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Sentencia CP-72-11 — Registro 3209

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, el recurso de casación fue declarado sin lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...a Sala de lo Penal, ha reiterado que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente, de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. En el caso examiné, se ha denunciado violación de una de las garantías mas preciadas en el ámbito penal -la “Presunción de Inocencia”- que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado. Razón por la cual la Sala también ha reiterado, que en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional fundado en vulneración del principio -derecho a la presunción de inocencia-, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal A-quo contó con suficiente prueba de carácter acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. IV.- El recurrente, aduce que el Tribunal de Sentencia lesionó el estado de inocencia de su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base la declaración testifical del señor S. DE LOS A. L., a la cual no se le puede dar ninguna credibilidad cuestionando la fiabilidad y credibilidad del testigo, al encontrarse éste en estado de ebriedad. Al respecto, la Sala determina que en el caso examiné, se realizó el debate oral y público presentándose los medios de prueba válidos y, concretamente, se encuentra que se contó con suficiente actividad probatoria para fundar la sentencia condenatoria que se recurre, existiendo la declaración de cargo del testigo S. DE LOS A. L. I. (folio 139,139), la cual es objetada por el recurrente, pero al examinar la referida declaración, se deduce con claridad que el acusado es plenamente identificado como la persona que disparó contra el hoy occiso N. A. H. E., ciertamente como aduce el recurrente, el testigo dice en su declaración que había tomado de “tres a cuatro octavos”, pero trasmite con claridad el hecho de que se encontraban jugando casino, quienes iban ganando y el momento y la forma en que dispara el acusado, sin que objetivamente pueda determinarse que el testigo perdió la percepción total de la realidad a causa del alcohol, siendo claro el relato con que lo trasmite al Tribunal de instancia, no existiendo razones para dudar de la imparcialidad o la sinceridad de la versión del testigo; además, la referida declaración se puede reforzar con la de otros testigo de cargo –J. J. R. Y M. DE J. M.- que si bien, no señalan al acusado directamente, sí lo ubican en el lugar de los hechos en un juego de casino, lo cual es coincidente con la declaración del testigo S. DE LOS A. L. I.En consecuencia, y después de un minucioso examen del razonamiento externado por el Tribunal de Instancia para valorar el haz probatorio aportado al juicio, esta Sala, considera que ha existido prueba determinante y suficiente para condenar, siendo válido que se haya enervado el estado de inocencia del acusado ante la prueba de cargo aportada por el órgano acusador, tal como lo consideró el A-quo. Resultando procedente declarar..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- La defensa invoca quebrantamiento de forma, aduciendo que las motivaciones fácticas y jurídicas son contradictorias y no haberse observado las reglas de la sana crítica, fundándose en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Aduce el recurrente que es clara la contradicción que se encuentra en la sentencia, pues en la valoración de la prueba se determina que no cabe duda de la responsabilidad del acusado, siendo contradictoria la declaración del testigo S. DE LOS A. L. con la del testigo J. J. R., cuestiona que el A-quo toma como válidos los hechos narrados por el testigo S. DE LOS A. L. no apegado a la sana crítica, pues el dictamen dice que el disparo es de abajo hacia arriba y el testigo dice que estaban sentados en la mesa. El recurrente también hace una exposición doctrinal de las reglas de la sana crítica, aduciendo que fueron violentadas al no ser tomadas en cuenta por el juzgador las contradicciones en las declaraciones rendidas y que el material probatorio no era apto para arribar a las conclusiones que se llegó, violentando el principio de derivación. II.- El artículo 362 numeral 3 invocado, presenta cuatro posibles motivos diferentes de casación que pueden ser: a) Carencia de motivación fáctica o jurídica, b) Motivación insuficiente, c) Motivación contradictoria, d) inobservancia de las reglas de la sana crítica. El recurrente plantea dos de manera conjunta al alegar que -las motivaciones fácticas son contradictorias y no haberse observado las reglas de la sana critica- siguiendo una adecuada técnica recursiva cada posible motivo debe explicarse de manera separada para una mejor claridad y comprensión del recurso. Referente al vicio de que las motivaciones sean contradictorias, concurrirá cuando los razonamientos del juzgador irrespeten la coherencia que debe regir el recto entendimiento humano, en la sentencia debe existir coexistencia armónica entre lo relatado en los hechos probados, con lo afirmado en la valoración y la fundamentacion jurídica. En cuanto a la infracción de las reglas de la sana crítica, la Sala ha reiterado, que cuando se invoca violación de las reglas de la sana crítica se debe señalar con claridad de qué manera se han infringido dichas reglas en relación a la valoración concreta que han otorgado los juzgadores a los diferentes medios de prueba, cuando la valoración del juzgador no produzca un claro error en el razonamiento vertido que lleve a conclusiones absurdas, arbitrarias o subjetivas, no se producirá violación de las reglas de la sana crítica, la valoración del juzgador en base a las reglas de la sana crítica debe basarse en parámetros objetivos, como lo son los principios de la lógica, la psicológica y la experiencia común, correspondiendo a la Sala de lo Penal, al conocer del recurso por violación de las reglas de la sana crítica, no realizar una revaloración del haz probatorio lo cual sólo le corresponde al A-quo de acuerdo a los principio que inspiran y rigen el proceso penal (oralidad, inmediación, concentración), pero si corresponde determinar si las valoraciones son razonables y consecuentes con las reglas de la sana crítica. III.- El alegato del recurrente aduciendo motivación contradictoria no es de recibo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- El recurrente aduce en el motivo, que se resuelve la concurrencia del vicio de haber excluido o dejado de valorar prueba de valor decisivo en el juicio. En síntesis considera que se da el motivo invocado, pues el juzgador “dejó de considerar o darle valoración lógica alguna, como ser la declaración por lectura autorizada del señor M. R. L. R. en la sentencia que se recurre”. II.