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Sentencia CP-47-13 — Registro 3206

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de homicidio. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS O. M. R. y S. Y. A. C., DEFENSORES PRIVADOS DEL ACUSADO J. I. M., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, DENUNCIANDO LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 89 DEL TEXTO FUNDAMENTAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-.- I.__ El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- II.__ Los Censores consideran que el Tribunal de instancia ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República al dictar una sentencia condenatoria en contra de su representado, con menosprecio de la evidencia y sin explicar racionalmente cuales son los motivos para adoptar esa determinación.- Los recurrentes cuestionan la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de sentencia arguyendo lo siguiente:1).- Los Juzgadores fabricaron la declaración del testigo A-2, ya que éste no expresó que “C.”, haya agredido a “M.” con disparos de arma de fuego y machete, como erróneamente concluyó el Tribunal; 2).- Las declaraciones rendidas por los testigos A-1, A-2 y A-4 fueron valoradas en apenas siete líneas; 3).- El Tribunal concedió credibilidad al testigo A-2 no obstante que a lo largo del proceso ofreció varias versiones contradictorias; 4).- Los Juzgadores no tomaron en cuenta que al momento de que ocurrieron los hechos el deponente sufría de un hemotórax, por tanto no era posible que en tales circunstancias haya podido fijar en su memoria las características de 26 personas como participantes en los hechos objeto de juzgamiento, las que identificó en el reconocimiento fotográfico; 5) El Tribunal de Instancia concedió credibilidad al testigo protegido A-1, no obstante que existen contradicciones entre lo declarado por este respecto a los demás testigos en el debate, y entre la versión que ofreciera en ese mismo acto y en sede administrativa 6).- No se valoraron de manera armónica las declaraciones testificales rendidas por los agentes de investigación J. E. Á. y O. Y. L., quienes entrevistaron al testigo Protegido A-4, explicándoles a éstos que la única participación que tuvo el acusado J. I. M. fue abrir los tanques de combustible con un machete; 7).- El Tribunal de manera indebida ha fragmentado la declaración que rindiera el testigo protegido A-4, dándole credibilidad solamente en aquella parte que perjudica al acusado J. I. M., sin valorar que también incriminó al coimputado C. M. expresando que éste causó heridas con machete a la víctima C. M. O., de tal modo que si se absolvió al segundo encausado, debió igualmente exonerarse de responsabilidad criminal al primero.- Como conclusión los Censores señalan que el Tribunal de Sentencia violentó la regla de razón suficiente al no externar el razonamiento o camino lógico deductivo seguido para arribar a un veredicto condenatorio en contra del procesado J. I. M. L..- III.__ Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual: PRIMERO: Absolvió a los señores C. A. M. y J. I. M. L. como autores del supuesto delito de ASESINATO, en perjuicio de los señores V. O. F., B. O. C., C. M. S. C., D. A. S. C., P. G. S., S. R. G. O., J. D. P. M., V. S. R., J. C. M. Y M. Á. F.Z G.; del supuesto delito de HOMICIDO en perjuicio del señor A. G. y del supuesto delito de INCENDIO y ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor H. V. O. C.; SEGUNDO: Condenó al señor J. I. M. L., como autor del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor C. M. S. C. a la pena de VEINTE (20) años de reclusión, TERCERO: Condenó al señor J. I. M. L. a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal y la pena accesoria de RESPONSABILIDAD CIVIL, por la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito por el que ha sido condenado, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados O. M. R. y S. Y. A. C., actuando en su condición de Apoderados Defensores del imputado J. I. M.. SON PARTES: Los Abogados O. M. R. y S. Y. A. C., Apoderados Defensores Privados del acusado J. I. M., en su condición de recurrentes y la Abogada K. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público en su condición de parte recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO.- El día domingo tres de agosto del año dos mil ocho, varios miembros de la Familia O. y sus trabajadores se encontraban en el Rancho H., propiedad del señor H V O. C., ubicado en la Aldea Nueva Marañones, frente a la carretera principal que conduce a la ciudad de Trujillo, Colón; y como a eso de las cinco de la mañana, llegó a dicho lugar un grupo numeroso de personas, al principio se reunieron unas cien y luego se fue incrementando a un número aproximado de trescientas personas fuertemente armadas, con armas largas, armas cortas y machetes, todos ellos pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguan, de la Colonia Guadalupe Carney de la ciudad de Trujillo, Colón, quienes dirigidos por el señor J. I. M. L., conocido como “C.”, primero se reunieron en las afueras del Rancho H, luego ingresaron y rodearon toda la propiedad, procediendo a instalar la Bandera Nacional e inmediatamente se posesionaron estratégicamente en los diferentes puntos cardinales del inmueble, haciendo uso de sus armas de fuego tipo fusil, escopetas, pistolas y revólveres disparaban al aire y en dirección a la vivienda y demás instalaciones pertenecientes al Rancho H., obligando de esa manera a los parientes de H. V. O. C. a refugiarse y protegerse juntamente con sus trabajadores en el interior de la vivienda, logrando de esa forma el grupo campesino evitar que los O. y sus trabajadores tuviesen la oportunidad de repeler el violento ataque perpetrado contra ellos, estando en el interior de la vivienda su papá V. O. F., su hermano B. O. C., sus sobrinos C. M. S. C. y D. A. S. C., don P. G. S. con su hijo S. R. G. O., los trabajadores J. D. P. M., V. S. R., J. C. M., M. Á. F. G. y el Testigo Protegido A-2, una vez que el grupo campesino tuvo el control absoluto sobre los mismos, continuaron realizando disparos desde diferentes ángulos manteniendo la secuencia de disparos en dirección a la vivienda e instalaciones anexas, los cuales impactaban en las paredes internas y externas de la misma. SEGUNDO.- Ante la agresión violenta perpetrada por el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney, quienes disparaban sus armas de fuego y los proyectiles impactaban en las paredes internas y externas de a vivienda e instalaciones anexas; el señor C. M. S. C., miembro de la Familia O., pidiendo auxilio para salvar su vida, la de su familia y de los trabajadores que estaban refugiados en el interior de la vivienda, haciendo uso de su teléfono celular llamó a la Policía Nacional y al señor H. V. O. C., propietario del Rancho H., informándoles lo que estaba sucediendo en ese momento y que se hiciera algo para detener la agresión del grupo campesino; es así que el señor H. V. O. Canales solicitó vía telefónica en reiteradas ocasiones, la inmediata intervención de las autoridades fiscales, policiales y militares para evitar que se produjera un hecho sangriento en contra de su familia y trabajadores, por parte del grupo campesino que estaba atacando en ese momento, sin embargo esta intervención no se hizo efectiva en el momento oportuno, porque los elementos policiales que estaban en la zona eran insuficientes para detener la agresión armada del grupo campesino. TERCERO.