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Sentencia CP-92-10 — Registro 2847

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de asesinato, tentativa de asesinato y asociación ilícita, en segunda instancia se resolvió Ha lugar por quebrantamiento de infracción de ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- La Censora indica que la mayoría del Tribunal ha hecho una interpretación errónea del artículo 332 que contiene el tipo penal de asociación ilícita, al haber impuesto al acusado J. C. M., una pena principal de multa por considerarlo miembro de una asociación ilícita, cuando dicha norma determina que la pena principal de multa solo será impuesta a los que sean encontrados culpables del delito a títulos de jefes, Cabecillas o Directores de la asociación ilícita.- III.- El artículo 78 de la Constitución de la República garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otras, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no causen perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo Texto Fundamental.- El legislador hondureño ha establecido que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello ha tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal donde se establece que: “Se sancionará […] a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.- Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.”.- Si bien el tipo penal hace mención particular de las maras o pandillas[2], a continuación hace una referencia general a cualquier agrupación, por lo que el tipo penal puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente, sin importar su índole, clase social, nivel económico, académico, etc..- Se identifica a la Seguridad Interior del Estado de Honduras como bien jurídico que protege el tipo penal de Asociación ilícita, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional.- En el tema de punibilidad la norma penal actualmente sanciona la conducta reprochada con una pena de 20 a 30 años de reclusión y multa de 100,000 a L. 300,000 lempiras, sin embargo debe tenerse presente que el artículo que contiene el tipo penal ha sido objeto de múltiples reformas legislativas, todas ellas orientadas a incrementar las penas principales, aspecto en el que no repararon los Juzgadores que conformaron la mayoría.- IV.- El Recurso es de Recibo.- El-Aquo incurrió en un vicio in iudicando al aplicar el artículo 332 del Código Penal, contenido en el decreto Legislativo 191-96, mismo que al 23 de diciembre del 2004, ya no se encontraba en vigencia por haber sido reformada la norma penal mediante decreto legislativo número 059-97.- El artículo 332 del Código Penal contenido en el decreto legislativo número 144-93, indicaba que la pena aplicar por el delito de asociación ilícita sería de 1 a 3 años de reclusión a los cabecillas o jefes y de L.100 a L.500 lempiras a los asociados, norma penal que fue reformada mediante decreto legislativo No. 191-96 vigente a partir del 8 de Febrero de 1997, el cual determinó que la pena aplicable a los cabecillas o jefes de la agrupación sería de 3 a 6 años de reclusión y multa de L.100,000 a L. 200,000 lempiras, entretanto a los miembros se les impondrían las mismas penas (reclusión y multa) rebajadas en un tercio; La norma penal nuevamente fue objeto de reforma ésta vez mediante decreto legislativo No. 117-2003 vigente a partir del 15 de Agosto del 2003, determinando que la pena a aplicar a los cabecillas o jefes de la asociación ilícita sería de 9 a 12 años de reclusión y multa de L.10,000 a L. 200,000 lempiras, siendo la pena a imponer a los miembros la de reclusión rebajada en un tercio; Finalmente se registra la reforma del artículo 332 mediante decreto legislativo 223-2004, vigente a partir del 12 de marzo del 2005, mediante el cual se incrementan las penas de reclusión de 20 a 30 años de reclusión y multa de L. 100,000 a L.300,000 lempiras a los jefes o cabecillas y la misma pena de reclusión a los miembros rebajada en un tercio.- V.- La relación anterior demuestra que el apartado once de la fundamentación jurídica (F. 609 v) y el numeral tercero de la parte dispositiva se dispone la aplicación de una norma penal, sin considerar que a la fecha de los hechos ésta había sido reformada, dando lugar al vicio in iudicando antes explicado por violación al principio de Identidad de la norma penal que regula el ámbito temporal de aplicación de la misma. Este vicio contiene un perjuicio en doble vía: En primer lugar provocó la imposición de una pena principal de multa a los acusados J. C. M. y D. A. R., que no estaba contemplada en la norma penal vigente al momento del hecho para los miembros de una asociación ilícita, pero además, en segundo lugar, generó la imposición de una pena de reclusión menor al extremo abstracto mínimo previsto por la norma. Lo anterior obliga a la Sala Penal a enmendar el desatino del Juzgador en todo y en cuanto favorezca al acusado J. C. M. y, por efecto extensivo del Recurso (Art. 349 del Código Procesal Penal), también a favor del acusado D. A. R., ello es en cuanto a la incorrecta imposición de la pena principal de multa, mas en lo que respecta a la pena de reclusión es procedente observar la prohibición de Reforma Peyorativa (Art. 350 del Código Procesal Penal), de tal manera que aun y cuando se haya impuesto una pena menor a la que corresponde, le está vedado a este Tribunal de Casación modificar la pena en perjuicio de los condenados.