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Sentencia CP-449-11 — Registro 3390

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de tentativa de estafa y asociación ilícita

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En su primer motivo, los Censores señalan que ha existido una incorrecta valoración de los medios de prueba, al haberse dejado de lado las reglas de la sana crítica, como sistema imperante para ésta actividad. Señalan que se ha relegado los principios de la lógica, particularmente en de derivación en su postulado de razón suficiente, al haber dictado los Juzgadores una sentencia condenatoria por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA cuando no existe prueba suficiente para ello, no se presentaron dictámenes de peritos mediante los cuales se pudiese determinar que su representado pertenece a una mara o pandilla, o que pertenece a un grupo ilícito con antecedentes delictivos registrados en la Dirección General de Investigación Criminal, donde pudiese acreditar quienes eran cabecillas y quienes eran participantes. Increpa que su representado es, en todo caso, responsable del delito de ENCUBRIMIENTO, al haberse dado cuenta de la comisión de delitos sin haber puesto la denuncia respectiva. II. El motivo no es de recibo: Tal como se explica en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA no está orientado exclusivamente a las maras o pandillas, sino que a cualquier grupo de personas que se organicen para la comisión de actos ilícitos de manera permanente, tampoco exige el tipo penal que para su concurrencia sus miembros deban de tener antecedentes penales o policiales, de modo que el argumento de los Censores en este sentido no tiene asidero legal. Del examen de la fundamentación probatoria, la Sala de lo Penal determina, que la fuente de certeza para los Juzgadores de que el acusado es responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA es la declaración del señor M. R. P. F. (F.72) quien de manera muy puntual relata los hechos desde que tuvo el primer contacto con los miembros del grupo, hasta el instante de su detención. Para el Tribunal de Sentencia esta declaración no solo logró el convencimiento de la postura acusatoria debido a la claridad del relato (F.83), con el que declaró el testigo, sino que también por el hecho de concordar sus dichos con el resto de la prueba de cargo, como ser: 1) El testigo indica que se trasladó con el acusado y otra persona a Choluteca a sacar dinero de una cuenta perteneciente al señor R. M. (F.73) y la Constancia extendida por el Banco Atlántida (F.21), indica que en fechas 30 de enero y 1 de febrero del 2010, fue debitado de la cuenta del señor G. A. G. M. las cantidades de L. 185,000 y L. 750,000 respectivamente, en la Circular de Choluteca, por personas distintas al dueño de la cuenta; 2) El testigo indica que se trasladaron a la Ciudad en Comayagua, donde debitaron de la cuenta del señor M. R. L. la cantidad de L. 750,000 (F.75), entretanto la Constancia del Banco Atlántida (F. 21), señala que en fecha 4 de febrero del 2010, fue debitada de la cuenta del señor M. R. F. L., la cantidad de L. 650,000 por una persona distinta al titular de la cuenta de ahorros; 3) El testigo señala que se dirigieron a la Ciudad de la Paz a realizar un retiro de dinero de una cuenta de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y que estando dentro de la agencia bancaria decide salir a ver al acusado afuera, y al hablar con él, le indica que hay un problema porque la libreta de ahorros está mal falsificada, pero aún así el testigo decide regresar al interior del banco debido a que su vecina y cómplice se encontraba aún en el interior (F.80), versión que es corroborada con el testigo G. D. L. R., (F. 66), el que señala haber visto al señor testigo hablar con otra persona de sexo masculino fuera del banco y momentos después observó entrar al testigo a la agencia bancaría, siendo capturado posteriormente. La Sala de lo Penal, encuentra que la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Sentencia tras la valoración de la prueba se apega al principio lógico de derivación, que señala que el acusado N. L. P. M., era parte de un grupo de personas quienes se reunían de manera permanente para la ejecución de delitos. Resultando procedente, declarar Sin Lugar el primer motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."POR APLICACION INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA (PRECEPTO DEL CODIGO PENAL). II. PRECEPTO DEL CODIGO PENAL INFRINGIDO: ARTÍCULO 332 del Código Penal Vigente. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente establece: Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de Ley o de doctrina Legal, cuando dado los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que la infracción de Ley de que se acusa a la Sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el motivo de casación se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia de Comayagua, declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Entre el veintiocho de enero y veintinueve de marzo del año dos mil diez, N. L. P. M., M. R. P. y un tercero, se apersonaban en Sucursales de Banco Atlántida de las Ciudades de Choluteca, San marcos de Colon y Comayagua con la finalidad de retirar dinero de cuentas de clientes del Banco y sin contar con el consentimiento de éstos, para lo cual el señor P. F. se presentaba ante las oficinas de cajeros, mientras N. L. P. M. quien desempeñaba la función de seguridad del grupo y entregar cincuenta