- La Sala de lo penal, ha reiterado que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, no siendo permitido a los Tribunales de Instancia, omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, es decir, una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa que se juzga; por lo que en estos casos para determinar la procedencia del vicio invocado se debe analizar si la prueba fue excluida o no, o si la misma dejada de considerar, que es la otra hipótesis comprendida en la causal, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar además a la conclusión si es de valor decisivo o no la prueba excluida o dejada de considerar. III.- En el caso examiné, el recurrente reclama que no se consideró la declaración introducida por lectura del señor M. R. L. R. Consta en el acta de debate que a petición de la defensa el Tribunal autorizó se incorporara por lectura la declaración rendida en la audiencia inicial por el referido testigo, sin haberse justificado los motivos excepcionales -que sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio- establecidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal y que el juzgador está obligado a determinar en cada caso concreto. Efectivamente, en la sentencia recurrida si bien se hace mención en la valoración de la prueba en su numeral cuarto de la declaración rendida en la audiencia inicial por el señor M. R. L. R., se omite la valoración que se le otorga a la misma, pues el A-quo no hace un pronunciamiento sobre dicho medio que habiendo sido admitido debe ser valorado de una u otra forma por el Tribunal en consonancia con el resto de prueba. Al respecto, la Sala determina que el motivo invocado no es de recibo, ya que al revisar la declaración rendida en audiencia inicial, (folio 76 v) si bien, el testigo manifiesta que hubo una discusión, dice que no sabe quien disparó, y a la pregunta ¿si el ofendido quiso sacar su arma? Contesta que si. Al analizar si el valor que se le podría haber dado en juicio a dicha declaración incorporada por lectura podría ser “decisivo” para cambiar el resultado al cual se arribó por el A-quo, la Sala concluye que aún incorporando hipotéticamente dicha valoración, no se cambiaría el veredicto condenatorio, ya que en el debate oral y público se evacuó una declaración testifical que de manera concluyente identifica al acusado y la manera como realizó el disparo tal como se explicó al resolver el motivo de violación a las reglas de la sana crítica, debe tenerse en cuenta también, que al ser una prueba incorporada por lectura su valoración debe ir acorde a los medios que se han evacuado en el debate, pues los juzgadores no la perciben con la inmediación que caracteriza el juicio oral y razón por la cual el artículo 311 del Código Procesal Penal únicamente autoriza incorporar por lectura excepcionalmente, por ello es razonable que la declaración rendida en juicio por el testigo S. DE LOS A. L., haya servido de sustento para determinar la culpabilidad del acusado, la cual siempre tendría mayor credibilidad y no cambiaría la decisión aunque se valorase la incorporada por lectura que tampoco tiene la contundencia de descargo de los hechos a favor del acusado, mas bien, lo ubica en el mismo lugar y establece que el hecho se originó por un juego de naipes, agregando únicamente que la víctima “quiso sacar su arma”, aseveración que carece de sustento con el resto de prueba evacuada en juicio. Resultando procedente declarar sin lugar el Recurso por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Violación de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual CONDENÓ al señor J. A. G. T. como autor material directo del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de N. A. H. E., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Violación de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado L. E. R. G., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. A. G. T..- SON PARTES: El Abogado L. E. R. G., en su condición de Apoderado Defensor del señor J. A. G. T., como parte recurrente y la Abogada R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADO. UNICO: En fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diez (2010), en horas de la noche, los señores J. A. G., N. A. H. E., S. DE LOS A. L., se encontraban jugando un juego de azar, específicamente casino, en el lugar conocido como Billares Nuevo Paraíso, ubicado en la aldea La Concepción, en donde se encontraban mas personas y en donde los testigos en el presente debate principalmente el testigo S. DE LOS A. L. relató de forma coherente y consecuente en como sucedieron los hechos, por lo que quedó probado por este Tribunal que el señor ofendido N. A. H. E., provocándole la muerte de manera instantánea”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Violación de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente Abogado L. E. R. G. formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Violación de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción por Aplicación Indebida del artículo 24 numeral 1 reformado del Código Penal, en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el primer párrafo del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. La norma que se cita como aplicada indebidamente prescribe: Artículo 24.- “Se halla exento de responsabilidad penal: 1.- Quien obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, e) Falta de Provocación suficiente por parte de quien se defiende....” En relación con el artículo 117 del Código Penal.- Es reo de asesinato, quien de muerte a alguna persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Alevosía. 2.- Con premeditación conocida. 3.- Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, con jurisdicción en el Departamento de Olancho, al proferir el fallo estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El día dieciséis de enero del año dos mil diez, en horas de la noche, los señores J. A. G., N. A. H. E., S. DE LOS A. L. se encontraba jugando un juego de azar específicamente casino, en el conocido como Billares Nuevo Paraíso, ubicada en la aldea La Concepción, en donde se encontraban más persona y en donde los testigos en el presente debate principalmente el testigo S. DE LOS A. L., relató de forma coherente y consecuente cómo sucedieron los hechos, por lo que quedó probado por este tribunal que el señor ofendido N. A. H. E. sacó de la bolsa de su pantalón cierta cantidad de dinero y se puso a contarlo, lo que molestó al imputado J. A. G. T., quien sacó su arma de fuego y disparó a la humanidad de N. A. H. E., provocándole la muerte de manera instantáneo. De la narración literal de los hechos que el Tribunal sentenciador ha declarado como probados, los cuales para efectos de casación en el fondo constituyen verdades intangibles, claramente sin ningún esfuerzo mental se puede apreciar, ubicando por efectos de la sentencia si realmente estando en el lugar de los hechos mi representado el imputado J. A. G. T., realizó una acción encaminada a defender su vida de la acción realizada por ahora occiso N. A. H. E.; estableciéndose en la sentencia, en la valoración de la prueba practicada, en su inciso SEGUNDO hace alusión a diferentes declaraciones realizadas por testigos que no estuvieron presentes al momento del hecho, así mismo de la declaración de S. DE LOS A. L., A LA CUAL NO SÉ DEBE DAR NINGÚN GRADO DE CREDIBILIDAD, ya que este testigo se encontraba es estado de ebriedad como el mismo lo manifestó en su deposición y había estado tomando guaro toda la noche, lo relevante de la declaración de este testigo es que recuerda todo lo sucedido con gran lucidez, narra que estuvieron jugando casino y nunca hubo ninguna discusión, contrario a la declaración de este testigo del señor J. J. R., quien también estuvo presente en el lugar y quien si manifiesta que hubo una discusión y que fue por eso que terminó la jugada de naipe, lo que viene a dar credibilidad a lo manifestado por el testigo de la defensa quien manifiesta que mi representado tuvo que hacer uso de su arma de fuego para defender su vida de la agresión ejercida por el hoy occiso. Como podrán observar honorables Magistrados el Juez a-quo en el numeral quinto establece que toma como válidos los hechos narrados por el señor S. DE LOS A. L. I., ya que los mismo es sustentada por la prueba documental evacuada en dicha audiencia, esto es totalmente contradictorio a los establecido por dicho testigo, ya que el manifiesta que estaban sentados en la mesa y el dictamen de realizado por los médicos que realizaron la exhumación manifiestan que la entrada del disparo es de abajo hacia arriba por qué se puede aprecian a simple vista es que el hoy occiso se encontraba en una posición de ventaja sobre mi representado por lo que dicha valoración no está apegado en base a la sana crítica. Aplicándonos al caso en particular y desprendiéndonos de la fundamentación jurídica, podemos apreciar es importante señalar que la legítima defensa constituye justificación de las más caracterizadas, en cuanto el individuo trata de oponerse y neutralizar cualquier ataque injusto o imprevisto que se cierna sobre el mismo, atentando a sus más preciados derechos, a la vez que se erige justificadamente en defensor del orden jurídico suplantando al propio estado, ante la inminencia de la amenaza y la urgencia demandada por la situación, impeditiva de la solicitud de concurso y ayuda de las fuerzas del orden establecido; afirmándose el derecho por medio de la interposición y actuación del defensor, contrarrestando de tal modo el ímpetu violento y la negativa conculcación por parte del agresor de las mínimas reglas observables y atendibles para la armónica convivencia social. La Legítima Defensa tiene su fundamento en la salvaguarda del interés preponderante. Los requisitos comunes a todas las clases de legítima defensa, son: 1°) La agresión ilegítima, como conducta humana que crea un peligro real y objetivo con potencia de dañar, actual o inminente, ilegítimo y nunca es tal la producida en riña, mutua y libremente aceptada, que no debe confundirse con la que puede seguir a la agresión ilegítima, cuando la respuesta del agredido no es lo suficientemente contundente para imposibilitar o eliminar al contrario. 2°) El segundo elemento es que la defensa tiene que ser necesaria, presidida por un animus defensiones, no cabe en las agresiones de futuro (temidas) o ya acabadas y ha de ser proporcionada; siendo elogiable la palabra utilizada con el vocablo “racional”, que no puede dejarse a la exclusiva estimación subjetiva del que se defiende, sino mediante la aplicación de una regla o módulo susceptible de individualización, y, 3°) por último, en cuanto a la provocación puede afirmarse que si ésta no concurre o es insuficiente, se producirá la exención total”. Es así Honorables Magistrados del Alto Tribunal de Justicia, que el censor quiere exponerles su punto de vista para dejar al descubierto la infracción por aplicación indebida o incorrecta del artículo 24 numeral 1 en relación con el 117 del Código Penal, por parte del Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, en la cual establece como probados unos hechos y de ese cuadro fáctico, no se refleja o desprende la figura que el ente sentenciador pretende aplicar, pero impone una condena por asesinato, claro, desde luego, interpretando erróneamente la figura de la legítima defensa. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE. Tomando en cuenta los hechos declarados como probados por el Tribunal de Instancia, la aplicación que debió hacer el A-quo y que pretende el pedidor, es la de absolver de responsabilidad penal a mi representado J. A. G. T., de conformidad a lo que ordena el artículo 339 del Código Procesal Penal; ya que repetimos, el juzgador no establece o plasma acción alguna en el cuadro fáctico de la sentencia de mérito en la cual se describa o establezca que J. A. G. T., porque sencillamente del elenco probatorio incorporado al debate, se refleja participación o acción alguna en la cual se establezca que mi cliente haya tenido conocimiento, intención, motivo alguno, o simplemente haya realizado actos anteriores o simultáneos indispensables o necesarios para producir la muerte de este como lo ha interpretado el Tribunal recurrido. En vista que los actos realizados por este (J. A. G. T.) constituyen una legítima defensa, ya que mi representado lo que hizo fue defenderse de un agresión realizada por parte del señor N. A. H. E., sin ninguna provocación de parte de mi representado. Por la cual es considerada solamente un indicio que unido a otros, podrá establecer plena prueba, tal y como lo establece la doctrina, ya que de la prueba antes descrita y que sirvió de base o fundamento para condenar a mi representado J. A. G. T., como ser el testimonio de la antes expresada S. DE LOS A. L. I., si el sentenciador hubiese actuado con la