Sentencia CP-5711 — Registro 2842
Resumen
La Sala Penal falla declarando ha lugar el recurso de casación y absolviendo a la imputada por el delito de tráfico ilícito de droga, en un caso en el cual la defensa alega que la prueba pericial realizada por el médico forense durante una exploración ginecológica en la parte intima de la acusada y de la cual se extrajo un preservativo tipo condon conteniendo en su interior sesenta y siete (67) gramos de marihuana cuando se dirigía a efectuar una visita al centro penal, dicha prueba es ilícita por no haber sido autorizada y haber violentado el derecho a la Intimidad e inviolabilidad de la dignidad humana.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"....”.- Teniendo en cuenta las particularidades del caso que ahora nos ocupa y a los efectos de seguir un orden sistemático adecuando en el análisis del recurso interpuesto por la Defensa, esta Sala considera pertinente iniciar el estudio del mismo con el motivo que denuncia la infracción de precepto constitucional.- V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47, 200, 206, 207 y 339 DEL CÓDIGO PROCESAL .- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La finalidad esencial del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- La Censora ha interpuesto recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, citando progresivamente normas de carácter constitucional que considera vulneradas en el proceso penal que se tramitó en contra de la acusada, de este modo denuncia la inobservancia de los artículos 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 47, 200, 206, 207 y 339 del Código Procesal Penal, arguyendo que la práctica de una intervención en una cavidad corporal y por lo tanto en una zona íntima de la imputada S. Y. F. C. así como la prueba derivada de ella es ilícita por las siguientes razones: a).- No se contaba con orden judicial para practicar la diligencia; b).- No se contaba con el consentimiento de la acusada; c).- No existía causa de urgencia que legitimara el registro; d).- El registro se realizó en presencia de dos personas del sexo masculino; e).- La presencia de una Defensora en el acto de registro no convalidó el mismo; y f).- La firma de la acusada estampada en el acta de decomiso del objeto extraído de su vagina, no es equivalente a una autorización para la práctica del registro.- Con lo anterior se pone de manifiesto que si bien la Censora ha citado varias normas constitucionales, en esencia esta alega que el registro de corporal de zonas íntimas de la encartada se realizó con irrespeto a la dignidad humana y a la intimidad y por tanto las normas constitucionales que deben ser analizadas con mayor detenimiento en el presente caso son el artículo 59 que declara la inviolabilidad de la dignidad humana y el artículo 76 que garantiza el derecho a la intimidad personal.- III.- Para el entendimiento del alcance de las normas constitucionales que a juicio de la Censora han sido vulneradas, es pertinente indicar, al menos brevemente, cual es el contenido del concepto de dignidad humana y de intimidad personal: 1).- Dignidad Humana: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad. Desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, lo que incide en la aspiración de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas que buscan el mismo objetivo y que por tanto comporta un respeto mutuo.- La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe de ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín, al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona"[2]. Se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental. Al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República.- 2).- Derecho a la Intimidad: El Derecho a la Intimidad, en su aspecto positivo se entiende como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee que sean conocidos y determinar la identidad y el número de personas que desee que tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho que toda persona le asiste para no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello.- Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República.- IV.- Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal. Por vía de ilustración HUERTAS MARTIN[3] señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesario la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por FERRERA TURCIOS[4] como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 107 del Código Procesal Penal señalando que “para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.”, diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana.- En principio y como regla general, las intervenciones corporales, por ser diligencias que afectan derechos fundamentales, solo podrán ser ordenadas por la autoridad judicial competente (Art. 273 del CPP), quien ante la solicitud deberá evaluar y resolver MOTIVADAMENTE (Art. 141 del CPP) sobre: 1).- APARIENCIA DE BUEN DERECHO (Fumus Boni Iuris): Deben existir elementos racionales que comprometan la inocencia de la persona a la cual se va a practicar la intervención corporal, por cuanto no será necesario que el caso se encuentre judicializado o, incluso, que responda a una investigación previamente documentada en sede administrativa, bastará que una autoridad competente, como policía nacional o agentes fiscales, se encuentren ante una situación de hecho que amerite la práctica de la diligencia.- 2).- RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: El acto de intervención corporal que se solicita no debe significar tratamiento cruel o degradante de la persona imputada, tampoco debe representarle riesgo para su integridad física o su vida. El imputado(a) no puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entendiéndose por tales aquellos que produzcan sufrimientos de especial intensidad o una grave humillación o sensación de envilecimiento (Art. 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos).- 3).- UTILIDAD: La diligencia debe ser útil para conseguir el propósito que se persigue con su realización, entendiéndose como tal no solo la obtención de la información sino la posibilidad de presentar la misma al debate mediante un medio de prueba (Art. 206 del CPP).- 4).- NECESIDAD: La intervención corporal de que se trate ha de ser la única forma de obtener la información que se busca, por tanto si lo que se pretende obtener puede serlo por otros medios, se debe escoger el menos lesivo a la libertad, intimidad o a la integridad corporal de la persona imputada (Art. 206 del CPP).- 5).- PROPORCIONALIDAD: La limitación a la libertad, intimidad o integridad corporal que representa el acto de intervención corporal debe ser proporcional a la lesión al bien jurídico que se ha violentado con el delito. Dentro de esta evaluación debe ponderarse además si el propósito del acto es la confirmación de hechos de los que ya se posee indicios o es la obtención de información nueva, de modo que el grado de intromisión a la intimidad y la libertad deberá de ser en proporción a la necesidad y utilidad de la diligencia que se solicita (Art. 206 del CPP).- Excepcionalmente el Ministerio Público podrá ordenar la práctica de diligencias que constituyan intervención corporal, al respecto señala Roxin[5], "que la competencia para la intervención está depositada en principio en manos del juez, sin embargo la fiscalía (…) están autorizados a intervenir en la esfera jurídica del ciudadano sólo en caso de peligro inminente en la demora", de modo que además de los requisitos anteriormente enumerados deberá concurrir otro requisito adicional: 6).- PELIGRO DE LA DEMORA (Periculum In Mora): Es decir, que no sea posible solicitar la autorización judicial o esperar la resolución judicial como consecuencia de: i) Riesgo fundado de que la información se pierda por acciones que pueda realizar la persona imputada o sospechosa; ii) Riesgo fundado que por efectos de la naturaleza la información que se pretende obtener con la diligencia se pierda o se corrompa; iii) Exista grave riesgo para la salud o la vida de la persona imputada o sospechosa el cual se pretende prevenir con la intervención corporal.- El vencimiento de términos judiciales no constituye causa de urgencia que justifique al Ministerio Publico ordenar una intervención corporal.- El Agente Fiscal que haya ordenado la intervención deberá informar en el menor tiempo posible al Órgano Jurisdiccional competente, acreditando los seis requisitos enumerados anteriormente, de lo cual el Juez(a) resolverá MOTIVADAMENTE: confirmando la resolución fiscal o invalidando la misma (Art. 107 del CPP).- Ahora bien, la intervención corporal autorizada por el órgano jurisdiccional competente o, como excepción, por el Ministerio Público, debe ser ejecutada bajo parámetros legales, por tanto aun y cuando la resolución que ordene la intervención corporal sea conforme a ley, la diligencia carecerá de valor si no se sigue lo prescrito por la ley procesal en su ejecución, así pues son requisitos legales a cumplir en la ejecución de una orden de intervención corporal los siguientes: 1).- Intervención de Peritos: Las intervenciones necesariamente serán efectuadas por profesionales de la medicina, profesionales sanitarios, técnicos en laboratorio o microbiólogos, según corresponda (Art. 107 del CPP) y en su defecto por personal sanitario (Art. 207 del CPP): Se debe tener en cuenta que el saber científico está conformado por aquellos procedimientos que son aceptados como estándares y que permiten llegar a un resultado, sin poner en peligro la salud del examinado, esto resulta necesario puesto que se afectan derechos fundamentales del imputado(a) en la diligencia.- 2).- Respeto a la Dignidad Humana: Nuevamente se señala como requisito el respeto a la dignidad humana, dado que su inobservancia no solo provocará la invalidez del acto, sino la violación de derechos constitucionales y la ineludible deducción de la responsabilidad consiguiente para los infractores. Las diligencias deben ser practicadas de modo que sean lo menos invasivas posibles, que afecten lo indispensable la libertad, la intimidad o incluso la salud, en ese sentido: i) En cuanto a la libertad, para la ejecución de la intervención corporal se procurará contar con la colaboración de la persona imputada o sospechosa, más en el caso de que ésta se resista, se podrá realizar la diligencia coactivamente siempre que los medios no atenten en contra de la integridad del examinado(a) (Art- 107 del CPP), sin embargo, cuando la intervención corporal comprometa zonas corporales intimas como ser los genitales o el ano, en NINGÚN CASO el medio coactivo que se ejerza consistirá en la aplicación de fuerza en el cuerpo del examinado(a) (Art. 207 del CPP); ii) En cuanto a la intimidad, si con la diligencia pudiese afectarse el pudor del examinado(a), entendiéndose que existe éste riesgo cuando la operación requiera que la persona se despoje total o parcialmente de sus ropas, deberá realizarse de manera individual en un lugar que impida la visión de terceros extraños, y si por cuestiones de seguridad se requiera resguardo aun en la práctica del acto, éste deberá ser ejercido por personas del mismo sexo que el imputado(a) o sospechoso(a), además será obligatorio que la autoridad que esté a cargo de la ejecución de la intervención corporal le notifique al examinado(a) su derecho a que durante la diligencia esté presente una persona de su confianza siempre que pueda localizarse sin tardanza ni que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida con la medida (Art. 207 del CPP); iii) En cuanto a la salud, las pruebas o procedimientos a realizar deben asegurar la integridad tanto física como moral del examinado(a).- Finalmente ordena la normativa procesal que de todo lo actuado, así como de sus incidencias, se deberá documentar en acta, la que será firmada por todos los que hubiesen intervenido en la diligencia, incluyendo la persona imputada o sospechosa, consignándose su negativa en su caso. El acta servirá para acreditar que se ha seguido tanto el protocolo legal como el científico en el proceso de intervención corporal (Art. 207 del CPP).- V.- Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo: Esta Sala coincide con el criterio expuesto por el Juez Disidente, de que en el presente caso la intervención corporal efectuada a la acusada S. Y. F. Cantarero, no se ajusta a los parámetros legales establecidos en el Código Procesal Penal, que regula las limitaciones al derecho fundamental a la Intimidad y que proclaman la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo que al haber producirse al mismo tiempo una violación de precepto constitucional, tal actuación se convierte en ilícita, condición que es extensible a todas las demás actuaciones que se derivan de ella y que dependen necesariamente de la intervención corporal; todo ello a consecuencia de los siguientes hechos: 1).