Sentencia CP-71-10 — Registro 3358
Resumen
Se condenó en primer instancia al imputado por violación de los deberes de los funcionarios. En segunda instancia se resolvió Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...V.I.- De la Procedencia del Recurso: Tal como lo advierte El Censor, esta Sala Penal observa que los Juzgadores en los apartados cuarto (F, 996 v.) y Séptimo (F. 997) de la fundamentación jurídica señalan que los hechos son constitutivos del delito de Torturas y que de él es culpable el Señor L. A. A. P., afirmación que es consecuencia de una desatención al momento de la redacción de la sentencia y que no constituye vicio in iudicando, debido a que igualmente se aprecia que en su conjunto la fundamentación jurídica va orientada a explicar el porqué de reprocha es precisamente un resultado dañoso a un bien jurídico, evitable por una persona que en ese momento era garante de su resguardo y cuya punición nace a partir de los tipos penales por comisión y de allí su nombre: omisión por comisión; A pesar de lo anterior, esta confusión de conceptos desarrollados en la sentencia no constituye vicio in iudicando, al no ser la esencia del fundamento del fallo, ya que los juzgadores caen en cuenta que el caso que se conoció era reproche de la omisión de un acto ordenado por la ley y no el reproche de un resultado evitable por una persona que ostentaba el papel de garante. Finalmente y en cuanto a la no subsunción de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada en el ámbito situacional previsto por la norma penal 349.3 del Código Penal, esta Sala de lo Penal concuerda con el Censor, señalando que es de recibo el motivo opuesto a la sentencia.- Tal como se explica en líneas atrás, el tipo penal objeto de la acusación y que precisamente invoca el A-quo como fundamento de su fallo, es el contenido en el artículo 349.3 del Código Penal denominado delito de Violación de los deberes de los Funcionarios o Empleados Públicos, cuya característica esencial es que se trata de un delito de omisión propia, es decir el reproche penal se formula a partir de la no realización de un acto al cual estaba obligado el empleado o funcionario público, por razón de su cargo, sin embargo los Juzgadores erróneamente se fundamentan en el para emitir un fallo condenatorio debido a que de manera pendular formulan reproche al acusado por la realización de una acción, lo que escapa al tipo penal y a la vez por omisiones no señaladas en la legislación como obligatorias para los Directores de los Establecimientos Penitenciarios. En los hechos declarados probados se narra que el acusado, en su condición de Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, sin remitir al reo J. R. G. L. a Medicina Forense para su evaluación y sin pedir la opinión del Consejo Psico-Pedagógico, ordeno verbalmente su traslado del modulo de Segregación al modulo conocido como “sentenciados dos”, el cual no tiene zona de seguridad o “zona muerta”, todo dentro de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto y que como consecuencia de ello el reo trasladado, junto con otros dos más, pudieron fugarse de dichas instalaciones; Estos hechos son base para que los Juzgadores condenen al acusado como responsable del delito de Violación de los Deberes de los Empleados o Funcionarios Públicos, en primer término por la orden verbal de traslado, puntualizando en el numeral Sexto de la fundamentación jurídica (F.997), que aun cuando se reconoce la ausencia de agravantes y atenuantes y se califica al acusado como persona no peligrosa, se impone una pena mayor al límite abstracto mínimo debido precisamente a que “…la acción realizada por el imputado tres condenados se sustrajeron de la justicia al evadirse del centro penitenciario…”, mas sin embargo dicha orden constituye una conducta comisiva, ergo no se subsume en ninguna de las omisiones descritas en el artículo 349.3 del Código Penal fundamenta el fallo; En segundo término por las omisiones descritas en los hechos probados de no haber remitido al reo J. R. G. L. a Medicina Forense para su examen médico y no haber solicitado la opinión del Consejo Psico-Pedagogico del Instituto Penitenciario como procedimiento administrativo previo para ordenar su traslado, es una argumentación incorrecta ya que éstos actos no están contemplados como obligatorios en la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Los Juzgadores equívocamente citan el artículo 18 de dicha norma legal como origen de la obligación del acusado de realizar dichos actos (F. 995), más en éste artículo no se determina que los Directores de las Penitenciarias y Centros Penales deban, en todos los casos, consultar a Medicina Forense sobre el estado de salud de un reo y pedir la opinión del Consejo Psico-Pedagogico, previo a realizar traslados de reos al interior de los establecimientos; Igualmente los Juzgadores señalan que el acusado omitió lo dispuesto en los reglamentos de la Ley de Rehabilitación del Delincuente (F, 996 v.), siendo esto una aseveración falas debido a que si bien la Ley citada prevé que el Poder Ejecutivo deberá de emitir cinco reglamentos para el funcionamiento del sistema penitenciario, para el año 2006, ámbito temporal de los hechos juzgados, no se había emitido ni uno solo, por lo que no puede servir de fundamento una reglamentación inexistente y que precisamente imposibilito a los juzgadores citar concretamente la norma reglamentaria. Esta Sala Penal concuerda con el A-quo (F. 996v.), al señalar que el acusado L. A. A. P., erro al trasladar al condenado J. R. G. L., del Modulo de Segregación, conocido como “Casa Blanca”, el cual ofrece más recursos de contención, al Modulo conocido como “sentenciados Dos” que tiene menos recursos de contención, sin considerar que el Señor G. L., había sido condenado por el delito de evasión y tenía el antecedente de haber intentado una segunda evasión, de modo que al ser necesario realizar el traslado por razones medicas, se hubiese optado por realizar el mismo a otro lugar que ofreciera iguales o mayores medidas de seguridad, ya sea dentro del mismo establecimiento penitenciario o incluso en otro establecimiento, mas esta mala decisión tomada por el acusado escapa a la regulación del Derecho Penal, por lo que debe de ser evaluada en otros ámbitos del sistema jurídico. Es por lo anterior que es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.P. 71-2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil trece. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Penal, integrada por los Magistrados RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ, y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo en el Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1)CONDENANDO al Señor L. A. A. P., a la pena de CINCO (5) años de Reclusión, por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2)CONDENANDO al Señor L. A. A. P., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta durante DIEZ (10) AÑOS, e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo a trabajar durante dicho tiempo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario.3) DECLARO la responsabilidad civil del condenado L. A. A. P., 4) NO CONDENO a dicho acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado J. M. V., en su condición de Apoderado legal del Señor L. A. A. P..- Son partes: el Abogado J. M. V. en su condición de Apoderado Legal del señor L. A. A. P. y como recurrida se ha personado la Abogada K. L. M. P. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado J. M. V., en su condición de Apoderado Legal del Señor L. A. A. P., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. HECHOS DECLARADOS PROBADOS II.- El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaro como probados los hechos siguientes: PRIMERO: El acusado L. A. A. P., Inspector de Servicios Penitenciarios asumió interinamente las funciones de Director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto a partir del 9 de enero de 2006.- SEGUNDO: En fecha 7 de marzo de 2006 el Inspector L. A. A. p. recibió un escrito, por medio del cual el apoderado legal del interno J. R. G. presentó queja que éste sufría daños en su salud debido a las condiciones de la celda de éste donde permanecía recluido, y a su vez solicitaba el traslado de dicho interno a una celda que reuniera las condiciones para su recuperación. El interno J. R. G. se encontraba cumpliendo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” las penas de quince años y de seis años ocho meses de reclusión, la primera se le impuso por ser autor de un delito de tráfico ilícito de drogas y la segunda de un delito de evasión. En dicho centro penitenciario se le había asignado una de las celdas del modulo de segregación debido a que en una segunda ocasión intentó fugarse introduciéndose en un parlante. TERCERO: El día 8 de marzo de ese mismo año el Inspector L. A. A. P. en atención a la queja recibida envió al médico de la Penitenciaría, Doctor R., una nota ordenando la evaluación médica del interno J. R. G. L.. El día 6 de abril el Doctor M. A. L. en su condición de jefe del Departamento Médico de la Penitenciaría, dio respuesta a la nota, en la que dictaminó que dicho interno adolecía de sinusitis frontal, y recomendó su traslado a otra celda que reuniera mejores condiciones para su estado de salud previa evaluación médica del Departamento de Medicina Forense y sin descuidar las medidas de seguridad. CUARTO: Veinte días después de haber recibido la nota del médico antes referida, a las cinco de la tarde del día domingo 30 de abril de 2006, el acusado L. A. A. P. sin haber remitido al interno J. R. G. L. a Medicina Forense para su evaluación, ni pedir la opinión del consejo psicopedagógico del centro penitenciario, verbalmente ordenó el traslado de dicho interno de la celda donde se encontraba en el módulo de segregación a un hogar del módulo de sentenciados dos, modulo que no tiene la zona de seguridad conocida como zona muerta. QUINTO: Entre la noche del día cinco y la madrugada del día seis de junio de dos mil seis el interno R. G. L. se fugó de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto junto con otros internos, para ello rompió dos barrotes de una ventana por donde salió del modulo de sentenciados dos, acto seguido auxiliándose de una escalera trepó por el muro perimetral del centro penitenciario alejándose del lugar.” III.- EL RECURRENTE ABOGADO J. M. V. APODERADO LEGAL DEL SEÑOR L. A. A. P. PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:“ MOTIVOS DE CASACIÓN.- PRIMERO: Violación por Indebida aplicación del numeral 3) del artículo 349 del Código Penal. Explicación del Concepto de la violación.- El Tribunal sentenciador, modificando incluso en algunos aspectos la versión de los hechos, orientado al parecer a dejar establecido a partir de este momento un principio de responsabilidad o culpabilidad d contravención de lo que prescribe el numeral primero de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, declara tener como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El acusado L. A. A. P., Inspector de Servicios Penitenciarios asumió interinamente las funciones de Director de la Penitenciaría Nacional Aurelio Soto a partir del 9 de enero de 2006. SEGUNDO: En fecha de 7 de marzo de 2006 el Inspector L. P. A. P. recibió, por medio del cual el apoderado legal del interno J. R. G. presentó queja que éste sufría de daños en su salud debido a las condiciones de la celda, de donde permanecía recluido, y a su vez solicitaba el traslado de dicho interno a una celda que reuniera las condiciones para su recuperación. El interno J. R. G. se encontraba cumpliendo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” las penas de quince años y de seis años ocho meses de reclusión, la primera se le impuso por ser autor de un delito de tráfico ilícito de drogas y la segunda de un delito de evasión. En dicho centro penitenciario se le había asignado una de la celdas del módulo de segregación debido a que en segunda ocasión intentó fugarse introduciéndose en un parlante. TERCERO: El día 8 de marzo de ese mismo año el Inspector L. A. A. P. en atención a la queja recibida envió al médico de la Penitenciaría, Doctor R., una nota ordenando la evaluación médica del interno J. R. G. L.. El día 6 de abril el Doctor M. A. L. en su condición de Jefe del Departamento Médico de la Penitenciaría, dio respuesta a la nota, en la que dictaminó que dicho interno adolecía de sinusitis frontal, y recomendó su traslado a otra celda que reuniera mejores condiciones para su estado de salud previa evaluación médica del