Sentencia CP-89-11 — Registro 3213
Resumen
Se absolvió al imputado por el delito de portacion ilegal de armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
V.-PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL: EXCLUSIÓN MEDIOS DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Es criterio del Censor que los Juzgadores indebida excluyeron o dejaron de considerar prueba de valor decisivo y fue por ello que erróneamente emitieron una sentencia absolutoria en contra del Acusado, prueba que consiste en: 1).- Dictamen Balístico propuesto y presentado por el Ministerio Público, ratificado en audiencia de debate por el Perito J. B. O.; y, 2).- Constancia del Registro Balístico Nacional, que constata las armas que tiene registradas el Acusado M. A. R. S. II.- El Proceso Penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del Principio de Legalidad y del Debido Proceso.- Entre esos actos esta el proceso probatorio que inicia con la proposición, pasa por la reproducción y finaliza con la valoración de los distintos medios de prueba; Incluye la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), en la cual las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP); seguidamente se celebra la audiencia de juicio en la cual, solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP); y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP); o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP); y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en la cual la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del Proceso. Así las cosas, constituye Actividad Procesal Defectuosa toda acción mediante la cual el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que reprocha cuando la sentencia “excluya (…) alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba se presenta cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador, en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia, haciendo una incorrecta aplicación de la Ley, refuta un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige, para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al Vicio In Procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. III.- En Motivo no es de Recibo.- El Censor ha errado en el planteamiento del Motivo, expresa su desacuerdo con la valoración hecha por los Juzgadores de dos medios de prueba, trazando lo que a su parecer debieron de ser las conclusiones a que la instancia estaba obligada a arribar, más ello no es un alegato que compagine con el Motivo seleccionado, de hecho es antagónico puesto que por un lado se protesta que los juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo, es decir, que ésta no fue valorada en la sentencia; y por otro lado, se critica la forma en cómo fue valorada. Contrario a lo alegado por el Censor, la Sala de lo Penal ha constatado que el Tribunal de Sentencia no excluyó la prueba citada. El A-quo motivó descriptivamente el medio de prueba Dictamen Balístico Número 557-2009 (F. 100v.); y a continuación procedió a motivarlo intelectivamente (F. 101), expresando su parecer y dándole una calificación probatoria; igual acontece con el medio de prueba documental constancia extendida por el Señor J. F. M., Jefe del Registro Balístico Nacional de Armas de la entonces Dirección General de Investigación Criminal, prueba que fue descrita y valorada por los Juzgadores en la Sentencia (F. 102.), por lo que el Primer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma debe ser declarado sin lugar.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
VI.-SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 NUMERAL 3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- En su Segundo Motivo el Censor señala que se ha violentado el Principio Lógico de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente, por parte de los Juzgadores al momento de valorar los medios de prueba reproducidos en la audiencia de debate, puesto que de haber realizado un correcto proceso intelectivo hubiesen llegado a determinar la culpabilidad del Acusado y, por tanto, a emitir una Sentencia Condenatoria. El Censor para demostrar lo acertado de su aseveración, cita los medios de prueba testifical de los Señores W. E. M. C. y J. O. R. T.; además, relaciona la prueba documental consistente en el Dictamen Balístico Forense ratificado por el Perito J. B. O., agregando el análisis jurídico del tipo penal 332-A del Código Penal. II.- En Motivo no es de Recibo.- Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del Motivo, si bien señala concretamente que a su consideración se ha violentado el Principio Lógico de Derivación, ha quedado a deber el señalamiento y análisis de la Motivación en la Sentencia que juzga como violatoria. Téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la Sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las Reglas que componen la Sana Critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, puesto que no se trata de determinar cómo debió valorarse la prueba, sino que la valoración hecha y plasmada en la Sentencia que se impugna es carente de los principios que rigen el Recto Entendimiento Humano. Adicional a lo expresado, la Sala de lo Penal ha revisado la Fundamentación Probatoria de la Sentencia, sin advertir en ella la violación de la Sana Critica, sin que deba entenderse que dicho análisis se extiende a la correcta o incorrecta justicia de ésta valoración, sino únicamente sobre el razonamiento intelectivo desarrollado en torno a su evaluación, que es el único punto que es permitido auditar en casación. De este modo resalta: 1. En cuanto al arma tipo fusil, semi automático, marca Colt, modelo AR-15, calibre 2.23, serie SP142574, con mira telescópica y cuatro cargadores con capacidad para treinta proyectiles; es de considerar que el Tribunal de Sentencia dio por acreditado que dicha arma fue registrada por el Acusado en el Registro Balístico, según dio fe el Señor J. F. M. L., Jefe de esa unidad, en constancia extendida y relacionada a folio 102 por la Instancia. Esta arma de fuego, según señalan los Señores W. E. M. C., J. O. R. T. y E. A. O. P., fue encontrada en el vehículo marca Toyota, modelo Hilux 3.0, tipo pick up doble cabina, color gris, próximo a la palanca de cambio de velocidades, en el cual se conducía el Acusado en fecha 26 de enero del 2009, quien en ese momento no presentó el permiso de portación correspondiente, pero que de manera posterior hizo llegar, apreciable a folio 41 de la foliada judicial. El cuestionamiento respecto a esta arma que hizo el Ministerio Público fue en relación a la mira telescópica, señalando que su agregado al arma de fuego hace que esta sea de carácter ilícita, más el Tribunal de Sentencia consideró lo que señala el Artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que establece que las miras telescópicas son permitidas siempre que éstas sean usadas para la casería deportiva; entonces, habiendo otorgado el Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Seguridad, el permiso al Acusado para la tenencia y portación del arma de fuego tipo fusil; y además, al haber tenido acreditado los Juzgadores que la mira telescópica es de carácter comercial, cuya adquisición es lícita en el mercado, según explicó el Testigo L. E. M. (F. 101v), y según se determinó en el Dictamen Balístico rendido por el Perito V. M. M. M. (F. 102v), aquel cuestionamiento pierde valor. 2. En cuanto al arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, serie FAV525US, con sistema de disparo automático; El perito V. M. M. M., explicó que éste tipo de armas son distribuidas comercialmente bajo un sistema de disparo semiautomático, pero que es posible convertir a automático mediante una operación sencilla al cambiarle el pestillo sin necesidad de modificar su mecanismo interno; el pestillo es una pieza de metal que contiene el percutor y que empuja los cartuchos no percutidos hasta la recamara de ignición para después cerrarla y que puede ser adquirido en tiendas. Conforme al Artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, cualquier arma tipo automática está prohibida y es por ello que el Ministerio Público formuló reproche penal al Acusado, quien el día anterior a su detención (25 de enero del 2009), había realizado Contrato de Tradición adquiriendo por compra el arma de fuego según se constató con el documento de traspaso (F. 102), sin embargo, el Tribunal de Sentencia cuestionó el manejo del arma como evidencia del delito, señalando que los agentes de policía que realizaron la incautación, no conservaron el arma con el debido embalaje ni con la cadena de custodia respectiva (F. 101); y por tanto, cuestionaron si la conversión del mecanismo semiautomático a automático fue antes de su incautación o después. El Tribunal de Sentencia consideró que el mal manejo del caso por parte de la Autoridad Policial inició con aspectos tan básicos como el hecho de que el Acta de Lectura de Derechos (f. 6) da cuenta que éstos fueron informados al Acusado hasta el día 27 de Enero; y que ese mismo día se hizo constar la incautación de las armas de fuego AR-15 y Glock 17, 9 mm (F. 17 y 18), aun cuando la aprehensión y la incautación se realizaron materialmente el día anterior 26 de enero del 2009. Siendo entonces que no es posible reprochar al Acusado que el arma Glock 17, 9mm tenga mecanismo automático, resta entonces determinar lo concerniente al permiso de portación de ésta arma de fuego comercial que exige el Artículo 27 reformado de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares, dado que el