Sentencia CP-98-11 — Registro 2605
Resumen
Se absolvió en primer instancia al imputado por el delito de violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL ACUSADO M. E. S., DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley. II.- La Censora es del criterio que el Tribunal de Sentencia ha violentado el Principio Lógico de Razón Suficiente que componen las Reglas de la Sana Crítica, al no haber derivado de los Dictámenes Médicos Legales que se aportaron en la Audiencia de Debate, que el Acusado es penalmente responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la Ofendida; indica que en los dictámenes Médico, Psiquiátrico y Psicológico Forense practicados a la Menor M. C. L. P., se consignó como Historia Médico Legal que Ella había sostenido una relación con la ex pareja de su Madre, la Señora B. C. L. P., información que no fue valorada por los Juzgadores y que provoca el vicio in procedendo que se denuncia, dado que de ésta se puede derivar la responsabilidad del Acusado. III.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El núcleo de la denuncia hecha por la Censora es la falta de valoración de las declaraciones que realizaron tanto la ofendida M. C. L. P., como su Madre, la Señora B. C. L. P., ante los peritos que practicaron dictámenes en diferentes áreas de la Ciencia y que consignaron éstas manifestaciones en la Historia Médico Legal. La Censora olvida que el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. La Censora al exigir que se proceda a la valoración de la Historia Médico Legal y los dictámenes aportados al Debate, reviste al perito de una condición de garante procesal que no la tiene; además, eso equivale a negar los principios reguladores que le imprimen validez al proceso garantizando la legalidad de las actuaciones; y en especial, la igualdad, contradicción y defensa de las partes en contienda. La Censora en su Recurso argumenta que los peritos son testigos de referencia, parangón que es improcedente, dado que los testigos y los peritos son sujetos procesales de naturaleza distinta, al grado que el Código Procesal Penal determina que no pueden actuar como peritos aquellas personas que en la misma causa deban de comparecer como testigos (Art. 240 último párrafo y 241.3 del CPP), los peritos no son testigos ni directos ni de referencia, éstos no aportan información que percibieron accidentalmente a través de sus sentidos, los peritos ilustran al Tribunal con opiniones basadas en sus conocimientos especializados, ya sea por ser estudiosos de un campo de la ciencia o por tener la experiencia en un arte u oficio determinado.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de forma...2
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.P 98-2011
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de Mayo del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor M. E. S., del delito de VIOLACION, en perjuicio de la joven M. C. L. P.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada JOSEFINA RUGAMA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada KAREN MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “UNICO: La joven M. C. L. P., quien nació el día dos de junio del año mil novecientos noventa y cuatro, y que es hija de la señora B. C. L. P., fue evaluada por Peritos especialistas, resultando que en fecha nueve de septiembre del dos mil ocho presentaba un estado de embarazo de ocho meses, que se trata de una persona mentalmente normal sin ningún trauma psiquiátrico o psicológico, acorde a su edad cronológica”. III.- La recurrente, Abogada JOSEFINA RUGAMA, formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: El presente Juicio si bien es cierto se evacuó en audiencia de debate de manera formal, por lo que las declaraciones testificales tanto de la víctima como de la madre de la menor, ambas se abstuvieron de declarar por lo que solamente se cuenta con la pericia Forense y la Prueba Documental, consistente ésta en Acta de Nacimiento, con la cual se acreditó que la niña tenía trece años a la fecha de ocurrencia de dar a luz a su hija y por ende de ahí hacia atrás; surge el lapso aproximado del periodo de posible acaecimiento del ilícito penal objeto de la presente causa. Dictamen Médico Forense, siendo ratificado por el Doctor José Ángel Peralta Alemán (perito oficial del Ministerio Público) quién realizó una evaluación a la víctima M. C. L. P. en fecha 09 de septiembre de 2008, evidenciando un embarazo de ocho meses de gestación y lesiones himeneales antiguas, recomendando a la vez valoraciones ginecológicas; en la historia médico legal refirió la evaluada que “hace dos años aproximadamente inició una relación sentimental con una ex pareja de la madre, se enamoró, convivió con él, refirió sentirse bien no se arrepiente de lo que hizo porque tiene a la niña, la familia la quiere y la apoya. Dictamen Pericial Psiquiátrico Forense.