Departamento de Medicina Forense y sin descuidar las medidas de seguridad. CUARTO: Veinte días después de haber recibido la nota del médico antes referida, a las cinco de la tarde del día domingo 30 de abril de 2006, el acusado L. A. A. P. sin haber remitido al interno J. R. G. L. a Medicina Forense para su evaluación, ni pedir la opinión del consejo psicopedagógico del centro penitenciario, verbalmente ordenó el traslado de dicho interno de la celda donde se encontraba en el módulo de segregación a un hogar del módulo de sentenciados dos, módulo que no tiene la zona de seguridad conocida como zona muerta. QUINTO: Entre la noche del día cinco de la madrugada del día seis de junio del dos mil seis el interno R. G. L. se fugó de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto junto con otros internos, para ello rompió dos barrotes de una ventana por donde salió del modulo de sentenciados dos, acto seguido auxiliados de una escalera trepó por el muro perimetral del centro penitenciario alejándose del lugar.” Decimos que indebidamente se cambia en algunos aspectos la versión de los hechos porque, en contraposición a lo que establece la nota que remitió el Doctor R. a mi representado, en el sentido de recomendar el traslado del señor G. a otra celda de mejores condiciones por razones de su estado de salud, así como a lo que él mismo declaró en la audiencia, en donde ratificó el contenido de la nota y amplió con su deposición la información que sobre el caso conocía, el Tribunal deja entrever o si se quiere aduce que la puesta en práctica de la recomendación estaba condicionada a una previa evaluación médica del departamento de Medicina Forense. En el mismo orden de ideas, el Tribunal, en el siguiente apartado de los hechos probados deja expresado lo relativo al traslado de celda ordenado por mí representado, sin haber, reitera, remitido al privado de libertad a Medicina Forense ni pedir opinión al consejo psicopedagógico del centro penitenciario. Si se lee la referida nota, la que corre agregada a los autos a folio 553, y lo que el Doctor R. depuso en la audiencia, fácilmente se detecta que en esa parte los hechos se han tergiversado, pues la versión del testigo es de que se recomendó el traslado o cambio de celda «por la humedad de la condición en que estaba, ya que la humedad complica un cuadro del tipo sinuosal”. En cuanto a la recomendación pare que fuere evaluado por Medicina Forense, dijo que ello lo hizo porque cuando se tiene un caso difícil siempre se hace notar la evaluación de ese departamento. En tal sentido, se reitere nuevamente, en ningún momento condicionó el referido traslado de celda a una previa evaluación médico-forense, tal evaluación la recomienda en el primer párrafo de su nota, debiendo entenderse que eso es para resolver la petición del apoderado legal del señor G., quien solicitó una «individualización de un régimen de tratamiento médico”; la recomendación pare el cambio de celda se hace en el párrafo final de la nota, sin que sobre tal aspecto se pueda decir que mediaba como condición que se practicare la referida evaluación médico- forense como impropiamente lo aduce el Tribunal en su declaración de hechos probados. Luego de esta digresión, obligada en aras de la objetividad, toca decir que es en base a tales hechos probados que el Tribunal sentenciador llega a la conclusión errónea de que mi representado es partícipe a título de autor del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, tipificado en el numeral 3) del Artículo 349 del Código Penal. Pare ello en el apartado de la fundamentación jurídica, después de hacer algunas consideraciones sobre la postura del Ministerio Público en cuanto a la calificación jurídica, asume su rol sobre el particular y en tal sentido comienza su argumentación transcribiendo lo que preceptúa el tipo antes referido, haciendo luego algunas observaciones sobre el bien jurídico protegido y acerca de la condición de funcionario público que se requiere para ser sujeto activo del delito. En el párrafo siguiente retoma nuevamente el aspecto de los hechos probados, y en tal sentido evoca lo de la orden del cambio o traslado de celda del privado de libertad hecha verbalmente por mi representado, agregándole impropiamente un elemento más a los mismos; “que el traslado se ordenó sin seguir un procedimiento administrativo en el que se emitiera una resolución respecto a la solicitud presentada, ni notificar el traslado a su superior el Director de establecimientos penales” Digo que impropiamente porque, en principio, este apartado tiene otra finalidad según lo prescrito por el numeral tercero, regla cuarta, del artículo 338 del Código Procesal Penal y, además, no se cita o se hace alusión a alguna disposición legal que sustente esa supuesta obligación por parte de mi representado. En el siguiente párrafo se provoca un enredo asombroso, pues se mezclan elementos del tipo penal contenido en el numeral 2) del artículo 349 del Código Penal con los relativos al numeral 3), que es precisamente el que invocó el ente acusador, y por consiguiente es la calificación jurídica que se viene manejando en la causa, en tal sentido ahora se sostiene que la materialidad del delito que se trata debe cometerse a través de uno de los actos que la ley indica, y que “El hecho puede consistir tanto en dictar o ejecutar órdenes contrarias a la Constitución de la República o a las leyes nacionales, ya existentes, o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimento le incumbe al actor. O en omitir, rehusar o retardar algún acto a que está obligado de conformidad a los deberes de su cargo por lo que La violación de los deberes de los funcionarios del artículo 349 numeral 3), puede también materializarse a través de una omisión consistente en la no realización de algún acto que de conformidad con sus funciones le corresponde realizar. El delito se consuma con la omisión, según se trata de no ejecutar lo ordenado en las leyes o reglamentos a que está obligado por su función, sin que se requiera la conducción de daño ni la obtención de provecho alguno.” Si examinamos los elementos del tipo penal que debe ocuparnos, es decir el numeral 3) del referido artículo 349, sus presupuestos o las acciones típicas denotan todas comportamientos omisiones, a saber; omitir (no llevar a cabo el acto); rehusar (negarse a realizar el acto ante un pedido u orden legítima) y; retardar (no realizar la ejecución del acto en la oportunidad que determina la ley). No cabe, como Impropiamente se aduce, supuestos de incumplimiento de disposiciones legales de rango constitucional o de la ley secundaria, pues estos son comportamientos o conductas reservadas para el típico delito de Abuso de Autoridad, prescrito en el numeral 2) del artículo en referencia. En el siguiente párrafo del apartado que nos ocupa, en un intento por sostener el supuesto comportamiento omisivo de mi representado, se invoca el párrafo segundo del artículo 32 del Código Penal, algo que carece de utilidad, pues el comportamiento o conducta punible para partícipe único lo define el correspondiente tipo penal. Luego de esto se vuelve a terciar con los hechos probados, específicamente con el asunto del traslado de celda del Interno Gamboa, sosteniéndose ahora, entre otras cosas que por cierto nada tienen que ver con argumentos relacionados con la motivación jurídica, que por haberlo trasladado mi representado “al módulo de sentenciados menos seguro dentro del centro, y no informó de ello a la Dirección de Establecimientos Penales, incurrió así en un tipo de comisión por omisión,” Sobre esto basta con decir que el tipo penal ya analizado dogmáticamente describe comportamientos omisivos, por lo que estamos ante una omisión propia, y en consecuencia no es posible sostener que se puede construir una omisión Impropia o comisión por omisión sobre la base de estos tipos, por lo que tal argumento resulta en absoluto artificioso. En el numeral tercero del acápite en análisis se continúa con el tema de la comisión por omisión, recurriéndose al artículo 13 del Código Penal, el cual en su primer párrafo se establece efectivamente que “El delito puede ser realizado por acción o por omisión…” Formula esta que por cierto sólo recoge la omisión propia, ya que los delitos de comisión por omisión al ser una especie de delitos de comisión no de omisión, en donde lo que se pune es la no evitación de un determinado resultado penalmente relevante cuando se está obligado a ello en virtud de una posición de garante con respecto al bien jurídico, para no violentar el principio de legalidad, esto aún con algunas reservas, debe incluirse una fórmula general en la cual se establezca expresamente que también se responde por un determinado resultado cuando el mismo no se evita, pudiendo hacerlo, y siempre que el sujeto tenga con respecto a ese bien la denominada posición de garante, así, por ejemplo, el párrafo segundo del artículo 18 del Código Penal de Costa Rica prescribe; “Cuando la ley reprime el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo”. También en sustento de nuestra postura queremos citar lo que sobre el particular expresa el Doctor Bacigalupo en su obra “Manual de Derecho Penal (Parte General) página 226. Los delitos Impropios de omisión son delitos en los que el mandato de acción requiere evitar un resultado que pertenece a un delito de comisión; este mandato y las condiciones que determinan su equivalencia con la acción positiva de producir el resultado prohibido no están expresos en la ley....” A renglón seguido el Tribunal vuelve a invocar el artículo 32 del Código Penal, ahora el texto del segundo párrafo, lo que también resulta superfluo en la medida de que, ya lo dejamos expresado anteriormente, cuando se trata de participación única en un delito consumado el concepto de autor está definido en el propio tipo penal. Al seguir con la argumentación sobre la omisión se deja dicho que; “La omisión debe entenderse como un concepto jurídico penal que consiste en abstenerse de hacer algo que debería haberse hecho; la acción debida será la que concretamente exija el precepto legal.” Como se puede observar, este argumento resulta absolutamente válido para sustentar una omisión propia, pero en nada abona para una supuesta comisión por omisión.-En los párrafos posteriores del numeral que nos ocupa el Tribunal, aparte de retirar y agregar elementos a los hechos probados, aduce que mí representado incurrió en el delito relacionado porque no cumplió con las obligaciones que le Imponía la Ley de Rehabilitación del Delincuente, para lo cual, en lugar de ocuparse de citar concretamente qué disposiciones de la ley resultaron violentadas con la orden de traslado de una celda a otra, se dedica a expresar una serie de juicios de valor como de que tuvo que trasladar al privado de libertad a una celda que reuniera similares condiciones de seguridad, “que conocía que el módulo de sentenciados dos era el módulo menos indicado pues no tiene una zona de seguridad conocida como zona muerta y que en dicho módulo iba a tener comunicación con las personas que necesita le ayudaran a concretar el plan de fuga” Sobre esto lo cierto y objetivo es que mi representado no violentó ninguna disposición de la Ley de Rehabilitación del Delincuente con el hecho de ordenar un traslado de celda del referido privado de libertad, aparte de que ello había sido recomendado por el médico del centro penal; y en cuanto a que unos módulos o celdas puedan implicar más seguridad que otras, esa es una consideración subjetiva, ya que la zona de seguridad o de contención de un centro penal lo es el llamado muro perimetral, que es el que en si fija la zona destinada al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Téngase en cuenta además que según Decreto Ejecutivo No 004-2005 del 15 de junio del año 2005, publicado en la Gaceta 30,723, al convertir varios centros penales en penitenciarías, establece que la Penitenciaría Nacional debe ser considerada como de máxima seguridad, por lo que no puede decirse que ciertas celdas o módulos deben o tienen más seguridad que otros. En este orden de ideas también hay que tener en cuenta que el encierro en celda solitaria sustentado en peligrosidad de fuga o evasión constituye una aberración y un completo abuso en nuestro sistema penitenciario, es lo que algunos denominan “ la cárcel dentro de la cárcel”, relacionado lo cual el artículo 57 de las «Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” establece que:” La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho de disponer de su persona al privarle de libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación justificadas o de mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación”.