debida imparcialidad en la presente causa no le hubiere dado ningún valor, ya que se evidencia por las grandes contradicciones que se reflejaron en el debate, la falta de fiabilidad o credibilidad en este testigo; lo que se puede apreciar en el acta de debate que la defensa quiso hacer ver al Tribunal de sentencia que la testigo argumentaba cosas falsas contra mi representado a fin de que se dictara contra el mismo una sentencia condenatoria de hechos que en ningún momento fueron tomados por el Tribunal porque evidencio su falta de credibilidad como es las diferentes acusaciones de homicidio contra N. A. H. E. por parte de mi representado así como que el se encontraba en estado de ebriedad por estar tomando desde las cinco de la tarde, contrario a lo que manifestaron los testigos de la defensa. En conclusión HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el Tribunal recurrido le ha dado crédito a un testigo desde todo punto de vista contradictorio en sus deposiciones tal y como lo hemos ya explicado y por ende carente de veracidad y fiabilidad en sus afirmaciones, el juzgador a supra valorado la declaración de la señor S. DE LOS A. L. I. sin tomar en cuenta. Con lo anterior Honorable Tribunal de Alzada he tratado de ilustrar en qué consiste la flagrante violación por parte del Tribunal de sentencia al principio-derecho de inocencia, que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República, y el artículo 1 del Código Procesal Penal, que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena, sino en virtud de sentencia firme después de haberse probado los hechos en un juicio oral, conforme los principios constitucionales, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y el presente Código. Cierto es la declaración constitucional y de la Ley Procesal en su artículo 1, al establecer que todo imputado será considerado como inocente hasta que se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente; pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado, y es el caso de autos Honorable supremo Tribunal, en la cual el A-quo basándose en solo en una declaración testifical rendida por un amigo del supuesto ofendido sin dar absoluta credibilidad a los testigos de la defensa por considerar que una vez sucedido el hecho a estos les es fácil mentir sin tomar en cuenta la juramentación de la cual son objetos, totalmente viciadas a dictado un fallo de condena para mi patrocinado violando como consecuencia el derecho de inocencia que constitucionalmente le sigue favoreciendo hasta que la misma adquiera el carácter de firme. En apoyo de lo que hemos expuesto anteriormente, la mayoría de los convenios internacionales que honduras a suscrito con la comunidad Jurídica Internacional, defienden enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la Convención Americana de derechos Humanos, o Pacto de San José, en su artículo 8 inciso 2, señala “que toda persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11 determina. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 No 2, prescribe. “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”. y así podemos citar una serie de instrumentos mas, de los que Honduras forma parte por haberlos ratificado, como ser La Convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarla sino absolverla. Como Jurisprudencia Internacional relativa al principio o derecho de inocencia, podemos citar la sentencia dictada por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso CANTORAL BENAVIDES, de fecha 18 de agosto del 2000, en el cual el Estado de El Perú condenó a dicho imputado a 20 años de reclusión por el delito de Terrorismo, y entre otras cosas estableció: “Los jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con prejuicios y supusieron a priori que el acusado era culpable, por lo que el Perú violo el artículo 8.2 de la Convención, corresponde al Estado el ONUS probandi de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. Los indicios tenidos en cuenta para condenar a LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDES, no reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la ofensa penal y el hecho criminoso, por lo tanto El Perú castigó a una persona inocente cuya vinculación a actividades de tipo terrorista no se demostró. Es el caso que nos ocupa Honorable Corte, donde mi patrocinado ha sido condenado por pura sospecha de su participación, pero nunca por una verdadera prueba que demuestre fehacientemente la culpabilidad de mi cliente. En este caso en la cual se ha condenado al señor J. A. G. T., como autor del delito de Homicidio, el sentenciador no se valió de más prueba e indicios, sino, que la tomo como prueba directa, es decir de testigos; pero igual esa declaración al estar viciada como se ha explicado, no reúnen los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para dictar un fallo de condena. También debemos citar la extensa Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el Doctor M. C. M. DE L., Fiscal de ese Tribunal, en su texto LA ALEGACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN, mencionando entre otras sentencias las siguientes: No 1079/200, 623/1999, 6572/11999, 1450/1999, 1347/2000; donde dice: Se ha establecido, que cuando se alega en esta sede casacional, la violación del derecho de la Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar La existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la Sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaria en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Al respecto y para finalizar la exposición de este motivo, señalaremos lo que estableció El Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia No 150/1989 de 25 de septiembre y dice: Que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible, y la evidencia de la participación del acusado. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre no se dio por las razones que ya se han señalado; sabido es que el sentenciador tiene libertad para valorar en su conjunto las pruebas que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas que la Ley señala que deben ser observadas, ya que nuestro sistema Procesal se basa en la Sana Crítica Racional, es decir, un conjunto de normas o reglas que el juzgador debe observar al momento de valorar la prueba, no siéndole permitido hacer valoraciones a su arbitrio, tal y como está permitido en el sistema de íntima Convicción o de Prueba Libre que se practica en algunas legislaciones, donde el Juzgador o Jurado según el caso, valora a su propia conciencia las pruebas evacuadas, y no tiene ni la mínima obligación de explicar el porqué de su decisión”. III.