- Entre el momento de la detención de la acusada S. Y. F. C. y el momento de la intervención corporal medió suficiente tiempo para dar cuenta de la diligencia al órgano jurisdiccional competente: Los Testigos P. P. Q. y J. M. V., señalan que la acusada S. Y. F. C., se presentó al Centro Penal de Tela, a fin de visitar a una persona interna, pero que al ser requerida refirió llevar oculta “mota”, nombre con el cual se le conoce a la marihuana, todo esto alrededor de las 02:30 p.m. (F. 53v), por lo que se notificó al Encargado del establecimiento penitenciario, quien a dio reporte a la policía, que a su vez notificó al Ministerio público, el que notificó a la Defensa Pública, de tal manera que todos ellos condujeron a la acusada a una Clínica Médica, en donde se dispuso el registro corporal en una de sus zonas íntimas, extrayendo de la vagina de la detenida un preservativo o condón de latex, conteniendo hierba, siendo a todo esto las 04:28 p.m., según el acta respectiva (F. 06); Como se aprecia, el Ministerio Público al tener noticia de la posible comisión de un delito y de que para su verificación era necesario una intervención corporal, correctamente dio parte a la Defensa para que ésta velara por los intereses de la persona sospechosa, pero omitió dar cuenta al Juzgado de Letras para que autorizara la diligencia, lo cual era posible si tomamos en cuenta el tiempo que media entre la detención de la acusada y la intervención corporal, además por tratarse de un día miércoles hábil a una hora comprendida dentro del horario de servicio del Poder Judicial, considerando además que estos hechos acaecieron en la Ciudad de Tela, con una extensión territorial pequeña y una población que no es numerosa, lo que facilita el traslado de un lugar a otro y la localización de las personas.- 2).- La Intervención Corporal realizada a la acusada S. Y. F. C., no se trata de un hecho consentido como lo ha estimado la mayoría del Tribunal de Sentencia (F. 57v), por el hecho de que la acusada haya firmado el acta de decomiso, bien lo señala el Juez Disidente que éste acto fue posterior a la realización de la intervención, no constituye la firma una declaración de voluntad de la acusada para ser explorada ginecológicamente y no existe un consentimiento retroactivo cuando de derechos constitucionales se trata.- 3).-No se identifica claramente el peligro de la demora para que el Ministerio público haya ordenado inconsultamente una intervención corporal. Además de considerar el aspecto del tiempo entre el momento de la detención de la persona acusada y el momento en que se practicó la intervención corporal, no existía apariencia de causa de emergencia que ameritara una actuación inmediata, en los parámetros explicados líneas atrás. Considérese que la acusada al ser requerida por los Policías Penitenciarios habría señalado que llevaba escondida una cantidad de marihuana, planta que cuya posesión es prohibida conforme a la legislación nacional pero que no representa peligro alguno para la vida de la evaluada en caso de que el contenedor (condón de látex) se rompiese dentro de la vagina, y precisamente por esa falta de emergencia se pudo convocar a varias personas para la práctica de la diligencia. Otro aspecto a considerar es que en el escrito presentado por el Ministerio Público donde se solicita la convalidación de la intervención corporal (F. 01), y en la resolución fiscal donde se ordena (F. 04), no se establece clara y concretamente el porqué no se procuró obtener la autorización judicial previa, los documentos se limitan a realizar un relato de los hechos ocurridos y de citar la facultad legal del Ministerio Público de ordenar en caso de emergencia una intervención corporal, sin determinar qué situación concreta era la que justificaba actuar de esa manera; 4).-Por tratarse de una intervención corporal que en este caso consistió en la exploración de una zona anatómica intima como lo es donde se ubican los genitales de la acusada, es claro que se trata de una actuación estatal que afecta el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, por lo que tal intervención debió realizarse siguiendo estrictamente el protocolo que señala el Código de Rito dispuesto con el fin de que en este tipo de actos no resulte lesión a la dignidad humana, entonces corresponde a la autoridad ejecutora PROBAR que se siguió un debido proceso, es decir corresponde al Estado probar fehacientemente que las actuaciones realizadas en el cuerpo de la acusada y que implicaron la suspensión temporal de garantías constitucionales, está justificada por causa prevista en la ley pero además deberá PROBAR que la diligencia se realizó conforme al protocolo que la ley exige, de ahí que en caso de duda en cuanto a si hubo o no cumplimiento del debido proceso en la ejecución de la medida, ésta deberá operar a favor de la acusada y nunca en contra de ella, consecuentemente NO corresponde a la defensa acreditar que se ha faltado a la ley en el procedimiento de la intervención corporal, sino que corresponde ineludiblemente al Ministerio Público probar que dicho procedimiento se observó estrictamente.- En el caso de autos el Ministerio Público no ha probado fehacientemente que la intervención corporal hecha a la acusada, se haya realizado conforme a lo que dispone a ley, debido a que se cuestionan los siguientes puntos: i)No aparece en el acta de Registro Personal, ni en ninguna otra actuación, que se le haya informado a la acusada de su derecho a poder llamar a una persona de su confianza para que estuviese presente al momento de la diligencia; ii) Las actuaciones no dan oportunidad de concluir certeramente que al momento en que el médico L. A. G. estaba realizando la exploración vaginal a la acusada, se encontraban o no en el lugar terceras personas de sexo masculino que con su presencia y particularmente por observar la auscultación, hayan dañado la dignidad de la imputada; Considérese que el Acta de Registro personal (f. 6) señala que al momento de la intervención solo se encontraba el médico que realizaba la misma, la policía penitenciaria P. P. y la Defensora de la acusada N. R., pero contrario a ello el Medico L. A. G. quien redactó el acta, declaró en el debate que en la intervención se encontraban presentes un Fiscal de nombre A. y un Agente de Investigación de apellido M. (F. 54) y por otro lado el Tribunal de Sentencia afirma que la Policía Penitenciaria Picado declaro que al momento de la intervención quien se encontraba presente era una fiscal de nombre C., declaración que no consta en el acta del debate ni en la motivación descriptiva hecha por los propios Jueces, pero además tampoco consta la presencia de una fiscal de nombre Claudia en el Acta de Registro redactada por el Médico. El escenario planteado incidió para que el Tribunal de Sentencia en su mayoría, estimara que la declaración del médico “pudo” deberse a una confusión (F. 57), señalando así que es una mera posibilidad y que por tanto también existe la alternativa de que no se haya producido confusión alguna.- Lo relacionado determina que en el caso bajo examen no exista plena prueba de cómo se llevo a cabo la intervención corporal, que el Estado por conducto del Ministerio Público no pudo acreditar que las facultades excepcionalísimas que le da la ley para la limitación de derechos constitucionales fueron ejercidas por los motivos y de la forma prevista por la normativa procesal, y ante ese vacío de certeza, ante esa falta de convicción reflejada por la Mayoría del Tribunal en su valoración, claramente plasmada en el Voto Disidente y compartida por esta Sala, sólo se puede concluir que existe riesgo de que el acto de intervención corporal haya dañado la dignidad humana de la acusada y además en el procedimiento se haya obviado aspectos del protocolo que exige la ley.- VI.- Los puntos enumerados son fundamento para que esta Sala estime que es de recibo la denuncia formulada por la Censora y que la intervención corporal hecha a la acusada S. Y. F. C. en fecha miércoles 22 de abril de 2009 es de carácter ilícito por ser contraria a las normas constitucionales y no ajustarse a las excepciones autorizadas por la ley procesal, pero además en cumplimiento del artículo 200 del Código Procesal Penal, es deber declarar que dicha ilicitud contamina los medios probatorios que le derivan consistentes en Acta de Registro de Partes Intimas (F. 06), Acta de Decomiso de lo sustraído en la Intervención Corporal (F. 50) y Dictamen Toxicológico (F. 49) realizado a lo extraído en la intervención corporal y por tanto deben de ser declarados igualmente ilícitos, todos ellos carentes de valor probatorio. Esta ilicitud afecta la declaración de hechos probados por apoyarse en la valoración de medios de prueba ilícitos, la ineficacia que afecta a aquellos medios de prueba contamina al relato de los hechos probados, siendo el resultante la invalidez de éste último.- La declaración de ilicitud no afecta los medios de prueba consistentes declaración testifical de los Señores J. M. V. V., P. P. y L. A. G., los que conforme a la valoración hecha por la mayoría de Jueces de Sentencia resultan insuficientes para sostener el pronunciamiento condenatorio, siendo procedente que esta Sala dicte una sentencia absolutoria por no resultar enervado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de nuestro Texto Fundamental, precepto constitucional que también ha sido invocado por la Defensa de la imputada.- VI.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C., DEFENSORA PRIVADA DE LA ACUSADA S. Y. F. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- Habiendo prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional invocado por la Defensa, cuya resolución tiene efectos absolutorios a favor de la encausada S. Y. F. C.; resulta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre los motivos que por quebrantamiento de forma e infracción de ley formulara la parte recurrente.- ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...- Teniendo en cuenta las particularidades del caso que ahora nos ocupa y a los efectos de seguir un orden sistemático adecuando en el análisis del recurso interpuesto por la Defensa, esta Sala considera pertinente iniciar el estudio del mismo con el motivo que denuncia la infracción de precepto constitucional.- V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47, 200, 206, 207 y 339 DEL CÓDIGO PROCESAL .- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La finalidad esencial del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- La Censora ha interpuesto recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, citando progresivamente normas de carácter constitucional que considera vulneradas en el proceso penal que se tramitó en contra de la acusada, de este modo denuncia la inobservancia de los artículos 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 47, 200, 206, 207 y 339 del Código Procesal Penal, arguyendo que la práctica de una intervención en una cavidad corporal y por lo tanto en una zona íntima de la imputada S. Y. F. C. así como la prueba derivada de ella es ilícita por las siguientes razones: a).- No se contaba con orden judicial para practicar la diligencia; b).- No se contaba con el consentimiento de la acusada; c).- No existía causa de urgencia que legitimara el registro; d).- El registro se realizó en presencia de dos personas del sexo masculino; e).- La presencia de una Defensora en el acto de registro no convalidó el mismo; y f).- La firma de la acusada estampada en el acta de decomiso del objeto extraído de su vagina, no es equivalente a una autorización para la práctica del registro.- Con lo anterior se pone de manifiesto que si bien la Censora ha citado varias normas constitucionales, en esencia esta alega que el registro de corporal de zonas íntimas de la encartada se realizó con irrespeto a la dignidad humana y a la intimidad y por tanto las normas constitucionales que deben ser analizadas con mayor detenimiento en el presente caso son el artículo 59 que declara la inviolabilidad de la dignidad humana y el artículo 76 que garantiza el derecho a la intimidad personal.- III.- Para el entendimiento del alcance de las normas constitucionales que a juicio de la Censora han sido vulneradas, es pertinente indicar, al menos brevemente, cual es el contenido del concepto de dignidad humana y de intimidad personal: 1).- Dignidad Humana: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad. Desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, lo que incide en la aspiración de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas que buscan el mismo objetivo y que por tanto comporta un respeto mutuo.- La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe de ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín, al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona"[2]. Se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental. Al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República.- 2).- Derecho a la Intimidad: El Derecho a la Intimidad, en su aspecto positivo se entiende como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee que sean conocidos y determinar la identidad y el número de personas que desee que tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho que toda persona le asiste para no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello.- Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República.- IV.- Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal. Por vía de ilustración HUERTAS MARTIN[3] señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesario la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por FERRERA TURCIOS[4] como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 107 del Código Procesal Penal señalando que “para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.”, diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana.- En principio y como regla general, las intervenciones corporales, por ser diligencias que afectan derechos fundamentales, solo podrán ser ordenadas por la autoridad judicial competente (Art. 273 del CPP), quien ante la solicitud deberá evaluar y resolver MOTIVADAMENTE (Art. 141 del CPP) sobre: 1).- APARIENCIA DE BUEN DERECHO (Fumus Boni Iuris): Deben existir elementos racionales que comprometan la inocencia de la persona a la cual se va a practicar la intervención corporal, por cuanto no será necesario que el caso se encuentre judicializado o, incluso, que responda a una investigación previamente documentada en sede administrativa, bastará que una autoridad competente, como policía nacional o agentes fiscales, se encuentren ante una situación de hecho que amerite la práctica de la diligencia.