Sentencia CP-97-11 — Registro 2849
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de tráfico de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- I.__ El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la misma, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.__ Presenta reclamo el Ministerio público en contra de la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, al considerar que los Juzgadores violentaron las reglas de la sana crítica en relación a los acusados S. M. y E. P., en la forma siguiente: 1).- Declaración del testigo 19-06, indica que la persona que le hablaba por teléfono para que le ayudara a la venta de la droga se llamaba S., agente policial asignado a la DGIC en la Ciudad de La Ceiba, señalando que además lo identificó en el reconocimiento fotográfico; 2).- Testigo protegido 22-06, señala que dentro de las fotos existe alguien parecido a S. A. M. P.; 3).- Testigo 24-06, relata que el día de los hecho pasaron por el restaurante Golden Palace trayendo a los de la DGIC y después pasaron por una oficina recogiendo un fusil, además reconoce plenamente en el álbum fotográfico al acusado S. A. M. y al acusado E. A. P. S.; 4).- Declaraciones testificales de 19-06 y 07-07, quienes reconocen a los acusados E. P. y S. M. en el álbum fotográfico; 5).- Libro de Novedades, en el cual consta que el acusado E. P. pasó el día 10 de diciembre del 2006, recogiendo un Galil y dos cargadores, lo que es coincidente con las declaraciones de los testigos 22-06 y 24-06 quienes afirman que pasaron por la DGIC recogiendo un fusil.- Increpa la Censora que aun con la prueba descrita los sentenciadores no concluyeron que estaba acreditada la responsabilidad penal de los acusados S. A. M. y E. A. P. S., lo que constituye irrespeto a la ley de razón suficiente en su postulado de derivación.- III.__ El Recurso es de Recibo Parcialmente.- Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. La Sala de lo Penal ha determinado que el recurso del Censor debe de ser otorgado parcialmente debido a que las conclusiones valorativas respecto al acusado S. M. entrañan inobservancia a las reglas de la sana critica, no así en cuanto al acusado E. P., debido a que los razonamientos relacionados a su participación no colisionan con el sistema de valoración de prueba antes apuntado.- 1).- Acusado S. A. M. P.: Resaltan los Juzgadores que del análisis de Vaciado Telefónico (F. 637-681), no se identificó que alguno de los dieciséis números de teléfono de celular objeto de análisis fuese utilizado por el Acusado S. M. (F. 756v), como consecuencia establecen que no es creíble la declaración del Testigo Protegido 19-06 (F. 753) en ese aspecto, además no aprecian como indicio de participación el reconocimiento fotográfico hecho por el testigo protegido 24-06, señalando que éste testigo ni el testigo 22-06, describen que papel que jugó en los hechos objeto de juzgamiento, sino que solo se limitan a reconocerlo (F. 755) participación que la describe el testigo 19-06, pero al que el Tribunal de Sentencia no le da credibilidad, de este modo el A-quo concluye que no se pudo acreditar la participación del acusado en los hechos y por tanto debe absolvérsele.- Este Tribunal de Casación observa que el argumento central en que se basa el A-quo para descartar la participación del acusado S. M. es por no figurar como usuario (receptor o emisor) en uno de los dieciséis números de teléfono celular analizados y como consecuencia de ello valora negativamente las declaraciones de los testigos 19-06, 22-06 y 24-06, lo que constituye una violación al principio lógico de derivación.- A).- El testigo 19-06 aporta a la una descripción de la dinámica de los hechos, indicando que una persona de nombre S., se comunicó con él a efecto de conseguir un comprador para la droga, identificando a “S.”, como un agente de la DGIC asignado a la ciudad de La Ceiba (F. 17v y 18v)y reconociendo en un álbum fotográfico (F. 19v)al acusado S. A. M.; B).- El testigo 24-06, quien para el Tribunal de Sentencia merece credibilidad (755), relata como la droga fue interceptada por los acusados y trasegada para su venta posterior; El testigo al final de su declaración reconoce al acusado S. M. en el álbum fotográfico (F.09) - Es criterio del Tribunal de Casación que los juzgadores erraron al desvalorar sin apelar a una razón suficiente, los medios de prueba descritos, es decir, por el hecho de que el Medio de Prueba de Vaciado Telefónico no haya identificado al acusado como usuario de uno de los dieciséis números de teléfono examinados, sin considerar que existen fuentes de prueba que identifican al acusado como participante en los hechos objeto de juzgamiento, en especial el testigo protegido 19-06, quien no solo describe el papel que jugó el acusado, a quien mencionó conocerlo hacía un año antes en una fiesta (F. 19), a lo que se añade lo expresado por el testigo protegido 24-06.- Por tanto el Tribunal de Sentencia no ha explicado racionalmente como por una parte estima que el testigo 19-06 es creíble pero a la vez señala que no lo es, dado que la información brindada por éste no resulta incoherente o ilógica con el resto de la prueba aportada, de ahí que si el Juzgador de instancia hubiese observado las reglas de la sana crítica podría haber arribado a un veredicto distinto. Esta Sala considera importante señalar que la estimación parcial del recurso interpuesto por el ente acusador se hace sin prejuzgar en torno a la culpabilidad del imputado S. A. M. P. y por ende sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia del que goza al tenor de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República.- 2).- Acusado E. A. P. S.: La Sala de lo Penal estima que con referencia a éste acusado existen fuertes indicios que determinan su posible participación en los hechos, más el Tribunal de Sentencia acertadamente determina que éstos indicios no son suficientes para declarar su responsabilidad penal: A).- El testigo 24-06 después de su declaración, identifica al acusado E. P. en el álbum fotográfico, (F. 9); B).- El testigo 24-06, declara que E. y O. pasaron por una oficina trayendo un fusil, antes de ir a interceptar la droga (F. 8), sin hacer mención de otra persona, mucho menos concretamente del acusado; C).- En el Libro de Novedades de la DGIC (F 318), se lee que siendo las 08:00 a.m. del día 10 de Diciembre del 2006, al Sub Oficial S. A. entregó turno de guardia al acusado R. C., redactando una nota al final que el también sub oficial E. P. había pasado trayendo un Galil y 2 cargadores, sin hacer anotación de la hora, por lo que ésta acción pudo haberse realizado desde las 08:00 a.m. del día 09 de diciembre hasta minutos antes de las 08:00 a.m. del 10 de diciembre que es el espacio de tiempo del turno del sub oficial S. A..- Por tanto la información del libro de novedades no puede ser relacionada con la información aportada por el testigo Protegido 24-06, siendo entonces que el reconocimiento fotográfico hecho por éste es el único medio de prueba directo el que resulta ser insuficiente por no existir otros elementos probatorios periféricos sólidos que lo refuercen- IV.__ Lo expuesto es fundamento para declarar con lugar parcialmente el recurso de casación por quebrantamiento de form
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de Agosto de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló:1) CONDENANDO al Señor E. D. F. S., por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION.2) CONDENANDO al Señor E. D. F. S., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.3)ABSOLVIENDO a los señores R. V. C. O., E. A. P. S. Y S. A. M. P., del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.4) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.5)NO DECLARO la responsabilidad civil del acusado E. D. F. S. INTERVIENEN: El Abogado R. A. Z., Apoderado Defensor Privado del acusado E. D. F. S., en su condición de Recurrente; El Abogado M. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público en su condición de Recurrente y El Abogado A. A. G., Defensor Público de los acusados E. A. P. S. y S. A. M., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día sábado nueve de diciembre del año dos mil seis, en horas de la noche, se celebró una fiesta o cena navideña en el lugar conocido como Dantony Golf Club, de la ciudad de la Ceiba, Atlántida, organizada por los miembros de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de esa ciudad, en la cual participaban entre otras personas el Jefe de esa dependencia Sub- Inspector de Investigación E. D. F. S. y los agentes de investigación E. A. P. S., S. A. M. P. y R. V. C. O.; en ese evento compartieron varias personas vinculadas al sector justicia como ser jueces, fiscales, agentes de investigación, policías, Abogados y demás invitados a dicha fiesta. SEGUNDO: Esa noche de la fiesta o cena navideña que se celebró en el Dantony Golf Club , amanecer domingo diez de diciembre del año dos mil seis, el Policía Clase I J. F. R. M., residente del Municipio de Balfate, Colón, tenia información que dos vehículos tipo camión estaban estacionados por la Playa en las cercanías del Hospital de ese pueblo; y se comunicó vía telefónica con W. A., conocido como el “C. W.” y éste se contactó con E. F.; en ese momento los testigos protegidos con clave 22-06 y 24-06 estaban en una jugada de gallos en el municipio de San Francisco, Atlántida; y llegó a ese lugar un señor conocido como “C.” y les propuso que colaboraran en una misión de interceptar dos camiones con droga que