Sentencia CP-80-13 — Registro 3211
Resumen
En primer instancia se absolvió a la imputada por el delito de lavado de activos y se condenó por posesión ilegal de arma de fuego.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- III.__ El Proceso Penal está conformado por una serie de actos realizados por los sujetos y partes en el procedimiento, mismo que desemboca normalmente concluye con una sentencia en la que el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino también para la sustanciación del procedimiento penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la misma, entonces se produce una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar o verificar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración.- IV.El Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal que declare inválida la sentencia que se impugna, porque a su criterio los Juzgadores han valorado los medios de prueba en divorcio con las reglas de la sana crítica y como consecuencia han proferido un fallo contrario a la ley; explica que el Principio Lógico de Derivación, en su postulado de Razón Suficiente, fue violentado debido a que: 1).- Los Juzgadores señalan que las declaraciones de los testigos de cargo no tienen valor probatorio en cuanto a lo relacionado con el delito de lavado de activos, desconociendo que de ellos se extrae la información que fueron encontrados $ 26,516.00 y Lps. 1,094,003, en el cielo falso de la vivienda de la acusada; 2).- Indica el Censor que el dinero encontrado no proviene de las utilidades de la Ferretería J.; que esta no se encontraba funcionando al momento del hallazgo, además que la misma no presentaba declaraciones de impuestos y de ello se colige que no era rentable; 3).- Los Juzgadores señalaron que el peritaje patrimonial reflejaba la verdad pero que no era útil en orden a fundar una sentencia de condena por basarse en información incompleta, lo que a juicio del Censor es, en tanto que las fuentes de información del peritaje lo fueron la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la Unidad de Información Financiera y la propia documentación proporcionada por la Defensa; 4).- El Tribunal de Sentencia indica que la prueba documental presentada por la defensa acredita la procedencia legal del dinero incautado, afirmación que el Censor califica como errónea, indicando que tal documentación fue analizada por el Perito Financiero concluyendo que con la misma no se logró acreditar el origen lícito de los activos incautados.- V.Para la resolución del caso bajo examen es pertinente hacer un esbozo de los aspectos que el Juez debe considerar al momento de valorar el medio de de prueba pericial.- 1.- Habrá necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general (Art. 239.1 del CPP) .La Pericia se presentará siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentren dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez(a), permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido; - 2).- EL PERITO: A).- Concepto: El Perito adquiere noticia de los hechos una vez ocurridos éstos, por encargo de autoridad competente, quien le requiere por sus conocimientos especiales en una ciencia, disciplina, arte u oficio, para poder hacer un análisis y explicarlo en el estrado judicial.- Siempre que se estudia al Perito, es importante tener presente las marcadas diferencias que existen entre éste y el Testigo Técnico (Conocido también como Testigo-Perito o Testigo Especializado) y entre el Perito y el Consultor Técnico: a).- El Testigo Técnico: Es un Medio de Prueba diferente al Peritaje, que tiene como Sujeto a aquella persona que accidentalmente percibe a través de sus sentidos un hecho de interés para el proceso penal, los que comunica apoyándose en los conocimientos especiales que posee en una ciencia, arte, disciplina u oficio (Al respecto ver el art. 303 del Código Procesal Civil); así pues el Médico General que se encuentra de guardia en una clínica, el contador que realiza auditoría en la empresa donde trabaja, el Ingeniero Civil que inspecciona la construcción de un puente, pueden enterarse de hechos delictivos en su diario vivir, narrándolos y explicándolos en el estrado judicial con auxilio de su experticia, debiendo ser considerados testigos y nunca peritos (Art. 240 último párrafo y 241.3 del CPP). b).- Consultor Técnico: No es un medio de prueba, es un auxiliar de una de las partes litigantes, quien viéndose en desventaja por su falta de conocimiento en una ciencia, disciplina, arte u oficio, se hace acompañar por una persona diestra en ellos, a efectos de que le supla en el interrogatorio y en la formulación de conclusiones que requiera hacer sobre un medio de prueba pericial (Art. 124 del CPP); la participación del Consultor Técnico deberá ser autorizada por el Juzgado o Tribunal, quien exigirá como único requisito que la persona nominada como consultor técnico tenga experticia en el mismo campo de conocimiento sobre el que versará el medio de prueba pericial.- El proceso de acreditación del Consultor Técnico se encuentra establecido en el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (Gaceta No. 30,577 del 27/11/2004).- B).- Autoridad encargada de la Designación del Perito: La persona del perito, como ya se indica, adquiere conocimiento de los hechos como consecuencia del llamamiento que le hace la autoridad competente. La autoridad competente en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 del CPP) es el Ministerio Público y/o la Dirección General de Investigación Criminal y, cuando haga sus veces, la Policía Nacional Preventiva (Art. 273.3 y 281 del CPP); sin embargo, cuando la práctica de la pericia limite o restringa un derecho constitucional, sin importar el estado de las investigaciones, deberá ser autorizada por autoridad judicial, a quien le corresponderá la designación del perito. Una vez presentado el requerimiento fiscal, la autoridad competente para hacer la designación del perito es el Juzgado o Tribunal, a propuesta de la parte interesada y con conocimiento de la parte contraria (Art. 242 del CPP). C).- Capacidad del Perito: Para su designación, la autoridad competente elegirá a la persona más idónea que, conforme al hecho, persona o cosa objeto de estudio, pueda atender el requerimiento, partiendo de que aquel cuente con título habilitante si se tratase de una profesión reglada, o en su caso con diplomas o constancia que revelen sus conocimientos especiales, además de la experiencia que tenga sobre el campo y, alternativamente, que tenga amplios conocimientos en la ciencia, arte, disciplina u oficio de que se trate el estudio, además de que no tenga ninguna de las inhabilidades que prevé la ley (Arts. 241 y 243 del CPP) que prevé la ley.- Para la acreditación de la calidad de experto del Perito se deberá observar lo señalado en el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (Gaceta No. 30,577 del 27/11/2004).- 3).- EL MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: La presentación del Dictamen Pericial en la audiencia de debate es la culminación de todo un proceso, que inicia desde que se reconoce la necesidad de la intervención de una persona experta en una ciencia, arte, disciplina u oficio. De este modo, la pericia desde un punto de vista dinámico es un proceso complejo que se desarrolla en dos etapas fundamentales: A) Designación de Perito: La designación deberá realizarla la autoridad competente y deberá recaer en la persona idónea para realizar la pericia.- La oposición a la designación de una persona como perito se realizará: i. EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, la práctica de pericias muchas veces por objeto averiguar la existencia de un delito y/o identificar a la persona responsable, por tanto no es posible en estos casos notificar de manera previa la designación del perito a la persona que posteriormente figurará como imputado(a) en el proceso Penal, precisamente porque se desconoce si habrá proceso penal y quien será la persona imputada, por ello la oposición a la persona del perito solo podrá realizarse cuando el dictamen, ordenado en la Investigación Preliminar, sea propuesto como medio de prueba en el proceso penal que se conozca posteriormente; la Parte interesada podrá oponerse al perito por considerar que se encuentra en una de las causales que lo inhabilitan, lo que no impedirá que la pericia pueda realizarse con una persona que pueda ser designada como tal y que no se encuentre incursa en ninguna de las inhabilidades señaladas en la Ley.- ii. DURANTE EL PROCESO PENAL, la parte interesada podrá oponerse a la designación de una persona como perito, previo a que ésta realice el estudio correspondiente, ya sea al momento de que sea llamada para juramentación si se tratase de un Perito No Oficial (Art. 243 del CPP) o al momento en que sea designado por el Juzgado o Tribunal si se tratase de un Perito Oficial (vid. Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal[2]), debiéndose proponer una persona diferente para la tarea.- B).- Objeto de la Pericia: La autoridad competente deberá señalarle al Perito, de manera clara y precisa, el objeto de la pericia, eligiendo entre señalar el estudio de un objeto o hecho en todas sus aristas, formulándole cuestionario de las interrogantes que debe responder con su análisis o solicitándole la práctica de un procedimiento científico o técnico específico; el Perito deberá indicar los instrumentos o materiales que necesite para realizar su tarea, diferenciando aquellos que estén a su alcance de los que no lo estén, el tiempo que le tomará, el lugar donde realizará su labor y los obstáculos o impedimentos que a su juicio pudieran presentarse; de tal manera que el Órgano Jurisdiccional, previo a escuchar a las partes, pueda ordenar lo conducente (Art. 247 del CPP). El Perito deberá permitir que la parte que así lo requiera, pueda presenciar el desarrollo de la pericia, pudiendo incluso ser representada por un Consultor Técnico, salvo que el Perito dé razón justificada de que su presencia carezca de utilidad procesal o pueda poner en peligro el éxito de aquella, lo cual resolverá el Órgano Jurisdiccional (Art. 242 último párrafo del CPP).- D).- Análisis Pericial: El Perito, aplicando los principios de su ciencia, disciplina, arte u oficio, realizará la labor encomendada, debiendo tomar nota de cualquier observación que le formulen las partes que presencien la misma.- E).- Dictamen Pericial: en la etapa preparatoria, el informe pericial se rendirá por escrito, sin perjuicio de que el perito pueda ser requerido para aclararlo o completarlo personalmente o también por escrito. En el juicio, el informe parcial se rendirá verbalmente, sin perjuicio de que, previa o simultáneamente, el perito acompañe su informe por escrito (Art. 245 del CPP); su formato dependerá del tipo de estudio realizado, más cualquiera que sea su naturaleza, deberán de contener[3]: i. Datos Generales, como ser lugar y fecha de la elaboración del dictamen, Nombre y Especialidad del Perito, Autoridad que le nombró, lugar y fecha del estudio realizado, datos de identificación del caso de investigación o judicial de que se trate, nombre de cualquier otra persona que haya intervenido así como su papel en el análisis realizado, y demás datos generales que sean necesarios; ii. Descripción de la persona, objeto o hechos examinados, indicando el origen y condición en que se encontraron, sobre todo cuando exista la posibilidad de que éstos puedan sufrir alteraciones o destrucción como consecuencia del estudio; iii. Descripción detallada del método utilizado y/o pruebas practicadas, su práctica y resultado, con la respectiva fecha de realización, así como las observaciones aportadas por las partes o sus consultores técnicos; iv. Una Debida Motivación o Fundamentación, explicando el porqué de los fenómenos identificados o de los resultados obtenidos y que sirva de puente entre las operaciones realizadas y las conclusiones a las que se arriban; v. Conclusiones de la actividad realizada, en donde el Perito dará a conocer sus valoraciones finales, dando respuesta específica a las cuestiones que le fueron sometidas a su consideración.- 4).- VALORACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: El Órgano Jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto comporta que el Juez no está vinculado a la opinión del perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. La Pericia, al igual que todo medio de prueba, debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del CPP), pudiendo ser aceptada o en su caso descalificada cuando infrinja los principios de la lógica, las máximas de la experiencia común o las reglas de la psicología; ello implica que el Juez (a) no prescindirá del medio de prueba pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él. De este modo habrá lugar a la descalificación de la opinión del perito cuando se constaten irregularidades en las operaciones periciales, la ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc.[4]; Por ende los criterios para valorar del medio probatorio pericial pueden ser Intrínsecos o Extrínsecos a él: A).- Aspectos Intrínsecos: i. EL PERITO: Se valora en el perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, teniendo en cuenta los estudios realizados y además, en algunos casos, la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro factor a ponderar es la experiencia del Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por sus colegas; además se valora igualmente la objetividad del perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. - EL PERITAJE: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de la verdad. En este proceso el Perito deberá seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficio dictan para el correcto estudio o análisis. iii.- El Dictamen: Es la obra del Perito, que como mínimo debe incluir: Bases fácticas de las que parte, cuando se trata del examen de personas, esta base fáctica se recoge en la Historia Médico Legal; identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; iv. Cita de los Principios observados y de las pruebas practicadas; Conclusiones, en donde exponga los resultados obtenidos, interpretados por el perito en base a su experticia; el Perito en sus conclusiones deberá indicarle al Tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados.- Es importante apuntar que el Perito debe limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgando el caso en concreto.- En general, las pautas de valoración del medio de prueba pericial nos señalan que se debe considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o impreciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc..- La aspiración del Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, y que éste haga suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos.- B).- Aspectos Extrínsecos: el Juez dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un ámbito más restringido, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza.- Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba pericial en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso.- Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe valorarse a la luz de las reglas de la sana crítica, considerando si la opinión del perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial.- VI. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso es de Recibo.- La Sala de lo Penal, si bien no concuerda en todos los puntos que ha traído a discusión el Censor en su Recurso, del análisis del caso ha llegado a la conclusión de que los Juzgadores sustentan su fallo en una motivación que desconoce las reglas de la sana crítica, en especial aquella a que se refiere el medio de prueba pericial.- En respuesta a lo planteado por el Censor, la Sala de lo Penal hace las siguientes acotaciones: 1).- Los Testigos y agentes de investigación E. D. O. L. y J. D. U. G., realizaron el registro autorizado en la casa de la acusada encontrando ocultas las cantidades de $ 26,516.00 y Lps. 1,094,003, en el cielo falso de la segunda planta de la vivienda habitada por la acusada; Los Juzgadores al valorar sus testimonios indicaron que eran creíbles pero que no tienen la eficacia de convencimiento que permita acreditar el delito de de Lavado de Activos que se atribuye a la encartada (F. 4505 v.) arguyendo que dicho dinero era producto de transacciones lícitas.- Con éste razonamiento los Juzgadores llegan al convencimiento de que el dinero efectivamente fue encontrado, tanto en la cantidad descrita como en el lugar señalado, pero descartan que se haya acreditado la comisión de un delito de lavado de activo por considerar que mediante la prueba de descargo se acreditó que existe una justificación económica legal de su procedencia. 2).- El Censor, siguiendo lo señalado por el Perito M. Á. C. A., en su Dictamen de Patrimonio Familiar y Financiero (F. 4446 y ss), menciona como punto importante de su argumento recursivo, que la Ferretería J. no era rentable, deducido así porque ésta no había enterado al fisco ninguna cantidad de dinero en concepto de impuestos desde el año 2006, hasta el 2010, excepto en el año 2008, y que por tanto al no ser rentable no existe justificación económica de que la Señora Z. A. R., haya podido manejar una cuenta de Cheques en Banhcafe con débitos en 2006 por la cifra de 18,376,830.39, en 2007 de L. 21,768,775.96, en 2008 de L. 17,570,098.68, en 2009 de L. 5,941,429.25, y en los dos primeros meses del año 2010 de L. 498,914.99, todo ello sumado al dinero que en efectivo fue encontrado en casa de la acusada.- En el caso bajo examen se imputa a la Señora Z. A. R., la posesión de activos que no tienen justificación económica o legal, activos consistente en dinero que administraba a través de la cuenta de Cheques en el Banco Banhcafe No. 13604000192 y dinero en efectivo encontrado en su casa de habitación; esta Sala considera de que el hecho de que la Ferretería J. haya o no haya honrado sus obligaciones fiscales no es concluyente para estimar acreditado que las cantidades de dinero mencionadas no tengan una justificación económica legal de su procedencia, en tanto que no se puede deducir que por el hecho de no pagar impuesto el negocio no era rentable, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que si fuese rentable pero que sus administradores hayan decidido no pagar impuestos para obtener mayores ganancias.- Lo que sí es relevante y punto a dilucidar es si existe justificación, económica y legal, para la existencia de dichos activos en manos de la Señora Z. R., y particularmente si éstos tiene su origen en la actividad mercantil de la Ferretería J., como única actividad económica que ésta realizaba.-3).- El Censor afirma que, haciendo una deducción carente de razón suficiente, los Juzgadores concluyeron que el medio de prueba pericial no podía ser valorado para sustentar la hipótesis acusatoria.- El Medio de Prueba Pericial fue presentado por el perito M. Á. C. A. al debate, concluyendo los Juzgadores que la información que en él se relaciona ESTÁ APEGADA A LA VERDAD (f. 4506), de este modo el demérito encontrado por el Tribunal de Instancia no ha recaído en la persona del perito, tampoco en la documentación que sirvió como base del examen, tampoco ha sido la técnica usada para el análisis financiero, sino que en los siguientes dos puntos: Primero: indican los Juzgadores que no se le proporcionó al perito la totalidad de la información financiera de la acusada y segundo que el perito en sus conclusiones no fue objetivo al extralimitarse en la tarea encomendada (F. 4506 vuelto y 4507), al respecto el Tribunal de Casación estima lo siguiente: i.-Según los Juzgadores el Perito no contó con toda la información financiera requerida para hacer un estudio más integral y global de los activos y pasivos de la acusada y arribar a una conclusión más confiable, sin embargo el Tribunal de instancia no señala a que información financiera se refiere, dejando al lector de la sentencia en un espacio oscuro y vacío y por tanto frente a un razonamiento inconcluso. Los Juzgadores en su sentencia se limitan a señalar que el perito no contó con toda la información financiera, sin señalar a que información se refiere y como esta puede demeritar las conclusiones del Perito.- Es de considerar que de la lectura de los antecedentes se desprende que durante el Debate se le facilitó al perito C. A. la documentación que la Defensa Privada presentó como medio de prueba (F. 4466 vuelto) y que ésta documentación fue analizada por el Perito sumándola a la que ya contaba para rendir posteriormente su peritaje en el debate, información que al final fue calificada por los Juzgadores como correcta (F. 4480 v.).- Por otro lado la Sala de lo Penal no encuentra fundamento de que esa información faltante se trate de la que contiene documentación relativa a varios bienes inmuebles inscritos a favor de la acusada, lo que fue cuestionado por la Defensa Privada al perito M. Á. C. A. durante el debate (F. 4482). El Tribunal de Sentencia indica que en los años 2005, 2006 y 2008 el Señor B. J. adquirió, mediante compra-venta, bienes inmuebles en el Municipio de El Progreso que pasaron por sucesión hereditaria a propiedad de la acusada Z. R., quien por su parte ya en el año 2004 había adquirido un bien inmueble por compra-venta en el mismo lugar (F. 4512), bienes inmuebles que no justifican del manejo del flujo de metálico en la cuenta del Banco Bancahfe por parte de la acusada o del dinero en efectivo que le fue encontrado en su casa (F. 4513), puesto que no se acreditó que alguno de estos bienes inmuebles produjeran algún tipo de renta.- ii. El Tribunal de Sentencia imputó al perito falta de objetividad al afirmar éste en su dictamen que no existía justificación económica para que la acusada hubiese manejado la cantidad de activos a través de la cuenta Bancaria en Cheques de Banhcafe y el dinero en efectivo encontrado en su casa de habitación; la Sala de lo Penal comparte con el Censor que ésta calificación no tiene razón suficiente, de hecho resulta violatoria al principio de coherencia puesto que el Perito fue propuesto por el Ministerio Público como un medio de prueba a reproducir en el debate para acreditar precisamente que la acusada no tenía justificación de la actividad económica generadora de los activos en las cantidades mencionadas (F. 713), de este modo resulta incoherente señalar que el perito no es objetivo por tratar de hacer precisamente lo que se le había encomendado como tarea de estudio.- 4).- El A-quo refirió en su sentencia que con prueba documental y testifical se acreditó que los activos encontrados a la acusada en su casa de habitación y los activos que ésta manejó en la cuenta Bancaria de Cheques de Bancahfe, tenían justificación económica y legal (F. 4505 v); Esta afirmación es calificada por el Censor como violatoria al principio lógico de derivación por insuficiencia de razón suficiente, calificación que comparte esta Sala de lo Penal: i.- Ninguno de los documentos presentados por la defensa corresponden al Libro Mayor, el Libro Diario, Libro de Inventario y Balances o algún registro respecto al estado financiero de la empresa, de hecho los documentos que los Juzgadores determinaron que hacían descargo para acreditar la procedencia legitima de activos, en su mayoría son legajos de recibos de ventas al crédito (F. 4511), los que no acreditan rentabilidad por el incremento de activos, sino que más bien implica la colocación de activos ya existentes sin ingreso inmediato de efectivo en concepto de venta y por tanto ganancia, no presentándose documento adicional que acredite el correspondiente pago; además se agregaron constancias de la Empresa Femosa y Procasa, indicando que la Ferretería J. tiene línea de crédito con éstas empresas, pero en las constancias no se señala si existía saldo actual por dicho crédito y en su caso cuotas restantes de pagar y su monto; se presentaron 81 cheques emitidos por la acusada a favor de varias personas (F. 4512), indicando el Tribunal de Sentencia que estas personas eran proveedores (F. 4512 v.), sin detallar quienes eran estas personas (naturales o jurídicas) y como dedujo el A quo que eran proveedores y además que tipo de material o insumos eran los que proveían, en base a documentación de recibo de materiales.- ii.