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Sentencia CP-462-11 — Registro 2915

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de tentativa de homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR LA NO OBSERVACION DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.- El sistema de valoración de prueba de sana crítica, como regla que ha de regir la deliberación y votación, al tenor de lo que dispone el artículo 336 del Código Procesal Penal, implica a su vez, la obligación jurisdiccional de exponer y dejar sentado en la sentencia los fundamentos del razonamiento lógico y su referencia causal[1]; para ello, se hace necesaria la observancia de los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Entre estas normas de la lógica se encuentran, la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de razón suficiente. Respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma, que ha sido interpuesto, el Ministerio Público ha considerado infringida la Regla Lógica en su Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente; y la de la Derivación en su apartado de Suficiencia. Es sobre la concurrencia o no de dichas infracciones que se centrará el análisis del recurso examiné. Tal y como lo explica E. Bacigalupo[2], la formación de la convicción judicial sobre los hechos, se caracteriza por dos niveles diversos: El primer nivel consiste en la formación sobre la base de lo percibido en el juicio oral de las premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Este nivel corresponde básicamente a la decisión sobre la existencia o no de prueba de cargo. En el segundo nivel se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. En el devenir de ambos niveles lo que se busca es comprobar la credibilidad de las pruebas aportadas por las partes; y este juicio de credibilidad aparece integrado por: 1) la fiabilidad o confianza que genera cada uno de los medios probatorios; 2) la significación que debe otorgarse a los hechos expuestos al juzgador por cada uno de esos medios de prueba; y 3) la verosimilitud o creencia de que son verdaderos o falsos los hechos así aportados al proceso. La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, "nada existe sin una causa o razón determinante”. Es así que, las leyes de contradicción y razón suficiente y las normas de experiencia se entrelazan; ya que, el juzgador ha de estar vinculado a las reglas normales de experiencia y conocimiento cuya explicación al tema debe explicitar y fundar. El método apela a una racionalidad que puede caracterizarse como la aplicación de los criterios de experiencia que nos permiten fundar afirmaciones, que llevan a formular conclusiones aceptables o socialmente plausibles respecto a que algo es probable, evidente, dudoso o cierto[3]. II.- Dicho lo anterior, como se deriva de la sentencia que se recurre por vía de casación, en el numeral cuarto de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencias considera que “Con la prueba documental consistente en las actas de decomiso se acredita que a J. M. L. L. se le decomiso una arma de fuego tipo revolver calibre desconocida mas otros objetos que no son parte de este proceso, también se acredita que se le decomiso una motocicleta color azul marca Génesis y dos cascos dichas catas corren a folio (35 y 36) del expediente de merito, de igual forma con la constancia de Registro balístico se acredita que J. M. L. L. no tiene ninguna arma de fuego registrada a su nombre.” Sin embargo, en el párrafo segundo del numeral DECIMO PRIMERO de la sentencia el Tribunal refiere: “Por otra parte en relación al delito de Portación Ilegal de Armas, de la prueba documental consistente en el Acta de Decomiso o Secuestro y Acta de Registro Personal. El Tribunal aprecia que efectivamente se le decomiso a J. M. L. L. una arma de fuego tipo revolver calibre desconocida, sin embargo es insuficiente por parte del ente acusador acreditar únicamente que J. M. L. L. fue aprehendido en posesión de una arma de fuego de calibre desconocido, pues es necesario establecer ante el órgano sentenciador que efectivamente esa arma funcionaba, para de esta forma establecer que el procesado puso en peligro la Seguridad Interior de Estado de Honduras, pues de lo contrario no se habría producido lesión o peligro alguno al bien jurídico protegido por la norma de la Seguridad Interior del Estado. Razón por la cual el Tribunal pondera la prueba incorporada al juicio, y de esta ha concluido la no infracción al principio de lesividad, dispuesto en el articulo 2 C del Código Penal, por no acreditarse ante estos Juzgadores que J. M. L. L. haya puesto en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado, ya que no se estableció si dicha arma funcionaba