- 2).- RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: El acto de intervención corporal que se solicita no debe significar tratamiento cruel o degradante de la persona imputada, tampoco debe representarle riesgo para su integridad física o su vida. El imputado(a) no puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entendiéndose por tales aquellos que produzcan sufrimientos de especial intensidad o una grave humillación o sensación de envilecimiento (Art. 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos).- 3).- UTILIDAD: La diligencia debe ser útil para conseguir el propósito que se persigue con su realización, entendiéndose como tal no solo la obtención de la información sino la posibilidad de presentar la misma al debate mediante un medio de prueba (Art. 206 del CPP).- 4).- NECESIDAD: La intervención corporal de que se trate ha de ser la única forma de obtener la información que se busca, por tanto si lo que se pretende obtener puede serlo por otros medios, se debe escoger el menos lesivo a la libertad, intimidad o a la integridad corporal de la persona imputada (Art. 206 del CPP).- 5).- PROPORCIONALIDAD: La limitación a la libertad, intimidad o integridad corporal que representa el acto de intervención corporal debe ser proporcional a la lesión al bien jurídico que se ha violentado con el delito. Dentro de esta evaluación debe ponderarse además si el propósito del acto es la confirmación de hechos de los que ya se posee indicios o es la obtención de información nueva, de modo que el grado de intromisión a la intimidad y la libertad deberá de ser en proporción a la necesidad y utilidad de la diligencia que se solicita (Art. 206 del CPP).- Excepcionalmente el Ministerio Público podrá ordenar la práctica de diligencias que constituyan intervención corporal, al respecto señala Roxin[5], "que la competencia para la intervención está depositada en principio en manos del juez, sin embargo la fiscalía (…) están autorizados a intervenir en la esfera jurídica del ciudadano sólo en caso de peligro inminente en la demora", de modo que además de los requisitos anteriormente enumerados deberá concurrir otro requisito adicional: 6).- PELIGRO DE LA DEMORA (Periculum In Mora): Es decir, que no sea posible solicitar la autorización judicial o esperar la resolución judicial como consecuencia de: i) Riesgo fundado de que la información se pierda por acciones que pueda realizar la persona imputada o sospechosa; ii) Riesgo fundado que por efectos de la naturaleza la información que se pretende obtener con la diligencia se pierda o se corrompa; iii) Exista grave riesgo para la salud o la vida de la persona imputada o sospechosa el cual se pretende prevenir con la intervención corporal.- El vencimiento de términos judiciales no constituye causa de urgencia que justifique al Ministerio Publico ordenar una intervención corporal.- El Agente Fiscal que haya ordenado la intervención deberá informar en el menor tiempo posible al Órgano Jurisdiccional competente, acreditando los seis requisitos enumerados anteriormente, de lo cual el Juez(a) resolverá MOTIVADAMENTE: confirmando la resolución fiscal o invalidando la misma (Art. 107 del CPP).- Ahora bien, la intervención corporal autorizada por el órgano jurisdiccional competente o, como excepción, por el Ministerio Público, debe ser ejecutada bajo parámetros legales, por tanto aun y cuando la resolución que ordene la intervención corporal sea conforme a ley, la diligencia carecerá de valor si no se sigue lo prescrito por la ley procesal en su ejecución, así pues son requisitos legales a cumplir en la ejecución de una orden de intervención corporal los siguientes: 1).- Intervención de Peritos: Las intervenciones necesariamente serán efectuadas por profesionales de la medicina, profesionales sanitarios, técnicos en laboratorio o microbiólogos, según corresponda (Art. 107 del CPP) y en su defecto por personal sanitario (Art. 207 del CPP): Se debe tener en cuenta que el saber científico está conformado por aquellos procedimientos que son aceptados como estándares y que permiten llegar a un resultado, sin poner en peligro la salud del examinado, esto resulta necesario puesto que se afectan derechos fundamentales del imputado(a) en la diligencia.- 2).- Respeto a la Dignidad Humana: Nuevamente se señala como requisito el respeto a la dignidad humana, dado que su inobservancia no solo provocará la invalidez del acto, sino la violación de derechos constitucionales y la ineludible deducción de la responsabilidad consiguiente para los infractores. Las diligencias deben ser practicadas de modo que sean lo menos invasivas posibles, que afecten lo indispensable la libertad, la intimidad o incluso la salud, en ese sentido: i) En cuanto a la libertad, para la ejecución de la intervención corporal se procurará contar con la colaboración de la persona imputada o sospechosa, más en el caso de que ésta se resista, se podrá realizar la diligencia coactivamente siempre que los medios no atenten en contra de la integridad del examinado(a) (Art- 107 del CPP), sin embargo, cuando la intervención corporal comprometa zonas corporales intimas como ser los genitales o el ano, en NINGÚN CASO el medio coactivo que se ejerza consistirá en la aplicación de fuerza en el cuerpo del examinado(a) (Art. 207 del CPP); ii) En cuanto a la intimidad, si con la diligencia pudiese afectarse el pudor del examinado(a), entendiéndose que existe éste riesgo cuando la operación requiera que la persona se despoje total o parcialmente de sus ropas, deberá realizarse de manera individual en un lugar que impida la visión de terceros extraños, y si por cuestiones de seguridad se requiera resguardo aun en la práctica del acto, éste deberá ser ejercido por personas del mismo sexo que el imputado(a) o sospechoso(a), además será obligatorio que la autoridad que esté a cargo de la ejecución de la intervención corporal le notifique al examinado(a) su derecho a que durante la diligencia esté presente una persona de su confianza siempre que pueda localizarse sin tardanza ni que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida con la medida (Art. 207 del CPP); iii) En cuanto a la salud, las pruebas o procedimientos a realizar deben asegurar la integridad tanto física como moral del examinado(a).- Finalmente ordena la normativa procesal que de todo lo actuado, así como de sus incidencias, se deberá documentar en acta, la que será firmada por todos los que hubiesen intervenido en la diligencia, incluyendo la persona imputada o sospechosa, consignándose su negativa en su caso. El acta servirá para acreditar que se ha seguido tanto el protocolo legal como el científico en el proceso de intervención corporal (Art. 207 del CPP).- V.- Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo: Esta Sala coincide con el criterio expuesto por el Juez Disidente, de que en el presente caso la intervención corporal efectuada a la acusada S. Y. F. Cantarero, no se ajusta a los parámetros legales establecidos en el Código Procesal Penal, que regula las limitaciones al derecho fundamental a la Intimidad y que proclaman la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo que al haber producirse al mismo tiempo una violación de precepto constitucional, tal actuación se convierte en ilícita, condición que es extensible a todas las demás actuaciones que se derivan de ella y que dependen necesariamente de la intervención corporal; todo ello a consecuencia de los siguientes hechos: 1).- Entre el momento de la detención de la acusada S. Y. F. C. y el momento de la intervención corporal medió suficiente tiempo para dar cuenta de la diligencia al órgano jurisdiccional competente: Los Testigos P. P. Q. y J. M. V., señalan que la acusada S. Y. F. C., se presentó al Centro Penal de Tela, a fin de visitar a una persona interna, pero que al ser requerida refirió llevar oculta “mota”, nombre con el cual se le conoce a la marihuana, todo esto alrededor de las 02:30 p.m. (F. 53v), por lo que se notificó al Encargado del establecimiento penitenciario, quien a dio reporte a la policía, que a su vez notificó al Ministerio público, el que notificó a la Defensa Pública, de tal manera que todos ellos condujeron a la acusada a una Clínica Médica, en donde se dispuso el registro corporal en una de sus zonas íntimas, extrayendo de la vagina de la detenida un preservativo o condón de latex, conteniendo hierba, siendo a todo esto las 04:28 p.m., según el acta respectiva (F. 06); Como se aprecia, el Ministerio Público al tener noticia de la posible comisión de un delito y de que para su verificación era necesario una intervención corporal, correctamente dio parte a la Defensa para que ésta velara por los intereses de la persona sospechosa, pero omitió dar cuenta al Juzgado de Letras para que autorizara la diligencia, lo cual era posible si tomamos en cuenta el tiempo que media entre la detención de la acusada y la intervención corporal, además por tratarse de un día miércoles hábil a una hora comprendida dentro del horario de servicio del Poder Judicial, considerando además que estos hechos acaecieron en la Ciudad de Tela, con una extensión territorial pequeña y una población que no es numerosa, lo que facilita el traslado de un lugar a otro y la localización de las personas.- 2).- La Intervención Corporal realizada a la acusada S. Y. F. C., no se trata de un hecho consentido como lo ha estimado la mayoría del Tribunal de Sentencia (F. 57v), por el hecho de que la acusada haya firmado el acta de decomiso, bien lo señala el Juez Disidente que éste acto fue posterior a la realización de la intervención, no constituye la firma una declaración de voluntad de la acusada para ser explorada ginecológicamente y no existe un consentimiento retroactivo cuando de derechos constitucionales se trata.- 3).-No se identifica claramente el peligro de la demora para que el Ministerio público haya ordenado inconsultamente una intervención corporal. Además de considerar el aspecto del tiempo entre el momento de la detención de la persona acusada y el momento en que se practicó la intervención corporal, no existía apariencia de causa de emergencia que ameritara una actuación inmediata, en los parámetros explicados líneas atrás. Considérese que la acusada al ser requerida por los Policías Penitenciarios habría señalado que llevaba escondida una cantidad de marihuana, planta que cuya posesión es prohibida conforme a la legislación nacional pero que no representa peligro alguno para la vida de la evaluada en caso de que el contenedor (condón de látex) se rompiese dentro de la vagina, y precisamente por esa falta de emergencia se pudo convocar a varias personas para la práctica de la diligencia. Otro aspecto a considerar es que en el escrito presentado por el Ministerio Público donde se solicita la convalidación de la intervención corporal (F. 01), y en la resolución fiscal donde se ordena (F. 04), no se establece clara y concretamente el porqué no se procuró obtener la autorización judicial previa, los documentos se limitan a realizar un relato de los hechos ocurridos y de citar la facultad legal del Ministerio Público de ordenar en caso de emergencia una intervención corporal, sin determinar qué situación concreta era la que justificaba actuar de esa manera; 4).-Por tratarse de una intervención corporal que en este caso consistió en la exploración de una zona anatómica intima como lo es donde se ubican los genitales de la acusada, es claro que se trata de una actuación estatal que afecta el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, por lo que tal intervención debió realizarse siguiendo estrictamente el protocolo que señala el Código de Rito dispuesto con el fin de que en este tipo de actos no resulte lesión a la dignidad humana, entonces corresponde a la autoridad ejecutora PROBAR que se siguió un debido proceso, es decir corresponde al Estado probar fehacientemente que las actuaciones realizadas en el cuerpo de la acusada y que implicaron la suspensión temporal de garantías constitucionales, está justificada por causa prevista en la ley pero además deberá PROBAR que la diligencia se realizó conforme al protocolo que la ley exige, de ahí que en caso de duda en cuanto a si hubo o no cumplimiento del debido proceso en la ejecución de la medida, ésta deberá operar a favor de la acusada y nunca en contra de ella, consecuentemente NO corresponde a la defensa acreditar que se ha faltado a la ley en el procedimiento de la intervención corporal, sino que corresponde ineludiblemente al Ministerio Público probar que dicho procedimiento se observó estrictamente.- En el caso de autos el Ministerio Público no ha probado fehacientemente que la intervención corporal hecha a la acusada, se haya realizado conforme a lo que dispone a ley, debido a que se cuestionan los siguientes puntos: i)No aparece en el acta de Registro Personal, ni en ninguna otra actuación, que se le haya informado a la acusada de su derecho a poder llamar a una persona de su confianza para que estuviese presente al momento de la diligencia; ii) Las actuaciones no dan oportunidad de concluir certeramente que al momento en que el médico L. A. G. estaba realizando la exploración vaginal a la acusada, se encontraban o no en el lugar terceras personas de sexo masculino que con su presencia y particularmente por observar la auscultación, hayan dañado la dignidad de la imputada; Considérese que el Acta de Registro personal (f. 6) señala que al momento de la intervención solo se encontraba el médico que realizaba la misma, la policía penitenciaria P. P. y la Defensora de la acusada N. R., pero contrario a ello el Medico L. A. G. quien redactó el acta, declaró en el debate que en la intervención se encontraban presentes un Fiscal de nombre A. y un Agente de Investigación de apellido M. (F. 54) y por otro lado el Tribunal de Sentencia afirma que la Policía Penitenciaria Picado declaro que al momento de la intervención quien se encontraba presente era una fiscal de nombre C., declaración que no consta en el acta del debate ni en la motivación descriptiva hecha por los propios Jueces, pero además tampoco consta la presencia de una fiscal de nombre Claudia en el Acta de Registro redactada por el Médico. El escenario planteado incidió para que el Tribunal de Sentencia en su mayoría, estimara que la declaración del médico “pudo” deberse a una confusión (F. 57), señalando así que es una mera posibilidad y que por tanto también existe la alternativa de que no se haya producido confusión alguna.- Lo relacionado determina que en el caso bajo examen no exista plena prueba de cómo se llevo a cabo la intervención corporal, que el Estado por conducto del Ministerio Público no pudo acreditar que las facultades excepcionalísimas que le da la ley para la limitación de derechos constitucionales fueron ejercidas por los motivos y de la forma prevista por la normativa procesal, y ante ese vacío de certeza, ante esa falta de convicción reflejada por la Mayoría del Tribunal en su valoración, claramente plasmada en el Voto Disidente y compartida por esta Sala, sólo se puede concluir que existe riesgo de que el acto de intervención corporal haya dañado la dignidad humana de la acusada y además en el procedimiento se haya obviado aspectos del protocolo que exige la ley.- VI.- Los puntos enumerados son fundamento para que esta Sala estime que es de recibo la denuncia formulada por la Censora y que la intervención corporal hecha a la acusada S. Y. F. C. en fecha miércoles 22 de abril de 2009 es de carácter ilícito por ser contraria a las normas constitucionales y no ajustarse a las excepciones autorizadas por la ley procesal, pero además en cumplimiento del artículo 200 del Código Procesal Penal, es deber declarar que dicha ilicitud contamina los medios probatorios que le derivan consistentes en Acta de Registro de Partes Intimas (F. 06), Acta de Decomiso de lo sustraído en la Intervención Corporal (F. 50) y Dictamen Toxicológico (F. 49) realizado a lo extraído en la intervención corporal y por tanto deben de ser declarados igualmente ilícitos, todos ellos carentes de valor probatorio. Esta ilicitud afecta la declaración de hechos probados por apoyarse en la valoración de medios de prueba ilícitos, la ineficacia que afecta a aquellos medios de prueba contamina al relato de los hechos probados, siendo el resultante la invalidez de éste último.- La declaración de ilicitud no afecta los medios de prueba consistentes declaración testifical de los Señores J. M. V. V., P. P. y L. A. G., los que conforme a la valoración hecha por la mayoría de Jueces de Sentencia resultan insuficientes para sostener el pronunciamiento condenatorio, siendo procedente que esta Sala dicte una sentencia absolutoria por no resultar enervado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de nuestro Texto Fundamental, precepto constitucional que también ha sido invocado por la Defensa de la imputada.- VI.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C., DEFENSORA PRIVADA DE LA ACUSADA S. Y. F. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- Habiendo prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional invocado por la Defensa, cuya resolución tiene efectos absolutorios a favor de la encausada S. Y. F. C.; resulta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre los motivos que por quebrantamiento de forma e infracción de ley formulara la parte recurrente.- ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1º.-CONDENANDO a la señora S. Y. F. C., por el delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, a la pena de QUINCE AÑOS (15) DE RECLUSION.-2º.-CONDENANDO a la acusada S. Y. F. C., a las penas accesorias de Interdicción Civil.-3º.-NO CONDENO en costas a dicha condenada.-4º NO DECLARO la responsabilidad civil de la condenada S. Y. F. C..-Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, la Abogada G. E. R. C., en su condición de Apoderada Defensora de la encausada S. Y. F. C.. INTERVIENEN: El Abogado M. A. M. L., Apoderado defensor de la Acusada S. Y. F. C., en su condición de recurrente y la Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “Primero: Que el miércoles 22 de abril del 2009, aproximadamente a las dos con treinta minutos de la tarde, llegó como visitante, al centro penal ubicado en esta ciudad de Tela, Atlántida. S. Y. F. C..-Segundo: Ese mismo día se encontraba en servicio la Policía Penitenciaria P. P. Q., quien era la encargada de la revisión de las mujeres que entraban ese día al referido centro Penal.-Tercero: Al momento de ingresar S. Y., la Policía P. P., observó que ésta se encontraba muy nerviosa por lo que le preguntó si llevaba algo, contestándole S. Y., que sí; razón por la cual P., notificó a su superior lo sucedido, quien a su vez lo puso en conocimiento del Ministerio Público. Cuarto: Una vez siendo del conocimiento del Ministerio Público, se procedió trasladar a S. Y., a la clínica Yireh, de esta ciudad de Tela, Atlántida, donde fue examinada por el Médico forense L. A. G., quien encontró dentro de su vagina un preservativo tipo condón, conteniendo en su interior sesenta y siete gramos de marihuana.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada G. E. R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II. LA ABOGADA, G. E. R. C., EN SU CONDICIÓN DE APODERADA DEFENSORA DE LA SEÑORA S. Y. F. C., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: ”PRIMER MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-“En la sentencia el Tribunal hace argumentaciones no válidas en relación a las reglas filosóficas relativas a la lógica y vulnera así las reglas de la sana crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal (inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la valoración de la prueba La Sana Crítica).-EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: En la Sentencia de mérito, al apartado cuarto de la declaración de hechos probados y a los apartados cuarto, quinto y sexto, el Tribunal hace relación a las actuaciones dirigidas a la obtención de medios de prueba, siendo la fuente de la misma, el hallazgo de un preservativo en la vagina de la señora S. Y. F. C., conteniendo marihuana.-Se señala así, en el ordinal cuarto de hechos probados: “Una vez siendo del conocimiento del Ministerio Público, se procedió a trasladar a S. Y. a la clínica Yireh, de esta ciudad de Tela, Atlántida, donde fue examinada por el Médico Forense L. A. G., quien encontró dentro de su vagina un preservativo tipo condón, conteniendo en su interior sesenta y siete gramos de marihuana”. Posteriormente, al valorar la prueba relativa a este apartado, señala el Tribunal:” Cuarto: El hecho cuarto fue acreditado con la testifical rendida por el Doctor L. A. G., la pericial consistente en el dictamen químico toxicológico elaborado por la Doctora O. M. C., asimismo con las documentales consistentes en: Actas de registro, que fue ratificada por el Doctor L. G. y de decomiso o secuestro, ratificada por el Agente de investigación L. M. C.; Pruebas de cargo que arrojaron los siguientes resultados: Con la declaración del Doctor L. A. G., se acreditó que efectivamente S. Y. fue llevada a las clínicas Yireh, donde él, en el área de ginecología le practicó un registro en sus partes íntimas, encontrando un cuerpo extraño en la vagina, correspondiente con un condón que contenía marihuana: manifestando que luego se levantó por el Agente de Investigación M. C., la respectiva acta de decomiso y por su parte la correspondiente acta de Registro en zonas anatómicas íntimas”; “Quinto: Dichas actas tienen el siguiente contenido: El acta de registro personal en partes í íntimas, contiene la fecha del suceso, que coincide por la brindada por los testigos, siendo esta el veintidós de abril de dos mil nueve, detalla las razones por las cuáles se procedió al registro personal y los hallazgos de dicho registro, que se corresponden con un cuerpo extraño dentro de la vagina, envuelto en un CONDON DE TRECE (13) CENTIMETROS DE LARGO (CINCO PULGADAS Y MEDIA), por QUINCE GUION DIECIOCHO (15-48) CENTIMETROS DE DIAMETRO (SEIS PULGADAS POR SIETE Y MEDIA PULGADAS, color café, con abundantes semillas. Asimismo se encuentra en la mencionada acta de registro personal, que EN LA PRACTICA DE DICHA DILIGENCIA SE ENCONTRABA PRESENTE LA DEFENSORA DE S. Y., LA ABOGADA N. R.”,Sexto: Después de practicado el registro personal consta en actas, que se llevó a cabo el levantamiento de la correspondiente acta de decomiso de los hallazgos encontrados como producto del registro personal, realizado por el Médico Forense, acta de decomiso que fue ratificada en el acto del juicio oral y público, por el agente L. M. C., acta que describe lo decomisado de la siguiente manera: un preservativo, tipo condón, en el cuál se observó hierba seca supuesta marihuana para un peso aproximadamente de media libra de TRECE (13) CENTIMETROS DE LARGO (CINCO PULGADAS Y MEDIAL de QUINCE CENTIMETROS. EN UN EXTREMO POR DIECIOCHO (15-48) CENTIMETROS DEL OTRO (SEIS PULGADAS POR SIETE Y MEDIA PULGADAS. EN ESTE CASO EL MÉDICO SE REFIERE AL DIAMETRO)” Y, “Séptimo: Analizando los anteriores medios de prueba ESTE TRIBUNAL ADVIERTE QUE SI BIEN ES CIERTO EL DOCTOR L. A. G., MANIFESTÓ EN SU DECLARACIÓN QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL REGISTRO EN LAS PARTES INTIMAS DE S. Y., SE ENCONTRABAN PRESENTES UN POLICIA Y EL FISCAL A. R., pudiendo esto tomarse como una vulneración del derecho a la intimidad de S. Y., o más aún, como un trato cruel y degradante hacia su persona hacia su persona al momento de practicarse el registro. ESTOS JUZGADORES consideran que lo, relatado por el doctor L. G., PUDO DEBERSE A UNA CONFUSION debido a que él como médico forense del Ministerio Público, tiene bajo su responsabilidad cuantiosas ocupaciones como tal, ya que él lleva a cabo todos los levantamientos de cadáveres, registros personales a zonas íntimas y evaluaciones médicas a las personas que se presentan en su calidad de supuestas víctimas; por lo cuál es razonable SUPONER que el Doctor G. PUDO HABERSE CONFUNDIDO AL RENDIR SU DECLARACION EN ESTE ASPECTO; aunado a esto se encuentra el hecho que la Policía P. P., en su declaración manifiesta que fue la Fiscal C. quién participó en el registro y no el Fiscal A.; Además que al momento de practicarse el registro personal, se encontraba presente la defensora de S. Y., quién NO HUBIESE PERMITIDO QUE SE DIERA TAL SITUACIÓN, ya que se encontraba allí como Representante Legal de S. Y., para orientarla y para proteger que no fueran vulnerados sus derechos; y no cabe considerar en si misma degradante o contraria a la dignidad de la persona, la realización de un examen ginecológico por parte de un profesional de la medicina, como es el caso que nos ocupa”.-El Tribunal al valorar la actuación del Médico, se hace de criterios no válidos para tener por acreditados, a ultranza, hechos que a la valoración de la prueba son contradictorios con ésta, e intente justificar a través de falacias, el resultado del juicio, violando las reglas de la sana crítica, especialmente de la lógica, hasta llegar a obtener una sentencia, cuyo raciocinio derivado es negativo, como se dijo de las resultas de la valoración de la prueba, surgida de los ordinales cuarto, quinto y sexto del correspondiente acápite, en relación con el hecho probado del ordinal cuarto; así el Tribunal, llegó a valorar la prueba en la que se fundamenta la sentencia, en flagrante violación del principio de Sana Crítica.- SEGUNDO: Es notorio en nuestro ordenamiento la sana Crítica, ( artículo 202.- Valoración De Las Pruebas.- La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida). Como sistema valorativo de todo lo actuado en juicio, la sana crítica incluye intrínsecamente, otras reglas del capital importancia, que son las que permiten al juzgador, analizar de manera cierta y sin inferir razonamientos ambiguos, aquella prueba que a su criterio reviste las características mínimas para ser creíbles, de manera tal que, para Miranda este sistema de valoración exige que en la sentencia se motive expresamente el razonamiento realizado por el juzgador para obtener su convencimiento, por lo que el juez deberá ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica y de la lógica y de la psicología a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos , de ahí que necesariamente tenga la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, plasmándolo en el texto de la sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia, y únicamente cuando la convicción sea fruto de un proceso mental razonado positivo, sin anfibologías, podrá plasmarse dicho razonamiento en la sentencia mediante motivación.