-Relacionado con este punto la Ley de Rehabilitación del Delincuente sólo prevé ese encierro como parte del régimen progresivo de tratamiento, específicamente para la fase o etapa de observación, la que según artículo 43 no debe exceder de un mes, mientras que el artículo 61, que es donde se establecen las sanciones o medidas correccionales, ni siquiera la contempla como sanción disciplinaria. En el numeral cuarto del acápite en cuestión, al pretenderse sustentar lo relacionado con la antijuricidad y la supuesta culpabilidad se hace una alusión impropia al delito de torturas, retomándose nuevamente la calificación que se viene sosteniendo en el numeral quinto, aunque el argumento que se utiliza, mezclado circularmente con una nueva consideración de los hechos, resulta ser igualmente erróneo, al decirse que: “De los hechos anteriormente descritos, calificados como típicos, antijurídicos y culpables, resulta ser responsable penalmente en concepto de autor de un delito de omisión, el acusado L. A. A. P. quien voluntariamente, dejó de hacer lo que la ley manda realizando el traslado del interno G. sin un procedimiento administrativo y a un módulo que no reunía las condiciones de seguridad necesarias para un Interno con dos antecedentes de fuga...” Argumento este sobre el que volvemos a reiterar, ¿Qué disposición de la ley establece que el Director de un centro penal debe realizar un determinado procedimiento administrativo para ordenar un traslado de celda para un privado de libertad? La verdad que ninguna, y en todo caso es obligación, en este caso del Tribunal, Indicarlo en su sentencia. Supuesto este, además, que no es del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, sino de Abuso de Autoridad previsto en el numeral 2) del artículo 349 del Código Penal. Finalmente, en el numeral séptimo se vuelve a incurrir en el error de referir un supuesto delito de torturas, lo que se subsana la parte resolutiva al disponer que se condena a mi representado por el delito que se le imputó en el proceso, imponiéndose la pena de cinco (5) años de reclusión, más las accesorias correspondientes. Con todo lo antes expuesto resulta por demás evidente que la sentencia condenatoria dictada en contra de mi representado carece de sustento jurídico, y es que el acto o hecho que en si se le atribuye; ordenar un traslado de celda de un privado de libertad, que incluso estaba recomendado por razones médicas, no puede subsumir o encuadrar en ninguno de los supuestos del numeral 3) del artículo 349 del Código Penal, y en todo caso era obligación del Tribunal realizar la inferencia correspondiente entre la llamada premisa menor ( hechos probados) y la premisa mayor ( norma jurídica o tipo penal), algo que ni siquiera se intentó, pues toda el apartado de la fundamentación jurídica se fue en un retomar los hechos, confusión entre la omisión propia con la comisión por omisión, así como en mezclar impropiamente lo prescrito por el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal con lo que establece el numeral 2) del mismo artículo. Lo curioso y hasta si se quiere insólito es que indirectamente la imputación que se hace en la sentencia a mi representado tiene que ver con la fuga del señor G., la que se produce algún tiempo después de que él cesara en el cargo de Director de la Penitenciaría Nacional, ya que esta se produce, junto con otros tres privados de libertad, a lo que no se le da mayor relevancia, el 05 de junio de 2006, mientras que mi defendido cesó de ese cargo el 08 de mayo del mismo año, es decir entonces que la fuga se produce casi un mes después de que mi representado dejara de tener alguna responsabilidad sobre la seguridad del centro. Partiendo de este hecho deviene pertinente preguntarse ¿Resultará razonable desde cualquier punto de vista, dentro de ellos por supuesto el jurídico, el imputar a mi defendido el hecho en alusión? No cabe duda que resulta contrario a la lógica más elemental e incluso al propio sentido común el hacer una atribución o imputación como la referida. Si intentamos establecer una relación de causalidad entre el comportamiento o acción ejecutada por mi representado; ordenar el traslado de celda del privado de libertad G. L. con el resultado fuga de éste, ni siquiera aplicando la teoría de la equivalencia de condiciones podríamos enlazar la acción descrita con el resultado, dado que no se puede estar seguro de que la misma fue o constituyó una condición o causa para el resultado. Pero aun considerando que sí fuere, si aplicamos el correctivo de la imputación objetiva, en donde, entre otros, además de la causalidad se requiere la creación de un peligro para el bien jurídico, y que ese peligro se exprese o materialice en el resultado en su configuración concreta, no hay duda que en el caso particular ello no puede postularse, por lo que estamos ante una resolución en absoluto carente de sustento jurídico al faltar el elemento más esencial como es la tipicidad del comportamiento atribuido al señor L. A. P. Así las cosas, consideramos que la sentencia recurrida contiene un craso vicio de fondo (in iudicando), dado que los hechos declarados probados no pueden considerarse constitutivos del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, tipificado en el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal,:”Motivo de casación que se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal.” IV.-CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU Segundo. Infracción de precepto constitucional por violación del artículo 95 de la Constitución de la República, en relación con el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Código Penal . Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador en el apartado de la fundamentación jurídica de su sentencia, al tener por configurado y por partícipe del mismo a mi representado en el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública, tipificado en el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal, luego de hacer algunas consideraciones sobre las categorías analíticas del delito, es decir la tipicidad antijuricidad y culpabilidad, se ocupa de lo relativo a la sanción penal, trayendo a colación las pretensiones expuestas por las partes en las audiencias de individualización de la pena, así como lo referente a la prueba que se ejecutó en la misma, a renglón seguido se deja dicho que:”Este Tribunal estima que el imputado es primo del delincuente, las declaraciones de los testigos revela que ha tenido buena conducta dentro de la comunidad por lo que no resulta ser peligroso para la sociedad. Tomando en cuenta lo anterior, la no concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes de responsabilidad, tomando también en cuenta la extensión de los males producidos, por cuanto el artículo 69 dispone tomar en cuenta especialmente los de naturaleza económica pero ello no indica que no se deben tomar en cuenta otros males causados como en el presente caso, en que por la acción realizada por el imputado tres condenados se sustrajeron de la justicia, al evadirse del centro penitenciario no cumplieron con las condenas que se les impuso, por lo que la mayoría del Tribunal estima que se debe imponer al acusado la pena solicitada por la acusación pública.” Como se puede apreciar, ahora se le pretende imputar a mi defendido la fuga no solo del señor G. L. sino la de tres privados de libertad, las que efectivamente se produjeron pero, tal como aparece acreditado en autos, ese acontecimiento se produjo en momentos en que la responsabilidad acerca de la seguridad de la Penitenciaría Nacional no correspondía a mi representado, ya que este para ese entonces cumplía otras obligaciones dentro de la Dirección General de la Policía Preventiva, específicamente en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, tal como está acreditado con el Acuerdo D.G.P.P. 237-2006. Por otra parte, el artículo 69 citado, que corresponde al Código Penal, manda que en la determinación de la pena concreta se tengan en cuenta las circunstancias que el mismo Tribunal se encarga de transcribir, pero además que se debe consignar expresamente en la motivación de la sentencia las circunstancias que se han tenido en cuenta para determinar la extensión de la pena. En ese aspecto el Tribunal reconoce que los antecedentes revelan falta de peligrosidad del condenado, que no hay agravantes en su contra, sin embargo impone una pena cercana a la máxima establecida en la ley, conforme a la pretensión del Ministerio Público porque, se arguye, por su supuesta responsabilidad se fugaron tres privados de libertad. Aspecto este sobre el que se puede decir, aparte de lo antes argumentado, que esa motivación es ilegítima porque, por una parte, no estamos ante un supuesto de evasión y, por otra parte, la ley manda que se deben ponderar todas las circunstancias señaladas en el artículo citado, a más de que cuando de la extensión del daño causado, es el económico u patrimonial el que debe tener relevancia.-Si lo antes expuesto configura un vicio que en si no se entiende por reclamado dentro de este motivo de casación, lo que viene a continuación sí constituye el sustento del mismo, empezando por decir que en el numeral séptimo del apartado que nos ocupa el Tribunal, adelantándose incluso a lo que debe ser la parte resolutiva de la sentencia, deja dicho lo siguiente; “El artículo 349 del Código Penal, señala que el culpable de tortura(sic) será castigado con las penas de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, y el artículo 62 que deberá imponerse la pena de interdicción civil, por el tiempo de la condena, así como también las penas accesorias comprenden el comiso y el pago de costas en los casos que sea aplicable. Procede en el presente caso, inhabilitar de manera absoluta por el doble de tiempo de la condena de reclusión al condenado L. A. A. P., para el ejercicio del sufragio universal establecido en los artículos 37 numeral 1) y 40 numeral 3) de la Constitución de la República, así como para optar a cargos públicos, por nombramiento o elección popular. Al ser titular de cargos públicos como miembro de la Policía Nacional Preventiva y funcionario de la Secretaría de Seguridad, se le inhabilita para que pueda ejercer dicho cargo público...” En consonancia con lo que queda transcrito, en la parte resolutiva se condena en principio a mi representado a la pena principal de reclusión por el término de cinco(5) años, por tenérsele como responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y no de torturas, y luego en el numeral segundo se dice que se le condena como consecuencia de la referida reclusión a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el término de diez(10) años e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Resulta, Honorable Corte, que el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, previsto en el artículo 349 del Código Penal, el que está dentro del mismo capítulo con el delito de Abuso de Autoridad, tiene en abstracto como penas principales la reclusión de tres(3) a seis(6) años y la Inhabilitación especial por el doble de tiempo de la reclusión; de tal manera entonces que, si en el caso de autos se le impuso a mi defendido la pena principal de reclusión por cinco (5) años, lo que debió Imponérsele es la pena de Inhabilitación especial por el término de diez (10) años, pero no como pena accesoria sino también como principal, dado que la Inhabilitación, bien sea absoluta o especial, sólo opera como accesoria de la reclusión cuando la ley no la impone como principal para el delito de que se trate, eso es lo que dispone el Código Penal en su artículo 38 párrafo tercero. También debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos 62 y 63 del mismo Código Penal, la Inhabilitación cuando va como accesoria de la reclusión lo será por el tiempo que dure esta, y que si tal reclusión no excede los cinco (5) años será la inhabilitación especial su accesoria, y que sólo cuando tal pena excede ese límite es que concurrirá como accesoria la inhabilitación absoluta. Con lo expuesto queda evidenciado que el Tribunal impone a mi representado una pena más gravosa que la que establece la ley para el delito en cuestión; inhabilitación absoluta en lugar de inhabilitación especial, con todas las consecuencias adversas que ello acarrea, lo que incuestionablemente vulnera el principio de legalidad en lo que tiene que ver con la garantía penal, reconocida por el artículo 95 de la Constitución de la República, en conexión con el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 del Código Penal. Motivo de casación que se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal.” V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. M. V., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR L. A. A. P., ARGUYENDO ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 349.3 DEL CÓDIGO PENAL: DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:
Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; a) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). El Censor aqueja que la sentencia recurrida adolece de un vicio in iudicando ya que indebidamente en la misma erróneamente se aplico la norma sustantiva contenida en el artículo 349.2 del Código Penal que tipifica el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos; Explica el Censor que en la fundamentación jurídica de la sentencia, se desarrolla un análisis jurídico del tipo penal, invocando indebidamente los elementos previstos en el numeral 2) del artículo 349, interrelacionándolos con los establecidos en el numeral 3) de ese mismo artículo; Señala que el artículo 349.3 prescribe una conducta omisiva de actos y no la inobservancia de normas legales como incorrectamente aduce los juzgadores, lo cual es propio del numeral 2 del artículo 349 del Código Penal; Arguye el Censor que la sentencia además indica que estamos ante una comisión por omisión (Omisión Impropia), cuando la omisión proscrita está expresamente señalada en la ley, ello entonces hace que el caso trate de la definición de una omisión propia; Agrega que en la sentencia se establece que su representado es penalmente responsable por haber incumplido lo ordenado en la Ley de Rehabilitación del Delincuente, mas no señala cuales normas concretamente fueron violentadas con la orden de traslado de un reo de un modulo a otro dentro de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, máxime cuando ésta acción realmente no violento ninguna norma; Indica que los Juzgadores en la fundamentación jurídica afirman que su representado es culpable del delito de Torturas; Finaliza señalando el Censor que el acto de ordenar un traslado de celda a un privado de libertad no se subsume o encuadra en el numeral 3 del artículo 349 del Código Penal. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo. Puntualmente el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público este obligarlo a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos Rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva; b. Rehusarse lleva la condición no solo de omitir el acto, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; c. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o termino previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe de cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso. V.I.- De la Procedencia del Recurso: Tal como lo advierte El Censor, esta Sala Penal observa que los Juzgadores en los apartados cuarto (F, 996 v.) y Séptimo (F. 997) de la fundamentación jurídica señalan que los hechos son constitutivos del delito de Torturas y que de él es culpable el Señor L. A. A. P., afirmación que es consecuencia de una desatención al momento de la redacción de la sentencia y que no constituye vicio in iudicando, debido a que igualmente se aprecia que en su conjunto la fundamentación jurídica va orientada a explicar el porqué de la aplicación del artículo 349.3 del Código Penal, referente al delito de Violación de los Deberes de los Empleados o Funcionarios Públicos. Además en el desarrollo de ese análisis jurídico el A-quo, erróneamente afirma que el acusado es autor de un delito de Comisión por Omisión (F. 996 y 996v.) confundiendo la omisión propia con la omisión impropia, siendo la primera aquella prevista en los tipos penales donde se reprocha la no realización de un comportamiento determinado por parte del sujeto activo, con independencia si acontece o no un resultado dañoso, entretanto la omisión impropia lo que se reprocha es precisamente un resultado dañoso a un bien jurídico, evitable por una persona que en ese momento era garante de su resguardo y cuya punición nace a partir de los tipos penales por comisión y de allí su nombre: omisión por comisión; A pesar de lo anterior, esta confusión de conceptos desarrollados en la sentencia no constituye vicio in iudicando, al no ser la esencia del fundamento del fallo, ya que los juzgadores caen en cuenta que el caso que se conoció era reproche de la omisión de un acto ordenado por la ley y no el reproche de un resultado evitable por una persona que ostentaba el papel de garante. Finalmente y en cuanto a la no subsunción de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada en el ámbito situacional previsto por la norma penal 349.3 del Código Penal, esta Sala de lo Penal concuerda con el Censor, señalando que es de recibo el motivo opuesto a la sentencia.- Tal como se explica en líneas atrás, el tipo penal objeto de la acusación y que precisamente invoca el A-quo como fundamento de su fallo, es el contenido en el artículo 349.3 del Código Penal denominado delito de Violación de los deberes de los Funcionarios o Empleados Públicos, cuya característica esencial es que se trata de un delito de omisión propia, es decir el reproche penal se formula a partir de la no realización de un acto al cual estaba obligado el empleado o funcionario público, por razón de su cargo, sin embargo los Juzgadores erróneamente se fundamentan en el para emitir un fallo condenatorio debido a que de manera pendular formulan reproche al acusado por la realización de una acción, lo que escapa al tipo penal y a la vez por omisiones no señaladas en la legislación como obligatorias para los Directores de los Establecimientos Penitenciarios. En los hechos declarados probados se narra que el acusado, en su condición de Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, sin remitir al reo J. R. G. L. a Medicina Forense para su evaluación y sin pedir la opinión del Consejo Psico-Pedagógico, ordeno verbalmente su traslado del modulo de Segregación al modulo conocido como “sentenciados dos”, el cual no tiene zona de seguridad o “zona muerta”, todo dentro de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto y que como