- Los Testigos M. Á. A. P. (f. 4467), David López Benavides (F.4469), O. A. M. A. (F. 4469 v.), A. C. G. (F. 4473), N. A. M. (F. 4476), rindieron declaración testifical en debate, todos ellos manifestaron que fueron clientes de la Ferretería J., e indicaron haber obtenido materiales al crédito, que esos materiales lo fueron pagando en cuotas, añadiendo que no firmaron ningún documento asumiendo la obligación, mucho menos el haber ofrecido alguna garantía y salvo el caso de la señora A. C. G. en el momento mismo de declarar en el debate, tampoco expresaron tener recibo de los pagos efectuados; estas declaraciones compagina con las que rindieron los testigos M. L. R. M., empleada de la Ferretería J. (F.4468) y H. R. O. V., contador de la Ferretería J. (F. 4477), quienes aseguraron que los dueños del negocio otorgaban muchos créditos y no exigían ninguna documentación para sustentarlos; estas declaraciones fueron calificadas por el Tribunal de Sentencia como creíbles (F. 4511), indicando que sus testimonios tienen relación con la prueba documental, sin detallar puntualmente a que prueba documental se refiere y como se da tal relación; también señala el A-quo que estas declaraciones acreditan que en el negocio se daban “prestamos con garantía” aun y cuando ninguno de los testigos hizo mención de ello; por otra parte la Sala de lo Penal constata que los testigos que se presentaron a declarar, calificados como creíbles para el A-quo, declaran sobre ventas al crédito sin referirse a las fechas en que éstas ocurrieron, siendo el crédito la colocación de producto sin ingreso de efectivo, alguno de éstos significativos, de este modo la testigo M. Á. A., indica que gracias a dichos créditos pudo construir cuatro apartamentos y dos casas (F. 4467), y el testigo N. A. M., refiere que el monto de su crédito se aproximó a un millón de lempiras (F. 4476 v), con lo cual la Ferretería J. debía de efectuar ventas al contado altas para poder soportar las ventas al crédito, sin embargo en relación a la existencia de ventas al contado no existe ninguna reflexión por parte de los Juzgadores.-.A modo de conclusión podemos afirmar que en el caso bajo examen el Tribunal de instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, y que por lo tanto, sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que aún mantiene vigencia respecto a la imputada Z. A. R., es procedente declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público, manteniéndose incólume el pronunciamiento condenatorio por el delito de posesión ilegal de arma de fuego dictado contra la encartada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la resolución que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de Julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a la Señora Z. A. R., por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) CONDENANDO a la Señora Z. A. R., a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, mas las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.- 3)NO CONDENO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. A. G. C., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público. Son partes: La Abogada T. F., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado J. T. H., Defensor Privado de la Señora Z. A. R., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: En fecha 10 de Febrero del año 2010, siendo aproximadamente las cinco de la mañana, se recibió una llamada anónima al teléfono de emergencia de la Policía Nacional Preventiva, poniendo en conocimiento que en la vivienda donde se encontraba ubicado el negocio denominado Mini Super JBR en la colonia Primavera de la Ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, ingresaron tres individuos armados, que aparentaban ser miembros de una pandilla, por lo que las autoridades al tener conocimiento de estos hechos procedieron a trasladarse al lugar antes citado para efectuar las diligencias pertinentes. SEGUNDO: En la misma fecha 10 de febrero del año 2010, como a eso de las seis de la mañana, en el mismo lugar antes mencionado y después que el propietario de la vivienda el señor S. M. les autorizó para el ingreso a la misma, los agentes de la policía nacional y de investigación, procedieron a practicar un registro y en la segunda planta de dicha vivienda se encontró en uno de los cuartos un arma de fuego, mini 14, serie número 44399, con un cargador, Con el permiso de portación a nombre del señor F E M, asimismo se encontró en varias partes de la vivienda, nueve celulares de distintas marcas y modelos con sus respectivos números, además se encontró en el cielo falso de la vivienda una maleta color negro que en su interior contenía un total de un millón noventa y cuatro mil tres Lempiras exactos (1,094,003.00) y veintiséis mil quinientos dieciséis ( 26,516.00) dólares, el dinero en Lempiras era producto de las ventas de la Ferretería y el dinero en dólares fue obtenido de giros recibidos del exterior y pagos de sus clientes… El arma, los celulares antes señalados y la referida cantidad de dinero le fue decomisada a la señora Z. A. R.. TERCERO: El negocio denominado Ferretería J. era propiedad del señor B. J. quien era el esposo de la señora Z. A. R., la cual inició sus operaciones, en el año dos mil, asimismo que dicho negocio fue progresando el cual era sujeto de créditos por varios empresas proveedoras como ser PROCASA de Honduras, Ferretería Monterroso, FEMOSA, Ferretería Sumaco, Agencia la Mundial, Dispensa Ferretera entre otras, cuyas transacciones comerciales están debidamente acreditadas con los movimientos en los bancos, como ser en la cuenta de cheques número 013604000192 de BANCAFE que corresponden a los meses de marzo hasta diciembre del año 2009 y enero del año 2010 con un total de 81 cheques emitidos por la Ferretería J. a nombre de varios proveedores, que suman un total en dinero de Lps. 3,851,873.36, dicha Ferretería J. tenía muchos clientes a los cuales les vendía producto al crédito y al contado, quienes le pagaban en dinero efectivo de acuerdo a las cantidades facturadas, cuyas transacciones comerciales están debidamente acreditadas con las facturas y recibos de dinero a nombre de la señora A. A., L. F., C. A., entre otros; con lo antes establecido se acreditó también que dicho negocio no cumplía con sus obligaciones Tributarias, conforme a los movimientos económicos y transacciones comerciales, no reportando los ingresos obtenidos conforme a las ventas, evidenciando un desorden en la contabilidad, sin que se estableciera con claridad los estados financieros de la empresa. CUARTO: La señora Z. A. R., obtuvo los derechos hereditarios de varias propiedades, junto con sus menores hijos C. B. y J. B. ambos de apellido J. R. y de la señora D. M. J. R. y J. Y. J. R., como consecuencia del fallecimiento del señor B. J., quedando la ferretería bajo su administración hasta el diez de febrero del año dos mil diez, fecha en que detenida por las autoridades policiales; asimismo la señora Z. A. R., recibía dinero en efectivo en lempiras, como también recibía dinero en dólares de sus clientes y de giros que le enviaban de Estados Unidos”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado M. A. G. C., en su condición de Representante del Ministerio Público es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- EL RECURRENTE ABOGADO M. A. G. C., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: “No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. 1as pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. El Tribunal Sentenciador, en el numeral primero del apartado de la fundamentación jurídica estableció, que no se logró acreditar con la prueba evacuada que el dinero incautado a la señora Z. A. R. provenga de actividades relacionadas con el crimen organizado o que su origen no tenga justificación económica legal, ya que el solo hecho del hallazgo del dinero en efectivo y de manera oculta no es suficiente para establecer como probado que dicho dinero no tiene una procedencia legal, sin que se haya acreditado de tal manera la participación de la encartada en el delito de Lavado de Activos, tipificado en el artículo 3 de la Ley Especial contra el delito de Lavado de Activos, y que si bien el Ministerio Público acreditó que fue encontrado dinero en efectivo en varias denominaciones en una maleta color negro que estaba escondida en el cielo falso de una habitación, donde habitaba la señora Z. A. R., pero también es cierto que la propietaria de ese dinero no estaba obligada a tenerlo depositado en una entidad bancaria, esto no constituye más que un indicio que por sí solo, no es suficiente para determinar la responsabilidad penal de la acusada. Partiendo de estos razonamientos es que se torna indispensable, analizar el contenido del andamiaje probatorio allegado al proceso, tanto por el ente fiscal, como por la defensa de la encausada, lo cual se lleva a cabo extractando el contenido de tales pruebas efectuando esa labor de la siguiente manera: Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de prueba en que incurrió el Sentenciador de instancia: Declaración de testigo E. D. O., quién manifestó lo siguiente: “El 10 de febrero de 2010 les informaron de una llamada en la cual una persona les comunicó que había observado que en el Mercadito JBR, habían ingresado varios individuos armados, luego hicieron las diligencias respectivas y les pasaron la información a la DNIC de esta ciudad y se fueron a verificar en dos patrullas, al lugar llegaron como a las seis de la mañana, ellos le dieron credibilidad a la información que les proporcionaron mediante la llamada porque ya tenían conocimiento de algunas irregularidades que se daban en ese lugar, ya que decían que allí llegaban miembros de la pandilla Salva Trucha, cuando llegaron les abrieron las puertas e hicieron registro con la autorización del dueño de la casa, entraron por la parte de arriba porque era de dos plantas y también por la parte de abajo, y en un cuarto encontraron una escopeta con un carné ya vencido, en otro cuarto encontraron un fusil y municiones de distintos calibres, luego observaron en el techo de cielo raso y una de las láminas se encontraba como movida, había una maleta, al abrirla encontraron dinero de distintas denominaciones en lempiras y dólares y encontraron nueve celulares y la señora Z. dijo que era la propietaria del dinero. Al interrogatorio de las partes contestó que de la llamada le informaron antes a su superior y después se giran las ordenes necesarias para hacer lo pertinente, según la información que les dieron decían que a esa casa llegaban miembros de la pandilla MS y la imputada era la suegra del anterior jefe de la mara que le decían Moncho Cabezas, cuando ellos llegaron se identificaron como la policía y después de la autorización ingresaron, él estaba en el grupo que entró por la parte de arriba, unos entraron por el piso de abajo y otros cubrían el área, recuerda que la inspección la hizo el agente Ulloa, después el dinero y las armas se las llevaron para la jefatura de la policía, desconoce si en ese lugar vivían miembros de las pandillas o si solo era que lo frecuentaban, que quien llegaba era Moncho Cabezas, pero no detuvieron a ninguno. Declaración de testigo J. D. U. G., quién manifestó: “Que el diez de febrero de 2010, como a eso de las cinco de la mañana se recibió una información de la policía preventiva, de una persona que había llamado poniendo en conocimiento que en la Colonia La Primavera en el Mercadito JBR, habían entrado varios individuos armados al negocio, después se trasladaron al lugar y con la autorización del dueño de la vivienda el señor S. M. ingresaron a la vivienda, en el interior encontraron armas, un saco de pólvora y el policía E. O. observó que había una lámina de cielo falso como que había sido movida en ese momento y se procedió a ver que había ahí y se encontró una maleta que contenía dinero en efectivo en moneda nacional y en dólares, encontraron una bolsa con proyectiles y varios teléfonos celulares, durante el registro los acompañó la señora Z. A. Al interrogatorio de las partes, únicamente del Fiscal contestó: Que le manifestó a Reina que iban a venir del Crimen Organizado de la ciudad