Sentencia CP-85-12 — Registro 2600
Resumen
Se absolvió al imputado por el delito de abuso de autoridad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general al respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el sentenciador, siendo que los mismos para efecto de este tipio de remedios impugnados deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo, como una excepción a la regla general, el legislador a incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador.- este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues el fallo absolutorio dictado a favor del imputado y que fue recurrido por este ente acusador, obedece al hecho, de que el juzgador aprecio erróneamente un acto o documento autentico relevante dentro del proceso, como es la resolución 088-94, del 15 de Marzo de 1994, la que contiene la expropiación efectuada al ciudadano S. A. M., misma que fue emitida por el señor U. A., en su condición de Director del Instituto Nacional Agrario, careciendo esta de motivación, pues no establece la razón por la cual expropia al señor A. de su propiedad, a pesar de ser esta de naturaleza privada tal y como lo establece la referida resolución, aspecto que no ha sido considerado por EL Tribunal y que lo ha llevado a afirmar equivocadamente que el encausado ha actuado amparado en la Ley de Reforma Agraria, que autoriza al estado a través del Director del Instituto Nacional Agrario a expropiar tierras de naturaleza privada; al igual que la inspección judicial realizada al expediente No. 15592-1662-1671, que el Ad quem ha utilizado como parte de su motivación y donde aduce que el ciudadano S. A. no hizo uso de la vía de Amparo. (Ver folios 56 y 57) Coadyuvado con la valía probatoria del acto autentico precitado, se encuentran otros elementos de prueba que vienen a corroborar que el Director del Instituto Nacional Agrario, emitió una decisión contraria a la ley, pues vulneró el artículo 37 de la Ley de Reforma Agraria, el cual instituye lo siguiente: “No serán expropiables, los predios rústicos que estén destinados a fines de enseñanza, fomento o experimentación agrícola, ganadora o forestal……”, en virtud que afecto tierras de propiedad privada sin tomar en consideración la utilidad que prestaba al señor S. A. A., pues se evidencia de la prueba documental y testifical que los bienes inmuebles expropiados son de naturaleza privada y que los mismos eran destinados para el rubro ganadero según se desprende del catalogo vertida, misma que describimos a continuación: a) El fallo arbitral que corre agregado a folio 34 al 37, de los autos, establece que examinaron las relaciones de medida y cada uno de los mojones a efecto de establecer la verdadera línea que sirve de limites a los terrenos ejidos de Punuare y el privado Punuare Arriba, ubicando los sitios el Ciénego y la Montañuela, dentro del predio privado de San Francisco de Punuare por Arriba, que aparecen descritos en el testimonio con el que se tiene debidamente acreditada la propiedad del señor S. A. A.; b) Declaración del señor R. A. N., ver folio (222) el cual indicó en el momento de su deposición judicial, que el ofendido se dedica a la ganadería y siempre trabajando sus tierras y los campesinos le invadieron las propiedades, provocando que el señor A. hiciera diligencias legales ante el Instituto Nacional de Agrario, no resolviéndole sabiendo que eran de propiedad privada. c) Declaración del señor J. B. M., ver folio (223) quien manifestó de igual manera, que el señor S. A. A., es ganadero y productor de granos básicos y él le compró parte de su ganado porque sus tierras quedaron reducidas y el pasto era insuficiente para mantener todo el ganado. d) Declaración del señor R. A. M. Ver folio (224) quien estableció en su declaración, que el Gerente de la Empacadora de Carne de Olancho, y que el señor S. A., mantenía relaciones comerciales con l empresa a través de la venta y engorde del ganado y que a raíz de la expropiación que efectuara el Instituto Nacional Agrario a sus tierras, dejó de mantener dicha relación de comercio. Podemos concluir entonces, que el acto o documento autentico que constituye prueba de valor decisivo y al cual se ha hecho referencia en el numeral primero del presente escrito de formalización, aunado al resto de elementos probatorios evidencian de manera clara que en el presente caso concurre plena prueba de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD e indicio racional que el procesado U. A. I. es el autor del mismo, como se desprende de la documentación que corre agregada al expediente y que ha sido mencionada en el desarrollo de este recurso, con lo que se evidencia que se infringió el artículo37 de la Ley de Reforma Agraria, extremo que se ve reflejado en el acto o documento auténtico cuya valoración se cuestiona, en vista que el Director del Instituto Nacional Agrario, se vio imposibilitado de motivar esta resolución al carácter de fundamento jurídico para tal efecto, ya que el precepto legal precitado, exige que el funcionario que expropia un predio rustico tome en consideración las excepciones que comprende el mismo, entre las que se encuentra que se trate de terrenos con fines ganaderos; sin embargo esta circunstancia no la estima el juzgador al valor el contenido de la resolución 088-94 que dio lugar al delito que se juzga, desconociendo que el procesado actuó en abierta violación al artículo 321 de la Constitución de la República que establece que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad. Asi mismo con la inspección judicial que obra a folios 56 y 57, el juzgador tiene por acreditado que el señor S. A. no hizo uso de la vía de Amparo para impugnar la resolución emitida por el imputado a través de la cual le expropia sus terrenos, sino que al apreciar su contenido arriba a la errada conclusión, que el hecho de no haber agotado la via administrativa ante El Consejo Nacional