Acusado M. A. R. S., portaba la misma sin dicho permiso, debiendo considerarse que el Tribunal de Sentencia dio plena credibilidad al documento de traspaso de propiedad que hace constar que el Acusado había comprado el arma un día antes, concediendo el Artículo 27-C de la Ley referida el termino de diez días para que las personas particulares informen a la autoridad sobre los traspasos que celebren de las armas de fuego, término que inicio a correr precisamente el día de la detención del acusado. La Sala de lo Penal quiere ser precisa en cuanto a que el término señalado en el Artículo 27-C, es para efectos de registro y no autoriza a los particulares para que durante ese tiempo porten el arma registrable, ya que ésta debe de estar bajo resguardo hasta obtener el permiso correspondiente después de la notificación del traspaso; sin embargo, el Tribunal de Sentencia dio credibilidad a los testimonios de los Señores H. Y. D. A. y R. A. P. R. (F. 101v), en cuanto a que al momento de la detención el Acusado y el vendedor del arma, el Señor D. J. T. E., se dirigían a probar la misma, lo cual es normal cuando se trata de probar el estado de funcionamiento del bien objeto de compraventa, por tanto, el Tribunal de la Instancia, determinó que la posesión del arma en ese momento era para esos efectos. El Censor en su libelo desarrolló argumentos tratando de explicar porqué no está de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, aportando lo que en su criterio debió ser ésta valoración; y además, agrega el análisis jurídico de las normas aplicables, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Por lo expuesto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del mes de Septiembre del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador por Ley, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, llamado a integrar la Sala de lo Penal por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Sigüatepeque, Comayagüa, mediante la cual Absolvió a M. A. R. S., por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado V. R. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado E. T. S., Defensor Privado del Acusado M. A. R. S., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO Entre diez y once de la mañana, del día veintiséis de enero del año dos mil nueve, por denuncia de que personas armadas se conducían en carro turismo, varios agentes de Policía a bordo de un carro patrulla a cargo del también policía W. E. M. C., se personaron en el desvío de la Aldea El Socorro, de esta jurisdicción de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; en donde entre otros vehículos detuvieron a un Toyota Tipo Píck-up, Modelo Hilux, Año 2007, color Silver Metal, Placa PCC-1037,en el que entre otras personas se conducía el señor M. A. R. S., a quien detuvieron por haber encontrado en el interior del citado vehículo, dos armas de fuego de su propiedad, la primera tipo fusil; semiautomático, Marca Coll, Modelo AR15, Calibre 2.23, Serie SP142574, con mira telescópica y cuatro cargadores con capacidad para treinta proyectiles; la segunda tipo pistola semiautomática Marca GLOCK, Modelo 17, calibre 9mm, Serie FAV525US, siendo hasta el día siguiente veintisiete haberse redactado las actas de comiso de dichas armas, de las que al menos la concerniente al arma tipo pistola marca Glock 9mm, no firmó el señor M. A. R. S. SEGUNDO: Varios días después las armas descritas en el acápite que antecede, sin hoja de cadena de custodia fueron remitidas y evacuadas por el Laboratorio Criminalístico de Medicina Forense, mismas que resultaron ser de uso comercial, y la mira adherida al fusil también de uso deportivo y de caza que sirve para una visión de mayor alcance; sin embargo el arma de fuego semiautomática Marca GLOCK, Modelo 17, calibre 9mm,, Serie FAV525US, resulto habérsele cambiado su mecanismo de cadencia y modo de tiro convirtiéndola en automática”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente, Abogado V. R. C., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:“EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER ÚNICO: Haber incurrido el Sentenciador en Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.2 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO En el caso de autos el Tribunal Sentenciador estableció como hechos probados lo siguiente: Al examinar el fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó una prueba de VALOR DECISIVO como es el hecho que el Ministerio Público presentó oportunamente el Dictamen referente a determinar si la mira telescópica es o no de tipo comercial y si el arma de fuego decomisada, tipo pistola, marca Glock, presentó algún grado de alteración en cuanto a su mecanismo de funcionamiento o fue registrada sin alteración; dicho dictamen número 557-2009, sobre las armas decomisadas al imputado al momento de su detención, dictamen que fue ratificado por el perito forense J. B. O., quién determinó: que básicamente las miras telescópicas son accesorios externos del arma de fuego para tener alcances de mas de cien o doscientos metros, recibo para analizar cargadores con almacenamiento de 5.56 de veinte cartuchos y treinta cartuchos, pero esta arma en estudio contenía cuatro cargadores, básicamente los cargadores se encontraban con cartuchos en el interior, ambos presentaban buen funcionamiento mecánico, se hace el desembalaje del arma de fuego se rectifica que lo que dice la cadena de custodia y el embalaje se hace igual y luego el arma vacía para ver el arma, se lleva al tanque operativo y el arma presentaba buen estado de funcionamiento, la mira telescópica no solamente se crean para un tipo de arma de fuego específica, sino, que la que tenía esta arma de fuego se incorpora a arma de hombro largo, como ésta R15 tiene las condiciones de otro tipo de fusil, a quién beneficia la Mira es al operador del arma de fuego, poniéndole la Mira telescópica es para ver mas de cerca el objetivo para dar en el blanco, el disparo sea eficaz. En relación al arma 9mm, es una pistola semiautomática, normalmente es semiautomática pero le practicaron alteraciones para volverla automática. Asimismo se incorporó una Constancia, donde se acredita que dichas armas fueron registradas por M. A. R. S., por lo cual aparentemente son de uso comercial, ya que se le extendió el permiso correspondiente; sin embargo ambas armas de fuego fueron modificadas posteriormente a su registro tornándolas armas prohibidas, pues así lo establece el Código Penal en los artículos 232-A y 232-B y la Ley de Control de Armas de Fuego en sus artículo 8, numerales 1, 6 y 7, artículo 44, numeral 4, artículos 54 y 55; con relación a los decretos 101-2003 (cuyo contenido incorporado en art. 232-A C.P.) y 232-2005; pues en la normativa antes mencionada, se establece que estas son armas de alta precisión; al igual son consideradas las Miras infrarrojas o de alta precisión telescópica. De lo anterior se desprende de que si bien es cierto, al momento de realizarse el registro en el vehículo no portaba el correspondiente permiso de portación y cuya constancia fue presentada posteriormente, con la cual aparentemente acredita la autorización de portar dichas armas, el punto es que al momento de la solicitud del permiso ante la autoridad correspondiente, tanto el fusil R15 como el arma de fuego 9mm, aún no habían sido alteradas, la modificación que el indiciado practicó en ambas armas de fuego fueron posterior a obtener el permiso de portar las mismas, por lo que su conducta se subsume tanto en portación ilegal de arma de fuego como en el ilícito de portación de arma ilegal. Al apreciar los acápites anteriores, se evidencia que no hubo entonces en el caso de mérito, un análisis de la constancia presentada por el imputado con la cual pretendió acreditar la legalidad de la portación de las armas de fuego como también la legitimidad de que ambas armas de fuego las había registrado a su nombre tal como aparece en la Constancia de mérito. En este orden de cosas, se ha excluido de la carga probatoria, el medio documental, denominado dictamen pericial ratificado por el perito forense J. B., como también la misma Constancia donde se consigna que las armas fueron registradas a nombre del imputado. Toda la apreciación del Tribunal A quo, por la cual excluye este medio de prueba documental es contrario a la verdad, pues como manifestó el perito forense las armas de fuego fueron extraídas del embalaje correspondiente y con su respectiva hoja de custodia; en consecuencia si la diligencia es legal, entonces lo que se deriva de ella también lo es. En conclusión, es cierto que el Tribunal de Sentencia tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y la someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, al excluir de las pruebas recibidas un contenido que es exacto y al restarle un valor probatorio decisivo, que hacen que se emita un fallo incorrecto y lejos del esclarecimiento de la verdad, que es el fin del Proceso Penal. Conforme a lo expuesto se concluye, que si los sentenciadores recurridos hubieren apreciado la prueba citada, indiscutiblemente habrían determinado que el encausado M. A. R. S., es responsable de los delitos de Portación Ilegal de Armas y Portación de Arma Prohibida, cometidos en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, tal como se ha dejado demostrado”. III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Expuesto o anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración de Testigo, W. E. M. C. (Policía): Quién declaró: “En fecha 26 de enero de 2009, se