Sentencia CP-40-11 — Registro 3356
Resumen
Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de violación especial, se resolvió en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... Que para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba que no fue valorado por el Tribunal de instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma a efectos de que el nuevo Tribunal de Casación proceda a realizar un nuevo juicio con todas las garantías procesales para ambas partes y resolver conforme a derecho en base a las prueba que reproduzca en el acto del juicio oral y público. VI DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA AL MOMENTO DE VALORAR LA PRUEBA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO Esta Sala de lo Penal, se abstiene de pronunciarse sobre este motivo de Casación por haber prosperado el motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 101 numeral 10), 167 párrafo último, 170, 242, 336 párrafo primero, 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia casa la sentencia recurrida..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de octubre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor M. G. Z. DEL C., como autor del supuesto delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven D. L. H. C..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado O. I. E. R., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada T. J. F. R., representante del Ministerio Público como recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- UNICO: Que la menor D. L. H. C., nacida en siete (7) de marzo del año de mil novecientos noventa y cinco (1995), a su evaluación física practicada en fecha (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), presentó himen con rupturas antiguas, compatibles con las producidas con el objeto romo pene en erección”. III.- El recurrente, Abogado O. I. E. R., formalizó su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción por violación del artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8, 14, 167 párrafo penúltimo, 170 numeral 1) y 320 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: En reiteradas veces el Ministerio Público ha sostenido que el Derecho de Defensa, en apariencia se concibe como de exclusiva utilización de las personas imputadas por la comisión de un delito, al instituirse como una de las muchas limitantes en las que se puede atrincherar el indiciado ante los abusos de un Estado como órgano represor; sin embargo lo cierto es que tal derecho no es del patrimonio privilegiado del enjuiciado, sino de todo aquel sujeto que intervenga en la realización del proceso y esto indiscutiblemente incluye a la víctima. Es así, que el Ministerio Público como actuante de buena fe y sobre todo en representación de los intereses generales de la sociedad en los asuntos que conoce, también puede alegar violación al Derecho de Defensa cuando así lo estime, ya que de no ser así se estaría cayendo en un gran error que implicaría injusticias de gran incidencia, tal como sucede en el caso de mérito, en donde a través de una errónea decisión de parte del Juzgador en la valoración de la prueba se le obstruyó a este acusador acreditar su acusación y por ende se le ha vulnerado su derecho de defensa a favor de la víctima. Nuestra afirmación se centra en el hecho de que habiéndosenos admitido legítimamente en tiempo y forma en audiencia de proposición de pruebas y sin objeción de la parte defensora del acusado, el medio de prueba denominado pericial consistente en un dictamen de paternidad, cuya práctica también fue notificada a las partes; mismo que en debate fuese ratificado por la Dra. Y. A. P. C. en su condición de perito oficial del Laboratorio de Serología – Genética Forense de la Dirección de Medicina Forense, con el cual acreditó más allá de toda duda razonable que la menor A. G. H. C., es hija biológica del acusado M. G. Z. del C. y de la menor ofendida D. L. H. C.. Sin embargo el Juzgador al momento de tomar su decisión, estimó como cierta la argumentación formulada al momento de emitir sus conclusiones por el apoderado defensor del encausado, respecto a que se le vulneró el derecho a la defensa técnica de éste, por cuanto su representado no contó con su presencia en el acto de la práctica de la prueba antes señalada; por cuanto entonces el Tribunal al momento de emitir su veredicto desestimó dicho dictamen pericial e indican que al no existir suficientes medios de prueba, no se forma en el ánimo de los Sentenciadores la decisión de dictar un fallo condenatorio. Siendo entonces tanto la petición