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Sentencia CP-59-11 — Registro 2844

Resumen

Se absolvió a la imputada en primer instancia por el delito de abuso de autoridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia del Recurso: En el caso que ahora nos ocupa, se imputa a la encartada T. A. M. la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal que describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido [349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, esilustrativo lo expuesto por S. S., cuando explica que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcionarial que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. “Por su parte, CREUS sostiene que en este delito, la culpabilidad se concreta dolosamente. En las formas de actividad el aspecto cognoscitivo requiere el conocimiento de la oposición a la ley de la resolución o la orden, es decir, el conocimiento de que la facultad en que funda las que se dictan no existe legalmente o que las circunstancias que se invocan para hacer jugar una facultad legalmente reconocida no responden a los presupuestos de hecho que la ley reclama como requisitos para su aplicación. En la forma pasiva, lo que se requiere es el conocimiento de que en la órbita de competencia del autor está la ejecución de la ley, ejecución que se omite. En el aspecto volitivo el tipo requiere la voluntad de oponerse a la ley; no de aplicarla mal, sino de desconocerla: el funcionario que aplica mal una ley interpretándola erróneamente no cometerá abuso, aunque lo haga a sabiendas; sólo lo cometerá el que se le oponga dejando de fundamentar en ella el acto administrativo u omitiendo su aplicación, como si no existiera. El tipo exige el dolo directo[1]. En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO ALBERTO: Delitos contra la Administración Pública, Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica”(Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva”. Del factum se desprende que la imputada T. A. M. actuando en el ejercicio de su cargo deAlcaldesa del Municipio de Nueva Celilac, Departamento de Santa Bárbara, contando con la anuencia de los demás miembros de la Corporación Municipal adquirió tras la realización de varias cotizaciones y a favor del ente municipal una volqueta marca Mack, por un valor de trescientos ochenta mil lempiras, no constituyendo objeto de controversia entre las partes, que atendiendo al valor de dicho automotor, las disposiciones generales del Presupuesto en relación a lo previsto en la Ley de Contratación del Estado exigían que para su adquisición debía seguirse un procedimiento de licitación pública, mismo que a la postre no observó la encausada.De este modo ninguna de las partes que intervienen en el proceso rechaza que concurren los elementos objetivos del tipo penal, radicando la discrepancia en la existencia del elemento subjetivo, es decir, del dolo. Por vía de ilustración resulta de utilidad lo expuesto por NIETO MARTIN, cuando explica que en la mayoría de las ocasiones el Juez no podrá obtener pruebas directas que le permitan afirmar con certeza si se da o no el elemento subjetivo, por lo que en este ámbito habrá que resignarse con pruebas indiciarias basadas bien en la probabilidad empírica, bien en el juicio de probabilidad que proporcionan las reglas de la experiencia o el sentido común. Añade el autor antes citado, que lo más frecuente es que al lado del indicio derivado de la experiencia o del sentido común (por ejemplo: los encargados de exportación de una empresa de vinos con amplia experiencia, conocen la legislación en materia de control de cambios), se aluda a otra serie de indicios que abonan la existencia del conocimiento de la antijuricidad. En este sentido, uno de los indicios más frecuentemente utilizados es el de las denominadas “vías de hecho”. Quien, por ejemplo, introduce clandestinamente una pistola en el país o exporta divisas construyendo para ello un doble fondo en el maletero del vehículo o lo hace a cambio de precio no puede alegar que desconocía la antijuricidad. La concurrencia de varias pruebas indiciarias independientes y no una aislada, constituye el primer requisito a que ha de someterse la legitimidad de la prueba indiciara. Igualmente, debe exigirse constatar el conocimiento de la antijuricidad de acuerdo con el “modelo de exclusión de alternativas”, esto es, probando que no son ciertas aquellas hipótesis explicativas- indicios- que puedan apoyar la solución contraria a la mantenida por el tribunal (el conocimiento de la antijuricidad). Por ello cuando el Juez no logre excluir negativamente la existencia de