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Sentencia CP-397-12 — Registro 2909

Resumen

En primer instancia se condenó a los imputados por el delito de lavado de activos, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... I.- El Censor divide su reclamo en dos motivos: 1).- Primer Motivo: Señala que existe error de hecho por haber dejado de considerar prueba de valor decisivo en el proceso que se presentó en contra del Señor A. A. D. G. de P., invocando como precepto autorizante el artículo 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal Penal, mismos que contienen en suma ocho motivos de casación diferentes por quebrantamiento de forma. En su libelo el recurrente indica que se han infringido las reglas de la sana crítica a las alude el artículo 202 del Código Procesal Penal, sin llegar a concretizar cuál de estas reglas fue la inobservada por el Tribunal.- 2).- Segundo Motivo: Afirma el Censor que existe error de hecho en tanto que el A-quo ha dejado de considerar prueba de valor decisivo en el proceso criminal seguido contra el acusado H. R. C., invocando como preceptos autorizantes los artículos 361 y 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal Penal. Cabe señalar que con una defectuosa técnica recursiva el Censor no observa lo dispuesto en el artículo 363 párrafo segundo del Código antes citado donde se establece que “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo “a lo que se añade que el casacionista adiciona el artículo 361 que se refiere al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alejándose de lo que debe ser un debido planteamiento del recurso por quebrantamiento de forma.- II.- Como consecuencia del planteamiento recursivo, es importante una vez más señalar los lineamientos básicos del recurso de casación por Quebrantamiento de forma: el Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador ha previsto tres tipos de recursos de casación: por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales.- En una debida técnica recursiva, el Censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que a su juicio adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de Motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste.- Tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, como el que ahora nos ocupa, el artículo 363 del Código Procesal Penal señala que es necesario que el Censor señale claramente que se trata de dicho recurso, citando cuál de los motivos contenidos en el artículo 362 es el concurrente, teniendo en consideración que cada uno de sus numerales contiene más de un motivo, por lo que la precisión es fundamental al momento de citar el precepto autorizante, también en caso de existir varios motivos, es importante desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida y las peticiones presentadas para subsanar el vicio en los casos que proceda, a continuación ha de venir el desarrollo del argumento recursivo que debe ser coherente con el recurso de casación por quebrantamiento de forma elegido y el motivo invocado y finalmente la pretensión perseguida.- III.- El Recurso no es de Recibo.- Retornando al caso bajo examen, es importante señalar, que el Censor al momento de construir su recurso, no tuvo en cuenta los requisitos de forma que imperativamente establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, el Censor ha presentado un recurso de casación por quebrantamiento de forma, dividido en dos motivos, ambos faltos de precisión y además contradictorios en sí mismos. En este sentido cabe señalar lo siguiente: 1).- En ambos motivos el Censor expresa que se trata de un error de hecho, trayendo a la memoria el motivo de casación que en otro tiempo regulaba el Artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, mismo que es inaplicable por carecer de vigencia; 2).- El recurrente no es preciso al indicar al precepto autorizante, aspecto que no solo es un requisito formal, sino que afecta igualmente el fondo de la decisión al no tener claridad el reclamo formulado; así pues, en sus dos motivos señala como preceptos autorizantes los numerales 2) y 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal, que contienen cuatro motivos de casación por quebrantamiento de forma cada uno de ellos, y adicionalmente en su segundo motivo agrega el artículo 361 referente al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, que es distinto al interpuesto; 3).- El primer motivo lo encabeza explicando que ha existido falta de consideración de prueba de valor decisivo, pero en el desarrollo del libelo reclama la violación de las reglas de la sana crítica, éstos constituyen dos argumentos diferentes y además excluyentes porque la falta de consideración de prueba implica ausencia de valoración mientras que la violación de la sana crítica comporta una valoración incorrecta; 4).- En su segundo motivo, el Censor también lo encabeza señalando la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pero más adelante en el libelo denuncia la violación del artículo 202 del Código Procesal Penal por no haber valorado los medios de prueba de manera conjunta y armónica, explicando a continuación seguida el contenido de las reglas de la sana crítica, repitiendo así el error explicado en el numeral anterior; 5).- En ambos motivos se hace referencia a las reglas de la sana crítica pero el Censor deja no indica cual de estas reglas fue la que inobservada por el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún el Censor no siguió la debida técnica recursiva que exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros.- IV.- La Sala de lo Penal en muchos casos ha sido del criterio que impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aun y cuando un recurso no esté debidamente estructurado o planteado, si éste permite avizorar el sentido del reclamo legal, es deber de esta Sala dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos. El único supuesto en el que este Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería, cuando éste fuese planteado en grado tan confuso que no sea posible ni siquiera deducir cual es el sentido del reclamo que formula el Censor, como ocurre en el presente caso, donde la construcción de ambos motivos es tal que no deja un espacio de coherencia y precisión a partir del cual esta pueda realizar un análisis de fondo.- Es por lo anteriormente expuesto que procede declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha treinta y uno de Agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los Señores H. R. C. H. y A. A. D. G. DE P., por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2)CONDENANDO a M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. Y E. R. C. H., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 3) CONDENANDO a la responsabilidad civil de los imputados.- 4)NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio, a los imputados.- Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, los Abogados B. M. P. V. y R. A. I. S., actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. Y E. R. C. H.; y la Abogada N. M. M., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público. SON PARTES: Los Abogados Recurrentes B. M. P. V. y R. A. I. S., en su condición de Defensores Privados de los acusados A. A. D. G. De P. y H. R. C. H., en cuyo favor se dictó sentencia absolutoria y así como también de los imputados A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. De C., J. J V, O. A. P. De L. Y Y. E. C. M., contra quienes se dictó sentencia condenatoria.- También interviene la Abogada Y. M., Agente de Tribunales del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día domingo, treinta y uno de Octubre de dos mil diez, entre cuatro y cinco de la mañana, catorce personas, entre estas M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., A. A. D. G. DE P.S, J. J. C. V. C., Y. E. M., E. R. M. C., M. A. C.G-, O. A. P. DE L., F. H. DE C., H. R. C. H. y E. R. C. H., llegaron al Aeropuerto Ramón Villena Morales, ubicado en el municipio de la Lima, departamento de Cortés, con la finalidad de abordar un vuelo de la línea aérea, Copa Airlines, con destino a la Ciudad de Panamá, Panamá, y después del trámite respectivo, entregaron sus maletas, en un total de catorce. Momentos después y mientras esperaban el abordaje y salida del vuelo, los empleados de la sección de rayos X de dicho aeropuerto, constataron a través de la pantalla, que algunas de las maletas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamo su atención, consultándoles a los empleados de la línea aérea si las mismas correspondían a una sola persona, respondiéndole los personeros de dicha empresa, que pertenecían a personas diferentes. Seguidamente, las catorce maletas relacionadas, fueron separadas del resto del equipaje de los pasajeros de ese vuelo, y los empleados de la línea aérea llamaron a tres de los pasajeros, A. A. D. DE P., M. A. C. y E. R. M. . y constando con la autorización de ésta última, los empleados de dicha sección, procedieron a abrir su maleta, constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías, que pesaban mas de lo normal, por lo que, en presencia de Agentes de Seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas, encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón. Seguidamente, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación, quienes se personaron a dicho lugar; mientras que los empleados de la empresa Copa Airlines, llamaron al resto (once) de los pasajeros ante mencionados, que se encontraban a bordo de la aeronave, y junto a los tres que previamente habían sido llamados, los trasladaron junto con sus equipajes a la sala de prensa de dicho aeropuerto.- SEGUNDO: Seguidamente y en presencia de los imputados, las autoridades procedieron a abrir las maletas, constatando que en cada una de las mismas, se transportaban tres mochilas (42 en total) que en su interior contenían dólares estadounidenses, que excedían la cantidad máxima que pueden transportar las personas sin previa declaración, procediendo a su decomiso y tomando en consideración la cuantiosa suma de dinero, que impedía de forma inmediata si contabilización, lo trasladaron a las oficinas del Banco Central de Honduras de esta Ciudad. De igual forma y al no justificar su procedencia, los acusados fueron puestos a la orden de la autoridad competente (juez). Posteriormente, el 4 de Noviembre de 2010, en las instalaciones del citado banco, en presencia de todas las partes intervinientes, se procedió al conteo de dinero, cuantificándose la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL CIEN DOLARES ESTADOUNIDENSES ($ 7,546.100.00). Estableciéndose que de las maletas incautadas en cuyo interior se trasladaba el dinero relacionado, ninguna de ellas aparece registrada por la empresa Copa Airlines, a nombre de H. R. C. H. y A. A.D. G. DE P.” CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por los Abogados B. M. P. V. y R. A. I. S., actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. Y E. R. C. H.; y la Abogada N. M. M., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.- II.-LOS RECURRENTES ABOGADOS B. M. P. V. y R. A. I. S., EN SU CONDICION DE DEFENSORES PRIVADOS, DE LOS ENCAUSADOS, PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INFRACCION DE LEY y POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO DE CASACION: La Declaración de los Hechos Probados de la Sentencia son Contradictorios. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 1) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El cuadro fáctico de la sentencia es contradictorio, cuando expresa: "PRIMERO: El día domingo treinta y uno de octubre de dos mil diez, entre cuatro y cinco de la mañana, catorce personas, entre estas, M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., A. A. D. G. DE P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C., H. R. C. H. y E. R. C. H., llegaron al aeropuerto ubicado en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, con la finalidad de abordar un vuelo de la línea aérea Copa Airlines, con destino a la ciudad de Panamá, Panamá y después del trámite respectivo, entregaron sus maletas, en un total de catorce. Momentos después y mientras esperaban el abordaje y salida del vuelo, los empleados de la sección de rayos x de dicho aeropuerto, constataron a través de la pantalla que algunas maletas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamo su atención, consultándoles a los empleados de la línea aérea, si las mismas correspondían a una sola persona, respondiéndoles los personeros de dicha empresa, que pertenecían a personas diferentes. Seguidamente, las catorce maletas relacionadas, fueron separadas del resto del equipaje de los pasajeros de ese vuelo, y los empleados de la línea aérea llamaron a tres de los pasajeros, A. A. D. DE P., M. A. C. y E. R. M. C., y contando con la autorización de esta última, los empleados de dicha sección, procedieron a abrir la maleta, constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías, que pesaban más de lo normal, por lo que en presencia de agentes de seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas, encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón. Seguidamente, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación, quienes se personaron a dicho lugar, mientras que los empleados de la empresa Copa Airlines, llamaron al resto (once) de los pasajeros antes mencionados, que se encontraban a bordo de la aeronave, y junto a los tres que previamente habían sido llamados, los trasladaron junto con sus equipajes a la sala de prensa de dicho aeropuerto.