de la defensa, como la decisión del A quo una aberración a lo plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la República y el 14 del Código Procesal Penal, por las siguientes circunstancias: Primero: La práctica del medio de prueba cuestionado fue legalmente ordenada por el mismo Tribunal de Sentencia que conoció del juicio oral y público a petición del Ministerio Público, de dicha resolución ambas partes, es decir ente acusador y defensor quedaron notificadas; es decir la defensa del procesado no puede alegar que desconocía que dicho medio de prueba se realizaría, en ese sentido era éste quien tenía la obligación como todo buen defensor lo hubiera hecho, de estar pendiente la fecha y hora en que se practicaría la diligencia. Segundo: En el supuesto de que lo anterior no fuese suficiente justificativo para considerar que la prueba cuestionada tiene valor probatorio; también es importante destacar que el hecho de que la defensa someta a Estrado la ilicitud de la prueba hasta el momento en que emite sus conclusiones lo que resulta aceptado por el A quo. El Título IV del Código Procesal Penal regula “Del juicio oral y Público” y el capítulo II de dicho Título regula “La sustanciación del Juicio” y el artículo 320 del presente capítulo y título establece los “Incidentes” que al momento de sustanciarse el juicio pueden y deben proponerse en la audiencia de debate, estableciendo dicho precepto lo siguiente: “A instancia de cualquiera de las partes el Presidente del Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de……..causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces y acerca de cualquier otra cuestión incidental…….El Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente, sobre las cuestiones planteadas, o se reservarán para resolver todas o alguna de ellas en su sentencia”. (Lo subrayado es nuestro). Partiendo de esta disposición normativa, se aprecia que ya la ley misma prevé cual en que momento dentro del debate es que se debe exponer una circunstancia como la planteada por la defensa en el caso de merito, es decir que el argumento de la supuesta ilicitud de la prueba pericial de paternidad, debió ser planteada a petición de parte en el momento previo a evacuarse la prueba en el debate, y en ese momento mismo debió ser resuelto por el Juzgador una vez escuchada a la contraparte, y no ser argumentada al momento de las conclusiones y luego ser resuelta por el A quo en el momento de emitir la sentencia; ya que al haberse producido de esta manera generó en nuestro perjuicio completa indefensión a nuestra pretensión acusatoria, por cuanto no se nos brindó la oportunidad de defender el medio probatorio cuestionado. Ya que en el caso de que el Juzgador hubiese observado los dispuesto por el artículo 320 de la norma en relación, y en el supuesto de que hubiese estimado lo mismo que en efecto hizo en la sentencia respecto al medio de prueba supraindicado, en ese mismo momento procesal este ente acusador hubiese solicitado en que el mismo fuese practicado nuevamente y así haber podido lograr acreditar su tesis; pero ante el suceso real se le limitó el uso del derecho de defensa únicamente al encausado y no así a la víctima quien quedó desprotegida de ese mismo derecho por un Tribunal que omitió su función de garante respecto a ella, puesto que la víctima al momento de acaecer el hecho delictivo era una menor de 14 años, en otros términos, una “niña” al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y es precisamente en ese basamento legal, en sus preceptos 2, 3, 4 y 5 en relación con el 18 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño por medio de la cual se sostiene que el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos en referencia, a través inclusive de un sistema jurisdiccional que si bien es cierto es el encargado de la impartición de la Justicia y consecuentemente la protección y defensa de los derechos fundamentales consagrados en nuestra norma primaria y en la legislación internacional respectiva, y por ende debe apegarse al Principio de Legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República en relación con el párrafo primero del artículo 107 del Código Procesal Penal. Tercero: En todo caso es relevante indicar que si bien el órgano jurisdiccional puede aún en sentencia definitiva declarar la ilicitud de la prueba, éste supuesto no se aplica al caso sub judice debido a que simple y sencillamente la prueba de ADN tal como reiteradamente hemos dicho, fue propuesta en la audiencia de proposición de pruebas, posterior a ello el A quo no sólo Autorizó