de San Pedro Sula, se remitió las evidencias y el informe investigativo. MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: Dictamen patrimonial y financiero, ratificado por el perito M. Á. C. en base a los datos proporcionados por el Ministerio Público, por la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y en la información proporcionada por la defensa con relación al movimiento comercial de la Ferretería J. Este detalló brevemente en sus conclusiones lo siguiente: Del análisis efectuado a la información financiera de la señora Z. A. R. proporcionada por la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la cuenta de cheques en moneda nacional No.13604000192 de Banhcafe desde su apertura el 07 de marzo de 2006 hasta el 18 de febrero de 2010 presenta los siguientes movimientos: 1,113 débitos que suman un total de L64,156,049.27 de los cuales L302,830.88 fueron puestos bajo aseguramiento y 548 créditos que suman un total de L64,156,049.27, pero tomando en cuenta la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dicha Ferretería J. solamente presentó declaración de Impuestos Sobre la Renta en el año 2008 o sea las operaciones realizadas durante el período fiscal del año 2007, pero no detalló ningún pago y también realizó presentación de impuesto sobre la venta en los períodos fiscales 2008 y 2009 pero en los mismos no detalla ningún pago, por lo que se concluye que la Ferretería J. no era un empresa rentable, ya que el señor B. J. realizaba declaraciones de acuerdo a la tabla tributaria estipulada para una persona natural ya que su nombre comercial era el de Ferretería J. y si el mismo no realizaba presentación de impuestos sobre la renta es que la misma no tenía utilidades durante el período fiscal mayores a L.70.000.00 durante los Períodos 2007 y 2008 y mayores a L.150,000.00 durante el período 2009 y no presentaba ventas gravadas con el impuesto sobre ventas mayores a L. 180,000.00, por lo que la misma no justifica el movimiento del capital realizado en dicha cuenta de cheques. Al analizar constancia emitida el 12 de febrero del año 2010 por el Departamento de Administración Tributaria de la Alcaldía Municipal del Progreso, Departamento de Yoro, establece que la Ferretería J. se encuentra registrada a nombre del señor B. J., e inició operaciones el 02 de junio del año 2006, cuya declaración de ingresos correspondientes al año 2008 fue de L.1,064,210.00 el cual se encuentra solvente al mes de mayo del año 2009, en la misma se estipula que los ingresos por volumen de ventas fueron de L. l,064,210.00, pero según cuenta de cheques en moneda nacional No.13604000192 de Banhcafe a nombre de la señora Z. A. R., las transacciones que registró la misma entre el período comprendido del 02 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, fueron de 317 débitos por un total de L. 17,570,098.68 y 151 créditos por un total de L. l7,399,833.90, por lo que no justifica las inyecciones de capital que sufrió la cuenta en ese año, ni en los años anteriores, por lo que dichos movimientos de capital son muy significativos para un pequeño contribuyente. Como resultado del análisis a la información financiera perteneciente al señor B. J. difunto esposo de la señora Z. A. R. se establece que posee varias cuentas bancarias y en las mismas mantenía un movimiento considerable de capital, específicamente en las cuentas de los Bancos Banhcafe y HSBC, pero considerando que según información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos la Ferretería J. comenzó sus operaciones en el año 2006, sin embargo anteriormente a esa fecha no se especifica a que actividad comercial se dedicaba el señor J. y de donde provenían los fondos de sus cuentas, de las cuales se realizaron varios traslados a las cuentas de la señora Z. A. R. por cantidades considerables que sobrepasan los L. 200,000.00, principalmente de la cuenta de cheques en moneda nacional No.13601000050 de Banhcafe a nombre del señor B. J. En la información financiera proporcionada sobre la cuenta de cheques en moneda nacional No. 13604000192 de Banhcafe a nombre de la señora Z. A. R. existe un depósito en fecha 26 de octubre de 2006 por un monto de L. 2,592,434.85, de los cuales se desconoce su origen y tanto el señor B. J. como la señora Z. A. R. no presentan ningún tipo de prestamos por esa cantidad de dinero y en esa fecha. Del análisis realizado en lo que a transferencias internacionales recibidas por la señora Z. A. R. concierne se logró establecer que las mismas no acreditan la cantidad de dólares encontradas al momento del allanamiento realizado ya que solamente recibió 5 transferencias provenientes de los Estados Unidos de América a través de Banco Ficohsa, las mismas fueron enviadas dentro del periodo comprendido del 10 de septiembre del año 2009 al 14 de enero del año 2010 por un monto total de $8,080.00 y Durante el periodo comprendido del 07 de octubre del año 2009 al 13 de enero del año 2010 recibió a través de Ficohsa Casa de Cambio 4 transferencias internacionales en dólares por un monto total de $7,080.00 enviadas desde los Estados Unidos de América, sumando un total de $15,160.00 considerando además que la señora Z. R. no mantiene cuentas en dólares y el señor B. J. no registra transferencias a su favor. Finalmente el perito concluye que tanto la Ferretería J. como la señora Z. A. R. no han demostrado poseer rentabilidad alguna ya que la forma de demostrar las utilidades de las empresas y personas se refleja a través de los Estados Financieros que se presentan a la Dirección Ejecutiva de Ingresos al momento de declarar sus ingresos y egresos en la presentación del Impuesto Sobre la Renta y la Ferretería J. no ha realizado pago de dicho impuesto desde sus inicios de operación ya que supuestamente no tenía utilidades mayores a L. 70,000.00 según la tabla tributaria del cálculo del impuesto sobre la renta para los años fiscales del año 2008 hacia abajo, por lo consiguiente la señora Z. A. R. no acredita que el dinero incautado tenga causa u origen legal alguno. En relación a la documentación proporcionada por la defensa y entregada por el Tribunal de Sentencias de El Progreso, Yoro, a efecto de emitir dictamen el perito M. Á. C. concluye: Que la información proporcionada establece talonarios de facturas de ventas al contado realizadas por la Ferretería J., no libros diarios como se establece en el resumen presentado por la defensa, dichas facturas fueron analizadas por años muchas de las mismas no establecen el nombre de la persona que realizó la compra, dando un total de ventas al contado durante el año 2010 de L. l65,209.00 y en el año 2009 de L. 1,586,826.50. En relación a las facturas emitidas por la Empresa Procasa de Honduras a favor de la Ferretería J. durante el año 2008, se emitieron un total de 20 facturas por un monto total de L. 4,315,861.50 y durante el año 2007 se emitieron un total de 16 facturas por un monto total de L. 3,633,575.46 pero según declaraciones del Impuesto Sobre Ventas presentadas la Ferretería J. no experimentaba ventas superiores a los L. 2,000,000.00 durante el periodo fiscal. Del análisis realizado con respecto a las declaraciones de impuestos sobre ventas presentadas por Ferretería J. ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos solamente realizó presentación en los 2006, 2007 y 2008 pero no en todos los meses en los cuales establece ventas variables que no sobrepasan de los L. 300,000.00, pero también establece compras variables que no sobrepasan los L. 300,000.00, y que en las declaraciones que realizó no existió ningún saldo favorable al fisco. Que la defensa no proporcionó los Estados Financieros de la Ferretería J., solamente facturas de venta, facturas por ventas al crédito, Constancias emitidas por Proveedores, Cheques emitidos por pagos a proveedores, facturas de compra de productos concluyendo que al no proporcionar los Estados Financieros de la Ferretería J. no se puede tener una perspectiva de los ingresos y egresos de la empresa y además no se puede determinar y visualizar si la empresa es rentable o sea que produzca utilidad, pero considerando que la Empresa solamente realizó presentación de Impuesto Sobre la Renta en el año 2008, sin realizar pago alguno, se considera que la misma no es una empresa rentable, ya que no obtuvo durante el periodo fiscal utilidades superiores a los L. 70,000.00 y en el análisis realizado se observa que el movimiento de ingresos y egresos es casi equitativo y en el mismo no se establecen los demás gastos o egresos en que incurrió la Ferretería J. para su operación tales como pago de salarios a empleados, pago de luz, cuentas por pagar, transporte o flete de las mercaderías, gastos financieros y otros gastos de operación. Con la información proporcionada tanto por los entes investigativos y la defensa, la señora Z. A. R. no acredita el movimiento de capital que se describe en su cuenta de cheques en lempiras de Banhcafe No.13604000l92 ya que en cada año tiene un movimiento variable en dicha cuenta que supera los L. 15,000,000.00 a excepción de los años 2009 y 2010. Prueba Documental. Consistente en nota de fecha 10 de febrero de 2010, enviada por el policía E. D. O. L., de la Sección de Análisis de la Jefatura Departamental # 18 de esta ciudad de El Progreso, al Coordinador de la DNJC Inspector de Policía R. B., donde le informa que el 10 de febrero de 2010 a eso de las 05:00 horas se recibió una llamada anónima al número de emergencia de la policía notificando, denunciando que en Mini Súper JBR, ubicado en la Colonia La Primavera, había observado que 2 ó 3 individuos armados habían bajado de un vehículo y habían ingresado a dicho negocio. Acta de autorización de ingreso o registro de propiedad de fecha 10 de febrero de 2010, ratificada por la Agente de la DNIC Reina Amador, donde se establece que el señor S. M. con identidad # 0801-1945-02067 autorizó el 10 de febrero de 2010 a las 6:15 am, a los agentes de la DNIC para ingresar y registrar la casa de habitación ubicada en la Colonia La Primavera de El Progreso, Yoro, donde opera el Mini Súper JBR. Acta de decomiso y secuestro de objetos efectuada a la encausada Z. a. R. en la casa ubicada en la Colonia La Primavera de la ciudad de El Progreso, Yoro, el 10 de febrero de 2010, ratificada por el agente de investigación J. D. U., en la cual se establece que a la señora Z. A. R. se le decomisó nueve teléfonos celulares de diferentes marcas. Acta de decomiso y secuestro de objetos efectuada a la encausada Z. A. R. el 10 de febrero de 2010, ratificada por el Agente de investigación J. D. U., se estableció que a la encausada se le decomisó un arma de fuego, fabricante SR. Mini 14 N# 196-44399 con un cargador, y una maleta color negro con rodillos y zíper conteniendo en su interior dinero en moneda nacional y dólares que fue encontrada en el cielo falso de la casa, dinero que después del conteo resultó la cantidad de U.S. $ 26,496.00 y L. 1 ,096,000.00.