recibió una llamada en la jefatura de Siguatepeque manifestando que en el desvío de El Socorro se encontraba un vehículo color gris en el cual andaban personas armadas, por lo que se le dio cumplimiento, encontrando un vehículo Tacoma, color gris, en el cual se hizo el registro y llevaba pollos y dijo que los llevaba a una granja, seguimos mas adelante y la llamada era falsa no encontramos turismo gris, de regreso frente a la propiedad del señor que se conoce como el cubano venía un 3.0 hi lux y mas atrás un Tacoma gris, se le hizo señal de parada y se les pidió que se bajaran del vehículo, fue así que se dirigió al carro de atrás, al Tacoma, ese vehículo lo conducía el señor A. G. se le encontró arma de fuego tipo escuadra, los cuales me informaron que en el 3.0 habían dos armas. En el vehículo estaba un fusil y una escuadra”. Declaración de Testigo, J. O. R. T. (policía), manifiesta que:” Recibió una llamada en la oficina de la policía, que andaban los de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (D.N.I.C.) pidieron apoyo nos desplazamos para el desvío de El Socorro a unos cincuenta metros de la carretera pavimentada iba un carro Tacoma, color gris le hicieron señal de parada, le practicaron registro y lo que llevaba era pollo, al regreso iba un vehículo 3.0, también le hicieron señal de parada y atrás iba un Tacoma color gris y le pasaron registro, y en el vehículo 3.0 iban cuatro individuos los registraron, lo que encontraron fue una 9mm, que se le halló al señor M. A., le dijo que le permitiera un registro, prestando colaboración, registrándole, de largo vio un fusil en el 3.0 y le dijo al agente de investigación que había un fusil, pero como él (dicente) solo prestaba seguridad en el lugar no podía participar en el registro. El agente embaló el fusil, para mayor seguridad lo remitieron a la oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, para investigar la portación ilegal de armas, entregándosela al Jefe de la D.N.I.C. Prueba Documental.- Se evacuó la prueba pericial, ratificando el dictamen el Perito Forense J. B. O., quién manifestó que las armas periciadas, un fusil R15 y un arma 9 mm, ésta última fue modificada, volviéndola automática, por tanto es prohibida en nuestro país, y al fusil se la adaptó una Mira, volviéndola una arma de alto alcance que contenía cuatro cartuchos. Tal como se indica en el motivo anterior sobre la normativa legal que contempla la prohibición de armas automáticas y de alto alcance el Tribunal Sentenciador no observó su aplicación. El Ministerio Público, mantuvo su Acusación por el Delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, mismo que está regulado en el Artículo 332-A del Código Penal, que dispone: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, “use”, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho(8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada”. El Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado de Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, resultando en una sentencia Absolutoria diferente a las pretensiones del Agente Fiscal, pues éstas fueron contundentes para emitir un fallo condenatorio por los Delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS y PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho. La vulneración a las reglas de la sana crítica, específicamente a la Ley de derivación, en tanto que se allegó al proceso prueba que informa que las armas decomisadas estaban en posesión del imputado y que sobre dichas armas éste no portaba permiso alguno en el momento que fue requerido pues, por consiguiente la prueba informa que el imputado poseía armas con permiso del Estado pero que dichas armas fueron alteradas tal como se desarrolló en el motivo anterior, posteriormente y que por ello se convierten en armas prohibidas, pues son consideradas armas automáticas por tanto prohibidas es decir, al disparar, disparan en ráfaga. Es importante acotar en este sentido que, tomando como base lo dispuesto en el tipo penal de portación ilegal de arma, específicamente en el elemento objetivo de “persona no autorizada que use, posea”, que la base fáctica de este supuesto se encuentra saciada probatoriamente en la incautación de las armas al enjuiciado sin que éste portase el permiso respectivo y por ende opera una reversión de la carga de la prueba, en la cual la parte Defensora en apoyo al Principio de contradicción, debió haber acreditado la existencia del permiso o la autorización para portar el arma, en cuestión, hipótesis que no se concretó en el caso subjudice, hasta posteriormente que acredita con una constancia que las armas están registradas a nombre del imputado; pero las armas pese a su registro aparentemente legal fueron adulteradas convirtiéndolas en armas automáticas