- VI.- Por todas las razones anteriormente expuestas, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por Infracción de ley en su motivo único..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de Abril de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha doce de marzo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenó a los señores J. C. M. y D. A. R., como AUTORES responsables de los delitos de: a) ASESINATO en perjuicio de M. E. M., V. M. R. R., G. S. P., J. DEL C. R. R., J. E. P. S., J. B., E. L. P., J. E. V. R., H. M. G. R., S. E. C.S P., G. M. G. H., S. O. G., E. J. B. M., Z. P. F., G. Y. G. G., A. Y. R., D. PERSONAS DE SEXO FEMENINO Y UNO DE SEXO MASCULINO DE NOMBRES DESCONOCIDOS; a la pena de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (675) AÑOS DE RECLUSION; b) ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JOP-384-02, JOP-384-03, 384-04, 384-06; L. B. M., M. A. R., D. X. O., D. R. P. y M. F. V. L.; a la pena de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) AÑOS DE RECLUSION; c) ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION y al pago de una multa de CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.133,334.00); 2) Condenó al señor J. C. M., como autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION; 3) Se les condenó a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; 4) Absolvió a los señores W. G. G. y O. F. M. por insuficiencia de prueba, por lo cual procedió a ordenar su inmediata libertad; 4) Sobreseimiento Definitivo a favor del señor J. B. J., en virtud de su fallecimiento.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, la Abogada V. E. . actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. C. M..- SON PARTES: El Abogado R. A. E., Defensor Público del acusado J. C. M., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: Que el día 23 de Diciembre de 2004, aproximadamente a las siete de la noche, un bus de transporte que cubre la ruta del centro de la ciudad de San Pedro Sula, hacia la Colonia Ebenezer en el sector Chamelecón, específicamente en la calle que media entre el Instituto Modesto Rodas Alvarado y un campo de football de esa zona, fue interceptado, por un vehículo pick-up gris, cabina y media, atravesándosele por el lado izquierdo, colocándose a escasos metros de la parte frontal del bus, logrando con ello detenerlo; procediendo a bajarse rápidamente de la paila de dicho vehículo sujetos que llevaban consigo armas de fuego de largo alcance y grueso calibre, quienes iniciaron un ataque disparando contra las personas que se conducían en dicho bus, comenzando de el lado del motorista por el lado izquierdo hacia atrás, y seguidamente por el lado derecho, dándole muerte a 27 personas dejando también muchos heridos; una vez que realizaron esa acción, dejaron un cartel en el que expresan que el hecho es en protesta por medidas represivas tomadas por autoridades gubernamentales. SEGUNDO: De entre los sobrevivientes, los señores JOP 384-01, y JOP 384-02, lograron observar a uno de los sujetos que se bajó de la paila del vehículo pick up, gris, cabina y media, que interceptó al bus con un arma larga, mismo que tenía pelo corto con un mechón de pelo largo al frente, quien posteriormente una vez detenido, fue plenamente reconocido por el testigo JOP 384-02, y además señalado por otro sobreviviente cuando este salió fotografiado en un medio escrito, una vez que la policía después de investigaciones preliminares logró dar con su paradero en Jutiquile, Olancho, siendo identificado como J. C. M. alias “el p.”. TERCERO: Minutos después de haberse cometido el hecho, y luego que la policía tuvo noticia de un tiroteo que se había producido en el sector de Chamelecón, ordenó que se cerraran las salidas de la ciudad cercanas a dicho lugar, y al efecto montaron un operativo frente a las instalaciones del INFOP, cercano a la zona donde sucedió el hecho, lugar hacia donde fueron llamados agentes que patrullaban en las proximidades en el sector de la Colonia Montefresco, quienes al llegar observaron que venía un vehículo a alta velocidad que al hacerle señal de parada en el retén establecido por el operativo, no la atendió, continuando su marcha velozmente, lo que motivó que en la misma patrulla emprendieran rápida marcha tras dicho vehículo, con las luces intermitentes y sonar de las sirenas y aun así no se detuvo, continuando en su huida con dirección a la Colonia San José y dándole alcance en un pasaje de la misma en donde fue requerido, procediendo a hacerle a prevención un registro que dio como resultado el decomiso del vehículo que resulto ser casualmente un pickup, color gris, cabina y media marca Toyota 22 R, placa número PBH-1425, un arma calibre 3.80 que llevaba en la cabina del mismo, un celular, una carta de libertad de otra persona, y el documento de revisión del vehículo en que se transportaba en el cual se establecía que pertenecía a otra persona, razones éstas por la que fue