) envoltorios, o “puntas” las que contenían cocaína con un peso de ocho punto siete (8.7) gramos. También que en el dormitorio del acusado, le fueron incautados: tres cargadores de pistola calibre 9mm, una bolsa roja con treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños, por lo que el Juzgador deduce y declara probado que los cincuenta (50) envoltorios o “puntas” de cocaína, equivalentes a ocho punto siete (8.7) gramos, el acusado S. N. P. O. las tenía con el propósito de su distribución a terceras personas y asimismo que, que los treinta y un (31) recortes de bolsa plástica y dos coladores pequeños, encontrados en la habitación del acusado S. N. P. O., el acusado los utilizaba para preparar las puntas de cocaína, con el mismo fin de distribución de esa droga. A criterio de esta Sala, los hechos declarados probados por el A Quo, no son equívocos, tampoco se presentan confusos o indeterminados, por el contrario, de ellos se deriva de forma clara, contundente y terminante que el acusado poseía una cantidad de droga ilícita preordenada al tráfico, es decir, para su difusión con fines comerciales entre terceras personas. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: “El juzgador dejó de considerar prueba de valor decisivo”. Como PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 (numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: Pues al momento del análisis de la valoración de la prueba de descargo, como lo es la propia defensa material del imputado y su esposa que el imputado era consumidor de droga y que la que se le encontró consigo 8.7 gramos, era para su consumo de varios días, y no para la distribución como el Tribunal ha mal apreciado, en su fallo condenatorio. En audiencia de debate de juicio oral y público, como medio de defensa efectuada por el imputado, declaró que la sustancia encontrada en su poder, era para consumo inmediato y que lo había comprado para varios días, para su consumo y no para la venta o distribución, así como la declaración de su propia esposa señora L. L. M., que estableció haber en varias oportunidades visto a su esposo S. N., consumir droga, a lo que ella lo conmino a que dejara eso y por sus hijos, prueba esta que el Tribunal de sentencias desestimó, pues con ello se probó que el imputado es consumidor de droga, y la misma no se realizó con el ánimo de distorsionar los hechos. Pues el Tribunal de Sentencia, al realizar la valoración de la prueba, ha dejado de valorar prueba de valor decisivo.- puesto que le restó importancia a la declaración del Imputado en su descargo, como a la declaración de la señora L. L. M., que del análisis psicológico del testimonio merece credibilidad, y no restarle importancia por la sola condición de ser cónyuge del imputado, puesto que si la Legislación establece que la declaración de los parientes en el proceso penal, es válida, entonces no tuviera ningún significado o valor probatorio su testimonio.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO S. N. P. O. ARGUYENDO QUE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA SE HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.2 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que al rendir su declaración, el imputado manifestó que la sustancia encontrada en su poder estaba destinada para su consumo inmediato y que lo había comprado para varios días y no para la venta o distribución; lo que resulta coincidente con lo declarado en juicio por la esposa del acusado L. L. M., cuando expresó que en varias oportunidades vio a su esposo S. N., consumir droga, por lo que le conminó a que dejara de hacerlo por sus hijos. Cuestiona el recurrente que dicha prueba de descargo haya sido desestimada por el A Quo, misma que teniendo un carácter decisivo, hubiera permitido acreditar que el acusado es consumidor de droga, y que por tanto la cocaína que le fuera incautada era para satisfacer su adicción. Esta Sala reitera que el recurso de casación por quebrantamiento de forma fundado en la exclusión o en la falta de consideración de prueba con valor decisivo “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[4]”. En el presente caso, el recurrente reprocha que el Juzgador de instancia ha dejado de valorar prueba de valor decisivo, consistente en la declaración rendida en juicio por el propio imputado S. N. P. O. y por la esposa de este L. L. M. H.. Esta Sala constata que en la sentencia impugnada, concretamente en los numerales cuarto, quinto y sexto de la valoración de la prueba (F 133 vuelto y 134 del proceso), el Tribunal de instancia valora las declaraciones del imputado S. N. P. O. y de su esposa, la señora L. L. M. H., sin concederles credibilidad. Para ello ha externado razones lógicas y suficientes para restarles crédito. De este modo, el argumento central del recurrente, no se ajusta a ninguna de las hipótesis que dan lugar a la exclusión o a la falta de consideración de prueba de valor decisivo, en tanto que no se trata de prueba tenida por ilícita sin serlo, ni de omisión de toda referencia a la declaración del imputado y el testimonio rendido por su esposa, siendo por tanto innecesario abordar el carácter decisivo de tales declaraciones. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. “TERCER MOTIVO DE CASACION: “En la Valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica”. Como PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 (numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: En la valoración de la prueba el Juzgador ha de indicar claramente las pruebas tomadas en consideración al establecer los hechos probados y el valor que les haya dado a cada uno de ellas, según las reglas de la sana crítica. Por lo que el sentenciador tendrá entonces primero que seleccionar la prueba legítima con que dará sustento fáctico a la sentencia y después asignar el valor que corresponda a cada una indicándolo expresamente, lo mismo hará cuando llegue a conclusiones por inferencia a partir de valoración de prueba indiciaria, por lo que es preciso y obligatorio que el Tribunal sentenciador describiera en los considerándos cada una de las pruebas que daban sustento a la decisión en el fallo condenatorio, además el valor que le asigna de acuerdo a la sana crítica (fundamentación intelectual). Valoración probatoria que el tribunal sentenciador ha omitido y ha violentado la sana crítica al no mencionar el valor probatorio que le da, puesto que la cantidad encontrada de 8.7 gramos, ello no es indicativo de que este trataba de ponerla al mercado para su consumo para terceros, a traficar con ella, o actos propios de comercio, como lo es la compra venta, traficando la misma a cualquier título, etc., personas además como se ha establecido la reiterada jurisprudencia tanto del alto tribunal de este país, como Internacional que las pericias no son vinculantes para emitir un fallo, pues ellos no emiten juicios de valor ni de condena, pues la prueba debe ser directa, y no indirecta como lo ha plasmado el sentenciador, al establecer que el habérsele encontrado los 8.7 gramos consigo, es suficiente indicio para dictar una sentencia de condena por Tráfico Ilícito de Drogas, cuando no existe ni se probó en el debate que esa era la intención del imputado, puesto que no se le encontró en transacción alguna que nos indique que esa era su intención, salvo que se haya metido a la psiquis del imputado para poder determinar su intención lo que se denomina Ciencias Ocultas; por lo que se estima que no se observaron los elementos de la sana crítica, para dictar un fallo condenatorio. Asimismo el registro practicado no llena los requisitos establecidos en los artículos 206 y 207 del Código procesal Penal, para que sean tenidos como medios de prueba creíbles y darle el valor probatorio indubitado, para de esa forma dictar sentencia de condena, pues la prueba producida en el debate no fue valorada en forma conjunta y armónica, ya que con la prueba producida en el debate no se pudo enervar el estado de inocencia de que goza el imputado, pues no se llegó a establecer que la droga encontrada en su poder era para el tráfico de drogas, o como propósito para ser distribuida a terceras personas, puesto que no se puede medir la intencionalidad de las personas, solo por sus actos, salvo que hayan elementos hasta ahora desconocidos por esta parte, que en el proceso dejamos desapercibidos, en la que se establezca que esa era la intencionalidad, y el pensamiento no es castigado, puesto que con la posesión no se puso en peligro ni se lesionó el bien jurídico protegido por la ley Penal como lo es la salud de la población del Estado de Honduras, mas que la propia salud del imputado, al consumir droga, cuya sanción es medidas de seguridad. El Tribunal de Casación ha establecido en reiteradas Sentencias pronunciadas sobre Tráfico de Drogas y las diligencias de investigación realizadas sobre la vigilancia estacionaria que para que pueda ser prueba en el Proceso, deben existir datos objetivos que comprueben esos extremos relativos a la vigilancia, durante el debate, y en el fallo que se recurre, no se evacuaron detalles que lleven a orillar siquiera una sospecha de que el imputado era vendedor y distribuidor de drogas en el lugar donde residía, y que lo realizaba en dos vehículos de su propiedad, poniendo en relieve incluso que existe seria duda acerca de que si tal vigilancia se verificó o no, en tanto no fueron ratificadas durante el debate por los supuestos agentes que la realizaron. Pues la sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este aparato el juzgador debe explicar por que un medio probatorio le merece fe y otro no y además por que un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con acontecimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadas correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimientos cierto del suceso que se juzga).” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO S. N. P. O. ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.-PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el Tribunal de instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica al no mencionar el valor probatorio que le concede al Dictamen Químico Toxicológico, por considerar que la cantidad de droga incautada con un peso de de 8.7 gramos, no es indicativa de que el acusado S. N. P. O., trataba de introducirla en el mercado para consumo de terceros, y que tenía como finalidad la realización de actos propios de comercio tales como los de compra venta, o de traficar con ella a cualquier título. Reprocha que las pericias no son vinculantes para emitir un fallo, al no contener juicios de valor, ni de condena. Estima que la prueba debe ser directa, y no indirecta como lo ha considerado el A Quo al entender que la incautación de 8.7 gramos de droga al imputado, es suficiente indicio para dictar una sentencia de condena por Tráfico Ilícito de Drogas, soslayando que no existe, ni se probó en el debate, que esa era la intención del imputado, salvo que el Juzgador se haya introducido a la psiquis del imputado para descubrir sus intenciones. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[5], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Esta Sala observa que en el presente caso, el Censor cuestiona la sentencia del A Quo por violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba Pericial, concretamente la del medio de Prueba consistente en el Dictamen Químico Toxicológico, por considerar que la cantidad de droga incautada de 8.7 gramos de Cocaína, en posesión del acusado S. N. P. O. al momento de su aprehensión o captura, no es indicativa de que este trataba de ponerla en el mercado para consumo de terceros, realizar actos de comercio, como comprar o vender drogas, o de traficar con ella a cualquier título. Ya explicamos con anterioridad que el dictamen pericial toxicológico por sí mismo no es concluyente para decidir si un imputado es no responsable de alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, por lo que el recurrente debe estarse a lo expuesto. Esta Sala observa que el recurrente ha denunciado la vulneración de de las reglas de la sana crítica, sin embargo omite señalar cual o cuales de estas, es decir, de la Lógica, Psicología o de las Máximas de Experiencia no han sido observadas por el Juzgador, en la valoración o motivación intelectiva de la mencionada prueba Pericial, tampoco menciona los efectos que la falta de aplicación de alguna regla del correcto razonamiento humano, ha provocado en el fallo, defecto esencial en la técnica recursiva del recurrente, que no corresponde subsanar de oficio a este Tribunal de Casación. Por lo anteriormente expuesto, se declara sin lugar el motivo de casación invocado por el Censor. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 numeral 1, 2 y 3 in fine del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación de Infracción de ley Sustantiva, en su motivo único; y de Quebrantamiento de forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Apoderado Defensor del Acusado S. N. P. O., contra la sentencia de fecha tres (3) de Octubre de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
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Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-12-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en “Salud Público y Drogas Tóxicas”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 65-66.
[2] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en “El Recurso de Casación”. 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, pág. 140.
[3] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en El Recurso de Casación Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148.
[4] Vid. Angel Llorente Fernández de la Reguera / Rixi Moncada Godoy, en Los Recursos; Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7, pág. 120.
[5] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.