o no. ” (Ver f-216). Estas aseveraciones del Tribunal de Sentencia, resultan a toda luz contradictorias; en vista de que por un lado, da valor probatorio a la prueba documental y manifiesta que merecen toda credibilidad para dar por probado los hechos del decomiso de un arma de fuego y de que el señor J. M. L. L. no tiene ninguna arma de fuego registrada a su nombre, pero luego, al apreciar las pruebas, entiende que las mismas no son suficiente para acreditar se haya puesto en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado. Con esta argumentación, el A-quo trae como consecuencia, tal y como lo hemos señalado una infracción a las normas de la lógica, específicamente a las leyes de contradicción y de razón suficiente; esto último porque la simple enunciación de que les parece que lo lógico hubiese sido establecer el funcionamiento del arma para establecer una lesión al bien jurídico protegido” olvidándose que la norma penal adjetiva le manda que debe ir más allá en lo que le corresponde revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, ya que en el presente caso existen la concurrencia de otros hechos que demuestran la acción del imputado al portar una arma sin estar autorizado para ello. .III.- En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de incumplimiento a las reglas de la sana crítica, en específico, a las normas de la lógica, en lo que a las leyes de contradicción y razón suficiente conciernen; y en consecuencia debe ser declarado Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma invocada por la recurrente. IV. Asimismo, esta Sala de lo Penal como rectora de la aplicación de normas penales considera que en el presente caso es necesario hacer un enérgico llamado de atención, tanto al Tribunal de Sentencia como al Ministerio Público como coadyuvantes en la aplicación de la Justicia para que en lo sucesivo sean diligentes en la aplicación de las norma procesales y garantes del debido proceso, respectivamente, específicamente en lo relacionado al manejo de la audiencia del juicio oral y público, así como de sus incidencia, en el entendido que las mismas queden plasmada en el Acta de Registro que para tal efecto se levanta con el objeto de dejar constancia de lo ocurrido durante esta etapa del proceso (en el caso particular una aplicación irrestricta al numeral 4 del artículo 346 del Código Procesal Penal), para una mejor elaboración de los recursos que a su vez faciliten el análisis y estudio de las causas que son sometidas a conocimiento de este Alto Tribunal, habida cuenta que en este caso se hace notoria la contradicción que existe entre lo declarado por el ofendido y la trascripción de las declaraciones que realiza el Tribunal en la valoración de la prueba testifical propuesta y evacuada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS en JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al procesado J. M. L. L., a la pena de CUATRO (04) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio M. J. C..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Y. M. M. L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado P. F. E. L., Defensor Privado del Acusado J. M. L. L. en su condición de Recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS UNICO: El día jueves diecinueve de junio del año dos mil ocho, aproximadamente a las ocho y quince de la noche el señor M. J. C. se encontraba en su puesto de trabajo como Guardia de Seguridad en el Centro Comercial Metro Mall, ubicado en la Colonia Brisas de Comayagüela, específicamente por las gradas de la tienda el Palacio de los Niños, lugar hasta donde llega J. M. L. L., quién encañona con un arma de fuego tipo revólver calibre y funcionamiento desconocido al señor M. J. C. le ordena que le entregue el arma que este portaba, oponiéndose este, razón por la cual comienza una lucha cuerpo a cuerpo entre ambos, accionándose dicho revólver producto del forcejeo logrando el señor M. J. C. reducir a la impotencia a J. M. L. L. a quien dan captura junto a su acompañante”. III.- La recurrente, Abogada Y. M. M. L., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVOS. MOTIVO UNICO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de J. M. L. L., lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha (24) de Agosto del 2011, respecto al imputado, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente; y la de la Derivación en su apartado de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que el acusado portó un arma de fuego sin estar autorizado para ello, ya que en el contenido del fallo concluyó que: “…pues necesario establecer ante el órgano sentenciador que efectivamente esa arma funcionaba, para de esa forma establecer que el procesado puso en peligro la Seguridad Interior del Estado de Honduras, pues de lo contrario no se habría producido lesión o peligro alguno al bien jurídico protegido por la norma de la Seguridad Interior del Estado. Razón por la cual el Tribunal pondera la prueba incorporada al juicio y de esta ha concluido la no infracción al principio de lesividad, dispuesto en el artículo 2 C del Código Penal, por no acreditarse ante estos Juzgadores que J. M. L. L. haya puesto en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado, ya que no se estableció si dicha arma funcionaba o no.