inmediatamente detenido, y al ser identificado resultó ser el joven D. A. R. con domicilio en la misma colonia San José V., conocida por la policía como lugar de residencia de miembros de pandillas. CUARTO: Acto seguido los agentes comunicaron esa detención y los hallazgos encontrados en –la cabina- del vehículo a sus superiores, ordenándoseles vía radio, que trasladaran el mismo a la Posta mas cercana (la de Chamelecón), para que agentes especializados de la DGIC, se desplazaron para realizarle la inspección correspondiente, y al registrarse minuciosamente en dicha posta por los especialcitas forenses en materia del crimen encontraron debajo del asiento del chofer, un proyectil sin percutir, y en la paila dos proyectiles mas en igual estado, asimismo detectaron manchas de sangre en la paila en la parte pegada a la cabina y en la compuerta; minutos mas tarde sobrevivientes relataron las características del vehículo que se le atravesó al bus, mismas que coincidieron con las del vehículo decomisado al joven D. A. R., procediendo a su reconocimiento en el marco de las investigaciones realizadas al efecto.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- La recurrente, Abogada V. E. F., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “INDICACION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: La infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, por inobservar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Los hechos ilícitos en los que se le atribuye responsabilidad, a título de autor material, a J. C. M. son los acaecidos como a eso de la 7:30 de la noche del día 23 de diciembre del año 2004, cuando un bus de transporte público, lleno de pasajeros y que cubría la ruta del centro de la ciudad de San Pedro Sula, hacia la colonia Ebenezer en el sector Chamelecón, cuando transitaba en la calle que media entre el Instituto Modesto Rodas Alvarado y un campo de football de esa zona, fue tiroteado por desconocidos de cuya acción resultaron muchas personas muertas y otras lesionadas. A raíz de estos acontecimientos y producto de la información que al día siguiente de la masacre le proporciona a la Dirección General de Investigación Criminal el TESTIGO PROTEGIDO 27-12-04, quien les dijo a los agentes de la DGIC saber quienes eran las personas que habían participado en la comisión de los hechos antes relacionados, señalando como responsables de ellos entre otros a O. F. M., W. G. G. y J. C. M., con esta información la Policía Nacional procede a darles detención a los denunciados, detención esta que, dada la magnitud de los hechos, es ampliamente difundida por los medios de comunicación masiva tanto radiales como televisivos y escritos, en los que se mostraba a J. C. M. como uno de los responsables de la llamada "masacre de Chamelecón". Por los hechos antes dichos el 09 de enero del año 2007 se inició el juicio oral y público en el que fueron juzgados los señores O. F. M., W. G. G., D. A. R. y J. C. M., una vez concluido el juicio el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula absuelve de toda responsabilidad criminal a los dos primeros imputados y con relación a ellos se pronuncia respecto a la credibilidad que le merece al Tribunal lo declarado por el testigo PROTEGIDO 27-12-04, quien por su denuncia es que se produce la detención de J. C. M. y de los otros dos imputados; de éste el Tribunal declara que desde el momento que se le aplicó un procedimiento no permitido por la ley, como lo es el detector de mentira, pierde valor legítimo como material probatorio para fundamentar un fallo incriminatorio con respecto a los encausados y que además la investigación no logró confirmar los datos revelados por el testigo, sin embargo, este criterio no es aplicado con relación a J. C. M., lo cual implica una violación a la ley lógica de no contradicción como bien lo señala en su VOTO DISIDENTE el Juez de Sentencia A. G. L. L. y aun cuando es lo dicho por el testigo PROTEGIDO 27-12-04, a quien el Tribunal de juicio le restó cualquier valor de convicción, lo que provocó la captura del imputado M. y la consiguiente presentación de éste en los diferentes medios de comunicación como uno de los autores directos de la masacre de Chamelecón, y que como consecuencia de ello al menos dos de la víctimas declararon haber visto a J. C. M. en el periódico o en la televisión cuando trascendió la noticia de su captura, siendo ellos los TESTIGOS PROTEGIDOS JOP-384-02 y JOP-384-06 y que son los mismos con los cuales el Tribunal da por acreditada la presencia de J. C. M. en los hechos investigados. En la valoración intelectiva de lo declarado por estos testigos así como de lo declarado por los otros TESTIGOS PROTEGIDOS JOP- 384­-01, JOP-384-03 y JOP-384-04, el juzgador también viola lo dispuesto en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, norma que dispone que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida." El Tribunal de juicio al valorar estos medios de prueba viola la ley lógica de la derivación y por ende las reglas de la sana crítica; ya que por la ley lógica de la derivación los razonamientos del juzgador deben estar constituido por inferencias deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan determinando, en donde cada elemento aportado por un testigo, documento o cualquier otro medio de prueba, debe estar probado por los otro del elenco, de manera que entre todos formen un engranaje sólido donde cada pieza es sostenida por las otras, es decir, cada elemento es prueba de los otros y los otros de éste; esta construcción lógica no es observada por el juzgador al momento de valoras las declaraciones de los testigos PROTEGIDOS JOP-384-01, JOP-384-02, JOP-384-03 y JOP-384-06, observándose especialmente en la valoración que hace de lo declarado por el testigo PROTEGIDO JOP-384-06, el que se trata de un niño de apenas diez años de edad, este testigo es la única persona que refiere que J. C. M. ingresó a la unidad de transporte en la que se produjo la masacre y aún cuando la mayoría del Tribunal dice que esta declaración coincide con lo dispuesto por la testigo PROTEGIDO JOP-384-04, lo cierto es que en términos generales si coinciden sus versiones, pero no así en datos específicos, como el referido a que alguno de los agresores hubiere ingresado al vehículo atacado, pues esta testigo mas bien pone en duda tal versión, pues dijo “que ella iba en la ventanilla del cuarto asiento del lado derecho del bus, que ella no miró que ingresara alguien al bus, que los disparos los escuchó alrededor del bus por todos lados, la primera vez por el lado izquierdo"; esta testigo pudo percibir por su sentido del oído que los disparos estaban siendo ejecutados desde afuera del vehículo en el que ella se encontraba, por lo que de haberse producido disparos dentro del bus, como lo refirió el testigo PROTEGIDO JOP-384-06, sin duda alguna, que ésta los hubiera escuchado también; pero no solo esta testigo pone en duda que alguien de los agresores hubiere ingresado al bus tiroteado, también la testigo PROTEGIDA JOP-384-03 al relatar los hechos señala dos ataques, el primero que se produjo por el lado izquierdo, después de este ataque dijo que todo se quedó quedito y luego se produjo el segundo ataque desde el lado derecho del bus, que era precisamente en donde la declarante se ubicaba dentro de dicha unidad de transporte, en ninguna parte de su relato esta testigo refiere haberse producido un tercer ataque dentro del bus como lo refirió el testigo PROTEGIDO JOP-384-06, pero no solo estas pruebas desvirtúan la versión de este testigo, también la prueba pericial consistente en el dictamen del laboratorio criminalístico No. 2144-2005­-BAL, establece que los múltiples disparos que impactaron en el autobús fueron hechos desde afuera del mismo, dato objetivo este al que la mayoría del tribunal, para restarle valor probatorio, expone argumentos infundados, como decir que no se produjeron perforaciones por disparos efectuados desde dentro del bus, porque, según ellos, el piso del mismo estaba lleno de cuerpos y ello impedía que las proyectiles disparados lo perforaran, la cual resulta un razonamiento ilógico, pues se acreditó que las armas utilizadas por los agresores tenían la suficiente capacidad para perforar las estructuras metálicas del autobús, por lo que con mucha más razón podían atravesar los cuerpos de las víctimas, de donde resulta que de haberse producido disparos dentro del autobús como lo relató el TESTIGO PROTEGIDO-JOP-384­-06, sin ninguna duda hubieren quedado indicios de ello y lo contrario le resta credibilidad a lo referido por este testigo en cuanto a que haya visto a J. C. M. rematando personas dentro del autobús. Es por ello que con todos estos elementos de prueba que contradicen la versión del testigo PROTEGIDO JOP­ 384-06 en cuanto a que uno de los atacantes del bus tiroteado hubiere ingresado al mismo a rematar a los sobrevivientes, de allí que no resulta creíble que este testigo haya visto a J. C. M. en el lugar de los hechos, y que sí miró la fotografía de éste cuando salió publicada en los periódicos al momento de difundirse la noticia de la detención de dicho imputado, la cual lógicamente produjo influencia en la conciencia del testigo, aparte de todo esto, quedó acreditado en la causa que el imputado J. C. M. al momento de producirse los hechos investigados no gozaba de un estado físico adecuado para participar en un acontecimiento tan rápido y violento como el perpetrado en contra de los ocupantes del bus tiroteado, ya que éste había sufrido tres meses antes una fractura de fémur muy cerca de la rodilla, producida por un disparo de arma de fuego y que a raíz de ello fue atendido en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, en donde se le inmovilizó la pierna colocándole un yeso, no habiendo regresado a consulta y que al ser evaluado por el Especialista en Ortopedia Doctor J. M. G., este dijo haber encontrado en J. C. M. una movilidad disminuida en la pierna fracturada que le impide realizar movimientos como sentarse en un sanitario, lo cual se produjo por la inmovilidad prolongada, por lo anteriormente dicho el Tribunal de juicio viola la Ley Lógica de la derivación al otorgarle valor probatorio de cargo a lo dicho por el testigo PROTEGIDO JOP-384-06, respecto a que éste miró a J. C. M. en lugar de los hechos aun cuando su versión no resulta corroborada por ningún otro medio