- Acta de registro a vivienda de fecha 10 de febrero de 2010, donde opera el Mini Súper JBR, ubicado en la Colonia La Primavera, de El Progreso, Yoro, ratificada por el Agente de Investigación DAVID ULLOA se estableció que los agentes del estado ingresaron a dicha vivienda a practicar registro el 10 de febrero de 2010 a las 6:15 horas de la mañana en la ciudad de El Progreso, Yoro, habitada por la encausada Z. A. R. y el señor S. M.; la cual es una casa de dos plantas, en la primera planta funciona el Mini Súper JBR, y la parte superior es el área residencial, se acreditó el hallazgo de las evidencias encontradas en la parte superior de la casa, habitada por Z. A. R., evidencias consistentes en: Una arma de fuego tipo escopeta que se encontró en la habitación principal; Un carné de portación de arma de fuego a nombre de S. M. con fecha de vencimiento el 9 de mayo de 2009, marca de la escopeta Win 120, calibre 12, con numero 1750298, encontrados en una gaveta de un tocador, Un arma de fuego tipo RS, mini 14 con # 19644399 con un cargador sin proyectiles; Un carné de portación de arma a nombre de F. H. M. con número de identidad 1804195301453 con fecha de vencimiento el 5 de diciembre de 2009 encontrado en una caja de plástico, 17 cartuchos de calibre l2mm, 41 proyectiles calibre 45mm, 15 proyectiles calibre 9 mm sin percutir encontrados en una bolsa de Nylon, Una maleta color negro conteniendo dinero, encontrada en el cielo falso de la segunda planta de la casa, nueve teléfonos celulares. Acta especial de recepción de valores levantada en el banco central sucursal san Pedro sula, cortes, de fecha 12 de febrero de 2010, ratificada por el señor H. A. R. R. en su condición de Jefe de la Sección de Tesorería del Banco Central de Honduras donde se establece que la sucursal San Pedro Sula del Banco Central recibió en calidad de depósito para custodia en la bóveda de la institución bancaria una maleta debidamente embalada y sellada conteniendo (U.S. $ 26,516.oo), y (L.1,094,003.00). Información financiera emitida por la Unidad de Información Financiera, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en relación a la encausada Z. A. R., se estableció la no justificación legal del dinero en moneda nacional y dólares estadounidenses que le fueron incautados a la imputada Z. A. R., asimismo que no posee cuentas, que acrediten la posesión de la cantidad de dinero incautada. Acta de levantamiento de muestras y de conteo de dinero decomisado, de fecha nueve de febrero de dos mil once, realizado en la Sala de Juntas del Banco Central de Honduras de la ciudad de San Pedro Sula, ante la presencia de las partes y de la señora Jueza de Letras del Juzgado Penal Unificado de San Pedro Sula, abogada G. V. Q., con su secretaria de actuaciones I. A. O., donde se establece que la suma total del dinero incautado asciende a UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL TRES LEMPIRAS (L. 1,094,003), y VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES (U.S. $26,516.00), Oficio enviado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, a la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) donde se establece que todo el dinero incautado fue puesto a la orden de la OABI, el 22 de febrero de 2010. Constancia de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de fecha ocho de septiembre de 2011, emitida por el abogado O. H. Z. Z.A en su condición de Director de la OABI. Donde se constata que el dinero incautado a la acusada fue puesto a la orden de la OABI, el 22 de febrero de 2010 por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro. Constancia de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, de fecha 12 de febrero de 2010, emitida por el Licenciado Marvin Padilla de Administración Tributaria, donde se establece que en la base de datos de la Municipalidad de El Progreso actualizado hasta el mes de febrero de 2010 no se encuentran registros a favor de la imputada Z. A. R. Constancia de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, de fecha 15 de febrero de 2010 emitida por el señor J. A. L. P. en su condición de Jefe de Ordenamiento territorial se establece que la señora Z. A. R. no posee bienes según los archivos correspondientes. Constancia de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, de fecha 12 de febrero de 2010, emitida por el Licenciado M. P. de Administración Tributaria donde se establece que la Ferretería J. se encuentra registrada a nombre de B. J. con identidad 17081959-00204, e inicio operaciones el 2 de junio de 2006 ubicada en Colonia Rancho Luna, calle principal, cuya declaración de ingresos correspondiente al año 2008 fue de Lps. 1,064,210.00; y que el Mini Súper JBR se encuentra registrado a nombre de Rodríguez Ruth Arely. Constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de fecha 15 de febrero de 2010, emitida por el Licenciado Sergio Moreno en su condición de Administrador Regional donde se establece que la Ferretería J. pertenece a B. J. inscrito como comerciante individual con domicilio fiscal en el Barrio William Hall 1 Calle, 1ª Avenida en la ciudad de El Progreso, Yoro, y con respecto a su movimiento tributario ha presentado declaraciones de impuesto sobre la renta e impuesto sobre venta durante los años 2008 y 2009 sin embargo no ha hecho pagos en concepto de impuesto sobre la renta. Constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de fecha 16 de febrero de 2010, emitida por el Licenciado Sergio Moreno en su condición de Administrador Regional, en la que se constata que la señora Z. A. R. aparece registrada en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos como persona natural o sea como pequeño contribuyente, con domicilio en el barrio William Hall. Nota de la Jefatura Departamental # 18, de El Progreso donde se informa que en los Libros de Novedades no existe ningún reporte de denuncia interpuesta por los señores B. J. con identidad 1708-1959-00204 y Z. A. R. con identidad 1804- 1977-01584 por el delito de EXTORSION en las fechas comprendidas del año 2009 al mes de febrero de 2010. Nota extendida por el Jefe de la Dirección Departamental de la DNIC de la ciudad de El Progreso donde informa que según el Libro de denuncias no se encuentra registrada ninguna denuncia por el delito de extorsión interpuesta por los señores B. J. con identidad 1708-1959-00204 y Z. A. R. con identidad 1804-1977-01584 en las fechas comprendidas del año 2009 al mes de febrero de 2010. Una vez analizadas las declaraciones de los testigos antes referidos, prueba pericial patrimonial y financiera y la prueba documental, nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios y demás prueba ha efectuado el Tribunal. El sentenciador en el Apartado de Valoración de la Prueba en el numeral PRIMERO, concluye que “A las declaraciones anteriores (testigos de cargo) les confieren credibilidad, pero no se les otorga valor probatorio con respecto al delito de Lavado de Activos, solo con relación al delito de Posesión Ilegal de Armas, ya que si bien es cierto se estableció que una llamada anónima motivó un registro y posterior decomiso de varias pertenencias entre ellas varios celulares, dinero en efectivo y una arma de fuego comercial, es oportuno señalar que los celulares fueron encontrados en la casa donde vivía la encausada, pero no demuestran o vinculan a la acusada con alguna acción ilícita, de igual forma el dinero encontrado en el cielo falso de la vivienda registrada y que el mismo pertenecía a la encausada, aunque la forma como fue encontrado supone una manera atípica de guardar dinero, pero es oportuno señalar que la encausada no estaba obligada a tenerlo guardado en una entidad bancaria, ya que fue acreditado a través de prueba testimonial y documental que se valora más adelante que dicho dinero no tenía una procedencia ilícita y que había sido producto de transacciones comerciales legalmente permitidas…” (Lo remarcado es nuestro) De igual manera el Tribunal en el Apartado de Valoración de la Prueba en el numeral SEGUNDO, concluye: Estos juzgadores le dan credibilidad a la prueba pericial, dando valor probatorio de manera parcial…; y con respecto al dictamen patrimonial efectuado por el perito nominado, estos juzgadores estiman que el resultado producto del análisis efectuado a la información facilitada es apegada a la verdad conforme a la información obtenida y analizada, sin embargo es imperativo tomar en cuenta que al perito no le fue proporcionada toda la información financiera y que la defensa hizo énfasis en ese extremo, como un medio para acreditar la inocencia de su representada, es importante establecer que el perito en las conclusiones y en su deposición al momento del contradictorio se despojó de la objetividad con la que debe imperar en su deposición debiendo actuar de forma imparcial; de tal manera aseguró que no se justifica la procedencia legal del dinero incautado a la encartada, en el presente caso el perito va mas allá de su cometido al referirse que el dinero encontrado en la casa donde habitaba la encausada no tiene justificación legal alguna, lo que se toma como falta de objetividad, en consecuencia por lo antes establecido el dictamen antes referido no puede ser valorado en perjuicio del estado de inocencia de la acusada ya que el mismo no esta cimentado sobre una información completa y por la falta de objetividad del perito. En el Apartado de Valoración de la Prueba en el numeral TERCERO, el Tribunal concluye: Que habiendo valorado en su conjunto la prueba documental de cargo, considera que debe dársele credibilidad, pero que no es suficiente para acreditar que la señora Z. A. R. incurrió en el delito de Lavado de Activos ya que el hecho del hallazgo del dinero de manera oculta no es suficiente para poder concluir que dicho dinero no tiene una procedencia legal, y que fue desvirtuado por la prueba de descargo. En virtud de lo anterior el suscrito considera que el Juzgador ha vulnerado las reglas de la Sana Critica, específicamente la regla lógica de derivación en su Postulado de Razón Suficiente, pues resulta evidente que al concentrarse en el análisis de las declaraciones de las testigos de cargo, efectivamente nos damos cuenta que sus testimonios son determinantes y concluyentes en su dichos al afirmar que en el techo del cielo falso de la vivienda encontraron una maleta, que al abrirla encontraron dinero de distintas denominaciones en lempiras y dólares. Dicho dinero posteriormente fue contado en el Banco Central sucursal San Pedro Sula en presencia de las partes resultando la cantidad de U.S. $26,516.00 y L. 1,094,003, cantidades que fueron incautadas por no tener causa o justificación económica legal alguna de su procedencia. No darle valor probatorio a las declaraciones respecto del delito de Lavado de Activos es negar lo manifestado por los agentes del Estado en relación al hallazgo del dinero encontrado de manera oculta y atípica en el cielo falso de la segunda planta de la vivienda registrada, y que la imputada en su declaración rendida en el debate justificó diciendo que “…el dinero era a raíz de la venía de clientes que nosotros les dábamos crédito, cuando murió mi esposo ellos me iban a cancelar a mí, es la raíz del dinero, porque el motivo de que no había denuncia, ya que desde que mi esposo estaba en vida también lo estaban extorsionando, nos hicieron un tiroteo a raíz de esa extorsión que nos hicieron mi esposo está muerto, por eso yo casi no depositaba, Se aprecia que la acusada manifiesta que el dinero no lo depositaba en el banco porque los estaban extorsionando, sin embargo este extremo no lo pudo corroborar ni demostrar la defensa con ningún medio de prueba; más bien los testigos de cargo manifestaron que la casa registrada era visitada por una persona de la mara MS conocida por Moncho Cabezas del que la acusada era su suegra. Por otro lado en la información financiera se aprecian saldos en cuentas bancarias de la acusada que no exceden el valor de lo incautado y más bien sugieren falta de capital del que pudieran originarse utilidades justificativas de dicha suma, y a pesar de existir a nombre del señor B. J. el establecimiento comercial Ferretería J., el mismo no estaba operando al momento del hallazgo y decomiso del dinero en cuestión, esto último lo afirmó la testigo de la defensa M. L. R. quien dijo que ella trabajó en la Ferretería como encargada de los créditos y al interrogatorio del agente fiscal contestó que trabajó en la Ferretería J. desde el año 2006 hasta que la cerraron en el año 2009; y a pesar que el señor J. presentaba declaraciones de impuestos sobre venta y sobre la renta había una total ausencia de pago de impuestos de esa naturaleza, lo que indica que el mismo no tenía ninguna rentabilidad, durante estuvo funcionando, y menos después de fallecer su propietario B. J., y mucho menos al momento del hallazgo del dinero incautado, por lo que no se acredita que el dinero incautado provenga de las utilidades supuestamente producidas por ventas de la Ferretería J. En relación al peritaje patrimonial y financiero rendido y ratificado por M. Á. C. A., los juzgadores estimaron que el resultado producto del análisis efectuado a la información facilitada es apegado a la verdad conforme a la información obtenida y analizada, pero que al perito no le fue proporcionada toda la información financiera y que la defensa hizo énfasis en ese extremo, como un medio para acreditar