error, el principio in dubio pro reo deberá operar a favor del autor[2]. En el caso que ahora nos ocupa se atribuye a la encartada T. A. P. la comisión del delito de abuso de autoridad. Si bien es cierto concurren los elementos objetivos del tipo, a juicio de esta Sala concurren una serie de indicios en virtud de los cuales podemos afirmar que no resulta acreditado más allá de toda duda razonable la presencia del dolo como elemento subjetivo en la conducta objeto de juzgamiento. Tales indicios son los siguientes: 1) La operación de compra fue autorizada y ejecutada por personas que atendiendo a su escasa formación académica carecen de conocimientos jurídicos especiales, como son los que conciernen a los procedimientos de selección de contratistas y particularmente a las disposiciones generales del presupuesto anualmente fijados por el Poder Legislativo, que si bien es cierto son publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, resulta un hecho notorio que el mismo no es de amplia difusión en el país, particularmente en el ámbito territorial que comprende un pequeño municipio como lo es el de Nueva Celilac; 2) No se desprende de autos que la acusada haya tenido fácil acceso a una fuente de consulta especializada que le proporcionara información sobre el alcance de las normas específicas que rigen los procedimientos de selección de contratistas para el suministro de bienes y las disposiciones presupuestarias aplicables al caso; 3) Si bien es cierto que el tipo penal de abuso de autoridad que se atribuye a la encartada no exige para su consumación la producción de un resultado lesivo o dañoso, no es menos cierto que constituye un indicio a favor de la imputada la circunstancia de que no resultara objeto de controversia que la adquisición de la volqueta a favor de la Corporación Municipal de Nueva Celilac se hizo a precio de mercado, no existiendo razones para suponer que pudo haberse concertado una sobrevaloración ni que se haya pretendido favorecer a la procesada o a un tercero. Así las cosas, esta Sala considera que si bien es cierto que la motivación externada por el Tribunal A Quo ha podido ser mejor en términos de profundidad, orden y claridad, no es menos cierto que tampoco se presenta irracional, arbitrario o ilógico al concluir con un veredicto absolutorio, de ahí que sin perjuicio de las sanciones y consecuencias de orden jurídico-administrativo que puedan generarse por las actuaciones de la encausada[3], esta Sala considera que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser desestimado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual Absolvió a la Señora T. A. M., del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado C. A. R. G., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada K. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado J. C. C. L., Apoderado Defensor Privado de la Señora T. A. M., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “UNO: En fecha treinta de Agosto del dos mil seis en el salón de sesiones de la municipalidad de Nuevo Celilac, y mediante acuerdo municipal, por unanimidad, se autoriza a la alcaldesa T. A. M., a suscribir préstamos en la banca privada, en virtud de no acceder a préstamos en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, para desarrollar el proyecto de adquisición de una volqueta y una retroexcavadora, para servicio del municipio de Nuevo Celilac de este departamento. DOS: El día dieciocho de Agosto del dos mil seis, los señores E. A. I., S. L. R., A. O. F. P., J. J. C. R., F. P. y M. P., y la acusada T. A. M., en su condición de regidores y Alcaldesa respectivamente, elegidos por el periodo del dos mil seis (2006), al dos mil diez (2010) de la Corporación municipal de Nuevo Celilac, de este departamento, suscribieron contrato de Préstamo con el Banco de Occidente, sucursal del municipio de San Nicolás, a favor de la municipalidad de Nuevo Celilac, ambos de este departamento, por un monto de Un Millón Quinientos Mil Lempiras, para lo cual firmaron como avales solidarios, el cual se canceló en su totalidad el diecisiete de Noviembre del dos mil diez. TRES: Que en fecha 28 y 29 de septiembre del año dos mil seis, la corporación municipal en pleno del municipio de Nueva Celilac, previa evaluación de otras cotizaciones, autorizó a la señora T. A. M., alcaldesa de la misma corporación, comprar de manera directa una volqueta marca Mack, color blanco, año 1988, motor 5481AP881055029 por tener mejor precio y ajustarse a los requisitos previamente establecidos por la misma corporación. CUATRO: En fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis, la señora