de prueba, así mismo, viola la ley lógica de la derivación cuando para restarle credibilidad a lo declarado por el imputado M., en el sentido que él personalmente y con la ayuda de algunos vecinos se retiró el yeso hasta el día 23 de diciembre del 2004, construye un silogismo cuya premisa mayor no es más que una pura especulación, pues siendo que el Doctor J. M. G. manifestó que esta persona debió tener el yeso unos tres meses, la mayoría del Tribunal razona que al 23 de diciembre de 2004, la utilización del yeso por parte de J. . M. ya se había prolongado 21 días más de los previstos por el ortopeda y la experiencia de la mayoría del Tribunal es que la generalidad de las personas si deciden quitarse un yeso por si mismas lo hacen antes y no después del tiempo que les han prescrito, entonces con este razonamiento el Tribunal concluye que como J. C. M.se quitó el yeso por sí mismo lo tuvo que haber hecho antes de los tres meses previstos por el Ortopeda y consecuentemente antes del 23 de diciembre de 2004 y por ello también pudo participar en la masacre de Chamelecón, este razonamiento de la mayoría del Tribunal viola abiertamente la Ley Lógica de la Derivación, ya que no es siempre cierto que todo el que se quita el yeso por sí mismo lo hace antes de lo recomendado por el doctor, y al construir un silogismo sobre la base de premisas inciertas la conclusión será igualmente incierta. Con lo antes dicho se evidencia la violación a las reglas de la sana crítica en que incurrió el juzgador, infringiendo la ley lógica de la derivación al otorgarle valor probatorio a una prueba que no la merecía y restárselo a aquella que sí resultaba apropiada y creíble. RECLAMACIÓN HECHA PARA SUBSANAR EL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través de la vía casacional y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.”- III.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Interpretación errónea del Artículo 332 del Código Penal, en relación a lo dispuesto en los Artículos 95 constitucional y 2 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación está comprendido en lo dispuesto en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El juzgador al momento de determinar el marco legal, de la pena, dentro del cual seleccionó la que aplicó al señor J. C. M., lo hizo interpretando erróneamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 332 del Código Penal, reformado mediante Decreto 117-2003 de fecha doce de agosto de dos mil tres, atribuyéndole a dicha norma más alcances que los que resultan de Sus propios términos, dicho Artículo dispone que: "Artículo 332. -Se sancionará con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión y multa de Diez Mil (L. 10,000.00) a Doscientos Mil (L. 200,000.00) Lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3) se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas." Siendo que al señor J. C. M. se le condenó en calidad de MIEMBRO de una asociación ilícita, la pena que debió aplicársele es la prevista en el párrafo segundo del Artículo 332 del Código Penal, es decir la pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión rebajada en un tercio (1/3). Sin embargo, el juzgador además de la pena de reclusión le impuso la de MULTA de CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.133,334.00), pena ésta prevista únicamente para los jefes o cabecillas de las asociaciones ilícitas no así para los simples miembros, tal lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 332 del Código Penal, por lo que el juzgador al aplicar la pena de multa lo hace interpretando erróneamente dicho artículo, desconociendo además lo dispuesto en los Artículos 95 constitucional y 2 del Código Penal. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Pretendemos que la Corte Suprema de Justiciase, como reiteradamente lo ha declarado en otros casos similares al planteado en el presente recurso, haga una correcta aplicación del párrafo segundo del Artículo 332 de Código Penal, en el sentido que no procede aplicar contra el imputado la pena de multa, por haber sido condenado en su calidad de simple miembro.”- IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA DEL ACUSADO J. C. M., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN SU CONTRA, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- La Censora presenta formal protesta en contra de la Sentencia impugnada, arguyendo que los Juzgadores han incurrido en un vicio in procedendo al haber valorado los medios de prueba con divorcio de las reglas de la sana critica. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Explica la Censora que son tres los aspectos reprochables: 1).- Violación a la Ley de No Contradicción: La Mayoría del Tribunal consideró falto de credibilidad el Testigo Protegido 2712-04, en cuanto a la información que aportó respecto a otros dos acusados, más lo referido al acusado J. C. M. si le dio valor probatorio, aun cuando éste testigo fue sometido a un procedimiento ilegal como ser la entrevista mediante la utilización del Polígrafo o “Detector de Mentiras”. 2).