Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-03-12 — Registro 4150

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."La Sala de lo Penal considera oportuno hacer un breve análisis sobre la Teoría de la Autoría y Participación, como base del pronunciamiento que realizará este Tribunal en la resolución del conflicto planteado por el Censor. Este Tribunal de Casación ha señalado en anteriores sentencias que, conforme se ha definido a la autoría y la complicidad en los artículos 32 y 33 del Código Penal, el legislador ha adoptado la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, en la cual se establece como elemento definitorio el Dominio del Hecho (Ver Sentencias: de Exp 376-09 del 11/04/2011, de Exp 057-2010 del 11/04/2012 y de Exp 349-09 del 17/01/2013); Así pues es autor de un delito es aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento, en cambio aquellos que participan en el delito sin tener dicho dominio, se reputarán, dependiendo de la importancia de su aportación: cooperadores necesarios (art. 32) o cómplices propiamente dichos (art. 33VI.- De la Procedencia del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- Es criterio de esta Sala que los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia (F. 191) señalan que el acusado H. F. G. V., realizó una serie de acciones encaminadas a la ejecución del delito imputado; se indica en el primer hecho probado que los ofendidos O. J. G. M. y D. D. H., se encontraban en un establecimiento de venta de pollos, hasta donde llegó el acusado H. F. G., manejando una motocicleta, conduciendo a otra persona en la parte de atrás, quienes primero hicieron un recorrido por el lugar donde aquellos se ubicaban para luego retornar, momento en que el acompañante del acusado H. G. procede a disparar varias veces en contra del ofendido O. G., logrando impactarle seis disparos, hiriendo en el proceso al joven D. H., dándose luego a la fuga el ahora acusado H. G. y su acompañante.- Sin dificultad alguna los hechos nos revelan que el imputado H. G. y su acompañante llegaron al lugar con un fin, que era dar muerte al joven O. G., para ello primero eligieron conducirse en una motocicleta como medio efectivo de llegar al lugar y de huir del mismo una vez cometido el delito, además el acusado y su acompañante, para efectos de asegurar la ejecución procedieron a recorrer el lugar verificando que no existieran obstáculos o riesgos para lograr su propósito, el encausado volvió al lugar donde estaba el ofendido, para que su acompañante procediera a dispararle, logrando herirle con tal gravedad que luego perdería la vida, luego de lo cual el encartado se alejó del lugar en la motocicleta que conducía siempre con su acompañante.- Es evidente para esta Sala que existía un previo acuerdo entre el acusado H. G. y su acompañante para dar muerte al ofendido O. G., y para ello realizaron cada uno de ellos acciones encaminadas a ello: el imputado H. G. conduciendo la motocicleta y la otra persona disparando un arma de fuego contra el occiso.- En consecuencia, es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, al desprenderse de los hechos declarados probados que el acusado H. F. G. V., tuvo una participación determinante y esencial en la preparación, ejecución y consumación del plan delictivo que trajo como resultado la muerte del señor O. G. y por tanto es criminalmente responsable del delito de homicidio por el cual ha sido condenado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULOS 202 Y 336, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- IX.__ En esencia el recurrente denuncia que se ha violentado el Principio Lógico de Razón Suficiente en la valoración de las declaraciones de los testigos protegidos “M4” y “M5”; Expone que el Tribunal de Sentencia no apreció la contradicciones en que incurrieron los testigos, en tanto que el primero señaló que el acusado andaba sin casco mientras que el segundo expresó que si lo andaba, hecho que a juicio del Censor es de relevancia puesto quepermite apreciar si los testigos tuvieron la posibilidad de reconocer al acusado; además el Censor resalta que ambos testigos de cargo dicen que el lugar de los hechos estaba oscuro, lo que de igual modo imposibilitaría que hayan podido identificar a la persona que conducía la motocicleta.- El recurrente cuestiona que el Tribunal de Sentencia haya expresado que existe la posibilidad de que los testigos de cargo hayan identificado al acusado, soslayando que una sentencia condenatoria no puede sustentarse en una mera probabilidad.- X.__ De la Procedenciadel Primer Motivo.- El Motivo no es de Recibo.- La Sala de lo Penal estima que lafundamentación fáctica del Tribunal de instancia no se opone el Principio Lógico de Razón suficiente; toda vez que : 1).- El Testigo Protegido “M4” (F. 43 v.) en su declaración indica que mientras esperaba un taxi observó a la motocicleta y a sus ocupantes, lo cual le asustóporque pensó que le iban a asaltar, de ahí que la testigo se sintió intimidada con la presencia de la motocicleta y ello provoca su reacción de estar atenta a ésta por considerarla una fuente de peligro, teniendo la oportunidad de observar a los ocupantes que se conducían en la misma, tanto en el momento en que hacen el primer acercamiento, como al momento de que regresan a realizar el ataque en contra del ofendido, pidiendo identificar a ambos por conocerles con anterioridad.