Agrario vuelve valida una resolución proferida en violación a la Ley Agraria. Una vez abordado el extremo supraindicado, efectuaremos un análisis de la actuación del encausado en el ilícito penal objeto de juzgamiento de la manera que se expone a continuación: La conducta del procesado se encuentra enmarcada en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que establece lo siguiente: “Será castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena: 1)……2) El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones y órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En el aso objeto de estudio este proceso legal se infringe, ya que el imputado era un funcionario público, que en virtud de su cargo como Director del Instituto Nacional Agrario, emitió la resolución 088-94, a través del cual expropio tierras de naturaleza privada, siendo estas propiedad del señor S. A. M., en abierta contravención a Ley de reforma Agraria, ya que si bien es cierto el articulo 135 literal b), le otorga dicha facultad, la misma no es absoluta, en virtud que el artículo 37 ya citado, indica que tierras privadas son inafectables, y en caso subjudice dichas predios se encontraban en una de esas imposibilidades como lo es, que las tierras rusticas se encontraban destinadas para fines ganaderos. La inferencia anterior tiene como asidero no solo el enmarcamiento de la conducta del enjuiciado en los elementos objetivos del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, sino también en los elementos subjetivos que exige dicha figura delictiva, esto es lo relativo al elemento dolo que es consustancial con dichos requerimientos típicos, pues el encausado desde el momento que emitió la supra referida resolución se percato que tal decisión era contraria a la ley. de lo anterior estima el Ministerio Público, que las resoluciones proferidas tanto por el A quo como por el A quem vulneran el principio de legalidad contenido en el articulo 321 Constitucional que establece: “ Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, pues al resolver absolviendo al imputado, han ignorado la norma de mayor jerarquía, lo que constituye un claro atropello al principio en referencia, todo ello producto de una errónea valoración de los actos o documentos auténticos que han sido allegados al juicio por este ente acusador y que como venimos señalando lo llevan a adoptar una decisión final equivocada.” CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha veintisiete de Marzo de dos mil doce, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del recurrente y se omitió el traslado de los autos al Fiscal del despacho por ser éste el recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión de el recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente viene invocando como motivo de Casación por infracción de Ley, “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho, por violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba” señalando como precepto autorizante el artículo 412 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, en el escrito en que se interponga el recurso de casación, se consignarán, en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad, sus fundamentos y se citarán el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas. CONSIDERANDO: Que examinado el libelo del impetrante, se observa que el motivo de casación expuesto (“Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho, por violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba”)no presenta la concisión y claridad que exige el recurso de casación en virtud de que, pese a que se cita el artículo 412 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal que se refiere a “cuando en la apreciación de las pruebas ha habido errores de hecho, si ésto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuados por otras pruebas”, el motivo ha sido enunciado en forma incompleta al referir nada mas el error de hecho asociado a la violación de las reglas de la sana crítica y estas últimas conforman un motivo de casación en la forma y no en el fondo, conforme al nuevo Código Procesal Penal que no es de aplicación para resolver este recurso, consecuentemente, por la forma en que fue planteado, constituye una causa distinta de las enumeradas en artículo 412 del Código de Procedimientos Penales y al mismo tiempo, no se han observado los requisitos que la ley exige para su interposición, esto es la concisión y claridad en el mismo, por lo tanto concurren las dos causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 413 del Código de Procedimientos Penales..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SP 85-2012
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C. cuatro de Febrero del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante ésta Corte Suprema de Justicia en fecha veintisiete de Marzo de dos mil doce, por la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación al Proceso instruido presentado en fecha veintiséis de febrero de dos mil uno, por el señor S. A. A. M., conocido también como S. A. M., mayor de edad, casado, agricultor y ganadero, hondureño y vecino de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, y posterior acusación presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público en fecha diecisiete de julio de dos mil uno, contra el señor U. A. I., mayor de edad, soltero, Licenciado en Derecho, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, que Confirmó la Sentencia de fecha veintinueve de octubre de de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; Departamento de Francisco Morazán, la cual “FALLA: ABSOLVIENDO de toda responsabilidad penal al encausado U. A. I. de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, no aceptó el hecho declarado como probado por no ser claro y preciso y lo redactó de la siguiente manera: “UNICO: Que el señor U. A. I. Director