- extremos estos que ya fueron confirmados por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación de fecha 6/2/2007, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 45- 2006.”. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado J. M. L. L., es porque no se acreditó a través de un peritaje que el arma funcionaba, para determinar si se produjo o no una lesión a la seguridad interior del Estado de Honduras. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “el funcionamiento del arma para establecer una lesión al bien jurídico protegido”; sin embargo al Juzgador nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como medios de prueba documentales por parte del Ministerio Público la respectiva acta de decomiso a través de la cual se acredita que a J. M. L. L. se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, marca Smith Wesson, serie 285597, calibre desconocido, color plateado, con cacha de madera, con cuatro proyectiles color amarillo, dos de ellos percutidos o disparados; asimismo constancia de Registro Balístico que acredita que el imputado no tiene registrada a su favor ninguna arma de fuego. Por otra parte se presentó medio de prueba testifical consistente en la declaración del testigo protegido A, quien manifestó que el día jueves diecinueve de junio del año dos mil ocho, aproximadamente a las ocho y quince de la noche, se encontraba en su puesto de trabajo como guardia de seguridad en el Centro Comercial Metro Mall, ubicado en la colonia Las Brisas de Comayagüela, momento en el cual miró que su compañero estaba luchando con una persona, por lo que se dirigió al otro que se encontraba ahí y lo redujeron a la impotencia, dándole captura y le quitaron el arma de fuego, luego lo llevaron a las oficinas y posteriormente al Ministerio Público; al respecto el testigo protegido B manifestó que el día jueves diecinueve de junio del año dos mil ocho, aproximadamente a los ocho y quince de la noche, se encontraba en su puesto de trabajo, también como guardia de seguridad en el Centro Comercial Metro Mall de la colonia Las Brisas de Comayagüela, específicamente por las gradas del Palacio de Los Niños, cuando llegó una motocicleta y se bajó un muchacho que le preguntó donde quedaba la salida y le señala el lugar con el brazo levantado, momento en que el otro compañero de éste individuo lo encañona con un arma de fuego por la parte de atrás y le ordena que le entregue el arma que portaba, por lo que se opuso y cuando giró le dio con fuerza en el brazo y por eso se le martilló el arma, comenzando una lucha cuerpo a cuerpo, logrando reducir a la impotencia al muchacho a quien le dieron captura, dándose cuenta en ese momento que el imputado se llama J. M. L. L., que es la misma persona que se encuentra en la sala de Debates. Si bien es cierto no se presentó en el presente caso Dictamen del Laboratorio de Balística que estableciera las condiciones de funcionamiento del arma decomisada a J. M. L. L., se acreditó fehacientemente que el arma si fue decomisada al acusado a través de la correspondiente acta de decomiso, que describe además cuatro proyectiles, dos de ellos percutidos asimismo con la constancia emitida por el Jefe de Registro Balístico se acreditó que el imputado no tenía registrado a su favor ningún arma de fuego, por lo que el arma de fuego que se le decomisó la portaba de manera ilegal; por otra parte en el presente caso, para acreditar si vulnera el bien jurídico Seguridad Interior del Estado de Honduras, no era necesario el dictamen de Balística, ya que concurrieron otros hechos que demostraron la peligrosidad de la acción del imputado al portar un arma sin estar autorizado legalmente para ello, ya que como se señaló en las declaraciones que vertieron en juicio oral los testigos protegidos A y B, ambos se encontraban en su sitio de trabajo en el Centro Comercial Metro Mall, como guardias de seguridad, cuando un individuo le preguntó al testigo B donde quedaba la salida y al señalarle con el brazo levantado, el acusado J. M. L. L. lo encañonó con un arma de fuego por la parte de atrás y le ordenó que le entregara su arma, la cual argumenta el testigo al darle con fuerza en el brazo provocó que se le martillara el arma y se provocó un forcejeo en el cual participó el testigo A, con el fin de reducirlo a la impotencia y ser entregado a la autoridad correspondiente, por lo que se observa que el arma fue utilizada para poner en peligro la vida y los bienes, que en el caso de merito fue víctima el testigo B y tal como se mencionó en el acta de decomiso el arma tenía cuatro proyectiles y dos de ellos habían sido percutidos, lo que indica que el arma si funcionaba. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar a los enjuiciados; asimismo el Tribunal vulneró las máximas de la Experiencia Común, como integrantes de la Sana Crítica, pues las mismas nos indican que una persona que porta un arma de fuego como es el caso del imputado, el mismo tenía pleno conocimiento que portaba un arma de fuego de manera ilegal, así como el peligro que representa al utilizarla y en el presente caso al encañonar al testigo protegido B, puso en riesgo su vida, su integridad corporal y sus bienes. El Juzgador señala en el fallo, particularmente en el apartado décimo primero de la fundamentación jurídica que no se acreditó que el acusado haya puesto en peligro la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que no se estableció si el arma funcionaba o no y que ese extremo es confirmado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Casación de fecha 6/2/2007, recaída en el Recurso de Casación Penal No 45-2006, por lo que extraemos parte de la motivación del fallo a que se ha hecho referencia: “…Al valorar la prueba del proceso lo ha hecho en forma conjunta y armoniosa, y de ella no ha encontrado responsabilidad penal del acusado del delito por el que fue acusado, por cuanto, no obstante tener acreditado que fue aprehendido en posesión de una mochila y en el interior de ésta un arma de fabricación casera, tipo chimba, concluyó que no se había producido lesión o peligro alguno al bien jurídico protegido por la norma de la Seguridad Interior del Estado, es decir, el A Quo aunque da valor probatorio a la prueba reprochada por el recurrente, razona que la posesión de dicha arma casera por parte del acusado no puso en peligro la Seguridad del Estado en tanto no portaba proyectiles, ni haber sido probado en juicio que estuviera en buen o mal estado de funcionamiento. El Tribunal de juicio ha dispuesto en forma motivada la fundamentación fáctica y jurídica al ponderar la prueba incorporada al juicio y de esta ha concluido la no infracción al principio de lesividad dispuesto en el artículo 2 C del Código Penal, por lo que no impuso sanción penal al acusado. Por lo anteriormente expuesto este Tribunal de Casación, declara sin lugar el recurso de casación invocado por el recurrente”. El caso referido por el Juzgador es diferente al proceso de mérito, ya que en el aludido se encontró al acusado en una mochila el arma de fabricación casera (chimba) y no se estableció que estuviera en buen estado de funcionamiento; sin embargo en el caso seguido contra J. M. L. L.; se acreditó la peligrosidad, ya que como se señaló anteriormente, en el momento del decomiso del arma, esta tenía cuatro proyectiles, dos de ellos ya habían sido percutidos; asimismo el imputado es aprehendido por la comisión de otros ilícitos que pusieron en peligro la vida, la integridad corporal y los bienes del testigo protegido denominado B, por lo que no consideramos que los extremos señalados en el recurso de casación de fecha 6/2/2007 sean aplicables a la causa que se le ha seguido al señor J. M. L. L., por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Por lo que no existe tesis que respalde la posición del Sentenciador, misma que vulnera el Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente, ya que incorpora en su valoración circunstancias que no son similares al caso que se ha conocido contra el señor J. M. L. L. por el delito de Portación Ilegal de Armas, ya que en éste si se acreditó la peligrosidad, al haber sido detenido el imputado en posesión de un arma la cual utilizó para comisión de otros ilícitos; asimismo el arma que le es decomisada se encuentra con cuatro casquillos y que dos de ellos si fueron percutidos, lo que indica que el arma si funcionaba. Contrario a ello, en el caso aludido al imputado se le encuentra en la mochila el arma de fabricación casera y no fue posible establecer su funcionamiento. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia”. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR LA NO OBSERVACION DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.