Sentencia CP-447-12 — Registro 2914
Resumen
Antejuicio promovido, ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, Choluteca, por el Abogado G. H. C., contra el Abogado R. A. O., en calidad de Funcionario Judicial asignado como Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. Declarado Sin lugar en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Que la actuación de nulidad planteada por el representante del Ministerio Público en cuanto a la audiencia inicial celebrada en fecha siete (07) de enero de dos mil doce, por no haber podido estar materialmente el mismo en la audiencia celebrada, es una actuación enmarcada dentro del Código Procesal Penal (artículo 166 numeral 2 Código Procesal Penal), la cual el Juez de Letras denunciado, adopto dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los Jueces de la República, darle el curso legal correspondiente y declaro la nulidad absoluta de la audiencia inicial solicitada por el Representante del Ministerio Público, siendo imposible imputar dicha resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del Representante del Ministerio Publico y del Juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del Recurso de Apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho Recurso, según el artículo 354.6 del C.P.P., (“la resolución que declare la extinción penal… ”), circunstancia que no ocurrió en el presente caso ya que el órgano acusador no procedió a interponer los recursos que la ley le permitía.- Es por todo lo anterior, que este Tribunal de Alzada, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan ser subsumidos dentro de los elementos objetivos del delito de Abuso de Autoridad, por ende, no concurren suficientes méritos para iniciar una causa penal por estos hechos, o dicho de otra manera, para proceder criminalmente contra el Juez por razón de su cargo, pues, no existen suficientes elementos para poder concluir que el antejuiciado dictó providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o que se abstuvo de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Es oportuno reiterar que la Sala de lo Penal ha sostenido que el: “Delito de Abuso de Autoridad uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo” (Véase sentencia No. 56-2005 del veintiséis de agosto del año dos mil nueve).- En consecuencia de lo anteriormente expuesto, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y Confirmar la sentencia dictada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis (16) de mayo del año dos mil trece (2013) por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de Julio del año dos mil doce, dictado por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual declaró SIN LUGAR la solicitud de antejuicio promovida por el Abogado G. H. C.; mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con carné de colegiación número 09141 y de este domicilio, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad en relación al Antejuicio promovido en fecha veintiuno de Junio del año dos mil doce, ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, Choluteca, por el Abogado G. H. C., contra el Abogado R. A. O., en calidad de Funcionario Judicial asignado como Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. C O N S I D E R A N D O S I.- Que en fecha veintiuno de Junio de dos mil doce, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, Choluteca, el Abogado G. H. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio público, promoviendo Antejuicio el cual desarrolló de la siguiente manera: “RELACION SUSCINTA DE LOS HECHOS CRIMINOSOS. PRIMERO: 23 de junio del año dos mil once, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el señor J. S. F. S., por suponerlo responsable de la comisión del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de G. H., solicitando se librara orden de captura contra el imputado; y una vez habido el imputado se celebró la audiencia de declaración de imputado en fecha 03 de enero del año dos mil doce, audiencia en la que el juez R. A. O., fijó como día y hora para la celebración de la audiencia inicial el 07 de enero del 2012 a las nueve de la mañana. SEGUNDO: El sábado siete de enero del año dos mil doce, llegada la hora de la audiencia inicial la secretaria verifico la presencia de las partes, encontrándose únicamente para la celebración de la audiencia, el ahora antejuiciado R. A. O., el imputado del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa J. S. F. S., en compañía del Abogado Defensor Público S. A. N. A., y el ofendido G. H., no así con la presencia del Fiscal D. B. A., quien se encontraba efectuando un levantamiento cadavérico, comunicándose éste con la secretaría del juzgado a quien le manifestó que él era el único fiscal que se encontraba de turno en Choluteca ese sábado y que cuando culminara el levantamiento se trasladaría a cubrir la audiencia. TERCERO: El ahora imputado R. A. O. el día sábado 07 de enero del año 2012, celebró la audiencia inicial sin la presencia del fiscal, modificando el delito de Homicidio en su Grado de ejecución de tentativa, al delito de lesiones, procediendo a efectuar una conciliación en el requerimiento fiscal presentado. CUARTO: Resulta que el abogado R. A. O., celebró audiencia inicial emitiendo una resolución contraria a las leyes en vista que a pesar que los artículos 294 del Código procesal penal, establece que.