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Sentencia CP-60-12 — Registro 3208

Resumen

Se condenó al imputado en primer instacia por el delito de Robo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA PARTE DEFENSORA. I. La recurrente, plantea que se ha violentado la Garantía Constitucional de “Presunción de Inocencia” infringido el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consignando como Precepto Autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explica la deponente, que el A-quo llegó a la conclusión de culpabilidad de su representado el señor L. A. M. V., sin pruebas contundentes y directas de su participación en el hecho que se le condenó, pues ninguna de las pruebas presentadas por el acusador vinculan directamente a su representado en el delito de Robo, en consecuencia no se enervó el estado de inocencia del acusado, objetando puntualmente, que las únicas pruebas evacuadas son la declaración del policía J. L. F., aduciendo es un testigo referencial al capturar al acusado y quien sólo manifestó lo que la ofendida G. K. M. C. le había declarado, de igual forma objeta que la ofendida no se presentó a declarar en el juicio oral y su declaración fue incorporada por lectura. Concluyendo que la prueba es abundante, pero ninguna es prueba directa de la participación del acusado L. A. M. V. en el delito de ROBO en perjuicio de G. K. M. C. II. Esta Sala de lo Penal, ha reiterado que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del estado de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal A-quo contó con suficiente prueba- actividad probatoria mínima- de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él o los acusados, para dictar un fallo de condena. III.-En el caso examiné, la Sala considera que el recurso no es de recibo, ya que al analizar la actividad probatoria se encuentra que la misma fue incorporada dentro de los parámetros procesales que rigen el proceso penal. Así, la incorporación por lectura de la declaración rendida por la víctima, deberá darse cuando concurran las circunstancias de ser imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio, excepcionalmente puede considerarse el caso de un testigo que se citó en legal y debida forma y razonablemente se deduce y argumenta que hay motivos para asumir se cambió el domicilio o no es posible encontrarlo, sin desconocer el control y conocimiento que debe tener el acusador sobre sus propios medios de prueba, en el presente caso, la circunstancia de ser la ofendida extranjera aún y cuando el control migratorio presentado no es fehaciente en el registro de salidas e ingresos, es motivo suficiente que hace suponer mayor dificultad en la ubicación de la testigo, por ende, es razonable su introducción por lectura de acuerdo a las exigencias del artículo 311 en su numeral 2. IV.-De la referida declaración de la ofendida rendida en audiencia inicial (folio 11) se deduce el hecho acaecido en su perjuicio al relatar la forma violenta como fue despojada de sus pertenencias y la manera en que el agresor fue detenido por la policía, afirmando que: “La persona detenida era la misma que le despojó de la cartera”, si bien, dicha declaración carece de la inmediación propia del juicio oral, la misma adquiere su validez probatoria de cargo al ser vinculada con los otros medios de prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica para derivar en una conclusión, apareciendo la declaración rendida en juicio del policía J. L. F. ( folio 112v), de la cual en consonancia con los principios de inmediación, contradicción y publicidad el Tribunal concluye acertadamente, que coincide con la versión rendida en audiencia inicial por la víctima e incorporada por lectura, pues es clara en relación al tiempo, lugar, y modo como sucedieron los hechos al encontrarse el testigo(policía) en lugar aledaño a la salida de la Universidad Nacional Autónoma donde sucedieron los hechos, tal como lo relata la víctima y coincide con lo referido por el testigo en la dinámica del hecho, no lleva razón la recurrente al pretender demeritar la declaración del policía diciendo es de referencia porque no presenció el hecho y sólo realizó la captura, ya que la captura del acusado hecha por el testigo en el cumplimiento de sus deberes de policía fue de manera inmediata casi simultánea al hecho mismo, no tratándose propiamente de ser -“referencial”- del hecho, sino mas bien haberlo percibido inmediatamente acaecido, razón por la cual pudo realizar la captura del acusado con las pertenecías de la ofendida tal como se corroboró en el proceso y consta en las respectivas actas de decomiso y de de registro personal incorporadas y valoradas en juicio, en la cual se detallan las pertenencias de la ofendida, habiendo el A-quo deducido claramente la participación directa en el hecho del acusado y la acreditación de su culpabilidad, que refuta el estado de inocencia que se le garantiza a todo ciudadano (a) sometido a un proceso penal justamente hasta que a través de la prueba evacuada en juicio se puede acreditar la culpabilidad y, por ende, dictar una sentencia condenatoria. V.