Sentencia CP-47-11 — Registro 2840
Resumen
Se condenó en primer instancia al imputado por el delito de tentativa de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ARGUYENDO QUE EL JUZGADOR DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo en la emisión de la misma, sino que también durante la sustanciación del proceso penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común denomina vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Ministerio público reprocha la sentencia que ahora impugna por el cauce alegatorio que ofrece el recurso de casación por quebrantamiento de forma, al considerar que la motivación desarrollada por los Juzgadores colisiona con el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que a su vez es una de las reglas de la sana crítica. Explica que los Juzgadores no reprochan el testimonio de la ofendida D. E. A. del C., ni la existencia de una contradicción en sus dichos o con el resto de la prueba, sino que la ausencia en el debate de una persona que le acompañaba en el momento de los hechos, siendo esto incorrecto ya que la credibilidad de una persona no puede depender de la ausencia o la presencia de un tercero. El Censor cuestiona que no se consideró que con la declaración de la ofendida se acredita que fue víctima de una agresión que trajo como resultado la pérdida de un riñón.- III.- Es conveniente tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal de Instancia adquiere la certeza en torno al acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción sobre la existencia del hecho y de la identidad de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participó en el mismo. Entre esos estados existen fases intermedias que van desde la falta de certeza respecto a la existencia del delito o de la participación de la persona acusada derivada de la deficiencia probatoria, hasta la duda que es el estado mental que surge cuando al mismo tiempo se presentan como racionalmente creíbles la existencia e inexistencia del delito y la responsabilidad o ausencia de la misma respecto al imputado, por co-existir prueba verosímil que conduce a las dos soluciones.- Para el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva, en donde se estudia la existencia de un hecho penalmente relevante y la culpabilidad del imputado, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador de Instancia, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, ya que en caso contrario deberá dictarse una Sentencia Absolutoria; y es que el artículo 89 de la Constitución de la República, exige que la declaratoria de culpabilidad y como consecuencia la imposición de una pena, deben estar precedidas por el desarrollo de una actividad probatoria amplia y suficiente, la cual deberá revelar en forma cierta tal resultado, descartando cualquier duda razonable en la mente del Juzgador.- IV.- De la procedencia del Recurso.- El Recurso no es de recibo: En el caso de autos el Tribunal de Instancia concluyó que la probanza no permitió quebrantar el estado material de inocencia del acusado A. A. T. M., ante la acusación formulada como autor de un delito de Homicidio Tentado, que había entablado el Estado de Honduras por conducto del Ministerio Público, que ésta probanza no permitió derivar la existencia de un hecho penalmente relevante y por tanto la autoría de éste, criterio que comparte el Tribunal de Casación.- Tres fueron los medios probatorios que fueron presentados en la audiencia de debate: 1).- Declaración de la Señora D. E. A. del C., considerada ofendida por el ente acusador, no mereció credibilidad para los Juzgadores, quienes avalados por la inmediación respecto a la producción de dicho testimonio, consideraron que su deposición estaba motivada por hechos distintos a los que se juzgaban, al existir entre ésta y el acusado un conflicto sobre la restitución de valores obtenidos por la venta de un bien inmueble (F. 94), además destacaron que su declaración no estuviese respaldada con otros medios de prueba, como ser la declaración de la persona que le acompañaba el día de los hechos y que supuestamente los presenció, tampoco fue presentada la pala con la que supuestamente se defendió de la agresión o el machete que según sus dichos fue usado por el acusado como instrumento, todo ello a a pesar de que el encartado fue aprehendido en un sitio cercano al que ocurrieron los hechos. Otro extremo tomado en cuenta por los Juzgadores y que les fue facilitado por la inmediación, fue el de apreciar que el acusado carecía de su mano derecha, por lo que cuestionaron la posibilidad de que éste hubiese dirigido un ataque con machete a la ofendida y al mismo tiempo tener la capacidad física empujarle para que cayese al fondo de una hondonada (F. 94).- 2).- Declaración del Señor M. F. H. M., Agente de la Policía Nacional Preventiva, quien aporto información respecto a hechos que presenció directamente, pero además brindó datos de referencia al reproducir lo que escuchó del imputado al momento de su detención; los Juzgadores de instancia correctamente señalaron que éste testigo no presenció los hechos, por haber llegado al lugar después de que estos supuestamente acontecieron, por lo que no puede dar referencia sobre los mismos, pero si resaltan que éste advirtió la presencia del acusado en el lugar por lo que le dio aprehensión.