- SEGUNDO: Seguidamente y en presencia de los imputados, las autoridades procedieron a abrir las maletas, constatando que en cada una de las mismas, se transportaban tres mochilas (42 en total) que en su interior contenían dólares estadounidenses, que excedían la cantidad máxima que pueden transportar las personas sin previa declaración, procediendo a su decomiso y tomando en consideración la cuantiosa suma de dinero, que impedía de forma inmediata su contabilización, lo trasladaron a las oficinas del Banco Central de Honduras de esta ciudad. De igual forma y al no justificar su procedencia, los acusados fueron puestos a la orden de la autoridad competente (Juez). Posteriormente, el 4 de noviembre de 2010, en las instalaciones del citado banco, en presencia de todas partes intervinientes, se procedió al conteo del dinero, cuantificándose la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL CIEN DOLARES ESTADOUNIDENESES ($7,546.100.00). Estableciéndose que de las maletas incautadas en cuyo interior se trasladaba el dinero relacionado, ninguna de ellas aparece registrada por la empresa Copa Airlines, a nombre de H. R. C. H. y A. A. D. G. DE P.”. Si analizamos lo expuesto anteriormente por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, observamos las siguientes contradicciones: a). En Numeral "PRIMERO", Se establece que los catorce imputados llegaron al Aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en el Municipio de la Lima, Departamento de Cortes, con la finalidad de abordar un vuelo de la línea Aérea Copa Airlines, con destino a la ciudad de Panamá, Panamá, y después del tramite respectivo, entregaron su maletas, en un total de catorce, momentos después y mientras esperaban el abordaje y salida, los empleados de la sección de rayos x del aeropuerto, constataron a través de la pantalla que algunas maletas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamó su atención, consultándole a los empleados de la línea aérea, si las mismas correspondían a una sola persona, respondiéndole los personeros de dicha empresa, que pertenecían a personas distintas. Seguidamente, las catorce maletas relacionadas, fueron separadas del resto del equipaje de los pasajeros de ese vuelo, y los empleados de la línea aérea llamaron a tres de los pasajeros A. A. D. DE P., M. A. C. y E. R. M. C., y contando con la autorización de esta última, los empleados de dicha sección procedieron a abrir su maleta, entendiéndose que abrieron la maleta que corresponde a E. R. M. C., constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías, que pesaban más de lo normal, por lo que, en presencia de agentes de seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas, asimismo entendiéndose que se trata de la maleta de la señora E. R. M. C., encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón. Seguidamente esos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación, quienes se personaron a dicho lugar; mientras que los empleados de Copa Airlines, llamaron al resto (once) de los pasajeros antes mencionados, que se encontraban a bordo de la aeronave, y juntos a los tres que previamente habían sido llamados, los trasladaron junto con sus equipajes a la sala de prensa de dicho aeropuerto, deduciendo que cada quien fue trasladado con su respectiva maleta, es decir, 14 imputados, propietarios de las 14 maletas, y que según las reglas del razonamiento lógico, cada una de las 14 maletas separadas del resto del equipaje de los pasajeros, correspondía a cada uno de los imputados. En el hecho SEGUNDO, relata que seguidamente y en presencia de los imputados, las autoridades procedieron a abrir las maletas, constatando que en cada una de las mismas, se transportaran tres mochilas (42 en total) que en su interior contenían dólares estadounidenses, que excedían la cantidad máxima que pueden transportar las personas sin previa declaración, procediendo a su decomiso y tomando en consideración la cuantiosa suma de dinero, que impedía de forma inmediata su contabilización, lo trasladaron a las oficinas de Banco Central de Honduras de la ciudad de San Pedro Sula. De igual forma y al no justificar su procedencia, los acusados, es decir los 14 imputados, fueron puestos a la orden de la autoridad competente (Juez). Posteriormente, el 4 de noviembre de 2010, en las instalaciones del citado banco, en presencia de todas las partes intervinientes, se procedió al conteo del dinero cuantificándose la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIES MIL CIEN DOLARES ESTADOUNIDENSES ($7,546,100.00). Estableciéndose que de las maletas incautadas (14) en cuyo interior se trasladaba el dinero relacionado, ninguna de ellas aparece registrada por la empresa Copa Airlines, a nombre de H. R. C. H. y A. A.. D. G. DE P., es decir, las dos maletas que por orden lógico le corresponderían a estos dos últimos imputados, en realidad no estaban registradas a su nombre. Los objetos incautados, (maletas), siguen siendo 14, sin embargo existe una clara contradicción, en primer término con el hecho que si en un inicio las maletas no estaban registradas a nombre de estos últimos, ¿por qué fueron llamados y trasladados a la sala de prensa, si en realidad ellos no registraron las maletas a su nombre? En segundo término, existe un hecho indiscutible y este es que se trataba de 14 maletas, y si a cada uno de los imputados le correspondía una maleta, y dos de los imputados en realidad no registraron esas maletas a su nombre, de conformidad con las reglas del razonamiento lógico, hay dos maletas que no corresponden a ninguno de los imputados, al ser 14 las mismas. Consecuentemente se puntualiza que hay una enorme contradicción por cuanto no se individualiza correctamente a cada imputado la posesión de la maleta que le correspondía, ya que hay dos maletas, que según la lectura del cuadro fáctico, el Tribunal de Sentencia no le atribuye posesión a ninguno de los imputados, independientemente que contengan cantidades mas allá de las permitidas por las leyes Hondureña. Se evidencia, analizando los hechos probados que tuvo a bien consignar el Tribunal de Sentencia, que hay dos maletas que contenían cantidades de dinero más allá de las permitidas por las leyes Hondureñas que estas no se le atribuyen posesión a ninguno de los imputados. Por lo expuesto, de la simple lectura de los hechos probados de la Sentencia, se observa que los mismos son contradictorios al anteponerse la cantidad de maletas decomisadas, no individualizando las mismas, contra la cantidad de imputados a quienes se les atribuye responsabilidad de estar en posesión de dichas maletas, lo que vuelve contradictorios los hechos probados de la Sentencia, por lo que solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Haber Lugar al Motivo planteado.-RECLAMACIONES HECHAS PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LAS FALTAS: Puesto que el motivo de casación, ocurrió en la misma sentencia definitiva, contra el mismo, no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario más que el presente.”- III.- CONTINÚAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES ABOGADOS B. M. P. V. y R. A. I. S., EN SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Infracción por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: El precepto penal que se invoca como infringido por aplicación indebida estipula: Artículo 3: “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestros, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.- El Tribunal sentenciador ha establecido como verdades intangibles e incontrovertibles los siguientes hechos: PRIMERO: El día domingo treinta y uno de octubre de dos mil diez, entre cuatro y cinco de la mañana, catorce personas, entre estas, M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., A. A. D. G. DE P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C., H. R. C. H. y E. R. C. H., llegaron al aeropuerto ubicado en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, con la finalidad de abordar un vuelo de la línea aérea Copa Airlines, con destino a la ciudad de Panamá, Panamá y después del trámite respectivo, entregaron sus maletas, en un total de catorce. Momentos después y mientras esperaban el abordaje y salida del vuelo, los empleados de la sección de rayos x de dicho aeropuerto, constataron a través de la pantalla que algunas maletas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamo su atención, consultándoles a los empleados de la línea aérea, si las mismas correspondían a una sola persona, respondiéndoles los personeros de dicha empresa, que pertenecían a personas diferentes. Seguidamente, las catorce maletas relacionadas, fueron separadas del resto del equipaje de los pasajeros de ese vuelo, y los empleados de la línea aérea llamaron a tres de los pasajeros, A. A. D. DE P., M. A. C. y E. R. M. C., y contando con la autorización de esta última, los empleados de dicha sección, procedieron a abrir la maleta, constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías, que pesaban más de lo normal, por lo que en presencia de agentes de seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas, encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón. Seguidamente, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación, quienes se personaron a dicho lugar, mientras que los empleados de la empresa Copa Airlines, llamaron al resto (once) de los pasajeros antes mencionados, que se encontraban a bordo de la aeronave, y junto a los tres que previamente habían sido llamados, los trasladaron junto con sus equipajes a la sala de prensa de dicho aeropuerto.- SEGUNDO: Seguidamente y en presencia de los imputados, las autoridades procedieron a abrir las maletas, constatando que en cada una de las mismas, se transportaban tres mochilas (42 en total) que en su interior contenían dólares estadounidenses, que excedían la cantidad máxima que pueden transportar las personas sin previa declaración, procediendo a su decomiso y tomando en consideración la cuantiosa suma de dinero, que impedía de forma inmediata su contabilización, lo trasladaron a las oficinas del Banco Central de Honduras de esta ciudad. De igual forma y al no justificar su procedencia, los acusados fueron puestos a la orden de la autoridad competente (Juez). Posteriormente, el 4 de noviembre de 2010, en las instalaciones del citado banco, en presencia de todas partes intervinientes, se procedió al conteo del dinero, cuantificándose la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL CIEN DOLARES ESTADOUNIDENESES ($7,546.100.00). Estableciéndose que de las maletas incautadas en cuyo interior se trasladaba el dinero relacionado, ninguna de ellas aparece registrada por la empresa Copa Airlines, a nombre de H. R. C. H. y A. A. D. G. DE P.”.- Con esta declaración de hechos probados se logra establecer que la intención o propósito de los acusados era trasladar el dinero encontrado en moneda extranjera, hacia la ciudad de Panamá, intención esta que fue frustrada por la autoridades aeroportuarias, impidiendo que el delito se consumará; ya que ninguno de los imputados logro salir del país en el vuelo 796 de la línea Copa Airlines, con destino a Panamá; en consecuencia tampoco sus equipajes; en base a estas afirmaciones el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos se vuelve inaplicable, ya que este se refiere al delito consumado, el que únicamente puede considerarse como tal cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal; en el presente caso se realizaron varios actos para poder consumar el delito, pero estos no tuvieron el resultado perseguido, el que era trasladar o sacar el dinero de nuestro país.- El verbo rector utilizado para enmarcar el actuar de los procesados en el delito de lavado de activos, es TRASLADAR, que por definición, es el acto de llevar un objeto determinado de un lugar y ubicarlo en otro; lo que en el caso que hoy nos ocupa esta demostrado, la pretensión de los imputados era trasladar el dinero que les fuera decomisado, desde Honduras hasta la ciudad de Panamá, acción esta que no se consumo, por razones ajenas a la voluntad de los participantes, ya que fueron descubiertos por las autoridades aeroportuarias.- Se concluye que al haber el Tribunal de Sentencia condenado a los encausados a la pena de quince años de reclusión por el delito de Lavado de Activos, se ha agraviado la Ley en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, por haber infringido por aplicación indebida el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, ya que la norma aplicable en el caso de autos es el artículo 8 del mismo cuerpo legal en relación con el artículo 15 del Código Penal, por lo que solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Haber Lugar al Motivo planteado.”- IV.- SIGUEN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES ABOGADOS B. M. P. V. y R. A. I. S. EN SU TERCER MOTIVO DE CASACION: “Infracción por aplicación indebida del artículo 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: El precepto penal que se invoca como infringido por aplicación indebida estipula: Artículo 32: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”.- Los hechos probados establecen que a los imputados se les decomisaron sus maletas en las que se encontró la evidencia incautada; a excepción de los señores, H. R. C. H. y A. A. D. G. DE P., a quienes, ninguna de las maletas aparece registrada a sus nombres; por el hecho de haber encontrado el dinero en las maletas de los acusados estos son considerados como autores; sin embargo ya el artículo establece que no basta encontrar a alguien en posesión y trasladando algo para considerársele autor, nacen aquí una serie de consideraciones que deben tomarse en cuenta, para el caso, la posesión debe hacerse con el ánimo de dueño, obviamente si se está trasladando en forma personal algo, es porque se posee momentáneamente, ya que esta es la técnica utilizada, e igual ocurre con el traslado, este puede ser no precisamente por el autor del delito, sino por una persona diferente, que no necesariamente es imprescindible, pues su actuar puede perfectamente ser ejecutado por otra persona distinta, sin que con esto se varié el resultado que se persigue. Otro aspecto de suma importancia a tocar, es el delito del que se trata, el cual pertenece a la gama correspondiente a delitos de criminalidad organizada, en el que existen grupos estructurados con diferentes roles, encontrándose en la cúpula de estas organizaciones criminales, los cabecillas y verdaderos autores, quienes se limitan a ejercer acciones desde sus sedes, utilizando a personas diferentes para las actividades que deben realizarse dentro de los delitos; dentro de este tipo de ilícitos los encargados de trasladar los productos ilegales nunca son los autores, son simplemente cooperantes en hechos anteriores o simultáneos. En el caso nuestro, se deduce que la intención no era que el dinero quedará en nuestro país, simplemente estaba en tránsito por acá, cuyo destino final es incluso hasta incierto, ya que se desconoce que seguía después de trasladarlo hasta la ciudad de Panamá. De lo anterior no se puede en base a los hechos declarados probados, estimar como autores del delito a los procesados, siendo entonces inaplicable el artículo 32 del Código Penal por lo que solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Haber Lugar al Motivo planteado.”