- “el día y hora señalados tendrá lugar la audiencia inicial con la presencia del imputado, defensor, EL FISCAL, y el acusador privado, en su caso. La ausencia del imputado o del acusado privador no impedirá que se celebre la audiencia”., violentando una serie de principios procesales precitados en la norma procesal aludida 4, 12, 13, 20, 165; el precitado juez a pesar que en forma taxativa como claramente establece la ley, celebró audiencia sin la presencia del fiscal, modificando el delito por el cual se presentó requerimiento fiscal dictando resolución mediante la cual homologa una conciliación, violentando los artículos, 321 de la constitución de la República al no tener las facultades bajo las cuales actuó en flagrante exceso de poder. CALIFICACION JURIDICA APLICABLE AL HECHO COMETIDO De lo expuesto anteriormente se deduce la comisión por parte de R. A. O. de los delitos ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio DE LA ADMINISTRACION, regulados y sancionados en los artículos 349 numeral 2, del Código Penal que establece: el funcionario o empleado público que: 1)… 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes… Asimismo este exceso cometido por el antejuiciado es contrario a la Constitución de la República conforme a lo establecidos en los artículos siguientes: Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” Artículo 323. Los funcionarios son depositarios de la Autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL ACUSADO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD: Establecido en el Artículo 349 numeral 2 del Código Penal vigente, que establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)… 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes…” REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL. 1-) La hipótesis penal aplicable requiere que se trate de un empleado o funcionario público, el Antejuiciado R. A. O., ostenta la condición de Funcionario Público al momento de la comisión del Hecho ya que se desempeña como Juez de Letras segundo Departamental de Choluteca. 2.- El otro requisito es que Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes….” El señor Juez pesar de tener conciencia, conocimiento y el deber de las obligaciones y deberes que su cargo le impone, dicta una resolución contraria a las leyes, al celebrar una audiencia inicial sin la presencia del fiscal, y modificar la calificación jurídica del Requerimiento fiscal del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa al delito de Lesiones procediendo posteriormente a homologar una conciliación, en abierto exceso de conformidad con la normativa procesal atribuyéndose facultades que la ley solo le dio a los fiscales. El Delito que nos ocupa es una infracción de mera actividad la que se consuma con el actuar del funcionario público al margen de la normativa vigente, haciendo funcionar la impartición de justicia de manera anormal, la norma penal en cuestión está protegiendo la Administración Pública, entendida como una actividad reglada mediante la cual funciona el estado preservando la regularidad de su funcionario y la legalidad de sus actos, los cuales se ven comprometidos por el acto arbitrario en el que el imputado actuó mas allá de su competencia. La materialidad.- El abuso se comete a través de uno de los actos que la ley indica, de acuerdo al código penal el acto de dictar resoluciones puede ser abusivo desde dos supuestos cuando el funcionario actúa sin que las leyes le confieran esa facultad o cuando si bien el funcionario tiene esa facultad la ejerce de manera arbitraria por no darse los presupuestos de hecho requeridos para su ejercicio en el primer caso la resolución viene a ser jurídicamente imposible y en el segundo el acto es arbitrario e ilegal absolutamente. De conformidad con los artículos 4,12,13,20,165 y 294 del Código Procesal Penal para que se realice la audiencia, el ahora antejuiciado no respetó ninguno de los precitados artículos que regulan principios procesales indispensables para el normal desarrollo y buen funcionamiento del proceso, sino que por el contrario busca a favorecer al imputado yendo más allá de lo permitido, al punto que se atribuye facultades que no tiene y procede a modificar el tipo penal del requerimiento fiscal facultad jurídicamente imposible en vista que la ley nunca se la dio. REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL. La parte subjetiva del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo que abarca el conocimiento de la ilegalidad, y cuando hay conocimiento que la acción a realizar es contraria a la ley y cuando aún se suscita la voluntad expresa para realizarlo, a sabiendas de que la conducta ocasiona perjuicios para la parte que la reclama, por lo que esta conducta abarca el saber y querer la ilegalidad de la acción, requisito este que se cumple en el actuar de la antejuiciado R. A. O.. Buscando impartir la justicia de manera anormal es decir no apegarse a la legalidad sino efectuar acciones jurídicamente imposibles con el solo propósito que se evidencia en el caso concreto que es favorecer al imputado.” II.- Que en proveído de fecha veintiséis de Junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, tuvo por admitido el antejuicio de mérito, y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado, informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargos a él formulados, en el termino de tres días, pronunciándose el Abogado R. A. O., de la manera siguiente: “En la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, a los Veintiocho días del mes de Junio de Dos Mil Doce, el Suscrito Juez Titular del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, respecto al antejuicio que por el Delito de Abuso de Autoridad en Perjuicio de La Administración Pública me ha promovido El Ministerio Público, a través del Agente Fiscal Abogado G. H. C., con el debido respeto me dirijo a La Honorable Corte Apelaciones de Choluteca, para informar al respecto lo siguiente: Este Juzgado señaló para el día Sábado Siete de Enero de Dos Mil Doce, Audiencia Inicial, en El Requerimiento Fiscal que ante este Juzgado se le siguió al Señor J. S. F. S. por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de G. H., todo esto contenido en el expediente N° 58- 2011, llegado el día y la hora de la Audiencia, me hice presente al Juzgado y pregunté a la Escribiente M. E. N., si ya estaban las partes, informándome que solo estaban las partes y el Abogado defensor Público S. A. N. A., que El Fiscal B. A., que era el que estaba de turno no habla llegado, pero que ella se comunicó por teléfono con él, recordándole lo de la Audiencia, habiéndole contestado que él no iba estar presente en la Audiencia pero que igual, me dijera a mi que la celebrara y que si las partes querían arreglar que arreglaran y que cuando él regresara iba a firmar el Acta que andaba en un levantamiento.- Cabe destacar que para la Audiencia el Fiscal había citado al ofendido y a un hermano del hechor, quien estaba prometiendo a nombre de su hermano la conciliación con la víctima, que dicho sea de paso son primos y cuando yo llegué el Juzgado ellos ya estaban aquí esperándome y cuando les comunique que hacía falta el Señor Fiscal, ellos me dijeron que venían del Ministerio Público, porque el fiscal los había citado, pero que habiendo llegado a la cita, El Abogado Fiscal, iba saliendo apresurado del sus oficinas y les dijo que no los podía atender porque iba a hacer un levantamiento, pero que se vinieran para el Juzgado y que si querían conciliar que lo hicieran proponiéndomelo a mi y que él iba a firmar el Acta cuando regresara de la diligencia que iba a hacer.- Es abundante la información contenida en el Requerimiento Fiscal, respecto a los hechos que dejó plasmados anteriormente, ya que constan las declaraciones hechas ante La Fiscal de Instrucción de todas las personas que se mencionan, que así sucedió en cuanto a que El Fiscal estuvo de acuerdo que la Audiencia se celebrara sin su presencia y que después firmaría el Acta, jamás sugirió, informó o determinó que se celebrara la Audiencia hasta que él regresara de las tareas que andaba haciendo.- Fue en esas circunstancias, que celebré la Audiencia en mención, pero en ningún momento tuve la intención de causar algún daño a nadie, incluyendo La Administración Pública, más bien creyendo hacerle un bien a la Administración de Justicia en cumplir con el predicado de que: “La finalidad del Proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal”(Artículo 8 del Código Procesal Penal), porque como podrán observar señores magistrados, fueron las partes los de la iniciativa de conciliar sus diferencias y satisfechas estas y concertada ésta a nadie se le afectó en sus intereses individuales, mucho menos patrimoniales, como para poder suponer, que con dolo o malicia, se celebró la Audiencia sin la presencia del Fiscal, porque así como aparecen las cosas, pareciera que fue una trampa la que me tendió el Fiscal denunciante (B. D. A.), al manifestarme que celebrara la Audiencia, que si las partes querían conciliar que conciliaran, que el después firmaría el Acta; Por otra parte de la Audiencia relacionada, ya estaba debidamente notificado El Ministerio Público, en cuanto a la fecha, día y hora, señores Magistrados, yo les pregunto, al tenor del contenido del Artículo 7 del Código Procesal Penal con especial atención al contenido del P° 2° de dicho artículo ¿Es el Ministerio Público, el que determina la prioridad de los casos ya judicializados?. Que menospreciando la Audiencia ya señalada, priorizó el levantamiento que la Audiencia, eso puede estar bien para él (Fiscal), pero jamás para el Juzgado; Con la antigüedad que tengo en el poder judicial, nunca, con intencionalidad, he afectado a nadie con mi proceder dentro de la judicatura, y como todo ser humano, no digamos como todo juez estamos propensos a equivocarnos, pero en mi caso nunca lo he hecho con intención premeditada de causarle daño a alguien.- Cabe destacar Señores Magistrados que como pueden Ustedes observar en el expediente de mérito, El Ministerio Público, al no estar conforme con lo actuado por el suscrito, solicitó y así se dispuso, la nulidad de lo actuado y en Audiencia Preliminar, con instrucciones del Coordinador de Fiscales, quien levantó el expediente para que se acusara, mandó a que el fiscal actuante (José Luis Reyes Benavidez), recalificara el delito a Lesiones y que se llevara a cabo la Conciliación y el caso está más que cerrado porque al haberse cumplido los términos de la Conciliación se declaró extinguida la acción penal y se le extendió su Carta de Libertad definitiva.- Esperando haber cumplido con esta exigencia del Procedimiento y sabiendo de sus capacidades de percepción, me suscribo de Ustedes, muy respetuosamente.” III.- Que en fecha diecinueve de Julio de dos mil doce, la Corte de Apelación de Choluteca, Departamento de Choluteca, resolvió: Declara SIN LUGAR la solicitud de ANTEJUICIO promovido por el abogado G. H. C., contra el abogado R. A. O., en su calidad de juez de letras Titular del Juzgado de letras Segundo Departamental de Choluteca. IV.- Que en fecha veintiocho de Septiembre de dos mil doce, el Abogado G. H. C., de generales y condición ya expresadas compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, Choluteca, interponiendo Recurso de Apelación, contra el fallo de fecha diecinueve de Julio de dos mil doce, y expresando agravios de la manera siguiente: “PRIMERO: En primer término el antejuicio es una garantía para los Jueces y Magistrados en respecto a sus funciones para que estos no sean acusados directamente ante los juzgados comunes y de esta forma soslayar el impartimiento de la Justicia o el intervencionismo que puede verse menoscabado la independencia de los Jueces principio este que todos debemos de respectar ya que es un fundamento principal para que se imparta Justicia en el país, por eso la ley procesal penal es clara cuando establece que en el antejuicio no se juzga el fondo del asunto y esto tiene sentido ya que quien decidirá si la conducta del Juez al dictar estas resoluciones después de las audiencias correspondientes y la valoración de las pruebas que en ellas se presenten es un tribunal o juez competente tal como lo establece la normativa procesal en el artículo 422 sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. SEGUNDO: Que la conducta del Juez R. A. O., al dictar la resolución cuestionada en verdad son contrarias a las normas establecidas en los artículos 4, 12, 13, 20,165, 294 del Código Procesal violentando, con esto los principios que rigen el procesal penal, principios de Concentración, oralidad, contradicción. Además que constituyen Abusos de Autoridad, como lo señala el Código Penal en el artículo 349. Que si bien es cierto el juez puede celebrar audiencia inicial, no es menos cierto que este debe verificar la presencia de las partes, debiendo resolver con los planteamientos de estas, extremo inexistente en el caso que nos ocupa, en consecuencia como podrá un juez modificar un delito sin la petición del fiscal y posteriormente conciliar con dicha modificación. TERCERO.- Con la resolución emitida se reconoce la vulneración al artículo 294 del Código procesal penal vigente, sin embargo se pretende justificar con la enmienda del error procesal cometido de celebrar audiencia inicial sin la presencia del fiscal, extremo que riñe con lo establecido en el artículo 165 del código procesal penal que establece: “la inobservancia de las normas contenidas en este código, solo producirá la nulidad de los actos procedimentales, cuando así se establezca expresamente sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que haya podido incurrir los infractores; es decir que la enmienda no exime de la responsabilidad penal incurrida, en vista que estamos ante un delito de mera actividad que basta con el actuar contrario a la normativa para que dicha tipificación penal se consuma, máxime cuando se tiene el conocimiento del precepto legal vulnerado, como es el caso que nos ocupa.” V.- Que en proveído de fecha tres de Octubre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones Choluteca, Choluteca, tuvo por admitido el Recurso de Apelación en tiempo y forma por parte del Abogado G. H. C., en su condición indicada; asimismo tuvo por expresados los agravios y se concedió el termino de tres de días al abogado R. A. O. a efecto de que procediera a contestar los agravios antes expresados.” VI.- Que en fecha Diecisiete de Octubre de dos mil doce, el Abogado R. A. O., en su condición antes mencionada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, Choluteca, contestando agravios expresados por el Abogado G. H. C., en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, de la siguiente manera: “PRIMERO: Se acepta por encontrarse estipulado en el artículo 422 del Código Procesal Penal. SEGUNDO: Con el legajo de pruebas presentado ante ésta Honorable Corte específicamente la declaración de la escribiente M. E. N., ha quedado claramente demostrado que el día y hora señalada para la audiencia inicial, fecha que había sido, notificada el día 03 de enero del 2012 a las partes, el fiscal D. B. A. no se presentó a la misma manifestando que se encontraba de turno y que no iba a poder llegar en ese momento porque andaba realizando un levantamiento cadavérico, sin embargo la escribiente se tomó la atribución habitual de llamar al correspondiente fiscal quien de viva voz expresó a ésta que se realizara la audiencia y que si las partes querían arreglar, que arreglaran, que cuando el regresara de la actividad a la cual dio prioridad, firmaría el acta Y es en cumplimiento en lo establecido al artículo 8 del Código procesal Penal se realizó la audiencia teniendo el consentimiento, pleno del señor fiscal D. B. A., pues él mismo había citado al ofendido y al hermano del hechor y quienes se presentaron a las oficinas del Ministerio Público a las citas en horas anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia inicial y quienes manifestaron que el fiscal iba saliendo a un levantamiento cadavérico, pero que ellos le habían expresado su deseo de llegar a un arreglo, y quien les contestó que lo propusieron al Juez y que él firmaría el acta. En este caso Honorables Magistrados se ve de manifiesto la mala fe practicada por el señor fiscal ya que siendo un juez que me he destacado por mi actuar objetivo en la aplicación de la justicia soy yo quien está siendo agraviado con este tipo de acusación, ya que en ningún momento en el desarrollo de la audiencia pudo verse de manifiesto un interés particular ,o violatorio de la justicia penal Hondureña puesto que es el mismo Ministerio Público quien solicitó la nulidad de lo actuado y en audiencia preliminar fue recalificado, el delito a lesiones y en esta misma sé corrobora el espíritu conciliatorio que desde un inicio tenían las partes, por lo que mi actuar nunca violentó ninguna garantía procesal sino más bien fue la conducta del fiscal D. B. A. incoherente al expresar vía teléfono su acuerdo de realizar una conciliación y luego por dar prioridad a otro asunto laboral no llegó a tiempo a la, celebración de la audiencia. Como es posible que el juez tiene que actuar solamente con las directrices dictadas por el ente fiscal? En este sentido el juez puede recalificar un delito siempre y cuando las pruebas estén latentes en el proceso; o sea que si el Ministerio Público Solicita pena de muerte, el juez no tiene la facultad de enmendar? De lo anterior se pregunta a quien se le causó el daño? ¿Dónde está el daño como para poder tipificar un delito? TERCERO: En ningún momento pretendo justificar el supuesto error procesal cometido, ya que es a petición del Ministerio Público que se realiza la calificación del delito y es el mismo Ministerio Público quien reconoce y acepta en el desarrollo de la misma conciliación. Conciliación señores magistrados que no causo ningún agravio a las partes, más bien prevaleció la intención conciliatoria que siempre pretendieron la cual en cierto momento se vio afectada por la irresponsabilidad del señor fiscal D. B. A..” VII.- Que mediante proveído de fecha veintidós de Octubre del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte del Abogado R. A. O., quien actúa como juez Titular del Juzgado Segundo de Letras de Choluteca; en consecuencia, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante el Tribunal de Alzada. FUNDAMENTACION JURIDICA. PRIMERO: El Ministerio Público imputa en el antejuicio como hecho típico al Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca , Abogado R. A. O., que este “celebro audiencia inicial emitiendo una resolución contraria a la leyes en vista que a pesar que los artículos 294 del Código Procesal Penal, establece que “el día y hora señalados tendrá lugar la audiencia inicial con la presencia del imputado, defensor, EL FISCAL, y el acusador privado, en su caso. La ausencia del imputado o del acusado privador no impedirá que se celebre la audiencia. Violentando una serie de principios procesales precitados en la norma procesal aludida 4, 12, 13, 20, 165, el precitado juez a pesar que en forma taxativa como claramente establece la ley, celebro audiencia sin presencia del fiscal, modificando el delito por el cual se presento el requerimiento fiscal, dictando resolución mediante la cual homologa una conciliación, violentando los artículos 321 de la constitución de la Republica, al no tener las facultades bajo las cuales actuó en flagrante exceso de poder.” SEGUNDO: Esta Sala de lo Penal del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido, considera y comparte el criterio externado por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, en el sentido de que si bien es cierto el Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca , Abogado R. A. O., celebro audiencia inicial en fecha siete (07) de enero de dos mil doce (2012) sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público que en su momento conllevo a la vulneración de la norma procesal contenida en el artículo 294 del Código Procesal Penal, también es cierto que el propio Representante del Ministerio Publico, solicito al Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, la nulidad de dicho acto procedimental por haberse celebrado la audiencia inicial sin la comparecencia del Ministerio Público, procediendo el Juez Titular en vulneración de la norma procedimental citada a decretar la nulidad absoluta de la audiencia inicial celebrada el siete (07) de enero de dos mil doce (2012), señalándose una nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial, a petición del propio representante del Ministerio Fiscal, la que se llevó a cabo el día señalado veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), misma que se llevo a cabo con la presencia del Fiscal del Ministerio Publico Abogado J. L. R. B. como el Defensor Público H. L. C. (Ver folios 45 y 47 primera pieza de autos). TERCERO: Que la actuación de nulidad planteada por el representante del Ministerio Público en cuanto a la audiencia inicial celebrada en fecha siete (07) de enero de dos mil doce, por no haber podido estar materialmente el mismo en la audiencia celebrada, es una actuación enmarcada dentro del Código Procesal Penal (artículo 166 numeral 2 Código Procesal Penal), la cual el Juez de Letras denunciado, adopto dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los Jueces de la República, darle el curso legal correspondiente y declaro la nulidad absoluta de la audiencia inicial solicitada por el Representante del Ministerio Público, siendo imposible imputar dicha resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del Representante del Ministerio Publico y del Juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del Recurso de Apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho Recurso, según el artículo 354.6 del C.P.P., (“la resolución que declare la extinción penal… ”), circunstancia que no ocurrió en el presente caso ya que el órgano acusador no procedió a interponer los recursos que la ley le permitía.- Es por todo lo anterior, que este Tribunal de Alzada, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan ser subsumidos dentro de los elementos objetivos del delito de Abuso de Autoridad, por ende, no concurren suficientes méritos para iniciar una causa penal por estos hechos, o dicho de otra manera, para proceder criminalmente contra el Juez por razón de su cargo, pues, no existen suficientes elementos para poder concluir que el antejuiciado dictó providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o que se abstuvo de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Es oportuno reiterar que la Sala de lo Penal ha sostenido que el: “Delito de Abuso de Autoridad uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo” (Véase sentencia No. 56-2005 del veintiséis de agosto del año dos mil nueve).- En consecuencia de lo anteriormente expuesto, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y Confirmar la sentencia dictada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la que declara No ha Lugar a la acusación expuesta en el antejuicio promovido en contra del señor Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca , Abogado R. A. O., por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. PARTE RESOLUTIVA. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 del Código Penal; 55.3, 354.4, 358, 420, 421, 422, 423, del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO y confirmando la sentencia de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012), dictada en primera instancia por la HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en la que declara SIN LUGAR LA SOLICITUD DE ANTEJUICIO, promovido en contra del señor Juez de Letras Titular del Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, R. A. O., por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho corresponda.- Redactó: EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-447-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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