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Sentencia CP-111-12 — Registro 4145

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal:

  1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y

  2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de:

a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso;

b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis;

c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal;

d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y

e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.

En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).

IV.- El Censor contraviene la sentencia, al ser de la opinión de que la conducta de sus representados no se subsume en el tipo penal de Secuestro, puesto que no se describe que éstos hayan realizado ninguna de las acciones que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 del Código Penal.

V.- AUTORÍA Y COAUTORÍA

Es menester de la Sala de lo Penal, hacer un breve análisis respecto a la autoría y participación, por ser éste el Thema Decidendum en el recurso planteado por el Censor.

Ésta Sala de lo Penal, ha acogido la Teoría Objetivo-Subjetiva, como aquella más acorde a la normativa penal sustantiva vigente para hacer la distinción entre autores y participes, (Ver Sent de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras).- La Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basa el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes; Esta teoría fue propuesta por Welzel, “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13) por lo que también fue llamada Teoría Final Objetiva, siendo su mayor exponente el alemán Hans Welzel.- Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Zaffaroni, Eugenio Raúl (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742):

a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material;

b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y

c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción.

El Autor

Se le llama Autor quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; En los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. Se suelen utilizar denominaciones de distinto orden: autor inmediato, autor directo, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; Todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, sin embargo amplia el espectro de aplicación de los tipos penales cuando en los artículos 32 señala además del autor directo o material, deben de considerarse autores al Coautor, autor mediato, al inductor y al cómplice necesario, mientras que en el artículo 33 señala que como participes se tendrá al cómplice simple.

La Coautoría

La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores.

En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común.- Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas:

a. Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y

b. Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010).

Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito:

a. Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito:

i. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y

ii. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva.

b. Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito.- Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y

c. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal.

Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; Entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecuto sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió.

No opera la coautoría:

a. En los tipos penales con sujeto activo calificado: En estos delitos se les llama intraneus a los ejecutores que poseen la cualidad exigida en el tipo penal para poder ser autor, y extraneus a los ejecutores que no la tienen. Son ejemplo los delitos de: prevaricato (Art. 378 del CP), abuso de autoridad (Art. 349 del CP), patrocinio infiel (Art. 381 del CP), entre otros.

En estos delitos no procede la coautoría cuando alguno de los ejecutores no reúnen la cualidad exigida por el tipo penal calificado, por lo que en estos casos, aún cuando exista acuerdo previo, se sigue la teoría de la Pluralidad del Título de Imputación donde los ejecutores responderán por sus propios delitos, es decir los intraneus por tipo penal con sujeto activo calificado, mientras que los extraneus por el tipo penal subsidiario (Art. 2-A.2 del CP), en caso de que existiere;

b. En Delicta Propria, (Delitos de Propia Mano) llamados así por el alemán Karl L. Binding, que son aquellos que el autor debe de realizar personalmente el verbo rector que rige el supuesto de hecho contenido en el tipo penal, como por ejemplo los delicta carnis o delitos en contra de la libertad sexual (Art. 140 y 141 del CP), falso testimonio (Art. 385 del CP), posesión ilegal de un arma de fuego (Art. 332-A y 332-B del CP), entre otros; En estos casos solo será autor el intraneus, mientras que el extraneus deberá de ser considerado cómplice o cómplice necesario, según el caso y cuando corresponda;

c. En los delitos culposos, pues en ellos el acuerdo en común está destinado para la comisión de un acto lícito, recayendo el reproche en quien lo haya ejecutado con violación al deber de cuidado.

VI.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- Los Hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula (F. 287), describen un acto que se ajusta al ámbito situacional del Artículo 192 del Código Penal que tipifica el delito de Secuestro y del que deben de responder los acusados C. A. L. H. y A. G. A. H., a título de Coautores.