- Violación al Principio Lógico de Razón Suficiente en su aspecto de Derivación, en la valoración de los testigos protegidos 384-01, 384-02, 384-03 Y 384-06, en especial de éste último que es un niño de diez años y que indica que el acusado J. C. M. ingresa al autobús a disparar, indicando que ésta declaración coincide con la hecha por la testigo 384-04, cuando en realidad ésta testigo indica que no miró que alguien ingresara al bus, tampoco la testigo 384-03 refiere que haya existido un atacante dentro del bus y finalmente la prueba pericial consistente en el dictamen del Laboratorio 2144-2005-Bal señala que los disparos fueron realizados desde afuera del autobús. La Censora califica fuera de lógica el razonamiento de los Juzgadores que indican que no se encontraron perforaciones en el suelo del autobús debido a que éstos impactaron en los cuerpos de las victimas que se encontraban en su interior.- 3).- Violación al Principio Lógico de Razón Suficiente en su aspecto de Derivación, debido a que se acreditó que en la época en que ocurrieron los hechos el acusado J. C. M. estaba en proceso de recuperación después de sufrir una fractura del fémur izquierdo, por lo que no pudo participar en un hecho que exige movilidad y velocidad, pero a pesar de ello, cuestiona la Censora, los Juzgadores entran al campo especulativo señalando que el acusado se retiró el yeso que resguardaba su fractura antes de la fecha en que se ejecutaron los hechos objeto de juzgamiento.- III.- El Recurso no es de Recibo.- Habiendo establecido La Censora los aspectos a dilucidar en el presente recurso, fijándolos en tres puntos, corresponde a la Sala de lo Penal, en estricto cumplimiento de la primera parte del artículo 350 del Código Procesal Penal, dar respuesta puntual a cada uno de ellos: 1).- No existe violación al principio Lógico de No contradicción; La Mayoría del Tribunal valora la declaración del testigo 2712-04, junto con la del testigo 1101-05 (Es criterio del Juez Disidente que se trata de la misma persona), más puntualiza que al testigo 2712-04, se le aplicó un procedimiento prohibido por la ley como ser el Polígrafo y que por ello pierde valor probatorio y que además este testigo proporcionó datos que no fueron corroborados por los investigadores “perdiendo fuerza” (F. 569v), más adelante, los juzgadores concluyen que el imputado J. C. M. es responsable de los hechos con fundamento en la valoración de las declaraciones rendidas por los testigos 384-02, 384-01 y 384-06 (F. 580), sin que en ningún momento se mencione al testigo 2712-04. Más adelante los Juzgadores relacionan las declaraciones de los Agentes de Investigación como medios de prueba que contribuyen a lograr ese convencimiento (F. 587v.) así pues, no existe contradicción en la valoración de la mayoría del Tribunal al estimar como no creíble lo dicho por el testigo 2712-04, dado que éste no sirvió de apoyo para declarar la responsabilidad del acusado en los hechos que se le atribuyen.- 2).- No existe violación al principio lógico de razón suficiente cuando la mayoría del Tribunal asegura que el acusado ingresó al autobús (F. 579), debido a que existen dos elementos probatorios que respaldan la derivación cuestionada: primero la declaración del testigo protegido 384-06, quien asegura que vio a una persona ingresar al autobús y que ésta disparó y que fue en ese momento en que resultó herido en el estomago, sin concretar cuanto tiempo estuvo la persona o cuantos disparos hizo; segundo: se presentó en el debate el acta de Inspección Ocular 1668-04 de fecha 24 de diciembre del 2004 (F. 72), en el que se hace constar que se inspeccionó el interior del bus encontrando “… nueve casquillos color café calibre desconocido supuestamente de AK-47, todos percutidos, encontrados en: dos en la parte de atrás del asiento del conductor, cinco sobre el piso bajo el segundo asiento lado derecho, dos sobre el piso atrás del segundo asiento, un casquillo percutido color amarillo calibre desconocido bajo el tercer asiento del lado izquierdo…”, medio de prueba del que hicieron relación los Juzgadores en su sentencia (F. 580v.) y que nos indica que efectivamente se realizaron disparos en el interior del autobús ya que de otro modo no se hubiesen encontrado casquillos percutidos en su interior y puntualmente en la zona en donde el testigo 384-06, dijo haber visto al agresor a.- 3).- No existe violación al principio lógico de razón suficiente al afirmar el Tribunal de Sentencia por mayoría, que la condición física del acusado no le impidió participar en el hecho a él imputado. Al debate primero compareció el Doctor J. M. G. C., a efecto de ratificar su dictamen médico (F. 525), señalando que el acusado J. C. M. fue ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas, con herida de arma de fuego que le provocó fractura en femoral izquierdo, que fue tratada mediante la aplicación de yeso en toda la pierna (del pie a la cadera), dándole incapacidad laboral por seis meses, señalando que las lesiones serán curables según evolución del paciente a considerar la edad y la alimentación, y que dependiendo el momento en que se haya quitado el yeso condicionará tanto la consolidación de la fractura como el tiempo para recobrar la movilidad en la rodilla, concluyendo que lo recomendable es que la persona porte el yeso entre 4 a 6 meses, sin que pueda señalar el grado de consolidación de la fractura a los 3 meses, porque ello dependerá de la evolución del paciente pero que en general ese tipo de fractura no se cura en 3 meses (F. 589v); En contraposición, el Médico Forense Lempira Escobar, indicó que la fractura sufrida por el acusado tuvo un buen eje de alineamiento por lo que la incapacidad debió haber sido de 8 semanas (2 meses), sujeto a una nueva evaluación y determinar si necesita más tiempo ya que el promedio de consolidación de estas fracturas es de 8 a 12 semanas (de 2 a 3 meses) (F. 590v).