- Continúa manifestando el recurrente en su “SEGUNDO MOTIVO: Las motivaciones fácticas y Jurídicas son contradictorias y no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Como podrá determinar el Tribunal de alzada es clara y evidente la contradicción que se da en la sentencia en la valoración de la prueba en el inciso SEGUNDO donde se determina que para el juzgador no cabe duda que mi representado dio muerte al occiso, la declaración del señor S. DE LOS A. L., es contradictoria a la declaración del testigo del señor J. J. R. quien también estuvo presente en el lugar y quien si manifiesta que hubo una discusión y que fue por eso que terminó la jugada de naipe, lo que viene a dar credibilidad a lo manifestado por el testigo de la defensa que no fue valorado por el Tribunal A-quo. Como podrán observar honorables Magistrados el juez A-quo en numeral quinto establece que toma como válidos los hechos narrados por el señor S. DE LOS A. L. I., ya que los mismos son sustentados por la prueba documental evacuada en dicha audiencia, esto es totalmente contradictorio a lo establecido por dicho testigo, ya que el manifiesta que estaban sentados en la mesa y el dictamen realizado por los médicos que realizaron la exhumación manifiestan que la entrada del disparo es de abajo hacia arriba por qué se puede apreciar a simple vista es que el hoy occiso se encontraba en una posición de ventaja sobre mi representado, por lo que dicha valoración no está apegada en base a la sana crítica. Razón por la cual se da al igual una violación a las reglas de la sana crítica. Enunciadas en el artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte, el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en qué consisten las reglas de la Sana Crítica. Las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional, como lo afirma la doctrina y la mayoría de los estudiosos del derecho, consisten en que el Juzgador esta obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal entre otras cosas, está obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir, carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. La SICOLOGIA que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir, que esta regla de la Sana Crítica, no es más que aquellos razonamientos psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Veamos en qué consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba. 1.- Por otra parte, el Sentenciador también violentó la Ley de TERCERO EXCLUIDO que es otra de las reglas de la lógica, que se viola cuando las conclusiones a las que arribó el juzgador, no son congruentes con la prueba vertida y ejecutada en el juicio; ello se manifiesta porque si el sentenciador hubiese tomado en cuenta las contradicciones encontradas el algunas las declaraciones testifícales y los vicios en que se incurrió, al incorporar esas mismas declaraciones y que sirvió de fundamento para llegar a una decisión de condena, de haberse observado lo anterior, la decisión hubiera sido distinta, debido a que el material probatorio no era apto para arribar a las conclusiones al cual llego el decisor; al mismo tiempo como consecuencia de lo anterior, se produjo violación al principio o regla lógica de la derivación, que se manifiesta o impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera una conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de verdaderas pruebas que se hayan incorporado al juicio, y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se hayan determinado; lo cual no acontece en el caso subjudice, en la cual el decisor con una prueba viciada carente de toda veracidad infiere en forma superficial que mi representado, desconociendo por lo tanto el ente juzgador en qué circunstancias es que una determinada acción se puede considerar un acto anterior o simultáneo necesario en la comisión de un determinado delito y por ende podérsele aplicar la pena que corresponda. La Honorable Corte Suprema, ha creado ya Jurisprudencia definiendo criterios y anulando sentencias e incluso del Tribunal recurrido, por violación a las reglas de la sana crítica, donde a establecido: “El principio de derivación, consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo. no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana crítica específicamente la lógica”. En el presente caso, el sentenciador no solamente ha violado las reglas de la lógica antes apuntadas, sino también ha violentado la regla lógica de la derivación, al establecer conclusiones de elementos probatorios que no debió dársele ningún valor. TERCER MOTIVO: Haber excluido o dejado de considerar el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Como ser los elementos de prueba propuestos por la defensa, en la cual el sentenciador dejó de considerar o darle valor sin explicación lógica alguna, como ser la declaración por lectura autorizada del señor M. R. L. R. en la sentencia que se recurre”. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- la Sala de lo Penal, considera oportuno recordar, partiendo de lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma, se determina la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; en consecuencia, la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia, esa tarea de contralor jurídico supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia; en este sentido, el recurrente en Casación por Infracción de Ley debe necesariamente estructurar o partir su alegación en sentido estricto, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- El recurrente plantea su Recurso de Casación, alegando aplicación indebida del artículo 24 numeral 1 del Código Penal en relación con el artículo 117 del mismo Código, describiendo la figura de la legítima defensa y luego lo preceptuado en el artículo 117 referido a la figura del asesinato, siendo erróneo al plantear “aplicación indebida” del artículo 24, pues en la sentencia recurrida el tipo penal aplicado es el contenido en el articulo 116 que regula el delito de HOMICIDIO por el cual se condenó al acusado J. A. G. T. en perjuicio de N. A. H. E. Entiende la Sala, que el recurrente ha pretendido exponer su disconformidad con la norma aplicada aduciendo que el hecho ejecutado por el acusado se ampara en la figura de la legítima defensa -causa de justificación- para la cual la normativa penal exige la concurrencia de los requisitos que regula el artículo 24 en su numeral 1. III.