- Por su parte, el Testigo Protegido “M5” (f. 44 v.), indica que había visto pasar la motocicleta momentos antes, que estaba en el lugar hablando con O. G., cuando de pronto lo vio salir corriendo, dirigiendo el testigo su mirada hacia la motocicleta que estaba a su derecha, observando al acusado H. G. que iba manejando y a su acompañante quien en ese momento tenía alzada su mano sujetando un arma de fuego con la que disparaba, personas éstas a las que conocía; en el acta aparece registrado que el testigo menciona que el acusado andaba con casco, pero esta información tiene origen en una pregunta hecha por la Defensa misma que a su vez fuera objetada por el Ministerio Público por sugestiva (F. 44 v.), sin que la defensa reformulara la pregunta e incluso indagara sobre el tipo de casco y si éste era de tal diseño que cubriera las facciones de la cara.- En conclusión la protesta del Censor sobre una supuesta contradicción entre los testigos en cuanto a que si la persona que manejaba la motocicletaportaba o no un casco no tiene fundamento al ser información originada de una pregunta sugestiva.- 2).- Los testigos “M4” y “M5” señalan en sus respectivas declaraciones que en el lugar de los hechos existía poca iluminación, sin que se consultara a los testigos sobre los lugares donde había iluminación y que sectores cubría, así como el lugar donde se encontraba el ofendido y el lugar hasta donde se aproximaron los agresores.- El Censor indica que es ésta falta de iluminación lo que lleva a concluir razonablemente que los testigos no han podidoidentificar al acusado como la persona que manejaba la motocicleta, sin considerar la existencia de otras variables, como ser que los testigos no sólo vieron a los ocupantes al momento de los disparos, sino momentos antes cuando éstos hicieron un recorrido por la zona, además de que los testigos ya conocían al acusado y su acompañante, lo que permitió que el Tribunal de Sentencia tuviese razón suficiente para concluir que los testigos de cargo efectivamente identificaron al acusado como la persona que manejaba la motocicleta ese día.- 3).- En la valoración de los testigos de cargo, el Tribunal de Sentencia advierte que de manera general las personas que se conducen en motocicletas con cascos y chumpas de color negro, difícilmente pueden ser reconocidas por otros, pero arguye que en el caso de mérito la identificación que hacen los testigos del imputado es gracias a que aquellos le conocían de manera previa (F. 194 v.); La denuncia del Censor respecto a que el Tribunal se basó en una mera probabilidad para dictar una sentencia condenatoria es incorrecta, puesto que en el contexto se entiende que los Juzgadores razonan sobre lo difícil que sería identificar a personas que se conducen en moto con casco y chumpas, pero que este caso resulta ser la excepción dado que los testigos de cargo conocían de manera previa a estas personas y de ahí la facilidad de saber de quienes se trataba.- Por lo expresado concluye esta Sala que el primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser declarado SIN LUGAR..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULOS 234 Y 311, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA POR LECTURA CONTRARIANDO EL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- XI.__ El Censor considera que el Tribunal de Sentencia violentó el artículo 311 del Código Procesal Penal al introducir por lectura las declaraciones de los testigos Protegidos “M4” y “M5”.- XII.__ A efecto de verificar la denuncia realizada por el Censor, la Sala de lo Penal, procedió a revisar las actuaciones que constan en la foliada judicial, de este modo pudo apreciar que el Ministerio Público, invocando el artículo 311 del Código Procesal Penal, solicitó al Tribunal de Sentencia la introducción por lectura de las declaraciones que habían sido rendidas en la audiencia inicial por los testigos protegidos “M4” y “M5”, en virtud de desconocerse su paradero actual, presentando como fundamento unaConstancia extendida por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde se refiere que dichos testigos cambiaron su domicilio y que no pueden ser localizados (f. 180 v.); Ante dichapetición los Juzgadores solicitaron informe a la Secretaría del Tribunal, quien coincidentemente manifestó que se había desplazado al domicilio de los testigos, siendo informada que éstos temían por sus vidas, que se habían mudado y que no se conocía su paradero actual (F. 181); partiendo de tal circunstancia el Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos resolvió admitir la solicitud del Ministerio Público, ordenando la introducción por lectura de las referidas declaraciones testificales”.- XIII.__ De la Procedencia del Segundo Motivo.- El Segundo Motivo no es de Recibo.