.- V.- CONTINÚAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES ABOGADOS B. M. P. V. y R. A. I. S., EN SU CUARTO MOTIVO DE CASACION: “Infracción por falta de aplicación del artículo 8 penúltima y última línea de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, en relación con los artículos 33 párrafo primero y 15 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: Para mayor claridad en la exposición de este motivo, nos permitimos transcribir los artículos señalados: artículo 8 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos: “…Al cómplice del autor de tentativa se le sancionará con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3)”. Artículo 33 del Código Penal: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”… Artículo 15 del Código Penal: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”.- En el caso que ahora nos ocupa, sabemos que los procesados se encontraban en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, dispuestos a partir hacia la ciudad de Panamá, portando sus maletas, en las que habían tres mochilas y dentro de estas las cantidades de dólares decomisadas, debidamente envueltas en papel carbón, a fin de no ser detectadas y poderlas así trasladar del territorio nacional; acción que no se pudo lograr por ser descubiertos por las autoridades aeroportuarias; impidiéndose de esta manera que la evidencia incautada fuese trasladada o llegase a su destino según el vuelo que llevaban; quedando únicamente como un delito en su grado de ejecución de tentativa.- Enfoquemos nuestra atención a examinar el grado de participación que tuvieron los hoy acusados; nuestra ley establece que existen autores y cómplices, ya se supra indico quienes tienen el carácter de autores; analicemos que requisitos deben llenar los que participan como cómplices: 1.- Para que haya un cómplice debe haber un autor, deberá existir, al menos, uno, sin que sea necesario que este autor se haya identificado e individualizado previamente dentro de la respectiva investigación y basta que se tengan indicios de su existencia, en el caso que nos ocupa, no solo existen indicios, si no que mediante procedimiento abreviado, Y. Y. C. M. y C. A. C. H., aceptaron ser autores y efectivamente fueron condenadas como autores del delito de Lavado de Activos. En este caso, se puede deducir que el dinero que pretendían trasladar desde este territorio no pertenece a ninguno de los acusados, pues caso contrario no tendría sentido que todos se dirigieran hacia el mismo destino y los transportaran de idéntica manera. Los hechos probados se han referido únicamente al hallazgo del dinero. 2.-Acuerdo de voluntades que, a su vez, comprende dos aspectos: el primero de ellos es que debe existir claridad en el hecho de que el cómplice está contribuyendo a un injusto ajeno, y, en segundo lugar, que el acuerdo sobre los alcances de la colaboración solicitada al cómplice es puntual y debe realizarse conforme con las pautas fijadas por el autor; volviendo a nuestro caso, vemos que los acusados simplemente se limitaron a intentar trasladar el dinero decomisado, no se ha establecido que fueron ellos que obtuvieron, recolectaron, empacaron, decidieron el modo de transportar las sumas prohibidas; por el contrario de la manera idéntica como iban los paquetes dentro de las mochilas que a su vez eran iguales, el destino común de los imputados cuyas nacionalidades son diferentes hace presumir que el autor es otro y es quien decide todos esos aspectos y sobre ellos los imputados no tenían ninguna voluntad, más que cumplir con lo encomendado. 3.- Que el aporte del cómplice consista en una ayuda que favorezca la conducta del autor. Sobre este asunto deben realizarse las siguientes precisiones: a. La ayuda no puede ser de tal importancia que constituya la ejecución de todo o de parte del hecho punible; b. La ayuda debe ser suficiente para favorecer la conducta del autor, pues si no beneficia en nada o incluso la perjudica, no estaremos frente a la complicidad. 4.- Que el cómplice actúe dolosamente, esto lógicamente exige el conocimiento y aceptación por parte del transgresor; requisitos estos que se cumplen a cabalidad en el caso de autos.- En la complicidad la participación es fungible pues a una organización criminal le es indiferente quién traslada el dinero, siempre y cuando se trate de alguien que cumpla las condiciones para ello, como tener identificación, pueda viajar sin inconvenientes y les entregue el dinero. Incluso, usualmente cada vez que se hacen estos traslados, se buscan diferentes personas para que los reciban. Esa fungibilidad significa que su aporte personal no resulta indispensable.- Este dinero incautado a los procesados perfectamente pudo ser trasladado por otras personas, su participación no es determinante para la comisión del delito.- En el presente caso, el dinero se pretendían trasladar de un lugar a otro, la introducción al territorio nacional de dineros provenientes de una actividad ilícita, enviados a su vez por diferentes personas y a diferentes sujetos, es un procedimiento idóneo para lograr finalmente lavar el dinero; sin embargo, es obvio que las personas que llevan o trasladan el dinero no tienen el dominio funcional de la conducta punible de lavado de activos. Como el dominio del hecho y la adquisición del dinero está a cargo de los autores del lavado de activos, éstos serían los autores de dicha acción, y la fungible colaboración de los transportadores simplemente favorece a los autores de la conducta punible. De lo expuesto se estima que se ha infringido por falta de aplicación el precepto penal establecido en el artículo 8 penúltima y última línea de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que se refiere al cómplice del autor de tentativa, en relación con los artículos 33 y 15 del Código Penal, entendiéndose por falta de aplicación del precepto legal antes citado, esa violación se da cuando frente a una situación fáctica perfectamente determinada, el juzgador no observa o ignora el precepto legal sustancial que concretamente regula la situación planteada, es decir, omite aplicarlo; dando lugar a este cuarto motivo de casación por infracción de ley. Habiéndose causado los agravios, el error in judicando, cometido por el Tribunal sentenciador; solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Haber Lugar al Motivo, Case la Sentencia recurrida y acto seguido y por separado dicte la Sentencia correspondiente.”.- VI.- CONCLUYEN LOS RECURRENTES ABOGADOS B. M. P. V. y R. A. I. S. EN SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “QUINTO MOTIVO DE CASACION: Infracción por falta de aplicación del artículo 82 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: El principio constitucional que se invoca como infringido por falta de aplicación garantiza: Artículo 82: “El derecho de defensa es inviolable”… El día treinta y uno de octubre del dos mil diez, en las instalaciones del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, aproximadamente a las seis de la mañana fueron DETENIDOS, catorce personas, entre estas, M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., A. A. D.E G. DE P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A.O C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C., H. R. C. H. y E. R. C. H., ya que las maletas, al pasar por la sección de rayos x de dicho aeropuerto, algunas de estas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamo la atención del personal de dicha sección, procediendo a separar estas maletas del resto, llegando a un total de catorce maletas, posteriormente los empleados de la línea aérea llamaron a tres de los pasajeros, A. A. D. DE P., M. A. C. y E. R. M. C., seguidamente los empleados de dicha sección, procedieron a abrir una maleta, constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías, por lo que en presencia de agentes de seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas, encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón; todo esto ocurrió antes de las seis de la mañana, pues tal como así se puede constatar en el acta juicio oral y público, con las declaraciones de los mismos testigos del Ministerio Público, M. M. C. y R. D., así como el informe y remisión de detenidos que fuese presentado como medio de prueba documental por parte del ente acusador; y es a partir de ese momento que ya todos los imputados gozaban del derecho inviolable de ser asistidos por un defensor de acuerdo a lo estipulado en el artículo 82 constitucional, en relación con el 101 del CPP, numerales 3) Ser asistida, desde que sea detenida o llamada a prestar declaración, por un Profesional del Derecho. 4) A entrevistarse privadamente con su Defensor desde el inicio de su detención, incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración, si así lo desea; 10) A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos que el presente Código disponga lo contrario; lo que también es afirmado por el articulo 282 numeral 6: “…Informar a los detenidos o arrestados en el momento de su detención o arresto con la mayor claridad posible sobre el motivo de la detención y ponerles de manifiesto el derecho que tienen de …. ser asistido por un defensor…”.- De acuerdo a lo desarrollado en el juicio oral y público el agente de la Dirección Nacional de Servicios Especiales, M. C., fue informado de un supuesto hecho irregular que se estaba suscitando en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en el punto de inspección de equipaje; y que tenían a tres personas, quienes según vista en rayos x transportaban equipaje sospechoso con apariencia de dinero…”; llegando al lugar mencionado a las 6:45 de la mañana; tras una llamada telefónica de parte de la seccional de la DNSEI (Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación) del aeropuerto, al llegar al aeropuerto se le informa que no son solo tres personas, que tienen a doce más, haciendo un total de quince personas detenidas, diciéndole además que estas son las personas que pueden transportar algo ilícito; versión que también es sostenida por el testigo protegido 5-XI-2010, quien fue claro al manifestar que al comprobar que era dinero llamaron a las autoridades; fue el agente M. L. M. C.; quien se encargo de constituir el equipo necesario para proceder en casos de esa naturaleza; y consciente de que estaban ante la presencia de un delito y que inmediatamente las personas a cuyos nombres aparecen registradas las maletas tenían condición de detenidas; por tanto les asistían desde ya, todos los derechos y garantías previstos en nuestras leyes y tratados internacionales; se procedió por parte del agente encargado a llamar al Fiscal del Ministerio Público, quien se hizo presente desde las ocho de la mañana, además se procedió a informar a las altas autoridades de la Secretaría de Seguridad quienes inmediatamente acudieron al lugar, se llamo también a los medios de comunicación quienes desde tempranas horas ese mismo día, comenzaron a pasar la noticia, pero en ningún momento se dio aviso a la defensa pública, la cual labora las 24 horas del día los 365 días del año para que se hiciera presente un profesional del derecho a asistir a las personas detenidas y les brindara la asistencia técnica que tanto necesitaban, aún mas considerando que todos los detenidos son extranjeros y desconocen los tramite en nuestro país; es así como desde aquél momento no contaron con un defensor y mucho menos este estuvo presente en todas las actuaciones posteriores y en las que se recabo pruebas que fueron traídas hasta el juicio oral y público y que son la base hoy de la condena impuesta por el Tribunal Sentencia; desde que las autoridades comprobaron la existencia del dinero debieron esperar para la realización de los siguientes actos de investigación la presencia de un abogado defensor, con el fin de no vulnerar los derechos constitucionales que nuestra ley y los tratados internacionales otorgan; los justiciables permanecieron horas tras horas, llego a transcurrir todo el día y parte de la noche, en el improvisado centro de detención, (sala de prensa del aeropuerto) en poder del señor Fiscal, autoridades de alto rango y agentes policiales; sin contar con ningún defensor; en tanto la evidencia que serviría de base a este proceso era recabada sin ninguna legalidad. Durante ese tiempo, los hoy acusados desconociendo totalmente los derechos que les asistían, estaban detenidos en la sala de prensa del aeropuerto donde se realizaron actuaciones por el ente investigador y que fueron avaladas por el Ministerio Público a través de su agente Fiscal; se procedió a practicar registros personales a todos los imputados, mismas que han sido traídas como medios de prueba documentales hasta el juicio oral y público; se realizó inspección y registro de maletas, cuya acta obra como medio de prueba (folios 123 al 144) y donde se puede constatar que la misma inicio a las 8:30 horas y finalizo hasta las nueve cuarenta de la noche (21:40); señalándose quienes estaban presentes y cuya firma calza al final del acta y tal como se observa no consta en ella la firma de ninguno de los imputados ni mucho menos de un abogado defensor; en este periodo larguísimo de tiempo también se incauto la evidencia incriminatoria; es evidente que desde el momento de la detención efectuada por los agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, a los imputados se le violaron todos las garantías que la constitución y los tratados internacionales otorgan a toda persona que es sospechosa