- Al conocerse de un recurso de Infracción de Ley corresponde a la Sala como ya se explicó antes, constatar sí en la descripción de hechos probados se reproducen los elementos de la norma penal calificada (artículo 116 del homicidio), partiendo del respeto irrestricto a los hechos probados que se impone cuando se trata del Recurso de Infracción de Ley, mismos que la Sala de lo Penal no puede modificar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 369 de la normativa procesal penal, los cuales el Tribunal de Sentencia establece en base a lo probado en juicio y en derivación de lo percibido y valorado en los medios de prueba recibidos con la inmediación propia del juicio oral y público. IV.- Precisamente para examinar si en la descripción de hechos probados se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho aplicado, hay que analizar si se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio; de los hechos probados (único) se desprende, que el acusado J. A. G. T. se encontraba junto a la víctima y otras personas en un juego de azar, siendo el acusado quien sacó su arma de fuego y disparó, causándole la muerte. Del relato contenido en los hechos probados se deducen entonces con claridad los elementos objetivos del tipo penal aplicado, pues existió una acción directa del acusado (disparar su arma) provocando la muerte de la víctima (resultado causado), no apareciendo en el relato de hechos probados ninguno de los requisitos exigidos para la concurrencia de la legítima defensa en el artículo 24.1 (agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente). Véase que la única acción que el hecho probado describe que ejecutó la víctima fue que: “Sacó de la bolsa cierta cantidad de dinero y se puso a contarlo lo que molestó al imputado…”, no existiendo agresión ilegítima alguna efectuada de parte de la víctima, concurriendo además en la conducta realizada por el acusado el elemento subjetivo (dolo) de querer realizar la acción de “dar muerte”, pues ejecuta la misma buscando el resultado provocado, ya que al disparar su arma molesto por la actitud asumida por la víctima, muestra claramente un desprecio total hacia el bien jurídico tutelado (vida) sin importarle el resultado lesivo que provocaría con un arma de fuego, el cual efectivamente causó, habiendo en derivación calificado el A-quo correctamente la conducta del acusado en consonancia con la descripción del hecho probado. V.- El recurrente hace también en el motivo invocado alegaciones referente a la valoración de los testigos y lo dicho por los mismos lo cual es totalmente fuera de contexto invocarlos dentro del recurso por Infracción de Ley, pues si los hechos probados no van acordes con las pruebas evacuadas o si las pruebas no fueron bien razonadas corresponde alegarlo y plantearlo en otros motivos donde se aleguen errores de forma. En consecuencia de lo antes expuesto, es claro que el hecho probado se ajusta de manera idónea en el tipo penal de HOMICIDIO calificado por el A-quo en la sentencia recurrida, siendo procedente declarar sin lugar el único motivo del recurso de Casación por Infracción de Ley. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo de casación que posibilita en todos los casos que pueda interponerse que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este recurso procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. II.- El recurrente, si bien no hace en su escrito un enunciado claro al invocar la Infracción de Precepto constitucional, se deduce del mismo que plantea vulneración del artículo 89 Constitucional, referido al estado de inocencia, relacionándolo con el artículo 1 del Código Procesal Penal y los artículos 8 inciso 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En síntesis, argumenta el recurrente apoyándose en los preceptos jurídicos citados, que todo imputado debe ser considerado inocente hasta que exista sentencia condenatoria en su contra por órgano jurisdiccional competente y sustentada con auténticos medios de prueba; cuestiona el recurrente que el A-quo se basa únicamente en una sóla declaración testifical rendida por un amigo del ofendido, sin dar credibilidad a los testigos de la defensa. III.- La Sala de lo Penal, ha reiterado que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente, de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. En el caso examiné, se ha denunciado violación de una de las garantías mas preciadas en el ámbito penal -la “Presunción de Inocencia”- que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado. Razón por la cual la Sala también ha reiterado, que en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional fundado en vulneración del principio -derecho a la presunción de inocencia-, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal A-quo contó con suficiente prueba de carácter acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. IV.- El recurrente, aduce que el Tribunal de Sentencia lesionó el estado de inocencia de su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base la declaración testifical del señor S. DE LOS A. L., a la cual no se le puede dar ninguna credibilidad cuestionando la fiabilidad y credibilidad del testigo, al encontrarse éste en estado de ebriedad. Al respecto, la Sala determina que en el caso examiné, se realizó el debate oral y público presentándose los medios de prueba válidos y, concretamente, se encuentra que se contó con suficiente actividad probatoria para fundar la sentencia condenatoria que se recurre, existiendo la declaración de cargo del testigo S. DE LOS A. L. I. (folio 139,139), la cual es objetada por el recurrente, pero al examinar la referida declaración, se deduce con claridad que el acusado es plenamente identificado como la persona que disparó contra el hoy occiso N. A. H. E., ciertamente como aduce el recurrente, el testigo dice en su declaración que había tomado de “tres a cuatro octavos”, pero trasmite con claridad el hecho de que se encontraban jugando casino, quienes iban ganando y el momento y la forma en que dispara el acusado, sin que objetivamente pueda determinarse que el testigo perdió la percepción total de la realidad a causa del alcohol, siendo claro el relato con que lo trasmite al Tribunal de instancia, no existiendo razones para dudar de la imparcialidad o la sinceridad de la versión del testigo; además, la referida declaración se puede reforzar con la de otros testigo de cargo –J. J. R. Y M. DE J. M.- que si bien, no señalan al acusado directamente, sí lo ubican en el lugar de los hechos en un juego de casino, lo cual es coincidente con la declaración del testigo S. DE LOS A. L. I.En consecuencia, y después de un minucioso examen del razonamiento externado por el Tribunal de Instancia para valorar el haz probatorio aportado al juicio, esta Sala, considera que ha existido prueba determinante y suficiente para condenar, siendo válido que se haya enervado el estado de inocencia del acusado ante la prueba de cargo aportada por el órgano acusador, tal como lo consideró el A-quo. Resultando procedente declarar sin lugar el recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo invocado por el recurrente. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- La defensa invoca quebrantamiento de forma, aduciendo que las motivaciones fácticas y jurídicas son contradictorias y no haberse observado las reglas de la sana crítica, fundándose en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Aduce el recurrente que es clara la contradicción que se encuentra en la sentencia, pues en la valoración de la prueba se determina que no cabe duda de la responsabilidad del acusado, siendo contradictoria la declaración del testigo S. DE LOS A. L. con la del testigo J. J. R., cuestiona que el A-quo toma como válidos los hechos narrados por el testigo S. DE LOS A. L. no apegado a la sana crítica, pues el dictamen dice que el disparo es de abajo hacia arriba y el testigo dice que estaban sentados en la mesa. El recurrente también hace una exposición doctrinal de las reglas de la sana crítica, aduciendo que fueron violentadas al no ser tomadas en cuenta por el juzgador las contradicciones en las declaraciones rendidas y que el material probatorio no era apto para arribar a las conclusiones que se llegó, violentando el principio de derivación. II.- El artículo 362 numeral 3 invocado, presenta cuatro posibles motivos diferentes de casación que pueden ser: a) Carencia de motivación fáctica o jurídica, b) Motivación insuficiente, c) Motivación contradictoria, d) inobservancia de las reglas de la sana crítica. El recurrente plantea dos de manera conjunta al alegar que -las motivaciones fácticas son contradictorias y no haberse observado las reglas de la sana critica- siguiendo una adecuada técnica recursiva cada posible motivo debe explicarse de manera separada para una mejor claridad y comprensión del recurso. Referente al vicio de que las motivaciones sean contradictorias, concurrirá cuando los razonamientos del juzgador irrespeten la coherencia que debe regir el recto entendimiento humano, en la sentencia debe existir coexistencia armónica entre lo relatado en los hechos probados, con lo afirmado en la valoración y la fundamentacion jurídica. En cuanto a la infracción de las reglas de la sana crítica, la Sala ha reiterado, que cuando se invoca violación de las reglas de la sana crítica se debe señalar con claridad de qué manera se han infringido dichas reglas en relación a la valoración concreta que han otorgado los juzgadores a los diferentes medios de prueba, cuando la valoración del juzgador no produzca un claro error en el razonamiento vertido que lleve a conclusiones absurdas, arbitrarias o subjetivas, no se producirá violación de las reglas de la sana crítica, la valoración del juzgador en base a las reglas de la sana crítica debe basarse en parámetros objetivos, como lo son los principios de la lógica, la psicológica y la experiencia común, correspondiendo a la Sala de lo Penal, al conocer del recurso por violación de las reglas de la sana crítica, no realizar una revaloración del haz probatorio lo cual sólo le corresponde al A-quo de acuerdo a los principio que inspiran y rigen el proceso penal (oralidad, inmediación, concentración), pero si corresponde determinar si las valoraciones son razonables y consecuentes con las reglas de la sana crítica. III.- El alegato del recurrente aduciendo motivación contradictoria no es de recibo, ya que la sentencia recurrida respeta una coherencia clara entre los hechos relatados, la valoración realizada y fundamentación jurídica, no existiendo dualidad auto-excluyente y se percibe claramente la línea de la voluntad de los juzgadores al emitir su fallo sin contradecirse, dejando claro que arriban a su conclusión tomando como base la declaración del testigo S. DE LOS A. L., de la cual el Tribunal afirma en su valoración se desprende “especialmente” que el acusado le disparó sin justificación alguna a la víctima. El recurrente plantea una “contradicción” entre lo declarado por el testigo S. DE LOS A. L. y lo dicho por el testigo J. J. R., (vista el acta de debate que corre a folios 135-145), no se aprecia contradicción alguna, el testigo S. DE LOS A. L., declara que: “Yo llegué a ese local a echarme unos tragos, llegué tipo cinco de la tarde y yo no entro adentro sino que estoy fuera; cuando ya era tarde en la noche, salieron unos amigos y nos pusimos a jugar naipe, entonces vino N. y se metió la mano a la bolsa, que sacó no se y vino J. G. y le dijo que para qué lo contás, lo cuento porque es mío le dijo el muchacho, entonces ahí fue donde le pegó el disparo”. El testigo J. J. R. por su parte, deja claro que se encontraba en el lugar que sucedió el hecho y declara que cuando la víctima recibe el disparo: “En ese momento ya había terminado la jugada y yo ya venía para mi vehículo, yo no mas escuché el disparo y de allí para allá no se más”, contestando también en el interrogatorio efectuado, que no supo quien había realizado el disparo, que no sabe si el acusado u otras de las personas portaban armas de fuego, que si estaban apostando y hubo una discusión, y no recuerda de que lado estaba N. en relación a J. cuando estaban jugando. Ambos testigos coinciden en el lugar de los hechos y que tanto el acusado como la víctima se encontraban jugando naipe, de igual forma que se dio una discusión la cual el testigo S. DE LOS A. L. precisa fue cuando la víctima se sacó algo de la bolsa y el acusado le dijo que por qué lo contaba, contestando éste que porque era suyo (se infiere de lo dicho se trataba de dinero), y luego el acusado disparó sobre la víctima, el testigo J. J. R. en su declaración, no precisa a que se debió la discusión, pero no contradice que la misma haya existido en los términos antes referidos y es claro al manifestar que sólo escuchó el disparo, pues ya iba para su carro, lo cual no es contradictorio con lo aseverado por el testigo S. DE LOS A. L., quien sí manifiesta que el acusado fue quien disparó directamente sobre la víctima. IV. En el caso examiné, la Sala también determina que contrario a lo argumentado por el recurrente, las conclusiones del juzgador, son consecuentes y razonables al ser correctamente extraídas de la prueba