la inocencia de su representada. Al respecto, enfatizamos que corre agregada a los autos toda la información financiera proporcionada por la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no es una información incompleta como afirman los sentenciadores, y precisamente el perito basado en esa información, así como en la información proporcionada por las instituciones relacionadas del Estado como ser de la Dirección Ejecutiva de ingresos y las municipalidades, y los documentos proporcionados por la defensa es que el perito concluyó que no se justifica la procedencia legal del dinero incautado a la encartada, por lo que no es una falta de objetividad del perito. En relación a la prueba documental ofertada por la defensa que fue entregada al perito por el tribunal de sentencia para el análisis de la misma, lo que el perito plasmó como una conclusión fue que la defensa no proporcionó los Estados Financieros de la Ferretería J., solamente facturas de venta, facturas por ventas al crédito, constancias emitidas por proveedores, cheques emitidos por pagos a proveedores, facturas de compra de productos, concluyendo que al no proporcionar los Estados Financieros de la Ferretería J. no se puede tener una perspectiva de los ingresos y egresos de la empresa y además no se puede determinar y visualizar si la empresa es rentable o sea que produzca utilidad. Es decir que la defensa ha pretendido hacer creer que la Ferretería J. es rentable con los documentos que ofertó en la etapa incidental del debate; sin embargo considerando que la Empresa solamente realizó presentación de Impuesto Sobre la Renta en el año 2008, sin realizar pago alguno, se considera que la misma no es una empresa rentable, ya que no obtuvo durante el periodo fiscal utilidades superiores a los L. 70,000.00 y en el análisis realizado se observa que el movimiento de ingresos y egresos es casi equitativo y en el mismo no se establecen los demás gastos o egresos en que incurrió la Ferretería J. para su operación tales como pago de salarios a empleados, pago de luz, cuentas por pagar, transporte o flete de las mercaderías, gastos financieros y otros gastos de operación. En ese sentido la Sala de lo Penal ha afirmado, que en el delito de Lavado de Activos, el legislador por lo difícil de captar prueba, ha determinado la inversión de la misma, es decir que el imputado es el que debe probar la licitud del dinero. Siendo en consecuencia el presupuesto de culpabilidad una presunción iuris tantum, que puede ser destruida mediante prueba idónea presentada en el debate, ver Sentencia de fecha Ocho de Marzo de Dos Mil Siete, recaída en el Recurso de Casación número 18 1-06. En esa virtud, por la inversión de la carga de la prueba la defensa debió presentar los estados financieros de la Empresa Ferretería J., ya que ellos los tienen en su poder; sin embargo omitió presentarlos, por lo que la defensa no ha podido probar el origen legal y su interés legítimo en el dinero incautado consistentes en VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES AMERICANOS (U.S. $26,516.00) y UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL TRES LEMPIRAS (L.1,094,003). Igual posición sostiene en el fallo de fecha catorce de mayo de dos mil siete, dictada en el expediente No.312-06, al establecer que la carga de la prueba no le corresponde al órgano acusador, la Ley de Lavado de Activos es la Excepción a la regla donde el imputado está obligado a probar el origen del dinero que posee. En relación a la prueba documental de cargo el Tribunal sentenciador considera que no es suficiente para acreditar que la señora Z. A. R. incurrió en el delito de Lavado de Activos ya que el hecho del hallazgo del dinero de manera oculta no es suficiente para poder concluir que dicho dinero no tiene una procedencia legal, y que fue desvirtuado por la prueba de descargo de la defensa, lo cual no es cierto, pues la prueba documental de la defensa allegada al debate fue analizada por el perito patrimonial y financiero y emitió sus conclusiones al respecto con lo cual se demostró que la prueba de cargo no ha sido desvirtuada; por otro lado el testigo de la defensa G. A. R. corrobora la prueba de cargo del ente acusador, este manifestó que es gerente de la Empresa PROCASA de Honduras y mantenía un crédito activo de dos millones con la Ferretería J. en productos para la construcción incluyendo balconería, no recuerda la apertura de los créditos, pero que comenzaron a trabajar hace unos cuatro años, (es decir en el año 2008, un año antes de la muerte del señor B. J.) que después de la muerte del señor J. a la señora Z. le hacían las cobranzas, como la deuda era muy grande, más de un millón y medio de lempiras, entonces tuvo que recoger los materiales de la Ferretería y de esa manera se concilio la deuda, que recogió en materiales como L. 600,000.00 y todavía la señora Z. R. tiene una deuda de L. 105,000.00. Con dicho testimonio se demuestra que efectivamente la Ferretería no era rentable y se corrobora con el dictamen pericial rendido por el perito M. Á. C. A. De otra parte la testigo de la defensa M. L. R. dijo que ella trabajó en la Ferretería como encargada de los créditos y al interrogatorio del agente fiscal contestó que trabajó en la Ferretería J. desde el año 2006 hasta que la cerraron en el año 2009. Es decir que cuando sucedieron los hechos el 10 de febrero de 2010 que desencadenaron en el hallazgo del dinero incautado, la Ferretería J. ya no estaba en funciones porque estaba cerrada, entonces la defensa no puede acreditar que los fondos incautados provienen de la venta de materiales de la Ferretería, y más bien tiene una deuda pendiente con la Empresa PROCASA de Honduras por L.105,000.00. La tesis acusatoria del Ministerio Público, se basó en la existencia del tipo objetivo de poseer y ocultar por parte de la denunciada Z. A. R. bienes valuables en dinero, consistentes en veintiséis mil quinientos dieciséis mil dólares americanos (U.S. $26,516.00) y Un millón noventa y cuatro mil lempiras (L. 1,094,003.00), ya que a ella se le encontró esas cantidades de dinero en el cielo falso de su habitación en la casa donde opera el Mini Súper JBR, con el matiz típico objetivo de carecer ese derecho real, de justificación jurídica, es decir carecer de causa o justificación económica legal de la procedencia de dichos bienes. Efectivamente a la señora Z. R. se le encontró en posesión de dicho dinero y de manera oculta, que son dos verbos rectores del tipo penal de Lavado de Activos, y que con la prueba de cargo evacuada en el debate se logró probar que el dinero incautado no tiene causa o justificación económica legal alguna de su procedencia. Con un inconsistente argumento el Tribunal Sentenciador, en la fundamentación jurídica ha concluido que el ente acusador no logró acreditar con la prueba evacuada que el dinero incautado a la señora Z. A. R. provenga de actividades relacionadas con el crimen organizado o que su origen no tenga justificación económica legal, ya que el solo hecho del hallazgo del dinero en efectivo y de manera oculta no es suficiente para establecer como probado que dicho dinero no tiene una procedencia legal, sin que se haya acreditado de tal manera la participación de la encartada en el delito de Lavado de Activos tipificado en el artículo 3 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos. Por lo que opinamos que en total desapego a lo dispuesto en el 362 numeral 3 del Código Procesal Penal el Tribunal ha valorado las pruebas infringiendo las reglas de la Sana Crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano, faltando a la regla lógica de Derivación en su Postulado de Razón Suficiente, resultando en una Sentencia Absolutoria, de lo que se desprende que el razonamiento del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que sus conclusiones valorativas no se ajustan a las reglas de la Sana Crítica. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la absolución de la imputada por el delito de Lavado de Activos, siendo violatorios del sistema de la Sana Crítica racional. Reclamación hecha para subsanar el vicio, Al producirse el Quebrantamiento de Forma en el acto mismo de dictarse sentencia, no se ha realizado reclamación previa alguna para enmendar el vicio, salvo la interposición del presente recurso, por ser éste el único momento procesal en que ha sido posible hacerlo”.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- III.__ El Proceso Penal está conformado por una serie de actos realizados por los sujetos y partes en el procedimiento, mismo que desemboca normalmente concluye con una sentencia en la que el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino también para la sustanciación del procedimiento penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la misma, entonces se produce una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar o verificar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración.- IV.El Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal que declare inválida la sentencia que se impugna, porque a su criterio los Juzgadores han valorado los medios de prueba en divorcio con las reglas de la sana crítica y como consecuencia han proferido un fallo contrario a la ley; explica que el Principio Lógico de Derivación, en su postulado de Razón Suficiente, fue violentado debido a que: 1).- Los Juzgadores señalan que las declaraciones de los testigos de cargo no tienen valor probatorio en cuanto a lo relacionado con el delito de lavado de activos, desconociendo que de ellos se extrae la información que fueron encontrados $ 26,516.00 y Lps. 1,094,003, en el cielo falso de la vivienda de la acusada; 2).- Indica el Censor que el dinero encontrado no proviene de las utilidades de la Ferretería J.; que esta no se encontraba funcionando al momento del hallazgo, además que la misma no presentaba declaraciones de impuestos y de ello se colige que no era rentable; 3).- Los Juzgadores señalaron que el peritaje patrimonial reflejaba la verdad pero que no era útil en orden a fundar una sentencia de condena por basarse en información incompleta, lo que a juicio del Censor es, en tanto que las fuentes de información del peritaje lo fueron la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la Unidad de Información Financiera y la propia documentación proporcionada por la Defensa; 4).- El Tribunal de Sentencia indica que la prueba documental presentada por la defensa acredita la procedencia legal del dinero incautado, afirmación que el Censor califica como errónea, indicando que tal documentación fue analizada por el Perito Financiero concluyendo que con la misma no se logró acreditar el origen lícito de los activos incautados.- V.Para la resolución del caso bajo examen es pertinente hacer un esbozo de los aspectos que el Juez debe considerar al momento de valorar el medio de de prueba pericial.- 1.- Habrá necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general (Art. 239.1 del CPP) .La Pericia se presentará siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentren dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez(a), permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido; - 2).- EL PERITO: A).- Concepto: El Perito adquiere noticia de los hechos una vez ocurridos éstos, por encargo de autoridad competente, quien le requiere por sus conocimientos especiales en una ciencia, disciplina, arte u oficio, para poder hacer un análisis y explicarlo en el estrado judicial.- Siempre que se estudia al Perito, es importante tener presente las marcadas diferencias que existen entre éste y el Testigo Técnico (Conocido también como Testigo-Perito o Testigo Especializado) y entre el Perito y el Consultor Técnico: a).- El Testigo Técnico: Es un Medio de Prueba diferente al Peritaje, que tiene como Sujeto a aquella persona que accidentalmente percibe a través de sus sentidos un hecho de interés para el proceso penal, los que comunica apoyándose en los conocimientos especiales que posee en una ciencia, arte, disciplina u oficio (Al respecto ver el art. 303 del Código Procesal Civil); así pues el Médico General que se encuentra de guardia en una clínica, el contador que realiza auditoría en la empresa donde trabaja, el Ingeniero Civil que inspecciona la construcción de un puente, pueden enterarse de hechos delictivos en su diario vivir, narrándolos y explicándolos en el estrado judicial con auxilio de su experticia, debiendo ser considerados testigos y nunca peritos (Art. 240 último párrafo y 241.3 del CPP). b).