estaban estacionados por la playa en el Municipio de Balfate, Colón; y que todo estaba coordinado y controlado por los muchachos de la Dirección General de Investigación Criminal “DGIC” de la Ceiba, Atlántida; a dichos testigos protegidos les pareció la propuesta y aceptaron ir a la misión, se trasladaron de San Francisco a La Ceiba en un vehículo pick-up color verde doble cabina, al llegar a Ceiba en la calle frente a la “Pepsi” se encontraron con W. A. conocido como el “C. W.”, quien se conducía en un vehículo Mitsubishi color rojo tipo camioneta, hablaron ese momento con E. F. y con O. C., se reunieron entre ellos y se pusieron de acuerdo en la operación de interceptar los camiones con droga que estaban por la playa del Municipio Balfate, Colón. TERCERO: Como encargado o cabecilla de la misión designaron a O. C., acompañado de W. A. conocido como el “C. W.”, de los testigos con identidad protegida 22-06 y 24-06 y otras personas que no fueron identificadas, después se desplazaron en la camioneta roja mitsubishi y en el pick-up verde doble cabina, desde La Ceiba hasta Balfate, específicamente por la playa en las cercanías del Hospital de ese Municipio, lugar donde estaban estacionados los dos vehículos tipo camión, el primero marca Isuzu, placa AAB-4186 color blanco y el segundo marca Hyundai placa PBN-7644 color blanco, al llegar a ese punto especifico como a la una de la madrugada, sorprendieron a los conductores de dichos vehículos quienes estaban dormidos, los despertaron, los bajaron, los amarraron, los interrogaron y los vendaron de los ojos, subiéndoles a la paila de uno de los vehículos que andaban, revisaron los fondos falsos de los camiones, los rompieron y encontraron en el compartimiento de doble piso en la parte de atrás que había droga cocaína, la cantidad de Quinientos Kilos, en ese momento O. C. encargado de la misión, llamo a E. F. reportándole que “Todo estaba bajo control, que encontraron la mercancía”; E. a las tres y cuarenta y tres de la mañana todavía se encontraba en la Ceiba con ubicación en la UTH, a las cuatro de la mañana estaba ubicado en Sambo, a las cuatro y tres de la mañana en Salitran y a las cuatro y ocho de la mañana en Jutiapa y desde ese lugar se comunicaba constantemente vía telefónica con O. C., permaneciendo hasta las cuatro y veinticuatro de la mañana; los que estaban en Balfate revisando los camiones se trasladaron hasta la salida de Jutiapa, Atlántida exactamente a la Gasolinera de ese lugar, donde los estaba esperando E. F. en un vehiculo Toyota 2.4 color gris asignado a la Dirección General de Investigación Criminal “DGIC” de la Ceiba, Atlántida, quien tomó la delantera en la carretera e iba resguardando los camiones para evitar que los pararan en las postas policiales; E. F. dio instrucciones de trasladarse con los vehículos hasta San Francisco, Atlántida, a un lugar conocido como M., llegaron a dicho lugar y en una casita de campo descargaron la droga cocaína, después los dos camiones los fueron a dejar abandonados en la borda del Río Las Mangas de San Francisco, Atlántida y a los conductores de los mismos los fueron a dejar cerca de la entrada de una montaña por la Masica, Atlántida. CUARTO: El mismo domingo diez de diciembre del año dos mil seis, en horas del día W. A. “C. W.”, se comunicó vía telefónica con R. P., identificado como Testigo Protegido con clave 19-06 ya fallecido; y se puso de acuerdo con él sobre el transporte y venta de la droga en el occidente del país; entonces R. se comunicó por teléfono con M. de apellido desconocido, quien vive en Naranjito, Santa Bárbara, haciéndole la propuesta que habían disponibles Quinientos kilos de cocaína para la venta; y entonces al ponerse de acuerdo sobre la transacción de la droga, éste mandó a M. de apellido desconocido, con un camión para que llevara la droga hasta el occidente de país, específicamente a un lugar conocido como Aldea Nueva, Copón; cargaron la droga cocaína Trescientos Cincuenta y Dos Kilos en un lugar conocido como Las Camelias en la casa de un señor conocido como M., perteneciente al Municipio de San Francisco, Atlántida y luego la transportaron hasta el lugar antes indicado, una vez que llegaron a la referida aldea para hacer el negocio de la venta y recibir el dinero, la persona que les iba a comprar la misma un señor conocido como el G. de nacionalidad Guatemalteca dijo que él era el dueño de la droga y que la iba recuperar porque se la habían robado en la Ceiba; y como el señor R. P. había mandado a su esposa de nombre L. con sus dos menores hijos para que fuera a traer el dinero de la venta de la droga, en compañía del conductor señor P. C., identificado como testigo protegido con clave 10-07 ya fallecido, solo le dio quinientos dólares a dicha señora para que se regresara a su lugar con las personas que la acompañaban.” CONSIDERANDO I.__ Los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por los Abogados R. A. Z. G. en su condición de Defensor Privado del Señor E. D. F. S. y M. I. C. G., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.”- II.EL RECURRENTE ABOGADO R. A. Z. G. PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:” ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colon, en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado E. D. F. S., cometió Infracción de Precepto Constitucional AL NO RESPETAR LAS REGLAS DEL JUICIO, EN CUANTO A LA LEGALIDAD DE LA OBTENCIÓN E INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA EVACUADA EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, DADO QUE DICHA PRUEBA ANTICIPADA SE HABÍA OBTENIDO ILEGALMENTE AL VIOLENTAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TENÍA EL IMPUTADO PARA ESTAR PRESENTE EN LA EVACUACIÓN DE ESA PRUEBA Y SER OÍDO CONFORME A LAS REGLAS DEL JUICIO RELATIVAS A LAS SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES DEL DEBATE DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO INHERENTES AL DEBIDO PROCESO. El vicio a la norma constitucional hizo al Tribunal de sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como los Tratados y Convenios Internacionales relativos al DEBIDO PROCESO. PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE. En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso;“Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGIDO.“Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” (Lo recalcado es mío).EXPLICACIÓN AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación en ese aparte que se alude a la INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la sentencia definitiva, porque se sustentó en elementos probatorios allegados mediante el trámite de anticipo de prueba o prueba anticipada, obtenido de manera adversa e ilegal a las solemnidades y formalidades establecidas en las disposiciones procesales vigentes, en lo relativo al derecho que tiene todo imputado a estar presente en todos aquellos actos donde se incorpore prueba en su contra, concretamente me refiero a la declaración que rindieran los testigos protegidos con clave 22-2006 y 24-2006: El recurrente alude a la ilegalidad de la solemnidad o formalidad con la cual se obtuvo y posteriormente se incorporó dicha prueba anticipada al debate de juicio oral y público porque los motivos invocados por el Tribunal de sentencia para incorporar esa probanza a sabiendas que se había obtenido sin la presencia del imputado, no son conducentes al derecho constitucional que regula el Debido Proceso, en consecuencia la sentencia recurrida debe ser anulada, en base a los siguientes argumentos: El sábado 6 de enero del 2007, se recibió ante el Juez de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colon, la declaración de los testigos protegido con clave 22-2006 y 24-2006, bajo la modalidad de Prueba Anticipada; en dicha Audiencia tal como consta en el Acta respectiva comparecieron ante el Juez de Letras referido Esteban Daniel Quevedo Centeno, el representante del Ministerio Público, Abogado R. G. H. y el Defensor Publico Abogado P. P. R.; sin embargo, el Juez de Letras en trasgresión a las formalidades y solemnidades establecidas en los artículos 4, 14. 101 numeral 10 y 277 del Código Procesal Penal, celebró esa Audiencia sin la presencia del imputado E. D. F. S., no importándole el derecho que tenía el imputado a estar presente en la Audiencia de Prueba Anticipada para así garantizar la solemnidad y formalidad inherente al Debido Proceso al que se encontraba sometido el imputado E. D. F. S., y más aún que por tratarse de un acto procedimental anticipado se infiere que se obtiene bajo el respeto absoluto propio del Debate de Juicio Oral y Público; dicho en otras palabras, es una ficción jurídica donde se produce prueba anticipada al Juicio Oral y Público, como si se estuviere produciendo o evacuando en ese mismo momento procesal del Debate de Juicio Oral y Público.