de un ilícito; las técnicas policiales utilizadas durante la investigación debieron ajustarse sin excusa a lo preceptuado por la ley; las formalidades legales para la práctica de la prueba son garantías del derecho de defensa y el debido proceso, como en cualquier otro proceso judicial de otra índole. Una errónea intervención que lesione derechos fundamentales del imputado conlleva inevitablemente a que se dicte una resolución favorable. El artículo 15 del CPP en sintonía con la constitución y los tratados internacionales expresa que el derecho de defensa es irrenunciable, su violación producirá la NULIDAD ABSOLUTA DE LOS ACTOS QUE SE PRODUZCAN SIN PRESENCIA DEL DEFENSOR; la defensa sostiene, y así lo ha dejado plasmado en todas las etapas del proceso, que toda la prueba aportada en el juicio fue obtenida en violación de garantías constitucionales, lo que no puede permitirse en un Estado que se jacta de ser democrático y constitucional de derecho; la violación que en el caso de autos se ha producido es INSUBSANABLE y da lugar a este motivo de casación, al haberse lesionado derechos fundamentales de los imputados como lo es el principio constitucional de defensa, y de otros que se le derivan como la legalidad de la prueba y libertad probatoria, los que al haber sido irrespetados conllevan inevitablemente a que se dicte una resolución favorable a los imputados. Asombró a esta defensa la posición del Tribunal de Sentencia que por mayoría estableció en la fundamentación jurídica apartado décimo sexto: “…las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, tenían como finalidad la constatación inmediata del delito, de manera que la no presencia del defensor en estas circunstancias, no ha significado conculcación de derecho alguno, por ende no invalidan las actuaciones llevadas a cabo en la Terminal aeroportuaria y las derivadas de las mismas, pues resulta patente que, con o sin la presencia de dicho profesional, el resultado en cuanto a la incautación del dinero, se refiere, permanecería inalterable. Así las cosas, la no presencia del defensor mientras se realizaba la inspección y decomiso de maletas, no constituye en si, una violación al derecho de defensa y mucho menos que de esta violación se derive una manifiesta obtención de prueba ilícita o prohibida…”; este criterio inquisitivo es totalmente contrario a lo que establece nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y nuestra ley procesal, mismos que exigen que todo detenido debe contar con acceso a un defensor desde el momento de su detención (artículo 101 numeral 3 CPP), el hecho de encontrar a alguien in fraganti, da lugar a la detención inmediata, lo que no puede traducirse en que una vez detenido no contará inmediatamente con la asistencia de un defensor; si bien El Estado está en la obligación de investigar los hechos delictivos, esto no debe hacerse a cualquier precio, por el contrario, deben respetarse sin excusa alguna todas las garantías de las que goza el acusado, caso contrario las actuaciones son nulas. El recurso de casación es un contralor de legalidad que actúa con independencia de lo salomónica que resulte la decisión final, lo que realmente importa es el control legal. De lo anteriormente expuesto, al haberse violentado el derecho de defensa y de los que se le derivan como la legalidad de la prueba, consistente en la inspección y registro de maletas en las que se encontraron las cantidades de dinero decomisadas y en base a las cuales se condeno, se han vulnerado a los imputados garantías constitucionales insubsanables, dando lugar a este ultimo motivo de casación por infracción de precepto Constitucional; habiéndose causado graves agravios a nuestro representados por el Tribunal sentenciador; solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia declare Haber Lugar al Motivo, case la sentencia recurrida y acto seguido y por separado dicte la nulidad absoluta de todas las actuaciones realizadas en la Terminal aeroportuarias en fecha treinta y uno de octubre del dos mil diez y que han sido la base para condenar a los acusados.”.- VII.- LA RECURRENTE ABOGADA N. M. M., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION 1.Quebrantamiento de Forma.- PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al dejar de considerar prueba de valor decisivo en la lítis en contra del señor A. A. D. G. DE P. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido no ha considerado en toda su dimensión prueba consistente de valor decisivo en contra de los señores H. R. C. Y A. A. D. G. DE P. sobre quienes se dicto sentencia absolutoria, no es el caso que la haya excluido, sino más bien que no tomo en cuenta la prueba en relación con toda su dimensión y al mismo tiempo violó en su valoración las reglas de la Sana Crítica, como se demostrará en el motivo que a continuación se desarrolla: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, reza al: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el Tribunal sentenciador por mayoría, en el hecho probado primero del fallo expresa: El día domingo 31 de octubre entre cuatro y cinco de la mañana, catorce persona entre estas M. G. L. LA S., A. N. E. P., A. O. P., A. A. D. G. DE P., J. J. C. V., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. V., H. R. C. H. Y E. R. C. V. H. llegaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en el municipio de la Lima, departamento de Cortes, con la finalidad de abordar un vuelo de la línea área, Copa Airlines, con destino a la ciudad de Panamá, Panamá y después del trámite respectivo, entregaron sus maletas, en un total de 14. Momentos después y mientras esperaban el abordaje y salida del vuelo, los empleados de la sección de rayos X de dicho aeropuerto, constataron a través de la pantalla que algunas maletas presentaban en su interior imágenes similares, lo cual llamo su atención consultándoles a los empleados de la línea aérea, si las mismas correspondían a una sola persona, respondiéndole los personeros de dicha empresa que pertenecían a personas diferentes. Seguidamente las catorce maletas relacionadas, fueron separadas del resto del equipaje de los pasajeros de ese vuelo y los empleados de la Línea aérea llamaron a tres de los pasajeros, A. A. D. P., M. A. C. Y E. R. M. C. y contando con la autorización de esta última, los empleados de dicha sección procedieron a abrir su maleta, constatando que en su interior se transportaban tres mochilas vacías que pesaban más de lo normal, por lo que, en presencia de agentes de seguridad del aeropuerto, se rompió un compartimiento de una de las mochilas encontrando un paquete de dólares estadounidenses, envueltos en cartulina rosada y papel carbón. Seguidamente estos hechos fueron puesto en conocimiento de las autoridades de investigación quienes se personaron a dicho lugar, mientras que los empleados de la empresa Copa Airlines, llamaron al resto (11) de los pasajeros antes mencionados, que se encontraba a bordo de la aeronave, junto a los tres que previamente habían sido llamados, los trasladaron junto con sus equipajes a la sala de prensa de dicho aeropuerto.” Asimismo en el apartado de valoración de la prueba, por mayoría el Tribunal manifestó: “De igual manera, cabe señalar, que en lo que refiere al Justiciable A. A. D. G. DE P., la autoridad policial documentó que la maleta identificada como la número 3, con colilla 107537, le fue incautada a este, no obstante de la información ofrecida por la empresa Copa Aírlines y que más adelante se ilustra con claridad, la misma aparece a nombre de Y. Y. C. M., de forma que a partir de estos extremos, el Tribunal no puede dar por acreditado que dicha maleta, era la que transportaba el señor D.”. Resulta que de esta valoración efectuada por el tribunal no tomo en cuenta las declaraciones tanto del testigo Protegido CLAVE 5-Xl-2010, M. L. M., acta de Inspección y registro efectuado al señor A. A. D.. Manifiesta el testigo protegido en su declaración en juicio que siendo las 4:30 de la mañana estaba en el punto de rayos X chequeando equipaje de uno de los vuelos y en eso venia una maleta con una imagen negra borrosa y la bajáramos, después pasaron más maletas con la misma imagen y las bajamos; después pasaron más maletas y pasaron 4 maletas mas y al final pasaron 4 maletas mas ya contabilizaban 11 maletas que habíamos bajado (…)Después llamamos a la línea Copa para traer a las tres personas para revisar las maletas y llegaron E. D., M. C. Y A. D.. Es decir que el mismo personal del aeropuerto identifica desde un inicio una de las maletas donde se transporta el dinero en forma oculta como propiedad del señor D. y no de la señora Y. C. a pesar de encontrarse la colilla a nombre de la misma y esto en razón de los siguiente aspectos: El señor M. L. M. manifestó durante el juicio que “Posteriormente se llama a la señora Y. quien estableció que la maleta no era de ella sino que era de su novio A. A. quien proporciono las llaves de su maleta y de igual manera se encontraron las tres mochilas en las que se transportaba dinero”. Nuevamente se prueba que efectivamente el señor A. A. posee y tiene conocimiento de la cantidad llevada en dicha maleta pues es la persona que proporciona la LCDLAve que apertura la maleta que contiene el dinero incautado, por ende quien actúa como propietario de la maleta es el señor A. A. P. ya que solamente él posee el acceso a la maleta y es de esa manera que se hace presente ante las autoridades aeroportuarias, siendo evidente entonces que tiene conocimiento de lo transportado pues actúa como dueño de la misma. El acta de inspección y la declaración del señor M. M. también ratifican este extremo por lo que el Tribunal de Sentencias no valoro en forma conjunta estas pruebas pues llego a la conclusión que al no encontrarse la colilla numero 0230107537 registrada a su nombre no se pudo acreditar la posesión efectiva del dinero y al contrarío se acredita con las declaraciones brindadas en juicio así como la prueba documental presentada quien es el dueño de la maleta es el señor A. A. P.. Por lo que el Tribunal de Sentencia, no consideró en todo su contexto prueba de VALOR DECISIVO como ser la declaración testifícales CLAVE 5-Xl-2010, M. L. M. quienes comparecieron al Tribunal de Sentencia a deponer, así como de la prueba documental evacuada en el juicio oral y público donde consta que del registro efectuado al señor A. A. P. proporcionó las llaves correspondientes a la maleta con colilla numero 0230107537 y en donde se encontró el dinero incautado que ascendía a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL DOLARES y es así también que la sentencia emitida por parte del Juzgado de Privación y Domino decreta la privación del dinero sobre el cual porta A. A. puesto que se establece que la maleta encontrada pertenece al mismo.”.- VIII.- CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE ABOGADA NEREYDA MARADIAGA MARTINEZ EN SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: “PRIMER MOTIVO: Nuevamente incurre el sentenciador en error de hecho, al dejar de considerar prueba de valor decisivo en la litís en contra del señor H. R. C. y en violación al precepto constitucional establecido en artículos 16 de la Constitución de la República y 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada literal a y c. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículos 361 y 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El Precepto penal adjetivos y sustantivos que se invoca como infringido por falta de aplicación, reza al: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Es así que al definirse indica H. A. dice que” Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio”. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que se pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de los casos. Artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada en su literal a” Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. El literal C define al grupo estructurado como “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”. Por su parte el Tribunal sentenciador por mayoría, en el hecho segundo probado del fallo expresa: “Estableciéndose que de las maletas incautadas en cuyo interior se trasladaba el dinero relacionado, ninguna de ellas aparece registrada por la empresa Copa Airlines a nombre de H. R. C. Y A. A. D. G. DE P.”. Así mismo sigue manifestando en su valoración el Tribunal “Que en cuanto al imputado H. R. C. ninguna de las maletas incautadas fue reportada, ni aparece etiquetada a su nombre” indicando que H. R. C. H. Y A. A. D. G. P. no se les puede conceptualizar como propietarios o responsables del equipaje incautado”. No valorando de esa manera el tribunal que esa organización criminal sus miembros tienen conocimiento del traslado del dinero y el hechos que no se les asignado funciones formalmente definidas como los demás miembros no quiere decir que no exista una responsabilidad penal en el delito de LAVADO DE ACTIVOS. Es así que de la prueba propuesta y evacuada en juicio como ser las asistencias judiciales requeridas a los países de Panamá, Guatemala y Argentina se llega a acreditar que los señores H. R. C. Y A. A. D. son miembros de esa organización. Es de la información brindada por parte de la República de Guatemala en donde se informa que de acuerdo a la Oficina del Registro Mercantil de Guatemala 3 la señora C. A. C. H. aparece como dueña de la empresa SHINE AND COLOR según expediente numero 32724-2009, la que inscribe el 29 de julio del 2009 esta misma empresa fue aperturada por parte también del señor H. R. C. H. quien la cierra el 02 de septiembre del 2009 en el mismo local y bajo el mismo nombre que lo hiciera la señora C. A. C. es decir en un término de dos meses se constituyeron dos empresas bajo número de registro diferente, nombre de propietarios diferente pero en el mismo local y bajo el mismo rubro. Método utilizado en el delito de lavado de activos en y conocido como empresas fachadas ya que dicha empresa desde su de opera clones tenía problemas para su inscripción puesto que lo lógico era liquidar una de ellas y nuevamente aperturar la otra, sin embargo se apertura dos bajo el mismo nombre en el mismo local y bajo el mismo rubro. De la misma manera aparece la empresa OMARIS IMPORT en Panamá cuyo rubro es la compra de vehículos por subastas en Internet, pero resulta que dentro de la información referente a automotores en Panamá no aparece adquisición de compra o venta de vehículos a nombre de su propietario O. A. propietario de dicha empresa y actualmente condenado. Por lo que efectivamente nos encontramos ante dos compañías fachadas en los países de origen de los imputados las cuales no presentan documentación alguna de sus ventas o ganancias lo que lleva a establecer que toda esta organización tiene conocimiento del traslado del dinero y que forma parte de la misma utilizando dichas empresas como mampara para sus actividades ilícitas. De la misma manera se puede observar dentro del Informe de análisis de movimientos migratorios correspondientes a los condenados y el señor A. A. D. G. DE P. que realizo 9 viajes a los países de Honduras, Panamá, Costa Rica, Paso Canoas, Colombia junto a los señores M. A. C. G. (24 y 26 del 2009 y 14, 16, 24, 27 y 29 del 2009), O. A. P. DE L. (en fechas 24 y 26 del 2009 y 14, 16, 24, 27 y 29 del 2009), E. R. M.