- Ese mismo día como a las dos de la tarde, mientras el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney disparaba continuamente en dirección a la vivienda y demás instalaciones anexas del Rancho H., los miembros de la Familia O. y trabajadores se refugiaban en el interior de la vivienda para salvar sus vidas, por lo que el señor C. M. S. C. en un momento de desesperación decidió salir del interior de la vivienda en compañía del testigo protegido A2, para dirigirse al establo donde estaba el ganado y en el trayecto del camino fueron heridos por proyectiles disparados por arma de fuego y cayeron al suelo, en ese preciso momento llegó hasta donde estaban ellos, el señor J. I. M. L., conocido como C., acompañado de otras personas del grupo campesino, quien vestía camiseta de centro color negro, camisa moteada del ejército, botas y un gorro y dirigiéndose a C. M. S. C. le dijo hoy sí profesor, seguidamente le disparó con un arma de fuego que portaba y le propinó varias heridas con un arma blanca tipo machete, produciéndole la muerte de manera instantánea quien resultó con tres heridas por proyectil de arma de fuego, ubicadas a nivel de hemicara derecha, región posterior de brazo derecho de altura de hombro y glúteo izquierdo; y seis heridas con arma blanca contuso cortante de bordes regulares, paredes lisas y fondo uniforme, ubicadas a nivel del muslo izquierdo, región posterior del muslo izquierdo, ante brazo derecho y mano derecha; luego las demás personas del grupo campesino de lo Colonia Guadalupe Carney procedieron a darle muerte con disparos de arma de fuego y heridas de machete a todos los miembros de la Familia O. y a sus trabajadores que respondían a los nombres de: V. O. F., C. M. S. C., D. A. S. C., P. G. S., S. R. G. O., J. D. P. M., V. S. R., J. C. M., M. Á. F. G. y B. O. C.; que se encontraban en el interior de la vivienda, muriendo en ese percance de un disparo de arma de fuego el señor A. G., quien pertenecía al referido grupo campesino; posteriormente sacaron gasolina de dos vehículos que estaban estacionados en la propiedad y los incendiaron completamente y luego rociaron gasolina contra la pared y el techo de la vivienda y demás instalaciones anexas y le prendieron fuego, logrando escapar del lugar el testigo protegido A2, quien estaba en el corredor de la vivienda gravemente herido y fue auxiliado por una persona de identidad desconocida, llevándolo hasta donde se encontraban los agentes de la policía, quienes lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Salvador Paredes de la ciudad de Trujillo, Colón. CUARTO.- Ese mismo día en horas de la tarde y después darle muerte a los señores V. O. F., C. M. S. C., D. A. S. C., P. G. S., S. R. G. O., J. D. P. M., V. S. R., J. C. M., M. A. F. G. y B. O. C.; y de herir gravemente al Testigo Protegido A2, el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney, estando fuertemente armados con fusiles, escopetas, pistolas, revólveres y machetes, en el interior y en los alrededores de la propiedad del señor H. V. O. C., en actitud violenta y cerrojeando sus armas contra los elementos policiales, fiscales y los bomberos decían la frase “francotiradores listos’, no permitiendo que éstos ingresaran a la vivienda incendiada para el aseguramiento de la escena del crimen, donde se encontraban los cuerpos sin vida de los O. y sus trabajadores, manteniendo en todo momento el control absoluto de la escena del crímen, fue hasta las siete de la noche del mismo día que le permitieron a la autoridad competente para que únicamente procediera al respectivo levantamiento de algunos de los cadáveres; es así que hasta el día siguiente fueron a realizar el levantamiento cadavérico de otros cuerpos, recolectando en la escena la evidencia siguiente: a) Una caja de metal quemada con ciento setenta y siete casquillos percutidos de calibre desconocido, un casquillo sin percutir calibre desconocido y ciento setenta balas disparadas de calibre desconocido.- b) Un recipiente de plástico (tambo) color blanco, vacío, no presenta ningún tipo de leyenda y adjunto recipiente plástico con la leyenda “Aguazul”, conteniendo gasolina.- c) Cien casquillos percutidos de diferentes tipos de arma de fuego, veintinueve balas enteras y fragmentos disparadas por diferentes armas de fuego, cuatro cargadores de arma de fuego, cuarenta y nueve cartuchos plásticos disparados por escopeta y ocho cartuchos sin percutir de diferentes armas de fuego.”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- Los recurrentes, Abogados O. M. R. y S. Y. A. C., formalizaron su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Haber incurrido el Tribunal sentenciador en infracción de precepto constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Explicación del motivo: El tribunal sentenciador viola flagrantemente el principio de estado de inocencia de nuestro representado J. I. M., consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, ya que decidió un fallo de condena en menosprecio de la evidencia probatoria que desfiló en la audiencia de juicio y sin explicar racionalmente cuáles son fueron los motivos que lo llevaron a ésa determinación. Es decir que las inferencias o conclusiones a las que arriba el Tribunal de Sentencia de Trujillo, carecen de racionalidad y violentan las reglas de la sana crítica, hasta el punto de convertirse en arbitrarias, por no derivarse en modo alguno de la prueba que fue vertida en juicio. PRIMERO: Declaración de hechos probados sin evidencia de respaldo. Es tan grave la arbitrariedad de las conclusiones del Tribunal que en la declaración de hechos probados, ordinal tercero, subraya siete líneas en las cuales está contenida una declaración falsa, cuando establece que nuestro representado “…dirigiéndose C. M. S. C. le dijo hoy sí profesor, seguidamente le disparó con una arma de fuego que portaba y le propinó varias heridas con una arma blanca tipo machete, produciéndole la muerte de manera instantánea..:”. Al indagar el acta de juicio y verificar los testimonios que fueron rendidos, ninguno de ellos hace referencia a que mi defendido haya usado un machete para atacar al Señor M. S. C. Más grave aún, es el hecho de que el tribunal al transcribir la declaración del testigo A-2, en el apartado de valoración de la prueba, fabrica el testimonio de dicho testigo y le incorpora el falso dato mediante el cual se afirma que C.… acercándose a M. le dijo hoy sí profesor le disparó y le pegó un machetazo produciéndole la muerte,...”. Este relato jamás lo hizo el testigo A-2 (que es el único testigo directo de los hechos) y la evidencia de ello es el audio de la audiencia de juicio y el acta que al efecto se levantó para registrar lo acontecido durante el contradictorio de enjuiciamiento. Con su actuación el tribunal no sólo atropella la dignidad de nuestro representado sino que además infringe elementales normas éticas que naturalmente rigen y le legitiman la autoridad de la función jurisdiccional y llega a lindar en la responsabilidad penal. SEGUNDO: Por otra parte el tribunal declara unos hechos probados en los que básicamente presenta a J. I. M. como responsable de haberle quitado la vida a C. M. S. C., infiriéndole varias heridas de bala y heridas con arma blanca tipo machete. A esa conclusión arriba el tribunal, según las aserciones contenidas en la sentencia, tras haberles otorgado pleno valor probatorio a las declaraciones rendidas por los testigos identificados con claves A-1 A.2 y A-4, cuyos testimonios los valoró en conjunto, en apenas siete líneas, limitándose a expresar que la credibilidad objetiva de tales testimonios “está basada en la congruencia sobre la dinámica de los hechos sometidos a enjuiciamiento en donde se aprecian las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se ejecutaron los mismos y en el que resultaron muertos en circunstancias violentas los miembros de la familia S. y sus trabajadores…”. En este caso, el Tribunal sentenciador faltó a su deber de valorar la prueba testimonial en referencia, empleando las reglas de la sana crítica, especialmente las referidas a la lógica, exponiendo una razón suficiente que nos explicara el por qué, testimonios tan inconsistentes, le merecieron el valor que le otorgó, especialmente si tomamos en cuenta las inconsistencias que fueron objeto de intenso contradictorio en el juicio, tal se explican enseguida: • Con relación al testigo A-2 Luego de hacer un relato general sobre lo acontecido el día de los hechos este testigo, que en suma era el testigo clave de la acusación, a preguntas orientadas por el Ministerio Público terminó diciendo que “C.” (J. I. M.) le disparó a M. y también le prendió fuego a los carros. Antes sólo había declarado, en dos ocasiones, a los Agentes J. E. Á. y Ó. Y. L., que lo que hizo C. fue usar un machete para destapar los tanques de combustible de los vehículos y prenderle fuego. También identifica a C. A. M. (el otro acusado) atribuyéndole a éste la acción de haber macheteado a M. (Note la honorable Sala de lo Penal que es a C. M. que el testigo le atribuye