- De estas comparecencias la mayoría del Tribunal de Sentencia indicó que de la fecha de la fractura que sufrió el acusado (2 de septiembre), a la fecha 23 de diciembre (fecha en que alega la defensa que fue retirado el yeso) habían transcurrido 3 meses con 21 días concluyendo el Tribunal que el promedio de consolidación de estas fracturas es de 3 meses, por lo que el acusado pudo retirar el yeso en ese tiempo, permitiéndole recuperar la movilidad necesaria en el tiempo restante que le permitiera participar en el hecho imputado (F. 592).- La Sala de lo Penal resalta que el medio de prueba Pericial consistente en el Dictamen del Doctor J. M. G.a, fue presentado por la Defensa del acusado con el objeto de probar una tesis alterna a la presentada por el Ministerio Público: El acusado adolecía de una incapacidad física para el 23 de Diciembre del 2003 que le impedía movilizarse y por tanto éste no pudo haber participado en el hecho imputado, sin embargo, éste objetivo probatorio no pudo ser alcanzado por la defensa ya que si bien el Tribunal de Sentencia concluyó que efectivamente el acusado J. C. M. sufrió una fractura del fémur izquierdo en fecha 2 de septiembre del 2004 y que fue atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas, siendo enyesado en esa fecha desde la cadera hasta el pie, los peritos coincidieron que a partir de ahí no fue posible acreditar ninguna información respecto a su evolución médica, así pues datos como la fecha en que el hueso se consolidó, fecha en que se retiró el yeso y tiempo de recuperación de la movilidad de la rodilla izquierda quedan en la incertidumbre, véase que tanto el Doctor J. M. G. C., como el Médico Forense que se propuso como contra prueba, el Doctor L. E., al no tener tales datos, respondían a las preguntas formuladas dentro del ámbito de la posibilidad y la probabilidad, ya que ambos galenos fueron contestes en afirmar que la evolución de salud del acusado depende de sus condiciones biológicas y de otros factores como la alimentación y que es por eso que se requería una nueva evaluación para poder ajustar el tiempo de incapacidad conforme a esa evolución. En conclusión la falta de información en relación a la condición médica del acusado J. C. M. después del 2 de septiembre del 2004, hicieron que la tesis de la Defensa no tuviese respaldo y por tanto no fuese considerada por el Tribunal de Sentencia, cuya mayoría, apreciando la fuerza de la prueba de cargo, llego al convencimiento de que el acusado retiró el yeso días antes al 23 de diciembre de 2004, permitiéndole recuperar la movilidad necesaria en la rodilla izquierda para participar en el hecho que se le atribuye.- IV.- Habiendo descartado la existencia de vicio in procedendo en los tres reclamos formulados por La Censora, es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma.- V.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA DEL ACUSADO J. C. M., DENUNCIANDO INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- La Censora indica que la mayoría del Tribunal ha hecho una interpretación errónea del artículo 332 que contiene el tipo penal de asociación ilícita, al haber impuesto al acusado J. C. M., una pena principal de multa por considerarlo miembro de una asociación ilícita, cuando dicha norma determina que la pena principal de multa solo será impuesta a los que sean encontrados culpables del delito a títulos de jefes, Cabecillas o Directores de la asociación ilícita.- III.- El artículo 78 de la Constitución de la República garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otras, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no causen perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo Texto Fundamental.- El legislador hondureño ha establecido que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello ha tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal donde se establece que: “Se sancionará […] a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.- Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.”.- Si bien el tipo penal hace mención particular de las maras o pandillas[2], a continuación hace una referencia general a cualquier agrupación, por lo que el tipo penal puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente, sin importar su índole, clase social, nivel económico, académico, etc..- Se identifica a la Seguridad Interior del Estado de Honduras como bien jurídico que protege el tipo penal de Asociación ilícita, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional.- En el tema de punibilidad la norma penal actualmente sanciona la conducta reprochada con una pena de 20 a 30 años de reclusión y multa de 100,000 a L. 300,000 lempiras, sin embargo debe tenerse presente que el artículo que contiene el tipo penal ha sido objeto de múltiples reformas legislativas, todas ellas orientadas a incrementar las penas principales, aspecto en el que no repararon los Juzgadores que conformaron la mayoría.- IV.- El Recurso es de Recibo.- El-Aquo incurrió en un vicio in iudicando al aplicar el artículo 332 del Código Penal, contenido en el decreto Legislativo 191-96, mismo que al 23 de diciembre del 2004, ya no se encontraba en vigencia por haber sido reformada la norma penal mediante decreto legislativo número 059-97.- El artículo 332 del Código Penal contenido en el decreto legislativo número 144-93, indicaba que la pena aplicar por el delito de asociación ilícita sería de 1 a 3 años de reclusión a los cabecillas o jefes y de L.100 a L.500 lempiras a los asociados, norma penal que fue reformada mediante decreto legislativo No. 191-96 vigente a partir del 8 de Febrero de 1997, el cual determinó que la pena aplicable a los cabecillas o jefes de la agrupación sería de 3 a 6 años de reclusión y multa de L.100,000 a L. 200,000 lempiras, entretanto a los miembros se les impondrían las mismas penas (reclusión y multa) rebajadas en un tercio; La norma penal nuevamente fue objeto de reforma ésta vez mediante decreto legislativo No. 117-2003 vigente a partir del 15 de Agosto del 2003, determinando que la pena a aplicar a los cabecillas o jefes de la asociación ilícita sería de 9 a 12 años de reclusión y multa de L.10,000 a L. 200,000 lempiras, siendo la pena a imponer a los miembros la de reclusión rebajada en un tercio; Finalmente se registra la reforma del artículo 332 mediante decreto legislativo 223-2004, vigente a partir del 12 de marzo del 2005, mediante el cual se incrementan las penas de reclusión de 20 a 30 años de reclusión y multa de L. 100,000 a L.300,000 lempiras a los jefes o cabecillas y la misma pena de reclusión a los miembros rebajada en un tercio.- V.- La relación anterior demuestra que el apartado once de la fundamentación jurídica (F. 609 v) y el numeral tercero de la parte dispositiva se dispone la aplicación de una norma penal, sin considerar que a la fecha de los hechos ésta había sido reformada, dando lugar al vicio in iudicando antes explicado por violación al principio de Identidad de la norma penal que regula el ámbito temporal de aplicación de la misma. Este vicio contiene un perjuicio en doble vía: En primer lugar provocó la imposición de una pena principal de multa a los acusados J. C. M. y D. A. R., que no estaba contemplada en la norma penal vigente al momento del hecho para los miembros de una asociación ilícita, pero además, en segundo lugar, generó la imposición de una pena de reclusión menor al extremo abstracto mínimo previsto por la norma. Lo anterior obliga a la Sala Penal a enmendar el desatino del Juzgador en todo y en cuanto favorezca al acusado J. C. M. y, por efecto extensivo del Recurso (Art. 349 del Código Procesal Penal), también a favor del acusado D. A. R., ello es en cuanto a la incorrecta imposición de la pena principal de multa, mas en lo que respecta a la pena de reclusión es procedente observar la prohibición de Reforma Peyorativa (Art. 350 del Código Procesal Penal), de tal manera que aun y cuando se haya impuesto una pena menor a la que corresponde, le está vedado a este Tribunal de Casación modificar la pena en perjuicio de los condenados.- VI.- Por todas las razones anteriormente expuestas, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por Infracción de ley en su motivo único.- POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2-D y 242.8 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública a favor del imputado J. C. M.; SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública favor del acusado J. C. M., mismo que por efecto Extensivo del Recurso también deberá favorecer al acusado D. A. R., en consecuencia SE REVOCA la pena principal de multa impuesta a los mencionados en el numeral Tercero de la Parte Dispositiva de la Sentencia de fecha doce de Marzo de año dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; TERCERO: Se declaran firmes y ejecutables los demás pronunciamientos emitidos en la parte Resolutiva de la sentencia impugnada.- Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Magistrado Ponente CALIX VALECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada K. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-92-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.

[2] Los conceptos pandilla o “mara” refieren al mismo fenómeno: se trata de agrupaciones formadas mayoritariamente por jóvenes –con ascendente participación de personas de todas las edades-, quienes comparten una identidad social que se refleja principalmente en su nombre. La identidad social compartida se expresa mediante símbolos y/o gestos (tatuajes, graffiti, señas manuales, etc.), además de reclamar control sobre ciertos asuntos, a menudo, territorios o mercados económicos.- Fuente Definición y Categorización de Pandillas, Departamento de Seguridad Pública, Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Pag 4.