Sentencia CP-39-11 — Registro 2597
Resumen
Se condenó al imputadoen primer instancia por el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos privados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO A. A. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LAS PRUEBAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente esgrime que en la valoración de las pruebas de reproche no se han observado las reglas de la sana crítica. Sostiene que en la valoración de la prueba testifical, documental, Inspecciones y Pericial de cargo, el Juzgador ha violado las reglas de la sana critica, concretamente el principio de razón suficiente, en tanto que las conclusiones del Juzgador están fundadas en pruebas no verdaderas, ilegitimas o falseadas en su contenido y por considerar que son insuficientes para conducir razonablemente a un veredicto condenatorio contra el acusado A. A. A. G. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario -sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el A Quo a la pruebas de cargo testifical, documental, Inspecciones y Pericial. Esta Sala observa que con la prueba de cargo legalmente incorporada y reproducida en el juicio, el Juzgador de instancia ha alcanzado el grado de certeza suficiente para enervar la presunción de inocencia dispuesta a favor del acusado. En el presente caso, esta Sala considera que el recurrente, utilizando argumentos de instancia se ha limitado a realizar un análisis exhaustivo de cada medio de prueba de cargo, pero ha omitido exponer argumentos técnico jurídicos propios del Recurso de casación, de que manera en la valoración de cada uno de los medios de prueba de reproche, el Juzgador ha infringido la de la sana crítica invocada, es decir, de la lógica, en su postulado de razón suficiente. Por otra parte, esta Sala observa que con la prueba de cargo del juicio, el Juzgador ha derivado razones lógicas y suficientes para declarar la responsabilidad criminal del encausado A. A. A. G., por los hechos que se le imputan, razonamientos constituidos por inferencias razonables derivadas de las pruebas y de la sucesión de las conclusiones que de ellas se han alcanzado. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CP 39-2011
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor A. A. A. G. a la pena de SIETE AÑOS (7) CON SEIS (6) MESES de reclusión, como autor responsable de un concurso ideal de delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA; más las penas accesorias de INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena de reclusión e INHABILITACIÓN ABSOLUTA por espacio de QUINCE (15) AÑOS, por lo que durante dicho tiempo el Condenado no podrá ejercer Cargos Públicos ni Oficios Públicos y Profesionales que ostente, y no podrá ejercer derechos Políticos a los que hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, actuando en su condición de Defensor Privado del encausado A. A. A. G.- SON PARTES: El Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, Apoderado Defensor del acusado A. A. A. G., como parte recurrente; y la Abogada DIANA RODRIGUEZ, como representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS: “PRIMEROS: A partir del diez de febrero del dos mil seis, mediante acuerdo del Poder Ejecutivo número 272, el señor A. A. A. G. fue nombrado como Director General en el ramo de Salud. SEGUNDOS: El once de mayo del dos mil seis, el Doctor ORISON VELASQUEZ RODRIGUEZ en su condición de Ministro de Salud Pública -nombrado a partir del seis de febrero del dos mil seis-, mediante oficio número 1468-2006-SS dirigido al señor ROBERTO BENITO GUTIERRES ORTEGA, coordinador del programa PRIESS, solicitó la emisión de un cheque por la cantidad de trescientos cincuenta mil lempiras (Lps.350,000.00) a favor del abogado A. A. A., el cual como Director General de Salud se encargaría con dicha cantidad de dinero en realizar y coordinar un “Taller Nacional de Descentralización del Sector Salud” el cual se llevaría a cabo en la ciudad de San Pedro Sula del quince al veinte de mayo del dos mil seis. SEGUNDO: En cumplimiento al oficio 1468-2006-SS, y mediante fondos del programa PRIESS, en fecha quince de mayo del dos mil seis la Secretaria de Salud libró trescientos cincuenta mil lempiras mediante cheque número 00889 a favor de A. A. A. G., acción cambiaria del título valor que fue realizada por el propio A. A. A. G. el quince de mayo del dos mil seis, lo que permitió al señor A. A. A. adquirir en efectivo y para sí mismo dicha cantidad de dinero. TERCERO: Asimismo, en fecha uno de junio del dos mil seis, el Doctor ORISON VELASQUEZ RODRIGUEZ en su condición de Ministro de Salud Pública, mediante oficio número 1698-2006-SS dirigido nuevamente al señor ROBERTO BENITO GUTIERRES ORTEGA, coordinador del programa PRIESS, solicitó la emisión de otro cheque por la cantidad de trescientos cincuenta mil lempiras (Lps.350,000.00) a favor del abogado A. A. A., el cual como Director General de Salud con dicha cantidad de dinero se encargaría de realizar y coordinar un Taller de propuesta educativa sobre descentralización de Salud para los departamentos de Yoro y Atlántida, taller que se llevaría a cabo en la ciudad de La Ceiba del ocho al doce de junio del dos mil seis. CUARTO: En cumplimiento al oficio 1698-2006-SS, y mediante fondos del programa PRIESS, en fecha uno de junio del dos mil seis la Secretaria de Salud nuevamente libró otros trescientos cincuenta mil lempiras mediante cheque número 00910 a favor de A. A. A. G., realizándose la acción cambiaria de dicho título valor por el propio A. A. A. G. el dos de junio del dos mil seis, lo que permitió al señor A. A. A. adquirir para sí mismo dicha cantidad de dinero en efectivo. QUINTO: Posteriormente a finales de julio del dos mil seis, como consecuencia del oficio 236-CG-PRIESS-06 del veinticinco de julio del dos mil seis mediante el cual el Director de los fondos PRIESS le solicitó la inmediata liquidación de los cheques 00889 y 00910, -y sin que previamente se hubiesen celebrado los talleres programados para las ciudades de la Ceiba y San Pedro Sula por los cuales se libraron los cheques en mención-, el señor A. A. A. G. procedió a liquidar ante la Secretaría de Salud los cheques 00889 y 00910 presentando facturas número 74190 con membrete del Hotel Vía Nuria de San Pedro Sula y facturas 045184 y 045185 con membrete del Hotel La Quinta de la ciudad de La Ceiba, documentos cuyo contenido resultó no ser verdad gracias a investigaciones y diligencias de verificación posteriormente realizadas tanto por personal de la Secretaría de Salud que labora con fondos del PRIESS como por personal del Ministerio Público. Asimismo, el señor A. A. A. presentó como documentos de liquidación de gastos, dos listados de participantes de fechas quince al dieciocho de mayo y diecinueve al veintidós de junio del dos mil seis, llenado y firmado por personas que no participaron en evento alguno. SEXTO: Las cantidades de dinero giradas mediante los cheques de gobierno 00889 y 00910 fueron suministradas a partir de las siguientes cuentas asignadas al Estado de Honduras: 1.0 del BID, 311 de la cuenta de gobierno, 74525/10 de la cuenta del PNUD y 1-10-1-34-OO1OFN/30071 como cuenta contable, 3.0 del BID, 311 de la cuenta de Gobierno, 74525/10 de la cuenta del PNUD y 1-10-1-40-C10 como cuenta contable, por lo que el monto de dichas cuentas disminuyeron como consecuencia de los hechos anteriormente descritos”. III.- El recurrente, Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA “PRIMER MOTIVO DE CASACION: El haber excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo, en la sentencia impugnada ahora en casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Me autoriza para interponer este motivo de casación el artículo 362, numeral 2 del Código procesal Penal que, en lo pertinente, expresa: “Artículo 362. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los siguientes vicios: 1.-… 2.-… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo;”. DESARROLLO DEL MOTIVO INVOCADO: la sentencia, como creación lógico- jurídica de los jueces, responde a su particular visión de los hechos y de las pruebas reproducidas por las partes en el transcurso del debate; es decir, la sentencia es una producción intelectual del Tribunal de Sentencia en su función exclusiva constitucional de juzgar; es una apreciación libre de los hechos y del derecho (sistema de libre convicción), fundada en la inmediación que han tenido de los medios probatorios y de las pretensiones contradictorias de las partes; en otras palabras, la sentencia como tal, es una visión particular de la reproducción histórica que se pretende hacer con el debate (aunque algunos autores expresan, que a lo sumo, con el debate, se puede aspirar a una reproducción formal de los hechos); sin embargo, esta particular visión de los hechos y del derecho, sintetizados en la sentencia, si bien es libre desde el punto de vista intelectual, debe cumplir con determinados requisitos formales y lógicos establecidos en la ley procesal penal, verbigracia los establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, que obligan a los juzgadores a la observancia de determinadas reglas, entre las que destacan las llamadas reglas formales y de contenido de la motivación, indicadas en el numeral dos de la regla cuarta de los requisitos de la sentencia según el citado artículo 338 del Código procesal Penal. Estas reglas de la motivación señalan que, en su contenido, los Jueces deben consignar en la resolución todas las cuestiones y pretensiones debatidas en juicio, todos los medios de prueba aportados por las partes y la valoración que estos le han merecido, es lo que se conoce como motivación completa; sin embargo, cuando la sentencia omite referirse en forma clara y precisa a uno o más medios de prueba, o simplemente los deja de considerar al momento de hacer el análisis de los medios de prueba, se incurre en el vicio procesal conocido como falta de motivación, el que da lugar, indefectiblemente, a la nulidad de la sentencia impugnada. En el sentido apuntado, resulta pertinente hacer remisión a lo que señala el maestro FERNANDO DE LA RUA, cuando indica que “la motivación es ilegítima si el Tribunal omite la consideración de prueba decisiva introducida en el debate” (ver página 139 de su Casación Penal); implica esto, que el Tribunal si bien es libre de valorar los medios de prueba, no puede omitir la prueba generada en el debate o limitarse a hacer una mención general de la prueba, sin valorar la misma; obviando deliberadamente referirse a lo que pretendía la parte afectada con su reproducción en el debate, mas cuando esta (es decir, la prueba suprimida), al hacer una aplicación hipotética de su valor probatorio, hubiera cambiado el sentido del fallo. En el caso que nos ocupa, la defensa técnica del señor A. A. A. G. ha venido sosteniendo, a lo largo del proceso, que la Fiscalía, deliberadamente, omitió solicitar a la secretaría de Salud Pública, específicamente a la auditora interna que realizó la auditoria administrativa sobre el caso que nos ocupa, los originales de documentos que la defensa le aportó en fotocopias, ya que los originales de las indicadas fotocopias debían encontrarse en el expediente de la auditoria realizada por aquella institución de salud pública, a través, insisto, de la auditoria interna, tal y como en su declaración testifical lo aceptó la señora S. S. O. Z. (que dirigió la auditoria), quien paladinamente admitió que la auditoria se realizó con documentos originales; entre otros, acepta que en el referido expediente se encontraban los recibos originales en los que se constataba que A. A. A. G. devolvió el dinero de los talleres al Señor ORISON VELASQUEZ, en ese entonces Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública (ver la sexta página de la sentencia, dentro del apartado de la valoración de las pruebas, en la que aparece su declaración incorporada mediante lectura y la rendida en el debate). Otros documentos que igualmente fueron aportados en fotocopia por la defensa, por no tener los originales, fueron el oficio número 1301-2006, mediante el cual el Doctor ORISON VELASQUEZ le remite a mi representado, la documentación para la liquidación del seminario taller ejecutado entre el 15 y 18 de Mayo de 2006, para que a su vez se le remitiera la liquidación al señor ROBERTO BENITO GUTIERREZ, a la sazón administrador del proyecto PRIESS, por lo que el señor A. G., no fue la persona que recogió o elaboró los documentos de liquidación; igualmente, el boleto aéreo número 402323, que acredita que mi patrocinado viajó a la ciudad de San Pedro Sula únicamente los días 16 y 17 de Mayo de 2006, por lo que no estuvo en la liquidación del seminario taller realizado en aquella ciudad y que fuera clausurado el día 18 de Mayo de 2006. Estos documentos y otros igualmente importantes para la defensa y los recibos descritos, se encontraban en el expediente administrativo del Ministerio Público número 11945-2006, aportados, insisto, por la defensa en fotocopias; no obstante la Fiscalía nunca solicitó, como se constató en el debate, los originales a las autoridades de Salud Pública, aun y cuando con estos se hubiese acreditado quien realmente se quedó con el dinero. En la búsqueda de la verdad histórica, la defensa técnica de A. A. A. G. solicitó, al momento de proponer sus medios probatorios (ver pliego de medios de prueba presentado por la defensa al momento de la audiencia de proposición de medios de prueba, específicamente el medio de prueba número dos: Inspección 2.a y ampliación de este medio de prueba, solicitado durante la etapa de incidentes, previa al debate, que aparece en la segunda página del acta del juicio oral y público), que se practicara inspección al citado expediente administrativo del Ministerio Público número 11945-2006, con la finalidad de acreditar, como efectivamente se hizo durante el debate, que la Fiscalía del Ministerio Público jamás solicitó los documentos originales a los que se ha hecho referencia en este recurso, aun y cuando con los mismos se hubieran demostrado dos verdades; 1) Que A. A. A. G., no se apropió y en consecuencia no se benefició, del dinero que le fue entregado a través de los cheques, ya que devolvió, el importe de los mismos, a su Jefe inmediato y, 2) Que A. A. A. G., no elaboró la documentación que luego sirvió para liquidar ambos talleres, pues esta le fue remitida por su jefe inmediato, Doctor ORISON VELASQUEZ. No obstante que la referida inspección y su ampliación fue admitida por el Tribunal de Sentencia y evacuada, como se aprecia en la sentencia recurrida en casación (ver inciso quinto, de la Valoración de Pruebas), en la misma los Juzgadores omiten referirse al núcleo de la pretensión de la defensa con este medio de prueba; es decir, omiten referirse a que la Fiscalía nunca pidió, a la Secretaría de Salud, específicamente a la auditoria interna de esa dependencia administrativa, le remitiera los documentos originales de descargo, en base al principio de objetividad, que debería regir la función investigativa del Ministerio Público (aun y cuando su propio investigador contable, H. W. S. R., admitió, en su deposición como perito, durante el debate, que la auditora del Ministerio de Salud le dijo que tenía los originales y que la Fiscal FANY los había solicitado, lo que realmente no hizo según la inspección, Ver en este sentido, su declaración que obra, completa en este punto, en el acta del juicio oral y público) este vicio procesal del Tribunal de Sentencia, es sobre una prueba que tiene las características que el Maestro FERNANDO DE LA RUA llama EFICAZ Y DECISIVA, pues evidentemente con la inspección referida, la defensa buscaba demostrar que el Ministerio Público no realizó una completa investigación de los hechos, descartando investigar la existencia de medios probatorios de descargo, como los documentos citados en este apartado y los demás expuestos en la inspección solicitada, que de haberse comprobado su existencia material (en este caso original), hubiesen llevado a la conclusión, como lo dije, que A. A. A. G. no se apropió del dinero, ni elaboró los documentos de la liquidación, por lo que los elementos esenciales objetivos de los tipos penales impuestos (la apropiación, en el caso de la malversación y el uso, a sabiendas, de un documento falso, en cuanto al delito de uso de documento falso), jamás se hubieran configurado; por otro lado, al no referirse a través de la sentencia, el Tribunal Recurrido, a la omisión de la Fiscalía de no pedir los documentos originales, aun y cuando los Fiscales sabían de su existencia, desde el año 2006, como ha quedado demostrado con las declaraciones de S. S. O. C. Y H. W. S., los juzgadores dejaron de considerar una prueba de valor decisivo para probar la inocencia de mi defendido, pues, insisto, de haberse apreciado la intencional omisión de los fiscales de su deber investigativo, como se comprobó con la inspección practicada al expediente administrativo del Ministerio Público, necesariamente tenía que absolverse al acusado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, que claramente establece que en caso de duda razonable, debe absolverse al imputado. Esta falta de apreciación de un medio de prueba, fundamental para la defensa, (como era la inspección referida) imposibilita el ejercicio de una defensa técnica completa, pues se trata del núcleo de su pretensión, como fácilmente se puede apreciar con la mayoría de los medios de prueba propuestos y evacuados por la defensa, en donde se buscó acreditar que existían documentos, que de haber sido agregados originales al proceso, hubiesen llevado inexorablemente, a los juzgadores, a un fallo absolutorio; pues el delito de malversación dolosa de caudales públicos está dirigido a conminar aquellas conductas dolosas de apropiación y no a las culposas, como en el extremo sería la calificación de la conducta de mi defendido; es decir, al dejar de considerar la inspección solicitada, en el sentido que la pidió la defensa (el cual se aprecia en el pliego de medios probatorios y en la ampliación pedida en la audiencia de incidentes previa al debate), que no era otro que acreditar la falta de diligencia (por no decir omisión consciente) de la Fiscalía para solicitar los documentos de descargo originales, el Tribunal de Sentencia impidió a la defensa demostrar que A. A. A. G. cometió un error administrativo, si es que lo cometió, pero nunca un delito doloso, pues su intención jamás fue apropiarse de los fondos públicos, lo que se hubiese logrado acreditar con la existencia original de todos los documentos aportados en fotocopia a la Fiscalía, por lo que debe anularse la sentencia recurrida en casación, por tratarse de un vicio procesal de los llamados doctrinalmente de falta de motivación, en el entendido que los jueces deben valorar y someter a su examen no solo los medios de prueba que ratifiquen su juicio, sino, también, los que podrían descartarlo, como es el caso que nos ocupa, en donde los sentenciadores dejaron de valorar la inspección en el sentido solicitado por la defensa técnica, guardando silencio en este punto y, más bien, aprovecharon la misma para ratificar la condición de fotocopias de los documentos aportados a la Fiscalía, desde que comenzó la investigación administrativa, por el señor A. A. A. G.; es decir, tergiversaron el sentido de la prueba, omitiendo referirse a la real pretensión de la defensa con la inspección, sin hacer ninguna valoración del innegable hecho que la fiscalía, en todos estos años, nunca pidió los documentos originales, aun y cuando supo que, por lo menos los recibos, se encontraban en el expediente de la auditoria interna de la Secretaría de Salud Pública, tal y como, reitero, lo dijo, desde la audiencia inicial la señora S. S. O. C. y, desde el año dos mil seis, lo manifestó a sus superiores, el perito de la Fiscalía Contra la Corrupción, H. W. S., como lo admitió al momento de declarar durante el debate. Por todo lo expuesto, debe admitirse este motivo de casación, anularse la sentencia y remitirse nuevamente los antecedentes al tribunal de Sentencia de Tegucigalpa para que nuevamente se realice el juicio oral y público. IMPOSIBILIDAD DE RECLAMO PREVIO DEL VICIO INVOCADO Por tratarse de un vicio procesal, que se aprecia en el contenido de la sentencia misma recurrida en casación, no se señala reclamo que se haya presentado oportunamente para solicitar su subsanación; por el contrario, es esta la oportunidad procesal para que la Honorable Corte Suprema de Justicia lo subsane, casando la sentencia y anulando la misma. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO A. A. A. G. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA EXCLUIDO O DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA SENTENCIA IMPUGNADA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente esgrime que el A Quo ha dejado de valorar para decidir la litis pruebas de valor decisivo. Concretamente argumenta que la Fiscalía omitió solicitar a la Secretaría de Salud Pública la auditoría administrativa que realizó sobre el presente caso, expediente en el que se encuentran los documentos originales de: 1) Los recibos que acreditan que el acusado A. A. A. G. devolvió el dinero para la celebración de los Seminarios taller, objeto del juicio, al Doctor ORISON VELASQUEZ, en ese entonces Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública; 2) Los oficios No. 1301-2006 y 5038-2006, en los que el Doctor ORISON VELASQUEZ remite al acusado la documentación para la liquidación de los Seminarios Taller ejecutados por el acusado A. G.; y, 3) El boleto aéreo número 402323, que acredita que el imputado A. A. A. G., viajó a la ciudad de San Pedro Sula, solamente los días 16 y 17 de Mayo de 2006, y no estuvo en su clausura, misma que tuvo lugar el día 18 de Mayo de 2006. Documentos que se encontraban en el expediente administrativo del Ministerio Público Número 11945-2006, y que fueron aportados en fotocopias por la defensa. Señala que la Defensa de encartado A. A. A. G. solicitó al A Quo se practicara una INSPECCIÓN al expediente administrativo en poder del Ministerio Público, identificado bajo el número 11945-2006, para acreditar que la el ente acusador no solicitó los mencionados documentos originales, a pesar que con estos se hubiese demostrado que el encausado A. A. A. G., no se apropió, ni benefició del dinero por haberlo devuelto a su Jefe inmediato, y que no fue la persona que elaboró la documentación para liquidar ambos talleres; de tal manera que el Juzgador de instancia omite referirse a que la Fiscalía nunca pidió a la Secretaría de Salud que le remitiera los documentos originales indicados. Concluye que de haberse practicado la inspección solicitada se habría demostrado que no concurrían los elementos esenciales objetivos de los tipos penales por los que se condenó al acusado, como lo son la apropiación, en el caso de la malversación y el uso, a sabiendas, de un documento falso, en cuanto al delito de uso de documento falso. Esta Sala de lo Penal, ha reiterado que el motivo de casación formulado por el Censor: “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[1]”. En el caso bajo examen, el recurrente reprocha que en la práctica del medio de prueba de Inspección ocular del Tribunal sobre el expediente administrativo del Ministerio Público, número 11945-2006, el A Quo no se pronuncia si la Fiscalía omitió o no solicitar a la Secretaría de Salud Pública los documentos originales realcionados, que corresponden a la auditora administrativa del presente caso, concretamente los recibos que acreditan que el acusado A. A. A. G. devolvió el dinero destinado a la celebración de los Seminarios taller objeto del juicio al Doctor ORISON VELASQUEZ, y de otros preinsertos en el recurso, prueba de valor decisivo para resolver la litis. Esta Sala observa que en la sentencia impugnada, inciso quinto de la valoración de la prueba, (F 1176 vuelto del proceso) el Juzgador de instancia se pronuncia concretamente sobre la prueba de reproche y en la mencionada inspección sobre el expediente administrativo de la investigación Número 11945-2006 del Ministerio Público, y refiere que en la inspección no constató los oficios originales números 5038-2006 y 1301-2006, ni del boleto aéreo 402323; asimismo que, en la inspección practicada en el Departamento de Auditoria Interna de la Secretaría de Salud, tampoco constató la existencia de recibos originales de fechas 15 de mayo y uno de junio de dos mil seis. De ahí que Sala considera que el presente no es un caso de exclusión ni de falta de consideración de prueba, en tanto que no se encuentra comprendido en ninguna de las hipótesis anteriormente enunciadas, es decir, de prueba tenida por ilícita sin serlo o de omisión de toda referencia a la prueba evacuada en el debate. Asimismo en el Acta de Debate, que obra a folio 1164 del proceso, consta la practica de la Inspección de mérito llevada a cabo por el A Quo en el Expediente Administrativo de la Fiscalía contra la Corrupción, sin objeción alguna de las partes. Por lo anterior esta Sala concluye que el Juzgador de instancia efectivamente ha practicado la Inspección solicitada por la Defensa técnica de la defensa, misma que ha sido valorada por el Juzgador para resolver la litis, de la cual no se desprende la denunciada falta de objetividad o ineficacia del ente acusador para hacer llegar al expediente administrativo de la Fiscalía, pruebas en descargo del acusado A. A. A. G., tampoco de algún indicio directo o indirecto a su favor. Esta Sala considera finalmente que con el medio de prueba de Inspección de reproche, no se ha logrado obtener el resultado probatorio esperado por la Defensa técnica del acusado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Por no haberse observado, en la valoración de las pruebas, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Me autoriza para interponer este motivo de casación, el artículo 362, numeral 3, que en lo pertinente expresa: “Artículo 362. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los siguientes vicios: 1….2. 3. Que… en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;”.DESARROLLO DEL PRESENTE MOTIVO DE CASACION.- Como es de lato conocimiento, las conclusiones fácticas y las estimaciones de los medios de prueba, producidas a través del proceso valorativo de los Jueces en la sentencia, no son objeto del control de la casación; pues estos pertenecen a la libre convicción que los juzgadores adquirieron de los hechos, a través de la inmediación probatoria y, por lo tanto, su juicio se ha formado, se presume, libremente y es incuestionable desde esa perspectiva; sin embargo, esas conclusiones fácticas y las valoraciones que de las pruebas hacen los juzgadores, deben tener un marco dentro del cual desenvolverse, es decir, los jueces actúan libremente cuando juzgan, pero su razonamiento debe ser lógico y enmarcarse dentro de las reglas o leyes del pensamiento humano; me refiero a las leyes de la lógica, la experiencia y la psicología; ya que los juicios emitidos por los jueces se basan en la certeza, son producto de premisas verdaderas y reales y nunca falsas o falseadas en su contenido. Dentro de esta perspectiva, el razonamiento humano se afianza en las leyes fundamentales de coherencia y derivación, según las cuales los pensamientos deben ser concordantes entre sus elementos, en el caso del primero y, que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, en cuanto al segundo; de este último principio, a su vez, se deriva el principio de Razón Suficiente, según el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o se niega; este, es el principio que en la sentencia recurrida, ahora en casación, ha sido violado como en adelante detallaré. El citado principio de razón suficiente obliga a que la motivación debe ser concordante; es decir, que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir esta. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia, al momento de valorar la prueba, considera que toda la prueba aportada al juicio (documental, testifical, pericial e inspecciones), los llevó a concluir y acreditar los siguientes hechos fácticos: 1.- Que A. A. A. G. cambió los cheques y se apoderó del dinero, adquiriendo para sí mismo el dinero. 2.- Que el acusado presentó documentos falsos para liquidar los seminarios talleres, estableciendo que él los falsificó. Si bien es cierto, durante el debate se incorporaron y evacuaron medios de prueba, que considerados aisladamente, como lo hizo el Tribunal de Sentencia, podrían llevar a esas conclusiones, resulta que los mismos sostienen una verdad parcial, en cuanto fueron apreciados, sin tomar en cuenta todo su contenido o significado, es decir, se obtuvo una conclusión falsa y cuando el juicio no está basado en una motivación verdadera, la motivación no existe, hay falta de motivación. Comprobemos esta afirmación: 1.- PRUEBA TESTIFICAL: Considera probado, con los testimonios, el tribunal de Sentencia, aunque categóricamente no lo exprese así, que A. A. A. G., construyó toda una trama, en la que, falsificó documentos, realizó un procedimiento administrativo irregular para liquidar los eventos lo que, finalmente, hizo personalmente; sin embargo, si se observan en todo su contexto las declaraciones testifícales, se podrá deducir que los testigos nunca afirmaron que mi representado haya ejecutado tales acciones, es más, algunos inclusive declararon, como en la misma sentencia se observa, que ellos no pueden afirmar que A. A. A. G. haya sido la persona que falsificó los documentos, como lo dice N. G. R. F., que fue el investigador que comprobó la documentación supuestamente falsa; por otro lado, está la declaración testifical de A. M. R. M., persona ésta que supuestamente aparecía en los listados del taller realizado en San Pedro Sula y del que no participó, la que en su deposición categóricamente estableció que a ella, quien la hizo firmar, fue un compañero de trabajo, del que no recuerda su nombre (ver su declaración en la sentencia y en el acta de la sentencia). Es importante recalcar, que durante su testimonio, el señor N. G. R. F., admitió que no podía afirmar que los documentos, especialmente los listados de participantes a los talleres y facturas de los hoteles, fueran los que recabó en su investigación (esto no aparece en el acta ni en la sentencia, por lo que deberá apreciarse lo expuesto en las grabaciones, en lo pertinente), amén de que no los reconoció, pues nunca se le pusieron a la vista, como se deduce de su declaración; tampoco se le pusieron a la vista, para su reconocimiento, al testigo J. L. Q. P., quien supuestamente los recibió del acusado; en consecuencia, al momento de las conclusiones, la defensa solicitó que no se tuvieran en consideración estos documentos, por desconocerse su origen al no existir oficio alguno de remisión o acta de secuestro o comiso por la Fiscalía; en otras palabras, estos documentos no aprecian cadena de custodia y al constituir el objeto del proceso no podía dictarse una sentencia condenatoria. Por lo expuesto cabe preguntarse, de qué forma el Tribunal de Sentencia puede afirmar, que los documentos son falsos (como lo dice al apreciar la prueba documental), sin haberse acreditado en el debate siquiera su origen (no existe, como se puede apreciar en las declaraciones testifícales, ningún reconocimiento de los documentos, aun y cuando el artículo 251 del Código Procesal Penal obliga a que los mismos sean reconocidos por los testigos y los peritos, igualmente tampoco se aprecia acta de comiso o secuestro, ni tampoco aparecen sellados ni firmados en cada una de sus hojas, como obliga el artículo 220 del citado Código Procesal penal); la respuesta es evidente y es que los Juzgadores falsearon el contenido de los testimonios, pues en estos no se aprecia que el señor A. A. A. G., haya sido el autor de los citados documentos, ni siquiera se puede afirmar, en el extremo que él hubiese sido el autor de la falsedad, que los documentos que presentó para liquidar el taller de San Pedro Sula (que es del único que consta su liquidación), fueran los que aparecen en el expediente, pues de los mismos se desconoce su origen, al no haberse seguido el procedimiento legal, y no ser reconocidos por ningún testigo en el juicio. La verdad, siguiendo el camino del principio de razón suficiente y la regla de que la motivación debe ser verdadera o auténtica, es que de los testimonios se extraen las siguientes conclusiones: a) Que todos los documentos que sirvieron para elaborar la auditoria eran originales y que los recibos en los que aparecía la devolución del dinero estaban originales en el expediente de auditoria. (ver declaración de S. S. O. C. Y H. W. S.). b) Que la Fiscalía jamás solicitó los citados recibos originales, ni los documentos de descargo a favor del acusado, únicamente pidió fotocopias (Ver declaración de S. S. O. C.) c) Quién solicitó los talleres fue el entonces Secretario de Estado de Salud Pública Dr. ORISON VELASQUEZ y nunca el acusado (ver declaraciones de: J. L. Q., A. S. C. H. y S. S. O. C.). d) Que ningún testigo vio al procesado confeccionando documentos falsos, por el contrario, la testigo A. M. R. M., confió que fue un compañero de ella quien la obligó a firmar una lista que ella supone fue la que utilizaron en los listados del evento de San Pedro Sula. Estos hechos fácticos son los que se deducen de las declaraciones de los testigos; las apreciaciones o deducciones de los juzgadores debieron dirigirse en este sentido, pues los mismos tienen importancia en cuanto aclaran la participación o no del imputado en los hechos. Realmente valorar, como lo hizo el Tribunal de Sentencia, si se siguió o no un procedimiento adecuado o si el procesado liquidó o no los seminarios, es un desperdicio de toda la prueba testifical, en cuanto la misma, al valorarla en su conjunto, nos conduce a las conclusiones fácticas relevantes, como las ya establecidas en el párrafo anterior, las que, como adelante expondré, al valorarlas con las inspecciones practicadas, tuvieron necesariamente que concluir en una sentencia absolutoria, por demostrar que la Fiscalía no concluyó la investigación, dejando de lado la constatación de elementos de prueba que hubieran demostrado la inocencia de mi patrocinado. 2.- PRUEBA DOCUMENTAL: Por lo prolijo de la prueba documental y en consideración a que el Recurso de Casación debe observar, entre otras características, la precisión en su desarrollo, únicamente me referiré a las conclusiones que, sin lugar a dudas, resultan inexactas (es decir no constituyen motivación verdadera o auténtica) y, como tal, no pueden fundar un juicio suficiente, probable, sobre el hecho. En este punto vale la pena resaltar aquellas conclusiones, a las que arriba el tribunal recurrido, apoyándose en antecedentes inexactos: a) Que A. A. A. G., era el obligado a liquidar ambos talleres, los que, según la sentencia, efectivamente liquidó. b) Que el acusado falsificó los documentos de liquidación de ambos talleres. c) Que se acreditó el origen de los documentos falsos de los supuestos talleres. d) Que mi defendido se apoderó del dinero de ambos talleres. En relación a la conclusión a), es importante aclarar que el acusado no era el encargado de liquidar los talleres, basta una breve lectura del oficio número 1468- 2006-SS, en su parte final, para corroborar que quien se comprometió a liquidar los talleres fue el DOCTOR ORISON VELASQUEZ, pues se indica en este oficio, y cito literalmente, que “la liquidación será remitida por el Abogado Altamirano una vez concluido el taller” (el entrecomillado y subrayado es mío). Resulta que la defensa ha venido sosteniendo durante todo el proceso que A. A. A. G. únicamente se limitó a remitir los documentos que el señor VELASQUEZ le hizo llegar, para lo cual oportunamente se le acompañó, a la Fiscalía, fotocopia del oficio 1301-2006 (en donde se comprueba que el acusado fue un mero transmisor de los documentos que le proporcionó el Secretario de Salud de ese entonces), para que lo corroborase con el original que debería estar en el expediente de auditoría interna de la Secretaría de Salud; sin embargo, la Fiscalía nunca pidió los originales a nadie, lo que se acreditó con la inspección solicitada, durante el debate, al expediente administrativo del Ministerio Público número 11945-2006; en tal sentido la afirmación del Tribunal de Sentencia es inexacta y no se deduce del contenido de la prueba documental. En cuanto a la conclusión b), en el sentido que el procesado falsificó los documentos de liquidación de ambos talleres; está igualmente falseada, por dos razones a saber: b.1) A. A. A. G., no liquidó ambos talleres. Esto se aprecia, de la propia relación documental que hace el Tribunal de Sentencia, cuando admite que mediante el oficio 011-2006 el señor A. remitió la liquidación de gastos del evento realizado en San Pedro Sula entre el 15 y 18 de Mayo; no existe en el expediente, ni se evacuó durante el debate, ninguna otra prueba documental que acredite, sin lugar a dudas, que el acusado haya liquidado el taller de La Ceiba; por el contrario, a esa fecha, el ya no era el Director de Modernización de la Secretaría de Salud, como se aprecia en el oficio 5038-2006, que aparece en fotocopia en él ya citado expediente administrativo, y del que igualmente la Fiscalía nunca solicitó su original. b.2) A. A. A. G., no falsificó documento alguno, pues se limitó, como ya expresé en el numeral anterior, únicamente a remitir los documentos que le fueron proporcionados, por el entonces Ministro de Salud; amén de que, como se explicó prolijamente, en el expediente y durante el debate, no se probó, por el órgano acusador, el origen de los documentos supuestamente falsificados, pues los mismos carecen de actas de comiso o secuestro y no están debidamente firmados y sellados por responsable alguno de su guarda y custodia, por lo que no pueden tenerse como verdaderos, al tenor de lo establecido en los artículos 217, 220 y 332 del Código Procesal penal, en relación al artículo 200 del mismo cuerpo de leyes, que impide a los juzgadores darle eficacia probatoria a los actos o hechos que vulneren garantías procesales, en este caso el debido proceso y el principio de legalidad procesal, los que obligan a la observancia irrestricta de las formalidades en la evacuación de las pruebas, de lo contrario estas están viciadas de nulidad absoluta, al ser falsas e ilegítimas. En relación a la conclusión c), no es cierto que con el expediente investigativo del Ministerio Público se acreditó el origen de los documentos falsos de los talleres, pues este expediente investigativo fue reconocido, en el debate, por el detective N. G. R. F. solo en relación al informe (ver inicio de su declaración, donde se dice que ratificará informe 12), pero no a los documentos anexados al mismo, ya que no se le pusieron a la vista para su reconocimiento; asimismo, reitero, los supuestos listados y facturas de los talleres de San Pedro Sula y La Ceiba no tienen acreditado su origen y no se sabe de dónde fueron extraídos, carecen de firmas responsables de su custodia y de actas de comiso y/o secuestro, ni siquiera aparece algún oficio remitiéndolos a la Fiscalía, como fácilmente se puede comprobar con una simple inspección al expediente del juicio. En cuanto a la conclusión d), en el sentido que A. A. A. G., se apropió del dinero de los talleres, por el simple hecho de haber cambiado los cheques, es seguir el camino fácil que la Fiscalía del Ministerio Público siguió durante todo el juicio, en abierta violación al principio de objetividad que rige sus actuaciones y a la obligación que tiene de investigar con igual celo no solo las pruebas de cargo, sino, también, las de descargo. En este sentido, el Tribunal de Sentencia, hizo a un lado la evidente omisión del Ministerio Público de corroborar los documentos que la defensa le aportó en fotocopias y de los que no pudo acreditar los originales, por estar en manos de la Secretaría de Salud, lugar en el que se extravío el expediente original, como se pudo corroborar en la inspección que se realizó durante la audiencia inicial y en el debate, a la Secretaría de Salud, aun y cuando la señora S. S. O. siempre sostuvo que los documentos originales se encontraban en el expediente de auditoría interna; en otras palabras, el hecho de haber ejecutado la acción cambiaria, solo prueba eso, que A. A. A. G. cambió los cheques y no que se apropió del dinero. Como puede apreciarse, las deducciones de los juzgadores no son correctas, pues no se derivan de las pruebas, o son producto de medios probatorios ilegítimos, carentes de validez. Si se observan, en su contexto, estos documentos solo prueban que los talleres se ejecutaron por orden del entonces Secretario de Estado de Salud Pública, el que se comprometió a liquidarlos como se desprende de los oficios 1468-2006- SS y 1698-2006-SS; no existe documento alguno que relacione autoría material de los documentos que sirvieron para la liquidación de los talleres por parte de A. A. A. G., es más, no puede probarse que los documentos incorporados al debate hayan sido los de la liquidación, ya que no existe prueba que acredite la cadena de custodia de los mismos, simplemente la fiscalía los anexó al proceso sin especificar su origen, amén de que no fueron reconocidos por nadie durante el debate; tampoco existe documento alguno del que se desprenda que el procesado se apropió del dinero de los talleres, como anteriormente lo expliqué. En consecuencia, con los documentos válidos, solo se probó una relación administrativa irregular, consentida y promovida por las autoridades superiores de la Secretaría de Salud, en virtud que la Fiscalía no completó la investigación, dejándola inconclusa en aspectos relevantes, como los relacionados con la comprobación de los documentos de descargo aportados por la defensa en fotocopias. 3.- INSPECCIONES: Esta prueba fue totalmente tergiversada, en su contenido, por el Tribunal de Sentencia; es decir, su contenido fue falseado, pues según los juzgadores con las inspecciones solicitadas por la defensa al expediente administrativo del Ministerio Público 11945-2006, no se constató la existencia de los oficios 5038-2006 y 1301-2006, ni del boleto aéreo número 402323; igualmente con la inspección a la Secretaría de Salud, tampoco se acreditó la existencia de los originales de los recibos en los que mi defendido devuelve el dinero al Señor Secretario de Salud, de ese entonces, ORISON VELASQUEZ. No obstante que a simple vista pareciera esto correcto, si se lee detenidamente el acta del juicio oral y público, en su segunda página, se observará que la defensa lo que buscó demostrar con la inspección, al citado expediente administrativo, fue que la Fiscalía jamás solicitó se le remitieran los originales de los relacionados documentos, aun y cuando con los mismos se acreditaba la inocencia de A. A. A. G.; pues el oficio 1301, que obra a folio 152 del relacionado expediente, describe cómo el Ministro de Salud le remitió los documentos para liquidar los talleres y, los recibos descritos, demuestran que devolvió el dinero de los talleres a su jefe inmediato, el señor ORISON VELASQUEZ; en consecuencia, la solicitud de la defensa, planteada durante la audiencia de proposición de medios de prueba y en la audiencia de incidentes previa al debate, tenía como pretensión acreditar que el Ministerio Público no completó la investigación al nunca pedir los documentos originales. Como si esto fuera poco, el tribunal de Sentencia hace una omisión evidente de la petición de la defensa de comprobar la existencia, en el citado expediente administrativo, del oficio original 015-2006 (planteada como ampliación de la inspección oportunamente pedida al expediente administrativo de la Fiscalía Contra la Corrupción, durante la audiencia de incidentes, previa al debate, como se puede comprobar al final de la segunda página del acta del juicio oral y público), con el que se acreditó que a numeral 3, del mencionado oficio, A. A. A. G. le recordaba al entonces Secretario de Salud Pública, Dr. ORISON VELASQUEZ, que quedaban en su poder, entre otras cosas, los fondos para la ejecución de los proyectos de capacitación, lo que no fue negado por este último. Por otro lado, con la inspección, a la Secretaría de Salud, se buscaba, por parte de la defensa, encontrar todos los documentos originales aportados en fotocopias por A. A. A. G.; sin embargo lo que se acreditó fue que no existía expediente alguno, extremo este del que el Tribunal de Sentencia guarda completo silencio; por lo que es incorrecto afirmar que no se constató la existencia de los recibos originales, pues esto no pudo hacerse al no haberse encontrado expediente alguno en los archivos de auditoría interna; en tal sentido, la deducción del tribunal de Sentencia es incorrecta y falsa, al tenor de la realidad fáctica. En consecuencia, si el Tribunal de Sentencia, hubiese valorado correctamente las inspecciones, hubiera deducido que el Ministerio Público nunca concluyó la investigación; que su investigación fue parcializada en el sentido que solo buscó comprobar las pruebas de cargo y desechó arbitrariamente las de descargo; que, en consecuencia, debía absolverse al procesado, en virtud que la investigación violaba el derecho de defensa y la oportunidad real de una defensa técnica, manifestada en la no incorporación de todos los elementos de prueba solicitados oportunamente por la defensa al Ministerio Público, al no requerir esta institución se anexaran los originales que obraban en el expediente de auditoría interna de la Secretaría de Salud, aun y cuando fueron plenamente conscientes, los fiscales, de su existencia, como ya lo he dejado expuesto. 4.- PRUEBA PERICIAL: En cuanto a esta, vale la pena aclarar, que el propio Tribunal de Sentencia les da poca importancia, pues considera que lo que demuestra la participación en los hechos del acusado, son los documentos originales que se evacuaron durante el proceso; sin embargo nuevamente el Tribunal de Sentencia falsea la realidad cuando afirma que todos los documentos evacuados en el juicio son originales, pues en el caso de los documentos relacionados con los talleres, insisto, no se pudo acreditar durante el juicio su origen, ya que los mismos carecen de los requisitos formales establecidos en la ley para tal fin; por otro lado, el perito H. W. S. R., admite que su pericia (es decir la auditoria administrativa que realizó la Fiscalía) la realizó sobre fotocopias, por lo que cabe preguntarse, porqué afirman los juzgadores que los originales evacuados en juicio, son los mismos que sirvieron de soporte para la pericia del Ministerio Público, cuando consta en autos, específicamente en la propia declaración del perito, que nunca se le pusieron a la vista los referidos documentos; es más, ni siquiera aclara el tribunal sentenciador, cuales son estos documentos. Volvemos a exponer la falta de legitimidad de este medio de prueba, en cuanto el mismo, por el propio dicho del perito, fue realizado sobre fotocopias, por lo que no puede ser tenido en cuenta para fundar un fallo condenatorio, por no tener las fotocopias fuerza probatoria alguna, cuando no se constata su origen; por el contrario, del mismo se desprende que aun y cuando el perito tuvo conocimiento de la existencia de los recibos originales, ya relacionados, nunca los solicitó, limitándose, únicamente, según su dicho (ver acta del juicio oral), a exponérselo a la Fiscal que conocía del caso, en una evidente omisión de su deber, sino negligencia inexcusable. En cuanto a la pericia relacionada con las fotocopias de los recibos, realizada por el perito, CARLOS RENE PAZ MUÑOZ, el Tribunal de Sentencia comete un error de valoración incuestionable, cuando considera válido un examen grafológico sobre dos fotocopias en blanco y negro de los citados recibos, aun y cuando el mismo perito, en su deposición, expresa que este peritaje solo puede tener un carácter ilustrativo, en el entendido, que solo el que se realiza sobre originales, puede tener un carácter definitivo, púes en una fotocopia es imposible observar características como la presión, la orientación del lápiz, los trazados, etc; por lo que resulta inapreciable, desde el punto de vista del principio de razón suficiente, para los efectos de fundar un juicio condenatorio, En resumen, es evidente que del conjunto de la valoración de la prueba, no puede deducirse un juicio de condena, en cuanto los medios probatorios evacuados han sido falseados en su contenido o tergiversados en su sentido material por la sentencia recurrida; en cuanto, de los mismos solo se deduce un procedimiento administrativo irregular, mas no la comisión de un delito. De haberse concluido la investigación, por el Ministerio Público, lo que no se hizo de acuerdo a la inspección realizada, durante el debate, al expediente administrativo de la Fiscalía Contra la Corrupción, número 11945-2006, se hubiese acreditado que mi defendido devolvió el dinero a su superior inmediato (persona que por cierto, era la que también autorizaba con su firma los cheques, como se puede comprobar con la firma que calzan los mismos) y que los documentos de liquidación no fueron elaborados por él; en consecuencia se violaron con la sentencia las reglas de la sana critica, específicamente el principio de razón suficiente, por cuanto las conclusiones de los sentenciadores están fundadas sobre pruebas no verdaderas, ilegítimas o falseadas en su contenido (por lo arriba expuesto) y las mismas resultan insuficientes para producir razonablemente un juicio condenatorio, por lo que debe otorgarse el presente motivo de casación, casarse y anularse la sentencia y remitirse nuevamente los antecedentes para la realización de un nuevo juicio oral y público. IMPOSIBILIDAD DE RECLAMO PREVIO DEL VICIO INVOCADO Por tratarse de un vicio procesal, que se aprecia en el contenido de la sentencia misma recurrida en casación, no se señala reclamo que se haya presentado oportunamente para solicitar su subsanación; por el contrario, es esta la oportunidad procesal para que la Honorable Corte Suprema de Justicia lo subsane, casando la sentencia y anulando la misma. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO A. A. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LAS PRUEBAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente esgrime que en la valoración de las pruebas de reproche no se han observado las reglas de la sana crítica. Sostiene que en la valoración de la prueba testifical, documental, Inspecciones y Pericial de cargo, el Juzgador ha violado las reglas de la sana critica, concretamente el principio de razón suficiente, en tanto que las conclusiones del Juzgador están fundadas en pruebas no verdaderas, ilegitimas o falseadas en su contenido y por considerar que son insuficientes para conducir razonablemente a un veredicto condenatorio contra el acusado A. A. A. G. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario -sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el A Quo a la pruebas de cargo testifical, documental, Inspecciones y Pericial. Esta Sala observa que con la prueba de cargo legalmente incorporada y reproducida en el juicio, el Juzgador de instancia ha alcanzado el grado de certeza suficiente para enervar la presunción de inocencia dispuesta a favor del acusado. En el presente caso, esta Sala considera que el recurrente, utilizando argumentos de instancia se ha limitado a realizar un análisis exhaustivo de cada medio de prueba de cargo, pero ha omitido exponer argumentos técnico jurídicos propios del Recurso de casación, de que manera en la valoración de cada uno de los medios de prueba de reproche, el Juzgador ha infringido la de la sana crítica invocada, es decir, de la lógica, en su postulado de razón suficiente. Por otra parte, esta Sala observa que con la prueba de cargo del juicio, el Juzgador ha derivado razones lógicas y suficientes para declarar la responsabilidad criminal del encausado A. A. A. G., por los hechos que se le imputan, razonamientos constituidos por inferencias razonables derivadas de las pruebas y de la sucesión de las conclusiones que de ellas se han alcanzado. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa del Acusado A. A. A. G., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo de dos mil diez.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud del Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-39-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Los Recursos. Angel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7. Página 120.