- El testigo además informó al Tribunal que escuchó del acusado el reconocimiento de haber tenido una discusión con la ofendida y que forcejeando ésta había caído en el precipicio pero que se le había auxiliado llevándola al hospital sin determinar quien, información que hizo cuestionar a los Juzgadores si el hecho juzgado se trataba de un hecho doloso, de un hecho culposo o de un mero accidente (F. 93v.).- 3).- Dictamen Médico Forense, realizado por el Doctor J. R. J. M., quien señaló en la audiencia que fue notificado de que una persona había sido objeto de agresión física, por lo que se traslado al Hospital de la Ciudad de Roatán, donde se le comunicó que la persona había ingresado a cirugía al sufrir un trauma abdominal. Los Juzgadores, siguiendo las máximas de la experiencia, concluyeron que el perito no tuvo la oportunidad de examinar a la ofendida, tampoco se ocupó de ver el expediente clínico, por tanto las conclusiones de éste en cuanto a que existió peligro de muerte y la determinación el tiempo de incapacidad médica señalado carecen de sustento científico.- La Sala de lo Penal descarta que la motivación intelectiva desarrollada por los Juzgadores en este caso se haya alejado de las reglas que componen la sana critica, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ARGUYENDO QUE EL JUZGADOR DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo en la emisión de la misma, sino que también durante la sustanciación del proceso penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común denomina vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Ministerio público reprocha la sentencia que ahora impugna por el cauce alegatorio que ofrece el recurso de casación por quebrantamiento de forma, al considerar que la motivación desarrollada por los Juzgadores colisiona con el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que a su vez es una de las reglas de la sana crítica. Explica que los Juzgadores no reprochan el testimonio de la ofendida D. E. A. del C., ni la existencia de una contradicción en sus dichos o con el resto de la prueba, sino que la ausencia en el debate de una persona que le acompañaba en el momento de los hechos, siendo esto incorrecto ya que la credibilidad de una persona no puede depender de la ausencia o la presencia de un tercero. El Censor cuestiona que no se consideró que con la declaración de la ofendida se acredita que fue víctima de una agresión que trajo como resultado la pérdida de un riñón.- III.- Es conveniente tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal de Instancia adquiere la certeza en torno al acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción sobre la existencia del hecho y de la identidad de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participó en el mismo. Entre esos estados existen fases intermedias que van desde la falta de certeza respecto a la existencia del delito o de la participación de la persona acusada derivada de la deficiencia probatoria, hasta la duda que es el estado mental que surge cuando al mismo tiempo se presentan como racionalmente creíbles la existencia e inexistencia del delito y la responsabilidad o ausencia de la misma respecto al imputado, por co-existir prueba verosímil que conduce a las dos soluciones.- Para el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva, en donde se estudia la existencia de un hecho penalmente relevante y la culpabilidad del imputado, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador de Instancia, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, ya que en caso contrario deberá dictarse una Sentencia Absolutoria; y es que el artículo 89 de la Constitución de la República, exige que la declaratoria de culpabilidad y como consecuencia la imposición de una pena, deben estar precedidas por el desarrollo de una actividad probatoria amplia y suficiente, la cual deberá revelar en forma cierta tal resultado, descartando cualquier duda razonable en la mente del Juzgador.- IV.- De la procedencia del Recurso.- El Recurso no es de recibo: En el caso de autos el Tribunal de Instancia concluyó que la probanza no permitió quebrantar el estado material de inocencia del acusado A. A. T. M., ante la acusación formulada como autor de un delito de Homicidio Tentado, que había entablado el Estado de Honduras por conducto del Ministerio Público, que ésta probanza no permitió derivar la existencia de un hecho penalmente relevante y por tanto la autoría de éste, criterio que comparte el Tribunal de Casación.- Tres fueron los medios probatorios que fueron presentados en la audiencia de debate: 1).- Declaración de la Señora D. E. A. del C., considerada ofendida por el ente acusador, no mereció credibilidad para los Juzgadores, quienes avalados por la inmediación respecto a la producción de dicho testimonio, consideraron que su deposición estaba motivada por hechos distintos a los que se juzgaban, al existir entre ésta y el acusado un conflicto sobre la restitución de valores obtenidos por la venta de un bien inmueble (F. 94), además destacaron que su declaración no estuviese respaldada con otros medios de prueba, como ser la declaración de la persona que le acompañaba el día de los hechos y que supuestamente los presenció, tampoco fue presentada la pala con la que supuestamente se defendió de la agresión o el machete que según sus dichos fue usado por el acusado como instrumento, todo ello a a pesar de que el encartado fue aprehendido en un sitio cercano al que ocurrieron los hechos. Otro extremo tomado en cuenta por los Juzgadores y que les fue facilitado por la inmediación, fue el de apreciar que el acusado carecía de su mano derecha, por lo que cuestionaron la posibilidad de que éste hubiese dirigido un ataque con machete a la ofendida y al mismo tiempo tener la capacidad física empujarle para que cayese al fondo de una hondonada (F. 94).- 2).- Declaración del Señor M. F. H. M., Agente de la Policía Nacional Preventiva, quien aporto información respecto a hechos que presenció directamente, pero además brindó datos de referencia al reproducir lo que escuchó del imputado al momento de su detención; los Juzgadores de instancia correctamente señalaron que éste testigo no presenció los hechos, por haber llegado al lugar después de que estos supuestamente acontecieron, por lo que no puede dar referencia sobre los mismos, pero si resaltan que éste advirtió la presencia del acusado en el lugar por lo que le dio aprehensión.- El testigo además informó al Tribunal que escuchó del acusado el reconocimiento de haber tenido una discusión con la ofendida y que forcejeando ésta había caído en el precipicio pero que se le había auxiliado llevándola al hospital sin determinar quien, información que hizo cuestionar a los Juzgadores si el hecho juzgado se trataba de un hecho doloso, de un hecho culposo o de un mero accidente (F. 93v.).- 3).- Dictamen Médico Forense, realizado por el Doctor J. R. J. M., quien señaló en la audiencia que fue notificado de que una persona había sido objeto de agresión física, por lo que se traslado al Hospital de la Ciudad de Roatán, donde se le comunicó que la persona había ingresado a cirugía al sufrir un trauma abdominal. Los Juzgadores, siguiendo las máximas de la experiencia, concluyeron que el perito no tuvo la oportunidad de examinar a la ofendida, tampoco se ocupó de ver el expediente clínico, por tanto las conclusiones de éste en cuanto a que existió peligro de muerte y la determinación el tiempo de incapacidad médica señalado carecen de sustento científico.- La Sala de lo Penal descarta que la motivación intelectiva desarrollada por los Juzgadores en este caso se haya alejado de las reglas que componen la sana critica, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo.-
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- DENUNCIA: VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- El Ministerio Público plantea que en la celebración de la audiencia de debate se violentó el Derecho a la Defensa de los Intereses sociales, al no haber admitido en la etapa incidental el medio de prueba pericial practicado por el Doctor R. J. , consistente en una nueva evaluación practicada a la ofendida, misma que iba orientada a acreditar el daño sufrida por esta con ocasión del delito.- III.- El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses.- El Derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.- El Derecho de Defensa, al igual que al imputado le asiste al Ministerio Público, al que se le debe brindar la oportunidad de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio suficiente para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indicó, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso.- IV.- Procedencia del Recurso.- El recurso no es de recibo: Informa el Acta de debate que en la etapa incidental de la audiencia el Ministerio público propuso como medio de prueba una nueva evaluación médico forense practicada a la ofendida D. A., por el Doctor R. J. M., para acreditar que ésta perdió un riñón con ocasión del hecho objeto de juicio (F. 85v), denegando el Tribunal de Instancia la solicitud bajo el argumento de que el medio de prueba fue practicado unilateralmente por el Ministerio público, sin intervención de la contra parte y sin control jurisdiccional, aun y cuando se ordenó estando judicializada la causa, por lo que su recibimiento implicaría violación al derecho de defensa del acusado.- Esta Sala de lo Penal identifica los artículos 242, 264 y 273 del Código Procesal Penal como fundamento del argumento de la instancia: el Proceso Penal se divide en la etapa preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio, comprendiendo la etapa preparatoria: la denuncia, investigación preliminar, requerimiento fiscal, audiencia de declaración de imputado y audiencia inicial; pues bien, el artículo 273 faculta a los órganos de investigación y al Ministerio Público para ordenar la práctica de los peritajes necesarios que coadyuven en la averiguación de la verdad, siempre que éstos sean dispuestos en la Investigación Preliminar y que concluye con la presentación del requerimiento fiscal; entonces aquellas facultades también terminan con ésta, a partir de lo cual la actividad probatoria deberá realizarse bajo el control jurisdiccional como lo indica el artículo 242, a efecto de garantizar la defensa e igualdad entre las partes.- Así las cosas, el Tribunal de Sentencia al momento de resolver el incidente presentado por el Ministerio público para la introducción de un nuevo medio de prueba correctamente lo ha denegado porque eso se traduciría en infracción de preceptos legales que buscan la igualdad de las partes en el proceso y por extensión el ejercicio de la defensa.- Por otra parte el Ministerio Público alega violación del derecho de defensa por no habérsele permitido reproducir un nuevo medio de prueba en la audiencia de debate, pero éste alegato no se extiende a explicar cómo este hecho materialmente le ha causado perjuicio en el resultado de la decisión judicial, por el contrario y conforme a la técnica de inclusión hipotética éste medio de prueba no hubiese incidido en el resultado del juicio, habida cuenta el mismo buscaba el propósito de acreditar el daño físico sufrido por la ofendida como consecuencia de su precipitación en una hondonada, más deja aun sin despejar las dudas razonables expuestas por los Juzgadores de Instancia en cuanto a si el hecho constituyó delito o si se trató de un mero accidente, por tanto la no inclusión del medio de prueba Dictamen Médico Forense, no solo hubiese sido atentatorio contra disposiciones del Código Procesal Penal, sino que además al haberlo planteado como causal de casación tampoco se traduce en una violación del derecho de defensa del Ministerio Público, cabe señalar por otro lado que de los antecedentes no se desprende que el ente acusador haya interpuesto oportunamente el respectivo recurso para impugnar la negativa del Tribunal de instancia tal como lo demanda el artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal (vid. Folio No. 86).- Por lo anteriormente expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió al señor A. A. T., del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de D. E. A. DEL C..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e infracción de Precepto Constitucional, la Abogada C. G. Z. D., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M. M. L., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado A. A. G., Defensor Público del acusado A. A. T. M., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día doce de noviembre del año dos mil siete, fue intervenida quirúrgicamente en el abdomen la joven D. E. A. Del C. en la Sala de emergencia en el hospital público de la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía. Segundo: Ese mismo día doce de noviembre del año dos mil siete el policía M. F. H. M. atendiendo un llamado telefónico, se trasladó al sector conocido como Baléate del municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, donde procedió a detener a A. A. T. M.”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- La recurrente, Abogada C. G. Z. D., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de: D. E. A. del C. y M. F. H. M.; así como la prueba pericial consistente en el dictamen médico forense practicado a la ofendida, probanza de la cual se desprende lo siguiente: La ofendida D. E. A. del C. declaró lo siguiente: “Que ese día ella fue a hablar con el imputado acompañada de una muchacha, pero éste agarró un machete y se fue encima de ella por lo que para defenderse agarró una pala, logrando impedir que no la hiriera, sin embargo el imputado la tiró a un barranco donde quedó inconsciente y la fueron a auxiliar internándola en el Hospital donde le sacaron un riñón. Ante el interrogatorio de las partes la testigo manifestó que eso sucedió un 12 de Noviembre del 2007, a eso de las once de la mañana en la Colonia Policarpo Galindo, que ella al llegar donde él le dijo que iban a hablar, pero el imputado sacó un machete diciéndole que la iba a matar y se fue hacía ella, logrando defenderse con una pala, después solo la empujó y cayó al guindo, que el imputado no le ocasionó ninguna herida porque ella metía la pala. El testigo M. F. H. M., declaró lo siguiente: Que él se encontraba patrullando y recibió una llamada que en la colonia Balfate estaban macheteando y como era el encargado de la patrulla fue allá, que la persona herida se trasladó al hospital, la cual no había sido macheteada sino que había caído al barranco porque había estado forcejeando y como ahí se encontraba la persona que había cometido el hecho procedieron a darle detención. Ante el interrogatorio de las partes el testigo refirió que en el lugar, una parte era alta que estaba para un lado de la calle y el otro era precipicio que fue donde supuestamente cayó la dama, que había unos 15 metros de alto, no con exactitud, que el imputado refirió que había estado discutiendo con una dama, forcejearon y cayó al precipicio, pero que cuando llegó el dicente ya la habían llevado al Hospital. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica; 1) Dictamen médico forense el cual fue ratificado por el perito R. J. M., a través del cual se acreditó: que dicho perito al hacerse presente a la emergencia del Hospital le fue informado que la señora D. A. del C., estaba siendo operada de emergencia abdominalmente, estableciendo que debería ser reevaluada al ser dada de alta. El Juzgador al momento de emitir el correspondiente fallo, estimó en el apartado de valoración probatoria, específicamente en el numeral segundo lo siguiente: “Si bien es cierto la ofendida, señora D. E. Ayala del C., manifiesta en su declaración que el señor A. A. T. M. llegó al lugar donde ella se encontraba, y que éste sólo llega y saca un machete con la intención de matarla, no es menos cierto que el acusador no probó dicha agresión, pues sólo presenta al juicio oral y público la declaración de la supuesta ofendida, no presentando al debate la declaración de la supuesta muchacha que acompañaba a la ofendida el día que ocurrieron los hechos..., lo que imposibilita al ente acusador a confirmar si lo declarado por la ofendida es cierto o no, si el señor A. A. T. M. la agredió y si éste tenía la intención de matar a la ofendida tal y como ella dice en su relato y que de haber sucedido debe quedar claro si se trataba de una simple discusión o si accidentalmente se provocara la caída”. En virtud de lo anterior, debemos señalar que se infringe el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al no haber podido establecer el Juzgador, que se deriva como conclusión de las pruebas aportadas la responsabilidad del imputado A. A. T. M., considerando que de las probanzas allegadas al proceso se desprende sin lugar a dudas su participación, tal como se evidencia a continuación: > A través de la declaración de la ofendida D. E. A. Del C. se acreditó que el día de los hechos, ella en compañía de una muchacha se dirigió a buscar al imputado para hablar sobre un solar, que cuando le dijo que hablaran, dicho imputado sacó un machete queriendo agredirla, razón por la cual ella se defendió con una pala, impidiendo que éste la hiriera, sin embargo la tiró a un barranco, debido a lo cual queda inconsciente y es trasladada al Hospital donde es operada y le sacan un riñón. > Obsérvese que con dicha declaración es mas que evidente que sí existió una agresión en contra de su persona y que la misma fue producto del ánimo del imputado de querer perjudicarla, considerando que previo a que la arrojara al precipicio trató de herirla con un machete lo cual no logró porque ésta se defendió con una pala, circunstancias que nos infieren que no se trataba de una simple discusión, ni mucho menos de un accidente, pues el accionar del imputado se traduce en querer ocasionarle un perjuicio a su víctima, como finalmente ocurrió. > A pesar de que no compareció a declarar la muchacha a quien describe con el nombre de María y quien supuestamente la acompañaba el día de los hechos, dicha circunstancia resulta de relevancia, para establecer si efectivamente lo declarado por la ofendida es cierto o no, pues a través de la declaración del testigo M. F. H. M., Agente de Policía que se hizo presente al lugar de los hechos, manifestó que una vez en el lugar el sospechoso manifestó que había estado discutiendo con una dama, forcejearon y cayó el precipicio, de lo que deriva que efectivamente existió un forcejeo entre ambos, tal como lo estableció al ofendida al manifestar que en el momento que el imputado trataba de agredirla con un machete, ella se defendía con una pala, siendo arrojada posteriormente al guindo. Por otro lado, la credibilidad de una persona no puede depender de la ausencia o presencia de un tercero, ya que no es siquiera una contradicción que pone en entredicho la deposición. Ese razonamiento del Tribunal constituye un razonamiento inválido, en tanto que no puede derivarse, por la sola ausencia de una persona, que a otra deba restársele credibilidad. › Vale aclarar que es la misma declaración de la ofendida la que acredita la agresión que la judicatura dice no estar acreditada, manifestación que evidencia que el Juzgador no logró extraer la información que la prueba le brindaba, máxime cuando existen elementos extras que lo corroboran. > Asimismo a través de la declaración rendida por la ofendida se desprende que una vez que la internaron en el Hospital, le sacaron un riñón, el cual y tal como lo expresó el perito forense es considerado un órgano vital, además de que existe un riesgo que si se lesiona el que queda, sólo por trasplante se compensaría; sobre el particular el Código Penal en su artículo 135 numeral 3, establece los supuestos para que se configure el delito de Lesiones Graves, el cual reza: “Será sancionado con reclusión: 1)..., 2)..., 3) De tres (3) a seis (6) años si la lesión produce el deterioro permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o miembro principal, o si ocasiona, un problema permanente para hacer un uso normal de la palabra, o si inutiliza al ofendido para el trabajo por más de treinta (30) días o le ocasiona una deformación permanente en el rostro” Lo resaltando es nuestro. De nuevo nos permitimos resaltar que la pérdida del riñón se encuentra acreditada por la declaración de la ofendida, y es ella misma quien señala que el evento fue provocado por la caída que sufriese en razón de la agresión que le provocó el imputado, por lo que al no lograrse extraer esa información de la prueba, se ha vulnerado las reglas de la Sana Crítica que hemos denunciado. Siendo que producto de la caída que sufrió la ofendida, al