T. A. M., con parte del dinero proveniente del préstamo con el Banco de Occidente antes relacionado, celebró compraventa, con el señor Y. A. P. B. de la volqueta antes descrita, en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, por una suma de trescientos ochenta mil lempiras, traspasándose el dominio del vehículo relacionado a favor del municipio de Nuevo Celilac, de este departamento de Santa Bárbara, e inscrito como bien nacional en fecha tres de Diciembre del dos mil siete”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente, Abogado C. A. R. G., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO INVOCADO: “Infracción de Ley por no aplicación del artículo 349 inciso 2 en relación con los artículos 36 de las disposiciones generales de presupuesto del año 2006 y 84 y 155 de la Ley de Contratación y l3 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: “Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: Inciso 2. Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” Artículo 36 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, año 2006 (contenido en el Decreto Legislativo 32-2006): “Los contratos de suministro de bienes y servicios requerirán licitación pública, cuando el monto supere los doscientos cincuenta mil lempiras (L.250,000.00) y licitación privada cuando excede de cien mil lempiras (L.100,000.00) Artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado, párrafo primero: “Se prohíbe la compra de maquinaria o equipo usado, así como, las compras a abastecedores únicos, salvo las excepciones contempladas en esta ley.” Artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado, párrafo primero: “Se prohíbe la compra de maquinaria o equipo usado, así como las compras a abastecedores únicos, salvo las excepciones contempladas en esta ley”. Artículo 155 del mismo cuerpo legal supra referido: “No obstante, lo dispuesto en el artículo 84 de la presente ley, las Municipalidades de manera individual o colectiva, están autorizados para adquirir maquinaria y equipo con un uso no mayor de ocho (8) años, de marcas representadas en Honduras, siempre que dichas adquisiciones se hagan en subasta pública o licitación pública...” El Tribunal sentenciador evacuadas que fueron todas las probanzas, estimó como hecho probado en lo relevante lo siguiente: “TERCERO: Que en fecha 28 y 29 de septiembre del año 2006, la Corporación Municipal en pleno del Municipio de Nueva Celilac, previa evaluación de otras cotizaciones, autorizó a la señora T. A. M., alcaldesa de la misma Corporación, comprar de manera directa una volqueta marca Mack, color blanco, año 1988, motor 5481AP881055029 por tener mejor precio y ajustarse a los requisitos previamente establecidos por la misma Corporación”. “CUATRO: En fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis, la señora T. A. M., con parte del dinero proveniente del préstamo con el Banco de Occidente antes relacionado, celebró compraventa con el señor Y. A. P. B. de la volqueta antes descrita, en el municipio de Siguatepeque departamento de Comayagua, por una suma de trescientos ochenta mil lempiras traspasándose el dominio del vehículo relacionado a favor del municipio de Nuevo Celilac, de este departamento de Santa Bárbara, e inscrito como bien nacional en fecha tres de Diciembre del dos mil siete. Lo anterior se realizó sin la obligatoria licitación pública que exigen las disposiciones generales de presupuesto del año 2006 en su artículo 36 e inobservando la prohibición de adquirir vehículos usados de mas de ocho años tal cual lo regula la ley de contratación del Estado en sus artículos 84 y 155. Esta abstención de cumplir con lo señalado en la ley se encuentra penalmente prohibido, tal cual lo reconoce el tribunal, por contravenir lo establecido en el artículo 349 numeral 3 del código penal. Sin embargo, el Juzgador en su fundamentación jurídica establece “que la mera concurrencia del elemento material o la subsunción de los hechos fácticos en el tipo penal, no es suficiente para configurar la comisión de un delito,... ocurre en el presente caso, que el accionar de la imputada T. A. M., no fue a título de dolo..., es decir que la Acción ejecutada por la imputada no es típica,... “(Fundamentación Jurídica Primera). El Juzgador ahondando en esta falta de tipicidad explica que “para que una acción sea típica se requiere la concurrencia de los dos elementos y en el presente caso no concurre el elemento subjetivo, a pesar de que a la vista de las actuaciones de la señora T. A. M. resulta el cumplimiento del elemento formal objetivo enmarcados en preceptos de ley previamente establecidos que forman parte del derecho positivo de este país;...” (Fundamentación Jurídica Primera). Continua la sentencia en su párrafo segundo de la sección precitada del fallo sosteniendo que “El delito no existe sin el elemento psicológico, esto es sin el concurso de la inteligencia y de la voluntad, es decir que nadie puede ser castigado por una acción u omisión, prevista por la ley como delito, si no la ha cometido con conciencia y voluntad, tal y como ocurre en este caso, al establecerse en juicio que la señora T. A. M. jamás tuvo conciencia, o el conocimiento de la violación de una ley o mas normas contenidas en la ley,…” Luego de haber expuesto algunos de los más importantes puntos sostenidos por la sentencia, vale la pena recordar que en la jurisprudencia y doctrina se define al delito a lo menos como una acción típica, antijurídica y culpable, siendo además un punto pacífico el carácter secuencial de esta definición, es decir que el peso de la imputación va aumentando a medida que se pasa de una categoría a otra; y si del examen de los hechos resulta, por ejemplo, que la acción u omisión no es típica, ya no habrá que plantearse si es antijurídica, y mucho menos si es culpable o punible. En el presente caso, con lo antes trascrito se puede corroborar como el Tribunal considera que la conducta de la procesada no es típica, esto por no concurrir los elementos subjetivos del tipo, específicamente el dolo. Para valorar lo acertado o no de esta valoración jurídica del Tribunal es imperativo primero precisar en que consiste el “elemento subjetivo del tipo penal” que el Tribunal considera no concurre en el caso en estudio o al menos no se probó. Sabemos que el tipo penal originalmente se entendió conformado básicamente por elementos objetivos, ya que se refería al hecho considerado en sí mismo, porque todo lo subjetivo vinculado a la psiquis de su autor era parte de la culpabilidad, esta sistemática inicial de la teoría del delito acuñada por los llamados causalistas no soportó el peso de la razón que no podía desconocer que el hecho poseía elementos tantos objetivos y subjetivos, sino era imposible, por ejemplo, explicar el tipo penal de la tentativa de cualquier delito. En un segundo momento y básicamente siguiendo la estructura, no necesariamente toda la sistemática, creada por los finalistas se aceptó que en el tipo penal existían además de los elementos objetivos, otros subjetivos principalmente el dolo o la culpa, y otros elementos subjetivos especiales para determinados delitos (v.g. el ánimo de lucro). La anterior referencia únicamente la traemos con la intención de ubicarnos dentro de la sistemática utilizada por el Juzgador, que claramente es la segunda, toda vez que estima que “no concurre el elemento subjetivo” y “... la mera concurrencia del elemento material o la subsunción de los hechos fácticos en el tipo penal, no es suficiente para configurar la comisión de un delito,...” y que la acción ejecutada por la imputada no es típica ya que “no fue a título de dolo”. Con lo anterior, en principio está claro que para el juzgador el dolo es un elemento subjetivo del tipo penal y no de la culpabilidad como en antaño, por lo que ahora es necesario puntualizar en qué consiste este dolo o que es lo que debe abarcar el dolo de tipo seguido en la sistemática del juzgador; cuestión en realidad pacífica ya que se acepta que el dolo dentro del tipo penal habrá de abarcar cada uno de los elementos objetivos que definen la acción típica descrita en la norma (no menos de ello, pero tampoco más que ello, es decir que puede abarcar la acción, el resultado, la relación de causalidad, la imputación objetiva, los elementos descriptivos y normativos del tipo), no siendo posible y tomándose anti sistemático pretender que abarque algo que pertenezca a una categoría jurídica distinta mas allá de la tipicidad, nos referimos por ejemplo a aspectos perteneciente a la antijurídicidad o a la culpabilidad. Así el conocimiento de la antijuridicidad que antes también era problemática del dolo (malus), ahora no puede seguir siéndolo porque el dolo como parte subjetiva del tipo es un dolo natural, como dijimos referido a los elementos objetivos del tipo, o sea que en la óptica del Tribunal la falta de conocimiento por parte de la imputada de la antijuridicidad de la acción, no puede tener incidencia alguna para excluir la parte subjetiva del tipo penal como pretende la sentencia que se recurre. En otras palabras el dolo de tipo (natural) debe abarcar las circunstancias fácticas del hecho que integran la parte objetiva del tipo, es claro que en el caso en estudio están abarcadas, la imputada