(en fechas 24 y 26 del 2009 y 14, 16, 24, 27 y 29 del 2009), Y. C. M.(en fechas 24 y 26 del 2009 y 14, 16, 24, 27 y 29 del 2009), J. J. C. V. C. (14, 16, 24, 27 y29 del 2009), A. P. de nacionalidad argentina 24 y 26 del 2009 y 29 de octubre del 2010, Y. Y. C. M., M. G. L. (24 y 26 del 2009 14 y 16 del 2010) y es de ese mismo informe que se establece que todas las personas detenidas utilizan a Honduras como punto de reunión y recolección del dinero realizando su llegada en fechas consecutivas en donde los ciudadanos de origen panameño previo a su entrada a honduras ingresan a Colombia para posteriormente ingresar a nuestro territorio nacional, siendo detenidos el 31 de octubre la misma fecha que tenían planeado regresar y en el caso de los ciudadanos guatemaltecos se desconoce su ingreso a territorio nacional, sin embargo su salida era efectivamente el 31 de mayo del 2010 hacia Panamá y en la misma aerolínea que los demás condenados. Lo que nos lleva a establecer que con todos estos elementos concatenados las personas condenados y los señores H. C. H. Y A. A. P. tienen conocimiento del traslado de ese dinero, razón por la cual ingresaban al país en las mismas fechas o fechas consecutivas puesto que en sus países estos se asociaban para lavar activos reuniéndose como punto central Honduras y posteriormente dirigiéndose a Panamá, específicamente Puente Canoas Chiriquí. En las máximas de la experiencia, se encuentran elementos cuya valoración de hechos que poseen un contenido general. Lo que permite darle a la valoración un carácter lógico; como lo es el caso presente en donde efectivamente estas personas en base a todos los indicios concatenados entre sí concluyen que los señores H. C. H. Y A. A. P. tienen conocimiento de lo contenido en las maletas incautadas porque forman parte de esa organización criminal, custodiándolo, trasladado el dinero que se lleva en forma oculta a Panamá. De esa manera resulta evidente el error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al omitir considerar, esto es, valorar en toda su dimensión la declaración de los testigos y la prueba documental consistente en las actas de los registros personales, ya que tales probanzas se encuentran revestidas de la eficacia probatoria como para que se arribe al convencimiento de que los imputados son las personas que junto a los condenados custodiaban y trasladaban de forma oculta el dinero incautado.”.- IX.- PRIMER MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS B. M. P. Y R. A. I. S., APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DE LOS ACUSADOS A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. DE C., J. J. C. V. C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. DE L. Y Y. E. C. M., DENUNCIANDO QUE LOS HECHOS PROBADOS SON CONTRADICTORIOS.- PRECEPTO AUTORIZANTE CITADO ARTÍCULO 362.1 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-.- I.-El Proceso Penal se conforma por una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante la sustanciación del procedimiento penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y no se observa un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal: Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- Protestan los Censores contra los hechos declarados probados por la mayoría de los Juzgadores, al considerar que los mismos son contradictorios. Consideran que resulta contradictorio que se señale que los acusados A. A. D. G. de P. y H. R. C. H., no tenían maletas registradas a su nombre y que aun así hayan sido llamados y trasladados a la Sala de Prensa del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, además es contradictorio que no se puntualice en los hechos declarados probados cual es la maleta que cada uno de los imputados llevaba, ya que existen dos maletas que según lectura del cuadro fáctico, no son atribuidas a ninguno de los acusados.- Por lo anterior los Censores son del criterio que los hechos declarados probados son contradictorios, debiendo estimarse el recurso planteado.- III.- Esta Sala considera pertinente recordar que los hechos probados son el relato histórico atinente a los acontecimientos que están siendo debatidos. Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste. Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán determinar la norma legal aplicable al caso y de ahí su imperativa importancia.- Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal establece que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1).- Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2).- Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de Diciembre de 2010 en el Exp. No. 377-2008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de Octubre de 2010 en el Exp. No. 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de Abril de 2011, en el Exp. No. 250-2009); y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 en el Exp. NO. 920-2009).- IV.- El Motivo no es de Recibo.- El vicio denunciado por el recurrente se producirá cuando los hechos comprendidos en el relato fáctico sean contradictorios e inconciliables entre sí, de tal manera que la afirmación de uno de ellos implique la negación del otro. Es necesario que la contradicción sea absoluta o manifiesta, en el más amplio sentido gramatical, lo que viene a significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable e incompatible con la integridad del relato histórico[1]. El vicio examinado no comprende la oposición o discordancia entre hechos por un lado, y conceptos o valoraciones jurídicas por el otro, planteamiento éste que encuentra un cauce adecuado por otra vías procesales. Los Censores denuncian que el factum de la sentencia es contradictorio, que equivale a decir que en sí mismo el relato afirma y niega al mismo tiempo un hecho, acto o suceso, más esta denuncia no concuerda con el argumento desarrollado, en tanto en cuanto comporta un cuestionamiento a un acto de investigación que debió ser formulado en la instancia y a una omisión sobre la descripción más detallada de un hecho particular, a saber: 1).- Indican los Censores que resulta contradictorio que el A-quo declare que dos de los acusados (A. A. D. G. de P. y H. R. C. H., declarados absueltos), no tengan registradas a su nombre ninguna maleta pero que aun así hayan sido llamados y trasladados a la Sala de Prensa del Aeropuerto, más esto no es una contradicción de ideas planteadas en el fáctum, no se trata de la colisión de afirmaciones que hagan perder la coherencia interna de lo declarado probado, se trata de un hecho que a juicio de los Juzgadores fue probado y que por su relevancia mereció ser descrito como parte del factum, así la denuncia hecha por los Censores no es en cuanto a la construcción de los hechos probados, es en cuanto a las actuaciones de investigación de los Agentes encargados, lo que es ajeno al motivo invocado.- 2).- Resienten los Censores que la mayoría de los Juzgadores “no individualiza correctamente a cada imputado la posesión de la maleta que le correspondía, ya que hay dos maletas que según el cuadro fáctico… no le atribuye posesión a ninguno de los imputados”, calificando esto como una contradicción. Esta aseveración, al igual que la anterior, no se refiere a una confrontación de ideas planteadas a lo interior de los hechos probados, no implica la afirmación y negación al mismo tiempo de un hecho, acto o suceso, refiere más bien lo que a criterio de los Censores se debió consignar en el cuadro fáctico, lo que desborda el sentido del recurso invocado.- Cabe advertir que los Censores yerran cuando afirman que del factum se desprende que existen dos maletas que no fueron atribuidas a ninguno de los acusados, cuando el relato lo que señala es que dos de los acusados no tenían registradas a su nombre ninguna maleta. (vid. F. 2908).- X.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS B. M. P. Y R. A. I. S., APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DE LOS ACUSADOS A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. DE C., J. J. C. V. C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. DE L. Y Y. E. C.O M., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA CONTRA ÉSTOS.- SEGUNDO MOTIVO: ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- TERCER MOTIVO: ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL.- CUARTO MOTIVO: INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 8 PENÚLTIMA Y ÚLTIMA LÍNEA DE LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (LCDLA)EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 33 PRIMER PÁRRAFO Y ARTÍCULO 15, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración efectuada sobre los medios de prueba reproducidos en juicio, que los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).- En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- II.- Los Censores plantean Recurso de Casación por Infracción de Ley, el cual dividen en tres motivos diferentes, sin embargo todos ellos se refieren a un mismo aspecto abordado desde diferentes ángulos, por lo que para efectos de coherencia y unidad de la resolución, éstos serán resueltos en este apartado, en un pronunciamiento unitario.- Alegan los Censores como motivos: 1).- El artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos es inaplicable, ya que si bien los acusados realizaron varios actos para poder consumar el delito, éstos no consiguieron el resultado perseguido, que era sacar dinero de Honduras; 2).- No es aplicable el artículo 32 del Código Penal, porque no basta encontrar a alguien en posesión y traslado de algo para considerarle autor, la posesión debe realizarse con ánimo de dueño. Éste tipo de delitos es propio de la criminalidad organizada y dentro de quienes asumen algunas funciones dentro de la organización están los encargados de trasladar los productos ilegales, quienes nunca son los autores, sino que simplemente cooperantes de hechos anteriores o simultáneos; 3).- No se aplicó el artículo 8 penúltima y última línea de la Ley de Lavados de Activos, en relación con los artículos 33 párrafo primero y 15 del Código Penal. Los Censores son del criterio que del factum se desprende que los acusados se encontraban en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, dispuestos a salir del país portando en sus maletas cantidades de dólares envueltas en papel carbón a fin de que no fueran detectadas y poder trasladarlas fuera del territorio nacional, acciones con la que no pudieron alcanzar el resultado que pretendían al ser descubiertos. El recurrente expone que los encartados intentaron trasladar el dinero, sin que se acreditara que habían sido las personas que lo obtuvieron, recolectaron, empacaron y decidieron trasladar las sumas de dinero.- A juicio de los recurrentes los acusados no tenían el dominio funcional de la conducta de lavado de activos, siendo los autores las personas que adquirieron el dinero y tienen a su cargo el lavado de los activos.- III.- Esta Sala considera pertinente recordar, que atendiendo al Bien Jurídico Tutelado el lavado de activos es un delito Pluriofensiva: en tanto que afecta inmediatamente el orden socioeconómico y de manera mediata a la Administración de Justicia. Si bien es cierto que las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no es menos cierto que la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a la Administración de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado, el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cual o cuales de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cual es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado, la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De éste modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de la Administración de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. El artículo 3 de la LCDLA establece que: “incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.” Un análisis detenido del tipo penal antes descrito, revela lo siguiente: I) Cabe distinguir dos grandes grupos de conducta: a)Por un lado las de adquirir, poseer, administrar, custodiar, convertir, transferir y trasladar y por el otro, las de ocultar o impedir la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad; constituyendo un elemento denominador común que tales acciones tengan por objeto activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, II) La redacción del tipo contentivo de diversas modalidades de lavado de activos ciertamente no es la más afortunada, puesto que en esencia el legislador se limitó a la reproducción de los comportamientos descritos en textos jurídicos internacionales, sin embargo, podemos afirmar que el primer grupo de conductas que es el que nos interesa para resolver el presente motivo de casación, responde a las características de un tipo penal de naturaleza mixta alternativa en tanto que basta con la realización de cualquiera de los verbos nucleares, es decir, adquirir, poseer, administrar, custodiar, convertir, transferir o trasladar, sin que la reiteración de comportamientos permita apreciar dos o más conductas delictivas. Habitualmente, las conductas de lavado de activos no se agotan en un solo acto, sino que es frecuente la realización consecutiva de varios de ellos con el fin de acentuar la separación del bien respecto a la actividad ilícita del que trae su origen. Así ocurre, por ejemplo cuando un sujeto adquiere un bien a sabiendas de su procedencia delictiva y a continuación, como parte de la misma operación de lavado, lo convierte o lo vende para terminar invirtiendo el dinero obtenido por él en la adquisición de otro bien completamente distinto. En el grupo de conductas analizado, el legislador ha enumerado una serie de comportamientos, adquisición, posesión, administración, custodia, conversión, transmisión y traslado. Cualquiera de ellos realiza el tipo penal y si la conducta desplegada coincide, además, con otra de las que el mismo tipo contempla, el ejemplo arriba expuesto: la transmisión onerosa del bien supone, asimismo su conversión en otro distinto, no podrá mantenerse que el sujeto ha cometido más de un delito[2]. Del mismo modo, el traslado físico de unos bienes de procedencia ilícita puede producir, como resultado, la ocultación de su ubicación. III) El grupo de conductas analizadas responde a las características de los delitos de consumación anticipada. El artículo 14 del Código Penal hondureño ofrece un concepto general de consumación, al expresar que “El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal”. De este modo podemos definir el delito consumado como la realización de todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos del tipo del delito previsto en la Parte Especial. Por tal razón si queremos saber en cada caso cuando concurre el delito consumado debemos acudir a cada una de las figuras delictivas previstas en el Código o en una ley penal especial. Por otro lado, la consumación no precisa la terminación o agotamiento material de la lesión del bien jurídico protegido. Esto reviste particular importancia en el tema que ahora nos ocupa. El primer grupo de las modalidades de lavado de activos previstas en el artículo 3 de la LCDLA responden a la estructura de los delitos de mera actividad y de consumación anticipada, ya que se consuman con la sola realización de la conducta prohibida (adquisición, posesión, administración, custodia, utilización, conversión, transferencia, traslado, de bienes de origen ilícito) sin que sea necesario que se alcancen las finalidades de impedir definitivamente la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o propiedad de activos procedentes de las actividades descritas en el precepto, delitos conexos, o de aquellos bienes que no tengan una justificación económica legal de su procedencia. En conclusión, para la consumación de las modalidades de lavado de activos previstas en el primer grupo de conductas que describe el artículo 3 de la LCDLA , basta con la realización de las acciones enunciadas en el tipo sin que sea necesario alcanzar el resultado penalmente antijurídico perseguido por el autor. En el caso que ahora nos ocupa se desprende del fáctum que los imputados M. G. L. L., A. E. P., A. O. . J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. Y E. R. C. H. llevaban consigo maletas de viaje en cuyo interior y ocultos en mochillas portaban grandes sumas de dinero en divisa extranjera (dólares estadounidenses), hallazgo que se produjo cuando estaban por despegar del aeropuerto internacional de Toncontín con destino a la República de Panamá, bienes cuya procedencia lícita no lograron demostrar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el verbo trasladar comporta “llevar o cambiar a una persona o cosa de un lugar a otro” y por lo tanto conlleva el desplazamiento físico de los bienes, productos o instrumentos procedentes de una actividad ilícita. De este modo, del relato fáctico se desprende que los imputados antes mencionados llevaban grandes sumas de dinero ocultas en sus maletas y por ende transportaban las mismas desde el momento y durante el trayecto en que las portaban hasta el hallazgo que se produjo por las autoridades aeroportuarias y policiales, con lo cual y si bien se desprende del relato de hechos probados que tales bienes no fueron sacados del territorio nacional, podemos afirmar que sí se produjo un efectivo traslado o transporte de los mismos, de tal manera que el delito que se atribuye a los encartados condenados llegó a su etapa de consumación, al margen de que no se alcanzara su agotamiento, tomando en cuenta de que al tenor de lo explicado con anterioridad, las modalidades de lavado analizadas entre las que se encuentra el traslado de bienes de prudencia ilícita responden a la estructura de los delitos de mera actividad y de consumación anticipada. Por otro lado, aún y cuando se pusiera en duda que el traslado de bienes no alcanzó el grado de consumación, la mera posesión de bienes de procedencia ilícita descrita también en el artículo 3 de la LCDLA constituye un delito consumado, de tal manera que los comportamientos de los encartados M. G. L. L., A. E. P., A. O. P., J. J. C. V. C., Y. E. C. M., E. R. M. C., M. A. C. G., O. A. P. DE L., F. H. DE C. Y E. R. C. H. igualmente subsumibles en la conducta dolosa de poseer activos de origen ilícito no puede escapar al reproche penal[3], habida cuenta de que en atención a lo señalado líneas arriba, las modalidades de lavado de activos descritas en el primer grupo de conductas del artículo 3 de la LCDLA responden a la estructura de los tipos de naturaleza mixta alternativa, de tal manera que la realización de una o más conductas no comporta más que la comisión de un solo delito, lo que trae como lógica consecuencia que basta con que el comportamiento de los acusados se logre subsumir en cualquiera de las modalidades delictivas antes señaladas para que se hagan acreedores a la pena señalada en el artículo 3 de la LCDLA. En lo que respecta al alegato de que los condenados deben responder a título de cooperadores no necesarios o meros cómplices, esta Sala considera que Los acusados A. E. P., A. O. P., E. R. M.o C., E. R. C. H., F. H. De C., J. J. C. Von C., M.l A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. De L. Y Y. E. C. M., actuaron a título de autores, dado que en todo momento tuvieron el dominio funcional del hecho, los mencionados no realizaban acciones de mera colaboración a efectos de que otro u otros ejecutaran alguno de los verbos rectores descritos en el tipo penal; antes bien, realizaron directamente el núcleo de la acción reprochada.- Cabe señalar por otro lado, que para la realización del delito es indiferente que los bienes que portaban los encausados hayan sido de su propiedad o de terceros, puesto que el tipo penal no hace distinciones en el sentido apuntado por la Defensa. Por lo anteriormente expuesto debe desestimarse el recurso de casación por infracción de ley, planteado por los Censores como motivos Segundo, Tercero y Cuarto.- XI.-QUINTO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS B. M. P. Y R. A. I. S., APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DE LOS ACUSADOS A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. DE C., J. J. C. V.C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P.DE L. Y Y. E. C. M., EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA CONTRA ÉSTOS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[4]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[5]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- Los Censores denuncian la violación al Derecho de Defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, al considerar que a partir del momento en que fue encontrado un paquete de dólares estadounidenses después de romper la mochila que fue encontrada en el equipaje de la Señora E. R. M. C., a eso de las seis de la mañana del 31 de Octubre de 2010, los acusados ya eran titulares del derecho inviolable de ser asistidos por un profesional del derecho; las autoridades al comprobar la existencia del dinero debieron esperar la presencia de un Abogado Defensor, para la realización de los siguientes actos de investigación, con el fin de velar por los derechos de los acusados, más ello no aconteció así y se procedió a realizar registros corporales, inspecciones, registro de maletas, recolección de evidencia sin ninguna legalidad. Concluyen que el artículo 15 del Código Procesal Penal dispone que todo acto realizado con violación al derecho de defensa es nulo de manera absoluta, como en el presente caso en donde el vicio es insubsanable.- III.- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia.- El Derecho General a la Defensa está compuesto por varias garantías como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los Órganos Persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar la dignidad humana.- Entre los derechos procesales que nacen de la intimación, derivados del Derecho de Defensa, está el de poder contar con un Profesional del Derecho que le asista técnicamente en el proceso, ello implica: 1).- El imputado podrá elegir libremente su defensor, siempre que sea un profesional del derecho debidamente colegiado y en el ejercicio de la profesión, o de sustituirlo cuando considere necesario (Art. 112 CPP, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras). Cuando el imputado no designe su defensor, por cualquiera que sea la razón, el Estado le asignará uno de oficio dentro del buró de profesionales de la Defensa Pública (Art. 119 CPP); 2).- Derecho del imputado de entrevistarse privadamente con su defensor con la debida antelación, las veces que lo considere necesario (Art. 101.4 del CPP); 3).- Derecho del imputado a la inviolabilidad de las comunicaciones que tenga con su defensor por cualquier vía (Art. 218.1 del CPP y 11 de la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas); 4).- Derecho del imputado a que la información que obtenga su apoderado defensor por razón del proceso penal no sea conocida por terceros, salvo su expresa autorización, ello tiene la inversa responsabilidad del profesional del derecho de guardar el secreto profesional (Art. 228 del CPP y 23 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras); 5).- Derecho del imputado de que su Defensor tenga acceso a toda la información relacionada con el proceso penal, en especial aquella que se encuentre en manos de la parte acusadora, siempre que ésta información no haya sido declarada en secretividad, estado que no podrá mantenerse después de que el auto de apertura a juicio adquiera el estado de firme (Art. 278 y 301.2 del CPP); 6).- Derecho del imputado a ser advertido por el Órgano Jurisdiccional sobre la ineficiente intervención procesal de su apoderado legal (Art. 312.10 del CPP); 7).- Derecho del imputado de que la relación de mandato que tiene con el profesional del derecho no termine por decisión unilateral de éste inmediatamente antes de la celebración de una audiencia o en el curso de ésta (Art. 117 CPP).- Garantizan el derecho a contar con un profesional del derecho como defensor el artículo 8.2.d de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 83 de la Constitución de la República, y permite que la persona imputada pueda ejercer los actos de defensa a través de un profesional del derecho, que entendido del contenido de la ley, conoce los alcances de los derechos y garantías del proceso, no solo para efectos de hacer oposición a la acción penal, sino que además para poder realizar y peticionar a favor de su representado. El profesional del derecho se convierte en una garantía de legalidad del proceso, al vigilar que los actos ordenados por las autoridades estatales se generen dentro del canon de la ley, los que fiscaliza desde una perspectiva única y exclusiva: el interés de su representado(a); Finalmente el profesional del derecho, permite que el imputado se encuentre en un mismo nivel técnico frente a los demás intervinientes del proceso, aquel aprovechará el conocimiento de su abogado para poder decidir su postura y accionar en el proceso penal.- IV.- El Recurso no es de Recibo.- El núcleo del reclamo de los Censores estriba en señalar que desde el hallazgo del primer paquete de dólares los acusados tenían el derecho de contar con la asistencia de un profesional del derecho como defensor, al no haber sido así, consideran que todo lo actuado debe de ser declarado nulo y falto de valor procesal. Para resolver el conflicto planteado y dado que los Censores no señalan en que apoyan su alegato citando los números de folios respectivos, la Sala de lo Penal se sirve de la prueba reproducida en el debate concluyendo que el argumento pierde eco cuando se considera las peculiaridades y circunstancias en que se produjeron los hechos: El testigo R. O. B. (F. 2119v), señala que el 31 de Octubre de 2010, como a eso de las cinco de la mañana comenzó a pasar las maletas, refiriéndose al proceso de chequeo y revisión por Rayos X de las maletas de las personas que abordarían un vuelo comercial, indica que a las 05:40a.m. aproximadamente se llamaron a tres personas dueñas de las maletas sospechosas, que se pidió autorización a una de las pasajeras para abrir la maleta, que después se volvió a pasar por los Rayos X y no se observó nada, que fue después que se decidió romper una de las mochilas que se encontró dentro de las maletas y fue en ese momento en que hizo el hallazgo del dinero, agrega el testigo que después de eso no supo de las restantes maletas porque los Agentes de Fronteras se hicieron cargo, refiriéndose en iguales términos el Testigo 5XI-2010.- El testigo M. L. M. C. (F.2120v), Agente de Policía expresó que la inspección a las maletas comenzó a las 08:30 a.m., después que se apersonó el fiscal y finalizó a las 09:40 p.m., que es consecuente con lo señalado por el Señor R. D. V. (F. 2122), quien ratificó las acta de decomiso de trece maletas, explicando que éste proceso inició a las 10:30 a.m. y finalizó a las 08:30 p.m., lo que además se observa en las Actas de Lectura de Derechos de los acusados realizadas entre las 10:45 a.m. y las 08:30 a.m., de modo que coinciden de la siguiente manera:

Nombre del Imputado

Hora

Acta de Decomiso de Maleta

Folio

Hora

Acta de Lectura de Derecho

Folio

M. C. G.

10:30 a.m.

10:45 a.m.

E. R. M.

Hora no Consignada

11:42 a.m.

A. A. D.

12:45 a.m.

12:48 a.m.

Y. E. C. M.

13:38 h

(01:38 p.m.)

13:40 h.

(01:40 p.m.)

J. J. C.

14:15 h

(12:15 p.m.)

14:20 h

(12:20 p.m.)

A. O. P.

15:05 h

(03:05 p.m.)

15:09 h.

(03:09 p.m.)

C. A. C.

16:38 h

(04:38 p.m.)

16:42 h

(04:42 p.m.)

F. H. de C.

17:14 h

(05:14 p.m.)

17:18 h

(05:18 p.m.)

E. R. C.

17:54 h

(05:54 p.m.)

17:58 h

(05:58 p.m.)

H. R. C.

No se le Decomiso Maleta


18:10 h

(06:10 p.m.

A. E. P.

18:48 h

(06:48 p.m.)

18:49 h

(06:49 p.m.)

M.G. L.

Hora no Consignada

19:30 h

(07:30 p.m.)

O. A. P.

20:30 h

(08:30 p.m.)

20:30 h

(08:30 p.m.)

Como se aprecia, en su mayoría las horas de decomiso de la maleta coinciden con la hora de lectura de derechos, que fue el momento en que se dio formal aprehensión a los acusados, salvo en dos actas (Señores E. R. M. y M. G. L.), en donde en el acta de decomiso no se consignó hora.- Por lo anterior este Tribunal Ad-quem no constata la violación al derecho de defensa, específicamente al derecho de contar con profesional del derecho como defensor, por ausencia de lesión formal y material: 1).- No existe lesión formal a la garantía constitucional, debido a tras el hallazgo del primer paquete de dólares norteamericanos escondidos en el forro de una mochila que a su vez estaba dentro de la maleta de la Señora E. R. M., se realizaron una serie de diligencias a efecto de constatar la existencia del hecho y sus posibles responsables, se retuvieron varios de los pasajeros y se procedió a realizarles un registro personal y un registro a las maletas que portaban, de modo que en la medida que se iba constatando que la persona era posible responsable del delito de lavado de activos se procedía al decomiso de los objetos que portaba, de la maleta y se le informaba de sus derechos procesales, éste procedimiento ocupó varias horas, hasta realizarlo con la totalidad de pasajeros a los que se les detectó anomalías en su equipaje, dejando libre a un pasajero de nacionalidad costarricense, a quien se retuvo en un primer momento pero que después se constató que su maleta no contenía ningún bien de posesión ilícita (F. 2121). Los Censores alegan que se debió esperar a que se personara el lugar un profesional del derecho que actuase como defensor de los acusados, para proceder con las diligencias, más estas son actuaciones de investigación que se requerían para poder establecer quiénes eran las personas sospechosas de haber cometido un ilícito, de este modo no existía en el momento señalado por los Censores intimación a los acusados y la alegada retención en la sala de prensa no constituye aprehensión, este es el procedimiento que se ejecuta por el cuerpo de seguridad del aeropuerto después de que se detectan anomalías en el equipaje de un número considerable de pasajeros que abordan un mismo vuelo, como alternativa al procedimiento que se sigue cuando dichas anomalías se detectan en una maleta o en relación a un pasajero, los acusados junto con otra persona de nacionalidad costarricense fueron llevados hasta ese lugar para constatar o descartar su posible participación en el delito (Art. 175.5 del CPP), formalizándose la aprehensión de quienes se constató mediante los actos de investigación su posible participación y dispensando del mismo respecto a quien finalizados los actos preliminares de investigación no se encontraron indicios en su contra.- 2).- No existe lesión material a la garantía constitucional: en principio los Censores no explican como la ausencia de un apoderado legal lesionó el derecho de defensa de los acusados, ya que el recurso no debe limitarse a establecer una omisión formal, sino que también demostrar que ésta se traduce en un perjuicio material: La Sala de lo Penal concuerda con la mayoría de los Juzgadores cuando estiman que todas las diligencias realizadas después del hallazgo del primer paquete de dólares en la maleta de la Señora E. R. M., se realizaron sin intervención o colaboración de las personas que momentos después fueron aprehendidas, no consta que alguno de los acusados haya sido objeto de interrogatorio sin la presencia de un apoderado defensor, tampoco que hayan sido objeto de engaño o coacción para que realizasen algún acto que implicara fuente o elemento de prueba en su contra. Entonces en el supuesto de que efectivamente se haya omitido procurar la presencia del apoderado defensor de los acusados como una omisión formal (lo cual como se explica anteriormente no fue así), esto no conlleva la violación material del derecho de defensa.- V.- Por lo expuesto procede declarar sin lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.- XII.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA A FAVOR DE LOS ACUSADOS A. D. G. DE P. Y H. R. C. H..- PRIMER MOTIVO INVOCADO: ERROR DE HECHO AL DEJAR DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN RELACIÓN AL ACUSADO A. A. D. G. DE PAREDES; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NUMERALES 2) Y 3) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRECEPTO INFRINGIDO ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL QUE CONTIENE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- SEGUNDO MOTIVO: ERROR DE HECHO AL DEJAR DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN RELACIÓN CON EL ACUSADO H. R. C.; PRECEPTOS AUTORIZANTES: ARTICULOS 361 Y 362 NUMERALES 2 Y 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; PRECEPTOS INFRINGIDOS 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL QUE ORDENA LA VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA Y ARTÍCULO 2 LITERALES A y C DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.- I.- El Censor divide su reclamo en dos motivos: 1).- Primer Motivo: Señala que existe error de hecho por haber dejado de considerar prueba de valor decisivo en el proceso que se presentó en contra del Señor A. A. D. G. de P., invocando como precepto autorizante el artículo 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal Penal, mismos que contienen en suma ocho motivos de casación diferentes por quebrantamiento de forma. En su libelo el recurrente indica que se han infringido las reglas de la sana crítica a las alude el artículo 202 del Código Procesal Penal, sin llegar a concretizar cuál de estas reglas fue la inobservada por el Tribunal.- 2).- Segundo Motivo: Afirma el Censor que existe error de hecho en tanto que el A-quo ha dejado de considerar prueba de valor decisivo en el proceso criminal seguido contra el acusado H. R. C., invocando como preceptos autorizantes los artículos 361 y 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal Penal. Cabe señalar que con una defectuosa técnica recursiva el Censor no observa lo dispuesto en el artículo 363 párrafo segundo del Código antes citado donde se establece que “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo “a lo que se añade que el casacionista adiciona el artículo 361 que se refiere al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alejándose de lo que debe ser un debido planteamiento del recurso por quebrantamiento de forma.- II.- Como consecuencia del planteamiento recursivo, es importante una vez más señalar los lineamientos básicos del recurso de casación por Quebrantamiento de forma: el Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador ha previsto tres tipos de recursos de casación: por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales.- En una debida técnica recursiva, el Censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que a su juicio adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de Motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste.- Tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, como el que ahora nos ocupa, el artículo 363 del Código Procesal Penal señala que es necesario que el Censor señale claramente que se trata de dicho recurso, citando cuál de los motivos contenidos en el artículo 362 es el concurrente, teniendo en consideración que cada uno de sus numerales contiene más de un motivo, por lo que la precisión es fundamental al momento de citar el precepto autorizante, también en caso de existir varios motivos, es importante desarrollarlos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida y las peticiones presentadas para subsanar el vicio en los casos que proceda, a continuación ha de venir el desarrollo del argumento recursivo que debe ser coherente con el recurso de casación por quebrantamiento de forma elegido y el motivo invocado y finalmente la pretensión perseguida.- III.- El Recurso no es de Recibo.- Retornando al caso bajo examen, es importante señalar, que el Censor al momento de construir su recurso, no tuvo en cuenta los requisitos de forma que imperativamente establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, el Censor ha presentado un recurso de casación por quebrantamiento de forma, dividido en dos motivos, ambos faltos de precisión y además contradictorios en sí mismos. En este sentido cabe señalar lo siguiente: 1).- En ambos motivos el Censor expresa que se trata de un error de hecho, trayendo a la memoria el motivo de casación que en otro tiempo regulaba el Artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, mismo que es inaplicable por carecer de vigencia; 2).- El recurrente no es preciso al indicar al precepto autorizante, aspecto que no solo es un requisito formal, sino que afecta igualmente el fondo de la decisión al no tener claridad el reclamo formulado; así pues, en sus dos motivos señala como preceptos autorizantes los numerales 2) y 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal, que contienen cuatro motivos de casación por quebrantamiento de forma cada uno de ellos, y adicionalmente en su segundo motivo agrega el artículo 361 referente al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, que es distinto al interpuesto; 3).- El primer motivo lo encabeza explicando que ha existido falta de consideración de prueba de valor decisivo, pero en el desarrollo del libelo reclama la violación de las reglas de la sana crítica, éstos constituyen dos argumentos diferentes y además excluyentes porque la falta de consideración de prueba implica ausencia de valoración mientras que la violación de la sana crítica comporta una valoración incorrecta; 4).- En su segundo motivo, el Censor también lo encabeza señalando la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pero más adelante en el libelo denuncia la violación del artículo 202 del Código Procesal Penal por no haber valorado los medios de prueba de manera conjunta y armónica, explicando a continuación seguida el contenido de las reglas de la sana crítica, repitiendo así el error explicado en el numeral anterior; 5).- En ambos motivos se hace referencia a las reglas de la sana crítica pero el Censor deja no indica cual de estas reglas fue la que inobservada por el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún el Censor no siguió la debida técnica recursiva que exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros.- IV.- La Sala de lo Penal en muchos casos ha sido del criterio que impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aun y cuando un recurso no esté debidamente estructurado o planteado, si éste permite avizorar el sentido del reclamo legal, es deber de esta Sala dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos. El único supuesto en el que este Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería, cuando éste fuese planteado en grado tan confuso que no sea posible ni siquiera deducir cual es el sentido del reclamo que formula el Censor, como ocurre en el presente caso, donde la construcción de ambos motivos es tal que no deja un espacio de coherencia y precisión a partir del cual esta pueda realizar un análisis de fondo.- Es por lo anteriormente expuesto que procede declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único interpuesto por los Abogados B. M. P. V. y R. A. I. S., Defensores Privados de los acusados A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. De C., J. J. C. V. C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. De L. Y Y. E. C. M.; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus tres motivos interpuestos por los Abogados B. M. P. V. y R. A. I. S., Defensores privados de los acusados A. E. P., A. O. P., E.R. M. C., E. R. C. H., F. H. De C., J. J. C. V. C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. De L. Y Y. E. C. M.; TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuesto por los Abogados B. M. P. V. y R. A. I. S., Defensores Privados de los acusados A. E. P., A. O. P., E. R. M. C., E. R. C. H., F. H. De C., J. J. C. V. C., M. A. C. G., M. G. L. L., O. A. P. De L. Y Y. E. C. M.; CUARTO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Ministerio Público, en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor de los acusados A. A. D. G. de P. y H. R. C.; QUINTO: Declarando firme y ejecutable la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de Agosto de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y MANDA.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-397-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA: en El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial COLEX, Madrid, 2000, págs. 143-145.

[2] Vid. sobre esta temática: PALMA HERRERA, JOSE MANUEL, en Los Delitos de Blanqueo de Capitales, EDERSA, Madrid, 2000, págs. 679 y ss.

[3] Vid. Sentencia de Casación Penal del 30 de mayo de 2011 (Expediente No. 304.-2010), en la que se condenó por un delito consumado de lavado de activos, a dos ciudadanos panameños que portaban en su equipaje grandes cantidades de dinero en divisa extranjera (dólares estadounidenses), mismas que les fueron incautadas en el aeropuerto internacional de Toncontín, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a la República de Panamá.

[4] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[5] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”