la evacuación de dicha pericia, sino que desde ese momento fue susceptible de censura por la parte defensora, lo cual no concurrió. Es así que la prueba en relación comprende total legalidad desde el momento de su propuesta, admisión y evacuación, pues de de no haber sido así, la defensa del encausado no hubiese permitido la evacuación total de la prueba en el debate a sabiendas que una de ellas, es decir que al dictamen de paternidad le concurría un supuesto vicio de nulidad; es decir que la misma defensa no puede venir a argumentar su ilicitud hasta en el momento de las conclusiones, cuando la prueba fue desde siempre de su conocimiento y ello es así porque así lo dispone el artículo 170 del Código Procesal Penal, que establece la “Subsanación del Acto Viciado”: “Salvo que se disponga lo contrario, los actos viciado se tendrán por subsanados cuando: 1) Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente la declaración de su nulidad,……. 2) Las partes hayan aceptado……tácitamente, los efectos del acto viciado…3), 4) ….” No obstante a lo anterior, sostenemos que de manera alguna a la prueba desestimada le concurra algún vicio de nulidad. Son esas razones por las que mantenemos, que al desestimarse probatoriamente la prueba en referencia por las causales que lo provocaron, se ha impedido llegar a determinar la verdad del suceso enjuiciado, lo que indiscutiblemente ha provocado una injusticia, porque a una de las partes se le ha privado la posibilidad de acreditar su versión, es decir de defender su derecho y por consiguiente se esta violando el Derecho de Defensa y obviamente se generó una evidente ventaja a favor de la parte contraria. Es por ello que para cumplir con lo dispuesto en el articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto constitucional infringido, está orientada a que esa Honorable Sala de lo Penal, case el fallo impugnado pues resulta evidente la infracción al Debido Proceso a través del quebranto al Derecho de Defensa a favor de la víctima; en ese sentido solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas una vez que el presente recurso sea declarado con lugar”. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA .MOTIVO ÚNICO:“Inobservancia de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El A quo ha fundamentado su decisión de dictar un fallo absolutorio, en que los hechos que se fijan como probados no reúnen los requisitos esenciales del tipo penal de Violación Especial, asimismo que la prueba de cargo allegada al debate resultó ser insuficiente para declarar la participación directa del encausado. Dicha apreciación jurídica se desprende de la siguiente valoración suscinta que según consta en el escrito de la sentencia hizo el Juzgador de la prueba evacuada en el debate: De las testigos D. L. H. C. (Ofendida de 15 años) y M. C. H. (madre de la ofendida), siendo que ambas manifestaron poseer un vínculo de afinidad con el acusado, la primera por expresar que es su compañera de hogar y la segunda su suegra, ambas hicieron uso al derecho a no declarar lo que no genera ningún comentario. De la certificación del acta de nacimiento de la supuesta ofendida, se acredita su existencia física. Del Dictamen de evaluación física practicado a la supuesta ofendida en fecha el 13 de mayo del 2009, cuando ésta contaba con 14 años y con un embarazo de 34 semanas, se acreditó que la evaluada presentaba rupturas himeneales antiguas. Del Dictamen pericial Psicológico Forense, quedó demostrado que la menor D. L. H. C., presenta inteligencia dentro los límites normales, con capacidad para obrar y entender sin ninguna alteración y puede recordar cualquier acontecimiento experimentado. Del Dictamen de Paternidad (ADN) practicado entre la menor ofendida, el acusado y la niña A. G. H. C., detalla falencias violatorias a derechos fundamentales que hacen que se desestime el valor probatorio del mismo. Estas conclusiones a las que arribó el Sentenciador si bien es cierto son correctas a excepción del medio de prueba pericial de paternidad, no menos cierto es que de la misma valoración no extrajo todo el resultado probatorio que de ellas se derivan, circunstancia ésta que generó un equivoco fallo absolutorio que ahora fundadamente reprochamos vía casación. Nuestro reproche recursivo se centra en que el andamiaje probatorio de cargo resultó ser contundente con nuestra pretensión acusatoria, pero dada la inobservancia de toda la prueba en su contexto al momento de valorarla el Juzgador, dejó en la impunidad un hecho que desde todo punto de vista vulneró el bien jurídico protegido indemnidad