sabía que compraba un vehículo que tenía un costo arriba de Lps. 200,000.00 lempiras y que lo estaba adquiriendo mediante una compra directa, como señalan los hechos probados, y no mediante una licitación pública, así como también que dicho vehículo tenía mas de ocho años de usado que es el máximo que permitido para la adquisición de vehículos usados por parte del Estado, la imputada tenía conocimiento pleno y por ende voluntad de ejecutar su accionar doloso, encontrándose el supuesto valladar en el conocimiento de la antijurídicidad o lo que es lo mismo de la prohibición, que por corresponder a una categoría posterior no incide en la tipicidad. La motivación jurídica de la sentencia es estructuralmente defectuosa, desconoce la dogmática jurídico penal y dificulta ser comprendida, puede verse como el tribunal reiteradamente sostiene que “la acción de la imputada no es típica”, sin embargo a su vez sostiene que su accionar es antijurídico y punible, aunque no culpable, mostrando un absoluto desorden cuya coherencia argumentativa es inexistente, al margen que evidencia desconocer el carácter secuencial de las categorías del delito. La motivación jurídica enfatiza en la ausencia de dolo por desconocimiento de la prohibición, sin embargo no se atiende doctrina legal, jurisprudencia o doctrina especializada alguna, y no da margen alguno para considerarla realmente derivación de lege lata, toda vez que debemos tener presente que el Código Penal en su artículo 13 expresamente nos da una definición del dolo: “El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan.” Es decir que el conocimiento que debe abarcar el dolo, se refiere por un lado al conocimiento psicológicamente dado en el momento del hecho y por otro al conocimiento al que se esta obligado a poseer en el momento del hecho, limitado únicamente por la posibilidad de conocer la contrariedad al Derecho en el momento del hecho, si el juzgador niega cualquiera de estos dos conocimientos estaría fuera de la interpretación de lege lata y estaría penetrando al campo de lege ferenda que le esta vedada, ya que es terreno de propuestas de política criminal, que solo pueden llegar a ser acogidas en nueva legislación. El Tribunal argumenta en su fundamentación jurídica a favor de la imputada el desconocimiento de la antijuridicidad de su hacer, pese a que no fue declarado probado, con lo que afirma un error de prohibición que por inconsistente no se atrevió a llamar como tal, sino que se limitó a referir la falta de “conocimiento o conciencia de que estaba actuando en contra de la ley” o que “jamás tuvo conciencia, o el conocimiento de la violación de una o mas normas contenidas en la ley”. El Tribunal incurre en otros errores sosteniendo que no se acreditó “el elemento volitivo o subjetivo del tipo penal” argumentando que “esto en razón de que el tribunal no tuvo a la vista medio de prueba alguno a fin de probar que la señora T. A. M. haya actuado de manera maliciosa, con intención de beneficiarse a si mismo o de beneficiar a tercero, ... “, esto último no tiene relevancia típica, ni importancia a nivel de otra de las categorías del delito de Abuso de Autoridad, y en relación a la reiterada referencia al no acreditado conocimiento de la antijuridicidad, que nos parece que es a lo que aquí se refiere con actuar de manera maliciosa, es necesario precisar los siguientes puntos básicos: En un Estado Democrático de Derecho deben conciliarse el Principio de Legalidad derivado del Estado de Derecho y el principio de culpabilidad derivado del Estado Democrático. Será así que tendrá que interpretarse el artículo 6 del Código Civil en relación al artículo 13 del Código Penal, el primero señala que “no podrá alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona,... “es decir que existe una obligatoriedad y una presunción de conocimiento de la ley por parte de todo ciudadano y el segundo establece que responde dolosamente aquel que “sabe, o esta obligado a saber... “, sí bien en principio toda persona esta obligada a conocer la ley en atención al art. 6 transcrito, no podemos ignorar que si una persona no tuvo la posibilidad real de acceder a la norma, no puede recaer sobre ésta el poder punitivo del precepto legal infringido, encontrándose entonces el límite natural de la responsabilidad penal en la posibilidad de conocer la contrariedad en el momento del hecho. Todo ciudadano debe conocer sus leyes para saber que le esta prohibido, el resto es la parte de su libertad que no ha cedido, por su parte los funcionarios mas bien deben conocer las leyes para saber que les esta permitido, ya que no tienen mas facultades