- ratificado por la médico psiquiatra, perito oficial del Ministerio Público Doctora María Elena Solano Romero; consignó en el segmento de su experticia denominado “historia psiquiátrico legal” que la madre de la evaluada le narró que hace mas de dos años una ex pareja de ella (supuesto victimario) de 32 años de edad, comenzó a enamorar a la evaluada, llevándola a convivir con él durante dos meses, procedió a interponer la denuncia y la niña fue llevada a un hogar del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia por tres o cuatro meses, de donde se escapó para buscar al supuesto hechor, conviviendo de nuevo durante dos meses, después de los cuales él fue capturado y la evaluada enviada nuevamente a la Institución antes señalada, durante una semana y ahora está viviendo con la madre, de esta relación la evaluada tiene una hija de catorce meses de edad. Por su parte la evaluada (M. L.), en el mismo ítem ya referido del dictamen, según la psiquiatra le dijo, que hace dos años aproximadamente inició una relación sentimental con una ex pareja de la madre, se enamoró, convivió con él. Refirió sentirse bien no se arrepiente de lo que hizo porque tiene la niña, la familia la quiere y la apoya. Concluye el Dictamen que desde el punto de vista psiquiátrico legal la evaluada no presenta daño psiquiátrico con posterioridad al abuso sexual de que fue victima, pero en el futuro cuando pueda comprender las implicaciones de este hecho será vulnerable al desarrollo de un trastorno mental. Aunado al hecho de afrontar una maternidad precoz, pues, por ser una adolescente no ha alcanzado un pleno grado de desarrollo por lo que es vulnerable al abuso sexual. En relación al dictamen de Evaluación Sicológica, particularmente en el punto denominado “historia de vida clásico forense” ratificado por el Licenciado en Psicología Oscar Rolando Aguilar Argeñal, la madre de la evaluada le expuso que la menor es la hija mayor de la integración de sus cinco hijos, no logró concluir sus estudios de ciclo común ya que fue cuando “se metió” con el ex marido de ella, (madre de la víctima). En la sección titulada “Narración de los hechos denunciados ” refiere el experto que la víctima le dijo que ella se enamoró de Santos, por eso anduvo con él como seis o siete meses, la madre de ella no se dio cuenta pues le daba miedo a la reacción de su madre, S. la enamoraba y le decía cosas bonitas y fue así como poco a poco empezaron a andar, él le dijo que se fueran y se fueron, agrega, cuando tuvieron relaciones sexuales fue cuando ella tenía trece años en el 2007, dice que cuando la llevaron al Instituto de la Familia (INHFA) ya tenía tres días de haberse ido, y la llevaron porque S. le dijo a la mamá que llegara al Hospital Evangélico y allí se la entregó a la mamá y aún no sabía que estaba embarazada, dice que Santos la ama y que el le ha dicho que se va a ser cargo de ella y su hija y le ha ayudado con el dinero de la niña desde que él estaba preso, dice que no se le acerca pero le manda el dinero. Una vez analizadas las pruebas (pericial y documental) antes referidas nos adentramos a la valoración, que de los mismos ha efectuado el Tribunal. El A quo, en el apartado en cuestión, respecto al análisis del motivo de la abstención para declarar de las testigos de cargo (madre e hija) fue de la postura que a ellas afirma que no les interesó el rendir testimonio tal como las había propuesto el ente acusador, denotando con su aptitud un claro desinterés de brindar elementos supuestamente de cargo en contra del acusado, resultando incongruente y hasta inverosímil tales posturas pues, en primer lugar la acusación ha introducido en su tesis que el imputado previamente de tener acceso carnal con la ofendida, era compañero sentimental de la madre de la víctima, tal como se ha evidenciado en juicio la actitud de la señora B. C., tal acusación se descarta de plano, pues de haber sido así, las máximas de la experiencia común les indica sin lugar a dudas que existiera una actitud negativa o de reproche cuando menos de la que supuestamente fue su compañera de hogar y que tuvo nexos de carácter sexual con su propia hija, como se ha verificado nada de eso ha ocurrido, por lo que el Tribunal considera que tal acusación no es de recibo. En relación a las pericias, el Tribunal en primer lugar se pronuncia a la evaluación médica a