Nacional del Instituto Nacional Agrario mediante resolución 088-94 de fecha quince de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, expropió al señor S. A. A. M., previa solicitud de adjudicación de dichos terrenos de la EMPRES ASOCIATIVA LA MONTAÑUELA, llenando los requisitos exigidos para esa clase de actos”. CONSIDERANDO: Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, compareció ante ésta Corte Suprema de Justicia la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizando su recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho. Por Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general al respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el sentenciador, siendo que los mismos para efecto de este tipio de remedios impugnados deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo, como una excepción a la regla general, el legislador a incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba, si este parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador.- este es el caso que precisamente hoy nos ocupa, pues el fallo absolutorio dictado a favor del imputado y que fue recurrido por este ente acusador, obedece al hecho, de que el juzgador aprecio erróneamente un acto o documento autentico relevante dentro del proceso, como es la resolución 088-94, del 15 de Marzo de 1994, la que contiene la expropiación efectuada al ciudadano S. A. M., misma que fue emitida por el señor U. A., en su condición de Director del Instituto Nacional Agrario, careciendo esta de motivación, pues no establece la razón por la cual expropia al señor A. de su propiedad, a pesar de ser esta de naturaleza privada tal y como lo establece la referida resolución, aspecto que no ha sido considerado por EL Tribunal y que lo ha llevado a afirmar equivocadamente que el encausado ha actuado amparado en la Ley de Reforma Agraria, que autoriza al estado a través del Director del Instituto Nacional Agrario a expropiar tierras de naturaleza privada; al igual que la inspección judicial realizada al expediente No. 15592-1662-1671, que el Ad quem ha utilizado como parte de su motivación y donde aduce que el ciudadano S. A. no hizo uso de la vía de Amparo. (Ver folios 56 y 57) Coadyuvado con la valía probatoria del acto autentico precitado, se encuentran otros elementos de prueba que vienen a corroborar que el Director del Instituto Nacional Agrario, emitió una decisión contraria a la ley, pues vulneró el artículo 37 de la Ley de Reforma Agraria, el cual instituye lo siguiente: “No serán expropiables, los predios rústicos que estén destinados a fines de enseñanza, fomento o experimentación agrícola, ganadora o forestal……”, en virtud que afecto tierras de propiedad privada sin tomar en consideración la utilidad que prestaba al señor S. A. A., pues se evidencia de la prueba documental y testifical que los bienes inmuebles expropiados son de naturaleza privada y que los mismos eran destinados para el rubro ganadero según se desprende del catalogo vertida, misma que describimos a continuación: a) El fallo arbitral que corre agregado a folio 34 al 37, de los autos, establece que examinaron las relaciones de medida y cada uno de los mojones a efecto de establecer la verdadera línea que sirve de limites a los terrenos ejidos de Punuare y el privado Punuare Arriba, ubicando los sitios el Ciénego y la Montañuela, dentro del predio privado de San Francisco de Punuare por Arriba, que aparecen descritos en el testimonio con el que se tiene debidamente acreditada la propiedad del señor S. A. A.; b) Declaración del señor R. A. N., ver folio (222) el cual indicó en el momento de su deposición judicial, que el ofendido se dedica a la ganadería y siempre trabajando sus tierras y los campesinos le invadieron las propiedades, provocando que el señor A. hiciera diligencias legales ante el Instituto Nacional de Agrario, no resolviéndole sabiendo que eran de propiedad privada. c) Declaración del señor J. B. M., ver folio (223) quien manifestó de igual manera, que el señor S. A. A., es ganadero y productor de granos básicos y él le compró parte de su ganado porque sus tierras quedaron reducidas y el pasto era insuficiente para mantener todo el ganado. d) Declaración del señor R. A. M. Ver folio (224) quien estableció en su declaración, que el Gerente de la Empacadora de Carne de Olancho, y que el señor S. A., mantenía relaciones comerciales con l empresa a través de la venta y engorde del ganado y que a raíz de la expropiación que efectuara el Instituto Nacional Agrario a sus tierras, dejó de mantener dicha relación de comercio. Podemos concluir entonces, que el acto o documento autentico que constituye prueba de valor decisivo y al cual se ha hecho referencia en el numeral primero del presente escrito de formalización, aunado al resto de elementos probatorios evidencian de manera clara que en el presente caso concurre plena prueba de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD e indicio racional que el procesado U. A. I. es el autor del mismo, como se desprende de la documentación que corre agregada al expediente y que ha sido mencionada en el desarrollo de este recurso, con lo que se evidencia que se infringió el artículo37 de la Ley de Reforma Agraria, extremo que se ve reflejado en el acto o documento auténtico cuya valoración se cuestiona, en vista que el Director del Instituto Nacional Agrario, se vio imposibilitado de motivar esta resolución al carácter de fundamento jurídico para tal efecto, ya que el precepto legal precitado, exige que el funcionario que expropia un predio rustico tome en consideración las excepciones que comprende el mismo, entre las que se encuentra que se trate de terrenos con fines ganaderos; sin embargo esta circunstancia no la estima el juzgador al valor el contenido de la resolución 088-94 que dio lugar al delito que se juzga, desconociendo que el procesado actuó en abierta