sexual de la menor D. L. H. C. A continuación señalamos las resultas de la prueba que inadvirtió el Sentenciador al momento de valorar la prueba y que como consecuencia emitió el criticable fallo que ahora impugnamos: Si bien es cierto la menor ofendida se limito a exponer que el acusado es su compañero de hogar, circunstancia que fue ratificada por la madre de aquella; pero de esta escueta afirmación de las deponentes pero concluyente en sí, el Juzgador inadvirtió que siendo ello relacionado con el medio de prueba documental consistente en la partida de nacimiento la ofendida, se acredita que la ofendida era al momento de los hechos y continua siendo aún en el momento del debate una niña, por cuanto en éste último momento ella cuenta con tal sólo 15 años, pero que a los hechos contaba solamente con 13; circunstancia ésta que debió llamar poderosamente la atención del Tribunal en su obligación de aplicar la ley, ya que debió advertir que con estas pruebas se acreditó que la menor es víctima, por cuanto le fue violentado su derecho a la indemnidad sexual, a través de la falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral espiritual y social saludables, formales y dignos de quién debió brindárselo; ello lo afirmamos al hacer nuestras las palabras del jurista Juan Busto Ramírez[1] quien dice: “…se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación”. Lo anterior tiene su sustento en que como antes señalamos, la menor ha venido sosteniendo relaciones sexuales con el imputado desde que ella poseía 13 años de edad, lo cual se acredita tanto con la certificación de partida de nacimiento como con el dictamen de evaluación física el cual le fuese practicado en fecha 13 de mayo del 2009 y en el cual se dictaminó que para esa fecha, ya la menor presentaba un embarazo de 34 semanas y 2 días de gestación; es así que bastaba que el Juzgador hiciera una simple operación matemática tomando en cuenta desde la fecha de la evaluación contando las semanas y días que se indican hacia atrás y se evidenciará que para el 15 de septiembre del 2008 (fecha en que se empiezan el tiempo de gestación) la menor contaba con 13 años. Nuestra legislación especial de la niñez, nuestra norma penal sustantiva y los diversos convenios en materia de niñez suscritos por Honduras, todos ellos reprochan penalmente las relaciones sexuales o maritales entre un adulto y un menor de edad y más aún si éste no sobrepasa los 14 años, en este último caso sin importar si dicha relación ha sido voluntariamente aceptada por el menor, por cuanto dichas normas han dejado claro que lo que se protege es precisamente la indemnidad sexual, que no es más que la falta de madurez en cuanto al tema de sexualidad y su capacidad de comprender lo que es bueno o malo en esta materia; es decir que a esa edad los niños son fácilmente vulnerables a cualquier hecho de connotación sexual debido a las anteriores circunstancias. Aplicado lo anterior al caso que nos ocupa, de la prueba evacuada en el debate se desprende que la menor D. L. H. C., fue victima de actos sexuales a voluntad de un adulto (acusado) precisamente por razones que se escapaban de la capacidad de razonamiento de la menor; ello se demostró en juicio además de las pruebas antes referidas, con el dictamen de evaluación psicológica que se le practicase a ella en fecha 20 de septiembre del 2010, el cual ratificado por el perito en la materia Lic. O. A., quien concluyó de manera puntual que la evaluada: “…..En cuanto a sus rasgos de personalidad muestra menosprecio propio, lo que implica que desarrolle rigidez, en cuanto que no posee una capacidad de abstracción significativa que la evaluada no tiene el alcance de comprender y de tener conciencia de lo que implica una relación sexual con una persona, lo que se ve evidenciado cuando se le consulta que significa estar enamorada y entregarse sexualmente a otra persona, ya que no comprende que significa este sentimiento y las responsabilidades que se adquieren con otra persona ya sea sentimentalmente y sexualmente, lo que se ve reflejado cuando ella refiere que lo quería hacer y punto, que lo hizo por impulso y no por una decisión razonada, considerando además sus rasgos agresivos manifiestos” y además en el mismo dictamen el perito recomienda: “Brindar apoyo por profesionales de salud mental, en la comprensión de la sexualidad y su implicancia social”. (Lo subrayado es nuestro). Es decir que la menor aún y cuando consintiera una relación sexual con el ahora acusado y de ello resultase embarazada, esto no quiere decir que dicha circunstancia por el