consecuencia de ello el reo trasladado, junto con otros dos más, pudieron fugarse de dichas instalaciones; Estos hechos son base para que los Juzgadores condenen al acusado como responsable del delito de Violación de los Deberes de los Empleados o Funcionarios Públicos, en primer término por la orden verbal de traslado, puntualizando en el numeral Sexto de la fundamentación jurídica (F.997), que aun cuando se reconoce la ausencia de agravantes y atenuantes y se califica al acusado como persona no peligrosa, se impone una pena mayor al límite abstracto mínimo debido precisamente a que “…la acción realizada por el imputado tres condenados se sustrajeron de la justicia al evadirse del centro penitenciario…”, mas sin embargo dicha orden constituye una conducta comisiva, ergo no se subsume en ninguna de las omisiones descritas en el artículo 349.3 del Código Penal fundamenta el fallo; En segundo término por las omisiones descritas en los hechos probados de no haber remitido al reo J. R. G. L. a Medicina Forense para su examen médico y no haber solicitado la opinión del Consejo Psico-Pedagogico del Instituto Penitenciario como procedimiento administrativo previo para ordenar su traslado, es una argumentación incorrecta ya que éstos actos no están contemplados como obligatorios en la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Los Juzgadores equívocamente citan el artículo 18 de dicha norma legal como origen de la obligación del acusado de realizar dichos actos (F. 995), más en éste artículo no se determina que los Directores de las Penitenciarias y Centros Penales deban, en todos los casos, consultar a Medicina Forense sobre el estado de salud de un reo y pedir la opinión del Consejo Psico-Pedagogico, previo a realizar traslados de reos al interior de los establecimientos; Igualmente los Juzgadores señalan que el acusado omitió lo dispuesto en los reglamentos de la Ley de Rehabilitación del Delincuente (F, 996 v.), siendo esto una aseveración falas debido a que si bien la Ley citada prevé que el Poder Ejecutivo deberá de emitir cinco reglamentos para el funcionamiento del sistema penitenciario, para el año 2006, ámbito temporal de los hechos juzgados, no se había emitido ni uno solo, por lo que no puede servir de fundamento una reglamentación inexistente y que precisamente imposibilito a los juzgadores citar concretamente la norma reglamentaria. Esta Sala Penal concuerda con el A-quo (F. 996v.), al señalar que el acusado L. A. A. P., erro al trasladar al condenado J. R. G. L., del Modulo de Segregación, conocido como “Casa Blanca”, el cual ofrece más recursos de contención, al Modulo conocido como “sentenciados Dos” que tiene menos recursos de contención, sin considerar que el Señor G. L., había sido condenado por el delito de evasión y tenía el antecedente de haber intentado una segunda evasión, de modo que al ser necesario realizar el traslado por razones medicas, se hubiese optado por realizar el mismo a otro lugar que ofreciera iguales o mayores medidas de seguridad, ya sea dentro del mismo establecimiento penitenciario o incluso en otro establecimiento, mas esta mala decisión tomada por el acusado escapa a la regulación del Derecho Penal, por lo que debe de ser evaluada en otros ámbitos del sistema jurídico. Es por lo anterior que es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. VI.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EL ABOGADO J. M. V., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR L. A. A. P. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA , 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 2 DEL CÓDIGO PENAL.- Bajo este Título El Censor señala que su representado fue indebidamente condenado a una pena más gravosa que la señalada en el artículo 349 del Código Penal, debido a que los Juzgadores le impusieron la pena de Inhabilitación Absoluta por un termino de diez años, cuando la norma penal establece que la pena a aplicar será la de inhabilitación especial, violentando así la norma 95 Superior que indica que “Ninguna Persona será Sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley…”. El Motivo expuesto por el Censor es de recibo, el A-quo ha realizado una errónea interpretación del artículo 349 del Código Penal, imponiendo una pena no contemplada en la norma y así violentando el Principio Constitucional de Legalidad; En la Sentencia se impone al acusado L. A. A. P., a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el termino de diez años, mas en contrario el artículo 349 del Código Penal prevé la imposición de la pena principal de Inhabilitación Especial, a imponer a los autores responsables del delito de Violación de los Deberes de los Empleados o Funcionarios Públicos, por el doble del tiempo de la pena de reclusión que se imponga, es decir por una parte se impone al acusado la inhabilitación como pena accesoria, cuando la norma ordena que se impondrá como pena principal y por otro lado se le impone a cumplir una inhabilitación de carácter absoluta, cuando la norma señala que se debe de imponer la inhabilitación especial. Pese a que el Motivo es de recibo, éste no tiene efecto alguno al haber prosperado el Recurso de Casación por Infracción de Ley, mismo que contiene un pronunciamiento de fondo más favorable al procesado y por tanto de aplicación preferente al motivo que nos ocupa en este acápite. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 361 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO.- Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, presentado por el Abogado J. M. V., Apoderado Defensor Privado del Señor L. A. A. P., en consecuencia: SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal al Señor L. A. A. P., como autor responsable de un delito consumado de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; SE REVOCA las medidas cautelares impuestas al Señor L. A. A. P., con ocasión del presente proceso penal. MANDA: Que la Secretaria del Despacho, una vez notificada la presente sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con certificación de la presente resolución para los efectos legales correspondientes.- REDACTO el MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.71=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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