responsabilidad de haber macheteado a M. y no a mi defendido). Inconsistencias de este testigo con base en la prueba vertida y confrontada en juicio. En audiencia de juicio quedó demostrado que el testigo A-2 ofreció varias versiones sobre los responsables de los hechos. a. Primero está el acta de reconocimiento en la cual identifica a C. (J. I. M.) como la persona que durante la sucesión de hechos quitó el tapón del tanque de gasolina de los vehículos para prenderle fuego. (única acción que le atribuye en los hechos, en esta primera declaración que ofrece a los Agentes de la DNIC). b. A folio 118 del expediente obra el acta de reconocimiento que hizo el testigo A-2 en la que incrimina a C. A. R. como la persona que le disparó a M. O. En juicio dijo que fue C.. c. A folio 121 está el acta en la cual el testigo A-2 identifica a Á. D. S. O., como la persona que macheteó a M. En juicio dijo que había sido C. M. d. En el dictamen psicológico que fue evacuado como medio de prueba pericial, consta la historia sobre los hechos que el testigo le relató al Psicólogo Ó. R. A. A., manifestando que a él (al testigo A-2) le disparó C. el testigo A-2 le manifestó que quien le disparó a él, fue C. y que a su hermano M. le disparó alguien trigueño, de estatura mediana, pelo liso y corto, medio fornido y que vestía pantalón azul. En juicio dijo no identificó quién fue el que le disparó a él y dijo que a su hermano le disparó C.. e. Entre las actas de reconocimiento (26 en total) que fueron evacuadas como medios de prueba, se incluye una en la que el testigo A-2 identifica a C. A. M. (el otro acusado), pero sólo como alguien que estaba en el grupo, sin atribuirle una acción determinada. En el juicio dijo que C. M. fue el que macheteó a M.. Cabe señalar que dichas actas y otras más que sumaron veintiséis en total, fueron evacuadas como medios de prueba documental, f. De suma relevancia es el dictamen forense sobre la evaluación de las lesiones que sufrió el testigo A-2, practicado por la Doctora D. L. M. (folio 565) del cual se destaca que producto de la herida de bala que sufrió, experimentó un hemotórax, condición que en razón de la evacuación de otro dictamen de autopsia ratificado por la Doctora D. F., se explicó en la sala que provoca un choque hipovolémico, es decir que la cavidad del tórax se llena de sangre y el paciente está en la situación de tener respirar oxígeno o respirar sangre, alterando gravemente su proceso respiratorio, por lo cual el cerebro prioriza en ese momento la supervivencia o la prolongación de la vida, disponiendo a todo el organismo para ese fin y el paciente se desatiende de lo que lo rodea y aunque, según lo manifestó el psicólogo, una persona en esas condiciones puede llegar a fijar o recordar hechos, pero personas, caras o imágenes particularizadas. Esto fue lo que le pasó a este testigo A-2 y sin embargo, estando en esas condiciones fue capaz de fijar en su memoria el rostro de veintiséis personas que supuestamente participaron en los hechos y posteriormente realizar un reconocimiento fotográfico de dichas personas y, lo más asombroso, a cada una de ellas les atribuye una acción determinada. En ese conjunto quedó incluido J. I. M. alias C.. No hay duda que lo anterior atenta contra las máximas de la experiencia, las cuales nos indican que nadie en una situación de sumo estrés producido por una actividad de extrema y multitudinaria violencia de la cual se es víctima y es gravemente herido al punto de sufrir un hemotórax que le impone la prioridad de sobrevivir y no la de estar atento de su alrededor, sería capaz de fijar en su memoria tantos datos específicos como los que proporcionó el testigo en cuestión. Todas estas circunstancias que fueron evidentes en la audiencia de juicio, las ignoró el tribunal de sentencia al no emitir pronunciamiento alguno que nos permita entender cómo es que los sentenciadores pudieron armonizar las disparidades de los relatos que en distintas ocasiones brindó el testigo protegido o, en todo caso, por qué le dio credibilidad a lo que convenientemente declaró el día de juicio sin tomar en cuenta los antecedentes de información desacreditada que había proporcionado sobre los mismos hechos. • Con relación al testigo protegido A-1. Rindió su testimonio estableciendo básicamente que el día de los hechos él venía de Trujillo hacia la Aldea Agua Amarilla y al pasar por el lugar y vio un grupo de unas 110 personas y que al regresar el grupo ya era de unas 280 a 300 personas y que entre ellas reconoció a C. con un fusil AK-47, destacando que de todos al único que conocía era a C.. También dijo que al regreso, ya la casa estaba en llamas y a preguntas del tribunal respondió que eso fue como a las ocho de la mañana, lo cual no es consistente con el testimonio de los demás testigos que coinciden en señalar que los hechos más graves, incluido el incendio de la casa, ocurrieron en horas de la tarde, más o menos a partir de las cuatro. Al ser preguntado por la defensa si antes había rendido declaración ante autoridades investigativas dijo que no, que únicamente en una ocasión en vía pública, conversó con un policía en vía pública y que no tenía papel ni lápiz. Sin embargo en el expediente constaba una declaración y varios reconocimientos fotográficos que hizo ése mismo testigo y en ninguna de esas diligencias ¡investigativas menciona o relaciona a C. Esa contradicción entre la declaración que rindió en sede administrativa y la que vertió en sede judicial quedó evidenciada cuando en base al artículo 311.6, fueron introducidos mediante lectura autorizada la declaración administrativa y los reconocimientos que el testigo había negado haber realizado. La diferencia es que en la declaración administrativa y en los reconocimiento que hace también en sede administrativa, no incrimina a nadie; sólo dice que los que vio reunidos eran de la Guadalupe Carney y que al reconocer algunas caras en la fotografía de la portada de el diario “El Heraldo” del 4 de agosto, reconoce al sujeto chele que viste una camisa moteada (se refiere a C.) por lo general siempre camina una AK-47. Esta declaración en sede administrativa no contiene ninguna relevancia incriminatoria en contra de J. I. M., con relación, específicamente, a los hechos juzgados. Sin embargo, en la declaración rendida en audiencia de juicio, sí incriminó a C., como sí fuera ésa la misión que se le encomendó a la hora de ir a declarar en juicio. ESTE TESTIGO MINTIÓ y así quedó evidenciado en juicio, sin embargo el Tribunal no hace ninguna valoración sobre estas calaras falsedades del testimonio y en su lugar mas bien le otorgó plena credibilidad. • Con relación al testigo A-4. Esta testigo no ofreció ninguna información pertinente que permitiera establecer la participación de J. I. M. en el homicidio por el cual fue declarado culpable y más se centro a relatar hechos del pasado que no eran objeto de juicio. TERCERO: Pero además el Tribunal debió valorar efectivamente en conjunto y de un modo armónico el resto de la prueba, especialmente la testimonial, ya que dicha prueba pone de manifiesto que nuestro defendido no es responsable del homicidio que el tribunal le endilga, a través de su fallo condenatorio. Para el caso veamos la prueba testimonial siguiente. J. E. Á.: Agente de la DNIC de Tegucigalpa que se desplazó hasta Colón junto a otro compañero investigador y tres técnicos especialistas en la escena del crimen. Dijo tener quince años de ser agente de investigación y que labora en el Departamento de Delitos Contra la Vida. Luego de explicar cuál fue el procedimiento investigativo que agotó, al ser preguntado por la defensa sobre cuál fue la participación que tuvo el Señor J. I. M. en la muerte de las diez personas, respondió categóricamente. NO SÉ. En seguida la defensa preguntó de nuevo: ¿Hay evidencia física que vincule a J. I. M. con los hechos? y el Testigo respondió QUE NO. El Agente de Investigación J. E. Á.: A preguntas de la Fiscalía manifestó que el testigo protegido (que es identificado como A-2) había manifestado que “las personas que habían asesinado a su familia eran todas de la G. C.... le mostramos el periódico y nos dijo que conocía a la mayor cantidad de ellos”. En seguida la Fiscalía preguntó: ¿identificó a alguien? Y al responder, el agente expresó que