mil Lempiras a P. F. por cada retiro que éste realizara, se quedaba junto a un tercero en un vehículo estacionado a poca distancia de las sucursales bancarias. SEGUNDO: El veintinueve de marzo del año dos mil Díez, N. L. P. M., M. R. P. F., M. del C. S., y un tercero, se transportaba con destino a la Agencia de la Empresa Mercantil Banco Atlántida sita en el Barrio San osé de la Ciudad de la Paz, en el Departamento de La Paz, dentro de un vehículo doble cabina, al llegar a la sucursal bancaria, se bajan del vehículo M. R. y M. del C., y se dirigen al interior de la sucursal Bancaria, una ve llegan al área de cajeros, sacan una libreta de ahorros de material y contenido falso, a nombre de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (O.A.B.I.), a su vez dos cédulas de identidad de contenido falso a nombre de los señores L. A. V. y O. A. A. M., en cuyo cuerpo se incluía la fotografía de M. R. y M. del C. respectivamente. TERCERO: Una vez ya frente a uno de los cajeros y habiendo presentado los documentos antes mencionados M. R. y M. del C. peticionan que de la cuenta realizarán un retiro de cien mil lempiras (Lps.100,000.00), por lo que los cajeros les dicen que tendrían que esperar un rato, acto seguido N. L. P. M., baja del vehículo y se dirige al edificio de la sucursal, desde afuera llama a M. R. para advertirle que la libreta presentaba un defecto de tinta y que aborten el plan, por lo que M. R. sale de la sucursal y una vez ha hablado con N. vuelve a ingresar a la misma para avisar a M. del C. de lo sucedido, momento en que llega la Policía y da detención aún en el interior a M. R. y M. del C., no así a N. L. P. M. y el tercero que les acompañaba. INTERPRETACION O APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: La interpretación o aplicación que pretende este Defensor, en el presente caso concreto, es que no se puede aplicar el tipo penal de Asociación Ilícita establecido en el artículo 332 del Código Penal al caso concreto, puesto que de los propios hechos probados, se infiere que la única participación de nuestro defendido N. L. P. M., es que esperaba dentro de un vehículo mientras otras personas hacían transacciones bancarias, por lo cual no se dan los presupuestos del tipo penal de Asociación Ilícita, ya que los hechos probados no hablan que un grupo de personas específicas y plenamente identificadas, y que estén agrupadas permanentemente en una agrupación o Banda reconocida por la Policía, con el único propósito de cometer delitos, pero objetamos la interpretación que hace el Juez Ponente, en la parte de la sentencia de la fundamentación jurídica de la misma, puesto que invoca de manera supletoria la convención de las Nacionales Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que no aplica al caso concreto, puesto que dicha Convención en mención se aplica a los Carteles del Narcotráfico o Trata de Blancas, que operan permanentemente y simultáneamente en varios países, verbigracia, El Cartel de Sinaloa. Por lo cual Honorables Magistrados, no queda más que modificar la sentencia y absolver de la responsabilidad penal por el delito de Asociación Ilícita a nuestro defendido N. L. P. M. Para su Ilustración Honorables Magistrados, en los juicios penales en que el Ministerio Público acusa por el tipo penal de Asociación Ilícita, ya hay precedentes e incluso jurisprudencia, a nivel de Salas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y de esa Honorable Corte Suprema de Justicia que de manera oral citaremos los números de expedientes de los otros tres juicios en que han coincidido y ha habido uniformidad jurídica en tres fallos en juicios penales diferentes, y la unidad de interpretación jurídica, es que deben darse en los juicios donde se acusan por Asociación Ilícita, varios presupuestos o criterio: permanencia y sentido de pertenencia, lo cual redunda en que en el caso concreto en mención, no se da la permanencia, puesto que nuestro defendido en mención, aunque lo mencionen junto a otras dos personas, hay un lapso de dos meses en que no se le vincula para nada, o sea hay un brecha o intervalo de aislamiento, en que nos se les menciona si seguían reuniéndose para planificar ejecutar delitos, por lo cual su accionar solo es ocasional, y lo otro es que no hay ninguna matriz dictaminada por un experto de la unidad de grupo y pandillas, y que ratificara dicho peritaje en el debate oral y público, donde se supiera con precisión a que agrupación o a que tipo de organización supuestamente perteneciera nuestro defendido en mención junto a otros dos personas, ya que incluso no es reincidente junto a las otras personas que menciona los hechos probados en mención, ni tan siquiera hay fichas policiales en que aparezcan las mismas personas denunciadas por los mismos delitos. Los hechos probados en mención, de la sentencia impugnada, en todo calza perfectamente en el tipo penal de estafa en su grado de ejecución de tentativa, establecido en el artículo 240 en relación al artículo 15 ambos del Código Penal Vigente, ya que se ha aplicado mal el artículo 332 del Código Penal vigente. Aunado a lo anterior, Honorables Magistrados, a nuestro defendido N. L. P. M., el Tribunal de Sentencia de Comayagua, solo se le condena por el hecho ocurrido el 29 de marzo del año 2010, en la Ciudad de La Paz, La Paz, en perjuicio de Banco Atlántida y no así en perjuicio de otros Bancos de otras regiones de Honduras como ser: Choluteca, San Marcos de Colon y Comayagua, por lo cual el fallo es solo por estafa en su grado de ejecución de tentativa y no por estafa continuada en su grado de ejecución de Tentativa, de lo que se infiere que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, da por ciertos lo antes expuesto en el primero de los hechos probados pero sobre el cual no recayó ninguna sentencia condenatoria y ninguna pena, entonces solo es meramente una manifestación declarativa sin ningún tipo de sanción penal. En conclusión, derivado de que a nuestro defendido antes aludido, no se le condenó por el delito de estafa continuada en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del Banco Atlántida, en diferentes sucursales, es que no se configura el delito de Asociación Ilícita.