haber sido arrojada por el imputado a un barranco, le sacaron un riñón, el cual es considerado un órgano principal, razón por la cual consideramos que en el caso sub judice la acción cometida por el imputado se con figura en el delito de Lesiones Graves y no en el de Homicidio en su grado de tentativa, esto es, por no haberse podido acreditar de manera objetiva el ánimo con que actuó el imputado. Es importante resaltar que tal y como se desprende del texto del tipo penal de Lesiones Graves, la pérdida de un órgano principal no se encuentra condicionado a ningún tipo de incapacidad, de igual forma el Juzgador no puede inferir que no hay pérdida de dicho órgano cuando la prueba aportada le informa todo lo contrario, aunado al hecho que la prueba consistente en la ampliación del dictamen que se dejó de admitir también corrobora dicho extremo, y sobre la cual abordaremos con mayor detalle en el siguiente motivo. En virtud de lo anterior, las pruebas supra indicadas merecen total credibilidad y al someterlas a una valoración bajo las reglas de la Sana Crítica no pueden ser descartadas por el sentenciador, sin embargo al no ser valoradas con apego a dichas reglas, ni mucho menos haber sido relacionadas entre sí, como lo exigen los Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, el Juzgador ha dejado de extraer la conclusión fáctica positiva que el imputado A. A. T. M. es el responsable del delito de Lesiones Graves tipificado en el artículo 135 numeral 3 del Código Penal. Habiéndose producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el momento de formalizar acusación, el ente acusador interpuso recurso de reposición como reclamación para la subsanación del mismo, el cual le fue declaro sin lugar, tal como se desprende del contenido del acta de debate”.- III.- El recurrente desarrolló su recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “II. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación al 4 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La violación del derecho de defensa el cual no es exclusivo del imputado, se produjo en el proceso que nos ocupa cuando la Agente Fiscal encargada de la persecución penal al momento del juicio oral y público propone en la etapa de incidentes la incorporación del medio de prueba consistente en: la nueva evaluación practicada a la ofendida por el perito R. J., quien además se personó al Hospital Roatán a realizar una revisión al expediente clínico, probanza que era determinante para las pretensiones del Ministerio Público; por ende tal inadmisibilidad, causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el derecho de Defensa el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías tales como “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Lo anterior queda fielmente plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la República el cual reza “El derecho de defensa es inviolable”; y 4 del Código Procesal Penal, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa no lo limitan de uso único de las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al Imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público), es mas, el artículo constitucional no lo encasilla al proceso penal, es decir que es un Derecho que rige en todo tipo de procesamiento jurídico, sin importar la materia que se trate; desarrollándose inmediatamente en dicho artículo el Derecho de Libre Acceso a los Tribunales, dejando establecido el vínculo entre el Derecho de Defensa y su efectividad al permitirle a cualquiera el acceso a los Tribunales para hacer valer su derecho. Resulta claro que el medio probatorio supra relacionado resultaba pertinente para los fines de acreditación del delito por el cual se estaba enjuiciando al imputado, considerando que el mismo era una ampliación del dictamen preliminar que había realizado el perito, tal y como éste lo había dejado plasmado en el mismo, al establecer que era necesario ser reevaluada la paciente al ser dada de alta. La prueba que se dejó de admitir privó al Tribunal del acceso a la información necesaria para determinar la verdad de los hechos, pero al no permitirse su ingreso al universo probatorio se le impidió al Ministerio Público el defender y acreditar con mayor soltura la responsabilidad del imputado, vulnerándose el artículo 82 de la Constitución de la República. En virtud de lo anterior interponemos el presente motivo, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas”.- IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ARGUYENDO QUE EL JUZGADOR DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo en la emisión de la misma, sino que también durante la sustanciación del proceso penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común denomina vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Ministerio público reprocha la sentencia que ahora impugna por el cauce alegatorio que ofrece el recurso de casación por quebrantamiento de forma, al considerar que la motivación desarrollada por los Juzgadores colisiona con el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, que a su vez es una de las reglas de la sana crítica. Explica que los Juzgadores no reprochan el testimonio de la ofendida D. E. A. del C., ni la existencia de una contradicción en sus dichos o con el resto de la prueba, sino que la ausencia en el debate de una persona que le acompañaba en el momento de los hechos, siendo esto incorrecto ya que la credibilidad de una persona no puede depender de la ausencia o la presencia de un tercero. El Censor cuestiona que no se consideró que con la declaración de la ofendida se acredita que fue víctima de una agresión que trajo como resultado la pérdida de un riñón.