que las expresamente concedidas por tales marcos legales. Es decir que los funcionarios tienen una particular obligación de esforzarse por ajustar su conducta a las leyes que rigen sus atribuciones, y cuando se trata de la administración de caudales públicos, como en el caso en estudio no podrán administrarlo como su propio peculio, porque desde que rinden su juramento se comprometen a respetar la Constitución y las demás leyes, entre ellas la ley de contratación del Estado, que en sus artículo 84 y 155 prohíbe adquirir vehículos usados de mas de 8 años, y las disposiciones generales de ingreso y egresos del presupuesto del año dos mil seis que en su artículo 36 exige que en los contratos de suministros de bienes y servicios requerirán licitación pública cuando el monto supere los doscientos cincuenta mil lempiras. Entonces los destinatarios directos de las disposiciones normativas supracitadas, y en el caso en particular una Alcaldesa electa popularmente, están obligados a conocer tales disposiciones no solo por la obligación y presunción general del artículo 6 del Código Civil, que no es desvirtuada en los hechos probados, que al no recoger que la imputada desconocía la prohibición inobservada de comprar vehículos usados de más de ocho años ni la obligación de licitación desatendida, deja válida para el presente caso en particular la imposibilidad de alegar ignorancia de la ley, también por una segunda razón que es su particular posición de funcionaria garante de la cosa pública por mandato popular. Sostener que en la acusada no concurre la “obligación de saber” que establece el artículo 13 del Código Penal, pone en precario el mismo Estado de Derecho ya que el ciudadano no podrá confiar en que sus mandatarios tendrán que constatar que tienen determinadas atribuciones, sino que para estos funcionarios podrá bastar con que en el caso concreto sostengan que creyeron actuar conforme sus atribuciones, y su actuar aunque ilícito, impune. Habiéndose acreditado como lo reconoce el tribunal, que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal de abuso de autoridad, sin desvirtuarse en lo mínimo la presunción legal de conocimiento de la ley o mostrarse que en el caso en concreto se le opone el principio de culpabilidad y que por el contrario la obligación de conocer la juridicidad o no de su accionar más bien esta reforzada por la condición de funcionaria pública de la acusada T. A. M., quien no está cubierta por ninguna causa que la exima de responsabilidad penal, con todo lo cual se evidencia que el Tribunal dejó de aplicar el artículo 349 inciso “2” en relación al artículo 13 del código penal así como el resto de preceptos legales antes referidos”.- III.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS QUE EL CENSOR CONSIDERA INFRINGIDAS: ARTICULO 349.2 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 36 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006, ARTÍCULOS 84 Y 155 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y 13 DEL CÓDIGO PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1).- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2).- Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De aHí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- II.- El Ministerio Publico considera que de los hechos probados se desprende que la conducta de la acusada T. A. M. se subsume en el tipo penal del artículo 349.2 del Código Penal, relacionado con el artículo 36 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2006, contenido en el Decreto legislativo No. 032-2006, y los artículos 84 y 155 de la Ley de Contratación del Estado, pero que no obstante lo anterior, el Tribunal de Sentencia, inobservando dichas normas emitió una sentencia absolutoria a favor de la imputada. El casacionista señala que el Tribunal de Instancia ha confundido el concepto y ubicación sistemática del dolo, situándolo en el elemento de la Culpabilidad de la Teoría del Delito, cuando éste se encuentra en la Tipicidad; Acusa de que la Sentencia en su motivación jurídica es estructuralmente defectuosa, apartándose de la dogmática penal, al sostener que la acción de la acusada es atípica, pero a la vez afirmando que es antijurídica y punible, adicionando que no es culpable, desconociendo de ese modo el carácter secuencial de las categorías del delito.- III.- Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico “Administración Pública”, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su apego a la legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos. Puntualmente el delito de abuso de autoridad reprocha al empleado o funcionario público que, traicionando la confianza que se ha depositado en él por parte del elector o por otra autoridad pública, abusa de la autoridad recibida para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario debe ser un guardián celoso de su cumplimiento.