- Las razones que determinaron la obtención de esa prueba anticipada, se orienta a la preocupación de parte del Ministerio Público de que el testigo no pudiese comparecer al Juicio Oral y Público dado el peligro de muerte que se cernía sobre él, en consecuencia esa condición de riesgo fue atendible la justificación por parte del juez de Letras para anticipar la prueba aludida. El error consistió en el procedimiento de prescindir de la presencia del imputado en esa diligencia, a sabiendas que el artículo 82 constitucional y 14 del Código Procesal Penal establece que “el derecho de defensa es inviolable” para cualquiera de las partes en el proceso, y el imputado es una de esas partes. La misma norma es categórica al disponer que: “EL IMPUTADO y su Defensor TIENEN DERECHO A ESTAR PRESENTES EN LOS ACTOS DEL PROCESO QUE INCORPOREN ELEMENTOS DE PRUEBA Y A FORMULAR LAS PETICIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDEREN OPORTUNAS, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondiente, cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso”. (Lo recalcado es mío).En consecuencia el recibo u obtención de esa declaración testimonial que es incriminante en forma decisiva por ser la que conduce al fallo condenatorio, constituye un acto trascendental para la defensa (material o técnica) en ese momento procesal, puesto que ha marcado la suerte del imputado E. D. F. S. quien es tenido por parte de los jueces de sentencia como autor de hechos delictivos. Mediante esa prueba, los jueces de sentencia al momento de incorporar la misma al Debate de Juicio Oral y Público, no solo debieron asegurarse de que en su sentencia reprodujera algún hecho probado, sino que también en esa medida, debieron asegurase que dicha prueba anticipada no hubiera sido obtenida de forma ilegal, por haberse irrespetado los derechos del imputado, que son regulados por la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales, dentro de los cuales debe contarse el derecho que tiene todo imputado para presenciar y escuchar de qué forma se evacuó esa prueba anticipada, así como el de preparar, con su defensor en este caso Publico solo estuvo presente pero de forma pasiva, no haciendo los cuestionamientos que eventualmente se harían al deponente o testigo en ese preciso momento procesal; el Recurrente refiere que se trata de uno de esos casos en que el imputado, en suma, podría hacer uso pleno de su defensa material. En ese sentido el numeral 10 del artículo 101 del Código Procesal Penal, prevé también ese derecho del imputado, a no solo enterarse de los hechos que se le imputan, sino: “A ESTAR PRESENTE, CON SU DEFENSOR, EN TODOS LOS ACTOS QUE IMPLIQUEN ELEMENTOS DE PRUEBA, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario” (Lo recalcado es mío). Resulta obvio que al recabar prueba mediante el trámite del “anticipo jurisdiccional”, las partes deben ser citadas y se les reconoce el derecho de asistir y ejercer todas las facultades y obligaciones que la ley procesal les reconoce así lo establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, veamos:“Actos jurisdiccionales: pruebas anticipadas. En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba. Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, podrá disponer que se practique anticipadamente cualquier medio de prueba, cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate. Del mismo modo procederá el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que, por ausencia o por cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. EN TODO CASO, EL JUEZ LIBRARÁ CITACIÓN AL FISCAL Y LOS DEMÁS INTERESADOS QUE HASTA EL MOMENTO HAYAN SIDO IDENTIFICADOS Y QUE PUEDAN COMPARECER, Y ESTOS TENDRÁN DERECHO A ASISTIR A LA PRÁCTICA ANTICIPADA DE LA PRUEBA, EN LA FORMA PREVISTA PARA EL DEBATE. EL IMPUTADO QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SERÁ REPRESENTADO POR SU DEFENSOR, SALVO SI PIDE INTERVENIR PERSONALMENTE Y NO EXISTE PELIGRO DE FUGA.- En aquellos casos en que se desconozca quién es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir la intervención del Juez para que actúe de la manera más expedita, debiendo éste citar un Defensor de oficio para que controle el acto. (Lo recalcado es nuestro) .A criterio del recurrente, se observa que el legislador, preceptúa que el trámite del anticipo de prueba o prueba anticipada, constituye un acto procesal asimilable al Debate de Juicio Oral y Público, en el que se evacua un dato probatorio que podría tornarse decisivo y que necesariamente, a través de la oralidad, inmediación y contradicción (artículo 4 del Código procesal Penal), podría ser controlado por los propios interesados. Es de recordar que una de las excepciones a la oralidad, elemento caracterizante del Juicio Oral y Público, es, casualmente, el recibo anticipado de pruebas en sede jurisdiccional tal como se establece en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal.“Lecturas autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario:1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de LA PRUEBA ANTICIPADA y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio;…” (Lo recalcado es mío). Por lo que el interés de evacuar testimonios mediante ese trámite, es porque “resulte imposible reproducir en el acto del juicio”, con lo cual la inmediación y la efectividad del contradictorio, se verían seriamente afectadas si el imputado no se encuentra presente. De ahí que es legislador es riguroso en lo correspondiente al anticipo jurisdiccional de prueba, disponiendo el derecho de asistir a la diligencia todos los que sean parte en el proceso, incluyendo, desde luego, al imputado. PARTES DE LA SENTENCIA DONDE SE INVOCAN Y SU VALOR EN LA CONDENA DE E. D. F. S.. Por otra parte, es necesario establecer que las razones expuestas por los jueces de sentencias en su fallo decisorio que están contenidos en el apartado de la valoración de la Prueba y posterior Fundamentación Jurídica, se desarrollaron de la siguiente manera, la defensa planteo la ilicitud de la prueba aportada por el Ministerio Publico, para tal efecto propongo el acta de debate como medio de prueba, documento mediante el cual demostrare los extremos siguiente, veamos: ACTA DE DEBATE. “…Este Tribunal ha analizado con respecto a la interposición del recurso de reposición de la defensa de los señores E. D. F., (…) y mantiene los puntos de hecho y derecho; en tal virtud se establece, que en cuanto al incidente planteado por la defensa de los señores ya mencionados, con respecto a la exclusión del medio de prueba por ilicitud, este Tribunal fue claro y enfático respecto a que el incidente promovido, trata sobre la manera en que fue producida la prueba, en este caso el Tribunal tomo a bien y leyó lo establecido por la defensa, de tal manera que efectivamente hubo una autoridad del Juzgado de Letras Instructor, también hay copia del informe del vaciado telefónico, basándonos en el CPP, este informe será resulto hasta que se evacuada la prueba en el debate, una vez evacuada la misma, bajo los principios de oralidad, contradicción y defensa podrá ver lo que es conforme a derecho, y las partes procesales podrán hacer las valoraciones que estimen pertinentes, por lo tanto en aplicación de nuestra normas procesales, este Tribunal mantiene declarar sin lugar el recurso interpuesto por la defensa de los señores E. D. F., S. A. M. y E. A. P., por cuanto que el incidente de exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, no tiene el fundamento en este momento para declararlo con lugar…” Los motivos expuestos por el Tribunal de Sentencia para prescindir del imputado en la audiencia de prueba anticipada y por ende del respeto que tiene el imputado a un Debido Proceso, son inauditos desde todo punto de vista descriptivo e intelectivo judicialmente, ya que una autoridad judicial seria, que se le hubiera presentado esta situación o polémica constitucional, debió procurar, al momento de razonar su decisión, evitar incitar situaciones eventualmente lesivas al imputado, ya que si se encontraba en la situación de considerar o ponderar que en el presente caso, emergía un verdadero conflicto de intereses, entre la urgencia de la producción u obtención de la prueba anticipada y el derecho del imputado a estar presente; en tal caso, debió el Tribunal de Sentencia razonar la Prueba.-Tal forma de motivación elude pronunciarse del fondo del incidente planteado por la defensa técnica en la audiencia de Debate de Juicio Oral y Público en la obtención e incorporación de prueba ilícita en la violación de las garantías de derechos constitucionales, y no obstante ello, la incorporan al Debate a sabiendas de la violación constitucional que producían, o que es lo mismo, no les importó la violación a una formalidad o solemnidad del Debido Proceso, por lo que, les fue de menos las graves restricciones, limitaciones o tergiversaciones al derecho de defensa material que tenía el imputado E. D. F. S. y cuanto afectaban estas a las reglas del juicio oral y público, ya que sin la presencia del imputado, era obvio, que éste no había tenido la oportunidad de defenderse materialmente al no estar presente en la diligencia de acopio de prueba y más aún por tratarse de la única prueba de valor decisorio, que es de donde emerge el fallo condenatorio; por lo tanto, si los jueces de sentencia no se hubieran limitado a incorporar una prueba obtenida ilegalmente aduciendo argumentos incoherentes e insubstanciales ajenos a ley; en ese contexto al cual nos hemos referido, no se hubiera producido el defecto denunciado al Debido Proceso, ya que el mismo, incidió de manera decisiva en la intervención y asistencia material del imputado dentro del Debate del Juicio Oral y Público, el cual se trata de una garantía constitucional que resguarda el derecho de defensa, no sólo contenidas en forma expresa en los Artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, sino en los cánones 14 apartes 3 d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 apartes 2 e) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así las cosas, es criterio del recurrente que corresponde anular la sentencia de mérito y el Debate que le dio origen.-Estima el recurrente que legitimar arbitrariamente la no presencia del imputado en la obtención o producción de la Prueba Anticipada referida, resulta desde todo punto de vista irracional e ilógico, ya que no tienen asidero jurídico en que basarse, por estar cimientas en meros alegatos propios de las partes y no de razonamientos jurídicos de un funcionario que administra justicia; solo hay que remitirnos a esas supuestas “motivaciones” de la “interpretación” que le hacen los jueces de sentencia al sentido de la redacción del artículo 277 del Código Procesal Penal, para detectar que desde cualquier ángulo jurídico que se les aprecie, esas “motivaciones” no se pueden subsumir como pensamientos derivados de una interpretación restrictiva, extensiva o sistemática de ese precepto adjetivo, sino, como se ha manifestado, propios de personas que desconocen la Ley, ya que a cualquier costo o sacrificio de los derechos de una persona imputada, quieren imponer su criterio para condenarlo, llegando al absurdo de imponer tácitamente el hecho de que no era necesario la presencia del imputado en la Audiencia de Prueba Anticipada, y que hubo la presencia de un juez; con la agravante, de que en esas “motivaciones” eluden una y otra vez, pronunciarse sobre el centro de la razón jurídica toral del reproche del incidente planteado por la Defensa Técnica. Las razones jurídicas que nos permiten dar este alegato a esas “motivaciones” se obtienen tan solo al remitirse a las siguientes consideraciones legales: a)De la misma redacción del artículo 277 del Código Procesal Penal se infiere que la prueba anticipada es un “Acto del Debate”;b) Ninguna disposición procesal donde se regula la sustanciación del juicio Oral y Público, establece, que una prueba puede ser obtenida o producida en ausencia injustificada del imputado; c)El artículo 307 del Código Procesal Penal, establece los casos donde, SI es permitido la producción u obtención de la prueba en ausencia del imputado, refiriéndose el legislador al caso donde el imputado altere el orden de la audiencia pública;d) Otro caso es el referido al imputado desconocido que regula el artículo 277 del Código Procesal Penal, ya que en cuanto al imputado que se encuentre detenido deberá el juez de Letras asegurase de que sea notificado de la celebración de esa Audiencia, para que el imputado manifieste lo pertinente, en consecuencia no se puede celebrar esa audiencia a sus espaldas y en su ausencia, inclusive no podría celebrarse si manifestare el imputado que se encuentre detenido que no quisiera estar presente en dicha audiencia, en este supuesto por tratarse de un “Acto del Debate” se le haría comparecer a tal Audiencia, tal como así lo establece el artículo 307 del Código Procesal Penal;e)En los casos donde el imputado ha sido identificado y se encuentre gozando de medidas cautelares, (como el caso de nuestro Representado) es más que contundente el hecho que el legislador ordena que sea citado al establecer que… “El Juez librará citación al Fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados y que puedan comparecer, y estos tendrán derecho a asistir a la práctica Anticipada de la Prueba, en la forma prevista para el Debate.” Lo anterior tiene su fundamento en que el legislador en el párrafo penúltimo del artículo 307 del Código Procesal Penal PROHIBE producir prueba sin presencia del imputado y si este se negare, por cualquier motivo a comparecer, el legislador estable que el Juez podrá hacerlo comparecer a la fuerza, distingamos: “Si el imputado se halla en libertad y no se presenta a la audiencia, el Tribunal de Sentencia ordenará su conducción por la fuerza pública o su detención. Si no es posible la conducción oportuna del imputado, se suspenderá el debate hasta que sea habido o se presente voluntariamente.”;f)Otro caso que implica esa PROHIBICIÓN de celebrar la audiencia sin presencia del imputado, se refiere cuando el imputado estando detenido se fuga, o si se encuentra incapacitado para comprender el alcance de los actos del juicio (artículo 105 del Código Procesal Penal), en todos estos casos las audiencias se suspenden hasta que se supere la situación mencionada; g)No obstante, todo lo anterior, resulta inconcebible, que por el hecho de que el imputado no compareció y que por la desidia del Fiscal y del Juez, para no utilizar los mecanismos legales establecidos en la ley procesal para hacerlo comparecer, ahora acontezca que los jueces de sentencia, lo consideren CULPABLE a través de una presunción de culpabilidad que opera de la siguiente manera “EL IMPUTADO AUNQUE NO SE PRESENTE A UNA AUDIENCIA DE RECIBO DE PRUEBA, ES CULPABLE”; y, h)Por último, en caso de existir alguna laguna o pasaje oscuro en cuanto a la redacción de esa norma procesal establecida bajo el artículo 277 de la ley procesal, el legislador, nos remite, al contenido del artículo 18 del Código Procesal Penal, que literalmente dice:“Interpretación de pasajes oscuros de la Ley. Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal SE INTERPRETARAN DEL MODO QUE MAS FAVOREZCA A LA PERSONA IMPUTADA.” Por lo que consta en autos la persistente actitud del Defensor Técnico del imputado para lograr que su defendido no fuere juzgado mediante la incorporación de prueba ilegal que fue obtenida violentando las solemnidades y formalidades que estable el Debido Proceso y en transgresión al derecho de Defensa que lo asiste en la obtención de la prueba anticipada de marras, sin embargo, a pesar de haber interpuesto en su momento procesal oportuno el incidente de nulidad, el mismo no fue resuelto en detrimento del derecho constitucional de mi representado. Con graves consecuencias, veamos: Numeral SEGUNDO de la VALORACIÓN DE LA PRUEBA:“…Se recibió el medio de prueba denominado ACTA DE DECLARACION DEL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 22-06 Y 24-06, COMO PRUEBA ANTICIPADA, VISIBLE A FOLIOS 7 AL 9 DEL EXPEDIENTE DE MERITO y fue incorporada por lectura autorizada, por ser imposible su comparecencia al acto del juicio; el primer testigo protegido 22-06 declara. “El día nueve de diciembre recibí una llamada(…) a todo eso E. los estaba esperando en el desvió de Juatiapa entrado a Balfate, en un Toyota 2.4 doble cabina; de regreso E. iba con cuatro elementos mas custodiando los camiones pasamos por La Ceiba(…) Al mostrarle el ALBUM FOTOGRAFICO identifico a E. F. y O. C. y se le hacen parecidos las fotos de S. M., entre otros.(…)El segundo testigo protegido 24-06 declaro que “Estaba en una pelea de gallos con unos amigos, eran como las once de la noche(…) que nos esperaban por Jutiapa y nos iban a pagar Cinco Mil Dólares, después de recibir esa llamada nos fuimos y pasamos por el Golden Palece trayendo a los de la DGIC, a E. y a O., luego pasamos por una oficina recogiendo un fusil, cuando llegamos a Jutiapa E. nos estaba esperando en el desvió en una Gasolinera y nos dio instrucciones que entráramos a Balfate, (…) y E. nos dijo que lleváramos eso para San Francisco, (…) Al mostrarle el ALBUM FOTOGRAFICO identifico a E. P., O. C., E. F. y S. M.. (…)Los testigos protegidos 22-06 y 24-06, manifestaron que después de recibir la llamada telefónica se fueron de San Francisco para La Ceiba (…) a E. y a O.; E. iba con cuatro elementos y pasaron por una oficina recogiendo un fusil, se trasladaron hasta Balfate, Colon y cuatro llegaron a Jutiapa E. (…) y E. los iban custodiado (…) a la vista el álbum fotográfico reconocen a E., (…); solo hacen referencia que E. iba con cuatro elementos sin mencionar nombres y sin especificar si eran elementos policiales o de investigación.- Este Tribunal estima que las declaraciones de dichos testigos merecen credibilidad, a pesar de haber tenido una participación activa en los hechos, por ser corroboradas periféricamente y coinciden con las declaraciones de los testigos protegidos 19-06 a 07-07…” OBSERVESE QUE LA VERSION QUE CAUSO CONDENA ES COMPLETAMENTE COINCIDENTE CON LA DE LA PRUEBA ANTICIPADA ILICITA. Apartado PRIMERO de la FUNDAMENTACION JURIDICA:”…En este caso la conducta atribuida al acusado E. D. F. se proyecta sobre los Elementos objetivos del tipo penal que describen la acción de traficar consistente en una diversidad de conductos, entre los que se encuentran las de comprar, vender, poseer dolorosamente, transportar, suministrar o entregar droga o estupefacientes a cualquier titulo a terceras personas, colocando la salud publica, en una situación de peligro.- En esta acción se subsume la conducta realizada por el acusado E. F.; quien al ser agente de la autoridad ostentando el cargo de Jefe de la DGIC de la Ceiba, Atlántida, tenia el dominio del hecho porque en concierto previo con otras personas, dada las instrucciones para interceptar los vehículos que transportaban la droga, estacionadas por la playa en Balfate, Colon, trasladándose en horas de la madrugada desde la Ceiba hasta la Gasolinera de la salida de Jutiapa y manteniendo desde dicho lugar comunicación constante vía telefónica con el encargado de la operación conocido como O. C., quien se encontraba en Balfate revisando los camiones e informándole a E. F. sobre la operación y que todo estaba bajo control, trasladando los camiones de Balfate a Jutiapa, por lo que E. F. daba instrucciones que se llevaran hasta el municipio de San Francisco y resguardaba los camiones desde la Gasolinera de Jutiapa hasta un lugar conocido con el nombre de Miselis y allí en una casita de campo descargaron dicha sustancias para tenerla segura y disponible; obviando su deber de autoridad que consistía en decomisar la droga, detener a los presuntos responsables y ponerlos con la evidencia física a la orden del Ministerio Publico para su investigación y juzgamiento; estos actos típicos son constitutivos del ilícito penal de trafico ilícito de droga agravado.