- III.- Es conveniente tener presente que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal de Instancia adquiere la certeza en torno al acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción sobre la existencia del hecho y de la identidad de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del delito no participó en el mismo. Entre esos estados existen fases intermedias que van desde la falta de certeza respecto a la existencia del delito o de la participación de la persona acusada derivada de la deficiencia probatoria, hasta la duda que es el estado mental que surge cuando al mismo tiempo se presentan como racionalmente creíbles la existencia e inexistencia del delito y la responsabilidad o ausencia de la misma respecto al imputado, por co-existir prueba verosímil que conduce a las dos soluciones.- Para el pronunciamiento de la Sentencia Definitiva, en donde se estudia la existencia de un hecho penalmente relevante y la culpabilidad del imputado, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador de Instancia, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, ya que en caso contrario deberá dictarse una Sentencia Absolutoria; y es que el artículo 89 de la Constitución de la República, exige que la declaratoria de culpabilidad y como consecuencia la imposición de una pena, deben estar precedidas por el desarrollo de una actividad probatoria amplia y suficiente, la cual deberá revelar en forma cierta tal resultado, descartando cualquier duda razonable en la mente del Juzgador.- IV.- De la procedencia del Recurso.- El Recurso no es de recibo: En el caso de autos el Tribunal de Instancia concluyó que la probanza no permitió quebrantar el estado material de inocencia del acusado A. A. T. M., ante la acusación formulada como autor de un delito de Homicidio Tentado, que había entablado el Estado de Honduras por conducto del Ministerio Público, que ésta probanza no permitió derivar la existencia de un hecho penalmente relevante y por tanto la autoría de éste, criterio que comparte el Tribunal de Casación.- Tres fueron los medios probatorios que fueron presentados en la audiencia de debate: 1).- Declaración de la Señora D. E. A. del C., considerada ofendida por el ente acusador, no mereció credibilidad para los Juzgadores, quienes avalados por la inmediación respecto a la producción de dicho testimonio, consideraron que su deposición estaba motivada por hechos distintos a los que se juzgaban, al existir entre ésta y el acusado un conflicto sobre la restitución de valores obtenidos por la venta de un bien inmueble (F. 94), además destacaron que su declaración no estuviese respaldada con otros medios de prueba, como ser la declaración de la persona que le acompañaba el día de los hechos y que supuestamente los presenció, tampoco fue presentada la pala con la que supuestamente se defendió de la agresión o el machete que según sus dichos fue usado por el acusado como instrumento, todo ello a a pesar de que el encartado fue aprehendido en un sitio cercano al que ocurrieron los hechos. Otro extremo tomado en cuenta por los Juzgadores y que les fue facilitado por la inmediación, fue el de apreciar que el acusado carecía de su mano derecha, por lo que cuestionaron la posibilidad de que éste hubiese dirigido un ataque con machete a la ofendida y al mismo tiempo tener la capacidad física empujarle para que cayese al fondo de una hondonada (F. 94).- 2).- Declaración del Señor M. F. H. M., Agente de la Policía Nacional Preventiva, quien aporto información respecto a hechos que presenció directamente, pero además brindó datos de referencia al reproducir lo que escuchó del imputado al momento de su detención; los Juzgadores de instancia correctamente señalaron que éste testigo no presenció los hechos, por haber llegado al lugar después de que estos supuestamente acontecieron, por lo que no puede dar referencia sobre los mismos, pero si resaltan que éste advirtió la presencia del acusado en el lugar por lo que le dio aprehensión.- El testigo además informó al Tribunal que escuchó del acusado el reconocimiento de haber tenido una discusión con la ofendida y que forcejeando ésta había caído en el precipicio pero que se le había auxiliado llevándola al hospital sin determinar quien, información que hizo cuestionar a los Juzgadores si el hecho juzgado se trataba de un hecho doloso, de un hecho culposo o de un mero accidente (F. 93v.).- 3).