el testigo entrevistado le manifestó que la persona que portaba camisa de moteado fue la que abrió los tanques de combustible y les prendió fuego.” Cabe señalar que quien aparecía con camisa de moteado en la portada de un diario de circulación nacional que fue introducida al debate como medio de prueba y que fue la que el Agente Á. le mostró a su entrevistado (testigo A-2) era J. I. M. y la participación que le atribuyó el testigo protegido en esa ocasión, fue la de abrir los tanques de combustible. O. Y. L. (Agente de Investigación) Ratifica el hecho de que el testigo A-2 identifica a J. I. M. como la persona que usando un arma blanca (machete) abrió los tanques de combustible y le prendió fuego a los vehículos. A preguntas de la defensa sobre qué tipo de arma usó J. I. M. para, ratifica que el testigo protegido A-2 declaró que I. M. con un arma blanca abre el protector del tanque y le prende fuego. (Folio 1118 vuelto). CUARTO: Por otra parte, para esta representación técnica resulta inexplicable cómo el Tribunal de Sentencia de Trujillo decidió fragmentar el testimonio del testigo protegido A-4, darle credibilidad sólo a la parte que señala a J. I. M., de quien dijo identificarlo por el alias de C., afirmando el testigo que (C.) “…le disparó a M., sacó el combustible de los carros y nos decía que nos iba a quemar a todos dentro de la casa...”. Mas adelante en su relato y a preguntas de la Fiscalía dijo que en la sala identificaba a C. como la persona que estaba de camisa amarilla con rayas. En seguida la Fiscalía interrogó al testigo acerca de en el lugar (sala de juicio) había otra persona que estuvo el día de los hechos, el testigo contesto: “el de la camisa roja” (se estaba refiriendo al otro acusado C. M.) y cuando se le preguntó acerca de lo que hizo el de camisa roja, manifestó que “macheteó a M. cuando estaba en el suelo.” Evidentemente este testimonio llevaba la intención de incriminar a los dos que estaban llamados a juicio y así lo hizo (pese a las inconsistencias que sistemáticamente mostró cuando cada vez que, en ocasiones anteriores, tuvo que describir los hechos). No obstante el Tribunal de Sentencia decidió condenar a nuestro representado cuando debió absolver a los acusados o, para ser coherente, debió condenar a los. Así las cosas el Tribunal violentó la regla de “razón suficiente”, al no externar el razonamiento o camino lógico deductivo que lo condujo a concluir que debía darle crédito al testimonio del testigo, sólo con relación a la incriminación que hizo de J. I. M. y despreciar, por no merecerle crédito, la parte del testimonio que incriminó al otro acusado. Lo más grave, es que el Tribunal, en un aparente afán de condenar a nuestro representado, acomodó el testimonio en la sentencia de un modo tal que las acciones, la de disparar y machetear, se las atribuyó a C..”- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS O. M. R. y S. Y. A. C., DEFENSORES PRIVADOS DEL ACUSADO J. I. M., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, DENUNCIANDO LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 89 DEL TEXTO FUNDAMENTAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-.- I.__ El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- II.__ Los Censores consideran que el Tribunal de instancia ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República al dictar una sentencia condenatoria en contra de su representado, con menosprecio de la evidencia y sin explicar racionalmente cuales son los motivos para adoptar esa determinación.- Los recurrentes cuestionan la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de sentencia arguyendo lo siguiente:1).- Los Juzgadores fabricaron la declaración del testigo A-2, ya que éste no expresó que “C.”, haya agredido a “M.” con disparos de arma de fuego y machete, como erróneamente concluyó el Tribunal; 2).- Las declaraciones rendidas por los testigos A-1, A-2 y A-4 fueron valoradas en apenas siete líneas; 3).- El Tribunal concedió credibilidad al testigo A-2 no obstante que a lo largo del proceso ofreció varias versiones contradictorias; 4).- Los Juzgadores no tomaron en cuenta que al momento de que ocurrieron los hechos el deponente sufría de un hemotórax, por tanto no era posible que en tales circunstancias haya podido fijar en su memoria las características de 26 personas como participantes en los hechos objeto de juzgamiento, las que identificó en el reconocimiento fotográfico; 5) El Tribunal de Instancia concedió credibilidad al testigo protegido A-1, no obstante que existen contradicciones entre lo declarado por este respecto a los demás testigos en el debate, y entre la versión que ofreciera en ese mismo acto y en sede administrativa 6).- No se valoraron de manera armónica las declaraciones testificales rendidas por los agentes de investigación J. E. Á. y O. Y. L., quienes entrevistaron al testigo Protegido A-4, explicándoles a éstos que la única participación que tuvo el acusado J. I. M. fue abrir los tanques de combustible con un machete; 7).- El Tribunal de manera indebida ha fragmentado la declaración que rindiera el testigo protegido A-4, dándole credibilidad solamente en aquella parte que perjudica al acusado J. I. M., sin valorar que también incriminó al coimputado C. M. expresando que éste causó heridas con machete a la víctima C. M. O., de tal modo que si se absolvió al segundo encausado, debió igualmente exonerarse de responsabilidad criminal al primero.- Como conclusión los Censores señalan que el Tribunal de Sentencia violentó la regla de razón suficiente al no externar el razonamiento o camino lógico deductivo seguido para arribar a un veredicto condenatorio en contra del procesado J. I. M. L..- III.__ Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre de 2005 recaído en el Expediente No. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real en torno a la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, recaído en el Expediente No. 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); consagrado en el artículo 89 de la Constitución, es ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), definido en materia penal como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo señalando la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo de 2011, en el Exp. No. 304-2010).- IV.Es un hecho no controvertido que el domingo tres de agosto de dos mil ocho, en la Aldea Nueva Marañones, comprendida dentro del término municipal de Trujillo, Departamento de Colón, se produjo la muerte violenta de once personas, esto es, de los señores: 1)S. R. G. O. (cuerpo sin vida encontrado en la orilla de la calle, en las afueras de la vivienda de la familia O. conforme a los folios 925 al 928), 2)J. D. P. M., (cuerpo encontrado en la entrada del establo conforme a los folios 929 al 931), 3)M. Á. F. G. (cuerpo encontrado a 200 metros de la casa de la Familia O. según folios 932 al 934), 4)B. O. C. (cuerpo encontrado en el sector del portón principal de la vivienda, folios 936 y 937), 5)C. M. S. C. (cuerpo encontrado al costado izquierdo de la vivienda, folios 938 al 940), 6)D. A. S. C. (cuerpo encontrado en la puerta lateral izquierda de la vivienda, F. 941 al 943), 7) V. S. R. (Cuerpo encontrado en el Establo, folios 944 al 946), 8)P. G. S. (cuerpo encontrado próximo a la puerta trasera de la vivienda, folios 947 al 949), 9)V. O. F. (cuerpo encontrado en el interior de la vivienda, folios 953 al 955) 10)J. C. M. (cuerpo encontrado en el interior de la vivienda, folios 950 al 952) y 11) A. G. (folio No. 334); 2); el atentado en contra de la vida del Testigo protegido A-2 (Dictamen Médico Forense 1663-08, folios 784 al 790); así como también daños a la propiedad, causados mediante disparos de arma de fuego e incendio, siendo objeto de los mismos un kiosko, una vivienda pequeña, una vivienda de mayor tamaño y dos vehículos (Acta de Inspección Ocular y Requisa No. 458-08 de folio 91 e informe de incendio de folios 265 al 267).- V.