- En la sentencia recurrida podemos observar que el Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, desatendió las reglas de la lógica, a saber: Ley de la identidad,(una proposición verdadera siempre será verdadera);de la contradicción, (una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo); y, de la razón suficiente;(cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada o probada); en este sentido, y repito, el Tribunal anota en la sentencia: “EL DOCTOR L. A. G., MANIFESTO EN SU DECLARACION QUE AL MOMENTO DE REALIZARSE EL REGISTRO EN LAS PARTES INTIMAS DE S. Y., SE ENCONTRABAN PRESENTES UN POLICIA Y EL FISCAL A. R., pudiendo esto tomarse como una vulneración del derecho a la intimidad de S. Y., o más aún, como un trato cruel y degradante hacia su persona al momento de practicarse el registro, ESTOS JUZGADORES consideran que lo relatado por el doctor L. G., PUDO DEBERSE A UNA CONFUSIÓN debido a que él, como médico forense del Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad cuantiosas ocupaciones como tal que él lleva a cabo todos los levantamientos de cadáveres, registros personales a zonas íntimas y evaluaciones médicas a las personas que se presentan en su calidad de supuestas víctimas: por lo cuál es razonable SUPONER que el Doctor Guardado PUDO HABERSE CONFUNDIDO AL RENDIR SU DECLARACIÓN EN ESTE ASPECTO. En afirmación del galeno, recogida por el Tribunal de Sentencia, se afirma lo que este expresó en su declaración, esta es una proposición verdadera que solo puede aplicarse a si misma, está debidamente fundamentada y probada en juicio, no surge de la imaginación de persona alguna, sino, de los reales dichos del Médico que practicó el registro en pailas anatómicas íntimas de S. Y., luego el Tribunal, realiza un loable esfuerzo mental, para tener por acreditadas otras circunstancias negativas derivadas de la afirmación supra mencionada, concluyendo en una falacia al decir:“ESTOS JUZGADORES consideran que lo relatado por el doctor L. G. PUDO DEBERSE A UNA CONFUSION, debido a que él como médico forense del Ministerio Público, tiene bajo su responsabilidad cuantiosas ocupaciones como tal...”, luego continúa el Tribunal, en este mismo sentido; “…por lo cuál es razonable SUPONER que el Doctor Guardado PUDO HABERSE CONFUNDIDO AL RENDIR SU DECLARACION EN ESTE ASPECTO”. De estos enunciados, se advierte por esta defensa: ¿Se confundió el galeno Guardado en su afirmación o es que el Tribunal a ultranza se apropió de la misma, buscando en lo más recóndito, una razón para arribar a un fallo y sentencia condenatoria? Definitivamente, el médico NO se confundió, simplemente emitió su propia vivencia como debe hacerlo un perito, de manera imparcial, sinónimo de ayudar o perjudicar a la acusada, por lo que sus dichos, a la luz de La Sana Crítica, no deben ni pueden ser objeto de valoraciones contrarias a los mismos, el Tribunal JAMAS debe ni puede abrogarse interpretaciones de las manifestaciones de testigos y peritos, salvo que la intención de sus dichos sea clara totalmente: es decir, la abstracción interpretativa del Tribunal, no debe contener ambigüedades ni debe surgir de interpretaciones caprichosas y forzadas en su significado. Veamos también que la psicología, siempre debe estar unida al factor lógico, en relación a como se forman los juicios valorativos de las pruebas, pues solo a través de ella, podemos transportarnos al ex ante de un suceso, a fin de tener una visión más clara de los hechos, de allí que, un razonamiento lógico incorrecto no será producto de una psicología debidamente aplicada, separándose de esta manera aspectos, que como se dijo, son de mayúscula importancia al construir juicios de valor en relación con el acervo probatorio evacuado en la vista de la causa de que se trate. LO QUE SE PIDE: Sobre la base de los enunciados anteriores, esta Defensa afirma, que la mayoría del Tribunal que decidió condenar a S. Y. F. C., en este sentido observó las reglas de la Sana Crítica, razón por la cuál, se recurre ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, a fin de que se enmiende la sentencia recurrida en aras de aplicar de manera certera y justa, las criterios jurídicos de valoración de la prueba en nuestro orden amiento procesal penal.- III.- LA ABOGADA RECURRENTE DESARROLLO SU SEGUNDO MOTIVO DE LA MANERA SIGUIENTE:”VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES “En la sentencia, de este error de interpretación de las afirmaciones del perito, el Tribunal de Sentencia, por mayoría de votos, incurre en violaciones a nuestro ordenamiento jurídico fundamental y de tratados y convenios celebrados por Honduras, así como de mandatos procesales. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 en todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: El artículo 47 del código Procesal Penal, permite presentar en cualquier estado del proceso, las excepciones de falta de acción la de extinción de la acción. Esta violación de Ley Fundamental y Procesal, es consecuencia de una valoración viciada de posibilidades y/o probabilidades no acreditadas en juicio, con las que la mayoría del Tribunal deriva en la responsabilidad penal de mi representada S. Y., quién resulta condenada, a pesar de haber sido víctima de una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, como la intimidad, el honor; la propia imagen, la integridad corporal y la tutela judicial efectiva inmersas en un debido proceso.- (artículos 59, 62, 63, 64, 68 y 76): además de haberse hecho caso omiso, a nuestro ordenamiento procesal en cuanto a la forma en que deben practicarse los registros de las zonas corporales íntimas de la persona investigada (artículos 206 y 207 del CPPH), que de la misma manera, desemboca en la violación de un debido proceso.-En un Estado Democrático de Derecho, como lo es Honduras, la norma fundamental a seguir es la Constitución de la República, de la cuál no pueden separarse las actuaciones de ninguna persona investida corno autoridad, como funcionario o como Particular; es decir, todos, absolutamente todos los que vivimos bajo este régimen republicano incluyendo médicos, policías, fiscales, jueces. etc, estamos obligados a respetar en primer lugar, los mandatos constitucionales y en segundo lugar, la persona humana como fin supremo del Estado, puesto que, nadie está por sobre la ley. El artículo 1 de nuestra Constitución manda que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social (Sic)”. Que tan importante es este precepto, al declarar que Honduras es un Estado de Derecho, ello significa que las autoridades que nos gobiernan, se encuentran, aceptan y respetan el derecho vigente, por lo que, toda acción ejercida por cualquier autoridad, está sometida y sustentada por normas jurídicas, debido a lo cual, el poder del estado se encuentra limitado por el derecho y queda subordinado al orden jurídico vigente, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Es así, que nuestra Constitución, a fin de salvaguardar ese fin supremo del Estado, llamado persona humana (Véase el artículo 59 constitucional), enuncia una serie de “declaraciones, derechos y garantías” en el Tercer Título, encontrándose en el primer Capítulo de este Título, en los artículos 59,62,63 y 64 lo concerniente a las declaraciones, en las que se ordena al respeto y protección de la persona humana reconociéndole la inviolabilidad de la dignidad (artículo 59), es por ello, que limita los derechos individuales frente a los derechos colectivos, a la seguridad y las exigencias del bienestar de la sociedad (artículo 62), sin que las declaraciones, derechos y garantías constitucionales, puedan ser negadas por otras no especificadas surgidas de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre (artículo 63). Finaliza este capítulo, mandando en su artículo 64, que no sean aplicadas, leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución; si los disminuyen, restringen o tergiversan. Continúa nuestra Ley Primaria, en el Segundo Capitulo de este Título, enunciando una serie de derechos individuales, entre otros a que se respete su integridad física, síquica y moral, y manda que nadie sea sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que el privado de libertad, debe ser tratado con el respeto debido a la dignidad de toda persona (artículo 68); tampoco se puede ejercer violencia para reclamar un derecho (artículo 70). Es importante mencionar, que el artículo 76 constitucional, garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar ya la propia imagen. Por razones de estilo, relaciono primero el artículo 89, relativo a la “presunción” de inocencia, que en realidad es un derecho positivo y vigente de la persona acusada: Este derecho a la inocencia deriva en otros como el mandato de que no se ejerza violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas Para forzarlas a declarar (art.88), que continúa..., por lo que ninguna persona está obligada a declarar contra si misma. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley. Ahora bien, en relación con toda esta gama de mandatos Constitucionales, el Código Procesal Penal, en sus artículos 207 y 208, hace referencia a los registros personales y la forma en que habrán de practicarse, de la manera siguiente: “ARTICULO 206.- Registros Personales. Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicarán registros incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitará a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que haya motivos fundados para creer que aún oculta alguna cosa relacionada con el delito. Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará, de ser posible, en presencia de dos testigos hábiles, si pidieran ser habidos sin demora, quienes preferiblemente deberán ser vecinos del sitio en que tuvieron lugar los hechos investigados, dejando constancia en el acta de lo actuado. Los agentes de la Policía Nacional, no podrán llevar a cabo registros personales sobre zonas corporales que afecten el Pudor de las personas registradas. Salvo el caso en que existan motivos muy fundados para temer una agresión inminente por parte de dicha persona, su registro se hará por otra del mimo sexo.-LAS INSPECCIONES CORPORALES QUE AFECTEN A ZONAS ANATOMICAS INTIMAS, SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO EN VIRTUD DE MANDATO JUDICIAL, a petición fundada de parte, POR MEDICO O, EN SU DEFECTO, POR PERSONAL SANITARIO. El Juez, al tomar su decisión, POR AUTO MOTIVADO, ponderará la utilidad, proporcionalidad e insustituibilidad por otros procedimientos de examen, de la inspección corporal, NO PUEDA DEMORARSE EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL y exista grave peligro de frustración del resultado de la medida, PODRA SER AUTORIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO, quien dará inmediata y razonada cuenta al Juez, el cual, por auto motivado, convalidará el registro o examen o lo dejará sin efecto; ARTICULO 207-. Forma de Practicar los Registros Personales. Los registros a que se refiere el Artículo anterior, SE PRACTIGARAN INDIVIDUALMENTE Y CON RESPETO ABSOLUTO PARA LA DIGNIDAD, EL PUDOR, LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD DE LAS PERSONAS. El registro de personas será efectuado por agentes del mismo sexo y, de no haberlas, por dos (2) personas también del mismo sexo, designadas para el_efecto. En ningún caso se empleará violencia para practicar el examen corporal y si éste afectare las zonas corporales íntimas, deberá ser hecho por un médico y de no haberlo, _por personal sanitario. La persona examinada tendrá derecho a requerir que, durante el examen, esté presente una persona de su confianzas, siempre que pueda localizarse sin tardanza que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida por la medida. Los resultados del registro se harán constar en acta, que firmarán los pacientes de investigación que lo hayan practicado y además, la persona registrada. Si ésta no quiere o no puede firmar, se dejará constancia de este hecho en dicha acta” (Sic). Todo este entramado de preceptos constitucionales y procesales, derivan en el llamado debido proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, puesto que ninguna persona podrá ser juzgada, sino, por Juez o Tribunal competente en la materia y en la jurisdicción, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.