que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe. Finalmente es necesario indicar que con lo antes expuesto no se intenta olvidar el Principio Acusatorio, ni el estado de inocencia del enjuiciado, sino mas bien hacer prevalecer el primero bajo la óptica de un juicio contradictorio, apoyado por una defensa técnica sólida y el papel de un Juzgador guiado por la búsqueda de la Justicia Penal pronta y expedita, regulada en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS y PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, siendo violatorios del sistema de la Sana Crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella; y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el Derecho Común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II.- El Censor expresó su desacuerdo con la Sentencia impugnada, a la cual califica de violatoria de normas procesales, explicando su fundamento en Dos Motivos de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales: 1).- Los Juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo; y 2).- Los Juzgadores en el proceso de valoración de los medios de prueba no observaron las Reglas de la Sana Critica, como sistema obligatorio de valoración. V.-PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL: EXCLUSIÓN MEDIOS DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Es criterio del Censor que los Juzgadores indebida excluyeron o dejaron de considerar prueba de valor decisivo y fue por ello que erróneamente emitieron una sentencia absolutoria en contra del Acusado, prueba que consiste en: 1).- Dictamen Balístico propuesto y presentado por el Ministerio Público, ratificado en audiencia de debate por el Perito J. B. O.; y, 2).- Constancia del Registro Balístico Nacional, que constata las armas que tiene registradas el Acusado M. A. R. S. II.- El Proceso Penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del Principio de Legalidad y del Debido Proceso.- Entre esos actos esta el proceso probatorio que inicia con la proposición, pasa por la reproducción y finaliza con la valoración de los distintos medios de prueba; Incluye la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), en la cual las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP); seguidamente se celebra la audiencia de juicio en la cual, solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP); y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP); o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP); y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en la cual la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del Proceso. Así las cosas, constituye Actividad Procesal Defectuosa toda acción mediante la cual el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que reprocha cuando la sentencia “excluya (…) alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba se presenta cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador, en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia, haciendo una incorrecta aplicación de la Ley, refuta un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige, para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al Vicio In Procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. III.- En Motivo no es de Recibo.- El Censor ha errado en el planteamiento del Motivo, expresa su desacuerdo con la valoración hecha por los Juzgadores de dos medios de prueba, trazando lo que a su parecer debieron de ser las conclusiones a que la instancia estaba obligada a arribar, más ello no es un alegato que compagine con el Motivo seleccionado, de hecho es antagónico puesto que por un lado se protesta que los juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo, es decir, que ésta no fue valorada en la sentencia; y por otro lado, se critica la forma en cómo fue valorada. Contrario a lo alegado por el Censor, la Sala de lo Penal ha constatado que el Tribunal de Sentencia no excluyó la prueba citada. El A-quo motivó descriptivamente el medio de prueba Dictamen Balístico Número 557-2009 (F. 100v.); y a continuación procedió a motivarlo intelectivamente (F. 101), expresando su parecer y dándole una calificación probatoria; igual acontece con el medio de prueba documental constancia extendida por el Señor J. F. M., Jefe del Registro Balístico Nacional de Armas de la entonces Dirección General de Investigación Criminal, prueba que fue descrita y valorada por los Juzgadores en la Sentencia (F. 102.), por lo que el Primer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma debe ser declarado sin lugar. VI.-SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 NUMERAL 3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- En su Segundo Motivo el Censor señala que se ha violentado el Principio Lógico de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente, por parte de los Juzgadores al momento de valorar los medios de prueba reproducidos en la audiencia de debate, puesto que de haber realizado un correcto proceso intelectivo hubiesen llegado a determinar la culpabilidad del Acusado y, por tanto, a emitir una Sentencia Condenatoria. El Censor para demostrar lo acertado de su aseveración, cita los medios de prueba testifical de los Señores W. E. M. C. y J. O. R. T.; además, relaciona la prueba documental consistente en el Dictamen Balístico Forense ratificado por el Perito J. B. O., agregando el análisis jurídico del tipo penal 332-A del Código Penal. II.- En Motivo no es de Recibo.- Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del Motivo, si bien señala concretamente que a su consideración se ha violentado el Principio Lógico de Derivación, ha quedado a deber el señalamiento y análisis de la Motivación en la Sentencia que juzga como violatoria. Téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la Sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las Reglas que componen la Sana Critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, puesto que no se trata de determinar cómo debió valorarse la prueba, sino que la valoración hecha y plasmada en la Sentencia que se impugna es carente de los principios que rigen el Recto Entendimiento Humano. Adicional a lo expresado, la Sala de lo Penal ha revisado la Fundamentación Probatoria de la Sentencia, sin advertir en ella la violación de la Sana Critica, sin que deba entenderse que dicho análisis se extiende a la correcta o incorrecta justicia de ésta valoración, sino únicamente sobre el razonamiento intelectivo desarrollado en torno a su evaluación, que es el único punto que es permitido auditar en casación. De este modo resalta: 1. En cuanto al arma tipo fusil, semi automático, marca Colt, modelo AR-15, calibre 2.23, serie SP142574, con mira telescópica y cuatro cargadores con capacidad para treinta proyectiles; es de considerar que el Tribunal de Sentencia dio por acreditado que dicha arma fue registrada por el Acusado en el Registro Balístico, según dio fe el Señor J. F. M. L., Jefe de esa unidad, en constancia extendida y relacionada a folio 102 por la Instancia. Esta arma de fuego, según señalan los Señores W. E. M. C., J. O. R. T. y E. A. O. P., fue encontrada en el vehículo marca Toyota, modelo Hilux 3.0, tipo pick up doble cabina, color gris, próximo a la palanca de cambio de velocidades, en el cual se conducía el Acusado en fecha 26 de enero del 2009, quien en ese momento no presentó el permiso de portación correspondiente, pero que de manera posterior hizo llegar, apreciable a folio 41 de la foliada judicial. El cuestionamiento respecto a esta arma que hizo el Ministerio Público fue en relación a la mira telescópica, señalando que su agregado al arma de fuego hace que esta sea de carácter ilícita, más el Tribunal de Sentencia consideró lo que señala el Artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que establece que las miras telescópicas son permitidas siempre que éstas sean usadas para la casería deportiva; entonces, habiendo otorgado el Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Seguridad, el permiso al Acusado para la tenencia y portación del arma de fuego tipo fusil; y además, al haber tenido acreditado los Juzgadores que la mira telescópica es de carácter comercial, cuya adquisición es lícita en el mercado, según explicó el Testigo L. E. M. (F. 101v), y según se determinó en el Dictamen Balístico rendido por el Perito V. M. M. M. (F. 102v), aquel cuestionamiento pierde valor. 2. En cuanto al arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, serie FAV525US, con sistema de disparo automático; El perito V. M. M. M., explicó que éste tipo de armas son distribuidas comercialmente bajo un sistema de disparo semiautomático, pero que es posible convertir a automático mediante una operación sencilla al cambiarle el pestillo sin necesidad de modificar su mecanismo interno; el pestillo es una pieza de metal que contiene el percutor y que empuja los cartuchos no percutidos hasta la recamara de ignición para después cerrarla y que puede ser adquirido en tiendas. Conforme al Artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, cualquier arma tipo automática está prohibida y es por ello que el Ministerio Público formuló reproche penal al Acusado, quien el día anterior a su detención (25 de enero del 2009), había realizado Contrato de Tradición adquiriendo por compra el arma de fuego según se constató con el documento de traspaso (F. 102), sin embargo, el Tribunal de Sentencia cuestionó el manejo del arma como evidencia del delito, señalando que los agentes de policía que realizaron la incautación, no conservaron