- La introducción por lectura de las declaraciones de los testigos protegidos “M4” y “M5”, es conforme a Derecho, dado que la situación presentada en la audiencia de debate se ajusta a lo dispuesto por artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal.- Es importante mencionar que el Principio de Oralidad es la forma mediante la cual las partes en el proceso penal se comunican entre sí de manera directa mediante la interpretación del lenguaje hablado; la oralidad se articula con otros principios del proceso penal como sonlos de audiencia, concentración, inmediación, contradicción y publicidad, los que solo puedendesplegar su eficacia práctica gracias a aquella, de ahí que la oralidad es uno de los elementos esenciales del proceso penal en un modelo organizado de audiencias. La importancia de la oralidad es evidente dada su frecuente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; la oralidad no sólo compromete a los actores del proceso, sino que también a todos aquellos sujetos llamados a participar en él, de modo que el artículo 310 del Código Procesal Penal ordena que cuando los imputados, testigos, peritos y demás personasintervengan en el debate, lo harán por regla general de manera oral. Las excepciones al principio de oralidad las encontramos en el artículo 311, el cual prevé en su numeral 2) la introducción por lectura de aquellos testimonios y pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral, lo que implica lo siguiente: 1) La Imposibilidad comporta la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; y 2) La dificultad extraordinaria de comparecer al debate es cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello.- En el caso de autos la introducción por lectura de los testigos de cargo se encuentra justificada legalmente, puesto que se constató fehacientemente, no sólo por los Agentes de la Policía de Investigación, sino por el propio Tribunal de Sentencia, a través de la Secretaría, que los testigos, temiendo por sus vidas (lo que de manera previa había motivado a someterlos a medidas de protección), decidieron cambiar su domicilio con la finalidad de no ser localizados, volviendo extraordinariamente difícil su comparecencia al debate, estableciendo el artículo 311.2 del Código Procesal Penal que en estos casos lo procedente es introducir por lectura sus declaraciones rendidas en la etapa preparatoria, paraque sometidas al contradictorio del debate sean valoradas individualmente y además conjuntamente con el resto de la prueba.- Por lo señalado debe ser declarado SIN LUGAR el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2; NO SE CITA NORMA INFRINGIDA.- SE DENUNCIA FALTA DE CONSIDERACIÓN O DE VALORACIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- XIV.__ Como motivo final expone el Censor que las declaraciones testificales de los señores E. O. V. P. y J. R. V. M., no fueron consideradas o valoradas, ya que si bien el Tribunal de Sentencia se refiere a éstas en la fundamentación fáctica, lo hace violentando las reglas de la valoración de la prueba, pues no extrae o deriva los datos esenciales de carácter exculpatorio que se desprenden de las mismas.- XV.__ Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y el debido proceso.- Entre esos actos está los que conforman el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada, descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta a las que han sido incorporadas al proceso.- Así las cosas se produce una actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespeta el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto en el aArtículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1).- Existe exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa las razones porque el mismo carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia en una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico; 2).- Existe falta de consideración de medios de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia.- La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método dela Inclusión Hipotética, que consiste en agregar hipotéticamente el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, a fin de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, el mismo no se estima de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.- XVI.__ De la Procedencia del Tercer Motivo.- El Tercer Motivo no es de Recibo.- Si nos avocamos a la sentencia, apreciaremos que en el apartado Cuarto de la fundamentación fáctica (f. 195), el Tribunal de Sentencia valoró las declaraciones testificalesque rindieran los Señores E. O. V. P. Y J. R. V. M., primero realizando una motivación descriptiva para luego efectuar una motivación intelectiva; de ahí que la denuncia del Censorno es procedente, debido a que ambos medios de prueba fueron considerados y valorados por los Juzgadores.- Con éste motivo el Censor cuestiona la valoración que hicieron los Juzgadoressobre el contenido de ambos testimonios, lo que escapa del ámbito de aplicación del motivoinvocado, siendo el cauce adecuado para formular tales alegatos el que prevé la violación de las reglas de la sana crítica.- Por lo expuesto el tercer motivo del Recurso de Casaciónplanteado por el Censor debe ser declarado SIN LUGAR.