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."En su Segundo Motivo, los Censores consideran que se han violentado las reglas establecidas por el Código Procesal penal para la celebración de la audiencia de juicio oral y público, en virtud de que los Juzgadores, en la sentencia emitida omitió pronunciarse sobre la sentencia absolutoria sobre los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USO PÚBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA. II. Es importante indicar, que la Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate, en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado. Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp 318-2010). El Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero, señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo, siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. III. El Motivo no es de recibo. El artículo 362.5 refiere a la violación de las reglas previstas para la celebración de la etapa de juicio oral y público y que por su esencialidad repercutan en la validez de la sentencia, más en el caso de examine, los Censores señalan la existencia de un vicio que aconteció en la elaboración de la sentencia (Art. 338, Regla Quinta del Código Procesal Penal) y no en la etapa de juicio, al ser del criterio de que se ha omitido el pronunciamiento absolutorio de las restantes imputaciones que había formulado el Ministerio Público en su formalización de acusación. El Censor ha errado en el precepto autorizante y por cuanto en el tipo de motivo, ya que lo argumentado corresponde encuadrarlo en el artículo 362.6 del Código Procesal Penal, ergo, ello impide que este Tribunal de Casación pueda adentrarse en el pronunciamiento de lo denunciado. Lo anterior, es sin perjuicio de lo expresado por esta Sala de lo Penal, cuando se refirió al Recurso de Casación por Infracción de Ley. IV. Por lo relacionado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo..."

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de septiembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual Primero: Condenó al señor N. L. P. M., como autor responsable del delito de TENTATIVA DE ESTAFA en perjuicio del BANCO ATLANTIDA, a la pena de DOS (02) AÑOS CON OCHO (08) MESES de reclusión; Segundo: Condenó al señor N. L. P. M. como autor responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRECE (13) AÑOS CON CUATRO (04) MESES de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo, declara al condenado responsable civilmente por la indemnización de los perjuicios derivados de los delitos por los que ha sido condenado. Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados J. E. O. R. Y J. A. M. R., actuando en su condición de Apoderados Defensores del señor N. L. P. M. SON PARTES: Los Abogados J. E. O. R. Y J. A. M. R., actuando en su condición de Defensores Privados del Acusado N. L. P. M., como parte recurrente y la Abogada R. L. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Entre el veintiocho de enero y el veintinueve de marzo del año dos mil diez, N. L. P. M., M. R. P. F. y un tercero se apersonaban en sucursales de Banco Atlántida de las ciudades de Choluteca, San Marcos de Colón y Comayagua, con la finalidad de retirar dinero de cuentas de clientes del Banco y sin contar con el consentimiento de éstos, para lo cual el señor P. F. se presentaba ante la oficina de cajeros, mientras N. L. P. M. quien desempeñaba la función de seguridad del grupo y entregar cincuenta mil lempiras a P. F. por cada retiro que éste realizaba, se quedaba junto a un tercero en un vehículo estacionado a poca distancia de las sucursales bancarias. SEGUNDO: El veintinueve de marzo del año dos mil diez, N. L. P. M., M. R. P. F., M. del C. S. y un tercero, se transportaba con destino a la agencia de la Empresa Mercantil Banco Atlántida sita en el Barrio San José de la ciudad de La Paz, en el Departamento de La Paz, dentro de un vehículo doble cabina, al llegar a la sucursal bancaria, se bajan del vehículo M. R. y M. del C. y se dirigen al interior de la sucursal bancaria, una vez llegan al área de cajeros, sacan una libreta de ahorros de material y contenido falso, a nombre de la Oficina de Administración Bienes Incautados (OABI) a su vez dos cédulas de identidad de contenido falso a nombre de los señores L. A. V. de L. y O. A. A. M., en cuyo cuerpo se incluía la fotografía de M. R. y M. del C. respectivamente. TERCERO: Una vez ya frente a uno de los cajeros y habiendo presentado los documentos antes mencionados M. R. y M. del C. peticionan que de la cuenta realizarán un retiro de Cien Mil Lempiras (Lps 100,000.00), por lo que los cajeros les dicen que tendrían que esperar un rato, acto seguido N. L. P. M. baja del vehículo y se dirige al edificio de la sucursal, desde afuera llama a M. R. para advertirle que la libreta presentaba un defecto de tinta y que aborten el plan, por lo que M. R. sale de la sucursal y una vez ha hablado con N. vuelve a ingresar a la misma para avisar a M. del C. de lo sucedido, momento en que llega la policía y da detención aún en el interior a M. R. y M. del C., no así a N. L. P. M. y el tercero que les acompañaba”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. Los recurrentes, Abogados J. E. O. R. Y J. A. M. R., formalizaron su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: I. MOTIVO UNICO: POR APLICACION INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA (PRECEPTO DEL CODIGO PENAL). II. PRECEPTO DEL CODIGO PENAL INFRINGIDO: ARTÍCULO 332 del Código Penal Vigente. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente establece: Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de Ley o de doctrina Legal, cuando dado los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que la infracción de Ley de que se acusa a la Sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el motivo de casación se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia de Comayagua, declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Entre el veintiocho de enero y veintinueve de marzo del año dos mil diez, N. L. P. M., M. R. P. y un tercero, se apersonaban en Sucursales de Banco Atlántida de las Ciudades de Choluteca, San marcos de Colon y Comayagua con la finalidad de retirar dinero de cuentas de clientes del Banco y sin contar con el consentimiento de éstos, para lo cual el señor P. F. se presentaba ante las oficinas de cajeros, mientras N. L. P. M. quien desempeñaba la función de seguridad del grupo y entregar cincuenta mil Lempiras a P. F. por cada retiro que éste realizara, se quedaba junto a un tercero en un vehículo estacionado a poca distancia de las sucursales bancarias. SEGUNDO: El veintinueve de marzo del año dos mil Díez, N. L. P. M., M. R. P. F., M. del C. S., y un tercero, se transportaba con destino a la Agencia de la Empresa Mercantil Banco Atlántida sita en el Barrio San osé de la Ciudad de la Paz, en el Departamento de La Paz, dentro de un vehículo doble cabina, al llegar a la sucursal bancaria, se bajan del vehículo M. R. y M. del C., y se dirigen al interior de la sucursal Bancaria, una ve llegan al área de cajeros, sacan una libreta de ahorros de material y contenido falso, a nombre de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (O.A.B.I.), a su vez dos cédulas de identidad de contenido falso a nombre de los señores L. A. V. y O. A. A. M., en cuyo cuerpo se incluía la fotografía de M. R. y M. del C. respectivamente. TERCERO: Una vez ya frente a uno de los cajeros y habiendo presentado los documentos antes mencionados M. R. y M. del C. peticionan que de la cuenta realizarán un retiro de cien mil lempiras (Lps.100,000.00), por lo que los cajeros les dicen que tendrían que esperar un rato, acto seguido N. L. P. M., baja del vehículo y se dirige al edificio de la sucursal, desde afuera llama a M. R. para advertirle que la libreta presentaba un defecto de tinta y que aborten el plan, por lo que M. R. sale de la sucursal y una vez ha hablado con N. vuelve a ingresar a la misma para avisar a M. del C. de lo sucedido, momento en que llega la Policía y da detención aún en el interior a M. R. y M. del C., no así a N. L. P. M. y el tercero que les acompañaba. INTERPRETACION O APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: La interpretación o aplicación que pretende este Defensor, en el presente caso concreto, es que no se puede aplicar el tipo penal de Asociación Ilícita establecido en el artículo 332 del Código Penal al caso concreto, puesto que de los propios hechos probados, se infiere que la única participación de nuestro defendido N. L. P. M., es que esperaba dentro de un vehículo mientras otras personas hacían transacciones bancarias, por lo cual no se dan los presupuestos del tipo penal de Asociación Ilícita, ya que los hechos probados no hablan que un grupo de personas específicas y plenamente identificadas, y que estén agrupadas permanentemente en una agrupación o Banda reconocida por la Policía, con el único propósito de cometer delitos, pero objetamos la interpretación que hace el Juez Ponente, en la parte de la sentencia de la fundamentación jurídica de la misma, puesto que invoca de manera supletoria la convención de las Nacionales Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que no aplica al caso concreto, puesto que dicha Convención en mención se aplica a los Carteles del Narcotráfico o Trata de Blancas, que operan permanentemente y simultáneamente en varios países, verbigracia, El Cartel de Sinaloa. Por lo cual Honorables Magistrados, no queda más que modificar la sentencia y absolver de la responsabilidad penal por el delito de Asociación Ilícita a nuestro defendido N. L. P. M. Para su Ilustración Honorables Magistrados, en los juicios penales en que el Ministerio Público acusa por el tipo penal de Asociación Ilícita, ya hay precedentes e incluso jurisprudencia, a nivel de Salas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y de esa Honorable Corte Suprema de Justicia que de manera oral citaremos los números de expedientes de los otros tres juicios en que han coincidido y ha habido uniformidad jurídica en tres fallos en juicios penales diferentes, y la unidad de interpretación jurídica, es que deben darse en los juicios donde se acusan por Asociación Ilícita, varios presupuestos o criterio: permanencia y sentido de pertenencia, lo cual redunda en que en el caso concreto en mención, no se da la permanencia, puesto que nuestro defendido en mención, aunque lo mencionen junto a otras dos personas, hay un lapso de dos meses en que no se le vincula para nada, o sea hay un brecha o intervalo de aislamiento, en que nos se les menciona si seguían reuniéndose para planificar ejecutar delitos, por lo cual su accionar solo es ocasional, y lo otro es que no hay ninguna matriz dictaminada por un experto de la unidad de grupo y pandillas, y que ratificara dicho peritaje en el debate oral y público, donde se supiera con precisión a que agrupación o a que tipo de organización supuestamente perteneciera nuestro defendido en mención junto a otros dos personas, ya que incluso no es reincidente junto a las otras personas que menciona los hechos probados en mención, ni tan siquiera hay fichas policiales en que aparezcan las mismas personas denunciadas por los mismos delitos. Los hechos probados en mención, de la sentencia impugnada, en todo calza perfectamente en el tipo penal de estafa en su grado de ejecución de tentativa, establecido en el artículo 240 en relación al artículo 15 ambos del Código Penal Vigente, ya que se ha aplicado mal el artículo 332 del Código Penal vigente. Aunado a lo anterior, Honorables Magistrados, a nuestro defendido N. L. P. M., el Tribunal de Sentencia de Comayagua, solo se le condena por el hecho ocurrido el 29 de marzo del año 2010, en la Ciudad de La Paz, La Paz, en perjuicio de Banco Atlántida y no así en perjuicio de otros Bancos de otras regiones de Honduras como ser: Choluteca, San Marcos de Colon y Comayagua, por lo cual el fallo es solo por estafa en su grado de ejecución de tentativa y no por estafa continuada en su grado de ejecución de Tentativa, de lo que se infiere que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, da por ciertos lo antes expuesto en el primero de los hechos probados pero sobre el cual no recayó ninguna sentencia condenatoria y ninguna pena, entonces solo es meramente una manifestación declarativa sin ningún tipo de sanción penal. En conclusión, derivado de que a nuestro defendido antes aludido, no se le condenó por el delito de estafa continuada en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del Banco Atlántida, en diferentes sucursales, es que no se configura el delito de Asociación Ilícita”. III. Continúan manifestando los recurrentes en su: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: I. MOTIVO PRIMERO: Por no haberse observado en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. II. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 del Código Procesal Vigente. III. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral tercero parte final del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1)… 2)… 3)… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que el vicio improcedendo de que se acusa a la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Honorables Magistrados, para su sola Ilustración, manifiesto que modestamente os será de utilidad, para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que debe entenderse en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el artículo 202 del Código Procesal Penal, el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados. El Honorables Magistrados, la regla de sana crítica, que no se observó en el presente debate, es la lógica jurídica, puesto como es que se dicta sentencia condenatoria, por Asociación Ilícita, si hay insuficiencia de pruebas para arribar a tal fallo, puesto que el Ministerio Público no acreditó a través de un peritaje de un experto Maras y Pandillas y asociaciones ilícitas, que de nuestro defendido en mención junto a otras personas, ya se poseían en los archivos de la Dirección General de Investigación Criminal, una matriz de los integrantes, con sus respectivos perfiles y quienes eran los cabecillas y demás integrantes; aunado a lo anterior, la violación de la lógica jurídica, específicamente resulta de la infracción del principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, considerando, que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, acepta por probado que nuestro defendido en mención junto a otras dos personas, se apersonaban en sucursales de Banco Atlántida, con la finalidad de retirar dinero, pero el abanico de pruebas evacuadas en el debate, solo vinculan a los señores M. R. P. y M. del C. S., y un tercero que se desconoce el nombre y apellido, y solo se probó en el debate que nuestro defendido N. L. P. M., su única participación es a título de encubridor, puesto que aún a sabiendas de lo que las otras tres personas en mención hacían, nunca los denunció a la autoridad competente. Honorable Magistrados, de lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la sentencia dictada en el juicio oral y público que nos ocupa, no está dictada conforme a Derecho y que ese alto Tribunal de Justicia, vuelva a fallar anulando la sentencia condenatoria por el delito de ASOCIACION ILICITA Y ESTAFA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y se ordene que se repita el juicio antes descrito por otra sala del Tribunal de Sentencia de Comayagua. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: I. MOTIVO SEGUNDO: Por La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. II. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: ARTICULO 338 REGLA QUINTA del Código Procesal Penal. III. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral cinco del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que el vicio improcedendo de que se acusa a la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICION DEL MOTIVO SEGUNDO: Honorables Magistrados, el Código Procesal Penal, taxativamente ya establece las reglas que los Tribunales de Sentencia deben de aplicar al momento de dictar una sentencia por escrito, y su regla QUINTA, establece literalmente: En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Como vosotros Honorables Magistrados, concluirán en el presente caso concreto, que el Tribunal de Sentencia de COMAYAGUA, ha infringido una norma adjetiva penal, como es el artículo 338 regla quinta del Código Procesal Penal, ya que se omitió insertar en la sentencia dictada en fecha seis de septiembre del año dos mil once que si absolvían o condenaban a nuestro defendido N. L. P. M. por los delitos de Falsificación de documentos Públicos, uso de Documentos falsos y uso público de nombre supuesto en perjuicio de la Fe Pública. Honorable Magistrados, de lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la sentencia dictada en el juicio oral y público que nos ocupa, no está dictada conforme a Derecho y que ese alto Tribunal de Justicia, vuelva a fallar anulando la sentencia condenatoria por el delito de ASOCIACION ILICITA Y ESTAFA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y se ordene que se repita el juicio antes descrito por otra sala del Tribunal de Sentencia de Comayagua”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO LOS ABOGADOS J. E. O. R. y J. A. M. R., DEFENSORES PRIVADOS DEL ACUSADO N. L. P. M., DENUNCIANDO ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes. B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. II. Los Censores objetan la sentencia impugnada al ser del criterio que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 332 del Código Penal que contiene el delito de Asociación Ilícita, ya que de los hechos probados se infiere que la única participación de su representado fue esperar dentro del vehículo mientras otras personas hacían las transacciones bancarias cuestionadas; indica que no concurren los elementos objetivos del tipo al no haberse probado la existencia de un grupo de personas que de carácter permanente se dedicaran a cometer ilícitos, porque entre los hechos ocurridos en la Ciudad de Choluteca con los ocurridos en la Ciudad de La Paz, hay un lapso de dos meses dentro de los cuales no se vincula a su representado con el resto de las personas acusadas. Consideran que los Juzgadores pasaron por alto que su representado no es reincidente, no tampoco fue aportado por el Ministerio Público fichas policiales donde aparezca denunciado junto con otras personas por los mismos delitos, ni tampoco fue vinculado con ninguna mara o pandilla, por lo que los hechos ocurridos son de carácter ocasional. Concluye que lo procedente en el presente caso, es que se absuelva a su representado por el delito de Asociación Ilícita. III. Constatando la audiencia preliminar, celebrada en la etapa intermedia del proceso, misma que corre a folio 295 del Expediente de Mérito, la Sala de lo Penal aprecia, que el Ministerio público en este caso formalizó acusación en contra del señor N. L. P. M., por suponerlo autor de los delitos de ESTAFA TENTADA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, USO DE NOMBRE SUPUESTO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA. IV. Para dar respuesta al reclamo del Recurrente, es preciso indicar que la Constitución de la República en su artículo 78 garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello a tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal que establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) Lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”, por lo que corresponde su análisis: A) Naturaleza: El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional; C) Elementos Objetivos del Tipo: 1) Sujetos Activos: El tipo penal no señala cuantas personas deberán de estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la Convención de Palermo y conforme la Sentencia de fecha 22, de enero del 2007, en Exp 2325-2004, dictada por esta Sala de lo Penal, deberá de entenderse que como mínimo tres personas. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El Sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le de la membresía. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aún cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; 2) Conducta Criminosa: Teniendo como verbo rector el “asociarse”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos; 3) Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Exp 058-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006); 4) Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; 5) Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir, a todos los que conforman la sociedad hondureña. D) Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Exp 058-2006). E) Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o Jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), más no como cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta a imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L.100,000.00 a L.300,000.00 lempiras. G). Características del Tipo Penal: 1) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento. 2) Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción del sujeto activo de asociarse con otras personas sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005, en el Exp 291-04 y Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de tres personas o mas; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivos: Protege un único bien jurídico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en el Exp 291-04, Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). V. El Recurso no es de Recibo: Retornando al caso examinado y en revisión de los hechos declarados probados, la Sala de lo Penal concluye, que en los mismos se aprecian los elementos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 332 del Código Penal, dando vida al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA. Si bien, los hechos probados podrían haber sido redactados de manera más afortunada, su contenido alcanza para tener claro que el acusado N. L. P. M., junto con dos personas, se constituyeron como grupo a efecto de realizar actos ilícitos, conformación que se dio desde el mes de enero hasta el mes de marzo, momento en que fueron descubiertos por una entidad bancaria y aprehendidos por la Policía, es pues, que tal lapso de tiempo indica que no se trata de una reunión ocasional, sino un grupo organizado y permanente, en donde la función del acusado N. L. P. M., era hacer las veces de guardián o “guardaespaldas” y además el encargado de hacer el pago al señor M. R. P. F., cuando éste había obtenido las cantidades de dinero mediante estafas. VI. Los Censores, al entablar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, abren la vía mediante la cual la Sala de lo Penal, examina la legalidad de los pronunciamientos del Tribunal de Sentencia teniendo como base los hechos declarados probados, por lo que en esa tarea advierte que los Juzgadores inobservaron las normas sustantivas contenidas en los artículos 289 en relación con el artículo 284 que tipifica el Uso de Documento Público Falso, artículo 294 último párrafo que tipifica el delito de Uso Público de Nombre Supuesto. Como se explica líneas atrás, el grupo de personas que se asocian para ejecutar actos delictivos, deben de ser considerados como co-autores de éstos, por cuanto la participación activa en la asociación conlleva asumir como propia las acciones que realicen los demás miembros que buscan la ejecución de los delitos acordados. Así las cosas, el uso de documento público falso consistente en tarjetas de identidad y el uso indebido de nombre supuesto, todo ello cometido por el señor M. R. P. F. (según se señala en los hechos declarados probados), igualmente puede ser atribuible al acusado N. L. P. M., en su condición de co-autor de dichos delitos, mismos que sirvieron como medio (Concurso Medial) para la ejecución del delito de ESTAFA TENTADA. El Tribunal de Sentencia no solo falta con la inobservancia de las normas sustantivas relacionadas, sino que además, omite hacer algún pronunciamiento de éstas en la fundamentación jurídica, aún cuando fueron objeto de imputación en la formalización de cargos celebrada en la etapa intermedia del proceso. Las anteriores observaciones, como se indicó, son resultado del examen de legalidad de la sentencia solicitado por los Censores, pero que no tienen ninguna incidencia en la sentencia por disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal, que prohíbe la reforma peyorativa de los recursos en perjuicio de la parte que lo hubiese entablado, considerando que en el presente caso ha sido la defensa del acusado quien ha interpuesto el Recurso de Casación por Infracción de Ley. VII. Por lo expresado, corresponde declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS J. E. O. R. y J. A. M. R., APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DEL SEÑOR N. L. P. M.; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Los Censores fustigan la sentencia al considerar que la misma adolece de vicio in procedendo, mismo que explican en dos motivos diferentes: A) Infracción de las reglas de la sana crítica, al haber los juzgadores faltado los principios de la lógica y la razón suficiente; B) Inobservancia de las reglas establecidas para la celebración del juicio oral por violación del artículo 338 regla quinta del Código Procesal Penal. DEL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. En su primer motivo, los Censores señalan que ha existido una incorrecta valoración de los medios de prueba, al haberse dejado de lado las reglas de la sana crítica, como sistema imperante para ésta actividad. Señalan que se ha relegado los principios de la lógica, particularmente en de derivación en su postulado de razón suficiente, al haber dictado los Juzgadores una sentencia condenatoria por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA cuando no existe prueba suficiente para ello, no se presentaron dictámenes de peritos mediante los cuales se pudiese determinar que su representado pertenece a una mara o pandilla, o que pertenece a un grupo ilícito con antecedentes delictivos registrados en la Dirección General de Investigación Criminal, donde pudiese acreditar quienes eran cabecillas y quienes eran participantes. Increpa que su representado es, en todo caso, responsable del delito de ENCUBRIMIENTO, al haberse dado cuenta de la comisión de delitos sin haber puesto la denuncia respectiva. II. El motivo no es de recibo: Tal como se explica en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA no está orientado exclusivamente a las maras o pandillas, sino que a cualquier grupo de personas que se organicen para la comisión de actos ilícitos de manera permanente, tampoco exige el tipo penal que para su concurrencia sus miembros deban de tener antecedentes penales o policiales, de modo que el argumento de los Censores en este sentido no tiene asidero legal. Del examen de la fundamentación probatoria, la Sala de lo Penal determina, que la fuente de certeza para los Juzgadores de que el acusado es responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA es la declaración del señor M. R. P. F. (F.72) quien de manera muy puntual relata los hechos desde que tuvo el primer contacto con los miembros del grupo, hasta el instante de su detención. Para el Tribunal de Sentencia esta declaración no solo logró el convencimiento de la postura acusatoria debido a la claridad del relato (F.83), con el que declaró el testigo, sino que también por el hecho de concordar sus dichos con el resto de la prueba de cargo, como ser: 1) El testigo indica que se trasladó con el acusado y otra persona a Choluteca a sacar dinero de una cuenta perteneciente al señor R. M. (F.73) y la Constancia extendida por el Banco Atlántida (F.21), indica que en fechas 30 de enero y 1 de febrero del 2010, fue debitado de la cuenta del señor G. A. G. M. las cantidades de L. 185,000 y L. 750,000 respectivamente, en la Circular de Choluteca, por personas distintas al dueño de la cuenta; 2) El testigo indica que se trasladaron a la Ciudad en Comayagua, donde debitaron de la cuenta del señor M. R. L. la cantidad de L. 750,000 (F.75), entretanto la Constancia del Banco Atlántida (F. 21), señala que en fecha 4 de febrero del 2010, fue debitada de la cuenta del señor M. R. F. L., la cantidad de L. 650,000 por una persona distinta al titular de la cuenta de ahorros; 3) El testigo señala que se dirigieron a la Ciudad de la Paz a realizar un retiro de dinero de una cuenta de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y que estando dentro de la agencia bancaria decide salir a ver al acusado afuera, y al hablar con él, le indica que hay un problema porque la libreta de ahorros está mal falsificada, pero aún así el testigo decide regresar al interior del banco debido a que su vecina y cómplice se encontraba aún en el interior (F.80), versión que es corroborada con el testigo G. D. L. R., (F. 66), el que señala haber visto al señor testigo hablar con otra persona de sexo masculino fuera del banco y momentos después observó entrar al testigo a la agencia bancaría, siendo capturado posteriormente. La Sala de lo Penal, encuentra que la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Sentencia tras la valoración de la prueba se apega al principio lógico de derivación, que señala que el acusado N. L. P. M., era parte de un grupo de personas quienes se reunían de manera permanente para la ejecución de delitos. Resultando procedente, declarar Sin Lugar el primer motivo. DEL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.5, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 338 REGLA QUINTA, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. En su Segundo Motivo, los Censores consideran que se han violentado las reglas establecidas por el Código Procesal penal para la celebración de la audiencia de juicio oral y público, en virtud de que los Juzgadores, en la sentencia emitida omitió pronunciarse sobre la sentencia absolutoria sobre los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USO PÚBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA. II. Es importante indicar, que la Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate, en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado. Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp 318-2010). El Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero, señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo, siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. III. El Motivo no es de recibo. El artículo 362.5 refiere a la violación de las reglas previstas para la celebración de la etapa de juicio oral y público y que por su esencialidad repercutan en la validez de la sentencia, más en el caso de examine, los Censores señalan la existencia de un vicio que aconteció en la elaboración de la sentencia (Art. 338, Regla Quinta del Código Procesal Penal) y no en la etapa de juicio, al ser del criterio de que se ha omitido el pronunciamiento absolutorio de las restantes imputaciones que había formulado el Ministerio Público en su formalización de acusación. El Censor ha errado en el precepto autorizante y por cuanto en el tipo de motivo, ya que lo argumentado corresponde encuadrarlo en el artículo 362.6 del Código Procesal Penal, ergo, ello impide que este Tribunal de Casación pueda adentrarse en el pronunciamiento de lo denunciado. Lo anterior, es sin perjuicio de lo expresado por esta Sala de lo Penal, cuando se refirió al Recurso de Casación por Infracción de Ley. IV. Por lo relacionado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 260, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley, en su motivo único, interpuesto por los Abogados J. E. O. R. Y J. A. M. R.. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados J. E. O. R. Y J. A. M. R.; TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia dictada en fecha seis de septiembre del año dos mil once (2011), por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la cual declara la responsabilidad penal del señor N. L. P. M., como autor responsable del delito de ESTAFA TENTADA en perjuicio del BANCO ATLÁNTIDA, y como autor responsable de un delito CONSUMADO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENEDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.449=2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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