evacuada en juicio y en derivación de las mismas, pues como ya se hizo referencia el Tribunal de manera acertada encuentra que de la declaración del testigo S. DE LOS A. L., se desprende la culpabilidad del acusado, pues establece claramente la causa de su conocimiento directo de los hechos y no se establece interés alguno que pueda haber influido en su declaración, misma que además se vincula con las otras declaraciones en cuanto al lugar que sucedió el hecho y su presencia en el mismo junto con la víctima y si bien el testigo manifiesta que se encontraban sentados en la mesa al momento del hecho, a lo cual la defensa objeta que el dictamen evacuado establece que la entrada del disparo es de abajo hacia arriba, aduciendo que el occiso estaba en posición de ventaja. Al respecto, el perito propuesto (folio 142) a la pregunta de ¿cuál cree que haya sido la posición entre víctima y victimario? contesta que: “una trayectoria de izquierda a derecha y seria ligeramente de atrás hacia delante,…pero la posición en que estaba la víctima es bien difícil porque estaba reducción esquelética y había que tomar las tallas, las alturas del talón y otras medidas que ya son de balística, pero dependiente de la posición el arma siempre tuvo que estar de lado izquierdo”, lo que determina con certeza el perito es la trayectoria de izquierda a derecha, no así la ubicación o posición de la víctima y el acusado, la cual el testigo S. DE LOS A. L., si bien los ubica sentados, aunque no hubiera sido justamente de esa manera, no quiere decir que el testigo falta a la verdad, pues no se puede esperar que un testigo necesariamente relate precisión exacta de todos los detalles del hecho sucedido, pero si su claridad y certeza del suceso para su respectiva valoración, lo cual como ya se ha dicho no deja duda el referido testigo, existiendo de parte del A-quo una derivación razonable en la valoración de las pruebas, respetando el principio de razón suficiente. Resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo invocado por el recurrente. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- El recurrente aduce en el motivo, que se resuelve la concurrencia del vicio de haber excluido o dejado de valorar prueba de valor decisivo en el juicio. En síntesis considera que se da el motivo invocado, pues el juzgador “dejó de considerar o darle valoración lógica alguna, como ser la declaración por lectura autorizada del señor M. R. L. R. en la sentencia que se recurre”. II.- La Sala de lo penal, ha reiterado que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, no siendo permitido a los Tribunales de Instancia, omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, es decir, una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa que se juzga; por lo que en estos casos para determinar la procedencia del vicio invocado se debe analizar si la prueba fue excluida o no, o si la misma dejada de considerar, que es la otra hipótesis comprendida en la causal, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar además a la conclusión si es de valor decisivo o no la prueba excluida o dejada de considerar. III.- En el caso examiné, el recurrente reclama que no se consideró la declaración introducida por lectura del señor M. R. L. R. Consta en el acta de debate que a petición de la defensa el Tribunal autorizó se incorporara por lectura la declaración rendida en la audiencia inicial por el referido testigo, sin haberse justificado los motivos excepcionales -que sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio- establecidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal y que el juzgador está obligado a determinar en cada caso concreto. Efectivamente, en la sentencia recurrida si bien se hace mención en la valoración de la prueba en su numeral cuarto de la declaración rendida en la audiencia inicial por el señor M. R. L. R., se omite la valoración que se le otorga a la misma, pues el A-quo no hace un pronunciamiento sobre dicho medio que habiendo sido admitido debe ser valorado de una u otra forma por el Tribunal en consonancia con el resto de prueba. Al respecto, la Sala determina que el motivo invocado no es de recibo, ya que al revisar la declaración rendida en audiencia inicial, (folio 76 v) si bien, el testigo manifiesta que hubo una discusión, dice que no sabe quien disparó, y a la pregunta ¿si el ofendido quiso sacar su arma? Contesta que si. Al analizar si el valor que se le podría haber dado en juicio a dicha declaración incorporada por lectura podría ser “decisivo” para cambiar el resultado al cual se arribó por el A-quo, la Sala concluye que aún incorporando hipotéticamente dicha valoración, no se cambiaría el veredicto condenatorio, ya que en el debate oral y público se evacuó una declaración testifical que de manera concluyente identifica al acusado y la manera como realizó el disparo tal como se explicó al resolver el motivo de violación a las reglas de la sana crítica, debe tenerse en cuenta también, que al ser una prueba incorporada por lectura su valoración debe ir acorde a los medios que se han evacuado en el debate, pues los juzgadores no la perciben con la inmediación que caracteriza el juicio oral y razón por la cual el artículo 311 del Código Procesal Penal únicamente autoriza incorporar por lectura excepcionalmente, por ello es razonable que la declaración rendida en juicio por el testigo S. DE LOS A. L., haya servido de sustento para determinar la culpabilidad del acusado, la cual siempre tendría mayor credibilidad y no cambiaría la decisión aunque se valorase la incorporada por lectura que tampoco tiene la contundencia de descargo de los hechos a favor del acusado, mas bien, lo ubica en el mismo lugar y establece que el hecho se originó por un juego de naipes, agregando únicamente que la víctima “quiso sacar su arma”, aseveración que carece de sustento con el resto de prueba evacuada en juicio. Resultando procedente declarar sin lugar el Recurso por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo invocado por el recurrente. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado L. E. R. G., en su condición de Defensor Privado del acusado J. A. G. T., en contra de la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, con certificación de la presente sentencia, para que de conformidad a los preceptos legales correspondientes se proceda a su correspondiente ejecución sin dilación. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-72-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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