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el fiscal del Ministerio Publico, el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, con carné del Honorable Colegio de Abogados de Honduras número 4253 y con oficinas profesionales en la Fiscalia Especial de Protección a la Mujer, cita en la colonia Lomas del Guijarro, edificio plaza II, de esta ciudad; a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del año dos mil ocho, que confirmó el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha doce de mayo del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor don JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, mayor de edad, casado, de oficio desconocido, hondureño y de este vecindario; por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES1) Que en fecha doce de abril del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN RAFAEL RODRIGUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Que en fecha doce de mayo del año dos mil ocho, el Juzgado Instructor, en Audiencia Inicial, declaró con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones, interpuesto por los Abogados NECTALI RODEZNO IZAGUIRRE y REDIS ORLANDO VELASQUEZ, en su condición de defensores privados del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA y dictó Sobreseimiento Definitivo a favor de éste, por considerar que en el caso de autos se han cometidos infracciones de las normas del Código de Procedimientos Penales para practicar el Allanamiento, lo que impide el propósito de continuar con un juicio de manera expedita y con todas las legalidades que el caso amerite ya que todos los actos están sumamente viciados; citando como fundamento de su decisión los artículos 166, 214, 294 numeral 2) y 296 del Código Procesal Penal.3) Que en fecha diez de junio del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Agente de Tribunales del Ministerio Público, y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que en el Allanamiento practicado en la casa del imputado, no se le dió cumplimiento a las normas procesales establecidas en los artículos 213, 214 y 215 del Código Procesal Penal, y los actos previos que en ellas se ordenan, no pueden ser objeto de posterior subsanación, toda vez que ya se ha consumado de manera irreparable una lesión grave a derechos fundamentales del imputado.CONSIDERANDO: El recurrente Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de agosto del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha diez de junio del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Considera que tal vulneración de los artículos constitucionales antes citado se ha producido, en cuanto a la garantía del derecho de defensa y debido proceso contemplados en los artículos antes citados, especifica que tal ultraje se produce porque la Corte de Apelaciones recurrida, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto apelado se fundamento en razones como “que no se le dió cumplimiento a las normas procesales para practicar un allanamiento en el domicilio del imputado”, refuta tal criterio arguyendo que se acreditó en juicio que el Ministerio Publico compareció ante juez competente el ocho de abril del año dos mil ocho, solicitando la autorización respectiva y concurriendo los presupuestos de ley, dice que el órgano jurisdiccional autorizó al Ministerio Publico a fin de que pudiese ingresar al domicilio del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, a fin de llevar a cabo los registros, inspecciones y decomisos de elementos relacionados con los hechos que se investigaban; argumenta que lo anterior no fue apreciado por el Tribunal recurrido, señala que el tribunal que conocía de la causa en fecha nueve de abril del dos mil ocho, nombró como juez ejecutor al señor David García quien desempeña la función de citador de los juzgados penales, pero que éste no aceptó tal cargo, que ante tal situación en fecha diez de abril de ese mismo año el tribunal que conocía de la causa procedió a juramentar a la escribiente de esa judicatura, señora Francis Lizeth Cáceres como juez ejecutor, quien si aceptó el nombramiento, por lo que se procedió a realizar el allanamiento tal y como se había ordenado en el auto del tribunal, diligencias que se practicaron en fecha once de abril del dos mil ocho, admite el amparista que si bien es cierto el juez a-quo no emitió auto motivado para el nombramiento de la juez ejecutor, añade que dicha omisión fue subsanada mediante resolución de fecha veinticinco de abril del dos mil ocho, resalta la importancia de tal diligencia de allanamiento, ya que como producto de la misma, en la referida vivienda se encontraron una arma de fuego, sin documentación que sustentase la propiedad de la misma, y que además se encontró dinero en efectivo y diferentes cuentas bancarias que en su totalidad superan los tres millones de lempiras, y que siendo obligación ineludible del juez ejecutor informar sobre el hallazgo al agente del Ministerio Publico, éste procedió de manera oficiosa a aperturar una denuncia para la averiguación de la comisión de un delito de portación