- Dictamen Médico Forense, realizado por el Doctor J. R. J. M., quien señaló en la audiencia que fue notificado de que una persona había sido objeto de agresión física, por lo que se traslado al Hospital de la Ciudad de Roatán, donde se le comunicó que la persona había ingresado a cirugía al sufrir un trauma abdominal. Los Juzgadores, siguiendo las máximas de la experiencia, concluyeron que el perito no tuvo la oportunidad de examinar a la ofendida, tampoco se ocupó de ver el expediente clínico, por tanto las conclusiones de éste en cuanto a que existió peligro de muerte y la determinación el tiempo de incapacidad médica señalado carecen de sustento científico.- La Sala de lo Penal descarta que la motivación intelectiva desarrollada por los Juzgadores en este caso se haya alejado de las reglas que componen la sana critica, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo.- V.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- DENUNCIA: VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- El Ministerio Público plantea que en la celebración de la audiencia de debate se violentó el Derecho a la Defensa de los Intereses sociales, al no haber admitido en la etapa incidental el medio de prueba pericial practicado por el Doctor R. J. , consistente en una nueva evaluación practicada a la ofendida, misma que iba orientada a acreditar el daño sufrida por esta con ocasión del delito.- III.- El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses.- El Derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.- El Derecho de Defensa, al igual que al imputado le asiste al Ministerio Público, al que se le debe brindar la oportunidad de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio suficiente para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indicó, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso.- IV.- Procedencia del Recurso.- El recurso no es de recibo: Informa el Acta de debate que en la etapa incidental de la audiencia el Ministerio público propuso como medio de prueba una nueva evaluación médico forense practicada a la ofendida D. A., por el Doctor R. J. M., para acreditar que ésta perdió un riñón con ocasión del hecho objeto de juicio (F. 85v), denegando el Tribunal de Instancia la solicitud bajo el argumento de que el medio de prueba fue practicado unilateralmente por el Ministerio público, sin intervención de la contra parte y sin control jurisdiccional, aun y cuando se ordenó estando judicializada la causa, por lo que su recibimiento implicaría violación al derecho de defensa del acusado.- Esta Sala de lo Penal identifica los artículos 242, 264 y 273 del Código Procesal Penal como fundamento del argumento de la instancia: el Proceso Penal se divide en la etapa preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio, comprendiendo la etapa preparatoria: la denuncia, investigación preliminar, requerimiento fiscal, audiencia de declaración de imputado y audiencia inicial; pues bien, el artículo 273 faculta a los órganos de investigación y al Ministerio Público para ordenar la práctica de los peritajes necesarios que coadyuven en la averiguación de la verdad, siempre que éstos sean dispuestos en la Investigación Preliminar y que concluye con la presentación del requerimiento fiscal; entonces aquellas facultades también terminan con ésta, a partir de lo cual la actividad probatoria deberá realizarse bajo el control jurisdiccional como lo indica el artículo 242, a efecto de garantizar la defensa e igualdad entre las partes.- Así las cosas, el Tribunal de Sentencia al momento de resolver el incidente presentado por el Ministerio público para la introducción de un nuevo medio de prueba correctamente lo ha denegado porque eso se traduciría en infracción de preceptos legales que buscan la igualdad de las partes en el proceso y por extensión el ejercicio de la defensa.- Por otra parte el Ministerio Público alega violación del derecho de defensa por no habérsele permitido reproducir un nuevo medio de prueba en la audiencia de debate, pero éste alegato no se extiende a explicar cómo este hecho materialmente le ha causado perjuicio en el resultado de la decisión judicial, por el contrario y conforme a la técnica de inclusión hipotética éste medio de prueba no hubiese incidido en el resultado del juicio, habida cuenta el mismo buscaba el propósito de acreditar el daño físico sufrido por la ofendida como consecuencia de su precipitación en una hondonada, más deja aun sin despejar las dudas razonables expuestas por los Juzgadores de Instancia en cuanto a si el hecho constituyó delito o si se trató de un mero accidente, por tanto la no inclusión del medio de prueba Dictamen Médico Forense, no solo hubiese sido atentatorio contra disposiciones del Código Procesal Penal, sino que además al haberlo planteado como causal de casación tampoco se traduce en una violación del derecho de defensa del Ministerio Público, cabe señalar por otro lado que de los antecedentes no se desprende que el ente acusador haya interpuesto oportunamente el respectivo recurso para impugnar la negativa del Tribunal de instancia tal como lo demanda el artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal (vid. Folio No. 86).- Por lo anteriormente expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuestos por el Ministerio Público; TERCERO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia de fecha cuatro (04) de Mayo de dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-47-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”