- Este delito se agota con el comportamiento asumido por su autor con el fin que terceros tengan acceso a la sustancias toxica por lo cual estamos ante un delito consumado….” (Lo subrayado es mio).Sobra decir que la declaración que usan los Jueces es la de los testigos protegidos; usados como calca fiel; sirve de base de la condena. A afecto de establecer algunos conceptos constitucionales citados por el recurrente, que la jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente, me permito citar las siguientes sentencias de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, veamos:”…ESTA SALA ha determinado QUE EL DERECHO DE DEFENSA SE CARACTERIZA en su esencia por la oportunidad que tenga el procesado de allegar prueba al juicio e intervenir en la evacuación de la propuesta por la otra parte en un debate público y contradictorio (en su caso), así como de tener acceso a la interposición de los recursos legales correspondientes, …” (Sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación numero 538=04).“…Al DEBIDO PROCESO le nutren derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el DERECHO DE DEFENSA, de rango constitucional, considerado inviolable según el artículo 82 de la Constitución de la República, con el cual se pretende evitar la imposición de una pena, con desconocimiento del derecho fundamental de defensa como ha sucedido en el presente caso…” (Sentencia de fecha quince de junio de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 2874=03).“…EL PRINCIPIO-DERECHO DEBIDO PROCESO, como ya los hemos dicho en otras ocasiones, supone que toda persona deba ser juzgada observando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, según lo que se dispone en el artículo 90 de la Constitución de la República. Una de esas formalidades esenciales la establecen LAS REGLAS DEL JUICIO, según las cuales el juez para decidir un caso solamente tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. ESTA REGLA ESENCIAL DEL JUICIO, y concretamente de la deliberación del caso, supone que los jueces y tribunales para formar su convicción, solamente podrán hacerlo a partir de aquellas pruebas que se hayan practicado en el debate de acuerdo a las reglas establecidas en el Código procesal penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 336 del Código. Cualquier quebranto de estas reglas implicará evidentemente una vulneración de las reglas del juicio, que en caso de tratarse de algo esencial que trascienda al resto del fallo, puede implicar la nulidad de éste…” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 1441-2033=2004).Para concluir, si aplicamos la SUPRESIÓN HIPOTÉTICA. De la prueba anticipada, suprimiéndola mentalmente de la sentencia recurrida, observaremos que la misma es decisiva, ya que no existe otro prueba evacuada en el juicio Oral y Público SUFICIENTE que apoye, confirme o soporte una sentencia condenatoria, siendo esta prueba anticipada testifical la única de donde se sostiene el fallo condenatorio, pero al no existir hipotéticamente esa prueba anticipada, el resultado de la sentencia hubiera sido absolutorio. Por eso decimos que los Jueces de Sentencia prefieren sacrificar los derechos y garantías constitucionales del imputado, para dictar a cualquier costo humano, una sentencia condenatoria, no importándoles a su vez que dicha prueba testifical recibida anticipadamente adolezca de una grave violación a una regla del juicio oral y público que afecta el Debido Proceso. La salida más viable para estos jueces de sentencia fue la de fijar como la cuestión principal es que hubo un juez competentes en la audiencia de esa Prueba Anticipada en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO NÚMERO 22-2006 y 24-2006, la cual se recibió sin cumplir con las formalidades y solemnidades del Debido Proceso establecidas en los artículos 277 párrafo cuarto, 1, 4, 14, 18, 101 numeral 10, art. 304, 307 y 312 numerales 8 y 9 del Código Procesal Penal, desarrollados en este Motivo de Casación.” III. LA ABOGADA RECURRENTE M. I. C. G., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A DESARROLLAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.-I.-POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO:“No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”.PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba Documental entre otras, el Acta de Declaración del Testigo Protegido con CLAVE 19-06 como prueba anticipada; Acta de Declaración del Testigo Protegido con CLAVE 22-06 como prueba anticipada; el Acta de Declaración del Testigo Protegido con CLAVE 24-06 como prueba anticipada; así como la prueba documental consistente en el Libro de Novedades cuyas copias autenticadas de conformidad al fallo impugnado corren visibles a folios del 312 al 323, probanzas de la cuales se desprende lo siguiente: El testigo protegido Clave 19-06, quien rindió su declaración como prueba anticipada, misma que fue incorporada mediante lectura autorizada por ser imposible su comparecencia al acto del juicio por razón de su fallecimiento, señaló entre otras cosas lo siguiente: “…las autoridades que tenemos son las que conforman la banda de las Peñas de San Juan Pueblo…; EL FISCAL PREGUNTA: Sabe usted el nombre del agente de la D.G.I.C., que le habló?, R/ Se llama S., se me escapa el apellido, pero en el informe esta.- P/Donde esta asignado S.?, R/ En la Ceiba.- P/ Como se llaman los agentes de la D.G.I.C. que le hablaban para solicitar el dinero?, R/ Solo a S. ponen a que me hable, le dice que es parte de sus jefes, me dice que le entregue el dinero de la droga, pero no sabe el nombre del jefe de S..- … El Fiscal del Ministerio Público solicita se le ponga a la vista al testigo el álbum fotográfico, para que reconozca el nombre de las personas, que se hicieron presentes al lugar, R/ Identifica plenamente a S. A. M. P., éste le hablaba, decía que sus jefes lo ponían a que me hablara, que les ayudara a hacer el transe…” .En la valoración que el Tribunal recurrido realizó sobre esta declaración (ver numeral Segundo del apartado de la valoración de la prueba) señaló que la misma es congruente con las declaraciones de los testigos 22-06 y 24-06. El deponente 19-06 manifiesta que el agente de investigación que le hablaba por teléfono para que les ayudara hacer el transe de la droga se llama S., asignado a la D.G.I.C., de la Ceiba, No obstante, el sentenciador le restó credibilidad a este dicho porque S. no apareció entre los 16 números telefónicos que fueron analizados. Además afirma y da por hecho que el testigo protegido 19-06 tuvo una participación activa en la transacción de la droga, o sea en el transporte al occidente del país para su venta, pero que sus dichos no admiten una absoluta credibilidad, cuando debe ser lo contrario, su participación para el sentenciador debió ser un elemento que le da fortaleza a su credibilidad ya que no tiene el animo de exculparse y además sus deposiciones se corroboran periféricamente con lo declarado por los testigos protegidos 22-06, 24-06 y 10-07, dando como resultado la certeza positiva respecto a la actividad ilícita en la cual participaron los declarantes y no disminuida como erróneamente lo apreció la jurisdicción, en franco irrespeto a la ley de la derivación. Como se puede apreciar, el Tribunal admite la participación activa de este testigo en los hechos sometidos a juzgamiento, (transacción de la droga); también admite que su dicho se corroboró periféricamente con lo declarado por los testigos protegidos 22-06, 24-06 y 10-07; más sin embargo, en la sentencia no refiere nada en lo relativo al reconocimiento fotográfico en donde el testigo de manera clara y precisa identificó al acusado S. . M., como una de las personas que participó en los hechos investigados haciéndose presente al lugar y pidiéndole que le ayudara a hacer el transe, por lo que al no lograrse extraer esta información proporcionada por el testigo se configura un irrespeto a la ley de razón suficiente y por ende a las reglas de la sana critica, máxime cuando aquella información no fue razonablemente descartada por el Tribunal. El testigo protegido Clave 22-06 quien rindió su declaración como prueba anticipada, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada por ser imposible su comparecencia al acto del juicio, el cual dentro de las preguntas formuladas por las partes se encuentra: “…P/ Cual fue el destino de la droga, R/ Supuestamente la llevaban a San Pedro Sula. P/Quienes llevaban la droga, R/ El sargento, O. y los de la DGIC. Seguidamente el Fiscal solicita poner a la vista al testigo protegido el álbum fotográfico presentado junto a las diligencias para ver si identifica a los participantes en el hecho, quien manifiesta que identifica plenamente las fotografías de E. D. F. S. y O. I. C. N. y que se le hacen parecidos las fotos de …S. A. M. P.…”.El testigo protegido Clave 24-06 quien rindió su declaración como prueba anticipada, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada por ser imposible su comparecencia al acto del juicio, el cual, en su testimonio depuso, entre otras cosas, lo siguiente: “Estaba en una pelea de gallos con unos amigos, eran como las once de la noche cuando a un amigo le llamaron a su celular y le dijeron que si queríamos hacer un viaje que nos iban a dar dinero y que íbamos a estar con elementos de la DGIC, y que nos esperaban en jutiapa,… a las preguntas y respuestas formuladas por el Fiscal se encuentra: “…P/ Después que recibió la llamada quedó de encontrarse en algún lugar, R/ Si pasamos por el Golden Palace, pasamos trayendo los de la DGIC, a E. y a O. y pasaron por una oficina recogiendo un fusil. P/Cuantas personas andaban en Balfate, R/ Como 8 personas. Seguidamente el Fiscal solicita poner a la vista al testigo protegido el álbum fotográfico presentado junto a las diligencias para ver si identifica a los participantes en el hecho, identificando el testigo plenamente a E. A. P. S., O. I. C. N., E. D. F. S. y S. A. M. P. y tiene alguna duda sobre la foto de M. A. P. F.…”. La valoración efectuada por el sentenciador sobre las dos (2) declaraciones precedentes de los testigos protegidos con Claves 22-06 y 24-06, (Ver segundo párrafo de la pagina 9 de la sentencia), se resume en que ambos testigos además de reconocer a E., reconocieron en el álbum fotográfico la fotografía de los otros dos co-imputados, E. A. P. S. y S. A. M. P., pero que en ningún momento afirmaron que estas dos personas los acompañaron en la operación de interceptar los camiones con la droga, que solo hacen referencia que E. iba con cuatro elementos sin mencionar nombres y sin especificar si eran elementos policiales o de investigación. Sumado a ello, el Tribunal estimó que las declaraciones de dichos testigos merecen credibilidad, a pesar de haber tenido una participación activa en los hechos, por ser corroboradas periféricamente y porque coinciden con las declaraciones de los testigos protegidos 19-06 y 07-07. Como se puede notar, el Tribunal también admite la participación activa de estos testigos en los hechos porque sus declaraciones al ser corroboradas con la declaración de los demás testigos protegidos, 19-06 y 07-07, estas coinciden en sus deposiciones; asimismo, el juzgador advierte, que ambos declarantes reconocieron en el álbum fotográfico tanto a E. como a S.; pero también refiere, que estos testigos de cargo jamás afirmaron que los co-imputados los acompañaron en la operación de interceptar los camiones con la droga. Nos preguntamos entonces ¿si por la circunstancia de no haber afirmado los testigos protegidos, que los acusados los acompañaron en la operación de interceptar los camiones con la droga, será razón suficiente para considerar su no participación en los hechos enjuiciados, aún y cuando el mismo Tribunal a rearfimado que las declaraciones de dichos testigos merecen credibilidad, por haber tenido una participación activa en los hechos, por ser corroboradas periféricamente sus declaraciones y porque coinciden con la de los testigos protegidos 19-06 y 07-07?. ¿Si son creíbles estos testigos para el Tribunal, por haber tenido una participación activa en los hechos, como queda entonces el reconocimiento fotográfico efectuado por ellos, en donde plenamente identifican a E. A. P. S. y a S. A. M. ?. Es claro que los referidos testigos conforman un universo probatorio que al ser considerados ante la obligación de una valoración conjunta, logran demostrar la responsabilidad de los imputados, conclusión que al no ser extraída por el Tribunal evidencian el defecto en el razonamiento judicial por irrespeto a las reglas de la sana critica tal como se ha dejado demostrado. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica, la prueba documental consistente en: 1) Libro de novedades cuyas copias autenticadas corren visibles de folios 312 al 323, en el cual consta la novedad del día diez de diciembre de dos mil seis, a las ocho horas, en que se le entrega turno al Sub-Oficial R. C. y donde se le consignan dos galiles y dos cargadores entre otro equipo, apareciendo al final una nota que dice que uno de los galiles y dos de los cargadores fueron llevados por el Sub-Oficial E. P.. El Juzgador en el fallo de mérito, al momento de valorar la prueba que antecede, encuentra que este medio de prueba merece credibilidad y que se acreditan las novedades más importantes de ese día diez de diciembre del año dos mil seis, como ser, que a las ocho de la mañana recibió turno R. C. y que E. P. se llevó un fusil tipo galil y los dos cargadores, pero que ello no constituye indicio suficiente para presumir que E. participó en la operación de interceptar los camiones que transportaban la droga porque no se corrobora periféricamente con las declaraciones testifícales como una de las personas que haya participado en la operación. (Ver Pág. 15, segundo párrafo de la sentencia); sin embargo, aunque no exista periféricamente declaraciones que confirmen que E. A. P., participó en la operación de interceptar los camiones que transportaban la droga, lo cierto es que si se cuenta con las declaraciones de los testigos protegidos Clave 22-06 y 24-06, que afirman que pasaron por las oficinas de la DGIC, recogiendo un fusil, testimonios estos que al enlazarlos con la prueba documental arriba señalada, (libro de novedades); y el reconocimiento fotográfico, nos llevan a la ineludible conclusión que E. A. P. S., participó a titulo de autor en el delito por el cual el Ministerio Público lo acusó, cumpliendo quizás con otra tarea especifica dentro de las actividades a realizar a lo interno de la organización para cumplir el objetivo y que sin duda como grupo estructurado que es, actuaron de manera concertada, lo cual precisa la responsabilidad del procesado en el hecho enjuiciado. En virtud de todo lo anterior, debemos señalar que las apreciaciones vertidas por el Tribunal impugnado, las consideramos como infracción a la lógica y dentro de la misma al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específicamente en el ítem de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas, que ésta no es suficiente para formar en el Tribunal el grado de certeza para declarar la responsabilidad penal de los acusados E. A. P. S. y S. A. M., razonamiento que quebranta la regla precitada, pues del contenido de las probanzas allegadas al proceso, las cuales al ser contrastados unas con otras, nos conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas su participación en el hecho acaecido; sin embargo, el Tribunal no lo tomó así violando consecuentemente el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específicamente en el ítem, de suficiencia tal como ha quedado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”- IV.RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. A. Z. G., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO E. D. F. S..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- DENUNCIA: VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA GENÉRICA DEL DEBIDO PROCESO.- I. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.__ El Censor acude a la instancia casacional a efecto de denunciar que el Tribunal de Sentencia ha vulnerado el Principio del Debido Proceso al valorar positivamente las declaraciones de los Testigos Protegidos denominados 22-2006 y 24-2006, las que a su juicio son ilegales por haber sido practicadas sin la presencia del acusado E. D. F. S., en transgresión a los artículos 4, 14, 101.10 y 277 del Código Procesal Penal, y con ello la inobservancia del derecho fundamental a la Defensa que consagran los artículos 82 de la Constitución de la República y 14 del Código Procesal Penal.- Señala que el defecto acusado en la sentencia es de carácter toral o esencial por cuanto al suprimir hipotéticamente las declaraciones testificales cuestionadas, no hubiese pronunciado un veredicto condenatorio en contra de su representado.- III.__ PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO: Habiéndose señalado al debido proceso penal como el principio cuya vulneración se denuncia, es conveniente indicar que éste se encuentra regulado por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo, el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, se erige como uno de los pilares del derecho procesal penal orientado a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, observe en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad.- IV.__ PRINCIPIO DE DEFENSA: El Censor también denuncia el irrespeto al derecho de defensa, del que esta Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de su defensa, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante la sustanciación del procedimiento, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase P. G., G.: De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. Págs. 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-De este modo, el derecho de defensa le asiste al Ministerio Público, acusador privado o a la Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indicó, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en el marco de su participación en el proceso.- V.__ LA PRUEBA ANTICIPADA: Como regla general para que el Tribunal de Sentencia pueda valorar un medio de prueba, éste ha debido ser presentado y reproducido en la audiencia de debate (Art. 342 del CPP), ello con el afán de que en ese acto se observen los principios informadores del proceso como ser la publicidad, inmediación, concentración, contradicción, defensa y oralidad. Sin embargo, existen casos que para su preservación o aseguramiento es necesario que el medio de prueba sea recibido de manera previa a la audiencia de debate. El artículo 277 del Código Procesal Penal contiene regulaciones atinentes a la prueba anticipada: 1).- Casos en que procede: Además de los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad relacionados con el thema probandi (Art. 199 del CPP), la prueba anticipada deberá ser ordenada en los casos donde exista peligro de que la prueba esté expuesta a deterioro, a posibles contaminantes, en los casos de pruebas irrepetibles o incompatibles con la concentración del debate: A) Son Ejemplo de causas por el Objeto de Prueba: i) cuando la Prueba por su naturaleza perecedera pueda destruirse o dañarse en el tiempo en que tome la celebración de la audiencia de debate; ii) Cuando exista riesgo que el objeto de prueba pueda ser destruido u ocultado; iii) Cuando se trate de medios de prueba cuya realización no pueda ser llevada a cabo en las instalaciones físicas del Tribunal, iv) Cuando se trate de Objetos de prueba que deban de ser analizados en un lugar diferente al asiento del Órgano Jurisdiccional, incluyendo aquellos que deban de ser analizados fuera del territorio nacional; entre otros ejemplos.- B).- Son Ejemplo de causas por la Fuente de Prueba: i) Cuando un testigo o perito se encuentre padeciendo de enfermedad que le pueda incapacitar para participar en el debate o le pueda privar de la vida; ii) Cuando penda sobre un testigo o perito amenaza grave en contra de su vida o la de un familiar y éste deba de ser sometido a un régimen de protección que le impida presentarse a la audiencia de debate; iii) Cuando exista indicio racional que el perito o testigo pueda ser influido en su ánimo de decir la verdad mediante presiones, amenazas, pago o promesa remuneratoria; iv) Cuando el perito o testigo deba abandonar el país sin fecha conocida de retorno o cuando ésta supere el tiempo en que deba celebrarse la audiencia de debate.- C).- Es Ejemplo de causa por el carácter irrepetible de la prueba cuando sea necesario el reconocimiento en rueda de una persona (Art. 256 del CPP).- Es de tener en cuenta que los casos que contempla el artículo 277 del Código Procesal Penal son ejemplificativos y no taxativos, por lo que cualquier otro motivo que la casuística presente podrá ser considerado siempre que éste represente peligro de pérdida del medio de prueba.- 2).- Parte Solicitante: Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento de un medio de prueba de manera anticipada; es importante resaltar que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en su caso, solicitarán el recibimiento de la prueba anticipada antes de la presentación del requerimiento fiscal cuando se trate de diligencias de investigación distintas a las que les autoriza practicar el Código Procesal Penal en la etapa de la Investigación Preliminar (Arts. 264.2 y 273 del CPP), en especial aquellas donde la ley ordena el ineludible control judicial (Intervención Telefónica, Intervenciones Corporales en Zonas Intimas, Allanamientos de Moradas, Etc,).- 3).- Órgano Jurisdiccional Competente: Será competente para resolver y recibir la prueba anticipada el Tribunal de Primera Instancia conforme a la etapa del proceso que se esté cursando, por tanto corresponderá al Juzgado de Letras o el Tribunal de Sentencia que esté conociendo de la causa Criminal; cuando la solicitud de prueba anticipada sea presentada previo a la presentación del requerimiento fiscal será competente para conocer ésta el Órgano Jurisdiccional que eventualmente le competa conocer del Requerimiento Fiscal sobre la causa conforme a las reglas que establecen los artículos 19 del Código Penal, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 del Código Procesal Penal.- 4).- Momento Procesal de la Solicitud: El Recibimiento de prueba anticipada podrá realizarse en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de la audiencia de debate, incluso, como ya se ha mencionado, previo al inicio del proceso penal como acto de investigación que amerite control judicial.- 5).- Procedimiento: Una vez acreditado que la petición se basa en una causa legítima de recepción de prueba anticipada, el Juzgado de Letras Competente, admitida que sea la solicitud, ordenará la práctica de la diligencia de prueba de la forma prevista para la audiencia de debate y si éste no se encuentra expresamente reglado, se ordenara su práctica siguiendo las formas del medio de prueba que más se le asemeje con estricto cumplimiento de los principios informadores del proceso, líneas atrás enumerados y conforme al Principio de Libertad Probatoria.- 6).- Personas que Intervendrán en la Prueba Anticipada: A).- Solicitud de Prueba Anticipada previo al Requerimiento Fiscal: Como regla general a la diligencia deberán comparecer el Juez(a) acompañado de su respectivo ministro de fe, el Agente de Tribunales del Ministerio público y un defensor que controle el acto, además las partes podrán ir acompañadas de su respectivo consultor técnico previa autorización del Tribunal; es importante señalar que para este momento procesal no existe aún una persona imputada dado que aun no se ha presentado requerimiento fiscal (Art. 101 primer párrafo del CPP), y que muchas veces las pruebas anticipadas en esta etapa además de perseguir asegurar el medio de prueba para el debate sirven para efectos de investigación en orden a determinar qué persona es la posible responsable del delito, por lo que el Tribunal solo tendrá la obligación de citar para su intervención a las personas que hasta el momento se hayan identificado como sospechosas en virtud de los datos que arroje una línea de investigación firme; en todo caso los intereses de la persona que eventualmente pudiese figurar como imputada en el futuro si se presentase requerimiento fiscal, estarán representados y defendidos anticipadamente por un Profesional del Derecho (Art. 112, 115, 119 y 277 del CPP).- B).- Solicitud de Prueba Anticipada después de la Presentación del Requerimiento Fiscal: Igualmente como regla general deberá intervenir el Órgano jurisdiccional, llámese Juez de Letras o Tribunal de Sentencia, el Representante del Ministerio Público, el imputado con su defensor privado o público, y los consultores técnicos que tengan a bien las partes.- De este modo, cuando el sujeto ha adquirido el status de imputado y se encuentra detenido, será representado por un Defensor, salvo que solicite intervenir personalmente y no exista peligro de fuga. 7).- Presentación de la Prueba Anticipada al Debate: La prueba anticipada será presentada para su examen al debate mediante lectura que hará el Secretario(a) del Tribunal (Art. 311 del CPP); No podrá recibirse en la audiencia de debate la prueba anticipada cuando ésta pueda ser presentada directamente, así pues el testigo o perito del que se temía por su vida o que se había previsto saldría de viaje, deberán ser llamados y escuchados directamente en la audiencia de debate en caso de que sea posible y solo cuando no sea así es que se procederá a la reproducción de la prueba anticipada.- 8).- Valoración de la Prueba Anticipada: El Tribunal de Sentencia deberá valorar la prueba anticipada conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación en su sentido más estricto, por lo que dentro de su razonamiento el Tribunal deberá dedicar un espacio para ponderar las limitantes de tales elementos probatorios.- VI.__ EL RECURSO NO ES DE RECIBO: Como punto toral de su reclamo del Censor cuestiona la ausencia del acusado E. D. F. S., en el momento en que se tomaron las declaraciones de los Testigos Protegidos 22-2006 y 24-2006, bajo el protocolo de prueba anticipada, reclamo que no tiene legitimidad debido a que para el momento en que se rindieron estas declaraciones no se había presentado requerimiento fiscal y por tanto no se había identificado ninguna persona como imputada en los términos que señala el artículo 101 primer párrafo del Código Procesal Penal.- La Sala de lo Penal ha corroborado que a folio No. uno (1) del Expediente judicial consta escrito de fecha seis de enero de dos mil siete presentado por el Ministerio Público en el cual solicita al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, la recepción de las declaraciones de los testigos 22-06 y 24-06, bajo el protocolo de la prueba anticipada, solicitud que fue resuelta por el órgano jurisdiccional en la misma fecha (f. 5), ordenando la recepción del medio de prueba anticipado, para lo cual determinó celebrar audiencia con la presencia del Ministerio público, Defensa y Testigos Protegidos, de este modo y siendo el día seis de enero de dos mil siete, a la altura de la una de la tarde, el Juez de Letras Esteban Daniel Quevedo, el Abogado R. G. H., en su condición de Fiscal y el Abogado P. P. R., Defensor Público como Contralor del acto, participaron en la audiencia donde se escucharon a los testigos protegidos antes mencionados; esta Sala de lo Penal considera importante señalar que al momento en que el Ministerio Público hace la solicitud de prueba anticipada aun no se habían identificado las personas que posteriormente figurarían como imputadas en la causa penal, ello impidió que en ese momento el órgano jurisdiccional pudiese citarles para que participaran en la diligencia, véase además que no fue sino hasta después de recibir cinco declaraciones testificales como prueba anticipada que se presentó el respectivo requerimiento fiscal, gracias a que precisamente con esa prueba es que el Ministerio Público pudo determinar las personas como posibles responsables de los hechos, conclusión que deriva igualmente del tiempo que medió entre la solicitud de declaración de prueba anticipada de los testigos 22-06 y 24-06, realizada en fecha seis (6) de enero de 2007 y la presentación del requerimiento fiscal realizada en fecha veintiocho (28) de junio del 2007, es decir más de cinco meses después.- Concluye la Sala de lo Penal que no existe violación al debido proceso al haberse observado lo preceptuado en el artículo 277 del Código Procesal Penal cuando señala que el Juez citará a la audiencia a las personas interesadas que se hayan identificado hasta el momento, y dado que en el caso bajo examen para el día seis de enero del 2007 no se había identificado a ninguna de ellas, en particular a las personas que serían acusadas posteriormente mediante la interposición de un requerimiento fiscal, lo cual no se pudo realizar sino hasta después de haber transcurrido más de cinco meses.- Por lo expuesto al no haber quebranto del debido proceso ni del derecho de defensa, es procedente declarar sin lugar en su único motivo el recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa del encartado E. D. F. S..- V.RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la misma, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.__ Presenta reclamo el Ministerio público en contra de la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, al considerar que los Juzgadores violentaron las reglas de la sana crítica en relación a los acusados S. M. y E. P., en la forma siguiente: 1).- Declaración del testigo 19-06, indica que la persona que le hablaba por teléfono para que le ayudara a la venta de la droga se llamaba S., agente policial asignado a la DGIC en la Ciudad de La Ceiba, señalando que además lo identificó en el reconocimiento fotográfico; 2).- Testigo protegido 22-06, señala que dentro de las fotos existe alguien parecido a S. A. M. P.; 3).- Testigo 24-06, relata que el día de los hecho pasaron por el restaurante Golden Palace trayendo a los de la DGIC y después pasaron por una oficina recogiendo un fusil, además reconoce plenamente en el álbum fotográfico al acusado S. A. M. y al acusado E. A. P. S.; 4).- Declaraciones testificales de 19-06 y 07-07, quienes reconocen a los acusados E. P. y S. M. en el álbum fotográfico; 5).- Libro de Novedades, en el cual consta que el acusado E. P. pasó el día 10 de diciembre del 2006, recogiendo un Galil y dos cargadores, lo que es coincidente con las declaraciones de los testigos 22-06 y 24-06 quienes afirman que pasaron por la DGIC recogiendo un fusil.- Increpa la Censora que aun con la prueba descrita los sentenciadores no concluyeron que estaba acreditada la responsabilidad penal de los acusados S. A. M. y E. A. P. S., lo que constituye irrespeto a la ley de razón suficiente en su postulado de derivación.- III.__ El Recurso es de Recibo Parcialmente.- Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. La Sala de lo Penal ha determinado que el recurso del Censor debe de ser otorgado parcialmente debido a que las conclusiones valorativas respecto al acusado S. M. entrañan inobservancia a las reglas de la sana critica, no así en cuanto al acusado E. P., debido a que los razonamientos relacionados a su participación no colisionan con el sistema de valoración de prueba antes apuntado.- 1).- Acusado S. A. M. P.: Resaltan los Juzgadores que del análisis de Vaciado Telefónico (F. 637-681), no se identificó que alguno de los dieciséis números de teléfono de celular objeto de análisis fuese utilizado por el Acusado S. M. (F. 756v), como consecuencia establecen que no es creíble la declaración del Testigo Protegido 19-06 (F. 753) en ese aspecto, además no aprecian como indicio de participación el reconocimiento fotográfico hecho por el testigo protegido 24-06, señalando que éste testigo ni el testigo 22-06, describen que papel que jugó en los hechos objeto de juzgamiento, sino que solo se limitan a reconocerlo (F. 755) participación que la describe el testigo 19-06, pero al que el Tribunal de Sentencia no le da credibilidad, de este modo el A-quo concluye que no se pudo acreditar la participación del acusado en los hechos y por tanto debe absolvérsele.- Este Tribunal de Casación observa que el argumento central en que se basa el A-quo para descartar la participación del acusado S. M. es por no figurar como usuario (receptor o emisor) en uno de los dieciséis números de teléfono celular analizados y como consecuencia de ello valora negativamente las declaraciones de los testigos 19-06, 22-06 y 24-06, lo que constituye una violación al principio lógico de derivación.- A).- El testigo 19-06 aporta a la una descripción de la dinámica de los hechos, indicando que una persona de nombre S., se comunicó con él a efecto de conseguir un comprador para la droga, identificando a “S.”, como un agente de la DGIC asignado a la ciudad de La Ceiba (F. 17v y 18v)y reconociendo en un álbum fotográfico (F. 19v)al acusado S. A. M.; B).- El testigo 24-06, quien para el Tribunal de Sentencia merece credibilidad (755), relata como la droga fue interceptada por los acusados y trasegada para su venta posterior; El testigo al final de su declaración reconoce al acusado S. M. en el álbum fotográfico (F.09) - Es criterio del Tribunal de Casación que los juzgadores erraron al desvalorar sin apelar a una razón suficiente, los medios de prueba descritos, es decir, por el hecho de que el Medio de Prueba de Vaciado Telefónico no haya identificado al acusado como usuario de uno de los dieciséis números de teléfono examinados, sin considerar que existen fuentes de prueba que identifican al acusado como participante en los hechos objeto de juzgamiento, en especial el testigo protegido 19-06, quien no solo describe el papel que jugó el acusado, a quien mencionó conocerlo hacía un año antes en una fiesta (F. 19), a lo que se añade lo expresado por el testigo protegido 24-06.- Por tanto el Tribunal de Sentencia no ha explicado racionalmente como por una parte estima que el testigo 19-06 es creíble pero a la vez señala que no lo es, dado que la información brindada por éste no resulta incoherente o ilógica con el resto de la prueba aportada, de ahí que si el Juzgador de instancia hubiese observado las reglas de la sana crítica podría haber arribado a un veredicto distinto. Esta Sala considera importante señalar que la estimación parcial del recurso interpuesto por el ente acusador se hace sin prejuzgar en torno a la culpabilidad del imputado S. A. M. P. y por ende sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia del que goza al tenor de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República.- 2).- Acusado E. A. P. S.: La Sala de lo Penal estima que con referencia a éste acusado existen fuertes indicios que determinan su posible participación en los hechos, más el Tribunal de Sentencia acertadamente determina que éstos indicios no son suficientes para declarar su responsabilidad penal: A).- El testigo 24-06 después de su declaración, identifica al acusado E. P. en el álbum fotográfico, (F. 9); B).- El testigo 24-06, declara que E. y O. pasaron por una oficina trayendo un fusil, antes de ir a interceptar la droga (F. 8), sin hacer mención de otra persona, mucho menos concretamente del acusado; C).- En el Libro de Novedades de la DGIC (F 318), se lee que siendo las 08:00 a.m. del día 10 de Diciembre del 2006, al Sub Oficial S. A. entregó turno de guardia al acusado R. C., redactando una nota al final que el también sub oficial E. P. había pasado trayendo un Galil y 2 cargadores, sin hacer anotación de la hora, por lo que ésta acción pudo haberse realizado desde las 08:00 a.m. del día 09 de diciembre hasta minutos antes de las 08:00 a.m. del 10 de diciembre que es el espacio de tiempo del turno del sub oficial S. A..- Por tanto la información del libro de novedades no puede ser relacionada con la información aportada por el testigo Protegido 24-06, siendo entonces que el reconocimiento fotográfico hecho por éste es el único medio de prueba directo el que resulta ser insuficiente por no existir otros elementos probatorios periféricos sólidos que lo refuercen- IV.__ Lo expuesto es fundamento para declarar con lugar parcialmente el recurso de casación por quebrantamiento de forma.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado R. A. Z. G. Apoderado Defensor privado del acusado E. D. F. S.; SEGUNDO: Declarando CON lugar PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la Sentencia Absolutoria dictada a favor de los encartados S. A. M. y E. A. P. S.; TERCERO: Se declara la nulidad de la sentencia de fecha veintinueve (29) de Abril del año dos mil diez (2010) y la audiencia de debate que le origina de fecha ocho (08) de Junio del año dos mil nueve (2009) en todo y cuanto a lo relacionado con el acusado S. A. M. P.; CUARTO: Se declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintinueve (29) de Abril del año dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, en cuando a los pronunciamientos siguientes: a).- Condena en contra del acusado E. D. F. S., al haberse declarado sin lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensa privada; y b).- Absolución a favor de E. A. P. S., por haberse declarado sin lugar el recurso de casación presentado por el Ministerio Público, y a favor de R. V. C. O., cuya sentencia absolutoria no fue objeto de impugnación.- Y MANDA.- PRIMERO.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del acusado S. A. M. P., en el cual deberán participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintinueve (29) de Abril de dos mil diez (2010); SEGUNDO.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-97-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en el que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”
[3] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.