Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-61-10 — Registro 2845

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el artículo 412 No. 2) del Código de procedimientos penales de 1984, establece como motivo para recurrir en casación por Infracción de Ley el siguiente: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas”. CONSIDERANDO: Que el Censor en su único motivo invoca como infringido el artículo 360 del Código Procesal Penal donde se establece que los jueces y Tribunales apreciarán las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica. Concretamente argumenta que el Ad Quem ha incurrido en violación a las reglas de la sana crítica, específicamente a las máximas de la experiencia y al postulado de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente, vicios que se producen en la apreciación de la prueba siguiente: 1) Constancia del Banco Capital, suscrita por el señor D. P., Asistente de Gerencia (folio No. 9, primera pieza de autos); 2) Carné del Instituto Hondureño de Seguridad Social, a nombre de J. A. S. (folio NO. 12, primera pieza); 3) Declaración del testigo J. F. M., cajero del Banco Capital (folio No. 28); 4) Declaración de la testigo S. C. P. (folio NO. 29), 5) Acta de Allanamiento a imprenta clandestina (folio No. 49); y, 6) Declaración del testigo V. H. C., empleado de Instituto Hondureño del Seguro Social de San Pedro Sula (folio 78 frente y vuelto). CONSIDERANDO: Que el impetrante reconoce que aunque el artículo 413.1 del Código de Procedimientos Penales dispone que se declarará inadmisible todo recurso interpuesto por causales diferentes a las establecidas en el artículo 412 del mismo texto normativo, en este caso, la Sala debe habilitar la vía recursiva invocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Penal y especialmente en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, donde se prevé que los habitantes de los Estados Partes tienen derecho a un recurso sencillo y rápido que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO: Que esta Sala considera pertinente recordar que para estimar el motivo previsto en el artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo; 2) Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o documentos, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3) Que el referido documento o documentos se encuentren incorporados a la causa, lo que quiere decir que obren en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal A Quo; 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa.[1] CONSIDERANDO: Que en caso bajo examen, el alegato principal del recurrente no se centra en la literalidad del precepto autorizante, al pretender dar un alcance distinto a lo que dispone el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, con el fin de que esta la Sala de Casación Penal, vaya más allá de los propios términos que la ley establece y proceda a valorar cual ha sido la aplicación por parte del Ad Quem de las reglas de la sana critica, en especial de la regla de la lógica de derivación, que requiere de Razón Suficiente y de las máximas de la experiencia. El Censor pretende que el esta Sala en aplicación los artículos 8 del Código Procesal Penal y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, vaya más allá del precepto autorizante que limita el análisis de la Sala a examinar: “errores de hecho, que resulten de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas”. CONSIDERANDO: Que esta Sala considera necesario señalar que el recurso de Casación es un recurso extraordinario, es decir que su admisión está condicionada a la estricta observancia de los motivos de casación de Infracción de ley, taxativamente señalados en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, que establece un sistema cerrado o de “numerus clausus”. Por ello, ni el recurrente, como tampoco al Tribunal de Casación, están facultados para legislar, o apreciar motivos de admisibilidad distintos a los establecidos en la ley, apelando a supuestas razones de justicia material, pues de otro modo dejaría de observar el principio de competencia reglada que establece el artículo 321 de nuestra Constitución[2]. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que lo procedente es que al tenor de lo que expresa el artículo 413 del Código de Procedimientos Penales debe declararse la inadmisibilidad del recurso, en tanto que el impetrante ha invocado un motivo distinto a los enumerados en el precepto autorizante, de ahí que no es procedente sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo..."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 412 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Penales, art. 413 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Penal.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de junio de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de abril de dos mil diez, por la Abogada L. M. S. A., mayor de edad, hondureña, y de este domicilio, en su condición de Representante del Ministerio Público; en relación a la Acusación Criminal, presentada ante el entonces Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, por la Abogada M. E. O. E., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra el Señor R. A. M. S., mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés,,por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del BANCO CAPITAL S.A..- El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de enero de dos mil diez, mediante la cual FALLO: 1º.-DECLARANDO SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada K. Y. S. Z., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.-2º.- CONFIRMANDO la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de dicha Sección Judicial, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil cinco, la que falló: ABSOLVIENDO de toda responsabilidad penal al encausado R. A. M. S.,por el delito de ESTAFA, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO CAPITAL S.A. RESULTA: Que en sentencia de fecha veintiocho de enero del dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aceptó el hecho estimado y declarado aprobado por el A-Quo en sentencia de fecha quince de junio de dos mil cinco, quien lo redactó de la manera siguiente:” UNICO: Que en fecha veintiséis de junio del año mil novecientos noventa y nueve fue capturado el Señor R. A. M. S. y puesto a la orden del Juzgado competente para ser sometido al proceso penal iniciado por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio del BANCO CAPITAL.” RESULTA: Que en fecha veinte de abril de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, La Abogada L. M. S. A. de generales anteriormente expresadas, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente:” II. EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Haber incurrido en error de hecho por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 360. Los jueces y Tribunales apreciarán las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica.” Esos postulados que dan contenido a las reglas de la sana crítica son los siguientes: Conforme el Artículo 360, el sistema de valoración autorizado en el Código de Procedimientos Penales de 1984, es el de la sana crítica (según las reglas de valoración que se expresan en la Sección Décima, capitulo VI de dicha ley en “Valor Jurídico de la Prueba”) y la estructura de la sentencia es definitiva, como se consigna en el Artículo 383, reformado, del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A Quo. La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. En la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su convicción, y en la segunda, el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Consideramos que el Tribunal incurrió en violación a las reglas que integran la sana crítica, específicamente las reglas tanto de las máximas de la experiencia como el postulado de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente y dentro de este, valga la redundancia, la de suficiencia vicio que se produce en la apreciación de la prueba al no valorar la prueba de cargo allegada al juicio, en apego al sistema valorativo en referencia, como ser: probanza que obra a folio 9 de la primera pieza de los autos, el cual consiste en Constancia del Banco Capital suscrita por D. P. en su condición de Asistente de Gerencia y en cuyo párrafo tercero de dicho documento, dice textualmente “ El día de hoy sábado veinte y seis de junio de mil novecientos noventa y nueve se presentó el supuesto estafador a hacer un retiro de su cuenta de ahorros N° 00215541 la cual tiene un saldo pendiente de Lps 1,667.08, dicho sujeto no presentó ningún documento de identificación al cajero, pero ya se tenía marcada la cuenta que se abrió con producto de los cheques pagados. Se extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve”.Igualmente se adjunta al expediente de mérito el carnet del Instituto Hondureño de Seguridad Social a nombre de J. A. S., el cual obra a folio 12, primera pieza. A titulo ilustrativo, es trascendente acotar lo dicho por J. F. M., cajero del Banco Capital (folio 28), quién declaró: el tipo me dijo sí le podía pagar el cheque yo le dije que sí, le pregunté si trabajaba con el seguro social y el me dijo que era comerciante que le vendía producto al Seguro Social le pedí la tarjeta de identidad y apareció el nombre de J. A. S., la presentó algo dañada y luego el presentó cuatro cheques mas, luego le dije que era mucho dinero y le preguntó si tenía cuenta en el Banco y el me respondió que no había problema que podía abrir la cuenta, luego que le entregó el dinero le dijo que lo contara y el dijo que no había problema se metió el dinero a la bolsa y luego se retiró; a su vez, la testigo S. C. P. (folio 29), narró que su cargo es en apertura de cuentas y que el catorce de mayo llegó J. S. con cuatro cheques del Seguro Social y que cuando se presentó con el cajero F. M. y cuando llegó a ventanilla le dio un cheque para que se lo cambiara y cuando el miró que el cajero le cambió un cheque el se sacó otros cuatro mas, entonces el cajero le dijo que fuera abrir una cuenta con los demás cheques, ya que no le podía cambiar mas, cuando el llegó a apertura de cuentas el quería que le diera la cantidad de veinte y cinco mil lempiras y entonces al ver la cantidad alta se fue donde el licenciado M. que es el gerente de la oficina principal y entonces en el banco se maneja un registro de firmas de todos los cheques del Banco Central y la firma del cheque no aparecía en la firma de los registros y entonces el Licenciado G. M., llamó al Seguro Social para confirmar si los cheques eran verdaderos, llamó al departamento de Tesorería y allí le confirmaron que el cheque era legítimo y que lo pagara y que hiciéramos la apertura como efectivo, el licenciado M. firmó los cheques para la autorización de la apertura y seguidamente abrió la cuenta normal, aparte de esos cheques portaba otros que no se los cambiaron porque la cantidad en letras no concordaba con la cantidad en cifras y luego se dirigió a la ventanilla hizo la transacción y se despidió con un gesto; se adjunta también el Acta de Allanamiento a imprenta clandestina (folio 49) y folio 78 frente y vuelto) declaración de V. H. C. (empleado de I.H.S.S. de S.P.S.). quién manifestó: “lo que manejo sobre esa información es poco, solo lo que se manejó sobre los medios de comunicación, lo conocí en el Seguro Social, hace de tres a cuatro años, relación de trabajo ya que es proveedor, suministraba papelería de imprenta, todos los meses se le compraba papel de Seguro Social, casi el cincuenta por ciento se le compraba de papelería.Al preguntarle, que tipo de papelería se le requería al señor R. A. M. S., Contestó: Casi la papelería que solicitamos era carnet de afiliación, tarjetas de afiliación, carnet de vacunas, papelería de cheques se imprimen en Tegucigalpa, solo se elabora la papelería normal para atención a derechohabientes”.Al analizar el conjunto de pruebas precitadas, se determina que indudablemente se ha demostrado la existencia del delito y la participación del encausado en la comisión del mismo, el Ad-Quem ha infringido las reglas de la Sana Crítica que deben operar al momento de realizar la valoración probatoria, siendo evidente que se irrespetó la Ley de la Razón Suficiente que determina que el fallo al que el Juzgador aborde debe ser producto de las conclusiones a las que vaya arribando a través del resultado de las pruebas evacuadas en el proceso, y es evidente que en el presente caso el fallo no es el fiel fruto de lo acreditado con la prueba evacuada, por lo que se hace necesario que éste alto Tribunal restablezca por medio de la decisión que corresponda, Casando la sentencia impugnada y dictando en su lugar un fallo condenatorio en contra del enjuiciado. Este conjunto de probanzas, anteriormente indicadas, constituyen un andamiaje probatorio para acreditar el hecho que se juzga, en tanto establecen en forma clara, precisa y sin vacilaciones, el accionar del procesado, siendo imprescindible que vosotros respetable Tribunal de Casación reviséis estos medios probatorios para que comprobéis lo sostenido por el mandatario del pueblo, en cuanto a que en la descalificación de esta prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soporten el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se ultraja lo preceptuado en el artículo 360 del Código de Procedimientos Penales de 1984, en lo referente a la obligatoriedad de apreciar las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica. Si bien el artículo 413 del Código de Procedimientos Penales en su numeral primero indica que se declarará inadmisible todo recurso interpuesto por causales diferentes a las establecidas en el artículo 412 del mismo cuerpo legal, estimamos que en virtud del artículo 8 del Código Procesal Penal se puede hacer uso de ésta vía recursiva bajo los parámetros expuestos, considerando que ésta tarea impugnativa se ve justificada por la existencia de la necesidad/finalidad de justicia que debe de proporcionar el Estado a sus ciudadanos. De igual forma el artículo 25 numeral primero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que los habitantes de los Estados Partes tienen derecho a un recurso sencillo (sin excesivas formalidades) y rápido, es así que apreciamos que en virtud del principio de justicia y la obligación de un recurso sencillo el presente caso debería de ser examinado por esta Suprema Corte. NULIDAD SUBSIDIARIA.-Subsidiariamente al recurso planteado, se solicita nulidad de la sentencia impugnada en base a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, que textualmente establece: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente las confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.En el caso sub-judice, el juzgador ha dictado su fallo al margen de esta disposición legal, por lo que consideramos que procede la nulidad del mismo puesto que del material probatorio allegado al proceso se desprende con absoluta claridad que el enjuiciado R. A. M. Salinas efectivamente fue la persona que participó a título de autor en el hecho objeto de procesamiento por lo que el Juzgador al haber proferido una sentencia en contravención a las conclusiones valorativas a las que debió haber arribado, en base al sistema de sana crítica, incurrió en la vulneración de la norma constitucional supra referida.” RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veintiuno de abril de dos mil diez, mediante la cual tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada L. M. S. A., en su condición de Representante del Ministerio Público, en consecuencia omitió el traslado de los autos al Fiscal del Tribunal, por ser parte recurrente. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el artículo 412 No. 2) del Código de procedimientos penales de 1984, establece como motivo para recurrir en casación por Infracción de Ley el siguiente: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas”. CONSIDERANDO: Que el Censor en su único motivo invoca como infringido el artículo 360 del Código Procesal Penal donde se establece que los jueces y Tribunales apreciarán las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica. Concretamente argumenta que el Ad Quem ha incurrido en violación a las reglas de la sana crítica, específicamente a las máximas de la experiencia y al postulado de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente, vicios que se producen en la apreciación de la prueba siguiente: 1) Constancia del Banco Capital, suscrita por el señor D. P., Asistente de Gerencia (folio No. 9, primera pieza de autos); 2) Carné del Instituto Hondureño de Seguridad Social, a nombre de J. A. S. (folio NO. 12, primera pieza); 3) Declaración del testigo J. F. M., cajero del Banco Capital (folio No. 28); 4) Declaración de la testigo S. C. P. (folio NO. 29), 5) Acta de Allanamiento a imprenta clandestina (folio No. 49); y, 6) Declaración del testigo V. H. C., empleado de Instituto Hondureño del Seguro Social de San Pedro Sula (folio 78 frente y vuelto). CONSIDERANDO: Que el impetrante reconoce que aunque el artículo 413.1 del Código de Procedimientos Penales dispone que se declarará inadmisible todo recurso interpuesto por causales diferentes a las establecidas en el artículo 412 del mismo texto normativo, en este caso, la Sala debe habilitar la vía recursiva invocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Penal y especialmente en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, donde se prevé que los habitantes de los Estados Partes tienen derecho a un recurso sencillo y rápido que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO: Que esta Sala considera pertinente recordar que para estimar el motivo previsto en el artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo; 2) Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o documentos, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3) Que el referido documento o documentos se encuentren incorporados a la causa, lo que quiere decir que obren en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal A Quo; 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa.[1] CONSIDERANDO: Que en caso bajo examen, el alegato principal del recurrente no se centra en la literalidad del precepto autorizante, al pretender dar un alcance distinto a lo que dispone el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, con el fin de que esta la Sala de Casación Penal, vaya más allá de los propios términos que la ley establece y proceda a valorar cual ha sido la aplicación por parte del Ad Quem de las reglas de la sana critica, en especial de la regla de la lógica de derivación, que requiere de Razón Suficiente y de las máximas de la experiencia. El Censor pretende que el esta Sala en aplicación los artículos 8 del Código Procesal Penal y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, vaya más allá del precepto autorizante que limita el análisis de la Sala a examinar: “errores de hecho, que resulten de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas”. CONSIDERANDO: Que esta Sala considera necesario señalar que el recurso de Casación es un recurso extraordinario, es decir que su admisión está condicionada a la estricta observancia de los motivos de casación de Infracción de ley, taxativamente señalados en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, que establece un sistema cerrado o de “numerus clausus”. Por ello, ni el recurrente, como tampoco al Tribunal de Casación, están facultados para legislar, o apreciar motivos de admisibilidad distintos a los establecidos en la ley, apelando a supuestas razones de justicia material, pues de otro modo dejaría de observar el principio de competencia reglada que establece el artículo 321 de nuestra Constitución[2]. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que lo procedente es que al tenor de lo que expresa el artículo 413 del Código de Procedimientos Penales debe declararse la inadmisibilidad del recurso, en tanto que el impetrante ha invocado un motivo distinto a los enumerados en el precepto autorizante, de ahí que no es procedente sentencia sobre la procedencia o improcedencia de su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 412.2 y 413 del Código de Procedimientos Penales.- FALLA: 1) Declarando inadmisible el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el recurrente, en su condición indicada, en su único motivo.- y MANDA: que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales correspondientes. REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- EDITH MARIA LOPEZ RIVERA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha once de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-61-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] En igual sentido doctrinal ver sentencia recaída en el Expediente de Casación Penal CP-407-07.

[2] El artículo 321 de la Constitución prevé que “los servidores del Estado, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley…”