la victima, el Juzgador considera que la joven al momento de ser evaluada tenía la edad de catorce años y por ende haber salido embarazada cuando tenía trece años, sin embargo ha sido imposible determinar de forma legal o válida, quién es el padre biológico del producto de la gestación, como para que fuese posible hipotetizar algún tipo de responsabilidad penal o no, contra algún sujeto o persona. Refiriéndose al dictamen psiquiátrico los Juzgadores que la persona evaluada presenta un examen mental normal, sin que se detecten traumas o crisis, que son evidentes en los delitos contra la libertad sexual, además señalan que los elementos de cargo de los que parte la acusación se basan en extremos hipotéticos expuestos por la perito, en cuanto en el dictamen refiere que eventualmente podría presentar algún trauma por su falta de madurez, lo que en otras personas podría ser normal. Finalmente en relación al dictamen psicológico forense, considera el Juzgador que ninguno de los rasgos evidenciados en la paciente son necesariamente vinculados a una persona que haya sufrido un agravio de carácter sexual necesariamente, por lo que existen una serie de factores de carácter social, económico y demás que pueden incidir en la conducta de la joven M. C. L., siendo de trascendencia que es imposible hilar algún contenido de cargo en contra del encartado en la causa de mérito, por lo que su estado de inocencia se encuentra incólume. En el Apartado Primero de la Fundamentación Jurídica el Juzgador afirma reiterada y contundentemente que fue imposible establecer sin género de duda que haya participado o tenido alguna vinculación el imputado M. E. S. De lo antes expuesto se hace patente que el Tribunal sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo absolviendo, por el delito de Violación Especial al encausado, basándose en que al mismo ha sido imposible establecer su participación en la comisión del ilícito penal, que además no se ha probado quién es el padre biológico del recién nacido. Asimismo consideramos que la carga probatoria únicamente se circunscribió a la prueba científica (pericial) y documental, antes descrita y en la misma la evaluada hace referencia a los hechos específicos, todo lo cual relacionado con la prueba documental que consistió en el acta de certificación de nacimiento con la cual se acreditó la edad de la ofendida que en ese momento de la relación sexual con su padrastro contaba únicamente con trece años, extremo suficiente para que se configure el delito de Violación Especial tal como lo establece el tipo penal. De igual manera cree esta Fiscalía que el A quo al valorar las Pericias Forenses evacuadas en audiencia de debate vulneró la característica de Suficiencia que integra la razón suficiente como parte del postulado de la Derivación que conforma la lógica y a su vez la Sana Crítica para tener por sentado que la participación del imputado en la comisión del delito como también la paternidad del fruto de esa relación, está bien que establecida por las personas (madre e hija) que comparecieron al debate y que se abstuvieron de declarar, pero narraron ante los peritos oficiales todo los hechos tal como ocurrieron que aunque no constituyen autoridad competente para tal efecto, son testigos de referencia a través de su historia médico legal contenida en cada uno de los dictámenes y nuestro Código Procesal Penal solamente exige señalar la fuente de referencia; lo que lesiona igualmente las máximas de la experiencia pues esa no incriminación en los hechos por parte de la ofendida y su madre hacia el enjuiciado mas bien destaca pues, en el caso subjudice el hecho del nacimiento de una niña, resultado de una relación ilícita es la causa de que ambas no declararan como era de esperarse por no afectar lazos de afectividad ya existentes, pues lógicamente el otrora denunciado por ella (madre de la menor) ahora es el padre de su única nieta. También es importante acotar que el Tribunal con su valoración en lo atinente a la pericia psiquiátrica, al examinar la menor y ratificar su dictamen en debate, quedó plenamente establecido la situación de vulnerabilidad a un daño mental futuro, es decir, ese peligro inminente y no lejano o muy impostergable; a lo que no dio valor el Juzgador infringiendo así la regla de la Veracidad. Por lo que opinamos que en total despego a lo dispuesto en el 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es -como hemos dicho anteriormente- obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica. Con este inconsistente argumento, el Tribunal sentenciador, a criterio del Ministerio Público ha infringido