- Hago mía la apreciación del Honorable Juez, don C. H. R. S., al anotar en su disidencia: “Toda intervención corporal supone en mayor o menor medida una intromisión de los poderes públicos en la esfera más íntima del individuo. De ahí que la constitucionalidad deba, necesariamente, examinarse a la luz de los derechos fundamentales que proclama el ordenamiento jurídico” Partiremos en orden cronológico de cada uno de los eventos que dieron lugar a la violación de las reglas de un debido proceso; en la causa de marras, a fin de incentivar cada una de esas violaciones, de la manera siguiente: I. S. Y. F. C., llegó al Centró Penal de Tela de visita; siendo revisada por la Policía P. P. Q., quién informó a su superior jerárquico que sospechaba que la señora S. Y. llevaba droga en sus partes íntimas; II. El superior de P. P., informó al Fiscal de turno lo que sucedía en el Centro Penal respecto de S. Y. razón por la cuál al Centro Penal se hicieron presentes un Fiscal y la Abogada N. R., como Defensora Pública, encontrándose en el lugar; al agente de investigación L. M. C., quién custodiaba a la señora S. Y. F., es decir se encontraba legalmente detenida; lll. La señora S. Y. F. C., fue trasladada a la Clínica Yireh, para que SIN MANDATO U ORDEN JUDICIAL fuera registrada por el Doctor L. A. G.. SIN HABER RAZONES DE URGENCIA PARA LA ADOPCIÓN DE DICHA MEDIDA; IV. Ni el médico G., ni persona alguna le explicó a mi defendida S. Y., en que consistía el procedimiento que se iba a realizar, tampoco de su derecho a negarse a tal procedimiento, en aras de salvaguardar el mando fundamental que ninguna persona pude ser obligada en materia penal; a declarar contra sí misma, es decir, a nadie se le puede obligar a aportar prueba que le afecte en un proceso penal; V. Al momento de registrar las partes anatómicas íntimas de S. Y. F. C., en su consultorio del Doctor L. G., se encontraban presentes, además de la Defensora Pública, como persona que daba fe del acto, el Fiscal A. R. y el agente de investigación L. M. C., y la Licenciada en Microbiología O. M. C. L. De este acto, el Fiscal A. R. y el agente de investigación L. C., incluso tomaron fotografías. Es precisamente a los apartados II III, IV y V, a los que habré de referirme, por cuanto son la génesis de la violación de garantías fundamentales y procesales de mi defendida. Ya hice referencia a los preceptos que considero violados y de forma detallada a las actuaciones que dieron lugar a esas violaciones; empero, me remito nuevamente a tales circunstancias, a fin de dejar clara la intencional desatención de nuestra Constitución y de nuestro Código Procesal Penal. Al conocimiento de que S. Y. F. llevaba posiblemente droga en su vagina, la actuación primera de la policía penitenciaria P. P. fue la correcta, incluso considero correcto el resguardo por parte del agente de investigación L. M. Castellanos a mi defendida, salvaguardando así el objeto de investigación. Desde este resguardo o vigilancia por parte del agente de la DGIC, a mi defendida se le impide la libre locomoción; es decir se encontraba legalmente detenida para proceso de investigación. Por lo tanto se le debió dar a conocer sus derechos fundamentales y procesales como persona detenida, después de ello, SIN HABER URGENCIA puesto que no peligraba la vida de S. Y. y ya no existía la cierta posibilidad de que la acusada defenestrara la droga, ya que era vigilada por L. C., SIN MANDATO U ORDEN JUDICIAL se le trasladó a la Clínica Yireh, para que el Doctor L. G., EN PRESENCIA DE VARIAS PERSONAS, entre ellas los del sexo masculino, el fiscal A. R. y el agente. de investigación L. M. C., procediera a colocar en posición ginecológica a S. Y. F. C. y mientras el fiscal y el agente de investigación tomaban fotografías, le extraía un preservativo, tipo condón, en el que se contenía la supuesta marihuana, que tarde se confirmó como tal droga. Lo peor del caso, fue que el JUEZ QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL DEBE VELAR POR LOS DERECHOS DE LA PERSONA DETENIDA Y ACUSADA procedió a validar el acto, desatendiendo lo ordenado por el artículo 200 del Código Procesal Penal, que manda que cualquier acto o hecho que vulnere las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que. Honduras forme parte, carecerán de eficacia probatoria. Con tales actuaciones, no solo se violentó el articulado procesal penal ya referido (206 y 207), pues a demás de ello, se obvió los derechos y garantías fundamentales de mi defendida S. Y. F., especialmente los relativos al derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (68); a la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen (76); el arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección (84); no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzadas a declarar, nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra si mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (88); toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente (89); y, nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (90) De igual manera, y en consonancia con nuestra normativa Constitucional, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, mientras que, el artículo 5 de la mencionada convención establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a no ser sometida a torturas ni a penas u otros tratos, crueles, inhumanos y degradantes”. Estos derechos fundamentales y de tratados y convenciones que forman parte del derecho interno, le fueron violados, tanto por el fiscal A. B. R. P., el agente de investigación L. M. C. y el médico L. A. G. a S. Y. F. C., sin que, por haber estado presente una Defensora Pública con ella al momento del acto, se pueda decir que ella (la defensora) validó tales actuaciones, pues no aconsejó a su defendida debidamente y que por ello no se violó los derechos y garantías constitucionales de la persona acusada. Esta es una falacia utilizada para arribar a una sentencia de condena, pues solo así, con la validez de actuaciones viciadas de nulidad absoluta, podría llegarse de manera forzada, a declarar la responsabilidad penal de S. Y.. Vale decir, que con estas violaciones, no solo se interrumpió el debido proceso, pues también permitió la violación del derecho a la inocencia de S. Y.. Considera la defensa, que ante la noticia de que S. Y. F. C., en la visita al Centro Penal de Tela, había sido descubierta transportando marihuana para el interior de dicho centro, la actuación correcta efectivamente era colocarla bajo custodia policial, para así evitar que sacara lo que llevaba dentro de su vagina y lo destruyera, una vez asegurada la acusada, dirigir al Juez de Letras o de Garantías, una solicitud fundamentada de la necesidad de trasladar a S. Y. ante un médico o personal sanitario del mismo sexo, salvo que no hubiese sido posible del sexo contrario, para que salvaguardando la intimidad, el honor y la propia imagen de la acusada, procediera a registrarla a fin de extraer el objeto que llevaba en su vagina, ya que más tarde, en junio, en su dictamen o de manera oral, podría dar fe de sus actuaciones, con la validez consecuente; asimismo, el Juez de manera motivada debería haber emitido el mandato u orden de que de que se procediera conforme. Además, en el acto do registra a S. Y., no podría haber estado más personal que el médico (varón o mujer), o el personal sanitario que realizara el registro y las personas de confianza a elección de S. Y..- NO HABIA CIRCUNSTANCIAS APREMIANTES QUE ACONSEJARAN A ACTUACIÓN FISCAL Y MEDICA PARA EXTRAER DE LA VAGINA DE S. Y. F. C.,. EL OBJETO QUE LLEVABA EN SU INTERIOR SIN ANTES HABER TRAMITADO ANTE EL JUEZ DE GARANTIAS, LA ORDEN O MANDATO CORRESPONDIENTE, TAMPOCO EXISTIO RAZÓN VALIDA TANTO CONSTITUCIONAL COMO PROCESAL, PARA QUE AL MOMENTO DE EXTRAER EL OBJETO DE LA VAGINA DE S. Y., SE ENCONTRARAN PRESENTES, VARIAS PERSONAS DENTRO DEL CONSULTORIO, MUCHO MENOS EL FISCAL A. R. Y EL AGENTE DE INVESTIGACION L. M. C.”.Debo agregar; que en el caso de S. Y. además del incumplimiento de la necesidad de contar con un mandato judicial para que se realizara el registro en zonas anatómicas íntimas de ella, ni existir razones de suma urgencia necesaria y/o de proporcionalidad de la medida adoptada por el Fiscal A. B. R. P., la acusada S. Y. jamás dio su consentimiento o permiso para que le registraran sus zonas anatómicas íntimas, mucho menos para que durante el acto estuviesen presentes este Fiscal y el agente de la DGIC L. M. C., observando y tomando fotografías de manera indebida las zonas íntimas de cuerpo de mi defendida, ofendiendo con ello el pudor y la intimidad de S. Y., y con ello su dignidad contraviniendo así el artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras. Me detendré para relacionar el consentimiento otorgado por S. Y. para que le registraran sus zonas anatómicas íntimas, según la mayoría del Tribunal, se fundamenta en el hecho cierto de que S. Y. firmó un acta de decomiso del preservativo con la marihuana, esto me lleva a preguntar; ¿Se realizó y levantó el Acta de Decomiso antes de que las zonas corporales íntimas de S. Y. fueran registradas si es así, no queda más que pensar en una nueva violación de derechos y garantías fundamentales; caso contrario, con facilidad puede inferirse de que esta firma se estampo después de haber registrado la vagina de S. Y., esta afirmación del Tribunal en cuanto al consentimiento se deriva de un vicio de valoración de actuaciones en el tiempo, dando lugar a un error, por lo que el criterio de la mayoría del Tribunal no es acertado, y, durante el debate oral y público, el Ministerio Fiscal no presentó un documento en que avalara ese consentimiento manifiesto por parte de S. Y., y, en este sentido, no puede hablarse de un consentimiento tácito, al no haber ésta opuesto resistencia a la realización del registro, y encontrándose su defensora para controlar el acto, tampoco la aconsejó en relación a la posición que debía adoptar, admitiendo o rechazando el registro, lo cuál no puede considerarse jamás como un acto válido, ya que consentir o permitir la invasión a la privacidad personal y a la intimidad, es un derecho personalísimo, no traslaticio, por lo que única y exclusivamente, pede ser otorgado por b persona a ser registrada, debiendo constar por escrito. Esta invasión a la intimidad, se protege aún en nuestro ordenamiento jurídico fundamental, frente a las órdenes judiciales, toda vez que la persona a ser registrada no lo consienta, ya que no está obligada ni se puede obligar a aportar prueba en su contra. Solo cuando ese consentimiento esté debidamente acreditado en juicio, haya sido otorgado sin coacción alguna, con plena conciencia del acto que se va a realizar (informada debidamente de sus derechos y con una defensa activa y eficaz, en aras de tutelar sus derechos), sin menoscabo de los derechos inherentes al ser humano, como el honor, la dignidad personal, la intimidad y la propia imagen, en aplicación del principio de legalidad, podrán arrojar resultados válidos para ser, valorados en juicio como tales; pero, además debe cumplirse con lo ordenado por el artículo 206 del Código Procesal Penal. Nuevamente hago mías las apreciaciones del Juez disidente C. H. R., por compartirlas en su totalidad, al manifestar que: “El debido proceso implica que la motivación de las resoluciones judiciales, y con más razón aquellas que sean restrictivas de derechos fundamentales, debe ser clara y razonada. La simple relación de la petición fiscal con los preceptos jurídicos aplicables al caso no pueden considerarse como una verdadera motivación y en tal sentido el artículo 141 del Código Procesal Penal es claro cuando expresa” los autos y las sentencias contendrán bajo pena la nulidad, una clara y precisa motivación .Suelen los autos convalidantes padecer este tipo de defectos. En el juicio oral no se presento como prueba de la legalidad del acto investigado la resolución motivada del Juez, por tanto en el debate no hay prueba frente al Tribunal Sentenciador de dicha legalidad exigida por el artículo 206 del Código Procesal Penal en relación con los artículos 59, 68, 69, 76 y 145 de la Constitución de la República de Honduras” (sic).De esta manera la prueba prohibida obtenida de un registro a zonas anatómicas íntimas, abarca incluso a las derivas, a saber: el acta de decomiso y el dictamen pericial toxicológico, elaborado, realizado y ratificado por la Licenciada en Microbiología O. M. C. L., con lo cual no existen pruebas suficiente que aconsejen una sentencia de carácter condenatorio contra S. Y. F. C., procediendo su absolución conforme lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal. En descargo de la Defensa Pública, al encontrarse revestida por el principio de parcialidad (no el de objetividad que es propio de los fiscales, ni el de imparcialidad que es privativo del Juez), no estaba obligada a señalar la incorrecta actuación del Fiscal y del Médico, por lo que su presencia, como dije antes y ahora afirmo, no es suficiente para VALIDAR EL ACTO RECLAMADO.- LO QUE SE PIDE :Sobre la base de los enunciados supra mencionados, esta Defensa afirma, que desde el inicio del proceso se VIOLENTARON GARANTIAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE S. Y. F. C., QUE DIERON LUGAR A LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y CON ELLO AL DERECHO DE INOCENCIA DE MI REPRESENTADA. EXTENDIENDOSE ESTAS VIOLACIONES A LA PESOLUCION EMITIDA POR LA MAYORIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, QUE SOBRE ESTA BASE, A ULTRANZA, SE REBUSCÓ UN RAZONAMIENTO PARA EMITIR UN FALLO CONDENATORIO, en este sentido fundamentándose este motivo, de casación en la infracción de preceptos fundamentales se recurre ante la Honorable Corte Suprema de. Justicia; a fin de que se enmiende la sentencia recurrida en aras de aplicar de manera certera y justa, la normativa constitucional y procesal, declarando la nulidad de la forma en que obtuvo la evidencia y de la prueba testifical y pericial, por ser violatoria de los- principios, derechos y garantías fundamentales (le: S. Y. F. C., anulando consecuentemente, en aplicación correcta del artículo 200 del Código Procesal Penal, la sentencia recurrida y estableciendo nuevamente el derecho de libertad que constitucionalmente asiste a mi defendida, pues su presunción de inocencia, fue destruida bajo lo obtención ilícita y Prohibida de prueba por parte de la acusación.”- IV.-CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU TERCER MOTIVO: “VIOLACIÓN DE LEY PENAL SUSTANTIVA. “En la sentencia, además de los errores de interpretación de las afirmaciones del perito, por la mayoría del Tribunal de Sentencia y de las violaciones a nuestro ordenamiento jurídico fundamental y procesal, y de tratados y convenios celebrados por Honduras en su conclusión condenatoria, la mayoría del Tribunal ha violado nuestra norma penal especial sustantiva.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361, en todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.-EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: El artículo 5 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, emite una serie de definiciones relacionadas con esta antijurídica actividad y señala en el numeral cuatro (4) que comercialización, “Es toda transacción comercial ilegal, compra, venta, entrega, recepción, importación y exportación de estupefacientes y sustancias controladas”; mientras que, el numeral treinta y cuatro (34) dice: “Trafico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la Presente Ley o de otras normas jurídicas. Ahora me remito al artículo veintidós (22) de esa misma ley, que manda: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. El principio de taxatividad de la ley, exige de esta una certeza y determinación derivada del enunciado “nullum crimen sine lege stricta o sine lege certa”, por tanto las leyes penales deben contener, en la descripción de los comportamientos prohibidos, sujetos a una sanción, solamente términos descriptivos, que deben ser los más exacto posibles; es decir, exige la formulación en términos precisos de los supuestos de hecho de las normas penales, orientada a reducir la vaguedad de los conceptos utilizados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos a fin de establecer una preferencia por el uso de conceptos descriptivos frente al de conceptos valorativos. Este problema ha sido resuelto muy sabiamente por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en relación primordial con los delitos derivados de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Estupefacientes a realizar una acertada, interpretación sobre el “vocablo tráfico”, al declarar la existencia de este delito, cuando surja de una transacción comercial o cuando a la persona acusada se le haya encontrado en posesión de los insumos necesarios para tal actividad; sin embargo, los fallos emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones han hecho referencia a las actividades devenidas del transporte de drogas y estupefacientes, sobre lo cuál existe amplia jurisprudencia y doctrina legal, encontrándose entre estas actividades la realizada por S. Y. F. C., quién utilizando su cuerpo, transportaba la droga hacia el interior del Centro Penal de Tela. Es en este sentido, en el que la defensa ha observado una errónea aplicación de la ley penal sustantiva de Tráfico de Drogas por parte del Tribunal de Sentencia de Tela, pues en ningún momento se acredito en juicio los actos dirigidos por parte de S. Y. la comercialización de la droga, por lo que el fallo correcto del Tribunal, en todo caso y sin perjuicio de la nulidad absoluta de actuaciones supra alegada por la defensa, debió ser por el delito de Facilitación del Cuerpo para el Transporte de Drogas por parte de S. Y., como manda el artículo 22 de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. LO QUE SE PIDE: En virtud de lo anterior, esta defensa con respeto pide a la Honorable Corte Suprema de Justicia, proceda a enmendar la decisión tomada por mayoría del Tribunal de Sentencia de Tela, y haciendo acopio de la forma prohibida e ilícita en que se obtuvo prueba necesaria para determinar la responsabilidad penal, se proceda a hacer valer los derechos fundamentales de mi defendida, declarando la subsistencia de un Estado Democrático de Derecho y restituyendo a S. Y. F. C., su derecho fundamental a la libertad, estableciendo la preeminencia constitucional sobre cualquier actuación humana violatoria de principios, garantías y derechos fundamentales. Repito:”Ningún hombre o institución está por encima de las leyes, especialmente de la constitucional, es en esto lo que consiste y se basa, un verdadero Estado de Derecho”.-EL PERJUICIO: Con la aceptación de la mayoría del Tribunal, de prueba totalmente viciada, por ser prohibida (viola derechos y garantías constitucionales) e ilícita (viola derechos y garantías procesales), a ultranza y de manera equivocada, basada en falacias, esta mayoría del “A Quo”, constituye en una sentencia de carácter condenatorio, violando además las reglas de la Sana Crítica Racional, equivocándose también en la calificación jurídica del delito, con lo cual dicha sentencia no se encuentra fundamentada en derecho, con lo que el fallo condenatorio lesiona arbitrariamente la libertad de mi representado.”.- Teniendo en cuenta las particularidades del caso que ahora nos ocupa y a los efectos de seguir un orden sistemático adecuando en el análisis del recurso interpuesto por la Defensa, esta Sala considera pertinente iniciar el estudio del mismo con el motivo que denuncia la infracción de precepto constitucional.- V.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47, 200, 206, 207 y 339 DEL CÓDIGO PROCESAL .- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La finalidad esencial del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- La Censora ha interpuesto recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, citando progresivamente normas de carácter constitucional que considera vulneradas en el proceso penal que se tramitó en contra de la acusada, de este modo denuncia la inobservancia de los artículos 59, 62, 63, 64, 68, 70, 76, 84, 88, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 47, 200, 206, 207 y 339 del Código Procesal Penal, arguyendo que la práctica de una intervención en una cavidad corporal y por lo tanto en una zona íntima de la imputada S. Y. F. C. así como la prueba derivada de ella es ilícita por las siguientes razones: a).- No se contaba con orden judicial para practicar la diligencia; b).- No se contaba con el consentimiento de la acusada; c).- No existía causa de urgencia que legitimara el registro; d).- El registro se realizó en presencia de dos personas del sexo masculino; e).- La presencia de una Defensora en el acto de registro no convalidó el mismo; y f).- La firma de la acusada estampada en el acta de decomiso del objeto extraído de su vagina, no es equivalente a una autorización para la práctica del registro.- Con lo anterior se pone de manifiesto que si bien la Censora ha citado varias normas constitucionales, en esencia esta alega que el registro de corporal de zonas íntimas de la encartada se realizó con irrespeto a la dignidad humana y a la intimidad y por tanto las normas constitucionales que deben ser analizadas con mayor detenimiento en el presente caso son el artículo 59 que declara la inviolabilidad de la dignidad humana y el artículo 76 que garantiza el derecho a la intimidad personal.- III.- Para el entendimiento del alcance de las normas constitucionales que a juicio de la Censora han sido vulneradas, es pertinente indicar, al menos brevemente, cual es el contenido del concepto de dignidad humana y de intimidad personal: 1).- Dignidad Humana: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad. Desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, lo que incide en la aspiración de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas que buscan el mismo objetivo y que por tanto comporta un respeto mutuo.- La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe de ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín, al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona"[2]. Se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental. Al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República.- 2).- Derecho a la Intimidad: El Derecho a la Intimidad, en su aspecto positivo se entiende como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee que sean conocidos y determinar la identidad y el número de personas que desee que tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho que toda persona le asiste para no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello.- Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República.- IV.- Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal. Por vía de ilustración HUERTAS MARTIN[3] señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesario la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por FERRERA TURCIOS[4] como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 107 del Código Procesal Penal señalando que “para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.”, diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana.- En principio y como regla general, las intervenciones corporales, por ser diligencias que afectan derechos fundamentales, solo podrán ser ordenadas por la autoridad judicial competente (Art. 273 del CPP), quien ante la solicitud deberá evaluar y resolver MOTIVADAMENTE (Art. 141 del CPP) sobre: 1).- APARIENCIA DE BUEN DERECHO (Fumus Boni Iuris): Deben existir elementos racionales que comprometan la inocencia de la persona a la cual se va a practicar la intervención corporal, por cuanto no será necesario que el caso se encuentre judicializado o, incluso, que responda a una investigación previamente documentada en sede administrativa, bastará que una autoridad competente, como policía nacional o agentes fiscales, se encuentren ante una situación de hecho que amerite la práctica de la diligencia.- 2).- RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: El acto de intervención corporal que se solicita no debe significar tratamiento cruel o degradante de la persona imputada, tampoco debe representarle riesgo para su integridad física o su vida. El imputado(a) no puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entendiéndose por tales aquellos que produzcan sufrimientos de especial intensidad o una grave humillación o sensación de envilecimiento (Art. 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos).- 3).- UTILIDAD: La diligencia debe ser útil para conseguir el propósito que se persigue con su realización, entendiéndose como tal no solo la obtención de la información sino la posibilidad de presentar la misma al debate mediante un medio de prueba (Art. 206 del CPP).- 4).- NECESIDAD: La intervención corporal de que se trate ha de ser la única forma de obtener la información que se busca, por tanto si lo que se pretende obtener puede serlo por otros medios, se debe escoger el menos lesivo a la libertad, intimidad o a la integridad corporal de la persona imputada (Art. 206 del CPP).- 5).- PROPORCIONALIDAD: La limitación a la libertad, intimidad o integridad corporal que representa el acto de intervención corporal debe ser proporcional a la lesión al bien jurídico que se ha violentado con el delito. Dentro de esta evaluación debe ponderarse además si el propósito del acto es la confirmación de hechos de los que ya se posee indicios o es la obtención de información nueva, de modo que el grado de intromisión a la intimidad y la libertad deberá de ser en proporción a la necesidad y utilidad de la diligencia que se solicita (Art. 206 del CPP).- Excepcionalmente el Ministerio Público podrá ordenar la práctica de diligencias que constituyan intervención corporal, al respecto señala Roxin[5], "que la competencia para la intervención está depositada en principio en manos del juez, sin embargo la fiscalía (…) están autorizados a intervenir en la esfera jurídica del ciudadano sólo en caso de peligro inminente en la demora", de modo que además de los requisitos anteriormente enumerados deberá concurrir otro requisito adicional: 6).- PELIGRO DE LA DEMORA (Periculum In Mora): Es decir, que no sea posible solicitar la autorización judicial o esperar la resolución judicial como consecuencia de: i) Riesgo fundado de que la información se pierda por acciones que pueda realizar la persona imputada o sospechosa; ii) Riesgo fundado que por efectos de la naturaleza la información que se pretende obtener con la diligencia se pierda o se corrompa; iii) Exista grave riesgo para la salud o la vida de la persona imputada o sospechosa el cual se pretende prevenir con la intervención corporal.- El vencimiento de términos judiciales no constituye causa de urgencia que justifique al Ministerio Publico ordenar una intervención corporal.- El Agente Fiscal que haya ordenado la intervención deberá informar en el menor tiempo posible al Órgano Jurisdiccional competente, acreditando los seis requisitos enumerados anteriormente, de lo cual el Juez(a) resolverá MOTIVADAMENTE: confirmando la resolución fiscal o invalidando la misma (Art. 107 del CPP).- Ahora bien, la intervención corporal autorizada por el órgano jurisdiccional competente o, como excepción, por el Ministerio Público, debe ser ejecutada bajo parámetros legales, por tanto aun y cuando la resolución que ordene la intervención corporal sea conforme a ley, la diligencia carecerá de valor si no se sigue lo prescrito por la ley procesal en su ejecución, así pues son requisitos legales a cumplir en la ejecución de una orden de intervención corporal los siguientes: 1).- Intervención de Peritos: Las intervenciones necesariamente serán efectuadas por profesionales de la medicina, profesionales sanitarios, técnicos en laboratorio o microbiólogos, según corresponda (Art. 107 del CPP) y en su defecto por personal sanitario (Art. 207 del CPP): Se debe tener en cuenta que el saber científico está conformado por aquellos procedimientos que son aceptados como estándares y que permiten llegar a un resultado, sin poner en peligro la salud del examinado, esto resulta necesario puesto que se afectan derechos fundamentales del imputado(a) en la diligencia.- 2).- Respeto a la Dignidad Humana: Nuevamente se señala como requisito el respeto a la dignidad humana, dado que su inobservancia no solo provocará la invalidez del acto, sino la violación de derechos constitucionales y la ineludible deducción de la responsabilidad consiguiente para los infractores. Las diligencias deben ser practicadas de modo que sean lo menos invasivas posibles, que afecten lo indispensable la libertad, la intimidad o incluso la salud, en ese sentido: i) En cuanto a la libertad, para la ejecución de la intervención corporal se procurará contar con la colaboración de la persona imputada o sospechosa, más en el caso de que ésta se resista, se podrá realizar la diligencia coactivamente siempre que los medios no atenten en contra de la integridad del examinado(a) (Art- 107 del CPP), sin embargo, cuando la intervención corporal comprometa zonas corporales intimas como ser los genitales o el ano, en NINGÚN CASO el medio coactivo que se ejerza consistirá en la aplicación de fuerza en el cuerpo del examinado(a) (Art. 207 del CPP); ii) En cuanto a la intimidad, si con la diligencia pudiese afectarse el pudor del examinado(a), entendiéndose que existe éste riesgo cuando la operación requiera que la persona se despoje total o parcialmente de sus ropas, deberá realizarse de manera individual en un lugar que impida la visión de terceros extraños, y si por cuestiones de seguridad se requiera resguardo aun en la práctica del acto, éste deberá ser ejercido por personas del mismo sexo que el imputado(a) o sospechoso(a), además será obligatorio que la autoridad que esté a cargo de la ejecución de la intervención corporal le notifique al examinado(a) su derecho a que durante la diligencia esté presente una persona de su confianza siempre que pueda localizarse sin tardanza ni que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida con la medida (Art. 207 del CPP); iii) En cuanto a la salud, las pruebas o procedimientos a realizar deben asegurar la integridad tanto física como moral del examinado(a).- Finalmente ordena la normativa procesal que de todo lo actuado, así como de sus incidencias, se deberá documentar en acta, la que será firmada por todos los que hubiesen intervenido en la diligencia, incluyendo la persona imputada o sospechosa, consignándose su negativa en su caso. El acta servirá para acreditar que se ha seguido tanto el protocolo legal como el científico en el proceso de intervención corporal (Art. 207 del CPP).- V.- Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo: Esta Sala coincide con el criterio expuesto por el Juez Disidente, de que en el presente caso la intervención corporal efectuada a la acusada S. Y. F. Cantarero, no se ajusta a los parámetros legales establecidos en el Código Procesal Penal, que regula las limitaciones al derecho fundamental a la Intimidad y que proclaman la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo que al haber producirse al mismo tiempo una violación de precepto constitucional, tal actuación se convierte en ilícita, condición que es extensible a todas las demás actuaciones que se derivan de ella y que dependen necesariamente de la intervención corporal; todo ello a consecuencia de los siguientes hechos: 1).- Entre el momento de la detención de la acusada S. Y. F. C. y el momento de la intervención corporal medió suficiente tiempo para dar cuenta de la diligencia al órgano jurisdiccional competente: Los Testigos P. P. Q. y J. M. V., señalan que la acusada S. Y. F. C., se presentó al Centro Penal de Tela, a fin de visitar a una persona interna, pero que al ser requerida refirió llevar oculta “mota”, nombre con el cual se le conoce a la marihuana, todo esto alrededor de las 02:30 p.m. (F. 53v), por lo que se notificó al Encargado del establecimiento penitenciario, quien a dio reporte a la policía, que a su vez notificó al Ministerio público, el que notificó a la Defensa Pública, de tal manera que todos ellos condujeron a la acusada a una Clínica Médica, en donde se dispuso el registro corporal en una de sus zonas íntimas, extrayendo de la vagina de la detenida un preservativo o condón de latex, conteniendo hierba, siendo a todo esto las 04:28 p.m., según el acta respectiva (F. 06); Como se aprecia, el Ministerio Público al tener noticia de la posible comisión de un delito y de que para su verificación era necesario una intervención corporal, correctamente dio parte a la Defensa para que ésta velara por los intereses de la persona sospechosa, pero omitió dar cuenta al Juzgado de Letras para que autorizara la diligencia, lo cual era posible si tomamos en cuenta el tiempo que media entre la detención de la acusada y la intervención corporal, además por tratarse de un día miércoles hábil a una hora comprendida dentro del horario de servicio del Poder Judicial, considerando además que estos hechos acaecieron en la Ciudad de Tela, con una extensión territorial pequeña y una población que no es numerosa, lo que facilita el traslado de un lugar a otro y la localización de las personas.- 2).- La Intervención Corporal realizada a la acusada S. Y. F. C., no se trata de un hecho consentido como lo ha estimado la mayoría del Tribunal de Sentencia (F. 57v), por el hecho de que la acusada haya firmado el acta de decomiso, bien lo señala el Juez Disidente que éste acto fue posterior a la realización de la intervención, no constituye la firma una declaración de voluntad de la acusada para ser explorada ginecológicamente y no existe un consentimiento retroactivo cuando de derechos constitucionales se trata.- 3).-No se identifica claramente el peligro de la demora para que el Ministerio público haya ordenado inconsultamente una intervención corporal. Además de considerar el aspecto del tiempo entre el momento de la detención de la persona acusada y el momento en que se practicó la intervención corporal, no existía apariencia de causa de emergencia que ameritara una actuación inmediata, en los parámetros explicados líneas atrás. Considérese que la acusada al ser requerida por los Policías Penitenciarios habría señalado que llevaba escondida una cantidad de marihuana, planta que cuya posesión es prohibida conforme a la legislación nacional pero que no representa peligro alguno para la vida de la evaluada en caso de que el contenedor (condón de látex) se rompiese dentro de la vagina, y precisamente por esa falta de emergencia se pudo convocar a varias personas para la práctica de la diligencia. Otro aspecto a considerar es que en el escrito presentado por el Ministerio Público donde se solicita la convalidación de la intervención corporal (F. 01), y en la resolución fiscal donde se ordena (F. 04), no se establece clara y concretamente el porqué no se procuró obtener la autorización judicial previa, los documentos se limitan a realizar un relato de los hechos ocurridos y de citar la facultad legal del Ministerio Público de ordenar en caso de emergencia una intervención corporal, sin determinar qué situación concreta era la que justificaba actuar de esa manera; 4).-Por tratarse de una intervención corporal que en este caso consistió en la exploración de una zona anatómica intima como lo es donde se ubican los genitales de la acusada, es claro que se trata de una actuación estatal que afecta el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, por lo que tal intervención debió realizarse siguiendo estrictamente el protocolo que señala el Código de Rito dispuesto con el fin de que en este tipo de actos no resulte lesión a la dignidad humana, entonces corresponde a la autoridad ejecutora PROBAR que se siguió un debido proceso, es decir corresponde al Estado probar fehacientemente que las actuaciones realizadas en el cuerpo de la acusada y que implicaron la suspensión temporal de garantías constitucionales, está justificada por causa prevista en la ley pero además deberá PROBAR que la diligencia se realizó conforme al protocolo que la ley exige, de ahí que en caso de duda en cuanto a si hubo o no cumplimiento del debido proceso en la ejecución de la medida, ésta deberá operar a favor de la acusada y nunca en contra de ella, consecuentemente NO corresponde a la defensa acreditar que se ha faltado a la ley en el procedimiento de la intervención corporal, sino que corresponde ineludiblemente al Ministerio Público probar que dicho procedimiento se observó estrictamente.- En el caso de autos el Ministerio Público no ha probado fehacientemente que la intervención corporal hecha a la acusada, se haya realizado conforme a lo que dispone a ley, debido a que se cuestionan los siguientes puntos: i)No aparece en el acta de Registro Personal, ni en ninguna otra actuación, que se le haya informado a la acusada de su derecho a poder llamar a una persona de su confianza para que estuviese presente al momento de la diligencia; ii) Las actuaciones no dan oportunidad de concluir certeramente que al momento en que el médico L. A. G. estaba realizando la exploración vaginal a la acusada, se encontraban o no en el lugar terceras personas de sexo masculino que con su presencia y particularmente por observar la auscultación, hayan dañado la dignidad de la imputada; Considérese que el Acta de Registro personal (f. 6) señala que al momento de la intervención solo se encontraba el médico que realizaba la misma, la policía penitenciaria P. P. y la Defensora de la acusada N. R., pero contrario a ello el Medico L. A. G. quien redactó el acta, declaró en el debate que en la intervención se encontraban presentes un Fiscal de nombre A. y un Agente de Investigación de apellido M. (F. 54) y por otro lado el Tribunal de Sentencia afirma que la Policía Penitenciaria Picado declaro que al momento de la intervención quien se encontraba presente era una fiscal de nombre C., declaración que no consta en el acta del debate ni en la motivación descriptiva hecha por los propios Jueces, pero además tampoco consta la presencia de una fiscal de nombre Claudia en el Acta de Registro redactada por el Médico. El escenario planteado incidió para que el Tribunal de Sentencia en su mayoría, estimara que la declaración del médico “pudo” deberse a una confusión (F. 57), señalando así que es una mera posibilidad y que por tanto también existe la alternativa de que no se haya producido confusión alguna.- Lo relacionado determina que en el caso bajo examen no exista plena prueba de cómo se llevo a cabo la intervención corporal, que el Estado por conducto del Ministerio Público no pudo acreditar que las facultades excepcionalísimas que le da la ley para la limitación de derechos constitucionales fueron ejercidas por los motivos y de la forma prevista por la normativa procesal, y ante ese vacío de certeza, ante esa falta de convicción reflejada por la Mayoría del Tribunal en su valoración, claramente plasmada en el Voto Disidente y compartida por esta Sala, sólo se puede concluir que existe riesgo de que el acto de intervención corporal haya dañado la dignidad humana de la acusada y además en el procedimiento se haya obviado aspectos del protocolo que exige la ley.- VI.- Los puntos enumerados son fundamento para que esta Sala estime que es de recibo la denuncia formulada por la Censora y que la intervención corporal hecha a la acusada S. Y. F. C. en fecha miércoles 22 de abril de 2009 es de carácter ilícito por ser contraria a las normas constitucionales y no ajustarse a las excepciones autorizadas por la ley procesal, pero además en cumplimiento del artículo 200 del Código Procesal Penal, es deber declarar que dicha ilicitud contamina los medios probatorios que le derivan consistentes en Acta de Registro de Partes Intimas (F. 06), Acta de Decomiso de lo sustraído en la Intervención Corporal (F. 50) y Dictamen Toxicológico (F. 49) realizado a lo extraído en la intervención corporal y por tanto deben de ser declarados igualmente ilícitos, todos ellos carentes de valor probatorio. Esta ilicitud afecta la declaración de hechos probados por apoyarse en la valoración de medios de prueba ilícitos, la ineficacia que afecta a aquellos medios de prueba contamina al relato de los hechos probados, siendo el resultante la invalidez de éste último.- La declaración de ilicitud no afecta los medios de prueba consistentes declaración testifical de los Señores J. M. V. V., P. P. y L. A. G., los que conforme a la valoración hecha por la mayoría de Jueces de Sentencia resultan insuficientes para sostener el pronunciamiento condenatorio, siendo procedente que esta Sala dicte una sentencia absolutoria por no resultar enervado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de nuestro Texto Fundamental, precepto constitucional que también ha sido invocado por la Defensa de la imputada.- VI.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA G. E. R. C., DEFENSORA PRIVADA DE LA ACUSADA S. Y. F. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- Habiendo prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional invocado por la Defensa, cuya resolución tiene efectos absolutorios a favor de la encausada S. Y. F. C.; resulta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre los motivos que por quebrantamiento de forma e infracción de ley formulara la parte recurrente.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada G. E. R. C., en su condición de Apoderada Defensora de la acusada S. Y. F. .- SEGUNDO: Se CASA la sentencia con el efecto ordenado en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en consecuencia se REVOCA la sentencia de fecha dieciséis (16) de Marzo de dos mil diez (2010) y se ABSUELVE de toda responsabilidad penal a la Señora S. Y. F. C., como autora responsable penalmente de un delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Se REVOCA la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la Señora S. Y. F. C., y se ordena su inmediata libertad, sin perjuicio de otras medidas cautelares impuestas por procesos penales pendientes.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud del Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-57-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] HUERTAS MARTIN (Isabel), El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374.
[3] HUERTAS MARTIN, ISABEL, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 199. Pág. 370-371.
[4] FERRERA TURCIOS, DANELIA: en Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teóríco -Práctico, Liticom, Tegucigalpa, Honduras, septiembre del 2004, Pag 342
[5] ROXIN (Claus), Derecho Procesal Penal, Traducción de la 25a Edición alemana de Gabriel Córdoba y Daniel Pastor. Editores del Puerto S,R.L., Buenos Aíres-Argentina, 2000. Pág. 250-251.