- Mediante la tipificación de estos delitos se protege a la Administración Pública tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos que pueden verse comprometidos por el acto arbitrario en el que el funcionario actúa más allá de la esfera de sus atribuciones. El artículo 349 numeral 2) del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de éste delito: 1).- Cuando el empleado o funcionario público dicta órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2).- Cuando el empleado o funcionario ejecuta las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3).- Cuando no realice la conducta exigida y por lo tanto esperada al tenor de lo dispuesto en preceptos constitucionales y/o legales. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo. IV.- De la procedencia del Recurso: En el caso que ahora nos ocupa, se imputa a la encartada T. A. M. la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal que describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido [349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, es ilustrativo lo expuesto por S. S., cuando explica que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcionarial que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. “Por su parte, CREUS sostiene que en este delito, la culpabilidad se concreta dolosamente. En las formas de actividad el aspecto cognoscitivo requiere el conocimiento de la oposición a la ley de la resolución o la orden, es decir, el conocimiento de que la facultad en que funda las que se dictan no existe legalmente o que las circunstancias que se invocan para hacer jugar una facultad legalmente reconocida no responden a los presupuestos de hecho que la ley reclama como requisitos para su aplicación. En la forma pasiva, lo que se requiere es el conocimiento de que en la órbita de competencia del autor está la ejecución de la ley, ejecución que se omite. En el aspecto volitivo el tipo requiere la voluntad de oponerse a la ley; no de aplicarla mal, sino de desconocerla: el funcionario que aplica mal una ley interpretándola erróneamente no cometerá abuso, aunque lo haga a sabiendas; sólo lo cometerá el que se le oponga dejando de fundamentar en ella el acto administrativo u omitiendo su aplicación, como si no existiera. El tipo exige el dolo directo[1]. En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO ALBERTO: Delitos contra la Administración Pública, Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva”. Del factum se desprende que la imputada T. A. M. actuando en el ejercicio de su cargo de Alcaldesa del Municipio de Nueva Celilac, Departamento de Santa Bárbara, contando con la anuencia de los demás miembros de la Corporación Municipal adquirió tras la realización de varias cotizaciones y a favor del ente municipal una volqueta marca Mack, por un valor de trescientos ochenta mil lempiras, no constituyendo objeto de controversia entre las partes, que atendiendo al valor de dicho automotor, las disposiciones generales del Presupuesto en relación a lo previsto en la Ley de Contratación del Estado exigían que para su adquisición debía seguirse un procedimiento de licitación pública, mismo que a la postre no observó la encausada. De este modo ninguna de las partes que intervienen en el proceso rechaza que concurren los elementos objetivos del tipo penal, radicando la discrepancia en la existencia del elemento subjetivo, es decir, del dolo. Por vía de ilustración resulta de utilidad lo expuesto por NIETO MARTIN, cuando explica que en la mayoría de las ocasiones el Juez no podrá obtener pruebas directas que le permitan afirmar con certeza si se da o no el elemento subjetivo, por lo que en este ámbito habrá que resignarse con pruebas indiciarias basadas bien en la probabilidad empírica, bien en el juicio de probabilidad que proporcionan las reglas de la experiencia o el sentido común. Añade el autor antes citado, que lo más frecuente es que al lado del indicio derivado de la experiencia o del sentido común (por ejemplo: los encargados de exportación de una empresa de vinos con amplia experiencia, conocen la legislación en materia de control de cambios), se aluda a otra serie de indicios que abonan la existencia del conocimiento de la antijuricidad. En este sentido, uno de los indicios más frecuentemente utilizados es el de las denominadas “vías de hecho”. Quien, por ejemplo, introduce clandestinamente una pistola en el país o exporta divisas construyendo para ello un doble fondo en el maletero del vehículo o lo hace a cambio de precio no puede alegar que desconocía la antijuricidad. La concurrencia de varias pruebas indiciarias independientes y no una aislada, constituye el primer requisito a que ha de someterse la legitimidad de la prueba indiciara. Igualmente, debe exigirse constatar el conocimiento de la antijuricidad de acuerdo con el “modelo de exclusión de alternativas”, esto es, probando que no son ciertas aquellas hipótesis explicativas- indicios- que puedan apoyar la solución contraria a la mantenida por el tribunal (el conocimiento de la antijuricidad). Por ello cuando el Juez no logre excluir negativamente la existencia de error, el principio in dubio pro reo deberá operar a favor del autor[2]. En el caso que ahora nos ocupa se atribuye a la encartada T. A. P. la comisión del delito de abuso de autoridad. Si bien es cierto concurren los elementos objetivos del tipo, a juicio de esta Sala concurren una serie de indicios en virtud de los cuales podemos afirmar que no resulta acreditado más allá de toda duda razonable la presencia del dolo como elemento subjetivo en la conducta objeto de juzgamiento. Tales indicios son los siguientes: 1) La operación de compra fue autorizada y ejecutada por personas que atendiendo a su escasa formación académica carecen de conocimientos jurídicos especiales, como son los que conciernen a los procedimientos de selección de contratistas y particularmente a las disposiciones generales del presupuesto anualmente fijados por el Poder Legislativo, que si bien es cierto son publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, resulta un hecho notorio que el mismo no es de amplia difusión en el país, particularmente en el ámbito territorial que comprende un pequeño municipio como lo es el de Nueva Celilac; 2) No se desprende de autos que la acusada haya tenido fácil acceso a una fuente de consulta especializada que le proporcionara información sobre el alcance de las normas específicas que rigen los procedimientos de selección de contratistas para el suministro de bienes y las disposiciones presupuestarias aplicables al caso; 3) Si bien es cierto que el tipo penal de abuso de autoridad que se atribuye a la encartada no exige para su consumación la producción de un resultado lesivo o dañoso, no es menos cierto que constituye un indicio a favor de la imputada la circunstancia de que no resultara objeto de controversia que la adquisición de la volqueta a favor de la Corporación Municipal de Nueva Celilac se hizo a precio de mercado, no existiendo razones para suponer que pudo haberse concertado una sobrevaloración ni que se haya pretendido favorecer a la procesada o a un tercero. Así las cosas, esta Sala considera que si bien es cierto que la motivación externada por el Tribunal A Quo ha podido ser mejor en términos de profundidad, orden y claridad, no es menos cierto que tampoco se presenta irracional, arbitrario o ilógico al concluir con un veredicto absolutorio, de ahí que sin perjuicio de las sanciones y consecuencias de orden jurídico-administrativo que puedan generarse por las actuaciones de la encausada[3], esta Sala considera que el motivo formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser desestimado. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349.2 del Código Penal; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Representación del Ministerio Público, contra la Sentencia de fecha tres (3) de Diciembre de dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, Y MANDA. Que con certificación de esta sentencia, la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. Magistrado Ponente CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada B. C. R. M., en su condición de Procurador Jurídico del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-59-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. CREUS, CARLOS, en Delitos contra la Administración Pública. Comentario de los artículos 237 a 281 del Código Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, págs. 202-203.

[2] Vid. NIETO MARTIN, ADAN, en El conocimiento del Derecho. Un estudio sobre la vencibilidad del error de prohibición, Editorial Atelier, Barcelona, 1999, págs. 45 y 46.

[3] En tanto que el Derecho Penal debe ser la ultima ratio para sancionar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Vid. en este sentido al explicar el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho Penal: MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición, Editorial Reppertor, Barcelona, 2002, págs. 122-124.