el arma con el debido embalaje ni con la cadena de custodia respectiva (F. 101); y por tanto, cuestionaron si la conversión del mecanismo semiautomático a automático fue antes de su incautación o después. El Tribunal de Sentencia consideró que el mal manejo del caso por parte de la Autoridad Policial inició con aspectos tan básicos como el hecho de que el Acta de Lectura de Derechos (f. 6) da cuenta que éstos fueron informados al Acusado hasta el día 27 de Enero; y que ese mismo día se hizo constar la incautación de las armas de fuego AR-15 y Glock 17, 9 mm (F. 17 y 18), aun cuando la aprehensión y la incautación se realizaron materialmente el día anterior 26 de enero del 2009. Siendo entonces que no es posible reprochar al Acusado que el arma Glock 17, 9mm tenga mecanismo automático, resta entonces determinar lo concerniente al permiso de portación de ésta arma de fuego comercial que exige el Artículo 27 reformado de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares, dado que el Acusado M. A. R. S., portaba la misma sin dicho permiso, debiendo considerarse que el Tribunal de Sentencia dio plena credibilidad al documento de traspaso de propiedad que hace constar que el Acusado había comprado el arma un día antes, concediendo el Artículo 27-C de la Ley referida el termino de diez días para que las personas particulares informen a la autoridad sobre los traspasos que celebren de las armas de fuego, término que inicio a correr precisamente el día de la detención del acusado. La Sala de lo Penal quiere ser precisa en cuanto a que el término señalado en el Artículo 27-C, es para efectos de registro y no autoriza a los particulares para que durante ese tiempo porten el arma registrable, ya que ésta debe de estar bajo resguardo hasta obtener el permiso correspondiente después de la notificación del traspaso; sin embargo, el Tribunal de Sentencia dio credibilidad a los testimonios de los Señores H. Y. D. A. y R. A. P. R. (F. 101v), en cuanto a que al momento de la detención el Acusado y el vendedor del arma, el Señor D. J. T. E., se dirigían a probar la misma, lo cual es normal cuando se trata de probar el estado de funcionamiento del bien objeto de compraventa, por tanto, el Tribunal de la Instancia, determinó que la posesión del arma en ese momento era para esos efectos. El Censor en su libelo desarrolló argumentos tratando de explicar porqué no está de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, aportando lo que en su criterio debió ser ésta valoración; y además, agrega el análisis jurídico de las normas aplicables, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Por lo expuesto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo. V.-PETICIÓN DE CONDENA EN COSTAS AL MINISTERIO PÚBLICO POR PARTE DEL RECURRIDO, ABOGADO E. P. T., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO M. A. R. S.. El Defensor del Acusado, en su escrito de contestación del Recurso de Casación solicitó a este Tribunal de Casación condenar en costas al Ministerio Público, por considerar que la acción penal interpuesta por éste ha sido injustificada, petición que es improcedente, debido a que el Recurso venido a conocimiento de este Tribunal es el interpuesto por el Ministerio Público, cuyo contenido determina la competencia de la Única Instancia conforme lo determina el Artículo 350 del Código Procesal Penal, sin que le sea permitido a la Sala de lo Penal extender su pronunciamiento sobre aspectos que no han sido planteados por el Recurrente en su escrito de Exposición de Motivos del Recurso; y porque, además, considera este Tribunal de Casación que no procede la condena en Costas al Ministerio Público, ello por prohibición expresa de los artículos 61 numeral 7, 66 y 219 numeral 4 del Código Procesal Civil; y porque aún sin esa prohibición, el Ministerio Público tuvo razón fundada para presentar el mismo. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 362 del Código Procesal Penal, FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por Ministerio Público. SEGUNDO: Declarando firme y ejecutable la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento Comayagua, de fecha siete (07) de Septiembre del año dos mil Diez (2010). TERCERO: Declarando SIN lugar la solicitud del Abogado E. P. T., Apoderado Defensor del Acusado M. A. R. S., de condenar en costas al Ministerio Público. Y MANDA.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta Sentencia, para los efectos legales correspondientes. MAGISTRADO PONENTE: ZUNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO .- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.- ”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.89=2011.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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