__A partir de esos hechos el objeto del presente motivo de casación es determinar si al proferirse un veredicto condenatorio en contra del imputado J. I. M. L., se ha vulnerado o no el principio-derecho a la presunción de inocencia en su perjuicio: 1) Como antes lo apuntamos, los Censores consideran que el Tribunal de instancia fabricó la declaración rendida en juicio por el testigo A-2 ya que el revisar las grabaciones del debate y el acta escrita contentiva del mismo, se constata que no es cierto que haya afirmado que “C.” se haya aproximado a la víctima C. M. S. C. exclamando “hoy si profesor” y luego le haya disparado y propinado varias heridas con un arma tipo machete causándole la muerte. El Testigo Protegido A-2, testigo presencial y víctima de los hechos, expone que a las dos de la tarde salió con C. M. S. a ordeñar las vacas al corral y al ir de regreso hacia la casa los hirieron con arma de fuego, señala que C. S. le aconsejó que se quedara en el suelo, donde estuvo alrededor de media hora, que varias personas se le acercaron, una de ellas hirió con machete al Señor C. S. y que el acusado J. I. M., quien andaba vestido de camisa moteada del ejército, camisa negra, botas y gorro, disparó contra el Señor C. S. provocándole la muerte, asimismo indica que dicho acusado extrajo combustible de los vehículos que estaban en el lugar, expresando que quemarían a todos los que se encontraban en la casa (vid. Folio No. 1125 del Tomo IV). Por otro lado, al indicarle si reconocía al otro encartado presente en la Sala como autor de los hechos objeto de juzgamiento, expresó que el procesado con camisa roja (refiriéndose el coimputado C. E. M.) había herido con machete a su hermano M. cuando estaba en el suelo (vid. Folio No. 1125). De este modo podemos afirmar que el núcleo esencial de la acción de matar o quitarle la vida al señor C. M. S., consistente en dispararle y causar con ello su muerte, si resulta atribuida por el testigo A2 al encausado J. I. M. L., de tal manera que esa discrepancia parcial entre lo afirmado por el testigo A2 y la valoración de su testimonio realizada por el Tribunal (vid. Folios No. 1255 frente y vuelto), por sí sola no constituye un motivo para dejar patente o manifiesta la inocencia del imputado J. I. M. L. y con ello entender que ha resultado vulnerado el artículo 89 de la Constitución de la República sin perjuicio de que prosigamos en el análisis de los siguientes agravios en orden a determinar si se ha producido o no la violación del precepto constitucional invocado; 2) Los recurrentes han denunciado la pobre motivación intelectiva de las declaraciones rendidas por los Testigos Protegidos A-1, A-2 y A-4, señalando que se limitan a valorar sus testimonios en apenas siete líneas. Esta Sala considera pertinente señalar que el apartado reservado en una sentencia para la fundamentación intelectiva de las pruebas puede ser muy extensa y sin embargo presentar una motivación insuficiente, y a la inversa, puede ser sucinta pero si capaz de explicar suficiente y acertadamente, cuales son las razones para conceder crédito o no a un determinado elemento probatorio. En el agravio concreto que ahora nos ocupa, Los Censores no indican cuales son los motivos en que se basan para estimar que la valoración probatoria concedida por el Juzgador a los testimonios referidos ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia en perjuicio del imputado J. I. M. L., de ahí que tal reclamo en los términos antes expuestos resulta inadmisible; 3) Los recurrentes censuran que el Tribunal de instancia haya concedido credibilidad al testigo A-2 no obstante que a lo largo del proceso ofreció varias versiones contradictorias, ya que en la audiencia de debate afirmó que reconocía a “C.” como un individuo que tuvo participación activa en la muerte del occiso C. M. S. al haberle disparado con un arma de fuego mientras que en las declaraciones rendidas con anterioridad no lo había mencionado como una de las personas que participó en los mismos. Apoya su alegato en que: a) en el acta de reconocimiento fotográfico de J. I. M. solamente le atribuye a éste haber quitado el tapón de gasolina de los vehículos para prenderles fuego, b) En el reconocimiento fotográfico que hizo a C. A. R. (Folio 118), expresa que éste fue quien disparó a la víctima C. M. S., c) en el acta de reconocimiento fotográfico que identifica a A. D. O. (Folio No. 121), expresa que éste fue el individuo que causó heridas de machete al occiso C. M. O., d) En el dictamen psicológico que le practicara el perito O. R. A. A., el testigo protegido A2 atribuye a J. I. M. haberle disparado y que a su hermano C. M. O. le disparó un sujeto trigueño, de estatura mediana, pelo liso y corto, e) en el reconocimiento fotográfico que hizo al imputado C. A. M., expresa que este integraba la muchedumbre presente al momento en que se perpetraron los hechos, pero no le atribuye ninguna acción específica que tenga relación con la muerte del señor C. M. O.. Esta Sala comparte la posición doctrinal en cuanto a que la exhibición de fotografías por parte de las autoridades policiales, no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación; es decir, una técnica policial apta para que en caso de reconocimiento positivo, se abra una línea de investigación. No obstante puede adquirir carácter probatorio, bien sea como prueba anticipada, bien introduciéndose en el juicio oral a través de otros medios de prueba. a) Prueba anticipada. Con carácter general, es posible anticipar la prueba si se da alguna de las circunstancias exigidas por el artículo 277 del Código Procesal Penal: pruebas expuestas a posible contaminación, deterioro, no reproducibles o incompatibles con la contradicción del debate. El artículo 256 del Código Procesal Penal admite la posibilidad de que el reconocimiento pueda tener carácter de prueba anticipada siempre que se cumplan las garantías de inmediación judicial y contradicción, es decir, que la prueba sea intervenida por la autoridad judicial (Juez de Letras) y se dé oportunidad de participar en ella al Ministerio Público y al Defensor del imputado. Si concurren los presupuestos y garantías de la prueba anticipada, el reconocimiento fotográfico[3] podría ser incorporado al debate mediante lectura del acta en que conste (arts. 256 y 311.4 del Código Procesal Penal); b) Ratificación en el juicio oral: si la identificación fotográfica no se practicó como prueba anticipada, puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo recognoscente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración[4]. Una lectura detenida del acta de debate revela que se evacuó el testimonio del agente policial J. E. A., quien hace relación de las investigaciones realizadas en el caso bajo examen, entre ellas algunos de los reconocimientos fotográficos efectuados de manera preliminar en orden a identificar los presuntos responsables de los hechos delictivos objeto de juzgamiento (vid. Folios No. 1115 vuelto a 1117 frente y vuelto); igualmente la declaración de los Agentes de Policía O. Y. L. y A. D., que también fueron interrogados en torno a sus labores de investigación y puntualmente sobre algunos de los reconocimientos fotográficos efectuados en la etapa preliminar del proceso (vid. Folios No. 1117 vuelto, 1118 y 1119 frente y vuelto; 1119 vuelto, 1120, 1121 y 1122 vuelto). De este modo, por el cauce del testimonio que rindieran en el debate oral y público los agentes de policía antes mencionados, se incorporó al contradictorio los reconocimientos fotográficos efectuados a los señores J. I. M. L. (Folios No. 115 al 118)[5] y C. A. R. C. (Folio No. 119 y 120)[6] de cuyo contenido se infiere que tras las primeras diligencias realizadas luego de que se produjeran los hechos delictivos objeto de juzgamiento, los Agentes de Policía y al mismo tiempo testigos, J. E. A. y O. Y. L., coinciden en afirmar que al ser practicado el reconocimiento fotográfico al imputado J. I. L., el testigo protegido A2 atribuyó a dicho encartado la acción de romper con un machete el tapón de la gasolina de un vehículo y contribuir al incendio de dos vehículos automotores que se encontraban en la escena del crimen. Por otro lado, también se desprende del acta de reconocimiento fotográfico practicado por el Agente de Policía A. R., que al practicarse el reconocimiento fotográfico del señor C. A. R. C., quien no fuera llevado a juicio oral y público, el testigo antes mencionado expresó que éste se encontraba entre la multitud que dio muerte a diez personas e incendiaron la casa del oficial de Policía H. O. Por otro lado se desprende del acta de debate, que la Defensa del procesado J. I. L. solicitó con insistencia que el testigo A2 ratificara haber realizado los reconocimientos fotográficos que obran a folios No. 115, 118, 121, 138 y 172, que corresponden a los señores J. I. M. L., C. A. R. C., A. D. S. O., E. C. M. y C. A. M. a lo que el Tribunal, pese a los reiterados reclamos no accedió, arguyendo que dicha petición era improcedente puesto que no era la persona que debía efectuar tal ratificación en tanto que no había elaborado las actas de mérito (vid. Folio No. 1126). Esta Sala considera que en el caso bajo examen, el principio de contradicción que debe regir la actividad probatoria de cargo[7] ha resultado vulnerado, ya que de los autos se desprende que el Tribunal de instancia, con inobservancia del derecho fundamental a la Defensa que consagra el artículo 82 párrafo primero de nuestro Texto Fundamental y de las reglas que rigen el proceso oral y público en la búsqueda del establecimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos[8], ha impedido que el testigo-víctima protegido A2, como único sobreviviente acreditado de la matanza ocurrida en la Aldea de Nuevo Marañones del término municipal de Trujillo Colón, hiciera referencia a las contradicciones que existen entre el testimonio que rindió en el debate frente a las expresiones que se le atribuyen en las actas de reconocimiento fotográfico y que fueron ratificadas en juicio, particularmente las que conciernen al imputado J. I. M., por los agentes de policía y testigos J. E. A. y O. Y. L., de ahí que si bien es cierto que hasta este momento procesal existen elementos probatorios incriminatorios en contra del procesado antes mencionado, la actividad probatoria de cargo realizada en el debate sobre los extremos apuntados no ha sido regida por el principio de contradicción lo que a la postre ha traído en una relación de causa-efecto que la presunción de inocencia a favor del encartado J. I. M. se mantenga incólume. Por otro lado, el Censor cuestiona que se ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia del procesado en tanto que Los Juzgadores no tomaron en cuenta que al momento de que ocurrieron los hechos el deponente sufría de un hemotórax, y que por lo tanto no era posible que en tales circunstancias haya podido fijar en su memoria las características de 26 personas como participantes en los hechos objeto de juzgamiento, mismas que habría identificado en los reconocimientos fotográficos correspondientes. Esta Sala considera pertinente recordar que en el acervo probatorio que consta evacuado en el debate se incorporaron por el cauce del testimonio rendido por los Agentes de Policía J. E. A. y O. Y. L. y A. D., los reconocimientos fotográficos que en la etapa preparatoria hiciera el testigo A2 a los señores J. I. M. L. y C. A. R. C., y que por otro lado no se sometieron al contradictorio reconocimientos fotográficos que se atribuyen al testigo protegido y víctima A2, particularmente los que conciernen al imputado J. I. M. L., de ahí que sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala de Casación, en lo que incide en la vulneración del principio-derecho fundamental de la presunción de inocencia, de ahí que en lo demás el cauce procesal adecuado para alegarlo es el que prevé el artículo 362 No. 3) párrafo final del Código Procesal Penal, es decir, la inobservancia de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. Los Censores cuestionan que en la narración de hechos contenida en el dictamen psicológico que le practicara el perito O. R. A. A. al testigo-víctima protegido A2, atribuye a J. I. M. haberle disparado y que a su hermano C. M. O. le disparó un sujeto trigueño, de estatura mediana, pelo liso y corto, lo que de haber sido valorado adecuadamente habría puesto de manifiesto una contradicción sustancial entre lo declarado por el deponente en el debate y lo que expresara ante el perito antes mencionado. Esta Sala considera pertinente señalar que al tenor de lo prescrito por el artículo 239 del Código Procesal Penal, se oirá el dictamen de peritos, siempre que alguna parte lo pida y se trate a)sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística, y b)sobre puntos de derecho referentes a una legislación extranjera. En el caso de autos se encargó al psicólogo O. R. A. practicar un estudio para determinar el nivel de inteligencia, rasgos y eventuales alteraciones en la personalidad del testigo-víctima A2, es decir sobre aspectos de hecho que requieren de conocimientos técnicos y científicos especializados (vid. Folios No. 338-339). Posteriormente en la etapa del debate, compareciendo el señor O. R. A. en la condición antes indicada ante el Tribunal de Sentencia, fue sometido al interrogatorio de las partes a fin de aclarar algunos aspectos de carácter técnico y en torno a las conclusiones obtenidas tras la evaluación respectiva, de ahí que siendo unos y otras la materia objeto del contradictorio, el reclamo formulado por la Defensa en los términos antes expuestos no es de recibo, ya que no consta que hubiere interrogado al Perito sobre lo que considera que le habría expuesto el testigo víctima A2 al momento de ser sujeto de un examen psicológico. Finalmente los Censores denuncian a) la contradicción sustancial que existiría entre el testimonio rendido por el testigo A1 en el debate y el contenido de las declaraciones que habría rendido en la etapa preparatoria del proceso, b) la irrelevancia que para el esclarecimiento de los hechos ha tenido la declaración rendida por el testigo A4; c) la ausencia de una valoración armónica de los testimonios rendidos por los agentes de investigación J. E. A. y O. Y. L. y d) la fragmentación que habría realizado el Tribunal de Instancia en torno al testimonio rendido en el debate por el testigo protegido A2. Sobre la valoración incorrecta que el Tribunal habría concedido al testimonio rendido por el testigo A1 existir contradicciones entre lo expuesto por el deponente en el debate frente a lo que habría declarado anteriormente en otra etapa en el proceso, esta Sala considera que tal reclamo ha debido ser encauzado por la vía que concede el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal, esto es por la inobservancia de las reglas de la sana crítica, de ahí que el agravio formulado por los recurrentes en los términos antes expuestos resulta inadmisible. Igual respuesta cabe respecto a la irrelevancia o inutilidad del testimonio rendido por el testigo A4 al esclarecimiento de los hechos y la valoración de los testimonios rendidos por los agentes policiales y testigos J. E. A. y O. Y. L.. Finalmente en cuanto al alegato referente a la fragmentación de la declaración del testigo A2 rendida en juicio en tanto que el Tribunal de Instancia únicamente habría considerado lo que perjudica al imputado J. I. M. L., puesto que el deponente si bien atribuye a dicho encartado la acción de disparar en contra del hoy occiso C. M. S., no le atribuye la de haberle causado heridas con arma blanca tipo machete, acción que sí le atribuyó al coimputado C. A. M., quien al final resultó absuelto por el Tribunal; esta Sala ya ha dado respuesta a este agravio en cuanto a la incidencia que tendría en la observancia del principio-derecho a la presunción de inocencia por lo que nos remitimos a lo que expusimos con anterioridad. Por otro lado es importante resaltar que el cauce adecuado para plantear tal reclamo es el que concede el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal ante la contradicción que habría entre la motivación descriptiva y la intelectiva de tal medio de prueba constitutiva de una contradicción interna de la motivación fáctica[9] a la que alude el precepto legal antes mencionado. De ahí que este último reclamo en los términos antes expuestos resulta inadmisible. A modo de conclusión debemos señalar que habiéndose declarado parcialmente con lugar al estimarse procedente uno de los agravios formulados por la Defensa del encartado J. I. M. L., la solución del caso no transita por la vía de la absolución sino que por la celebración de un nuevo juicio en el que bajo la estricta observancia de los principios de contradicción e igualdad de armas[10] y orientado por la finalidad de establecer la verdad de los hechos y demás circunstancias, se arribe a un veredicto condenatorio o absolutorio[11]. Por otro lado es importante señalar que conforme a lo establecido en los artículos 349 y 350 del Código Procesa Penal[12], el debate que habrá de celebrarse solamente tendrá por objeto un nuevo enjuiciamiento del encartado J. I. M. L. para determinar si es responsable o no del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de quien en vida fuera el señor C. M. S., dejando incólume los demás pronunciamientos dictados por el Tribunal de instancia respecto a ese mismo procesado y en lo que concierne al coimputado C. A. M., toda vez que los veredictos absolutorios a favor de uno y otro no fueron impugnados ante este Tribunal de Casación. III.