- La Sala, encuentra que las conclusiones del A-quo son acertadas y consecuentes al considerar que la prueba incorporada durante el debate es suficiente para destruir el estado de inocencia del acusado, al no ser un derecho absoluto, ya que puede ser desvirtuado en juicio con prueba de cargo para dar lugar a la imposición de una sentencia condenatoria. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual CONDENÓ al señor L. A. M. V. como autor del delito de ROBO en perjuicio de la señora G. K. M. C., a la pena de CINCO (05) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL; asimismo, se le declara la responsabilidad civil del demandado.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada V. M., actuando en su condición de Defensora Pública del señor L. A. M. V. SON PARTES: El Abogado A. A. G., en su condición de Defensor Público del señor L. A. M. V., como parte recurrente y la Abogada T. F. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: El día ocho de septiembre de dos mil ocho, a eso de las ocho de la noche (8:00 p.m.) la joven G. K. M. C. junto con una amiga, transitaba cerca del puente cercano a la Universidad en el Boulevard Suyapa, cuando se les acercó el acusado L. A. M. V., quién después de un forcejeo le arrebató el bolso a la joven G. K. y salió caminando. SEGUNDO: El policía J. L. F. que patrullaba la zona, advirtió la presencia del acusado L. A. cerca de las jóvenes, quién con su compañero se acercó al lugar poniéndole G. K. en conocimiento de lo sucedido. El policía F. salió en persecución del acusado L. A., logrando darle detención cuando aún llevaba consigo el bolso de G. K. M. C. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. III.- La recurrente Abogada V. M. formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma, el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenado por puras sospechas, es decir, sin contar con pruebas, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestro representado L. A. M. V. en el delito de Robo; las pruebas presentadas constituyen meras sospechas con las cuales no puede enervarse el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Mi representado fue condenado por un delito de Robo sin existir pruebas contundentes y directas de su participación que nos lleven a la conclusión que, en efecto formará parte en la ejecución de los hechos sometidos a juzgamiento. Las únicas pruebas evacuadas en juicio lo constituyen la declaración del policía Jorge Luís Flores, quien manifestó que la ofendida G. K. les había informado que un joven le había asaltado; posteriormente capturaron a nuestro representado; sin embargo, esta declaración es de un testigo referencial y su testimonio adquiere validez si la propia ofendida se hubiese presentado a declarar, pero tal como ocurre en el caso de autos, la ofendida G. K. M. C., no se escuchó su testimonio de viva voz en el juicio oral y público, sino que admitieron por lectura una declaración rendida en audiencia inicial, misma que si bien es permitido por nuestra ley procesal, su valoración debe ser cuidadosamente examinada; ya que la misma violenta el principio de inmediación y contradicción que rigen nuestro Código Procesal Penal; en ese sentido no habiendo otras pruebas corroborativas, el testimonio del policía por si solo no puede quebrantar el Estado de Inocencia de Constitucionalmente le asiste. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, las pruebas presentadas en el juicio oral y público son abundantes, pero ninguna es una prueba directa de la participación de nuestro representado L. A. M. V. en el delito de Robo, con las pruebas presentadas no puede condenarse ya que no se presentó en el debate, alguna prueba directa que acreditara que nuestro representado haya participado de manera alguna en los hechos a el condenados, lo que existen son meras sospechas que por si solas no desvirtúan el Estado de Inocencia de nuestra patrocinada. La jurista española Maria Félix Tena Aragón en su obra “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL” (De Honduras) paginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCION DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo valida. Por tanto, solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado testigos referenciales sin contar con la declaración personal de la ofendida. La Jurista Tena Aragón en su pagina 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una valida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro patrocinado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el Robo de la señora G. M., en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde”.

DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA PARTE DEFENSORA. I. La recurrente, plantea que se ha violentado la Garantía Constitucional de “Presunción de Inocencia” infringido el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consignando como Precepto Autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explica la deponente, que el A-quo llegó a la conclusión de culpabilidad de su representado el señor L. A. M. V., sin pruebas contundentes y directas de su participación en el hecho que se le condenó, pues ninguna de las pruebas presentadas por el acusador vinculan directamente a su representado en el delito de Robo, en consecuencia no se enervó el estado de inocencia del acusado, objetando puntualmente, que las únicas pruebas evacuadas son la declaración del policía J. L. F., aduciendo es un testigo referencial al capturar al acusado y quien sólo manifestó lo que la ofendida G. K. M. C. le había declarado, de igual forma objeta que la ofendida no se presentó a declarar en el juicio oral y su declaración fue incorporada por lectura. Concluyendo que la prueba es abundante, pero ninguna es prueba directa de la participación del acusado L. A. M. V. en el delito de ROBO en perjuicio de G. K. M. C. II. Esta Sala de lo Penal, ha reiterado que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del estado de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal A-quo contó con suficiente prueba- actividad probatoria mínima- de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él o los acusados, para dictar un fallo de condena. III.-En el caso examiné, la Sala considera que el recurso no es de recibo, ya que al analizar la actividad probatoria se encuentra que la misma fue incorporada dentro de los parámetros procesales que rigen el proceso penal. Así, la incorporación por lectura de la declaración rendida por la víctima, deberá darse cuando concurran las circunstancias de ser imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio, excepcionalmente puede considerarse el caso de un testigo que se citó en legal y debida forma y razonablemente se deduce y argumenta que hay motivos para asumir se cambió el domicilio o no es posible encontrarlo, sin desconocer el control y conocimiento que debe tener el acusador sobre sus propios medios de prueba, en el presente caso, la circunstancia de ser la ofendida extranjera aún y cuando el control migratorio presentado no es fehaciente en el registro de salidas e ingresos, es motivo suficiente que hace suponer mayor dificultad en la ubicación de la testigo, por ende, es razonable su introducción por lectura de acuerdo a las exigencias del artículo 311 en su numeral 2. IV.-De la referida declaración de la ofendida rendida en audiencia inicial (folio 11) se deduce el hecho acaecido en su perjuicio al relatar la forma violenta como fue despojada de sus pertenencias y la manera en que el agresor fue detenido por la policía, afirmando que: “La persona detenida era la misma que le despojó de la cartera”, si bien, dicha declaración carece de la inmediación propia del juicio oral, la misma adquiere su validez probatoria de cargo al ser vinculada con los otros medios de prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica para derivar en una conclusión, apareciendo la declaración rendida en juicio del policía J. L. F. ( folio 112v), de la cual en consonancia con los principios de inmediación, contradicción y publicidad el Tribunal concluye acertadamente, que coincide con la versión rendida en audiencia inicial por la víctima e incorporada por lectura, pues es clara en relación al tiempo, lugar, y modo como sucedieron los hechos al encontrarse el testigo(policía) en lugar aledaño a la salida de la Universidad Nacional Autónoma donde sucedieron los hechos, tal como lo relata la víctima y coincide con lo referido por el testigo en la dinámica del hecho, no lleva razón la recurrente al pretender demeritar la declaración del policía diciendo es de referencia porque no presenció el hecho y sólo realizó la captura, ya que la captura del acusado hecha por el testigo en el cumplimiento de sus deberes de policía fue de manera inmediata casi simultánea al hecho mismo, no tratándose propiamente de ser -“referencial”- del hecho, sino mas bien haberlo percibido inmediatamente acaecido, razón por la cual pudo realizar la captura del acusado con las pertenecías de la ofendida tal como se corroboró en el proceso y consta en las respectivas actas de decomiso y de de registro personal incorporadas y valoradas en juicio, en la cual se detallan las pertenencias de la ofendida, habiendo el A-quo deducido claramente la participación directa en el hecho del acusado y la acreditación de su culpabilidad, que refuta el estado de inocencia que se le garantiza a todo ciudadano (a) sometido a un proceso penal justamente hasta que a través de la prueba evacuada en juicio se puede acreditar la culpabilidad y, por ende, dictar una sentencia condenatoria. V.- La Sala, encuentra que las conclusiones del A-quo son acertadas y consecuentes al considerar que la prueba incorporada durante el debate es suficiente para destruir el estado de inocencia del acusado, al no ser un derecho absoluto, ya que puede ser desvirtuado en juicio con prueba de cargo para dar lugar a la imposición de una sentencia condenatoria. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 26, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa del señor L. A. M. V., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los dieciséis días del mes de noviembre del dos mil once, en la cual se le condenó por el delito de ROBO en perjuicio de G. K. M. C. Y. M.: Que con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: El Magistrado CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-60-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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