          Indica los hechos probados que el cinco de Febrero de dos mil nueve, los acusados ingresaron a la Distribuidora de Pinturas DIPI, en compañía de varias personas, todos con armas, donde después de encerrar a varias personas en el baño, privaron de su libertad al Señor J. C. C., a quien transportaron a varios puntos, utilizando más de un vehículo, entretanto otra persona exigía al Señor M. A. C., la entrega de una cantidad de dinero a cambio de la liberación de su hijo J. C..- Es claro que fueron varias las personas planearon y ejecutaron el delito, distribuyéndose funciones distintas para ello,  entre éstos los acusados C. A. L. H. y A. G. A. H., quienes estuvieron a cargo de sustraer al Señor J. C. C., privándolo de su libertad, transportándolo a varios puntos, usando varios vehículos, para que otros contactaran a su padre exigiéndole la entrega de dinero a cambio de su liberación.- Los acusados encaminaron sus acciones conforme al acuerdo común preexistente, aportando al plan común una contribución objetiva, siendo autores del delito.



          Como consecuencia es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, me diante la cual condenó a los señores C. A. L. H. y A. G. A. H., a la pena de DIES AÑOS DE RECLUSIÓN, como autores del delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de J. C. C. L.; asimismo se le declara responsabilidad civil de los condenados.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, el Abogado H. S. M. S., actuando en su condición de Apoderado Judicial de los señores C. A. L. H. y A. G. A. H.. SON PARTES: El Abogado H. S. M. S., apoderado defensor de los acusados C. A. L. H. y A. G. A. H., en su condición de Recurrente y la Abogada K. L. M., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día cinco de febrero del año 2009, el joven J. C. C. L., se encontraba en el negocio de su padre denominado “Distribuidora de Pinturas, DIPI”, ubicado en el barrio Los Andes, avenida circunvalación de esta ciudad de San Pedro Sula, cuando en eso ingresó el señor A. G. A. H., quien haciéndose pasar como cliente, preguntó por el valor de la pintura, luego salió y regresó instantes después en compañía de C. A. L. H. y otras personas mas del sexo masculino, que se encontraban armados, conminando al testigo protegido con clave 025-09 y otros empleados, a ingresar al baño del establecimiento, dejándolos encerrados, llevándose al joven J. C. C. L. a bordo de su vehículo, tomando rumbo al Pedregal costado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, donde los trasladaron a otro vehículo tipo camioneta van, color blanco, lo vendaron, tomando rumbo hacia el sector de Baracoa, donde lo tuvieron expuesto a la intemperie por tres días, llevándolo al cuarto día a una vivienda ubicada en ese mismo sector, quedando en ese tiempo ya únicamente dos personas en custodia del joven L., mientras A. G. y C. A. mantenían comunicación vía telefónica, ese mismo día, el señor M. A. C., padre del joven J. C., recibió una llamada telefónica donde le exigían a cambio de la liberación de su hijo la suma de un millón de dólares. SEGUNDO: El oficial de investigación de la Dirección General de Servicios Especiales, A. A. S. Nieto, recibió en fecha ocho de ese mismo mes, información anónima acerca de la participación de los señores A. G. A. H., y otros mas la ubicación del lugar donde estaba retenido el joven J. C. y los vehículos empleados en el hecho, una van blanca, un turismo color gris, por lo que de inmediato se realizan investigaciones obteniendo fotografías de dichas personas, las que mostró a personas que presenciaron el hecho, quienes identificaron a A. G. A. H. y a C. A. L. H., lo que originó la detención de estos el día nueve de febrero decomisándose a A. G. A. un celular con numero 96062630, y al señor C. A. L. H. un celular con numero 97192141, montándose un operativo policial en el sector de Baracoa que motivó que los captores del joven J. C. C. L., lo dejarán en libertad sin recibir recompensa alguna”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente, su de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, de la siguiente manera: “INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA, para lo cual me fundamento en los hechos legales que a continuación se exponen: PRIMERO: Infracción de Ley Sustantiva por aplicación indebida de los artículos 192 del Código Penal vigente, 31 y 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Plantea la defensa de los señores C. A. L. H. y A. G. A. H.; la infracción por aplicación indebida de tres preceptos de orden público sustantivo como lo son los artículos 192 del Código Penal en relación con los artículos 31 y 32 del mismo cuerpo legal; los cuales mandan: Artículo 192.- Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. (La negrilla es nuestra) Articulo 31 “Son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices”, en relación con éste, el artículo 32 establece “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Respetando como estamos obligados, lo hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de subjunción y en la parte resolutiva disponer la ley aplicable, describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. Honorable Tribunal en opinión del recurrente la conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsume en el tipo penal de SECUESTRO por el que fueron condenados los señores C. A. L. H. y A. G. A. H., así mismo no se describe una acción de esta que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, aplicándose indebidamente los artículos 31, 32 del Código Penal y 192 de este mismo cuerpo legal. El Tribunal de Sentencia declaró como probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día cinco de febrero del año 2009, el joven J. C. C. L., se encontraba en el negocio de su padre denominado “Distribuidora de Pinturas DIPI”, ubicado en el barrio Los Andes, Avenida circunvalación de esta ciudad de San Pedro Sula, cuando en eso ingreso el señor A. G. A. H., quien haciéndose pasar como cliente, preguntó por el valor de la pintura, luego salió y regresó instantes después en compañía de C. A. L. H. y otras personas mas del sexo masculino, que se encontraban armados, conminado al testigo protegido con clave 025-09 y otros empleados, a ingresar al baño del establecimiento, dejándolos encerrados, llevándose al joven J. C. C. L. a bordo de su vehículo, tomando rumbo al pedregal constado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, donde lo trasladaron a otro vehículo tipo camioneta van, color blanco, lo vendaron, tomando rumbo hacia el sector de Baracoa, donde lo tuvieron expuesto a la intemperie por tres días, llevándolo al cuarto día a una vivienda ubicada en ese mismo sector, quedando en ese tiempo ya únicamente dos personas en custodia del joven L., mientras A. G. y C. A. mantenían comunicación vía telefónica, ese mismo día, el señor M. A. C., padre del joven J. C., recibió una llamada telefónica donde le exigían a cambio de la liberación de su hijo la suma de un millón de dólares. SEGUNDO: El oficial de investigación de la Dirección General de Servicios Especiales, A. A. N., recibió en fecha ocho de ese mismo mes, información anónima acerca de la participación de los señores A. G. A. H. y C. A. L. H., y otros más, la ubicación del lugar donde estaba retenido el joven J. C. y los vehículos empleados en el hecho, una van blanca, un turismo color gris, por lo que de inmediato se realizan investigaciones obteniendo fotografías de dichas personas, las que mostró a personas que presenciaron el hecho, quienes identificaron a A. G. A. H. y a C. A. L. H., lo que originó la detención de estos el día nueve de febrero, decomisándose a A. G. A. un celular con numero 96062630, y al señor C. A. L. H. un celular con numero 97192141, montándose un operativo policial en el sector de Baracoa que motivo, que los captores del joven J. C. C. L., lo dejaran en libertad sin recibir recompensa alguna. Son los antes enunciados, los hechos inmutables que se aceptan como base a efecto de interponer el presente recurso. Infracción de los artículos 31 y 32 del Código penal. Por interpretación errónea. El artículo 31 del Código Penal establece que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. El artículo 32 del Código Penal define la autoría así: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. A partir de lo anterior se infiere que el órgano jurisdiccional debe describir en el agente una de esas conductas relacionados al hecho para calificarlo de autor, en el presente caso tratándose de un Secuestro debe describir la acción que cada uno de los imputados realizó o colaboró para calificarlos de partícipe en la acción del ilícito penal de secuestro. En los hechos probados numeral primero el Tribunal da como un hecho probado que A. G. A. H. ingreso a la tienda de pinturas a preguntar por el valor de una pintura y que regreso instantes después en compañía de C. A. L. H.; este hecho que el tribunal tiene como probado nunca se acredito con ningún medio de prueba.- la testigo ocular protegida 025-09 en ningún momento declaró o señalo a mis dos defendidos como las personas que ingresaron a la tienda y que el Tribunal lo tiene como un hecho probado.