- El sistema de valoración de prueba de sana crítica, como regla que ha de regir la deliberación y votación, al tenor de lo que dispone el artículo 336 del Código Procesal Penal, implica a su vez, la obligación jurisdiccional de exponer y dejar sentado en la sentencia los fundamentos del razonamiento lógico y su referencia causal[1]; para ello, se hace necesaria la observancia de los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Entre estas normas de la lógica se encuentran, la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de razón suficiente. Respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma, que ha sido interpuesto, el Ministerio Público ha considerado infringida la Regla Lógica en su Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente; y la de la Derivación en su apartado de Suficiencia. Es sobre la concurrencia o no de dichas infracciones que se centrará el análisis del recurso examiné. Tal y como lo explica E. Bacigalupo[2], la formación de la convicción judicial sobre los hechos, se caracteriza por dos niveles diversos: El primer nivel consiste en la formación sobre la base de lo percibido en el juicio oral de las premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Este nivel corresponde básicamente a la decisión sobre la existencia o no de prueba de cargo. En el segundo nivel se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. En el devenir de ambos niveles lo que se busca es comprobar la credibilidad de las pruebas aportadas por las partes; y este juicio de credibilidad aparece integrado por: 1) la fiabilidad o confianza que genera cada uno de los medios probatorios; 2) la significación que debe otorgarse a los hechos expuestos al juzgador por cada uno de esos medios de prueba; y 3) la verosimilitud o creencia de que son verdaderos o falsos los hechos así aportados al proceso. La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, "nada existe sin una causa o razón determinante”. Es así que, las leyes de contradicción y razón suficiente y las normas de experiencia se entrelazan; ya que, el juzgador ha de estar vinculado a las reglas normales de experiencia y conocimiento cuya explicación al tema debe explicitar y fundar. El método apela a una racionalidad que puede caracterizarse como la aplicación de los criterios de experiencia que nos permiten fundar afirmaciones, que llevan a formular conclusiones aceptables o socialmente plausibles respecto a que algo es probable, evidente, dudoso o cierto[3]. II.- Dicho lo anterior, como se deriva de la sentencia que se recurre por vía de casación, en el numeral cuarto de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencias considera que “Con la prueba documental consistente en las actas de decomiso se acredita que a J. M. L. L. se le decomiso una arma de fuego tipo revolver calibre desconocida mas otros objetos que no son parte de este proceso, también se acredita que se le decomiso una motocicleta color azul marca Génesis y dos cascos dichas catas corren a folio (35 y 36) del expediente de merito, de igual forma con la constancia de Registro balístico se acredita que J. M. L. L. no tiene ninguna arma de fuego registrada a su nombre.” Sin embargo, en el párrafo segundo del numeral DECIMO PRIMERO de la sentencia el Tribunal refiere: “Por otra parte en relación al delito de Portación Ilegal de Armas, de la prueba documental consistente en el Acta de Decomiso o Secuestro y Acta de Registro Personal. El Tribunal aprecia que efectivamente se le decomiso a J. M. L. L. una arma de fuego tipo revolver calibre desconocida, sin embargo es insuficiente por parte del ente acusador acreditar únicamente que J. M. L. L. fue aprehendido en posesión de una arma de fuego de calibre desconocido, pues es necesario establecer ante el órgano sentenciador que efectivamente esa arma funcionaba, para de esta forma establecer que el procesado puso en peligro la Seguridad Interior de Estado de Honduras, pues de lo contrario no se habría producido lesión o peligro alguno al bien jurídico protegido por la norma de la Seguridad Interior del Estado. Razón por la cual el Tribunal pondera la prueba incorporada al juicio, y de esta ha concluido la no infracción al principio de lesividad, dispuesto en el articulo 2 C del Código Penal, por no acreditarse ante estos Juzgadores que J. M. L. L. haya puesto en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado, ya que no se estableció si dicha arma funcionaba o no. ” (Ver f-216). Estas aseveraciones del Tribunal de Sentencia, resultan a toda luz contradictorias; en vista de que por un lado, da valor probatorio a la prueba documental y manifiesta que merecen toda credibilidad para dar por probado los hechos del decomiso de un arma de fuego y de que el señor J. M. L. L. no tiene ninguna arma de fuego registrada a su nombre, pero luego, al apreciar las pruebas, entiende que las mismas no son suficiente para acreditar se haya puesto en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado. Con esta argumentación, el A-quo trae como consecuencia, tal y como lo hemos señalado una infracción a las normas de la lógica, específicamente a las leyes de contradicción y de razón suficiente; esto último porque la simple enunciación de que les parece que lo lógico hubiese sido establecer el funcionamiento del arma para establecer una lesión al bien jurídico protegido” olvidándose que la norma penal adjetiva le manda que debe ir más allá en lo que le corresponde revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, ya que en el presente caso existen la concurrencia de otros hechos que demuestran la acción del imputado al portar una arma sin estar autorizado para ello. .III.- En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse, como efectivamente lo hace esta Sala de lo Penal, que la sentencia definitiva fue dictada, bajo parámetros de incumplimiento a las reglas de la sana crítica, en específico, a las normas de la lógica, en lo que a las leyes de contradicción y razón suficiente conciernen; y en consecuencia debe ser declarado Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Quebrantamiento de Forma invocada por la recurrente. IV. Asimismo, esta Sala de lo Penal como rectora de la aplicación de normas penales considera que en el presente caso es necesario hacer un enérgico llamado de atención, tanto al Tribunal de Sentencia como al Ministerio Público como coadyuvantes en la aplicación de la Justicia para que en lo sucesivo sean diligentes en la aplicación de las norma procesales y garantes del debido proceso, respectivamente, específicamente en lo relacionado al manejo de la audiencia del juicio oral y público, así como de sus incidencia, en el entendido que las mismas queden plasmada en el Acta de Registro que para tal efecto se levanta con el objeto de dejar constancia de lo ocurrido durante esta etapa del proceso (en el caso particular una aplicación irrestricta al numeral 4 del artículo 346 del Código Procesal Penal), para una mejor elaboración de los recursos que a su vez faciliten el análisis y estudio de las causas que son sometidas a conocimiento de este Alto Tribunal, habida cuenta que en este caso se hace notoria la contradicción que existe entre lo declarado por el ofendido y la trascripción de las declaraciones que realiza el Tribunal en la valoración de la prueba testifical propuesta y evacuada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 31, 32, del Código Penal; 202, 338, 359, 362 preámbulo y numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único, invocado por la Abogada Y. M. M. L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, por no haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las Reglas de la Sana Crítica, en consecuencia, se anula la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil once (2011); y el Debate que la originó, de fecha dieciséis (16) de agosto del mismo año, en todo y cuanto concierne al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imputado al Señor J. M. L. L..- SEGUNDO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en relación a los pronunciamientos restantes: a) Numerales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de la Parte Dispositiva, mediante los cuales se condena al Señor J. M. L. L., por ser responsable penalmente del delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de M. J. C. ; b) Numeral Quinto de la Parte Dispositiva, mediante el cual se declara absuelto al señor J. M. L. L., por el Delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA que le fue imputado en perjuicio de M. J. C.. MANDA: PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, proceda a celebrar nueva audiencia de debate en el presente caso, en el cual deberán de participar jueces y juezas distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia parcialmente anulada. SEGUNDO: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente Sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Magistrado Ponente ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada Y. M. M. L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-462-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Moras Mom, Jorge R. Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Abeledo Perrot, Quinta edición, Buenos Aires, Argentina, 1999, Página 384.

[2] Véase. Bacigalupo, E., La Impugnación de los Hechos Probados en la Casación Penal y otros estudios, Editorial Adhoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1994, Páginas 28 y 29.

[3] Véase. V. Rossi, Jorge E., Derecho Procesal Penal (La realización penal), Tomo II El Proceso Penal, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina, 1997, Página 342.