el postulado de la derivación, pues a pesar de la coherencia de las historias legales de los Dictámenes Forenses, elaboradas con los dichos de la madre de la ofendida y la misma victima, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia, y resultando en una sentencia Absolutoria diferente a las pretensiones de la Agente Fiscal, pues éstas fueron contundentes para emitir un fallo condenatorio por el delito de Violación Especial, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho. El Tribunal a pesar de evacuarse la pericia forense y la prueba documental consistente en el acta de certificación de partida de nacimiento, en la cual se acredita que la menor en el momento de los hechos causa de este juicio contaba únicamente con trece años de edad, admitiendo la ofendida haber tenido relaciones sexuales.; es importante reconocer que la ley penal establece la prohibición en el Artículo 140, por lo tanto el delito está consumado por el enjuiciado, aunque ahora la denunciante madre de la víctima desee optar otra actitud de perdón y tolerancia por constituirse ahora el acusado en el padre de su nieto, por lo que el Ministerio Público como garante de la Legalidad está obligado a velar porque se cumpla la ley. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Juzgador, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cuál se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba pericial y documental, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por el delito de Violación Especial, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. III.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL ACUSADO M. E. S., DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley. II.- La Censora es del criterio que el Tribunal de Sentencia ha violentado el Principio Lógico de Razón Suficiente que componen las Reglas de la Sana Crítica, al no haber derivado de los Dictámenes Médicos Legales que se aportaron en la Audiencia de Debate, que el Acusado es penalmente responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la Ofendida; indica que en los dictámenes Médico, Psiquiátrico y Psicológico Forense practicados a la Menor M. C. L. P., se consignó como Historia Médico Legal que Ella había sostenido una relación con la ex pareja de su Madre, la Señora B. C. L. P., información que no fue valorada por los Juzgadores y que provoca el vicio in procedendo que se denuncia, dado que de ésta se puede derivar la responsabilidad del Acusado. III.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El núcleo de la denuncia hecha por la Censora es la falta de valoración de las declaraciones que realizaron tanto la ofendida M. C. L. P., como su Madre, la Señora B. C. L. P., ante los peritos que practicaron dictámenes en diferentes áreas de la Ciencia y que consignaron éstas manifestaciones en la Historia Médico Legal. La Censora olvida que el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. La Censora al exigir que se proceda a la valoración de la Historia Médico Legal y los dictámenes aportados al Debate, reviste al perito de una condición de garante procesal que no la tiene; además, eso equivale a negar los principios reguladores que le imprimen validez al proceso garantizando la legalidad de las actuaciones; y en especial, la igualdad, contradicción y defensa de las partes en contienda. La Censora en su Recurso argumenta que los peritos son testigos de referencia, parangón que es improcedente, dado que los testigos y los peritos son sujetos procesales de naturaleza distinta, al grado que el Código Procesal Penal determina que no pueden actuar como peritos aquellas personas que en la misma causa deban de comparecer como testigos (Art. 240 último párrafo y 241.3 del CPP), los peritos no son testigos ni directos ni de referencia, éstos no aportan información que percibieron accidentalmente a través de sus sentidos, los peritos ilustran al Tribunal con opiniones basadas en sus conocimientos especializados, ya sea por ser estudiosos de un campo de la ciencia o por tener la experiencia en un arte u oficio determinado.- Por lo expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal, FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declara firme y Ejecutable la Sentencia de fecha trece (13) de Octubre del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta Sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Zúniga Medrano. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida a solicitud de la Abogada MIRIAM EMILDA GARCIA PEREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.98=2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL