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Sentencia CP-95-11 — Registro 2848

Resumen

Se condenó en primer instancia a la imputada por el delito de coautora en su grado de ejecución de tentativa, Resolviendo en segunda instancia Parcialmente Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...III.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. G. N. R. APODERADO DEFENSOR PRIVADO DE LA SEÑORA L. L. G., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1).- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2).- Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso Inobservancia; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Censor cuestiona el criterio de la Instancia por considerar que se ha hecho una aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal que contiene el tipo penal de Secuestro, alegando que los hechos probados solo establecen que su representada alquiló la vivienda donde días más tarde fue encontrada privada de su libertad la Señora E. G., lo que no se subsume en el elemento objetivo que prevé la norma penal citada, dado que la acusada no retuvo en contra de la voluntad a la ofendida, ni tampoco pidió algún tipo de beneficio a cambio de su liberación.- III.- El conflicto planteado por El Censor exige que esta Sala desarrolle un estudio en torno al tipo penal de secuestro y al concurso de personas en la ejecución del delito. 1).- DELITO DE SECUESTRO: Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal recuerda que la vida (Art. 3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente.- La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen en la libertad un derecho inherente al ser humano, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[1]; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social.- Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos el Secuestro, conducta que se realiza cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra u otras con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello De Diego Diez[2] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”.- El bien jurídico que de manera primaria protege el delito de secuestro es, como ya se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.127-99 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege adicionalmente el bien jurídico patrimonio entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación.- Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.127-99 del Código penal que se castigara “Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale…” Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: A).- Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad especifica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; B).- Sujeto Pasivo: de igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste es privado de su libertad ambulatoria; igualmente tendrá el carácter de sujeto pasivo la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; C).- Objeto Material Del Delito: es la libertad ambulatoria y el patrimonio.- D).- Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es “Secuestrar”, que debe de entenderse como la privación de la libertad mediante la sustracción, retención, desplazamiento u ocultación del sujeto pasivo, entendidos como: i) Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); ii) Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo extrae de su ámbito de libertad; la retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; iii) Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; iv) Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando el conocimiento de su paradero.- E).- Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; La acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que el ofendido voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: i) Violencia (Vis Física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; ii) Intimidación (Vis compulsa o Psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; Entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la victima directamente; iii) Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y iv) Sin consentimiento Pleno: Dados en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas.- El elemento subjetivos del tipo se compone del conocimiento y la voluntad de realizar o contribuir a la privación injusta de la libertad ambulatoria de la víctima, pero además debe existir un propósito especifico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: A).- Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la exigencia posterior de obtener un beneficio a cambio de su libertad; B).- El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; C).- Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” de aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido.- Finalmente en cuanto a la penalidad del delito de secuestro, la misma está fijada por el legislador en varias escalas atendiendo a diversas circunstancias: A).- De 5 a 10 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; B).- De 20 años a 30 años de reclusión si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado o si en el proceso de rescate perdieran la vida agentes de la autoridad; C).- De 30 años a 40 años de reclusión si el secuestrado muriere con motivo del proceso de rescate; D).- De 30 años a reclusión a pena de privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de sustracción, retención o captura o durante el desplazamiento, ocultamiento o cautiverio del sujeto pasivo, los sujetos activos le dieran muerte.- Ordena el artículo 194 reformado por decreto legislativo 127-99 del Código Penal que las penas enumeradas sufrirán un incremento de un tercio, cuando, entre otros, la persona ofendida estuviese privada de su libertad por más de veinticuatro horas.- En cuanto al concurso de personas en la realización del tipo penal de secuestro, esta Sala considera importante recordar que este delito normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto por vía de ilustración MARTIÑON CANO, en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona Jiménez Órnelas, R.A. (citado por MARTIÑON CANO), en El secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25: “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” [3] En el caso bajo examen los Juzgadores han señalado que la acusada L. L. G., es coautora del delito de Secuestro (Vid. Folio No. 689 vuelto). La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores; en la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de ellos deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común, de ahí que existan dos clases de coautoría: a).- Coautoría por codominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza la misma acción en una ejecución conjunta del hecho; b).- Coautoría por Codominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución.- Son Requisitos para que se presente la coautoría: a) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete en igualdad de condiciones con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, de este modo el acuerdo común es el nexo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación de participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva.- b) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito; c) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del delito, es decir al momento de la realización del tipo penal.- De este modo, un aporte esencial durante la ejecución dará lugar a la coautoría; el mismo aporte durante la preparación dará lugar a la cooperación necesaria. Los demás aportes, es decir, los no esenciales, tanto tengan lugar durante la ejecución como durante la preparación, deberán considerarse actos de mera complicidad[4]. Esta Sala ha constatado que el hecho único declarado probado da cuenta de un delito de secuestro en perjuicio de la Señora E. G., del que de manera incorrecta se ha señalado a la acusada L. L. G. como coautora del mismo, cuando conforme al hecho probado su participación en el delito es a título de cooperadora necesaria; para arribar a tal conclusión hemos tomado en consideración lo siguiente: 1).- El hecho probado establece que la Señora E. G. fue privada de su libertad ambulatoria en fecha trece de diciembre de dos mil dos, por parte de los Señores N. B. y J. S. M., quienes a cambio de dejarla en libertad estaban solicitando la cantidad de un millón de lempiras, lo cual no pudieron obtener en virtud de la intervención de la policía quienes lograron liberar a la Señora E. G.; este hecho claramente se ajusta al comportamiento descrito por el tipo penal de secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, reformado mediante Decreto legislativo 127-99 y vigente al momento de los hechos.- El delito no alcanzó a consumarse pero si alcanzó el grado de ejecución de tentativa en virtud de haberse logrado la liberación de la persona privada de libertad por causas ajenas a la voluntad de los señores N. B. y J. S. M., y además porque los captores no lograron obtener el beneficio reclamado para ese momento.- 2).- Los Juzgadores calificaron la participación de la acusada L. L. G. como coautoría, más el hecho probado único no refleja eso; en el factum indica que la participación de la acusada consistió en el alquiler de una vivienda en donde posteriormente fue encontrada la ofendida privada de su libertad. No se describe que la acusada junto con los señores N. B. y J. S. M. haya celebrado un acuerdo previo para la ejecución del delito de secuestro y que la acción de la acusada de alquilar la vivienda haya sido parte de lo acordado; los Señores N. B. y J. S. M., conforme al hecho probado, fueron las personas que sustrajeron y retuvieron en contra de su voluntad a la ofendida y que además solicitaban una cantidad de dinero a cambio de su liberación, no existe referencia en el hecho probado que la acusada haya intervenido en estas acciones.- Lo anterior no implica falta de responsabilidad penal de la acusada en el hecho, el factum es claro al describir que la Señora L. L. G., se dio a la tarea de buscar una vivienda en alquiler, contactando al Señor S. E. T. para esos efectos, ante quien se identificó con un nombre falso con la clara intención de ocultar su verdadera identidad, logrando que aquel le rentase una casa ubicada en la Colonia Montefresco, ubicada en la 27 calle, 9na y 10ma avenida de la Ciudad de San Pedro Sula en fecha 07 de noviembre, en donde apenas cuarenta y siete días después la autoridad policial encontró a la Señora E. G. privada de su libertad, se concluye con el mínimo esfuerzo deductivo que la acusada cooperó con los captores para que éstos pudiesen realizar el delito, buscando y facilitándoles un lugar en donde pudieran tener oculta a la persona secuestrada como efectivamente ocurrió; la cooperación necesaria está determinada por la convergencia de dos factores, primero porque la acusada facilitó un lugar para que otros tuviesen retenida a una persona en contra de su voluntad, lo que es esencial cuando se trata de un delito de secuestro, dado que sin un lugar “seguro” donde se pueda mantener oculta a la persona el delito difícilmente podría ejecutarse, y segundo el tiempo tan corto entre el momento en que la acusada, ocultando su verdadera identidad, alquiló la casa (07 de Noviembre), el

Diciembre) y el momento en que fue rescatada por la autoridad pública en la vivienda (24 de diciembre), lo que revela la necesidad de los captores de contar con un lugar para la pronta ejecución del delito, lugar que les fue proporcionado por la acusada.- Es por lo expuesto que procede declarar parcialmente con lugar el recurso de casación por infracción de ley para el único efecto de corregir el título de participación de la imputada, pues no se prevé para efectos de pena una consecuencia distinta para el cooperador necesario, ya que como antes lo expresamos, si bien es cierto que la Señora L. L. G. no participó a título de coautora en la ejecución del secuestro cometido en perjuicio de la Señora E. G. C. si lo hizo en su condición de cooperadora necesaria, debiéndosele mantener igual pena de reclusión conforme lo establecido en el artículo 32 del Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...III.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. G. N. R. APODERADO DEFENSOR PRIVADO DE LA SEÑORA L. L. G., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1).- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2).- Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso Inobservancia; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Censor cuestiona el criterio de la Instancia por considerar que se ha hecho una aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal que contiene el tipo penal de Secuestro, alegando que los hechos probados solo establecen que su representada alquiló la vivienda donde días más tarde fue encontrada privada de su libertad la Señora E. G., lo que no se subsume en el elemento objetivo que prevé la norma penal citada, dado que la acusada no retuvo en contra de la voluntad a la ofendida, ni tampoco pidió algún tipo de beneficio a cambio de su liberación.- III.- El conflicto planteado por El Censor exige que esta Sala desarrolle un estudio en torno al tipo penal de secuestro y al concurso de personas en la ejecución del delito. 1).- DELITO DE SECUESTRO: Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal recuerda que la vida (Art. 3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente.- La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen en la libertad un derecho inherente al ser humano, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[1]; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social.- Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos el Secuestro, conducta que se realiza cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra u otras con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello De Diego Diez[2] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”.- El bien jurídico que de manera primaria protege el delito de secuestro es, como ya se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.127-99 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege adicionalmente el bien jurídico patrimonio entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación.- Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.127-99 del Código penal que se castigara “Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale…” Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: A).- Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad especifica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; B).- Sujeto Pasivo: de igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste es privado de su libertad ambulatoria; igualmente tendrá el carácter de sujeto pasivo la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; C).- Objeto Material Del Delito: es la libertad ambulatoria y el patrimonio.- D).- Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es “Secuestrar”, que debe de entenderse como la privación de la libertad mediante la sustracción, retención, desplazamiento u ocultación del sujeto pasivo, entendidos como: i) Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); ii) Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo extrae de su ámbito de libertad; la retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; iii) Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; iv) Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando el conocimiento de su paradero.- E).- Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; La acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que el ofendido voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: i) Violencia (Vis Física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; ii) Intimidación (Vis compulsa o Psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; Entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la victima directamente; iii) Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y iv) Sin consentimiento Pleno: Dados en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas.- El elemento subjetivos del tipo se compone del conocimiento y la voluntad de realizar o contribuir a la privación injusta de la libertad ambulatoria de la víctima, pero además debe existir un propósito especifico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: A).- Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la exigencia posterior de obtener un beneficio a cambio de su libertad; B).- El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; C).- Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” de aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido.- Finalmente en cuanto a la penalidad del delito de secuestro, la misma está fijada por el legislador en varias escalas atendiendo a diversas circunstancias: A).- De 5 a 10 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; B).- De 20 años a 30 años de reclusión si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado o si en el proceso de rescate perdieran la vida agentes de la autoridad; C).- De 30 años a 40 años de reclusión si el secuestrado muriere con motivo del proceso de rescate; D).- De 30 años a reclusión a pena de privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de sustracción, retención o captura o durante el desplazamiento, ocultamiento o cautiverio del sujeto pasivo, los sujetos activos le dieran muerte.- Ordena el artículo 194 reformado por decreto legislativo 127-99 del Código Penal que las penas enumeradas sufrirán un incremento de un tercio, cuando, entre otros, la persona ofendida estuviese privada de su libertad por más de veinticuatro horas.- En cuanto al concurso de personas en la realización del tipo penal de secuestro, esta Sala considera importante recordar que este delito normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto por vía de ilustración MARTIÑON CANO, en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona Jiménez Órnelas, R.A. (citado por MARTIÑON CANO), en El secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25: “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” [3] En el caso bajo examen los Juzgadores han señalado que la acusada L. L. G., es coautora del delito de Secuestro (Vid. Folio No. 689 vuelto). La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores; en la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de ellos deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común, de ahí que existan dos clases de coautoría: a).- Coautoría por codominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza la misma acción en una ejecución conjunta del hecho; b).- Coautoría por Codominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución.- Son Requisitos para que se presente la coautoría: a) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete en igualdad de condiciones con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, de este modo el acuerdo común es el nexo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación de participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva.- b) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito; c) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del delito, es decir al momento de la realización del tipo penal.- De este modo, un aporte esencial durante la ejecución dará lugar a la coautoría; el mismo aporte durante la preparación dará lugar a la cooperación necesaria. Los demás aportes, es decir, los no esenciales, tanto tengan lugar durante la ejecución como durante la preparación, deberán considerarse actos de mera complicidad[4]. Esta Sala ha constatado que el hecho único declarado probado da cuenta de un delito de secuestro en perjuicio de la Señora E. G., del que de manera incorrecta se ha señalado a la acusada L. L. G. como coautora del mismo, cuando conforme al hecho probado su participación en el delito es a título de cooperadora necesaria; para arribar a tal conclusión hemos tomado en consideración lo siguiente: 1).- El hecho probado establece que la Señora E. G. fue privada de su libertad ambulatoria en fecha trece de diciembre de dos mil dos, por parte de los Señores N. B. y J. S. M., quienes a cambio de dejarla en libertad estaban solicitando la cantidad de un millón de lempiras, lo cual no pudieron obtener en virtud de la intervención de la policía quienes lograron liberar a la Señora E. G.; este hecho claramente se ajusta al comportamiento descrito por el tipo penal de secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, reformado mediante Decreto legislativo 127-99 y vigente al momento de los hechos.- El delito no alcanzó a consumarse pero si alcanzó el grado de ejecución de tentativa en virtud de haberse logrado la liberación de la persona privada de libertad por causas ajenas a la voluntad de los señores N. B. y J. S. M., y además porque los captores no lograron obtener el beneficio reclamado para ese momento.- 2).- Los Juzgadores calificaron la participación de la acusada L. L. G. como coautoría, más el hecho probado único no refleja eso; en el factum indica que la participación de la acusada consistió en el alquiler de una vivienda en donde posteriormente fue encontrada la ofendida privada de su libertad. No se describe que la acusada junto con los señores N. B. y J. S. M. haya celebrado un acuerdo previo para la ejecución del delito de secuestro y que la acción de la acusada de alquilar la vivienda haya sido parte de lo acordado; los Señores N. B. y J. S. M., conforme al hecho probado, fueron las personas que sustrajeron y retuvieron en contra de su voluntad a la ofendida y que además solicitaban una cantidad de dinero a cambio de su liberación, no existe referencia en el hecho probado que la acusada haya intervenido en estas acciones.- Lo anterior no implica falta de responsabilidad penal de la acusada en el hecho, el factum es claro al describir que la Señora L. L. G., se dio a la tarea de buscar una vivienda en alquiler, contactando al Señor S. E. T. para esos efectos, ante quien se identificó con un nombre falso con la clara intención de ocultar su verdadera identidad, logrando que aquel le rentase una casa ubicada en la Colonia Montefresco, ubicada en la 27 calle, 9na y 10ma avenida de la Ciudad de San Pedro Sula en fecha 07 de noviembre, en donde apenas cuarenta y siete días después la autoridad policial encontró a la Señora E. G. privada de su libertad, se concluye con el mínimo esfuerzo deductivo que la acusada cooperó con los captores para que éstos pudiesen realizar el delito, buscando y facilitándoles un lugar en donde pudieran tener oculta a la persona secuestrada como efectivamente ocurrió; la cooperación necesaria está determinada por la convergencia de dos factores, primero porque la acusada facilitó un lugar para que otros tuviesen retenida a una persona en contra de su voluntad, lo que es esencial cuando se trata de un delito de secuestro, dado que sin un lugar “seguro” donde se pueda mantener oculta a la persona el delito difícilmente podría ejecutarse, y segundo el tiempo tan corto entre el momento en que la acusada, ocultando su verdadera identidad, alquiló la casa (07 de Noviembre), el

Diciembre) y el momento en que fue rescatada por la autoridad pública en la vivienda (24 de diciembre), lo que revela la necesidad de los captores de contar con un lugar para la pronta ejecución del delito, lugar que les fue proporcionado por la acusada.- Es por lo expuesto que procede declarar parcialmente con lugar el recurso de casación por infracción de ley para el único efecto de corregir el título de participación de la imputada, pues no se prevé para efectos de pena una consecuencia distinta para el cooperador necesario, ya que como antes lo expresamos, si bien es cierto que la Señora L. L. G. no participó a título de coautora en la ejecución del secuestro cometido en perjuicio de la Señora E. G. C. si lo hizo en su condición de cooperadora necesaria, debiéndosele mantener igual pena de reclusión conforme lo establecido en el artículo 32 del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de agosto de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1º.-ABSOLVIENDO a los Señores G. R. L. Y W. S., por el delito de SECUESTRO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la Señora E. G..-2º.-CONDENANDO a la Señora L. L. G., como COAUTORA responsable del delito de SECUESTRO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA a la pena de TRECE 13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN en contra de la señora E. G. 3º.-CONDENANDO a la Señora E. G., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.-4º. NO DECLARO la responsabilidad civil de la condenada.-5º.NO CONDENO en costas procesales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a la Señora L. L. G..-6º.DECLARO la extinción de la acción penal del acusado J. J. R., en consecuencia se ordena EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.-Interpuso el Recurso de Casación el Abogado J. G. N. R. en su condición de Apoderado Defensor de L. L. G. INTERVIENEN: El Abogado J. G. N. R., Apoderado Defensor de la acusada L. L. G., en su condición de Recurrente y la Abogada T. J. F. R., Agente de Tribunales del Ministerio público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: El seis y siete de noviembre de dos mil dos, el señor S. E. T. J., arrendó a la señora L. L. G. M. quien se identificó ante este como O. V., una casa de habitación ubicada en la Colonia Montefresco, 27 calle, 9 y 10 avenida de esta ciudad, lugar donde en fecha veinticuatro de diciembre del mismo año, entre cinco y seis de la mañana se encontró cautiva a la señora E. G. C., quien había sido privada de su libertad en fecha trece de diciembre , por los señores N. B. y J. S. M., quienes solicitaron a cambio un rescate de un millón de lempiras, transacción que no se concretó por la oportuna intervención de agentes policiales, hecho por el cual resultaron condenados mediante sentencia definitiva firme los señores antes mencionados.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, es Admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- EL RECURRENTE ABOGADO J. G. N. R. PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE:” MOTIVO UNICO:”INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA.-Aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal.-Conforme lo establece el artículo 363 índico a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el agravio se sucede en la sentencia misma, así pues el reclamo lo constituye el presente recurso.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACION DEL MOTIVO.-PRIMERO.-La sentencia recurrida en los hechos probados que se respetan por parte del casacionista establece: ÚNICO: El día seis y siete de noviembre del año dos mil dos, el señor S. E. T. J., arrendó a la señora L. L. G. Mirando quien se identificó ante este como O. V., una casa de habitación ubicada en colonia Montefresco, 27 calle, 9 y 10 avenida de esta ciudad, lugar donde en fecha veinticuatro de diciembre del mismo año, entre cinco y seis de la mañana se encontró cautiva a la señora E. G. C., quién había sido privada de su libertad en fecha trece de diciembre, por los señores N. B. y J. S. M., quienes solicitaron a cambio un rescate de un millón de lempiras, transacción que no se concretó por la oportuna intervención de agentes policiales, hecho por el cual resultaron condenados mediante sentencia definitiva firme loas señores antes mencionados. Los hechos declarados probados en la sentencia se resumen en que: A- La imputada alquilo una casa en la que posteriormente fue encontrada la señora E. G., habiendo sido privada de su libertad en días anteriores.-B- Los autores del secuestro solicitaron un millón de lempiras a cambio de la libertada de doña E. G.. C- Los autores del secuestro no lograron cobrar el rescate solicitado por la oportuna intervención de la policía. Los hechos declarados probados en la sentencia no se subsumen en el tipo penal por el que resulta condenada la señora L. L. G. M. SEGUNDO: Honorables Magistrados tal y como se expresa en los hechos declarados probados sucedió entre el seis de noviembre del año dos mil dos y el 24 de diciembre del mismo año dos mil dos, en esa fecha el artículo 192 del Código Penal describía el tipo penal de secuestro de una forma diferente a la actual y efectivamente en su numeral 3 establecía la pena que impone el tribunal en la sentencia recurrida, la modalidad actual del tipo penal fue establecida con la aprobación del decreto 125-2003 del 27 de agosto del año dos mil tres, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 30, 291 de fecha 16 de enero del año 2004, vigente a partir de la fecha de su publicación, en la sentencia se impone la pena de 20 a 30 años, reconociéndose expresamente que se aplica el código penal vigente en la fecha de ocurrencia del suceso, contenida en el artículo 192 numeral 3. TERCERO.-El artículo 192 del Código Penal vigente en la fecha que ocurrió el presente caso establecía: “Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio por su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que este señale, será sancionado así: 1) Con pena de la privación de la libertad por 30 años a privación de la libertad de por vida si le ocasionaren o dieren lugar a la muerte del secuestrado, aun cundo no consiguieren su objetivo;2) De 30 a 40 años, si el secuestrado muriere con motivo del proceso de rescate.-3) De 20 a 30 años, si liberasen a la persona habiendo cobrado el precio reclamado: y 4) De cinco a 10 años, si desistiesen liberándola y no hubieren obtenido el precio reclamado. Si con motivo de la liberación muriesen miembros de la autoridad, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2 de este artículo. Si con igual motivo se produjesen lesiones a miembros d la autoridad, las penal se aumentaran en un tercio. Las mismas penas a que se refiere este artículo serán aplicadas a quien secuestre o retenga a una persona con el propósito de que haga o deje de hacer alguna cosa, con fines publicitarios de naturaleza política”. CUARTO.-El artículo 192 que estaba vigente en la fecha en que sucedió el hecho sometido a juzgamiento, no se subsume en los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia, específicamente porque el supuesto normativo contenido en el artículo 192 numeral 3 del Código Penal vigente en esa fecha requería que se liberase al secuestrado habiendo cobrado el precio reclamado. Los hechos declarados probados en la sentencia establecen que “la transacción no se concretó por la oportuna intervención de agentes policiales”.Claramente los hechos declarados probados no encajan en el tipo penal aplicado, la conducta es atípica y por tanto se sucede aquí una infracción a un artículo de una ley sustantiva como lo es el Código Penal. El perjuicio ocasionado por la sentencia recurrida es que la infracción señalada produce que mi representada sea condenada, por una conducta que no esta contenida en la ley.-APLICACIÓN PRETENDIDA.- El recurrente es del criterio que con fundamento en los hechos declarados probados, se debió dictar una sentencia absolutoria, pues los hechos declarados probados son atípicos del tipo penal de Secuestro que contenía el código penal vigente en la fecha que ocurrió el hecho sometido a juzgamiento en el presente proceso, específicamente porque el artículo 192 no establece una pena, para la conducta que se declara probada.- EL RECLAMO.-Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso.”- III.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. G. N. R. APODERADO DEFENSOR PRIVADO DE LA SEÑORA L. L. G., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1).- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2).- Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Censor cuestiona el criterio de la Instancia por considerar que se ha hecho una aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal que contiene el tipo penal de Secuestro, alegando que los hechos probados solo establecen que su representada alquiló la vivienda donde días más tarde fue encontrada privada de su libertad la Señora E. G., lo que no se subsume en el elemento objetivo que prevé la norma penal citada, dado que la acusada no retuvo en contra de la voluntad a la ofendida, ni tampoco pidió algún tipo de beneficio a cambio de su liberación.- III.- El conflicto planteado por El Censor exige que esta Sala desarrolle un estudio en torno al tipo penal de secuestro y al concurso de personas en la ejecución del delito. 1).- DELITO DE SECUESTRO: Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal recuerda que la vida (Art. 3), la dignidad humana (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente.- La Libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen en la libertad un derecho inherente al ser humano, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[1]; La libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social.- Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos el Secuestro, conducta que se realiza cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra u otras con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello De Diego Diez[2] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”.- El bien jurídico que de manera primaria protege el delito de secuestro es, como ya se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.127-99 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege adicionalmente el bien jurídico patrimonio entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación.- Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.127-99 del Código penal que se castigara “Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale…” Son los ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal citado: A).- Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad especifica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; B).- Sujeto Pasivo: de igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste es privado de su libertad ambulatoria; igualmente tendrá el carácter de sujeto pasivo la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; C).- Objeto Material Del Delito: es la libertad ambulatoria y el patrimonio.- D).- Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es “Secuestrar”, que debe de entenderse como la privación de la libertad mediante la sustracción, retención, desplazamiento u ocultación del sujeto pasivo, entendidos como: i) Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); ii) Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo extrae de su ámbito de libertad; la retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; iii) Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; iv) Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando el conocimiento de su paradero.- E).- Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; La acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que el ofendido voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: i) Violencia (Vis Física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; ii) Intimidación (Vis compulsa o Psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; Entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la victima directamente; iii) Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y iv) Sin consentimiento Pleno: Dados en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas.- El elemento subjetivos del tipo se compone del conocimiento y la voluntad de realizar o contribuir a la privación injusta de la libertad ambulatoria de la víctima, pero además debe existir un propósito especifico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: A).- Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la exigencia posterior de obtener un beneficio a cambio de su libertad; B).- El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; C).- Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” de aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido.- Finalmente en cuanto a la penalidad del delito de secuestro, la misma está fijada por el legislador en varias escalas atendiendo a diversas circunstancias: A).- De 5 a 10 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; B).- De 20 años a 30 años de reclusión si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado o si en el proceso de rescate perdieran la vida agentes de la autoridad; C).- De 30 años a 40 años de reclusión si el secuestrado muriere con motivo del proceso de rescate; D).- De 30 años a reclusión a pena de privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de sustracción, retención o captura o durante el desplazamiento, ocultamiento o cautiverio del sujeto pasivo, los sujetos activos le dieran muerte.- Ordena el artículo 194 reformado por decreto legislativo 127-99 del Código Penal que las penas enumeradas sufrirán un incremento de un tercio, cuando, entre otros, la persona ofendida estuviese privada de su libertad por más de veinticuatro horas.- En cuanto al concurso de personas en la realización del tipo penal de secuestro, esta Sala considera importante recordar que este delito normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto por vía de ilustración MARTIÑON CANO, en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona Jiménez Órnelas, R.A. (citado por MARTIÑON CANO), en El secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25: “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” [3] En el caso bajo examen los Juzgadores han señalado que la acusada L. L. G., es coautora del delito de Secuestro (Vid. Folio No. 689 vuelto). La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores; en la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de ellos deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común, de ahí que existan dos clases de coautoría: a).- Coautoría por codominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza la misma acción en una ejecución conjunta del hecho; b).- Coautoría por Codominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución.- Son Requisitos para que se presente la coautoría: a) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete en igualdad de condiciones con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, de este modo el acuerdo común es el nexo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación de participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva.- b) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito; c) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del delito, es decir al momento de la realización del tipo penal.- De este modo, un aporte esencial durante la ejecución dará lugar a la coautoría; el mismo aporte durante la preparación dará lugar a la cooperación necesaria. Los demás aportes, es decir, los no esenciales, tanto tengan lugar durante la ejecución como durante la preparación, deberán considerarse actos de mera complicidad[4]. Esta Sala ha constatado que el hecho único declarado probado da cuenta de un delito de secuestro en perjuicio de la Señora E. G., del que de manera incorrecta se ha señalado a la acusada L. L. G. como coautora del mismo, cuando conforme al hecho probado su participación en el delito es a título de cooperadora necesaria; para arribar a tal conclusión hemos tomado en consideración lo siguiente: 1).- El hecho probado establece que la Señora E. G. fue privada de su libertad ambulatoria en fecha trece de diciembre de dos mil dos, por parte de los Señores N. B. y J. S. M., quienes a cambio de dejarla en libertad estaban solicitando la cantidad de un millón de lempiras, lo cual no pudieron obtener en virtud de la intervención de la policía quienes lograron liberar a la Señora E. G.; este hecho claramente se ajusta al comportamiento descrito por el tipo penal de secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, reformado mediante Decreto legislativo 127-99 y vigente al momento de los hechos.- El delito no alcanzó a consumarse pero si alcanzó el grado de ejecución de tentativa en virtud de haberse logrado la liberación de la persona privada de libertad por causas ajenas a la voluntad de los señores N. B. y J. S. M., y además porque los captores no lograron obtener el beneficio reclamado para ese momento.- 2).- Los Juzgadores calificaron la participación de la acusada L. L. G. como coautoría, más el hecho probado único no refleja eso; en el factum indica que la participación de la acusada consistió en el alquiler de una vivienda en donde posteriormente fue encontrada la ofendida privada de su libertad. No se describe que la acusada junto con los señores N. B. y J. S. M. haya celebrado un acuerdo previo para la ejecución del delito de secuestro y que la acción de la acusada de alquilar la vivienda haya sido parte de lo acordado; los Señores N. B. y J. S. M., conforme al hecho probado, fueron las personas que sustrajeron y retuvieron en contra de su voluntad a la ofendida y que además solicitaban una cantidad de dinero a cambio de su liberación, no existe referencia en el hecho probado que la acusada haya intervenido en estas acciones.- Lo anterior no implica falta de responsabilidad penal de la acusada en el hecho, el factum es claro al describir que la Señora L. L. G., se dio a la tarea de buscar una vivienda en alquiler, contactando al Señor S. E. T. para esos efectos, ante quien se identificó con un nombre falso con la clara intención de ocultar su verdadera identidad, logrando que aquel le rentase una casa ubicada en la Colonia Montefresco, ubicada en la 27 calle, 9na y 10ma avenida de la Ciudad de San Pedro Sula en fecha 07 de noviembre, en donde apenas cuarenta y siete días después la autoridad policial encontró a la Señora E. G. privada de su libertad, se concluye con el mínimo esfuerzo deductivo que la acusada cooperó con los captores para que éstos pudiesen realizar el delito, buscando y facilitándoles un lugar en donde pudieran tener oculta a la persona secuestrada como efectivamente ocurrió; la cooperación necesaria está determinada por la convergencia de dos factores, primero porque la acusada facilitó un lugar para que otros tuviesen retenida a una persona en contra de su voluntad, lo que es esencial cuando se trata de un delito de secuestro, dado que sin un lugar “seguro” donde se pueda mantener oculta a la persona el delito difícilmente podría ejecutarse, y segundo el tiempo tan corto entre el momento en que la acusada, ocultando su verdadera identidad, alquiló la casa (07 de Noviembre), el momento en que la ofendida fue privada de su libertad (13 de Diciembre) y el momento en que fue rescatada por la autoridad pública en la vivienda (24 de diciembre), lo que revela la necesidad de los captores de contar con un lugar para la pronta ejecución del delito, lugar que les fue proporcionado por la acusada.- Es por lo expuesto que procede declarar parcialmente con lugar el recurso de casación por infracción de ley para el único efecto de corregir el título de participación de la imputada, pues no se prevé para efectos de pena una consecuencia distinta para el cooperador necesario, ya que como antes lo expresamos, si bien es cierto que la Señora L. L. G. no participó a título de coautora en la ejecución del secuestro cometido en perjuicio de la Señora E. G. C. si lo hizo en su condición de cooperadora necesaria, debiéndosele mantener igual pena de reclusión conforme lo establecido en el artículo 32 del Código Penal[5].- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado J. G. N. R., Apoderado Defensor Privado, en consecuencia se REFORMA el numeral segundo de la parte dispositiva de la Sentencia de fecha 24 de septiembre de 2010 (F. 691), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés en el único sentido de que se condena a la Señora L. L. G. por su responsabilidad penal como COOPERADORA NECESARIA responsable de un delito de Secuestro Tentado, en perjuicio de la Señora E. G..- SEGUNDO: Se confirman los demás pronunciamientos de la parte dispositiva de la Sentencia de fecha 24 de septiembre de 2010, mismos que se declaran firmes y ejecutables.- MANDA.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-95-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. Muñoz Conde, Francisco; Derecho Penal Parte Especial, 14ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Pág. 154

[2] Vid. De Diego Díez, Alfredo; Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen I, Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, Honduras, Agosto de 2006, Pág. 140.

[3] vid. MARTIÑON CANO, G., en El Delito de Secuestro, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 43-44.

[4] Vid. en este sentido: MARQUEZ CARDENAS, ALVARO ENRIQUE, en La Coautoría en la Dogmática Penal, frente a otras formas de autoría y participación, Universidad Libre de Colombia, ALVI IMPRESORES LTDA, Bogotá, 2008, pág. 71.

[5] Vid. SUAZO LAGOS, RENE, en Lecciones de Derecho Penal I, Parte General, 9ª Edición, ENAG, Tegucigalpa, 2003, págs. 139-140; MIR PUIG, SANTIAGO; en Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición, Editorial REPPERTOR, Barcelona, 2002, pág. 403.