hecho de que fue consentido por ella, denota que ella tuviese por causa de su edad la suficiente madurez mental para estimar que eso es correcto, cuando de su misma evaluación psicológica se infiere lo contrario, hecho éste que pese a haber sido demostrado por la prueba; prueba esta que el Juzgador si bien lo considera, pero sólo lo hizo en relación a situaciones periféricas que detalla en la sentencia y transcribimos en acápites anteriores a página 5 del presente escrito; por ende esta consideración de la prueba del Tribunal no podía abonar al fallo un resultado distinto al emitido aunque éste fuera equivoco y en consecuencia injusto. Finalmente otro de los medios de prueba aportados al debate que sirvieron a solidificar nuestra acusación fue el dictamen de paternidad con el cual se acredita que el acusado es el padre biológico de la niña A. G. H. C., cuya madre también lo es la menor ofendida y cuya gestación se inició cuando ésta solamente contaba con 13 años de edad, lo cual se acreditó con el dictamen de evaluación física; sin embargo de esta prueba de paternidad tal y como en el motivo anterior señalamos el mismo Juzgador en su fallo desestimó su valor probatorio bajo el pretexto de que la misma era prueba ilícita, lo cual ya fue por nosotros reprochado vía recursiva por cuanto se nos ha violentado nuestro derecho a la defensa; sin embargo y pese a ello, la prueba de evaluación Física si no fue desestimada por el Tribunal y esta al igual que la otra pericia también es contundente para acreditar que la menor antes de cumplir los 14 años de edad ya sostenía relaciones sexuales con el acusado, hecho éste que es reprochado criminalmente por nuestra leyes de protección a la niñez. En ese orden de posiciones el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo en su conjunto, ya que las fuentes de prueba además de ser legalmente incorporadas, conducen a la inexorable conclusión que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de ellas pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, en virtud que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar que: el enjuiciado abuso sexualmente de la víctima siendo ella menor de 14 años de edad; cumpliendo estos hechos, con los elementos de los delitos tipificados en los artículos 140, en su tercer párrafo, numeral 1) del Código Penal. Es así que en el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos de la niña ofendida en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos de la menor D. L. H. C.; ello se refleja al estimar el fallo ahora impugnado que porque la menor sostiene al momento del debate una relación marital con el acusado, dicha circunstancia subsana el abuso cometido por el adulto en contra de la ofendida aprovechando que por la falta de madurez de ella, no logra comprender la magnitud del hecho investigado que desde todo punto de vista se volcó en su propio perjuicio. Por otro lado de estas mismas circunstancias se avizora que la menor se ha encontrado desde sus 13 años y continua estando aún en una situación de riesgo social, por cuanto se le ha sometido a una relación marital sin ser ella conciente de su importancia y trascendencia en su vida, tanto por el agresor, por su propia madre al consentirlo y por el mismo Estado a través de la sentencia que ahora impugnamos. Es por ello que a través del presente recurso exhortamos a la Corte Suprema de Justicia a efecto que subsane la inobservancia del A quo respecto a la obligación estatal de proteger a la menor D. L. H. C., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializa en haberse permitido que la menor sea sometida a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecta a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y que decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para esa vida sexual). Así las cosas se afirma que el sentenciador a través de su mala valoración de la prueba, emitió una decisión jurídica que ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; la cual debe ser enmendado al declarar con lugar el presente motivo y se case el fallo impugnado”. V DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO El impetrante señala como motivo de casación la infracción del artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8, 14 y 167 párrafo último, 170 numeral 1) y 320 del Código Procesal Penal, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. El recurrente argumenta principalmente que “a través de una errónea decisión de parte del Juzgador en la valoración de la prueba se le obstruyó al acusador acreditar su acusación y por ende se le ha vulnerado su derecho de defensa a favor de la víctima; el Juzgador al momento de tomar su decisión, estimó como cierta la argumentación formulada al momento de emitir sus conclusiones por el defensor, respecto a que se le vulneró el derecho a la defensa técnica de éste, por cuanto su representado no contó con su presencia en el acto de la toma de muestras para el peritaje; por cuanto entonces el Tribunal al momento de emitir su veredicto desestimó dicho dictamen pericial e indican que al no existir suficientes medios de prueba, no se forma en el ánimo de los Sentenciadores la decisión de dictar un fallo condenatorio; al haberse producido de esta manera generó en nuestro perjuicio completa indefensión a la pretensión acusatoria, por cuanto no se les brindó la oportunidad de defender el medio probatorio cuestionado y la defensa no puede venir a argumentar su ilicitud hasta en el momento de las conclusiones, cuando la prueba fue desde siempre de su conocimiento y ello es así porque así lo dispone el artículo 170 del Código Procesal Penal, que establece la “Subsanación del Acto Viciado”: “Salvo que se disponga lo contrario, los actos viciado se tendrán por subsanados cuando: 1) Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente la declaración de su nulidad,……. 2) Las partes hayan aceptado……tácitamente, los efectos del acto viciado…3), 4) ….” No obstante a lo anterior, sostenemos que de manera alguna a la prueba desestimada le concurra algún vicio de nulidad. Esta sala de lo penal analizados los preceptos invocados por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo Constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y debido proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los derechos individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los derechos individuales de estas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal hacen factible el acceso del ente fiscal, como defensor de los intereses de la Sociedad, a los órganos de justicia a fin de hacer valer los intereses que representa, entendemos pues en el caso del Ministerio Público, el derecho de defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las normas del debido proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso, de tal suerte que tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso; resta ahora analizar si el accionar del Ministerio Público y las decisiones del Tribunal de instancia, están enmarcadas dentro de la normativa procesal vigente y si las decisiones adoptadas por el Tribunal de instancia colisionan con el derecho de defensa del Ministerio Público. Este Tribunal de Casación aprecia que tanto la fiscalía como la defensa dispusieron de las opciones procesales previstas en la ley a efecto de salvaguardar la intervención de las partes en igualdad de condiciones, proponiendo y evacuando, con conocimiento recíproco, los medios de prueba que estimaron pertinentes para demostrar sus tesis en juicio; la incidencia cuestionada se dio al final del debate y justo al momento en que la defensa exponía sus conclusiones del juicio y cuando la fiscalía ya había realizado sus conclusiones, pues durante sus conclusiones la defensa argumentó que el medio de prueba pericial referente a la paternidad del niño de la víctima era ilícito por cuanto la defensa no estuvo presente al momento que se le extrajeron las muestras al imputado previo a las operaciones de la pericia, haciendo notar que no alega la falta de conocimiento del medio de prueba sino simplemente la falta de defensor en ese momento. 2) Dispone el artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal, que el imputado tendrá derecho a estar presente con su Defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario, si se toma en consideración que el medio de prueba pericial en cuestión fue propuesto en la etapa de juicio, en principio es válido aceptar que el imputado tiene el derecho de contar con su defensor al momento de la toma de las muestras; sin embargo, es claro que el Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, a tenor de lo previsto en el artículo 336 del Código Procesal Penal, y esto es así porque durante el debate es donde se cumplen todos los principios que informan el proceso penal, hablamos de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad, e igualdad de partes, pues tratándose del peritaje, al tener ambas partes la oportunidad de escuchar al perito, interrogar y contra interrogar al perito oralmente, en igualdad de condiciones ante el Tribunal juzgador que aprecia directamente estas incidencias, es entonces que se concreta el derecho de defensa para ambas partes pues ambos han tenido las misma oportunidad procesal sin ventaja para ninguno, estas oportunidades fueron satisfechas ampliamente en el proceso en el acto del juicio oral y público, por ello este Tribunal de Casación no estima que la falta de defensor del imputado al momento de la extracción de muestras conlleve una violación al derecho de defensa técnica, tan es así que el artículo 101 numeral 10 dispone que el derecho a estar presente con letrado en un acto que represente elemento de prueba no será necesaria en los casos en que el código disponga lo contrario; así tenemos que el artículo 242 párrafo cuarto del mismo código establece que la presencia de las partes no es necesaria en el caso de que carezca de utilidad procesal o el perito justifique que podría perjudicar gravemente el buen éxito de la pericia, de tal manera que de esta disposición se infiere que la utilidad procesal esta acentuada en el acto del debate cuando se evacua propiamente el medio de prueba pues es donde se da el autentico controvertido, oralidad, publicidad e inmediación, que efectivamente se concretó con la presencia de las partes y sus abogados que interrogaron al perito en igualdad de condiciones bajo inmediación del Tribunal y el control jurisdiccional; la presencia del abogado defensor en la toma de muestras o en la practica de las operaciones técnicas no tiene utilidad procesal en el sentido que lo tiene la evacuación del medio de prueba durante el acto del juicio oral y público, sobre todo si se considera que la defensa acepta que tuvo conocimiento del medio de prueba y lo que arguye es la falta de presencia del defensor, misma que él mismo provocó concientemente, en consecuencia, al desestimar el juzgador el medio de prueba pericial por ilicitud atendiendo un alegato introducido en las conclusiones del juicio, apreció incorrectamente una violación al derecho de defensa del imputado que si se vio salvaguardado durante el debate al momento de la ejecución del medio de prueba pericial, pues intervino en igualdad de condiciones que la fiscalía en observancia de los principios que informan el proceso penal; todo lo contrario, al desestimar el medio de prueba pericial como lo hizo el juzgador, se violenta el derecho de defensa del Ministerio Público en cuanto legítimo representante de la víctima en el proceso, pues al decretar la ilicitud de la prueba pericial se le vedó el derecho de argumentar lo pertinente en defensa de ese medio de prueba, mismo que fue propuesto y puesto en conocimiento de la parte contraria en los momentos procesales oportunos sin que la parte defensora arguyera alguna irregularidad en el momento procesal previsto para tales efectos, sobre todo si estimamos que se trata de una supuesta falencia generada concientemente por la propia defensa que si bien como se dijo, no es motivo para crear una ilicitud, constituye en acto de deslealtad procesal que de haber sido motivo de nulidad habría sido consentido por la propia defensa, pero que al ser apreciado por el Tribunal de Sentencia constituye una violación al derecho de defensa del Ministerio Público como representante de la víctima, consecuentemente es procedente el motivo de casación invocado. 3) Que para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba que no fue valorado por el Tribunal de instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma a efectos de que el nuevo Tribunal de Casación proceda a realizar un nuevo juicio con todas las garantías procesales para ambas partes y resolver conforme a derecho en base a las prueba que reproduzca en el acto del juicio oral y público. VI DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA AL MOMENTO DE VALORAR LA PRUEBA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO Esta Sala de lo Penal, se abstiene de pronunciarse sobre este motivo de Casación por haber prosperado el motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 101 numeral 10), 167 párrafo último, 170, 242, 336 párrafo primero, 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia casa la sentencia recurrida. SEGUNDO: Declara la nulidad del fallo de fecha cuatro de Octubre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua y del debate en que se pronunció. Y MANDA: PRIMERO: Que se repita otro debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado. SEGUNDO: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.40=2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
Página 1 de 17
[1] Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página 119