ilegal de armas de fuego y del delito de lavado de activos, derivando de todo ello las acciones penales pertinentes ante el órgano jurisdiccional, en contra del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, tal y como consta en el expediente judicial numero 260-2008, por el delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y en el expediente judicial numero 246-2008, la correspondiente solicitud de aseguramiento de bienes, siempre en esa misma fecha, y con respecto a este ultimo expediente señala que la defensa del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, promovió acción de nulidad invocando violación del debido proceso, solicitud que el juez el a-quo declaró improcedente mediante resolución de fecha veintidós de julio del año dos mil ocho, estimando en esa resolución el juez que la falta de firmas en el acta de juramentación no lesiona el procedimiento efectuado en el allanamiento de la vivienda, pues tales vicios fueron subsanados por el tribunal que conocía de la causa en resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil ocho. Estima el amparista que con respecto al derecho de defensa consignado en el articulo 82 de nuestra carta magna, tal vulneración se ha producido, en virtud de que con la resolución recurrida se le esta negando a la sociedad el libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma señalada por nuestro ordenamiento jurídico y con referencia al articulo 90 párrafo primero constitucional estima que tal vulneración se traduce en que los tribunales tienen el deber de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se caracteriza por un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso y que las mismas permitan a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, tener acceso a la jurisdicción, que puedan ser oídos, proponer y practicar pruebas y que al final se obtenga una resolución fundada en derecho y que la misma verse sobre las pretensiones planteadas en juicio. Estima que en aquellos casos en los que los jueces, mediante sus resoluciones, deniegan, restringen o suspenden derechos en cumplimiento de sus funciones, solo podrán hacerlo mediante un proceso penal llevado a cabo con todas las garantías, explica que tal situación no ha sucedido con la sentencia recurrida, pues se ha violentado el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad, al aplicar indebidamente la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, preceptos que no se ajustan al caso en estudio.CONSIDERANDO: Que la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del año dos mil ocho, dictó resolución, en el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a favor del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, por considerarlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado; resolución mediante la cual el tribunal ad-quem declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y que motivó, argumentando que en el caso de mérito, habiéndose acreditado con prueba de descargo confiable y suficiente se practicó un allanamiento en la casa de habitación del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, allanamiento que careció de los requisitos de validez, tales como: PRIMERO: Que el mismo fue practicado por la señora Francis Lizeth Cáceres Bonilla, sin que se le hubiese nombrado para tal cargo mediante decreto judicial emitido por autoridad competente. SEGUNDO: Que en la práctica de tal allanamiento en la vivienda del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, pese a encontrarse presente el mismo, no le fue notificado tal allanamiento. En ese sentido cita el articulo 213 numeral 4), del Código Procesal Penal, en el cual se estipula que el mandamiento para la práctica de un allanamiento debe contener como requisito, la designación del juez ejecutor; señala en cuanto al articulo 214 siempre del referido cuerpo legal, que el mismo manda que tal allanamiento se le deberá notificar a quien habite la casa o el lugar y que tal notificación se hace haciéndole entrega de una copia del respectivo mandamiento, estipula además que el articulo 215 del referido cuerpo legal, determina que en el allanamiento solo podrán participar las personas designadas para tal efecto por la autoridad competente; dice que el no cumplimiento de las normas procesales citadas, o sea el no cumplimiento de los actos procesales que en las citadas normas se ordenan, no pueden ser objeto de posterior subsanación, toda ves que se ha producido de manera irreparable una lesión grave a los derechos fundamentales del imputado. TERCERO: Estima que la infracción de normas esenciales del procedimiento penal, producen la nulidad de los actos procesales y además se produce la violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. CUARTO: En cuanto al argumento de la Fiscalia, en el sentido de que las violaciones argumentadas por la defensa, debieron ser expuestas en el momento de la declaración del imputado, pues esa es la primera audiencia en la etapa preparatoria del proceso penal, y que al no hacerlo así tales alegaciones carecen de valor; el tribunal dice que de manera reiterada ya se