Sentencia CP-112-12 — Registro 3575
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de robo de vehículo. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA EN SU ÚNICO MOTIVO. I.- El recurrente planteó que la sentencia impugnada violentó el Artículo 89 de la Constitución de la República, el cual recoge el Estado de Inocencia, estableciendo como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor que conforme a nuestra Carta Magna, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, considerando una obligación del Estado garantizar a los imputados un juicio justo y apegado a derecho. Razonó que conforme lo establecen los hechos probados y las pruebas allegadas al juicio, se puede inferir que se condenó al señor W. S. P. M., sin existir prueba suficiente que acreditara el delito de ROBO DE VEHÍCULO, por el que fue condenado conforme lo regula el artículo 218 D del Código Penal, pues nunca se probó en juicio mediante la documentación respectiva o los testigos correspondientes, que ese vehículo que transfirió era robado, concluyendo que se vulneró la Presunción de Inocencia que goza el acusado, solicitando el dictado de una sentencia absolutoria. II.- La Sala de lo Penal, ya ha reiterado que, para el examen del motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal "A-quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado ya que no es éste quien tiene que probar su inocencia. III.- El delito por el que fue condenado el encartado W. S. P. M., es ROBO DE VEHÍCULO regulado el Artículo 218 D del Código Penal, establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Conforme a este tipo penal era necesario se acreditara en juicio mediante las pruebas respectivas, que el encartado P. M. haya transferido un vehículo robado; lo cual implica dos situaciones, la primera que el automotor transferido por el imputado W. S. al ofendido haya tenido la condición de “Robado” y, la segunda, que el inculpado conociera o tuviera total conciencia que el vehiculo era robado y aún a sabiendas de ello lo haya transferido. IV.- Las Pruebas que se evacuaron durante el debate consistió en: a) Declaración del ofendido J. T. C. R., quien declaró como el encausado W. S. le propuso que a cambio de su carro Toyota Hilux 2.8 y una suma adicional de cien mil lempiras, éste le transferiría otro auto más nuevo, un Toyota doble cabina 3.0, año 2006, lo cual así se realizó; pero al transcurrir seis meses de tener el nuevo vehículo, el perjudicado fue requerido por Agentes de la Dirección de Investigación Criminal, quienes le informaron que el vehículo que recién había comprado, tenía reporte de robo. b) Declaración de la joven M. T. C. Z., hija del ofendido, quien se refirió casi en los mismo términos que su padre, pues fue honesta al declarar que sabía lo que su padre le había dicho, por tanto tiene la categoría de una testigo de oídas. c) Declaración del señor C. A. R. C., quien manifestó tener conocimiento de la transferencia del vehículo, porque en esas fechas él laboraba para W. y lo acompañó a hacer la permuta con el señor J. T., luego resultó que el carro era robado, afirmó no observar la entrega de ninguna documentación entre ellos, y que en la fecha que le tocaba a don J. T. realizar el pago de los cien mil lempiras, él andaba en San Pedro Sula con W. y le prestó su cuenta de ahorros para que ahí le efectuaran el depósito. d) Documental consistente en 1. Acta de decomiso del vehículo Toyota Hilux 2.8 decomisado a E. T. L.; 2. Acta de Decomiso de una copia de depósito bancario efectuada por J. T. C. a la cuenta de ahorro de C. A. R.. 3. Acta de Decomiso del vehículo Toyota 3.0 efectuada al señor J. T. C. R.. 4. Copia del oficio emitido por la DEI en que se acredita que el vehículo supuestamente robado Toyota 3.0 pertenece al señor J. T. C. R.. 5. Copia de boleta de revisión donde se acredita que el carro Toyota 3.0, doble cabina esta registrado a nombre de J. T. C. R.. 6. Álbum Fotográfico con lo que se acredita las características del automotor marca Toyota 3.0, doble cabina año 2006. 7. Factura de Compra a favor del señor C. A. G. por parte de la Corporación Flores, acerca de la compra de un vehículo marca Toyota 3.0 doble cabina año 2006. Con el legajo probatorio arriba descrito y que se evacuó en el juicio, se acreditó que en efecto existió entre el imputado W. S. P. M. y el ofendido J. T. C. R., una transacción comercial consistente en la permuta de dos vehículos, además de la entrega de un dinero adicional que el señor C. R. depositó en la cuenta del señor C. R. como parte del acuerdo; pero que a los seis meses de tenerlo el ofendido fue despojado del mismo por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal aduciendo un reporte de robo; se comprobó también que el vehículo Toyota 3.0, año 2006 fue decomisado al señor J. T. C. R. y que era éste quien aparecía como dueño del automotor en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tanto en la Constancia que ésta institución emitió, así como en la revisión del vehículo que se le decomisó al perjudicado; se probó también que el vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006 fue vendido por la Corporación Flores el 30 de agosto del 2005 al señor C. A. G. V.- De conformidad al Tipo Penal por el que fue condenado el señor W. S. –ROBO DE VEHÍCULO- (Artículo 218”D” del Código Penal), requiere conforme a los elementos objetivos, que se haya acreditado que el vehículo que se transfirió fuese robado; al analizar los medios probatorios que se evacuaron en el debate, no encontramos prueba alguna que acredite con suficiente certeza que el propietario del vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006, haya interpuesto denuncia alguna en la que revelara el supuesto atraco del que fuera objeto y donde le despojaron del automotor. Si bien, aparece una factura emitida por Corporación Flores a nombre de otra persona, esto no acredita que el vehículo sea robado, sino solamente que el primer propietario del automotor fue el señor C. A. G., quien no se presentó a declarar en el juicio y se desconoce totalmente su versión. Si bien, el ofendido J. T. C. R. y su hija, afirmaron que los miembros de la Dirección General de Investigación les dijeron que ese vehículo tenía reporte de robo, no consta declaración de algún agente que así lo confirmara. El otro elemento que requiere para su configuración el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Art. 218 D del Código Penal) por el que fue condenado el encartado P. M., es que éste tenga el pleno conocimiento de que el vehículo por transferir sea robado, en tal sentido, las pruebas aportadas al debate no acreditan tal extremo, pues de los testigos y la prueba documental allegada al proceso no se colige o deduce tal aseveración. Otro elemento que aparece en el último párrafo del artículo 218 D del Código Penal, y que el Juzgador ha ignorado totalmente referirse en la fundamentación de la sentencia, es la Buena Fe, la cual por Principio Legal se presume. Consecuentemente, al analizar la sentencia recurrida, se puede concluir que las pruebas presentadas en el juicio fueron insuficientes para enervar el Estado de Inocencia que acompaña durante todo el proceso penal al ciudadano (a) que es enjuiciado, ya que no se acreditó con el legajo probatorio los elementos objetivos necesarios para la configuración del delito por el que fue condenado, es decir, de ROBO DE VEHÍCULO consignado en el Artículo 218 “D” del Código Penal, consecuentemente, no concurre en el caso examiné, la Actividad probatoria mínima, para sustentar la condena del acusado, ya que la prueba aportada carece del carácter incriminador necesario para acreditar la concurrencia del tipo penal por el cual se acusó, debiéndose reconocer y mantener la vigencia del Estado de Inocencia que reclama el recurrente a favor de su representado. VI.- Por todas las razones arriba indicadas, este Supremo Tribunal de Casación concluye, que en efecto se ha mancillado una garantía constitucional del imputado como ser la Presunción de Inocencia, pues de las pruebas allegadas al Juicio no se deriva la culpabilidad del acusado en el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Artículo 218 “D”) del Código Penal; por tanto, es procedente declarar Con Lugar el presente motivo de casación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,; 359, 361, 369, 372 del Código Procesal Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurrente planteó que la sentencia impugnada violentó el Artículo 89 de la Constitución de la República, el cual recoge el Estado de Inocencia, estableciendo como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor que conforme a nuestra Carta Magna, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, considerando una obligación del Estado garantizar a los imputados un juicio justo y apegado a derecho. Razonó que conforme lo establecen los hechos probados y las pruebas allegadas al juicio, se puede inferir que se condenó al señor W. S. P. M., sin existir prueba suficiente que acreditara el delito de ROBO DE VEHÍCULO, por el que fue condenado conforme lo regula el artículo 218 D del Código Penal, pues nunca se probó en juicio mediante la documentación respectiva o los testigos correspondientes, que ese vehículo que transfirió era robado, concluyendo que se vulneró la Presunción de Inocencia que goza el acusado, solicitando el dictado de una sentencia absolutoria. II.- La Sala de lo Penal, ya ha reiterado que, para el examen del motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal "A-quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado ya que no es éste quien tiene que probar su inocencia. III.- El delito por el que fue condenado el encartado W. S. P. M., es ROBO DE VEHÍCULO regulado el Artículo 218 D del Código Penal, establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Conforme a este tipo penal era necesario se acreditara en juicio mediante las pruebas respectivas, que el encartado P. M. haya transferido un vehículo robado; lo cual implica dos situaciones, la primera que el automotor transferido por el imputado W. S. al ofendido haya tenido la condición de “Robado” y, la segunda, que el inculpado conociera o tuviera total conciencia que el vehiculo era robado y aún a sabiendas de ello lo haya transferido. IV.- Las Pruebas que se evacuaron durante el debate consistió en: a) Declaración del ofendido J. T. C. R., quien declaró como el encausado W. S. le propuso que a cambio de su carro Toyota Hilux 2.8 y una suma adicional de cien mil lempiras, éste le transferiría otro auto más nuevo, un Toyota doble cabina 3.0, año 2006, lo cual así se realizó; pero al transcurrir seis meses de tener el nuevo vehículo, el perjudicado fue requerido por Agentes de la Dirección de Investigación Criminal, quienes le informaron que el vehículo que recién había comprado, tenía reporte de robo. b) Declaración de la joven M. T. C. Z., hija del ofendido, quien se refirió casi en los mismo términos que su padre, pues fue honesta al declarar que sabía lo que su padre le había dicho, por tanto tiene la categoría de una testigo de oídas. c) Declaración del señor C. A. R. C., quien manifestó tener conocimiento de la transferencia del vehículo, porque en esas fechas él laboraba para W. y lo acompañó a hacer la permuta con el señor J. T., luego resultó que el carro era robado, afirmó no observar la entrega de ninguna documentación entre ellos, y que en la fecha que le tocaba a don J. T. realizar el pago de los cien mil lempiras, él andaba en San Pedro Sula con W. y le prestó su cuenta de ahorros para que ahí le efectuaran el depósito. d) Documental consistente en 1. Acta de decomiso del vehículo Toyota Hilux 2.8 decomisado a E. T. L.; 2. Acta de Decomiso de una copia de depósito bancario efectuada por J. T. C. a la cuenta de ahorro de C. A. R.. 3. Acta de Decomiso del vehículo Toyota 3.0 efectuada al señor J. T. C. R.. 4. Copia del oficio emitido por la DEI en que se acredita que el vehículo supuestamente robado Toyota 3.0 pertenece al señor J. T. C. R.. 5. Copia de boleta de revisión donde se acredita que el carro Toyota 3.0, doble cabina esta registrado a nombre de J. T. C. R.. 6. Álbum Fotográfico con lo que se acredita las características del automotor marca Toyota 3.0, doble cabina año 2006. 7. Factura de Compra a favor del señor C. A. G. por parte de la Corporación Flores, acerca de la compra de un vehículo marca Toyota 3.0 doble cabina año 2006. Con el legajo probatorio arriba descrito y que se evacuó en el juicio, se acreditó que en efecto existió entre el imputado W. S. P. M. y el ofendido J. T. C. R., una transacción comercial consistente en la permuta de dos vehículos, además de la entrega de un dinero adicional que el señor C. R. depositó en la cuenta del señor C. R. como parte del acuerdo; pero que a los seis meses de tenerlo el ofendido fue despojado del mismo por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal aduciendo un reporte de robo; se comprobó también que el vehículo Toyota 3.0, año 2006 fue decomisado al señor J. T. C. R. y que era éste quien aparecía como dueño del automotor en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tanto en la Constancia que ésta institución emitió, así como en la revisión del vehículo que se le decomisó al perjudicado; se probó también que el vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006 fue vendido por la Corporación Flores el 30 de agosto del 2005 al señor C. A. G. V.- De conformidad al Tipo Penal por el que fue condenado el señor W. S. –ROBO DE VEHÍCULO- (Artículo 218”D” del Código Penal), requiere conforme a los elementos objetivos, que se haya acreditado que el vehículo que se transfirió fuese robado; al analizar los medios probatorios que se evacuaron en el debate, no encontramos prueba alguna que acredite con suficiente certeza que el propietario del vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006, haya interpuesto denuncia alguna en la que revelara el supuesto atraco del que fuera objeto y donde le despojaron del automotor. Si bien, aparece una factura emitida por Corporación Flores a nombre de otra persona, esto no acredita que el vehículo sea robado, sino solamente que el primer propietario del automotor fue el señor C. A. G., quien no se presentó a declarar en el juicio y se desconoce totalmente su versión. Si bien, el ofendido J. T. C. R. y su hija, afirmaron que los miembros de la Dirección General de Investigación les dijeron que ese vehículo tenía reporte de robo, no consta declaración de algún agente que así lo confirmara. El otro elemento que requiere para su configuración el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Art. 218 D del Código Penal) por el que fue condenado el encartado P. M., es que éste tenga el pleno conocimiento de que el vehículo por transferir sea robado, en tal sentido, las pruebas aportadas al debate no acreditan tal extremo, pues de los testigos y la prueba documental allegada al proceso no se colige o deduce tal aseveración. Otro elemento que aparece en el último párrafo del artículo 218 D del Código Penal, y que el Juzgador ha ignorado totalmente referirse en la fundamentación de la sentencia, es la Buena Fe, la cual por Principio Legal se presume. Consecuentemente, al analizar la sentencia recurrida, se puede concluir que las pruebas presentadas en el juicio fueron insuficientes para enervar el Estado de Inocencia que acompaña durante todo el proceso penal al ciudadano (a) que es enjuiciado, ya que no se acreditó con el legajo probatorio los elementos objetivos necesarios para la configuración del delito por el que fue condenado, es decir, de ROBO DE VEHÍCULO consignado en el Artículo 218 “D” del Código Penal, consecuentemente, no concurre en el caso examiné, la Actividad probatoria mínima, para sustentar la condena del acusado, ya que la prueba aportada carece del carácter incriminador necesario para acreditar la concurrencia del tipo penal por el cual se acusó, debiéndose reconocer y mantener la vigencia del Estado de Inocencia que reclama el recurrente a favor de su representado. VI.- Por todas las razones arriba indicadas, este Supremo Tribunal de Casación concluye, que en efecto se ha mancillado una garantía constitucional del imputado como ser la Presunción de Inocencia, pues de las pruebas allegadas al Juicio no se deriva la culpabilidad del acusado en el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Artículo 218 “D”) del Código Penal; por tanto, es procedente declarar Con Lugar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual CONDENÓ al señor W. S. P. M. como autor del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de J. T. C. R., a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada I. G. G., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. S. P. M..- SON PARTES: El Abogado A. A. G. en su condición de Defensor Público del imputado, como parte recurrente y la Abogada K. M. en su calidad de Representante del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil siete, el hoy acusado W. S. P. M. en compañía de otra persona llegaron a la casa del señor J. T. C. R., localizada en la ciudad de El Paraíso y realizaron un acuerdo comercial consistente en la permuta de dos vehículos, en la cual el señor C. R. recibió un vehículo Marca Toyota Pick Up, doble cabina, año dos mil seis (2006) 3.0, color negro, placa PCD 6890, entregando en el cambio su vehículo un Toyota Hilux, color gris púrpura, doble cabina 2.8, placa PBI 7430, más la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS (Lps.100,000.00), de lo cual el hoy ofendido depositó noventa y ocho mil lempiras (98,000.00) a una cuenta del Banco Bac Bamer a nombre de C. A. R. C..
SEGUNDO: Que aproximadamente seis meses después de realizada la negociación antes indicada el señor J. T. C. R. fue visitado por los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, los cuales lo requieren con el objeto de que mostrara los documentos del vehículo marca Toyota Pick Up, Doble cabina, año dos mil seis (2006) 3.0, color negro, placa PCD 6890, que tenía en su posesión, informándole posteriormente los agentes que ese vehículo tenía reporte de robo, por lo que procedieron a decomisarlo”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada I. G. G., desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código”. PRIMERO: De lo anterior se desprende, que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un juicio justo y apegado a derecho; el hecho de condenar con prueba insuficiente, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- SEGUNDO: El Tribunal estimó como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil siete, el hoy acusado W. S. P. M. en compañía de otra persona llegaron a la casa del señor J. T. C. R., localizada en la ciudad de El Paraíso y realizaron un acuerdo comercial consistente en la Marca Toyota Pick Up, doble cabina, años dos mil seis (2006) 3.0, color negro, placa PCD 6890, entregando en el cambio su vehículo Toyota Hilux, Color Gris Púrpura, Doble cabina 2.8, placa PBI 7430, más la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS (Lps. 100,000.00) DE LO CUAL EL HOY OFENDIDO DEPOSITÓ NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS (98,000.00) a una cuenta del Banco Bac Bamer a nombre de C. A. R. C.. SEGUNDO: Que aproximadamente seis meses después de realizada la negociación antes indicada el señor J. T. C. R. fue visitado por los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal los cuales lo requirieron con el objeto de que mostrara los documentos del vehículo Marca Toyota pick up, Doble Cabina, años dos mil seis (2006) 3.0, color negro, placa PCD 6890, que tenía en su posesión, informándole posteriormente los agentes que ese vehículo tenía reporte de Robo por lo que procedieron a decomisárselo”. Dichos hechos catalogados por el Sentenciador como constitutivos de un delito de ROBO DE VEHÍCULO según lo que estipula el tipo penal del artículo 218 D del Código Penal que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en la que transacción se haya realizado de buena fe”. TERCERO: Tal como lo relata el hecho probado y la norma penal por la que fue condenado nuestro patrocinado, se le acusa de transferir un vehículo que logró probar con ningún medio de prueba documental que esa supuesta transferencia en realidad existió; este es el primer punto de nuestro reclamo y por el cual consideramos que se ha condenado al señor W. S. P. M. con vagos indicios violentándose con ello la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; si bien se presentó a declarar el ofendido J. T. C. y tal como lo establecen los hechos, se entabló una relación de comercio entre ellos, pero esa relación no basta con que se haya dicho de palabra, la defensa considera necesario para enervar el Estado de Inocencia, que el ente acusador haya presentado esa supuesta transferencia es decir ese documento mediante el cual nuestro representado P. M., transfería al señor C. R. el vehículo Marca Toyota hilux 3.0; pero tal como lo estableció el supuesto ofendido al momento de rendir su declaración, nunca se firmó ningún documento que acreditara tal transferencia. CUARTO: De igual forma Honorable Tribunal Casacional, el tipo penal por el que fue sentenciado nuestro representado W. S. P. M. exige otra condición, además de que se realice una transferencia del vehículo, debe probarse o demostrarse que el vehículo que vendió nuestro representado sea robado; analizando los medios de prueba evacuados en el juicio podemos descubrir, que con ninguno de ellos se puede llegar a esa conclusión, ya que algunos testigos afirman que el vehículo 3.0 Toyota hilux tenía reporte de robo (lo exaltado es nuestro), pero no se presentó durante el juicio, ningún documento fehaciente que acreditara dicho extremo, no basta con afirmar que tenía reporte de robo, era necesario acreditarlo indudablemente por ejemplo con la denuncia del supuesto dueño mediante la cual haya puesto en conocimiento de las autoridades correspondiente el robo de su vehículo o que el propio dueño del carro se presentara a declarar a juicio oral y confirmará que en efecto ese vehículo se lo habían robado. Al no desprenderse de las pruebas evacuadas en juicio dichas probanzas necesarias para configurar este tipo penal del artículo 218 D se infiere que el sentenciador realizó razonamientos distintos a los resultados de las pruebas y por ende violentando el Estado de Inocencia que Constitucionalmente goza el imputado, ya que se ha condenado al señor W. S. P. M. sin existir pruebas contundes y fehacientes de su participación en los hechos que se investigaron. QUINTO: La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “Manual de derecho Constitucional” (De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”. Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerada la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez infiere de las pruebas extremos que no se acreditaron como ser la supuesta transferencia y el hecho de que el vehículo en efecto era robado. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable”. Tal es el caso de nuestro representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal necesaria, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el delito de Robo de Vehículo, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA EN SU ÚNICO MOTIVO. I.- El recurrente planteó que la sentencia impugnada violentó el Artículo 89 de la Constitución de la República, el cual recoge el Estado de Inocencia, estableciendo como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor que conforme a nuestra Carta Magna, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, considerando una obligación del Estado garantizar a los imputados un juicio justo y apegado a derecho. Razonó que conforme lo establecen los hechos probados y las pruebas allegadas al juicio, se puede inferir que se condenó al señor W. S. P. M., sin existir prueba suficiente que acreditara el delito de ROBO DE VEHÍCULO, por el que fue condenado conforme lo regula el artículo 218 D del Código Penal, pues nunca se probó en juicio mediante la documentación respectiva o los testigos correspondientes, que ese vehículo que transfirió era robado, concluyendo que se vulneró la Presunción de Inocencia que goza el acusado, solicitando el dictado de una sentencia absolutoria. II.- La Sala de lo Penal, ya ha reiterado que, para el examen del motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal "A-quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado ya que no es éste quien tiene que probar su inocencia. III.- El delito por el que fue condenado el encartado W. S. P. M., es ROBO DE VEHÍCULO regulado el Artículo 218 D del Código Penal, establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Conforme a este tipo penal era necesario se acreditara en juicio mediante las pruebas respectivas, que el encartado P. M. haya transferido un vehículo robado; lo cual implica dos situaciones, la primera que el automotor transferido por el imputado W. S. al ofendido haya tenido la condición de “Robado” y, la segunda, que el inculpado conociera o tuviera total conciencia que el vehiculo era robado y aún a sabiendas de ello lo haya transferido. IV.- Las Pruebas que se evacuaron durante el debate consistió en: a) Declaración del ofendido J. T. C. R., quien declaró como el encausado W. S. le propuso que a cambio de su carro Toyota Hilux 2.8 y una suma adicional de cien mil lempiras, éste le transferiría otro auto más nuevo, un Toyota doble cabina 3.0, año 2006, lo cual así se realizó; pero al transcurrir seis meses de tener el nuevo vehículo, el perjudicado fue requerido por Agentes de la Dirección de Investigación Criminal, quienes le informaron que el vehículo que recién había comprado, tenía reporte de robo. b) Declaración de la joven M. T. C. Z., hija del ofendido, quien se refirió casi en los mismo términos que su padre, pues fue honesta al declarar que sabía lo que su padre le había dicho, por tanto tiene la categoría de una testigo de oídas. c) Declaración del señor C. A. R. C., quien manifestó tener conocimiento de la transferencia del vehículo, porque en esas fechas él laboraba para W. y lo acompañó a hacer la permuta con el señor J. T., luego resultó que el carro era robado, afirmó no observar la entrega de ninguna documentación entre ellos, y que en la fecha que le tocaba a don J. T. realizar el pago de los cien mil lempiras, él andaba en San Pedro Sula con W. y le prestó su cuenta de ahorros para que ahí le efectuaran el depósito. d) Documental consistente en 1. Acta de decomiso del vehículo Toyota Hilux 2.8 decomisado a E. T. L.; 2. Acta de Decomiso de una copia de depósito bancario efectuada por J. T. C. a la cuenta de ahorro de C. A. R.. 3. Acta de Decomiso del vehículo Toyota 3.0 efectuada al señor J. T. C. R.. 4. Copia del oficio emitido por la DEI en que se acredita que el vehículo supuestamente robado Toyota 3.0 pertenece al señor J. T. C. R.. 5. Copia de boleta de revisión donde se acredita que el carro Toyota 3.0, doble cabina esta registrado a nombre de J. T. C. R.. 6. Álbum Fotográfico con lo que se acredita las características del automotor marca Toyota 3.0, doble cabina año 2006. 7. Factura de Compra a favor del señor C. A. G. por parte de la Corporación Flores, acerca de la compra de un vehículo marca Toyota 3.0 doble cabina año 2006. Con el legajo probatorio arriba descrito y que se evacuó en el juicio, se acreditó que en efecto existió entre el imputado W. S. P. M. y el ofendido J. T. C. R., una transacción comercial consistente en la permuta de dos vehículos, además de la entrega de un dinero adicional que el señor C. R. depositó en la cuenta del señor C. R. como parte del acuerdo; pero que a los seis meses de tenerlo el ofendido fue despojado del mismo por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal aduciendo un reporte de robo; se comprobó también que el vehículo Toyota 3.0, año 2006 fue decomisado al señor J. T. C. R. y que era éste quien aparecía como dueño del automotor en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tanto en la Constancia que ésta institución emitió, así como en la revisión del vehículo que se le decomisó al perjudicado; se probó también que el vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006 fue vendido por la Corporación Flores el 30 de agosto del 2005 al señor C. A. G. V.- De conformidad al Tipo Penal por el que fue condenado el señor W. S. –ROBO DE VEHÍCULO- (Artículo 218”D” del Código Penal), requiere conforme a los elementos objetivos, que se haya acreditado que el vehículo que se transfirió fuese robado; al analizar los medios probatorios que se evacuaron en el debate, no encontramos prueba alguna que acredite con suficiente certeza que el propietario del vehículo Marca Toyota doble cabina 3.0, año 2006, haya interpuesto denuncia alguna en la que revelara el supuesto atraco del que fuera objeto y donde le despojaron del automotor. Si bien, aparece una factura emitida por Corporación Flores a nombre de otra persona, esto no acredita que el vehículo sea robado, sino solamente que el primer propietario del automotor fue el señor C. A. G., quien no se presentó a declarar en el juicio y se desconoce totalmente su versión. Si bien, el ofendido J. T. C. R. y su hija, afirmaron que los miembros de la Dirección General de Investigación les dijeron que ese vehículo tenía reporte de robo, no consta declaración de algún agente que así lo confirmara. El otro elemento que requiere para su configuración el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Art. 218 D del Código Penal) por el que fue condenado el encartado P. M., es que éste tenga el pleno conocimiento de que el vehículo por transferir sea robado, en tal sentido, las pruebas aportadas al debate no acreditan tal extremo, pues de los testigos y la prueba documental allegada al proceso no se colige o deduce tal aseveración. Otro elemento que aparece en el último párrafo del artículo 218 D del Código Penal, y que el Juzgador ha ignorado totalmente referirse en la fundamentación de la sentencia, es la Buena Fe, la cual por Principio Legal se presume. Consecuentemente, al analizar la sentencia recurrida, se puede concluir que las pruebas presentadas en el juicio fueron insuficientes para enervar el Estado de Inocencia que acompaña durante todo el proceso penal al ciudadano (a) que es enjuiciado, ya que no se acreditó con el legajo probatorio los elementos objetivos necesarios para la configuración del delito por el que fue condenado, es decir, de ROBO DE VEHÍCULO consignado en el Artículo 218 “D” del Código Penal, consecuentemente, no concurre en el caso examiné, la Actividad probatoria mínima, para sustentar la condena del acusado, ya que la prueba aportada carece del carácter incriminador necesario para acreditar la concurrencia del tipo penal por el cual se acusó, debiéndose reconocer y mantener la vigencia del Estado de Inocencia que reclama el recurrente a favor de su representado. VI.- Por todas las razones arriba indicadas, este Supremo Tribunal de Casación concluye, que en efecto se ha mancillado una garantía constitucional del imputado como ser la Presunción de Inocencia, pues de las pruebas allegadas al Juicio no se deriva la culpabilidad del acusado en el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Artículo 218 “D”) del Código Penal; por tanto, es procedente declarar Con Lugar el presente motivo de casación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,; 359, 361, 369, 372 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada I. G. G. en su condición de Defensora Pública del señor W. S. P. M., contra la sentencia de fecha trece de enero del dos mil doce, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso.- SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE ABSUELVE de toda Responsabilidad Penal al señor W. S. P. M. por el delito de ROBO DE VEHÍCULO (Articulo 218 “D” del Código Penal) en perjuicio del señor J. T. C. R.; en consecuencia de lo anterior, revóquese toda medida cautelar dictada en contra del acusado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-112-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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