violación al artículo 321 de la Constitución de la República que establece que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad. Asi mismo con la inspección judicial que obra a folios 56 y 57, el juzgador tiene por acreditado que el señor S. A. no hizo uso de la vía de Amparo para impugnar la resolución emitida por el imputado a través de la cual le expropia sus terrenos, sino que al apreciar su contenido arriba a la errada conclusión, que el hecho de no haber agotado la via administrativa ante El Consejo Nacional Agrario vuelve valida una resolución proferida en violación a la Ley Agraria. Una vez abordado el extremo supraindicado, efectuaremos un análisis de la actuación del encausado en el ilícito penal objeto de juzgamiento de la manera que se expone a continuación: La conducta del procesado se encuentra enmarcada en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que establece lo siguiente: “Será castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena: 1)……2) El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones y órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En el aso objeto de estudio este proceso legal se infringe, ya que el imputado era un funcionario público, que en virtud de su cargo como Director del Instituto Nacional Agrario, emitió la resolución 088-94, a través del cual expropio tierras de naturaleza privada, siendo estas propiedad del señor S. A. M., en abierta contravención a Ley de reforma Agraria, ya que si bien es cierto el articulo 135 literal b), le otorga dicha facultad, la misma no es absoluta, en virtud que el artículo 37 ya citado, indica que tierras privadas son inafectables, y en caso subjudice dichas predios se encontraban en una de esas imposibilidades como lo es, que las tierras rusticas se encontraban destinadas para fines ganaderos. La inferencia anterior tiene como asidero no solo el enmarcamiento de la conducta del enjuiciado en los elementos objetivos del tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, sino también en los elementos subjetivos que exige dicha figura delictiva, esto es lo relativo al elemento dolo que es consustancial con dichos requerimientos típicos, pues el encausado desde el momento que emitió la supra referida resolución se percato que tal decisión era contraria a la ley. de lo anterior estima el Ministerio Público, que las resoluciones proferidas tanto por el A quo como por el A quem vulneran el principio de legalidad contenido en el articulo 321 Constitucional que establece: “ Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, pues al resolver absolviendo al imputado, han ignorado la norma de mayor jerarquía, lo que constituye un claro atropello al principio en referencia, todo ello producto de una errónea valoración de los actos o documentos auténticos que han sido allegados al juicio por este ente acusador y que como venimos señalando lo llevan a adoptar una decisión final equivocada.” CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha veintisiete de Marzo de dos mil doce, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del recurrente y se omitió el traslado de los autos al Fiscal del despacho por ser éste el recurrente. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión de el recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente viene invocando como motivo de Casación por infracción de Ley, “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho, por violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba” señalando como precepto autorizante el artículo 412 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, en el escrito en que se interponga el recurso de casación, se consignarán, en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad, sus fundamentos y se citarán el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas. CONSIDERANDO: Que examinado el libelo del impetrante, se observa que el motivo de casación expuesto (“Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de Hecho, por violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba”)no presenta la concisión y claridad que exige el recurso de casación en virtud de que, pese a que se cita el artículo 412 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal que se refiere a “cuando en la apreciación de las pruebas ha habido errores de hecho, si ésto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuados por otras pruebas”, el motivo ha sido enunciado en forma incompleta al referir nada mas el error de hecho asociado a la violación de las reglas de la sana crítica y estas últimas conforman un motivo de casación en la forma y no en el fondo, conforme al nuevo Código Procesal Penal que no es de aplicación para resolver este recurso, consecuentemente, por la forma en que fue planteado, constituye una causa distinta de las enumeradas en artículo 412 del Código de Procedimientos Penales y al mismo tiempo, no se han observado los requisitos que la ley exige para su interposición, esto es la concisión y claridad en el mismo, por lo tanto concurren las dos causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 413 del Código de Procedimientos Penales. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 413, 414, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar SIN LUGAR la Admisión del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Primer Motivo, interpuesto por el Ministerio Público, en la causa que se sigue en contra el señor U. A. I. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, en consecuencia, confirma la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; Y MANDA: Que con certificación de la sentencia se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.-RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”.
Extendida a solicitud de la Abogada KARLA MARIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-85-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL