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Sentencia CP-397-11 — Registro 2908

Resumen

Se absuelve en primer instancia por el delito de robo agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3; NORMAS INFRINGIDAS: 202, 262.3 Y 388, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia, se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II. El Ministerio Público señala, que los Juzgadores en el proceso valorativo probatorio ha irrespetado las reglas de la sana crítica, específicamente señala que se ha violentado el principio lógico de derivación, debido a que se acreditó que el acusado estaba en posesión de un arma de fuego comercial sin el permiso de la autoridad competente y por tanto debió declararse su responsabilidad penal por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, conforme al artículo 332-B del Código Penal, tal y como fue la opinión del Juez de Sentencia Disidente. III. En revisión de la foliada judicial, la Sala de lo Penal, ha verificado que en fecha veinte de agosto del año dos mil nueve, se celebró audiencia preliminar en donde el Ministerio Público formalizó acusación en contra del señor L. M. E. M. por suponerlo responsable de un delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del MINISTERIO PÚBLICO, citando como fundamentos legales los artículos 217 y 218, en relación al 219.2 literales b y c del Código Penal (F. 61); en fecha trece de diciembre del dos mil diez, el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, dictó sentencia en donde resolvió por unanimidad de votos absolver al acusado por el delito de ROBO AGRAVADO, agregando voto disidente el Juez P. Y., al considerar que lo procedente es dictar sentencia condenado al acusado por un delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- IV.- Si bien, se está en el conocimiento de un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en donde se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica como sistema valorativo obligatorio, en trasfondo trata sobre el Principio de Congruencia entre acusación y sentencia, ya que éste es el que daría la pauta para determinar si es posible hacer un pronunciamiento condenatorio por un delito distinto al que el Ministerio Público formalizado en la audiencia preliminar (Delito de Robo Agravado) y a partir de allí establecer si el Tribunal de Sentencia derivó incorrectamente la falta de responsabilidad del acusado respecto a ese delito, independientemente que en este caso el Juez de Letras al momento de dictar el auto de apertura a juicio ordena la celebración de juicio por dos delitos (Robo Agravado y Posesión Ilegal de Arma), uno de los cuales no formalizó el Ministerio Público. V. El Proceso Penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues, nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte, el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al merito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007).- El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1) Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2) Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación.- En resumen, el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada se le de a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad de ser oída, por ello, el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver Sentencia de fecha veinte días del mes de junio de dos mil doce en expediente 308-2009 y de fecha dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Correlación, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1) El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2) En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3) El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta.- Ahora bien, COMO REGLA GENERAL el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal). COMO EXCEPCIÓN el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio y con la ampliación de la acusación, en los casos siguientes: 1)Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluará si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho, el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez de la etapa intermedia, éste dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dicto sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho específico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos, la sentencia además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio.- 2) Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a) Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b) Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: A) Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y B) Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal, que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente, la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: A) La corrección de errores materiales; B) La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y C) La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código de Rito, que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa.- La sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate, en caso de que ésta se ajuste a lo dispuesto en el artículo 321 del Código Procesal Penal. VI. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha concluido la Sala de lo Penal, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser desestimado: 1) El Ministerio Público, en la etapa intermedia del Proceso Penal, formalizó cargos en contra del acusado L. M. E. M., por suponerlo responsable de un delito de ROBO AGRAVADO, habiendo sido un exceso por parte del Juzgado de Letras ordenar la celebración del juicio no solo por el delito de ROBO, sino que además, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS, delito por el que no existe acusación fiscal. Por su parte, el Tribunal de Sentencia celebró debate por un delito de ROBO AGRAVADO en contra del acusado, del que lo declaró por unanimidad de votos absuelto de toda responsabilidad.- 2) Conforme al Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, no es posible declarar la responsabilidad penal del acusado L. M. E. M. por un delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en el proceso penal que nos ocupa, debido a: A) El debate fue celebrado como consecuencia de la acusación criminal que formalizara el Ministerio Público en la etapa intermedia del proceso, por unos hechos que calificó como delito de ROBO AGRAVADO, delito por el cual fue absuelto el acusado por unanimidad de los votos del Tribunal de Sentencia y que al no ser objeto de impugnación por el Ministerio Público, constituye decisión firme con fuerza de cosa juzgada; B) Conforme al contenido de la acusación por el delito de ROBO AGRAVADO, los hechos ocurrieron entre el 08 y las primeras horas del día 09 de mayo del 2007, en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Roatán, entretanto, los hechos por los que considera el Juez Disidente debe de condenarse al acusado ocurrieron en las horas de la noche del día 09 de mayo del 2007, en casa del acusado L. M. E.M, lugar en donde se señala fue decomisada un arma de fuego comercial, en conclusión, el supuesto delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL por derivar de un hecho distinto al que constituyó la acusación criminal que formalizó en la etapa intermedia el Ministerio Público.- 3) El Ministerio Público en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que nos ocupa increpa que la mayoría del Tribunal no derivó de la prueba reproducida en debate, como si lo hizo el Juez Disidente, la responsabilidad penal del acusado por un delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, por lo que considera que se violentó las reglas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba; sin embargo, la Sala de lo Penal advierte que analizará si existe dicho vicio in procedendo sería a costa de sacrificar el Principio de Congruencia entre acusación y Sentencia y de allí la improcedencia del Recurso entablado en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de diciembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSUELVE al señor L. M. E. M. como autor responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del MINISTERIO PÚBLICO.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Y. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día ocho de mayo del año dos mil siete, L. M. E. M., entonces guardia de seguridad del Ministerio Público en la comunidad de Coxen Hole, Roatán, Islas de La Bahía, realizó el turno de vigilancia de seis de la tarde de ese día (recibiéndolo de Adán Humberto Osorto Osorto), a seis de la mañana del día siguiente (entregándoselo a A. A. R.); durante este cambio de turno va al baño y es cuando el guardia de seguridad que le recibe ve un arma de fuego tipo pistola, marca Cz 85, calibre nueve milímetros, color gris con empuñadura de color negro y cañón de color negro con su respectivo cargador color negro, conteniendo cartuchos, con serie G71190, sobre un refrigerador, le pregunta sobre esa arma de fuego a E. M. y le responde que es de un muchacho que se la dejó y sale de las instalaciones de la Fiscalía, momentos después regresa y recoge un sobre de Manila sin distintivo o leyenda alguna, en cuyo interior había dinero. SEGUNDO: Al día siguiente, jueves nueve de mayo del año dos mil siete, L. M. E. M., estando ya detenido, voluntariamente y con conocimiento de su Defensor, firma autorización para el ingreso y registro a su vivienda por agentes del Ministerio Público y la Policía Preventiva; encontrando éstos durante esa diligencia un sobre de papel Manila sin distintivo o leyenda, conteniendo en su interior: noventa billetes de un lempira, doce billetes de dos lempiras, 79 billetes de veinte lempiras, setenta y siete de diez lempiras, noventa y nueve billetes de cinco lempiras; y un arma de fuego tipo pistola, marca Cz 85, calibre nueve milímetros, color gris con empuñadura de color negro y cañón de color negro con su respectivo cargador color negro, conteniendo dos cartuchos de color amarillo en los que se lee “W CC 92”, con serie G71190. TERCERO: Ese mismo día, en el marco de la puerta de acceso a la oficina de la Coordinación del Ministerio Público, la cual se encontraba cerrada, fueron observadas varias mochaduras y sobre un escritorio de metal color beige que se encontraba en su interior había documentos y un manojo de llaves, encontrándose abierta la gaveta central del mismo y dentro de la misma se encontró un manojo de llaves, varios recibos de pago y diferentes documentos; en la gaveta del lado izquierdo se encontraron seis bolsas de manila conteniendo diferentes evidencias, entre ellas tres armas de fuego, y en las otras gavetas se observaron una cámara de color negro, marca Kodak, una funda de color negro y varios documentos; un sobre de papel de color blanco con el logo del Ministerio Público con la lectura “testigo protegido A”, conteniendo en su interior la cantidad de tres mil cuatrocientos dos lempiras en efectivo y en billetes de diferentes denominaciones. En el Almacén de Evidencias del Ministerio Público, cuya puerta fue abierta con una de las llaves encontradas en la oficina de la Coordinación de dicha institución, ubicado en el segundo nivel del mismo edificio se encontraban, entre otras cosas y sobre una mesa, una bolsa de papel Manila abierta conteniendo cámaras fotográficas y algunas joyas; días después, el catorce de mayo del año dos mil diez, la señora D. Y. B. R. entregó a la DNIC un teléfono celular marca Nokia, color gris con negro, serie 010704007759058. CUARTO: En la misma fecha nueve de mayo del dos mil siete, después del registro a su vivienda es puesto en libertad el señor L. M. M., siendo detenido nuevamente días después y puesto a la orden de la autoridad correspondiente. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente Abogada Y. A. formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. UNICO MOTIVO. Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio por el delito de Portación Ilegal de Armas, inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Juzgador resolvió por unanimidad de votos dictar una sentencia absolutoria a favor del señor L. M. E. M. por los ilícitos por los cuales se le acusa; no obstante en cuanto al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, de igual manera fue absuelto pero por mayoría de votos, razonándose en la sentencia “que no se acreditó que el procesado, estuviera realizando alguna conducta de las establecidas en el tipo penal antes relacionado, pues no se probó que no estuviera autorizado por autoridad competente para poseer o usar el arma que le fuera decomisada a su persona”. Por su parte el miembro del Tribunal de Sentencia que emitió un voto particular disidente respecto a la absolución por el delito de Portación Ilegal de Armas, estimó que “…a partir de los hechos alegados durante todo el proceso por el Ministerio Público, se sostuvo, como se probó enjuicio, que el acusado tenía en su poder un arma de fuego, y de esos mismos hechos se Infiere que no tenía autorización, porque se sostenía que era de ajena pertenencia, por lo que de conformidad al artículo 332-B, el Tribunal Sentenciador puede calificar los hechos en forma distinta, en tanto y en cuanto dicha calificación no sea en perjuicio del acusado…en consecuencia …procede condenar por el delito probado en juicio (Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial)……… En el caso subjudice, con el delito se puso en peligro el bien jurídico protegido; La Seguridad Interior del Estado de Honduras, como bien institucional o interés difuso. Se entiende que el acusado al poseer un arma de fuego sin autorización de autoridad competente hace ineficaz los controles públicos de una fuente de peligro, como son las armas de fuego y contribuye a la impunidad: El delito en análisis tiene una pluralidad de verbos rectores de la conducta típica, en el presente caso el acusado poseía sin autorización una arma de fuego comercial, pues fue observado por su compañero de trabajo, cuando la tenía en su poder y cuando se realizó el registro en su casa de habitación, se encontró bajo su esfera y dominio el arma de fuego………Por otro lado, a partir de la declaración del acusado en consonancia con las demás pruebas analizadas en la sentencia, se determina que el acusado no tenía permiso para poseer dicha arma de fuego, pues trato de justificar este extremo señalando que iba a comprar el arma, pero el vendedor no regresó, en consecuencia a criterio del Suscrito la conducta del acusado se subsume en el tipo penal de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, porque no existe discusión alguna sobre que el acusado tenía en su poder el arma y que no tenía el respectivo permiso, tampoco se estableció cuanto tiempo tenía dicha arma de fuego. El elemento subjetivo lo constituye el hecho de que el acusado poseía el arma de fuego a sabiendas de que no estaba autorizado para ello. Lo anterior constituye el elemento subjetivo del tipo, que traducido como dolo”. Partiendo del razonamiento de la mayoría del Tribunal Sentenciador, se estima por este ente acusador, como susceptible de ser censurado por el vicio in procedendo enunciado en la descripción del motivo, por cuanto de la prueba evacuada y que loablemente a valorado el Juez disidente, resulta obvio que se acreditó que el acusado portaba una arma de fuego y que si bien es cierto de las características físicas y de funcionamiento de la misma se infiere que se trata de un arma de naturaleza comercial, no menos cierto es, que el encausado no contaba con el permiso de la autoridad competente para su portación, circunstancia esta que es constitutiva de delito, tal como lo establece el artículo 332-B. Dicha aseveración parte de la declaración del propio imputado en el momento del debate, pues él afirmó que otra persona se la había entregado con la finalidad de vendérsela, hipótesis esta que si bien puede ser inicialmente creíble, no obstante no podemos dejar de advertir que “La carga de la prueba le corresponde a quien argumenta el hecho”, aplicando ello al caso sub judice, debemos decir que correspondía a la defensa del acusado probar a través de los medios idóneos que su defendido poseía el arma que le fue decomisada únicamente por un corto lapso de tiempo, pues a él se la habían propuesto en venta; sin embargo no fue acreditado dicho extremo pues ni siquiera el mismo procesado fue capaz de identificar plenamente a la persona que mencionó como vendedor y por ende menos aún se incorporó como medio de prueba la declaración de esa persona a efecto que ratifique lo dicho por el acusado. Por otro lado, con la declaración brindada por el testigo A. A. R. se estableció claramente que al momento de hacer el respectivo cambio de turno con el ahora imputado, observó que arriba del refrigerador se encontraba un arma de fuego tipo pistola, marca Cz 85, calibre 9 milímetros, color gris con empuñadura de color negro y cañón de color negro con su respectivo cargador también de color negro, conteniendo cartuchos y con serie G71190; razón por la cual, él puso en conocimiento de sus superiores, quienes realizaron las diligencias de investigación pertinentes, desplazándose a la casa de habitación del proceso y con su autorización procedieron al ingreso de la vivienda, encontrando en su interior el arma de fuego supra relacionada. En consecuencia la declaración del acusado no tiene sustento probatorio para tomarla por cierta; es decir que el acusado es libre de narrar cualquier hecho de acuerdo a su conveniencia o lo que en doctrina se le conoce como “coartada”, sin embargo dicha declaración calificada no tiene sustento acreditativo para probar lo aseverado en la misma, quedando únicamente como una mera versión exculpatoria, pero que desde todo punto de vista carece de tiene valor probatorio. Lo anterior tiene su fundamento en lo que la doctrina[1] denomina; “El principio de «igualdad de armas», lógico corolario de la contradicción[2], se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación”. Es por ello que la decisión tomada por la mayoría del Tribunal de Sentencia resulta equívoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, pues si tomamos la literalidad del artículo 332-B del Código Penal, el cual tipifica el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, advertimos que el A quo ha incurrido en el vicio señalado, dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, en el cual basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que este se considere consumado tal como sucedió en el caso de autos; y por ende la decisión arribada por el A quo, indudablemente transgrede la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, pues como antes indicamos del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad del procesado; por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que a excepción del miembro disidente del Tribunal, los demás obviaron valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3; NORMAS INFRINGIDAS: 202, 262.3 Y 388, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia, se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II. El Ministerio Público señala, que los Juzgadores en el proceso valorativo probatorio ha irrespetado las reglas de la sana crítica, específicamente señala que se ha violentado el principio lógico de derivación, debido a que se acreditó que el acusado estaba en posesión de un arma de fuego comercial sin el permiso de la autoridad competente y por tanto debió declararse su responsabilidad penal por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, conforme al artículo 332-B del Código Penal, tal y como fue la opinión del Juez de Sentencia Disidente. III. En revisión de la foliada judicial, la Sala de lo Penal, ha verificado que en fecha veinte de agosto del año dos mil nueve, se celebró audiencia preliminar en donde el Ministerio Público formalizó acusación en contra del señor L. M. E. M. por suponerlo responsable de un delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del MINISTERIO PÚBLICO, citando como fundamentos legales los artículos 217 y 218, en relación al 219.2 literales b y c del Código Penal (F. 61); en fecha trece de diciembre del dos mil diez, el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, dictó sentencia en donde resolvió por unanimidad de votos absolver al acusado por el delito de ROBO AGRAVADO, agregando voto disidente el Juez P. Y., al considerar que lo procedente es dictar sentencia condenado al acusado por un delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- IV.- Si bien, se está en el conocimiento de un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en donde se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica como sistema valorativo obligatorio, en trasfondo trata sobre el Principio de Congruencia entre acusación y sentencia, ya que éste es el que daría la pauta para determinar si es posible hacer un pronunciamiento condenatorio por un delito distinto al que el Ministerio Público formalizado en la audiencia preliminar (Delito de Robo Agravado) y a partir de allí establecer si el Tribunal de Sentencia derivó incorrectamente la falta de responsabilidad del acusado respecto a ese delito, independientemente que en este caso el Juez de Letras al momento de dictar el auto de apertura a juicio ordena la celebración de juicio por dos delitos (Robo Agravado y Posesión Ilegal de Arma), uno de los cuales no formalizó el Ministerio Público. V. El Proceso Penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues, nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte, el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al merito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007).- El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1) Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2) Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación.- En resumen, el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada se le de a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad de ser oída, por ello, el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver Sentencia de fecha veinte días del mes de junio de dos mil doce en expediente 308-2009 y de fecha dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Correlación, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1) El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2) En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3) El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta.- Ahora bien, COMO REGLA GENERAL el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal). COMO EXCEPCIÓN el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio y con la ampliación de la acusación, en los casos siguientes: 1)Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluará si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho, el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez de la etapa intermedia, éste dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dicto sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho específico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos, la sentencia además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio.- 2) Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a) Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b) Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: A) Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y B) Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal, que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente, la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: A) La corrección de errores materiales; B) La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y C) La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código de Rito, que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa.- La sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate, en caso de que ésta se ajuste a lo dispuesto en el artículo 321 del Código Procesal Penal. VI. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha concluido la Sala de lo Penal, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma debe de ser desestimado: 1) El Ministerio Público, en la etapa intermedia del Proceso Penal, formalizó cargos en contra del acusado L. M. E. M., por suponerlo responsable de un delito de ROBO AGRAVADO, habiendo sido un exceso por parte del Juzgado de Letras ordenar la celebración del juicio no solo por el delito de ROBO, sino que además, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS, delito por el que no existe acusación fiscal. Por su parte, el Tribunal de Sentencia celebró debate por un delito de ROBO AGRAVADO en contra del acusado, del que lo declaró por unanimidad de votos absuelto de toda responsabilidad.- 2) Conforme al Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia, no es posible declarar la responsabilidad penal del acusado L. M. E. M. por un delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en el proceso penal que nos ocupa, debido a: A) El debate fue celebrado como consecuencia de la acusación criminal que formalizara el Ministerio Público en la etapa intermedia del proceso, por unos hechos que calificó como delito de ROBO AGRAVADO, delito por el cual fue absuelto el acusado por unanimidad de los votos del Tribunal de Sentencia y que al no ser objeto de impugnación por el Ministerio Público, constituye decisión firme con fuerza de cosa juzgada; B) Conforme al contenido de la acusación por el delito de ROBO AGRAVADO, los hechos ocurrieron entre el 08 y las primeras horas del día 09 de mayo del 2007, en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Roatán, entretanto, los hechos por los que considera el Juez Disidente debe de condenarse al acusado ocurrieron en las horas de la noche del día 09 de mayo del 2007, en casa del acusado L. M. E.M, lugar en donde se señala fue decomisada un arma de fuego comercial, en conclusión, el supuesto delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL por derivar de un hecho distinto al que constituyó la acusación criminal que formalizó en la etapa intermedia el Ministerio Público.- 3) El Ministerio Público en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que nos ocupa increpa que la mayoría del Tribunal no derivó de la prueba reproducida en debate, como si lo hizo el Juez Disidente, la responsabilidad penal del acusado por un delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, por lo que considera que se violentó las reglas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba; sin embargo, la Sala de lo Penal advierte que analizará si existe dicho vicio in procedendo sería a costa de sacrificar el Principio de Congruencia entre acusación y Sentencia y de allí la improcedencia del Recurso entablado en su único motivo.- POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: Se declaran firme y ejecutable la sentencia de fecha trece (13) de diciembre del dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-397-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Solaesa, Ricardo de Prada; y Pérez Cadalso Arias, Guillermo Augusto. El nuevo Código Procesal Penal y el Sistema de Garantías Judiciales en el Pacto de San José. Tomo 9 de la Colección de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano” auspiciado por el Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. 2001. Pág. 60 y 61.

[2] La Sentencia del Tribunal Constitucional Español 186/1990 de 15 de noviembre, en su Fundamento Jurídico 5 establece: “Entre las garantías que incluye el artículo 24 de la Constitución para todo proceso penal destacan, por ser principios consustanciales al proceso, los principios de contradicción y de igualdad. Según constante y reiterada doctrina de este Tribunal- entre otras muchas SSTC 76/1982, 118/1984, 27/1985, 109/1985, 47/1987, 155/1988 Y 66/1989……”