- Consultor Técnico: No es un medio de prueba, es un auxiliar de una de las partes litigantes, quien viéndose en desventaja por su falta de conocimiento en una ciencia, disciplina, arte u oficio, se hace acompañar por una persona diestra en ellos, a efectos de que le supla en el interrogatorio y en la formulación de conclusiones que requiera hacer sobre un medio de prueba pericial (Art. 124 del CPP); la participación del Consultor Técnico deberá ser autorizada por el Juzgado o Tribunal, quien exigirá como único requisito que la persona nominada como consultor técnico tenga experticia en el mismo campo de conocimiento sobre el que versará el medio de prueba pericial.- El proceso de acreditación del Consultor Técnico se encuentra establecido en el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (Gaceta No. 30,577 del 27/11/2004).- B).- Autoridad encargada de la Designación del Perito: La persona del perito, como ya se indica, adquiere conocimiento de los hechos como consecuencia del llamamiento que le hace la autoridad competente. La autoridad competente en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 del CPP) es el Ministerio Público y/o la Dirección General de Investigación Criminal y, cuando haga sus veces, la Policía Nacional Preventiva (Art. 273.3 y 281 del CPP); sin embargo, cuando la práctica de la pericia limite o restringa un derecho constitucional, sin importar el estado de las investigaciones, deberá ser autorizada por autoridad judicial, a quien le corresponderá la designación del perito. Una vez presentado el requerimiento fiscal, la autoridad competente para hacer la designación del perito es el Juzgado o Tribunal, a propuesta de la parte interesada y con conocimiento de la parte contraria (Art. 242 del CPP). C).- Capacidad del Perito: Para su designación, la autoridad competente elegirá a la persona más idónea que, conforme al hecho, persona o cosa objeto de estudio, pueda atender el requerimiento, partiendo de que aquel cuente con título habilitante si se tratase de una profesión reglada, o en su caso con diplomas o constancia que revelen sus conocimientos especiales, además de la experiencia que tenga sobre el campo y, alternativamente, que tenga amplios conocimientos en la ciencia, arte, disciplina u oficio de que se trate el estudio, además de que no tenga ninguna de las inhabilidades que prevé la ley (Arts. 241 y 243 del CPP) que prevé la ley.- Para la acreditación de la calidad de experto del Perito se deberá observar lo señalado en el Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal y la Comparecencia de Peritos y Consultores Técnicos ante los Juzgados y Tribunales (Gaceta No. 30,577 del 27/11/2004).- 3).- EL MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: La presentación del Dictamen Pericial en la audiencia de debate es la culminación de todo un proceso, que inicia desde que se reconoce la necesidad de la intervención de una persona experta en una ciencia, arte, disciplina u oficio. De este modo, la pericia desde un punto de vista dinámico es un proceso complejo que se desarrolla en dos etapas fundamentales: A) Designación de Perito: La designación deberá realizarla la autoridad competente y deberá recaer en la persona idónea para realizar la pericia.- La oposición a la designación de una persona como perito se realizará: i. EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, la práctica de pericias muchas veces por objeto averiguar la existencia de un delito y/o identificar a la persona responsable, por tanto no es posible en estos casos notificar de manera previa la designación del perito a la persona que posteriormente figurará como imputado(a) en el proceso Penal, precisamente porque se desconoce si habrá proceso penal y quien será la persona imputada, por ello la oposición a la persona del perito solo podrá realizarse cuando el dictamen, ordenado en la Investigación Preliminar, sea propuesto como medio de prueba en el proceso penal que se conozca posteriormente; la Parte interesada podrá oponerse al perito por considerar que se encuentra en una de las causales que lo inhabilitan, lo que no impedirá que la pericia pueda realizarse con una persona que pueda ser designada como tal y que no se encuentre incursa en ninguna de las inhabilidades señaladas en la Ley.- ii. DURANTE EL PROCESO PENAL, la parte interesada podrá oponerse a la designación de una persona como perito, previo a que ésta realice el estudio correspondiente, ya sea al momento de que sea llamada para juramentación si se tratase de un Perito No Oficial (Art. 243 del CPP) o al momento en que sea designado por el Juzgado o Tribunal si se tratase de un Perito Oficial (vid. Instructivo para Regular la Citación de Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal[2]), debiéndose proponer una persona diferente para la tarea.- B).- Objeto de la Pericia: La autoridad competente deberá señalarle al Perito, de manera clara y precisa, el objeto de la pericia, eligiendo entre señalar el estudio de un objeto o hecho en todas sus aristas, formulándole cuestionario de las interrogantes que debe responder con su análisis o solicitándole la práctica de un procedimiento científico o técnico específico; el Perito deberá indicar los instrumentos o materiales que necesite para realizar su tarea, diferenciando aquellos que estén a su alcance de los que no lo estén, el tiempo que le tomará, el lugar donde realizará su labor y los obstáculos o impedimentos que a su juicio pudieran presentarse; de tal manera que el Órgano Jurisdiccional, previo a escuchar a las partes, pueda ordenar lo conducente (Art. 247 del CPP). El Perito deberá permitir que la parte que así lo requiera, pueda presenciar el desarrollo de la pericia, pudiendo incluso ser representada por un Consultor Técnico, salvo que el Perito dé razón justificada de que su presencia carezca de utilidad procesal o pueda poner en peligro el éxito de aquella, lo cual resolverá el Órgano Jurisdiccional (Art. 242 último párrafo del CPP).- D).- Análisis Pericial: El Perito, aplicando los principios de su ciencia, disciplina, arte u oficio, realizará la labor encomendada, debiendo tomar nota de cualquier observación que le formulen las partes que presencien la misma.- E).- Dictamen Pericial: en la etapa preparatoria, el informe pericial se rendirá por escrito, sin perjuicio de que el perito pueda ser requerido para aclararlo o completarlo personalmente o también por escrito. En el juicio, el informe parcial se rendirá verbalmente, sin perjuicio de que, previa o simultáneamente, el perito acompañe su informe por escrito (Art. 245 del CPP); su formato dependerá del tipo de estudio realizado, más cualquiera que sea su naturaleza, deberán de contener[3]: i. Datos Generales, como ser lugar y fecha de la elaboración del dictamen, Nombre y Especialidad del Perito, Autoridad que le nombró, lugar y fecha del estudio realizado, datos de identificación del caso de investigación o judicial de que se trate, nombre de cualquier otra persona que haya intervenido así como su papel en el análisis realizado, y demás datos generales que sean necesarios; ii. Descripción de la persona, objeto o hechos examinados, indicando el origen y condición en que se encontraron, sobre todo cuando exista la posibilidad de que éstos puedan sufrir alteraciones o destrucción como consecuencia del estudio; iii. Descripción detallada del método utilizado y/o pruebas practicadas, su práctica y resultado, con la respectiva fecha de realización, así como las observaciones aportadas por las partes o sus consultores técnicos; iv. Una Debida Motivación o Fundamentación, explicando el porqué de los fenómenos identificados o de los resultados obtenidos y que sirva de puente entre las operaciones realizadas y las conclusiones a las que se arriban; v. Conclusiones de la actividad realizada, en donde el Perito dará a conocer sus valoraciones finales, dando respuesta específica a las cuestiones que le fueron sometidas a su consideración.- 4).- VALORACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: El Órgano Jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto comporta que el Juez no está vinculado a la opinión del perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. La Pericia, al igual que todo medio de prueba, debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del CPP), pudiendo ser aceptada o en su caso descalificada cuando infrinja los principios de la lógica, las máximas de la experiencia común o las reglas de la psicología; ello implica que el Juez (a) no prescindirá del medio de prueba pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él. De este modo habrá lugar a la descalificación de la opinión del perito cuando se constaten irregularidades en las operaciones periciales, la ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc.[4]; Por ende los criterios para valorar del medio probatorio pericial pueden ser Intrínsecos o Extrínsecos a él: A).- Aspectos Intrínsecos: i. EL PERITO: Se valora en el perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, teniendo en cuenta los estudios realizados y además, en algunos casos, la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro factor a ponderar es la experiencia del Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por sus colegas; además se valora igualmente la objetividad del perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. - EL PERITAJE: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de la verdad. En este proceso el Perito deberá seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficio dictan para el correcto estudio o análisis. iii.- El Dictamen: Es la obra del Perito, que como mínimo debe incluir: Bases fácticas de las que parte, cuando se trata del examen de personas, esta base fáctica se recoge en la Historia Médico Legal; identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; iv. Cita de los Principios observados y de las pruebas practicadas; Conclusiones, en donde exponga los resultados obtenidos, interpretados por el perito en base a su experticia; el Perito en sus conclusiones deberá indicarle al Tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados.- Es importante apuntar que el Perito debe limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgando el caso en concreto.- En general, las pautas de valoración del medio de prueba pericial nos señalan que se debe considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o impreciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc..- La aspiración del Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, y que éste haga suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos.- B).- Aspectos Extrínsecos: el Juez dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un ámbito más restringido, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza.- Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba pericial en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso.- Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe valorarse a la luz de las reglas de la sana crítica, considerando si la opinión del perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial.- VI. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso es de Recibo.- La Sala de lo Penal, si bien no concuerda en todos los puntos que ha traído a discusión el Censor en su Recurso, del análisis del caso ha llegado a la conclusión de que los Juzgadores sustentan su fallo en una motivación que desconoce las reglas de la sana crítica, en especial aquella a que se refiere el medio de prueba pericial.- En respuesta a lo planteado por el Censor, la Sala de lo Penal hace las siguientes acotaciones: 1).- Los Testigos y agentes de investigación E. D. O. L. y J. D. U. G., realizaron el registro autorizado en la casa de la acusada encontrando ocultas las cantidades de $ 26,516.00 y Lps. 1,094,003, en el cielo falso de la segunda planta de la vivienda habitada por la acusada; Los Juzgadores al valorar sus testimonios indicaron que eran creíbles pero que no tienen la eficacia de convencimiento que permita acreditar el delito de de Lavado de Activos que se atribuye a la encartada (F. 4505 v.) arguyendo que dicho dinero era producto de transacciones lícitas.- Con éste razonamiento los Juzgadores llegan al convencimiento de que el dinero efectivamente fue encontrado, tanto en la cantidad descrita como en el lugar señalado, pero descartan que se haya acreditado la comisión de un delito de lavado de activo por considerar que mediante la prueba de descargo se acreditó que existe una justificación económica legal de su procedencia. 2).- El Censor, siguiendo lo señalado por el Perito M. Á. C. A., en su Dictamen de Patrimonio Familiar y Financiero (F. 4446 y ss), menciona como punto importante de su argumento recursivo, que la Ferretería J. no era rentable, deducido así porque ésta no había enterado al fisco ninguna cantidad de dinero en concepto de impuestos desde el año 2006, hasta el 2010, excepto en el año 2008, y que por tanto al no ser rentable no existe justificación económica de que la Señora Z. A. R., haya podido manejar una cuenta de Cheques en Banhcafe con débitos en 2006 por la cifra de 18,376,830.39, en 2007 de L. 21,768,775.96, en 2008 de L. 17,570,098.68, en 2009 de L. 5,941,429.25, y en los dos primeros meses del año 2010 de L. 498,914.99, todo ello sumado al dinero que en efectivo fue encontrado en casa de la acusada.- En el caso bajo examen se imputa a la Señora Z. A. R., la posesión de activos que no tienen justificación económica o legal, activos consistente en dinero que administraba a través de la cuenta de Cheques en el Banco Banhcafe No. 13604000192 y dinero en efectivo encontrado en su casa de habitación; esta Sala considera de que el hecho de que la Ferretería J. haya o no haya honrado sus obligaciones fiscales no es concluyente para estimar acreditado que las cantidades de dinero mencionadas no tengan una justificación económica legal de su procedencia, en tanto que no se puede deducir que por el hecho de no pagar impuesto el negocio no era rentable, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que si fuese rentable pero que sus administradores hayan decidido no pagar impuestos para obtener mayores ganancias.- Lo que sí es relevante y punto a dilucidar es si existe justificación, económica y legal, para la existencia de dichos activos en manos de la Señora Z. R., y particularmente si éstos tiene su origen en la actividad mercantil de la Ferretería J., como única actividad económica que ésta realizaba.-3).- El Censor afirma que, haciendo una deducción carente de razón suficiente, los Juzgadores concluyeron que el medio de prueba pericial no podía ser valorado para sustentar la hipótesis acusatoria.- El Medio de Prueba Pericial fue presentado por el perito M. Á. C. A. al debate, concluyendo los Juzgadores que la información que en él se relaciona ESTÁ APEGADA A LA VERDAD (f. 4506), de este modo el demérito encontrado por el Tribunal de Instancia no ha recaído en la persona del perito, tampoco en la documentación que sirvió como base del examen, tampoco ha sido la técnica usada para el análisis financiero, sino que en los siguientes dos puntos: Primero: indican los Juzgadores que no se le proporcionó al perito la totalidad de la información financiera de la acusada y segundo que el perito en sus conclusiones no fue objetivo al extralimitarse en la tarea encomendada (F. 4506 vuelto y 4507), al respecto el Tribunal de Casación estima lo siguiente: i.-Según los Juzgadores el Perito no contó con toda la información financiera requerida para hacer un estudio más integral y global de los activos y pasivos de la acusada y arribar a una conclusión más confiable, sin embargo el Tribunal de instancia no señala a que información financiera se refiere, dejando al lector de la sentencia en un espacio oscuro y vacío y por tanto frente a un razonamiento inconcluso. Los Juzgadores en su sentencia se limitan a señalar que el perito no contó con toda la información financiera, sin señalar a que información se refiere y como esta puede demeritar las conclusiones del Perito.- Es de considerar que de la lectura de los antecedentes se desprende que durante el Debate se le facilitó al perito C. A. la documentación que la Defensa Privada presentó como medio de prueba (F. 4466 vuelto) y que ésta documentación fue analizada por el Perito sumándola a la que ya contaba para rendir posteriormente su peritaje en el debate, información que al final fue calificada por los Juzgadores como correcta (F. 4480 v.).- Por otro lado la Sala de lo Penal no encuentra fundamento de que esa información faltante se trate de la que contiene documentación relativa a varios bienes inmuebles inscritos a favor de la acusada, lo que fue cuestionado por la Defensa Privada al perito M. Á. C. A. durante el debate (F. 4482). El Tribunal de Sentencia indica que en los años 2005, 2006 y 2008 el Señor B. J. adquirió, mediante compra-venta, bienes inmuebles en el Municipio de El Progreso que pasaron por sucesión hereditaria a propiedad de la acusada Z. R., quien por su parte ya en el año 2004 había adquirido un bien inmueble por compra-venta en el mismo lugar (F. 4512), bienes inmuebles que no justifican del manejo del flujo de metálico en la cuenta del Banco Bancahfe por parte de la acusada o del dinero en efectivo que le fue encontrado en su casa (F. 4513), puesto que no se acreditó que alguno de estos bienes inmuebles produjeran algún tipo de renta.- ii. El Tribunal de Sentencia imputó al perito falta de objetividad al afirmar éste en su dictamen que no existía justificación económica para que la acusada hubiese manejado la cantidad de activos a través de la cuenta Bancaria en Cheques de Banhcafe y el dinero en efectivo encontrado en su casa de habitación; la Sala de lo Penal comparte con el Censor que ésta calificación no tiene razón suficiente, de hecho resulta violatoria al principio de coherencia puesto que el Perito fue propuesto por el Ministerio Público como un medio de prueba a reproducir en el debate para acreditar precisamente que la acusada no tenía justificación de la actividad económica generadora de los activos en las cantidades mencionadas (F. 713), de este modo resulta incoherente señalar que el perito no es objetivo por tratar de hacer precisamente lo que se le había encomendado como tarea de estudio.- 4).- El A-quo refirió en su sentencia que con prueba documental y testifical se acreditó que los activos encontrados a la acusada en su casa de habitación y los activos que ésta manejó en la cuenta Bancaria de Cheques de Bancahfe, tenían justificación económica y legal (F. 4505 v); Esta afirmación es calificada por el Censor como violatoria al principio lógico de derivación por insuficiencia de razón suficiente, calificación que comparte esta Sala de lo Penal: i.- Ninguno de los documentos presentados por la defensa corresponden al Libro Mayor, el Libro Diario, Libro de Inventario y Balances o algún registro respecto al estado financiero de la empresa, de hecho los documentos que los Juzgadores determinaron que hacían descargo para acreditar la procedencia legitima de activos, en su mayoría son legajos de recibos de ventas al crédito (F. 4511), los que no acreditan rentabilidad por el incremento de activos, sino que más bien implica la colocación de activos ya existentes sin ingreso inmediato de efectivo en concepto de venta y por tanto ganancia, no presentándose documento adicional que acredite el correspondiente pago; además se agregaron constancias de la Empresa Femosa y Procasa, indicando que la Ferretería J. tiene línea de crédito con éstas empresas, pero en las constancias no se señala si existía saldo actual por dicho crédito y en su caso cuotas restantes de pagar y su monto; se presentaron 81 cheques emitidos por la acusada a favor de varias personas (F. 4512), indicando el Tribunal de Sentencia que estas personas eran proveedores (F. 4512 v.), sin detallar quienes eran estas personas (naturales o jurídicas) y como dedujo el A quo que eran proveedores y además que tipo de material o insumos eran los que proveían, en base a documentación de recibo de materiales.- ii.- Los Testigos M. Á. A. P. (f. 4467), David López Benavides (F.4469), O. A. M. A. (F. 4469 v.), A. C. G. (F. 4473), N. A. M. (F. 4476), rindieron declaración testifical en debate, todos ellos manifestaron que fueron clientes de la Ferretería J., e indicaron haber obtenido materiales al crédito, que esos materiales lo fueron pagando en cuotas, añadiendo que no firmaron ningún documento asumiendo la obligación, mucho menos el haber ofrecido alguna garantía y salvo el caso de la señora A. C. G. en el momento mismo de declarar en el debate, tampoco expresaron tener recibo de los pagos efectuados; estas declaraciones compagina con las que rindieron los testigos M. L. R. M., empleada de la Ferretería J. (F.4468) y H. R. O. V., contador de la Ferretería J. (F. 4477), quienes aseguraron que los dueños del negocio otorgaban muchos créditos y no exigían ninguna documentación para sustentarlos; estas declaraciones fueron calificadas por el Tribunal de Sentencia como creíbles (F. 4511), indicando que sus testimonios tienen relación con la prueba documental, sin detallar puntualmente a que prueba documental se refiere y como se da tal relación; también señala el A-quo que estas declaraciones acreditan que en el negocio se daban “prestamos con garantía” aun y cuando ninguno de los testigos hizo mención de ello; por otra parte la Sala de lo Penal constata que los testigos que se presentaron a declarar, calificados como creíbles para el A-quo, declaran sobre ventas al crédito sin referirse a las fechas en que éstas ocurrieron, siendo el crédito la colocación de producto sin ingreso de efectivo, alguno de éstos significativos, de este modo la testigo M. Á. A., indica que gracias a dichos créditos pudo construir cuatro apartamentos y dos casas (F. 4467), y el testigo N. A. M., refiere que el monto de su crédito se aproximó a un millón de lempiras (F. 4476 v), con lo cual la Ferretería J. debía de efectuar ventas al contado altas para poder soportar las ventas al crédito, sin embargo en relación a la existencia de ventas al contado no existe ninguna reflexión por parte de los Juzgadores.-.A modo de conclusión podemos afirmar que en el caso bajo examen el Tribunal de instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, y que por lo tanto, sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que aún mantiene vigencia respecto a la imputada Z. A. R., es procedente declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público, manteniéndose incólume el pronunciamiento condenatorio por el delito de posesión ilegal de arma de fuego dictado contra la encartada. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 202 y 362 No. 3) del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Decretando la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha veinte (20) de Julio y del debate que le origina celebrado en fecha veintitrés (23) de Mayo, ambos del año dos mil doce (2012), manteniéndose incólume el pronunciamiento condenatorio dictado contra la encartada Z. A. R. por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO; Y MANDA.- PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veinte (20) de Julio de dos mil doce (2012).- SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, con certificación de la presente sentencia, para que proceda con arreglo a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil trece, recaído en el recurso de casación penal con orden de ingreso en este Supremo Tribunal de Justicia bajo el número S.P.80=2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[2] Vid. El Compendio de Legislación complementaria sobre derecho procesal penal, Editorial OIM, Tegucigalpa, 20 de junio de 2011, págs. 95-96.
[3] Vid. R. M., M./ C. D., J. L..- La Prueba Pericial en el Proceso Penal.- Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2006, Pag 83.
[4] Vid. R. M., M. / C. D., J. L..- Ob. Cit., Pág. 83.