- Continúan manifestando los recurrentes en su: “SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA La sentencia Recurrida adolece de los vicios siguiente 1) La declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados no son claros y terminantes y algunos resultan contradictorios; 2) Se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyó y dejó de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3) Carece de motivaciones fácticas o jurídicas, y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los Artículos Artículo 202, 336, numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338, 362 numerales 1, 2, 3 y 5; del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DE MOTIVO: 1) La declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados no son claros y terminantes y algunos resultan contradictorios: Para el presente análisis enumeraremos cada uno de los hechos que el Tribunal consideró probados de la forma mas resumida posible; en el hecho PRIMERO: El Tribunal establece que el día tres de agosto del año dos mil ocho, como a eso de las cinco de la tarde llegó un grupo numeroso de personas al Rancho del señor H. V. O., todos ellos pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguan, de la Colonia Guadalupe Carney de la Ciudad de Trujillo, Colón, quienes dirigidos por nuestro representado, el señor J. I. M., rodearon toda la propiedad colocando una bandera, en posesión de armas, disparando hacia la propiedad donde se encontraban los occisos. SEGUNDO: Que ante la situación uno de los occisos, el señor C. M. S. llamó a la Policía y al señor H. V. S., quien a su vez solicitó ayuda, TERCERO: Ante tal situación el señor C. M. S., salió de la vivienda en compañía del testigo protegido A2, para dirigirse al establo donde estaba el ganado y en el trayecto del camino fueron heridos por proyectiles disparados por arma de fuego y cayeron al suelo, en ese preciso momento llegó hasta donde estaban ellos, el señor J. I. M. L. conocido como “C., acompañado de otras personas del grupo campesino, quien vestía camiseta de centro color negro, camisa moteada del ejército, botas y un gorro y dirigiéndose a C. M. S. C. le dijo hoy si profesor, seguidamente le disparó con un arma de fuego que portaba y le propinó varias heridas con un arma blanca tipo machete, produciéndole la muerte de manera instantánea, quien resultó con tres heridas por proyectil de arma de fuego, ubicadas a nivel... (ver folios 1124v, 1125, 1125v y 1126, donde podrá observarse que el único supuesto testigo ocular de la muerte del señor C. M. S. jamás declara que nuestro representado le hubiera propinado heridas con arma blanca al occiso; por el contrario, éste hecho se lo atribuyó al otro acusado, contra quien el Tribunal estimó, en la parte resolutiva de su sentencia, que no existía suficiente evidencia para considerarlo responsable de delito alguno —Por tal razón esta defensa considera que existe contradicción entre este hecho probado, la acusación y la evidencia evacuada en el proceso). Continúa manifestando la sentencia en sus hechos probados en el numeral CUARTO: Que luego de ocasionar la muerte de todas las víctimas en el presente caso y de herir gravemente al testigo protegido A2 el grupo campesino de La Colonia Guadalupe Carney tenían el control del lugar estando fuertemente armados y no permitiendo el ingreso de la autoridad... 2) La Sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyó y dejó de considerar alguna prueba de valor decisivo; El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. Dentro de estos vicios relacionados anteriormente se encuentra la valoración de prueba que hace el Tribunal en relación a las declaraciones de los testigos Al, A2, A4, a quienes el Tribunal manifiesta concederles Pleno valor probatorio, por su credibilidad objetiva, basada en la congruencia en la dinámica de los hechos sometidos a enjuiciamiento, en donde se aprecia las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se ejecutaron los mismos y en el que resultó la muerte de las víctimas en este caso. Por otro lado, pese a existir claras contradicciones entre la declaración del testigo protegido A2, con las actas de reconocimiento fotográfico, declaraciones de otros testigos de cargo, como ser agentes de investigación quienes aseguraron que durante las investigaciones y reconocimientos fotográficos el testigo protegido solo manifestó que nuestro representado había abierto el tanque de combustible de los vehículos y les había prendido fuego y en cuando al señor C.S M. solo lo identificaba como una persona que se encontraba en el lugar al momento en que ocurrieron los hechos; (véase la declaración de los testigos de cargo J. E. A.-Folio 1116-, O. Y. L.—Folio 1118 y 1118 vuelto), mismas aseveraciones hechas en el dictamen psicológico forense contradicciones que distan mucho de lo manifestado por este testigo en el juicio cuando le atribuyó a los acusados acciones abismalmente distintas como ser: que el señor J. I. M. le disparó al señor C. M. S. y que el señor C. M., quien fue absuelto lo agarró a machetazos cuando estaba en el suelo (ver folio 1126). Vale la pena mencionar que en todas las actuaciones anteriores el testigo jamás manifestó haber visto a los acusados quitándole la vida al señor C. M. S.. Con ello el Tribunal le restó valor a las otras pruebas que se propusieron para probar la falta de credibilidad que posee el testimonio de éste testigo debido a las obvias manipulaciones a las que ha estado sometido en el proceso, como ser que desde el día siguiente al evento se le mostró la fotografía de mi representado en el lugar de los hechos, tal cual se encontraban otras muchas personas que no participaron en los hechos, como los testigos de cargo propuestos por el MP. Dentro de estas pruebas debo mencionar las 26 actas de reconocimiento fotográfico cuya pretensión probatoria siempre estuvo clara, la cual era probar la forma en la que el joven se vio presionado a reconocer a las personas que en fotografías le presentaron, de personas que todas eran de la Comunidad Guadalupe Carney. Lo que de acuerdo a las máximas de la experiencia nos enseñan que este tipo de testimonios resultan poco confiables especialmente cuando se nos dice que una persona herida en peligro de muerte en situación de estrés pudo reconocer a treinta personas y además atribuirles a cada una de ellas una actividad específica. A ésto hay que agregar que pese a que el Tribunal afirma que a este testigo le concede pleno valor probatorio, desvalora parte de su testimonio cuando a pesar de que afirma que el señor C. M. macheteó al señor C. M. S., decide absolverlo por no existir pruebas suficientes que señalen su culpabilidad. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. Sin embargo, preocupa cuando para fundamentar unos hechos probados, el Tribunal comienza a apreciar hechos que jamás ocurrieron en juicio es decir prueba que jamás fue evacuada extremos que no pueden ser valorados. En la valoración de la prueba el Tribunal de sentencia continúa atribuyéndole actividades a nuestro representado que ninguno de los testigos hubieran manifestado que él haya desarrollado, como por ejemplo cuando el Tribunal asegura que el señor J. I. M., le puso un arma de fuego en el cuello al testigo Protegido A2 y si nos vamos a la declaración que éste brindó en el juicio y que consta en el acta correspondiente, el joven manifiesta que “un señor” jamás dice que el señor J. I. M., realizó la actividad enunciada. 3) Carece de motivaciones fácticas o jurídicas, y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en que consisten las reglas de la Sana Crítica. LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA O SANA CRITICA RACIONAL, COMO LO AFIRMA LA DOCTRINA Y LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOSOS DEL DERECHO, CONSISTEN EN QUE EL JUZGADOR ESTA OBLIGADO A RESPETAR LOS PRINCIPIOS DEL RECTO ENTENDIMIENTO HUMANO, ES DECIR LAS NORMAS DE LA LÓGICA, LA SICOLOGÍA Y LA EXPERIENCIA COMÚN. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal entre otras cosas esta obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, la infracción cometida etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que seria ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. La SICOLOGÍA que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es mas que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Las máximas de la experiencia nos enseñan que las personas inmaduras y en período de desarrollo como manifiesta el psicólogo forense que es el testigo A2 son fácilmente manipulables y su declaración es fácilmente influenciable al punto que puede considerarse una prueba viciada. Por otro lado al valorar el Tribunal las declaraciones de los Testigos de descargo de C. M., reconoce la falta de confiabilidad en el único testigo que dice haber visto a nuestro representado darle muerte al señor C. M. S..- Lo que nos lleva a citar uno de los principios y máximas del Derecho que el que miente en poco miente en todo. Veamos en que consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba. En primer lugar como podréis observar Honorables magistrados el Tribunal sentenciador al proferir el fallo recurrido, violento la Ley de Tercero Excluido, ya que como se expuso anteriormente esta Ley se viola cuando los hechos que el juzgador a declarado como probados, no son congruentes con la prueba aportada o ejecutada en el juicio o debate; tal es el caso que nos ocupa, en la cual el Tribunal recurrido declaro y afirmo en sus hechos probados, que el señor J. I. M. le puso el arma en el cuello al testigo protegido A2 y que también fue la persona que lo macheteó, cuando no existe prueba evacuada al respecto. La Fundamentación Jurídica de la Sentencia Impugnada es a todas luces contradictoria, en el numeral primero El Tribunal establece que considera infructuoso profundizar en la descripción de los delitos de Homicidio y Asesinato, por cuanto en la presente causa ha quedado de manifiesto que no existen pruebas suficientes que señalen a los acusados C. A. M. Y J. I. M. L., como autores de dichos delitos, ya sea en tentativa o consumado; en vista que si bien es cierto se ha declarado probada la muerte violenta de los señores V. O. F., B. O. C., C. M. S. C., D. A. S. C., P. G. S., S. R. G. O., J. D.O P. M., V. S. R., J. C. M., M. A. F. G. Y A. G., no se ha logrado establecer en base a la prueba examinada en el debate la participación responsable de dichos acusados a título de autores o cómplices en los referidos delitos, ni tampoco en el intento fallido de darle muerte al ofendido con identidad protegida A2; y continúa diciendo a excepción del acusado J. I. M. L., quien si tuvo una participación activa a título de autor directo y material en la muerte de C. M. S. C., afirmación y fundamentación que resulta totalmente contradictoria en si misma. 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; Durante todo el proceso se violentó el Principio de Oralidad de las audiencias especialmente en la etapa de la Proposición de Pruebas donde pese a que ambas partes viajábamos desde San Pedro Sula, el Tribunal de Sentencia no dictaba sus resoluciones en estrado, eso dio como resultado que el Tribunal con una sola de las partes resolviera la incorporación de medios de prueba, mediante recurso de Reposición sin escuchar a esta parte defensora; pese a que durante la audiencia ya habíamos expuesto nuestras razones para que dichos medios de prueba especialmente la declaración del testigo protegido A4 cuyo objetivo era únicamente contaminar el ánimo del Tribunal en perjuicio de nuestro representado con narraciones y acusaciones no sometidas al conocimiento de ninguna autoridad pero que influían en el ánimo de los Juzgadores. Por otro lado, durante la audiencia de Juicio no se nos permitió mostrarles las actas al testigo para su reconocimiento.”.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS O. M. R. y S. Y. A. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN CONTRA DEL SEÑOR J. I. M., EN FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON.- Habiendo prosperado parcialmente el recurso que por infracción de precepto constitucional interpusiera la Defensa del imputado J. I. M. L., y derivado de ello la nulidad de la sentencia y del debate en que se pronunció, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre los demás motivos que por quebrantamiento de forma han planteado los Censores. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82 párrafo primero, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349, 350, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por los Abogados O. M. R. y S. Y. A. C., a favor del acusado J. I. M. L..- SEGUNDO: Declarando la nulidad de la sentencia de fecha veinte (20) de julio de dos mil doce y del debate en que se pronunció, mismo que concluyera el veinticinco (25) de junio de dos mil diez, manteniendo incólumes los pronunciamientos de la sentencia impugnada en lo que concierne al coimputado C. A. M., Y MANDA.- I.- Que se celebre un nuevo juicio con Jueces distintos a los que participaron en el debate anulado, mismo que tendrá por objeto decidir en torno a la existencia o no de la responsabilidad criminal que se le atribuye al imputado J. I. M. L. por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de quien en vida fuera el señor C. M. S..- II.- Que con certificación de esta sentencia, la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-47-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”

[3] Resulta importante señalar que de conformidad a lo prescrito por el artículo 253 párrafo penúltimo del Código Procesal Penal, cuando el imputado no pueda estar presente en el acto de reconocimiento, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.

[4] Vid. en este sentido: DE DIEGO DIEZ, LUIS ALFREDO, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales, “Rafael Alvarado Manzano”, LITICOM, Tegucigalpa, agosto de 2001, págs. 45-46. En el Derecho Comparado con referencias a la legislación, jurisprudencia y doctrina española, vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 2101 y ss.

[5] Ratificado por los agentes policiales y testigos J. E. A. (Folio No. 1117 vuelto) y O. Y. L. (Folio No. 1119).

[6] Ratificado por el agente policial y testigo A. D. (Vid. Folio No. 1122 vuelto)

[7] Vid. artículo 4 párrafo primero del Código Procesal Penal, donde se establece “salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en el regirá el principio de contradicción…

[8] Vid. artículo 198 del Código Procesal Penal.

[9] Vid. en este sentido: DERECHO PROCESAL PENAL DE HONDURAS, (Manual Teórico Práctico): AAVV, LOPEZ ZUNIGA, EDUARDO JAIR / FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, LITICOM, Tegucigalpa, 2004, págs. 598-599.

[10] En este sentido el artículo 13 del Código Procesal Penal expresa que “los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.”

[11] Sobre la cuestión relativo de los efectos de la sentencia estimatoria del recurso de casación por infracción del principio-derecho de presunción de inocencia derivado de la vulneración del principio de contradicción en la práctica de las pruebas: vid. BONET NAVARRO, J., en Casación Penal e Infracción de Precepto Constitucional, Editorial Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000, pág. 265 y ss.

[12] El artículo 350 del Código Procesal Penal establece que: “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación”, en tanto que el artículo 349 del mismo texto legal prevé que “cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicables los mismos motivos alegados por éste…” A contrario sensu, no encontrándose en la misma situación del procesado J. I. M. L. que resultara condenado por el Tribunal de instancia, los efectos extensivos del recurso no son aplicables al coimputado C. A. M., quien al contrario de aquel fue absuelto por dicho órgano jurisdiccional.