- Es Importante para esta defensa que la Honorable Corte tome en consideración la declaración del testigo protegido 025-09 que es el único testigo ocular del momento en que ingresan los primeros sujetos a la tienda de pintura y del momento en que se llevan secuestrado a la víctima al señor J. C. C. L.. Así mismo consta de manera plena que en la audiencia de Juicio Oral compareció el ofendido el señor J. C. C. L. quien siendo la víctima declaró y no identificó a mis dos representados como las personas que lo raptaron de su negocio; al contrario dio características físicas diferentes a lasa de mis dos defendidos. No comprende esta defensa cual es la prueba evacuada o indicio que fundamenta en el numeral primero para tener como un hecho probado la participación de mis defendidos. No es suficiente el indicio que el Tribunal valora en cuanto a una llamada telefónica realizada del celular numero 97192141 a su amigo el señor A. G. A.; este hecho por si solo no constituye plena prueba de participación del señor C. A. L. H. ni de A. G. A. H., ya que este indicio debería obligatoriamente estar relacionado con otros indicios, los cuales no existen en la presente causa. Existe duda razonable e insuficiencia probatoria ya que los únicos dos testigos oculares que son el ofendido y la testigo con clave 025-09 en ningún momento involucran a los señores A. G. A. H. y C. A. L. H.. El Tribunal erróneamente le da valor probatorio en el Numeral segundo de los hechos probados al oficial A. A. S. N. quien es un testigo de referencia que en ningún momento fue capaz de expresar que persona le había brindado la supuesta información y en ningún momento le tomo declaración a dicha personan por lo tanto no se le debe dar valor probatorio a esta declaración. APLICACIÓN PRETENDIDA La comisión del delito de Secuestro requiere que el agente ejecute la acción de Privar de su libertad a la o las personas con el objeto de obtener a cambio de su libertad, dinero, bienes u otra utilidad o beneficio, sin la concurrencia de los elementos contenidos en el articulo 192 del Código Penal no se puede configurar en dicho delito; solo cuando se pruebe que una persona realizo esta acción se le podrá condenar por ese delito. La aplicación pretendida es que solo puede considerarse autor a los ciudadanos que realizan las conductas descritas en el artículo 32 del Código Penal, de manera que al contener esta sentencia una forma de autoría no contemplada en nuestro código penal, mis defendidos deben ser absueltos. Un problema que advierto en la construcción de la sentencia es que se hacen razonamientos divorciados separando el análisis del tipo penal y el análisis de la autoría, sin embargo la unidad procesal implica que la autoría debe relacionarse con el tipo penal, la parte general del Código Penal es insumo básico para aplicar la parte especial, pues se debe declarar la autoría de un tipo penal, al hacerlo por separado es evidente que la desconexión provoca el error. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, se señala que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. El perjuicio que causa la sentencia recurrida en la perdida de la libertad de mi representada producto del fallo recurrido, en el sentido de que de haber aplicado correctamente los artículos 31, 32 del Código Penal y 192 del Código penal, es evidente que el fallo debió ser absolutorio. Honorable Corte Suprema de Justicia, así como considero mi obligación recurrir esta sentencia por considerar que no esta apegada a derecho, respetuosamente sugiero la lectura reflexiva de la misma porque no se debe permitir la firmeza de una sentencia que contiene una infracción de ley Sustantiva. Dicho motivo de casación le provoca agravio directo a mis representados, que se materializa por la pérdida de su libertad, condenándolos sin haberse probado que cometieron el delito por el que se les condenó, la lesión se produce en la sentencia definitiva, por lo que es procedente el presente recurso”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO H. S. M. S., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS C. A. L. H. y A. G. A. H., CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA INDEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL. III.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.- El Censor contraviene la sentencia, al ser de la opinión de que la conducta de sus representados no se subsume en el tipo penal de Secuestro, puesto que no se describe que éstos hayan realizado ninguna de las acciones que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 del Código Penal. V.- AUTORÍA Y COAUTORÍA Es menester de la Sala de lo Penal, hacer un breve análisis respecto a la autoría y participación, por ser éste el Thema Decidendum en el recurso planteado por el Censor. Ésta Sala de lo Penal, ha acogido la Teoría Objetivo-Subjetiva, como aquella más acorde a la normativa penal sustantiva vigente para hacer la distinción entre autores y participes, (Ver Sent de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras).- La Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basa el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes; Esta teoría fue propuesta por Welzel, “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13) por lo que también fue llamada Teoría Final Objetiva, siendo su mayor exponente el alemán Hans Welzel.- Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Zaffaroni, Eugenio Raúl (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. El Autor Se le llama Autor quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; En los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. Se suelen utilizar denominaciones de distinto orden: autor inmediato, autor directo, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; Todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, sin embargo amplia el espectro de aplicación de los tipos penales cuando en los artículos 32 señala además del autor directo o material, deben de considerarse autores al Coautor, autor mediato, al inductor y al cómplice necesario, mientras que en el artículo 33 señala que como participes se tendrá al cómplice simple. La Coautoría La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común.- Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a. Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y b. Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: a. Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. b. Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito.- Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y c. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; Entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecuto sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. No opera la coautoría: a. En los tipos penales con sujeto activo calificado: En estos delitos se les llama intraneus a los ejecutores que poseen la cualidad exigida en el tipo penal para poder ser autor, y extraneus a los ejecutores que no la tienen. Son ejemplo los delitos de: prevaricato (Art. 378 del CP), abuso de autoridad (Art. 349 del CP), patrocinio infiel (Art. 381 del CP), entre otros. En estos delitos no procede la coautoría cuando alguno de los ejecutores no reúnen la cualidad exigida por el tipo penal calificado, por lo que en estos casos, aún cuando exista acuerdo previo, se sigue la teoría de la Pluralidad del Título de Imputación donde los ejecutores responderán por sus propios delitos, es decir los intraneus por tipo penal con sujeto activo calificado, mientras que los extraneus por el tipo penal subsidiario (Art. 2-A.2 del CP), en caso de que existiere; b. En Delicta Propria, (Delitos de Propia Mano) llamados así por el alemán Karl L. Binding, que son aquellos que el autor debe de realizar personalmente el verbo rector que rige el supuesto de hecho contenido en el tipo penal, como por ejemplo los delicta carnis o delitos en contra de la libertad sexual (Art. 140 y 141 del CP), falso testimonio (Art. 385 del CP), posesión ilegal de un arma de fuego (Art. 332-A y 332-B del CP), entre otros; En estos casos solo será autor el intraneus, mientras que el extraneus deberá de ser considerado cómplice o cómplice necesario, según el caso y cuando corresponda; c. En los delitos culposos, pues en ellos el acuerdo en común está destinado para la comisión de un acto lícito, recayendo el reproche en quien lo haya ejecutado con violación al deber de cuidado. VI.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- Los Hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula (F. 287), describen un acto que se ajusta al ámbito situacional del Artículo 192 del Código Penal que tipifica el delito de Secuestro y del que deben de responder los acusados C. A. L. H. y A. G. A. H., a título de Coautores. Indica los hechos probados que el cinco de Febrero de dos mil nueve, los acusados ingresaron a la Distribuidora de Pinturas DIPI, en compañía de varias personas, todos con armas, donde después de encerrar a varias personas en el baño, privaron de su libertad al Señor J. C. C., a quien transportaron a varios puntos, utilizando más de un vehículo, entretanto otra persona exigía al Señor M. A. C., la entrega de una cantidad de dinero a cambio de la liberación de su hijo J. C..- Es claro que fueron varias las personas planearon y ejecutaron el delito, distribuyéndose funciones distintas para ello, entre éstos los acusados C. A. L. H. y A. G. A. H., quienes estuvieron a cargo de sustraer al Señor J. C. C., privándolo de su libertad, transportándolo a varios puntos, usando varios vehículos, para que otros contactaran a su padre exigiéndole la entrega de dinero a cambio de su liberación.- Los acusados encaminaron sus acciones conforme al acuerdo común preexistente, aportando al plan común una contribución objetiva, siendo autores del delito. Como consecuencia es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Motivo Único, interpuesto por el Abogado H. S. M. S., Defensor Privado de los Acusados C. A. L. H. y A. G. A. H.; SEGUNDO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete (27) de Septiembre del año dos mil once (2011). MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-111-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL