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Sentencia CP-44-13 — Registro 3357

Resumen

Se declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y Se CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, donde se resuelve declarar no ha lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio público en contra del Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, a efecto de promoverle requerimiento fiscal ante Juzgado Competente por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Abuso de Autoridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... La Sala de lo Penal, por consiguiente, comparte el criterio de la Corte de Apelaciones de Comayagua, en el único sentido de que no existe fundamento razonable para autorizar al Ministerio Público para la representación de un requerimiento fiscal en contra del Edil M. D. M., debido a que si bien se desprende de los antecedentes un acto que formalmente va en contra del postulado legal del artículo 52 de la Ley de Municipalidades, éste carece de significancia material en el ámbito penal al haber la Corporación Municipal decidido renovar el acto, cumpliendo con el requisito legal antes omitido. Además, lo anterior, es independiente de las acciones legales correspondientes para establecer si existe alguna responsabilidad del Edil Municipal en el ámbito Administrativo o laboral. Debe tenerse presente, que el Derecho Penal, de carácter fragmentario, es la última ratio a la que debe de acudir la sociedad en busca de regular y sancionar las conductas sociales reprobadas, por cuanto ésta rama del derecho solo intervendrá cuando el conflicto social no pueda ser resuelto por otras ramas sociales que ofrecen soluciones más rápidas y igual o de mejor efectividad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de La Sección Judicial de Comayagua, en fecha diez de enero del año dos mil trece, por la Abogada N. Y. F. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha cuatro de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de La Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual declaró NO HA LUGAR EL ANTEJUICIO promovido por el Abogado H. A. P. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el señor M. D. M., en su condición de Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, a efecto de promoverle los cargos ante juez competente, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. CONSIDERANDO I. En fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayaga, el Abogado H. A. P. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: “SE PROMUEVE ANTEJUICIO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ALCALDE MUNICIPAL.- RELACION SUSCINTA DE LOS HECHOS. Se ha llegado a establecer que la señora E. M. C. P., en fecha seis de abril del año dos mil diez, mediante acta numero cinco (5), suscrita por el pleno de La Corporación Municipal del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, fue seleccionada por unanimidad de votos de sus miembros que integran la municipalidad a ocupar el cargo de Auditora Municipal, puesto que venía desempeñando y siendo hasta en fecha seis de septiembre del año dos mil once, que recibió su nota de despido de forma unilateral por parte del hoy denunciado M. D. M., en su condición de Alcalde Del Municipio De Intibucá, Departamento de Intibucá, realizando este procedimiento sin contar con las dos terceras partes de los votos de los miembros de la corporación municipal, para poder realizar su remoción, despido, como lo establece La Ley de Municipalidades y Su Reglamento y según acta de Inspección practicada por La Dirección Nacional de Investigación Criminal, se constata que no existe en el libro de actas municipales, acuerdos o puntos de actas referente al despido de la auditora E. M. C. P., antes del seis de septiembre del año dos mil once. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES AL DELITO QUE SE CONSIDERA CONFIGURADO. La conducta del imputado M. D. M., se califica como delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, tipificado en el artículo 349 NUMERAL 2, del Código Penal vigente, por concurrir en el presente caso todos los requisitos exigidos por la Ley, artículos 52, 53, 54, 66 numeral 1, 3, Ley de Municipalidades. RELACION DE PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACION. PRUEBAS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL DELITO Y LA PARTICIPACION DEL IMPUTADO. 1.- Informe de remisión realizado por La Dirección Nacional de Investigación Criminal de La Esperanza, Intibucá. 2.- Denuncia numero 1416-2011, recibida en La Dirección Nacional de Investigación Criminal de La Esperanza, Intibucá. 3.- Acta de Inspección ocular, realizada en el libro de actas llevadas en La Corporación Municipal, con su respectivo álbum fotográfico. 4.- Constancia extendida por el Gobernador Departamental de Intibucá, referente al cargo que ocupa el señor M. D. M.. 5.- Certificación del punto de acta numero cinco, realizado por el pleno de la corporación municipal de Intibucá, referente al nombramiento de la señora E. M. C. P. 6.- Nota de despido enviada por el señor Alcalde municipal M. D. M. a E. M. C. P.. 7.- Contrato individual de trabajo entre M. D. M. a E. M. C. P. 8.- Declaraciones administrativas de E. M. C. P., H. F. S. M., E. O. P. H., F. S. G., J. R. M. V.. Se adjuntan copias de todos estos medios de pruebas documentales debidamente cotejadas por La Secretaria del Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, en virtud de estar sus originales en el expediente judicial numero 1001 2011-00242.” II. Que en proveído de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de La Sección Judicial de Comayagua, tuvo por promovido el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargo a él formulados, dentro del término de tres días; pronunciándose el señor M. D. M., en fecha doce de Diciembre de dos mil doce de la manera siguiente: “SE PRESENTA INFORME. SE SOLICITA SE DECLARE SIN LUGAR LA PETICION DE ANTEJUICIO. ANTECEDENTES: La presente causa inició mediante la tesis del Ministerio Público, que pretende acreditar que en mi condición de Alcalde Municipal de Intibucá, Intibucá, cometí el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, por haber realizado un despido de la Auditoria Municipal según el Ministerio Público, por haberlo hecho sin contar con la aprobación de las dos terceras partes de la Corporación Municipal, aduciendo que se violentó lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Municipalidades.- Aun y cuando se le acreditó al Ministerio Público que mediante acta número 40 que acompañó la Corporación Municipal con las dos terceras partes de los votos de sus miembros, aprobó el despido hecho a la Auditora Municipal.- SE PRESENTA INFORME: Que la resolución Municipal mediante la cual se decretó el despido de la auditora es un acto propio de la Administración Municipal y siendo yo administrador general y el representante legal de la municipalidad, artículo 43 de la ley de Municipalidades y pudo ser impugnado mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativo artículo 212 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, tal acción no puede tipificarse como delito, por lo que solicito se declare sin lugar la petición del Ministerio Público de acuerdo a lo siguiente: A) Que la Corporación Municipal de Intibucá que presido, mediante acta número 40, APROBO el despido hecho a la Auditora Municipal con las dos terceras partes de los votos de los miembros de la Corporación Municipal. Extremo que acredito con la certificación íntegra de dicha acta y copia autenticada de dicha acta. B) Dicho delito no ha existido pues se trata de una acción administrativa dentro de las facultades que me otorga la Ley de Municipalidades “artículo 43 de las facultades de Administración General y Representación Legal de la Municipalidad, corresponden al Alcalde Municipal”. Con relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, no se acreditan los elementos objetivos y subjetivos, cuales son los hechos, las acciones u omisiones realizadas por mi persona que sean constitutivas de delito y dolo. C) El despido de la auditora se esta ventilando por la jurisdicción laboral, en el Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, bajo expediente número 10010-2011-00062, interpuesta en fecha 27 de Septiembre del año 2011, como lo acredita con la constancia emitida por dicho juzgado y la copia autenticada de dicha demanda. D) Que el despido de la dicha empleada municipal está enmarcado dentro de la Ley, pues el Ministerio Público presentó el contrato de trabajo suscrito con el Alcalde, ya que la facultad de administrar la Alcaldía Municipal, es otorgada al Alcalde Municipal, el artículo 43 y 44 de la Ley de Municipalidades, y tal como consta en el mismo, es el Alcalde Municipal el que realizó la contratación de dicha auditora y en la cláusula 7 de dicho contrato faculta al alcalde para dar por terminada dicho contrato.- Si revisamos el contrato de trabajo, éste fue suscrito el 1 de Marzo del año dos mil diez, y hasta un mes después, mediante acta número 5, punto número 8 de fecha 6 de abril del año dos mil diez; la Corporación Municipal y a mi propuesta acordó validar el nombramiento de la Auditora tal y como lo establece la ley de Municipalidades. Extremo que acredito con la copia del contrato y la copia del acta número 5 que presentó el Ministerio Público. E) No he cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, sancionado en el artículo 349.2 no he realizado, dictado o ejecutado ordenes, acuerdos o decretos, contrarios a la Constitución de la República o las leyes… y en el caso en referencia mi actuar no se tipifica en dicho ordenamiento, por que se ha actuado dentro del marco legal, y se ha probado la justa causa de despido, además no se ha acreditado el DOLO, y se acreditó que la Auditora Municipal violentó sus funciones establecidas en el contrato de trabajo suscrito. F) Resulta honorables Magistrados que el Ministerio Público no ha acreditado QUE SE AGOTO LA VIA ADMINISTRATIVA, para luego determinar si hay delito en la acción realizada o no, violentando la garantía constitucional del debido proceso consagrado en la Constitución de la República en su artículo 90, y artículos 212, 213, 214 de la Ley de Municipalidades y su Reglamento. G) El artículo 1 de la Constitución Política establece que Honduras es un Estado de Derecho, y además se VIOLENTA LA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE PROHIBE EL DOBLE JUZGAMIENTO, ya que se está ventilando por la jurisdicción civil si el despido hecho a la Auditora Municipal E. M. C. P., está enmarcado dentro de la Ley, caso contrario dicho Tribunal ordenará el reintegro de dicha empleada Municipal, como acredita con la constancia emitida por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá. H) Por lo que la acusación o requerimiento criminal que el Ministerio Público pretende instruir en mi contra como funcionario Administrativo y Alcalde Municipal de Intibucá, Intibucá, por un acto de mi administración que estoy facultado por la Ley y que consta en acta que dicho despido fue aprobado por la Corporación Municipal mediante acta numero 40, extremo que acredito con la certificación de dicha acta y copia de la misma. TERCERO: NO SE HA AGOTADO LA VIA ADMINISTRATIVA, y la JURISICCION ORDINARIA LABORAL, está ventilando si procede o no el reintegro de la Auditora Municipal, pero tal accionar no puede ser considerado como delito, ya que mi actuar es cometido en el ejercicio de mi cargo de Alcalde Municipal, siendo así me asiste la garantía del debido proceso, por lo que se le solicita se declare no ha lugar la causa penal.” III. Que en fecha cuatro de enero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Seccional de La Sección Judicial de Comayagua, resolvió: “DECLARAR NO HA LUGAR EL ANTEJUICIO, promovido por el Abogado H. A. P. R., fiscal del Ministerio Público, contra el señor M. D. M., en su condición de Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, a efecto de promoverle los cargos ante juez competente, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA”. IV. Que en fecha diez de enero de dos mil trece, la Abogada N. Y. F. R., compareció ante la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la manera siguiente: “SE INTERPONE RECURSO DE APELACION.- SE EXPRESAN AGRAVIOS.- TRASLADO PARA CONTESTAR LOS MISMOS. QUE SE REMITAN DILIGENCIAS A TRIBUNAL AD QUEM. EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES.- QUE SE REVOQUE LA RESOLUCION IMPUGNADA.- QUE SE DECRETE CON LUGAR EL ANTEJUICIO PROMOVIDO. ANTECEDENTES DE LA CAUSA El Ministerio Publico concurrió a la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua promoviendo Antejuicio contra el señor M. D. M. en con1dición de alcalde Municipal del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA; ante la petición de Antejuicio y agotado el procedimiento especial en torno al mismo, se declaro SIN LUGAR dicho Antejuicio, resolución contra la cual estamos planteando el presente Recurso de Apelación SE EXPRESAN AGRAVIOS. PRIMERO: La resolución impugnada entraña una violación por falta de aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal.- En explicación de este agravio debe mencionarse que las normas procesales son de orden público, por tal razón las mismas no pueden eludirse o modificarse, en ese sentido es menester señalar que la resolución que determine o no la procedencia de un Antejuicio, adopta la categoría de Sentencia conforme a los artículos 422 y 423 del Código Procesal Penal, de igual forma el artículo 338 del mismo cuerpo legal nos indica los requisitos que debe contener una Sentencia estableciendo entre otros los siguientes: Nombre, apellido y una serie de datos de identificación en este caso del antejuiciado y su defensor, de igual forma LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS, VALORACION DE LAS PRUEBAS (Que por razones especiales no deberán ser de fondo) en PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS se contendrá la FUNDAMENTACION JURIDICA, entre otras. A cada una de estas exigencias señaladas no se les ha dado satisfacción en la Sentencia, resentimos de gran manera que no contenga para el caso una declaración clara y terminante de los hechos probados, pues los mismos constituyen un elemento importante en el análisis que el Ministerio Público debe realizar para tener claro el porqué el órgano jurisdiccional arribó a la conclusión de declarar NO HA LUGAR el Antejuicio promovido, esto nos agravia como parte en el procedimiento, pues inclusive nuestro derecho recursivo se ve reducido por no tener claridad en torno a las conclusiones fácticas del órgano jurisdiccional. SEGUNDO: Existe una Interpretación errónea del artículo 52 de la Ley de Municipalidades que deriva en una inaplicabilidad por parte de la corte del artículo 349 numeral 2 del Código Penal.- La Corte al realizar análisis del tipo penal imputado, centra su atención en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que define el Abuso de Autoridad como Dictar o Ejecutar ordenes, Sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos y decretos contrarios a la Constitución de la República y a las leyes.- No obstante lo anterior Denunciamos que existe una interpretación errónea por parte de la Corte del artículo 52 de la Ley de Municipalidades que deriva en una inaplicabilidad del tipo penal imputado, esto se produce al considerar que una acción de despido ejecutada por el Antejuiciado no es contraria a la Constitución o las leyes porque es un acto para el cual según aduce la Corte, legalmente está facultado, por lo que según la corte su actuación no es contraria a la constitución o a las leyes; basta observar en los documentos acompañados y que constituyen diligencias de investigación practicadas, que el Antejuiciado unilateralmente despidió a la Auditora Interna de la Municipalidad en fecha 06 de Septiembre del 2011, este despido no es una facultad que la ley le otorgue al Alcalde Municipal individualmente considerado, sino que se la otorga a la Corporación Municipal tal como expresamente lo reza el artículo 52 de la Ley de Municipalidades, siempre y cuando exista una votación a favor de las dos terceras partes de sus miembros; sin embargo al tratarse de Justificar la acción del Edil, se aduce que el gozaba de esa facultad, cuando puede observarse que el artículo referido se la otorga no a una persona sino a un órgano colegiado, haciendo una comparación la Ley otorga a una Corte de Apelaciones la facultad de resolver los Recursos de Apelación, mas no sería licito que la resolución del Recurso la hiciera solamente uno de sus miembros, aunque fuese su presidente, esto porque la ley le atribuye tal facultad a un órgano colegiado y no a un funcionario en particular, lo grave de ello es que la interpretación errónea del artículo 52 de la Ley de Municipalidades deriva en una falta de aplicación del tipo penal establecido en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal, lo cual consecuentemente agravia al Ministerio Público en su condición de garante del orden legal. TERCERO: Se otorga valor indebido a una acta que contrario a constituir un acto de subsanación como lo asume la corte es una actividad del sospechoso reaccionaria ante la investigación que ve en curso.- Aduce la Corte que se saneo el acto de despido efectuado por el alcalde a la auditora municipal, cuando según consta en el acta numero 40, presentada valga decir por el Antejuiciado ante la Corte, se efectuó (días después de haber practicado el despido) a la votación que la ley requiere por parte de la Corporación Municipal, observamos como la Corte refiere el acta numero 40, pero no señala de que fecha, recordaremos nosotros que el Acta número 40 es de fecha 16 de septiembre del dos mil once, es decir, que la supuesta votación fue efectuada después de que el alcalde ya había despedido y por escrito a la Auditora, pese a no tener tal facultad para ello, y más aun para este tiempo lo más seguro el Edil ya estaba enterado de la denuncia y de la investigación penal iniciada pues como consta en las diligencias que Agentes de investigación habían concurrido ya a la Secretaria de la Corporación Municipal en fecha 07 de Septiembre del 2011 y practicaron Inspección al libro de actas de corporación Municipal tal como se revela en el acta de inspección presentada; y basta con leer el contenido de la nota de despido suscrita por el Edil, para observar que el contenido de esta nota, contradice la expresión de la Corte de que el Alcalde no fue quien despidió a la auditora sino que “solo le notificó” el despido, el contenido de esta nota revela la decisión unilateral del Edil de despedir a la Auditora Municipal tal como en efecto lo hizo; pero más allá de ello, si una acta de fecha posterior al inicio de la investigación la Corte la considera como exculpatoria, valdrá señalar entonces que también en el expediente constan declaraciones de al menos tres regidores que aseguran en fecha 04 de octubre del 2011, fecha en que rinden declaración aun el alcalde no les explica el por qué despidió unilateralmente a la regidora, como entonces puede existir un acta fechada antes del 04 de octubre del 2011, que diga lo contrario, por lo que habrá que examinar que tan autentica y valedera es entonces el acta referida; estas situaciones probatoriamente contrarias, han debido más bien motivar a la Corte de Apelaciones a autorizar el inicio del proceso penal y permitir el desarrollo esplendoroso del contradictorio para dilucidar la existencia o no de responsabilidad penal del Edil referido, al no haberlo hecho de esta forma agravia al Ministerio Público en el legítimo ejercicio de la acción penal pública. CUARTO: La Sentencia asume de forma incorrecta que las vías o instancias administrativas que se tengan, deben anular la responsabilidad penal.- Uno de los temas de mayor discusión doctrinal es cuando el asunto debe tener manejo puramente administrativo y cuando debe echarse mano de la sanción penal, el criterio generalizado es que debe tomarse en cuenta la intensidad del daño causado al bien jurídico protegido, en este caso, La Administración Pública, debemos señalar que este bien jurídico está referido a la transparencia de la actuación de la administración, que no deje dudas a particulares de su correcto y sano accionar y funcionamiento; si tomamos esos parámetros y los confrontamos con el hecho concreto, observaremos que en nada abona a la transparencia de la administración pública que en un acto autoritario, se tomen decisiones que la ley no le autoriza tomar a un funcionario en particular, todo lo contrario, cuando la ley reserva la remoción del auditor municipal a la Corporación Municipal en pleno, expone su espíritu de la importancia que para la ley reviste tal cargo ya que el mismo tiene por naturaleza una actividad de fiscalización de actividades municipales de los funcionarios de la misma, por ello, le brinda cierta protección al punto de que la remoción de este funcionario no puede efectuarla ni el Alcalde mismo sino la Corporación en Pleno, esto por razones de protección y promoción a la transparencia, por ello, las acciones que defrauden la ley violentando la protección que la ley misma le otorga a un funcionario promotor de transparencia en las actividades de la Administración Pública, sin duda merecen el reproche penal sin condición sine qua non de acciones previas de naturaleza administrativas, el criterio contrario agravia al Ministerio Público pues no está acorde con la intensidad del daño que se le causa a la transparencia y normalidad con que debe actuar la Administración Pública.- Por todo lo expuesto, es procedente declarar con lugar el presente Recurso de Apelación, revocar la resolución impugnada y ordenar el dictado de una resolución ajustada a derecho que autorice al Ministerio Público a presentar la correspondiente acción penal contra el señor M. D. M., en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.” V. En proveído de fecha catorce de enero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada N. Y. F. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, concediendo a la parte Apelada Abogada H. L. B. E., en su condición de Apoderada Defensora del señor M. D. M., el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. VI. Que en fecha dieciocho de enero del año dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, la Abogada H. L. B. E. actuando en su condición de Apoderada defensora del señor M. D. M., contestando los agravios de la siguiente manera: “ANTECEDENTES: El Ministerio Público aduce que mi representado M. D. M., en su condición de Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, ha cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINSITRACION PUBLICA, por haber realizado un despido de la Auditora Municipal según el Ministerio Público, por haberlo hecho sin contar con la aprobación de las dos terceras partes de la Corporación Municipal, aduciendo que se violentó lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Municipalidades, aun y cuando se le acreditó al Ministerio Público que mediante Acta número 40 que acompaño, la Corporación Municipal con las dos terceras partes de los votos de sus miembros, aprobó el despido hecho a la Auditora Municipal (siendo este un acto administrativo) que no acarrea la comisión de un delito. SE CONTESTAN AGRAVIOS. PRIMERO: en su agravio primero el Ministerio Público expresa que la resolución apelada violenta lo establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos de la sentencia, y como se puede observar, por el simple hecho de no serle favorable a sus pretensiones la misma, es que el ente acusador refiere que violenta la normativa señalada, extremo que no es cierto ya que el fallo aludido reúne los requisitos establecidos en cuanto a la forma y el fondo. SEGUNDO: En su segundo agravio la recurrente expresa que esta corte realizó un análisis indebido del artículo 52 de la Ley de Municipalidades, relacionado con el 349 numeral 2 del Código Penal, no obstante que desde antes del requerimiento fiscal esta defensa le acreditó al Ministerio Público, que mediante acta número 40, la Corporación Municipal de Intibucá, y en sesión ordinaria, aprobó el despido de la Auditora Municipal con las dos terceras partes de los votos de los miembros de la Corporación Municipal, tal y como lo manda la Ley de Municipalidades, por lo que tal delito no ha existido, ya que se trata de una acción administrativa dentro de las facultades que le otorga la Ley de Municipalidades 43, “las facultades de Administración General y Representación Legal de la Municipalidad, corresponden al Alcalde Municipal”. Con relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, no se acreditan los elementos objetivos o subjetivos, cuales son los hechos, las acciones u omisiones realizadas por mi representado que sean constitutivas de tal ilícito, así como el dolo como característica esencial del delito; que el despido de la dicha empleada municipal está enmarcado dentro de la ley, pues el Ministerio Público presentó el contrato de trabajo suscrito con el Alcalde, ya que la facultad d Administrar la Alcaldía Municipal es otorgada al Alcalde Municipal, según lo establece el artículo 43 y 44 de la Ley de Municipalidades. En referencia a este agravio el Ministerio Público con la prueba aportada no logra acreditar los elementos objetivos y subjetivos del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, sancionado en el artículo 349.2 es necesario cumplir con los siguientes requisitos, QUE EL IMPUTADO REALICE, DICTE O EJECUTE, ORDENES, ACUERDOS O DECRETOS, contrarios a la Constitución de la República o las leyes… y en el caso de autos el actuar de mi representado no se tipifica en dicho ordenamiento, por que se ha actuado dentro del marco legal, ni se ha acreditado el DOLO, ni se probó la participación de la acción delictiva a título de autor por parte de mi representado, nuestro código penal en su artículo 31 en lo referente a la PARTICIPACION EN EL DELITO establece que para ser responsable criminalmente de un delito SE DEBE HABER PARTICIPADO EN SU COMISION COMO AUTOR o cómplice. Nuestra Constitución Política establece que Honduras es un Estado de Derecho, y además se VIOLENTA LA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE PROHIBE EL DOBLE JUZGAMIENTO, ya que se está ventilando por la jurisdicción Civil, si el despido hecho a la auditora municipal E. M. C. P., está enmarcado dentro de la Ley, caso contrario dicho tribunal ordenará el reintegro de dicha empleada municipal. TERCERO: Con relación al tercer agravio, el Ministerio Público, hace un análisis indebido y tergiversa los hechos probados y documentados por el mismo ente acusador, y ataca UN DOCUMENTO PUBLICO que contiene una certificación de un punto de acta emitida por el funcionario correspondiente, lo que le da el carácter de documento público, y la compara con una inspección que realizó un Agente Investigador de la DNIC, en donde este expresa que el busco en el libro de actas y no encontró nada referido al despido de la auditora y se acreditó que mediante acta número 40, la Corporación Municipal de Intibucá, RATIFICO, el despido hecho a la Auditora Municipal, con las dos terceras partes de los votos de los miembros de la Corporación Municipal. Tal delito no ha existido, pues se trata de una acción administrativa dentro de las facultades que le otorga la Ley de Municipalidades artículo 43, “las facultades de Administración General y Representación legal de la Municipalidad, corresponden al Alcalde Municipal” que es quien ejecuta los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Corporación Municipal como ente colegiado; el Ministerio Público hasta llega a perder la objetividad que por mandato de la Ley corresponde adoptar, y está poniendo en duda la fe pública del acta señalada cuando se le ha proporcionado una certificación íntegra de la misma, copia autenticada y realizó en conjunto con el juez primero de letras una inspección ocular al libro de actas. CUARTO: En el cuarto agravio el Ministerio Público establece que la sentencia asume de forma incorrecta las vías o instancias administrativas, SIENDO ESTO UNA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO, consagrado en nuestra constitución y nuestra normativa penal, habida cuenta que en resolución municipal mediante la cual se decretó al despido de la auditora es un acto propio de la Administración Municipal y siendo mi representado el Administrador General y el Representante Legal de la Municipalidad, artículo 43 de la Ley de Municipalidades y pudo ser impugnado mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos, artículo 212 del reglamento de la Ley de Municipalidades, tal acción no puede tipificarse como delito, además el Ministerio Público no ha acreditado QUE SE AGOTO LA VIA ADMINISTRATIVA para luego determinar si hay delito en la acción realizada o no, violentando la garantía constitucional del debido proceso consagrado en la Constitución de la República en su artículo 90, y artículos 212, 213, 214 de la Ley de Municipalidades y su reglamento, y se VIOLENTA LA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE PROHIBE EL DELITO DE DOBLE JUZGAMIENTO, ya que se está ventilando por la jurisdicción civil, si el despido hecho a la Auditora Municipal E. M. C. P., está enmarcado dentro de la Ley, caso contrario dicho tribunal ordenará el reintegro de dicha empleada municipal. Por lo que el recurso planteado por l recurrente carece de fundamentos legales, y la acusación o requerimiento criminal que el Ministerio Público pretende instruir en contra de mi representado como funcionario y Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, por un acto de la Administración que está facultado por la ley y que consta en acta que dicho despido fue aprobado por la Corporación Municipal, además de todo lo expuesto menciono que la JURISDICCION ORDINARIA LABORAL, está ventilando si procede o no el reintegro de la Auditora Municipal, pero tal accionar no puede ser considerado como delito, ya que el actuar de mi representado es cometido en el ejercicio de su cargo como Alcalde Municipal, siendo así le asiste la garantía del debido proceso, por lo que se solicita muy respetuosamente se DECLARE SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO.” VII. Que mediante proveído de fecha veintidós de enero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte de la Abogada H. L. B. E., quien actúa como Apoderada Defensora del señor M. D. M.; en consecuencia, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante el Tribunal de Alzada. DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EN EL ANTEJUICIO PRESENTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, M. D. M.. I. ANTECEDENTES DEL CASO.- El presente antejuicio tiene su génesis en las actuaciones del señor M. D. M., quien como Alcalde del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, en fecha seis de septiembre de 2011, remitió nota a la señora E. M. C. P., Auditora Interna de dicha Municipalidad, notificándole su despido a partir de la mencionada fecha (F. 22); diez días después, el dieciséis de septiembre del mismo año, la Corporación Municipal de Intibucá, reunida en Sesión de Pleno acordó despedir a la Auditora Interna señora E. M. C. P., ordenando a la vez la cancelación de los derechos laborales alcanzados hasta el momento.- Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público presentó Antejuicio ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, señalando que la actuación del señor Alcalde Municipal del 06 de septiembre fue contrariando lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Municipalidades y por ende constitutivo de delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. II. RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN APELACIÓN.- El auto que se conoce en Apelación es el que emitiere la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, en fecha cuatro de enero de dos mil trece en donde declara SIN LUGAR el Antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra del Señor Alcalde M. D. M.. III. AGRAVIOS DEL APELANTE.- El Ministerio Público, constituido en apelante, claramente delimita sus agravios en cuatro argumentos diferentes: 1) La resolución apelada es una sentencia que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal; 2) La Corte de Apelaciones hizo una interpretación errónea del artículo 52 de la Ley de Municipalidades, al señalar que la acción de despido hecha por el Edil era conforme a la ley; 3) El Acta de la Sesión de Corporación Municipal No. 40 no subsana la acción del señor Alcalde Municipal; y 4) De forma incorrecta se asume que las instancias administrativas excluyen la posibilidad de proceder por la vía penal. IV. DEL ANTEJUICIO. 1) Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen algunos funcionarios del Estado, a efecto de que una autoridad judicial a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de sus funciones públicas. Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario del Estado, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía para que se vea beneficiada de una correcta administración pública ejecutada por funcionarios del Estado que no tengan la necesidad de distraerse en falsas acusaciones criminales que persigan separarle de sus funciones.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo público. El Antejuicio ha sido asociado como una figura de protección para el ejercicio jurisdiccional; sin embargo, la misma no es exclusiva para los Jueces y Juezas, dado que la ley prevé tal protección para otro tipo de servidores públicos, entre ellos: los miembros de la Comisión de Banca y Seguros[1], los miembros de la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia[2], miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguros de Depósitos[3], Alcaldes, Vice Alcaldes y Regidores Municipales[4]. El Antejuicio es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de ciertos funcionarios y funcionarias del Estado, como mecanismo de protección del ejercicio de funciones público. 2) Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función pública, encomendada a ciertos funcionarios y funcionarias del Estado; c) Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del funcionario o funcionaria pública que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el Antejuicio se determinara si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: i) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii) Como excepción: cuando el funcionario o funcionaria pública acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y iii) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 L.O.A.T.), ello genera varias consecuencias: i.- Aun cuando sea declarado Con Lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima (en delitos de acción privada) podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii.- El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii.- El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo funcionario o funcionaria público, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevo elementos de que permitan su revaloración; y, iiii.- La acción Penal sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como funcionario o funcionaria pública, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando desempeñaba el cargo público. 3) Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; A la presentación del Antejuicio se verificaran el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el Código de Rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la Acción Pública a Acción Privada (Art. 41 Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeñando de la función pública que protege ésta garantía.- Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función pública.- Aun cuando la persona se esté desempeñando como funcionario o funcionaria del Estado, en los caso de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iiii) Que el escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. b.- Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario público de sus funciones; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, en contra del funcionario público que no ha cedido a presiones en su correcto actuar; y iii) Que el hecho imputado no sea de aquellos que tengan apariencia de delito. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de que se haya agotado otras instancias diferentes, como la civil, laboral o administrativa[5], por cuanto el antejuicio, al encontrarse dentro del Derecho Procesal Penal, interesa solamente determinar si existe mérito o no para la presentación del correspondiente requerimiento fiscal, sin que ello tenga vinculación con otro tipo de acciones que pudiesen tomarse en relación al hecho imputado, ya sea en contra de la entidad a favor de la cual el Funcionario Público trabaje o en contra de éste a título personal. V.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO: Esta Sala de lo Penal, de la revisión de los antecedentes, concluye que no existe mérito suficiente para incoar en contra del Antejuiciado M. D. M., una acción criminal por el delito de abuso de autoridad. Como primer argumento, el Apelante aqueja la estructura de la resolución apelada, increpando la falta de hechos probados y valoración de prueba; este argumento es improcedente, puesto que no puede existir valoración de prueba cuando no existe proceso probatorio, el Antejuicio por ser un trámite pre procesal no prevé el recibimiento de medios de prueba y por tanto su valoración, tampoco entonces la declaración de hechos probados que se construyen a partir de valoración de la Prueba; cuando el artículo 423 del Código Procesal Penal habla de sentencia como la resolución que decide sobre la procedencia o no de un Antejuicio, debe de entenderse que se refiere a las sentencias a que se refiere el artículo 139 párrafo cuarto del Código Procesal Penal: Sentencia interlocutorias, que deciden Incidentes que requieren previo y especial pronunciamiento y cuya estructura está dispuesta en el artículo 141 segundo párrafo del mismo cuerpo legal. También alega el Apelante, que la Corte de Apelaciones hizo una interpretación errónea del artículo 52 de la Ley de Municipalidades, al señalar que la acción de despido hecha por el Edil era conforme a la ley, que el Acta de la Sesión de Corporación Municipal No. 40 no subsana la acción del señor Alcalde Municipal y que de forma incorrecta se asume que las instancias administrativas excluyen la posibilidad de proceder por la vía penal.- La Sala de lo Penal, estima que el asunto debatido debe de ser resuelto sin distraerse sobre si el despido de la señora E. M. C. P., como auditora Interna de la Municipalidad de Intibucá, Departamento de Intibucá, es de carácter justo o injusto desde el punto de vista laboral, puesto que ello atañe a una jurisdicción distinta a la penal que es la que nos ocupa, el punto de reflexión es si el acusado estaba facultado legalmente para despedir a la señora C. P. o si éste acto fue contrario a ley y, comprándose esto, si el acto contrario a ley reviste de apariencia de delito que de fundamento razonable para la presentación de un requerimiento fiscal. Indica el artículo 52 de la Ley de Municipalidades que en las Municipalidades que tengan ingresos corrientes anuales superiores al Millón de Lempiras, tendrán un Auditor nombrado por la Corporación Municipal, y para su remoción se requerirán las dos terceras partes de los votos de la misma.- En el caso particular, la Municipalidad de Intibuca, Departamento de Intibucá, cuenta con dicha plaza, habiendo sido nombrada en ella la señora E. M. C. P., en fecha uno de marzo del dos mil diez, según se aprecia del Contrato Individual de Trabajo (F, 23), contrato que fue prescindido por el señor M. D., en su carácter de Alcalde Municipal, en fecha seis de septiembre del dos mil once, lo cual es un acto contrario a lo preceptuado por el artículo 52 de la Ley de Municipalidades, puesto que si bien, el señor Alcalde tiene las facultades legales de administrador municipal (Art. 43 de la Ley de Municipalidades), la propia ley establece límites de esas facultades, una de ellas es la potestad de remover al Auditor(a) Interno, facultad que fue delegada por el Legislador a la Corporación Municipal en Pleno y condicionada a la aprobación de las dos terceras partes de los votos. En perjuicio de lo anterior, consta en la foliada judicial que diez días después, el dieciséis de Septiembre del mismo año, la Corporación Municipal de Intibucá, integrada por sus ocho Regidores y el señor Alcalde celebraron sesión, en donde se presentó la moción para despedir a la señora Auditora Interna, moción que fue aprobada por 6 votos en contra de 4 votos, lo que representa las dos terceras partes de la totalidad de los votos corporativos (F. 52). Es pues, que en el caso de autos y desde la exclusiva perspectiva del derecho penal, la acción del señor Alcalde Municipal del 06 de septiembre del 2013, consistente en girar nota de despido a la Auditora Interna, de manera inconsulta de la Corporación Municipal, fue un acto contrario a lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Municipalidades, pero éste hecho solo alcanzó a tener repercusiones formales, debido a que la Sesión de Corporación Municipal al decidir la remoción de la señora Auditora le privó de alguna significancia material. La Sala de lo Penal, por consiguiente, comparte el criterio de la Corte de Apelaciones de Comayagua, en el único sentido de que no existe fundamento razonable para autorizar al Ministerio Público para la representación de un requerimiento fiscal en contra del Edil M. D. M., debido a que si bien se desprende de los antecedentes un acto que formalmente va en contra del postulado legal del artículo 52 de la Ley de Municipalidades, éste carece de significancia material en el ámbito penal al haber la Corporación Municipal decidido renovar el acto, cumpliendo con el requisito legal antes omitido. Además, lo anterior, es independiente de las acciones legales correspondientes para establecer si existe alguna responsabilidad del Edil Municipal en el ámbito Administrativo o laboral. Debe tenerse presente, que el Derecho Penal, de carácter fragmentario, es la última ratio a la que debe de acudir la sociedad en busca de regular y sancionar las conductas sociales reprobadas, por cuanto ésta rama del derecho solo intervendrá cuando el conflicto social no pueda ser resuelto por otras ramas sociales que ofrecen soluciones más rápidas y igual o de mejor efectividad. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR CONDUCTO DE LA SALA DE LO PENAL, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 3, 316 de la Constitución de la República, 1 y 127 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 28, 43 y 52 de la Ley de Municipalidades, 420, 421, 422 y 423 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y SEGUNDO: Se CONFIRMA LA PARTE RESOLUTIVA de la sentencia de fecha cuatro (4) de enero del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, donde se resuelve declarar no ha lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio público en contra del señor M. D. M., en su condición de Alcalde Municipal de Intibucá, Departamento de Intibucá, a efecto de promoverle requerimiento fiscal ante Juzgado Competente por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de su origen con certificación de la presente sentencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-44-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Art. 7 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

[2]Art. 25 de la Ley para la Defensa y la Promoción de la Competencia.

[3]Art. 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero.

[4]Art. 28 de la Ley de Municipalidades.

[5] Salvo para los miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguro de Depósitos, contra quienes no podrá intentarse el Antejuicio sino hasta después de haberse declarado con lugar las reclamaciones que se hayan hecho en proceso judicial contencioso administrativo.- Artículo 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financieros.