ha pronunciado respecto de ese asunto, en el sentido de que la primera audiencia en la etapa preparatoria en el juicio penal, es precisamente la audiencia inicial y que este es el momento procesal oportuno, para que entre otros se interpongan incidentes o excepciones. QUINTO: Que por todo lo expuesto es que se declara no ha lugar al recurso interpuesto y confirma la resolución impugnada.CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y los antecedentes enviados por los órganos jurisdiccionales, arriba a la conclusión que en los asuntos de allanamientos de viviendas, inevitablemente tendremos que remitirnos a lo preceptuado en la norma constitucional del articulo 99, que literalmente establece: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente………La ley determina los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”, indudablemente la ley a la que hace referencia el texto constitucional, respecto de las formalidades que deben observarse en un allanamiento, no son otras mas que las consignadas en el Código Procesal Penal, cuerpo legal que junto con el Código Penal, trata lo atinente a estos asuntos, en el caso concreto que nos ocupa, tendremos que remitirnos a lo preceptuado en el articulo 213 numeral 4)del Código Procesal Penal, el cual literalmente establece: “Para practicar un allanamiento, el juez expedirá mandamiento que contendrá los siguientes requisitos: 1)..2)..3)…4) La designación del juez ejecutor, el que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Dirección General de investigación Criminal o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva”, en el caso de mérito consta fehacientemente en el proceso, que habiendo el Juzgado Penal de esta sección judicial, en fecha nueve de abril del año dos mil ocho, autorizado al fiscal del Ministerio Publico para el allanamiento de la vivienda del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, el tribunal procedió a nombrar como juez ejecutor al señor David García, el cual no aceptó el nombramiento recaído sobre el, por lo que el juzgado en fecha diez de abril procedió a juramentar a la señora Francis Lizeth Cáceres, y es así como el día once de abril de ese mismo año se procedió a realizar el allanamiento en la vivienda del señor JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, realizando la función de juez ejecutor la referida señora; práctica que se dió sin que existiese auto motivado por parte del tribunal para su nombramiento, posteriormente ante tal omisión el tribunal que había ordenado tal allanamiento procedió a subsanar la misma, amparado en los artículos 9 y 145 del Código Procesal Penal, en fecha veinticinco de abril del año en curso, subsanación que se dicta en cuanto a la falta de firmas en el acto de la juramentación de la señora Francis Lizeth Cáceres, como juez ejecutora; ahora bien, estima esta Sala que tal omisión por parte del tribunal de primera instancia de no haber procedido a nombrar mediante auto motivado como juez ejecutor a la señora Francis Lizeth Cáceres, es violatoria de lo consignado en el articulo 213 numeral 4) del cuerpo legal antes citado, norma procesal que deviene en su obligatoria observancia por parte de los tribunales, y al no ocurrir así trae aparejada indudablemente la nulidad de lo actuado y la vulneración del articulo 99 constitucional en cuanto a la inviolabilidad del domicilio. La ley procesal penal nuestra señala también en su artículo 214 párrafo primero, que “La orden de allanamiento será notificada a quien habite la casa o lugar en que deba efectuarse. La notificación se hará mediante entrega de una copia del mandamiento”, del análisis de la causa consta que efectivamente el día y hora en que se produjo el allanamiento de la casa en que residía el señor don JOSE CATALINO RAUDALES MONCADA, este se encontraba en la misma, que el mismo consintió en que se llevara a cabo el allanamiento, consta que al referido señor se le leyó el acta, pero lo que no consta es que se le halla entregado copia del mandamiento expedido por el tribunal, omisión que también se suma a la ya antes planteada, cual es la falta de un auto motivado por parte del tribunal en donde se nombrara juez ejecutor para el referido allanamiento, ante tal omisión de la falta de juez ejecutor, y siendo que la señora Francis Lizeth Cáceres, si bien es cierto había sido juramentada por el tribunal, también es cierto que no estaba nombrada por el tribunal respectivo para desempeñar tal cargo, se entiende entonces al tenor de lo preceptuado en el articulo 215 del Código Procesal Penal, que la señora Francis Lizeth Cáceres no estaba autorizada para participar en el allanamiento, ya que dicho articulo establece claramente que “En el allanamiento solo podrán participar las personas designadas para el efecto por la autoridad competente…….Ni los medios de comunicación ni otras personas no autorizadas, tendrán acceso al domicilio durante la practica del allanamiento”.CONSIDERANDO: Que el impetrante ha invocado la vulneración del artículo 82 constitucional, el cual expresa que “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la republica tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, así como también la vulneración de la garantía del debido proceso consagrada en nuestra constitución en el articulo 90, el cual prescribe “Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”; estas garantías en la mayoría de los casos planteados son implícitas; ahora bien, con respecto a la garantía del debido proceso, tal y como lo ha dejado bien establecido este Supremo Tribunal en un sinnúmero de fallos, implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel, o sea que según el precepto constitucional toda persona tiene derecho a que lo juzgue un juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias en cuanto a formalidades, derechos y garantías que establezca la ley; de manera que para que este principio, el del debido proceso, pueda considerarse violado es necesario que el juez que intervenga no sea juez natural, o que se omita algunas de las formalidades que señala la ley, o que se atropelle algún derecho constitucional, o que se irrespete alguna de las garantías judiciales, incluyendo las contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora bien, si al aplicarse la ley procesal al caso concreto, se privase a una de las partes de poder accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces estamos ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso; y es que en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. Entiende también esta Sala que hay debido proceso si se cumplen los fines superiores como son la libertad, la justicia, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad jurídica y derechos fundamentales como la legalidad, la controversia, la defensa, la celeridad, la publicidad etc., estamos, pues frente a un conjunto de derechos, garantías y formalidades cualquiera de las cuales tiene que ser irrespetada para que pueda hablarse de que a su vez, se ha irrespetado el debido proceso como un todo. En el caso de autos esta Sala de lo Constitucional considera que el fondo del asunto, se refiere a considerar si el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán y su posterior confirmación por parte de la Honorable Corte de Apelaciones de esta misma sección Judicial, atenta o no en contra de las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso planteadas por el impetrante; este Tribunal estima que el ad-quem, al dictar su fallo no ha mancillado las referidas garantías constitucionales invocadas por el recurrente, ya que en el juzgamiento, por una parte han intervenido órganos jurisdiccionales independientes y jueces naturales e imparciales, competentes y preestablecidos por la ley, y es que se estima que en cuanto a las formalidades establecidas en nuestra ley procesal penal, estas devienen de obligatorio cumplimiento para los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto, ya que las omisiones de las mismas acarrean nulidad del acto y siendo que la protección del domicilio en nuestro Estado de Derecho tiene una connotación constitucional, tal y como queda preceptuado en el articulo 99, es indudable que el no llevar a cabo tales formalidades señaladas por la Constitución y el Código Procesal Penal, constituyen, mas bien una vulneración de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, en el caso de merito ha quedado establecida la omisión de los requisitos señalados en los artículos 214 y 215 del Código Procesal Penal, referente el primero a la obligatoriedad de hacer saber la orden de allanamiento a quien habite las casa o lugar donde deba efectuarse, notificación que se hará mediante la entrega de una copia del mandamiento y la segunda referente a las personas que están autorizadas para participar en un allanamiento, y siendo que en el presente caso ha participado en el allanamiento de la vivienda del señor JOSÉ CATALINO RAUDALES MONCADA, la señora FRANCIS LIZETH CÁCERES, persona que no estaba autorizada para hacerlo, por lo que ante tal vulneración del procedimiento penal, el sobreseimiento dictado por el a-quo y su posterior confirmación por el ad-quem están apegados a derecho y no vulneran las garantías constitucionales de defensa y el debido proceso invocadas por el impetrante.CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente que se deniegue el amparo que es objeto de esta sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 99, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 52 párrafo cuarto, 63, 72 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 8, 11, 25, 54, 55 Nº3, 101, 166 nº5, 211, 213 nº4, 214, 215, 294,296 nº2 del Código de Procedimientos Penales; 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 7, 8 y 9 de La Convención Americana de Derechos Humanos; FALLA: DENEGANDO el Amparo interpuesto por el abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, en su condición de fiscal del Ministerio Publico contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán en fecha diez de junio del año dos mil seis, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco de febrero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 415-P476=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL